viernes, 28 de mayo de 2021
Conozca los ardides del ex-zar de PDVSA, Rafael Ramírez para escapar del juicio en su contra en un tribunal de EE. UU.
Documentos judiciales revelan cómo Ramírez, incluso, disfrazó su paradero ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.
Por Maibort Petit
El escurridizo Rafael Ramírez demostró “maña” para lograr la anulación de la sentencia por rebeldía emitida en su contra, la cual lo obligaba a pagar USD 1.400. 000.000 a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.
El 17 de enero de 2020, Michelle S. Stratton, de la firma Smyser Kaplan & Veselka LLP, en representación de los intereses de Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V., en la demanda entablada contra Rafael Darío Ramírez Carreño, Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston que conoce la causa, la respuesta sellada de sus clientes en oposición a la moción de Ramírez de anular sentencia en rebeldía y mociones de desestimación bajo las reglas 12 (B) (2) y 12 (B) (5). Los demandantes le advirtieron a la Corte que antes de dictar sentencia definitiva en rebeldía contra Rafael Ramírez, dicho tribunal se aseguró de que el servicio fuera adecuado y que tuviera jurisdicción personal y que las alegaciones bien fundamentadas de Harvest le dieran derecho a reparación. Refirieron que la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, respaldada sólo por una declaración que está desacreditada por las propias declaraciones públicas y la conducta del demandado, no conlleva su carga de establecer una buena causa para su incumplimiento o que la evaluación previa del servicio y la jurisdicción del Tribunal fue incorrecta. Por tanto, a criterio de Harvest el Tribunal debía denegar la moción. Refieren Harvest y HNR que entre 2002 a 2014, cuando Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñaba como ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, este y el resto de los acusados llevaron a cabo una conspiración generalizada de soborno y lavado de dinero, beneficiándose personalmente al exigir a las empresas estadounidenses que pagaran para obtener contratos y negociaciones con la estatal petrolera. Harvest Natural Resources Inc., con sede en Houston, y HNR Energía B.V., subsidiaria de la primera, se encontraban entre las víctimas de esta conspiración.Informan que cuando en 2012 y nuevamente en 2014, Harvest intentó vender sus activos en Venezuela, operación que requería la aprobación de Ramírez desde sus funciones gubernamentales. Este, a través del co-conspirador, Juan José García Mendoza, habría exigido repetidamente que Harvest le pagara sobornos para asegurar la aprobación de Venezuela. La demandante se negó a pagar y los acuerdos fracasaron. Harvest pudo vender sus activos con gran pérdida.
Para recuperar la pérdida, Harvest presentó la demanda contra Ramírez, García y otros, el 16 de febrero de 2018, alegando violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), la Ley Sherman, la Ley Robinson-Patman y la Ley de Libre Empresa y Antimonopolio de Texas. En la misma fecha, Harvest notificó a Rafael Ramírez dejando una copia de la demanda y citación originales con un empleado doméstico que residía en la última y única dirección conocida de este en Nueva York, a saber, el 16 E. 81st Street, Nueva York, Nueva York 10028 (sede de la residencia que ocupan los Embajadores de Venezuela ante la ONU).
Los demandantes sostienen que, indiscutiblemente, Ramírez tenía conocimiento real de la demanda cuando fue presentada y se comunicó con la prensa y su asesor legal al respecto. Sin embargo, el ex-zar petrolero venezolano optó por no responder ante la corte, aun cuando hizo referencias a ella a través de los medios de comunicación y sus redes sociales.
El Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, finalmente determinó que era apropiado un fallo definitivo en rebeldía.Investigaciones llevadas a cabo por Harvest, revelaron que prácticamente Rafael Ramírez no tiene activos a su nombre que permitieran ejecutar la sentencia del tribunal.
Harvest refirió al tribunal que cuando lograron ubicar a Rafael Ramírez, este se movió para anular la sentencia final por incumplimiento del Tribunal (1), alegando una buena causa bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b) (1), alegando que su incumplimiento no fue intencional. Además, resultaba nulo bajo la Regla 60 (b) (4) dado que la notificación del proceso fue insuficiente. También hizo la moción para desestimar la demanda bajo la Regla 12 (b) (2) por falta de contactos en Texas suficientes para jurisdicción personal, y bajo la Regla 12 (b) (5) por servicio insuficiente. En una moción complementaria, Ramírez buscó desestimar bajo las Reglas 12 (b) (6) o 12 (c) por no presentar un reclamo, sobre la base de que Harvest renunció a su derecho a demandarlo.
Tras la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, el Tribunal permitió pruebas escritas limitadas relacionadas con el servicio y la jurisdicción, cuyo período ya se había cerrado al momento de presentar estas respuestas. Las partes han confirmado que sus respuestas de descubrimiento y sus producciones están completas.Los argumentos de Harvest
Aseguró Harvest en su escrito que Rafael Ramírez no estableció las razones por las cuales la sentencia en rebeldía de la Corte debía ser anulada y recordó que, antes de dictar sentencia en rebeldía, el tribunal concluyó que el demandante había entregado debidamente la demanda a Ramírez, así como también que la Corte de Houston tiene jurisdicción personal sobre demandante.
Consideró Harvest que no había una buena causa para anular la sentencia en rebeldía y que para rebatirla, Ramírez presentó solamente su simple declaración de que su incumplimiento no fue intencional. Para los demandantes, la evidencia lo desacreditaba “abrumadoramente”.
En tal sentido, Harvest asegura que Ramírez recibió una notificación de la demanda el día en que se presentó y tuvo la capacidad de responder, pero decidió ignorarla. “Eso pone fin a la investigación de una buena causa. Si se anulara la sentencia, Harvest ahora sería menos capaz de descubrir evidencia para sustentar sus reclamos y no podría perseguir reclamos contra los otros acusados que desestimó para obtener la sentencia en rebeldía, circunstancias que no habrían existido si Ramírez hubiera aparecido oportunamente”.
Y sentenció: “Ramírez también tendría más tiempo para ocultar activos”.Los demandantes aseveraron que la sentencia en rebeldía no era nula por notificación del proceso insuficiente. A la excusa de que ya no vivía en Nueva York como única base para desafiar el servicio, no era suficiente pues el Tribunal estaba al tanto de eso antes de encontrar el servicio adecuado y dictar sentencia en rebeldía. “El servicio en la antigua residencia de Ramírez era legalmente suficiente porque recibió una notificación real de la demanda. El servicio de Harvest en la última y única residencia conocida de Ramírez fue un esfuerzo de buena fe para cumplir con las reglas de servicio federal, y Ramírez ciertamente disfrazó su paradero”.
En tercer lugar, Harvest considera que la Corte tenía jurisdicción personal sobre Rafael Ramírez antes de dictar la sentencia en rebeldía. Refirieron que una impugnación de jurisdicción personal debe plantearse como parte del primer movimiento defensivo significativo del acusado o se perdería.
Por otra parte, los demandantes estimaron que, en todo caso, la Corte tenía múltiples bases de competencia personal que Ramírez no impugnó.Por todo ello, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía B.V. pidieron al tribunal rechazar la moción de Rafael Ramírez de anular la sentencia definitiva en rebeldía.
Las escaramuzas de Ramírez
Los demandantes sostuvieron que Ramírez ignoró deliberadamente la demanda de Harvest, lo que ponía fin a la investigación de causa justificada.
El expresidente de PDVSA, precisaron, no demostró que su negligencia fuera excusable, en lugar de intencional. Fue notificado el mismo día de la demanda y, de hecho, en esa misma fecha Ramírez habló con Associated Press (AP) del asunto.
Además, Rafael Ramírez y su abogado fueron notificados de la demanda poco más de un mes después de que se presentó y el 27 de marzo de 2018, el abogado de Harvest lo informó de la misma a través de un mensaje de WhatsApp a su número de teléfono de Nueva York. También, en sus respuestas al interrogatorio, Ramírez dijo que fue notificado de la demanda a través de un mensaje de texto de WhatsApp de una persona que supuestamente era el abogado de Harvest, y que "remitió el texto a su abogado".
Subrayaron que Ramírez pudo responder oportunamente y no lo hizo a pesar de estar en conocimiento de la demanda. Destacaron que la evidencia refutaba los argumentos de Ramírez, toda vez que habla el idioma inglés y participó en innumerables oportunidades en las redes sociales sobre el tema, así como en nueve entrevistas.Ramírez disfrazó intencionalmente su paradero
Harvest advirtió al tribunal que Rafael Ramírez ocultó su paradero deliberadamente.
Indicaron que la evidencia reveló que Ramírez ocultó su residencia al momento del servicio, lo que respalda aún más la conclusión de que el servicio en la dirección de Nueva York, incluso si se trataba de una residencia anterior, era apropiado.
Categóricamente aseguraron los demandantes que Ramírez “nubló su paradero” en el momento del servicio y lo continuaba haciendo al momento en que este reclamo se hacía ante el tribunal. De hecho, en su declaración en apoyo de su moción para anular la sentencia en rebeldía, estuvo dispuesto a especificar solo el continente de su presunta residencia y afirmó que ningún personal de la embajada venezolana sabía dónde estaba.
martes, 25 de mayo de 2021
Juez de Texas sentenció a directivos de Venequip y a ex-PDVSA por delitos de corrupción en la petrolera venezolana
lunes, 24 de mayo de 2021
Desinformar: La táctica de Maduro en su guerra asimétrica contra Colombia
Diversos estudios revelan cómo desde territorio venezolano se origina buena parte del contenido que alienta las protestas.
Por Maibort Petit
De acuerdo al experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), Joseph Humire, los acontecimientos ocurridos en Colombia en donde una ola de violencia se desató a partir de la protesta de la población ante el anuncio de la instrumentación de una reforma tributaria por parte del gobierno de Iván Duque, no es un hecho casual ni aislado, sino que responde a una estrategia de guerra asimétrica dirigida por Nicolás Maduro para anexionar al país neogranadino a la revolución bolivariana. En el cumplimiento de tal objetivo, la desinformación es una táctica fundamental que, promovida por el régimen venezolano, está dirigida a fomentar el caos de la sociedad y la institucionalidad colombiana, conformando el caldo cultivo idóneo para alcanzar su fin expansionista.
Estas consideraciones forman parte del informe “Asalto asimétrico a Colombia”, desarrollado por Humire para el SFS y del cual hemos venido hablando en entregas anteriores.Humire reitera que los sucesos colombianos no son un incidente aislado y estima que, incluso, en las protestas en los Estados Unidos en el verano de 2020 era posible constatar estas tácticas de desinformación e iconografía muy similares a las acontecidas durante 2019 en Suramérica.
En tal sentido, sostiene la existencia de una coordinación regional verificable al revisar los sucesos y protestas acaecidos en Ecuador, Chile y Colombia durante 2019. Explica que esta “coordinación se encuentra en el dominio cibernético, donde sofisticadas granjas de clics y centros de redes en territorios distantes envían spam a las redes sociales con bots y cuentas de trolls que exacerban las protestas y difunden narrativas falsas”.
Bombardeo desde Venezuela
El informe de Humire se remite a un estudio de 7,6 millones de interacciones digitales relacionadas con las protestas de Colombia y Chile de 2019, en el que los analistas forenses digitales encontraron que menos del 1 por ciento de los usuarios generaron casi el 30 por ciento del contenido con la mayoría de las cuentas geolocalizadas en Venezuela.
Asimismo, otro estudio de 4.8 millones de tweets emitidos entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 permitió descubrir que un gran grupo de hashtags a favor de las protestas en Chile se originó en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
De esto están al tanto las autoridades colombianas y, de hecho, el 11 de diciembre de 2019, el informe cita a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien, en un evento de aniversario de las Autoridades Aduaneras de Colombia, sugirió que al menos parte del tráfico de las redes sociales que alimentó las protestas en Colombia se proyectaba desde Venezuela y Rusia.
De igual modo, reporte precisa que Colombia tiene una población de 51 millones de personas, de las cuales tres cuartas están conectadas a Internet, principalmente a través de teléfonos inteligentes. Agrega que de las diez horas diarias que estas personas promedian en Internet, cuatro de ellas las dedican a las redes sociales, un dato que expresa la urgencia que las autoridades colombianas deben poner en la manipulación digital y la desinformación en las protestas en curso. Sentencia el informe que esta es la lección más importante de lo ocurrido en Colombia y Chile en octubre y noviembre de 2019.
Trolls en acción
Joseph Humire también se refiere a algunos estudios que sugieren que ya se está realizando un esfuerzo de desinformación similar en la propia Colombia. Explica que una empresa de minería de datos con sede en Miami,determinó que más de 7 mil cuentas de trolls en las redes sociales participan activamente en las protestas actuales de Colombia. El estudio reveló que las cuentas troll están destinadas a bloquear y enviar spam a cualquier comentario o publicación que critique las protestas, al tiempo que amplifican narrativas y hashtags específicos como #NosEstanMatando, los cuales solamente muestran un aspecto de la realidad en el terreno en Colombia.
El informe expresa su preocupación en razón de que el análisis forense digital revela que estas más de 7 mil cuentas de trolls son administradas por granjas de clics en Bangladesh, México y Venezuela, las cuales probablemente estén administradas por servidores en Rusia y China. Se indica que la empresa de extracción de datos da a conocer muestras de cuentas de trolls con sede en Asia que han hecho imágenes y videos virales de las protestas en Colombia, sacándolos de contexto. Se advierte que aun cuando SFS no ha verificado de forma independiente el análisis de la firma de Miami, sí coincide con los esfuerzos de desinformación previos vistos en Chile, Ecuador y otros lugares, los cuales han sido verificados.
Crisis de legitimidad
En su última parte, el informe de Joseph Humire hace mención al hecho de que América Latina es posiblemente la región más afectada económicamente por la pandemia mundial del Covid-19.
Particularmente en Colombia, se han evaporado más de diez años de crecimiento económico en un año, con una contracción del 6,4 por ciento en su PIB el año pasado y el desempleo disparándose a casi el 16 por ciento. “Era solo cuestión de tiempo antes de que el malestar social se derramara en las calles”, alerta el reporte.
El plan de Iván Duque de liberar el capital humano de Colombia a través de su "economía naranja" se vio entorpecido por la pandemia.
Alerta que, para atender los problemas de la economía, el presidente Duque se centró en el desafío inmediato y pasó por alto las dimensiones geopolíticas de más largo alcance que rodean la situación. Es por ello que el elaborado plan fiscal denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”, “resultó insuficiente para sofocar a una población angustiada que, durante más de una década, a pesar del crecimiento económico, ha sido golpeada por la creciente inseguridad, un plan de paz fallido, políticas tóxicas, y fuerzas externas que capitalizan y catalizan la situación”.
Para finalizar advierte que la crisis en Colombia no es solo socioeconómica, sino también de legitimidad política de las instituciones estatales, al tiempo que destaca la legitimidad del descontento de la población traducido en protestas, pero alerta acerca de cómo esto es utilizado para arremeter contra la institucionalidad y la democracia. “El pueblo colombiano, especialmente los manifestantes pacíficos, no son los culpables de la crisis, son las víctimas. Como algunos de los más vulnerables de la sociedad, los pobres y la clase media en Colombia son considerados como herramientas de guerra asimétrica por adversarios nacionales y extranjeros del Estado colombiano. Esta es una amenaza que las fuerzas militares y policiales no pueden resolver por sí solas. Se requiere un esfuerzo mucho más integral y fuerzas democráticas en toda la región para entender que a medida que va Colombia, también va el resto de América Latina”.
¿Qué papel juegan las FARC-D y el ELN en la guerra asimétrica emprendida por Maduro contra Colombia?
viernes, 21 de mayo de 2021
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miércoles, 19 de mayo de 2021
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lunes, 17 de mayo de 2021
La enorme deuda con los bonistas pone el peligro el destino de los activos venezolanos en el extranjero
miércoles, 12 de mayo de 2021
Red Tree reclama que un error administrativo del tribunal afecta su posibilidad de obtener resarcimiento en su demanda contra PDVSA
La demandante estima injustificado que por un error no imputable a ella no pueda cobrar lo que PDVSA le adeuda con activos de la petrolera en EE. UU.
Por Maibort Petit
Para Red Tree Investments LLC es injustificable que por un error no imputable a ella no pueda verse compensada en su reclamo por la deuda que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y PDVSA Petróleo S.A. mantienen con ella, mientras que otras causas que se ventilan en distintos tribunales de Estados Unidos avanzan en este sentido.
La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.
Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales[1].
PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[2]
Red reclama compensación con CITGO y error de la Corte
El 18 de marzo de 2021, Steven F. Molo, de la firma MoloLamken LLP que representa a Red Tree Investments LLC en la demanda que mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, remitió una comunicación vía electrónica a la juez del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison J. Nathan, para informar acerca del “desarrollo significativo sobre las mociones de los Demandados bajo la Regla 56 (d)”.
Refirió en la comunicación que por información de la secretaría del tribunal se enteró que las mociones de los Demandados se marcaron incorrectamente en los registros internos de la corte como "rescindidas", la cual es una notación que no está disponible públicamente, por lo que pidió que se comunicaran con esa instancia judicial.
El abogado dedujo que dicha notación incorrecta tal vez haya sido la razón por la cual las mociones de los Demandados no incluyeron en el informe más reciente de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. de mociones pendientes durante seis meses, a pesar de que dichas mociones han estado pendientes durante trece meses. Advirtió que la notación incorrecta de "rescindido" sigue a un error de procesamiento anterior en el que estos casos se habían marcado incorrectamente como "suspendidos".
En segundo lugar, Steven F. Molo le advirtió a la juez Nathan que estos errores de procesamiento han perjudicado a Red Tree, por lo que los mismos se incrementan a la luz de los desarrollos en casos relacionados. En este sentido destacó que, durante el año pasado, otros acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo han procedido o recibido sentencias contra estos o la República. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDVH, en CITGO.
Recordó que el Distrito de Delaware ordenó recientemente que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDVH por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.
Red Tree reclama que el no ser igualmente compensado con la venta del principal activo de PDVSA en Estados Unidos por culpa de un error no imputable a ella, a la administración del tribunal y no a una decisión judicial.
El abogado, como una medida para remediar el problema, le solicitó a la juez Nathan que el Tribunal corrija la designación errónea de las mociones de la Regla 56 (d) de los Demandados como “rescindidas” y resuelva esas mociones tan pronto como sea posible. “Además, solicitamos que el Tribunal establezca un calendario acelerado para completar la sesión informativa del juicio sumario. Estamos disponibles para una conferencia de estado en la primera conveniencia de la Corte para discutir estos asuntos si es necesario”.
Red Tree Investments reitera el reclamo
El 6 de abril de 2021, Steven F. Molo, en representación de su cliente, Red Tree Investments LLC, se remitió una comunicación a la juez Alison J. Nathan a cargo de la causa que esta mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, para recordarle que el tribunal no se había pronunciado acerca las mociones que hizo referencia en su escrito del 18 de marzo de 2021.
Refiere Molo que se comunicaron con el secretario del tribunal para comprender qué causó ese error y cómo se puede solucionar y este les informó que esas mociones fueron marcadas como "rescindidas" por orden de las cámaras el 29 de septiembre de 2020.
Recordó que ese día, Red Tree informó al Tribunal que había discutido las mociones de los Demandados al realizar ciertas producciones de documentos y que estos respondieron en octubre de 2020 argumentando que las mociones no eran discutibles porque ellos supuestamente tenían derecho a un descubrimiento adicional de terceros. A esto, Red Tree se opuso en una carta informativa presentada en octubre de 2020.
Indican que el secretario del Tribunal les informó que no puede eliminar la notación de "rescindido" sin instrucciones de las cámaras, y que se ha comunicado con estas para abordar este asunto. “Entonces, de acuerdo con el secretario, todo lo que se necesita es una simple comunicación de las cámaras a la oficina del secretario. Solicitamos respetuosamente que ocurra”.
Red Tree considera que los imputados no deben gozar de lo que equivale a otra suspensión indefinida del caso contraria a la orden del Tribunal, simplemente por un error administrativo.
[1] Banca y Negocios. “Demandan a Pdvsa en Estados Unidos por $118,4 millones”. 26 de febrero de 2019. https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1261569-330/pdvsa-demandada-en-eeuu-por-pr%C3%A9stamos-de-ge-capital
[2] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/