EE. UU. condenó a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras por delitos de narcotráfico

  Juan Antonio 'Tony' Hernández fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan y se le ordenó el decomiso de 138 millones de dólares.

Por Maibort Petit

   Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado por  la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua, tras ser sentenciado por lo que los fiscales describieron como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”. 

  El juez Kevin Castel,  también le ordenó sentencia de dinero de 138,5 millones de dólares por distribuir 185 toneladas de cocaína,  y armas de fuego relacionadas y delitos de declaraciones falsas

  Hernández fue hallado culpable por un jurado en octubre de 2019 por cargos que conllevaban una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión.

  El fiscal federal adjunto Matthew Laroche le dijo al juez que Hernández durante 15 años alimentó una avalancha de envíos de cocaína a los Estados Unidos al pagar millones de dólares a altos funcionarios hondureños como su hermano, el presidente de la República.

  Hernández participó en la importación de al menos 185.000 kilogramos de cocaína; pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios hondureños; Seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras.

  La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo que “El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos, seguridad para los envíos de cocaína, y negoció grandes sobornos de los principales narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos los presidentes anteriores y actuales de Honduras. Hernández fue cómplice de al menos dos asesinatos. Hoy Tony Hernández fue sentenciado con razón a cadena perpetua ”.

   Por su parte, el agente especial del FBI que estuvo a cargo del caso, Wendy C. Woolcock sostuvo que “Explotar una posición de alto rango en el gobierno para ejercer el poder del estado para apoyar el tráfico de drogas es tan nefasto como parece. La condena y sentencia de Tony Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerse de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos al enviar toneladas de cocaína a nuestro país. Tan importante como es esta convicción para el pueblo de los Estados Unidos, también es importante para los ciudadanos de Honduras a quienes Hernández intencionalmente puso en peligro para su propio beneficio personal. La sentencia de hoy es una victoria para el estado de derecho y estamos agradecidos a nuestros socios federales e internacionales que lo hicieron posible ".

   El fiscal Laroche sostuvo ante el juez que “Tony Hernández" conspiró con su hermano, el presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó el dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección ... esto es tráfico de drogas patrocinado por el estado”.

  El abogado de Hernández, Peter Brill, había abogado por la indulgencia, diciendo que Estados Unidos debería centrar los esfuerzos contra el tráfico de drogas en el apetito voraz de sus ciudadanos por las drogas.

  En los documentos judiciales, los fiscales habían abogado por una cadena perpetua, citando los antecedentes penales de Tony Hernández.

  Su hermano se desempeñó como líder del Congreso de Honduras antes de asumir la presidencia en enero de 2014.

  “El acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de tráfico de drogas patrocinada por el estado”, escribieron los fiscales en documentos judiciales.

  “Durante un período de 15 años, el acusado corrompió las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 185.000 kg de cocaína, una cantidad asombrosa de veneno que ayudó a importar a Estados Unidos”, escribieron los fiscales. Dicen que también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunos de los cuales provenían del ejército de Honduras, y de laboratorios de drogas controlados en Colombia y Honduras.

  "Entre 2004 y 2019, el acusado consiguió y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a [su hermano] Juan Orlando Hernández, el ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y otros políticos asociados con el Partido Nacional de Honduras", dijeron los fiscales.

   Alegaron que entre esos sobornos había un millón de dólares del notorio capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán a Juan Orlando Hernández.

  Juan Orlando Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con narcotraficantes, al igual que Lobo, cuyo hijo actualmente cumple una condena de 24 años por narcotráfico en Estados Unidos.

  En la corte el martes, Tony Hernández se veía pálido y abatido. Cuando se le dio al acusado la oportunidad de hablar, trató de convencer al juez de que se le había negado un juicio justo debido a un equipo de defensa inadecuado que apenas respondió a sus correos electrónicos.

“Siento que me han mentido”, dijo a través de un traductor.

El caso

  Como se refleja en la acusación sustitutiva, otras presentaciones en la corte federal de Manhattan, la evidencia en el juicio y declaraciones hechas en procedimientos judiciales señalan lo siguiente:

1) Hernández jugó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado. Durante un período de 15 años, Hernández  fabricó y distribuyó al menos 185.000 kilogramos de cocaína que se importó a Estados Unidos. 

2) Hernández estaba al mando de miembros fuertemente armados del ejército hondureño y de la Policía Nacional de Honduras; vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes, algunas de las cuales obtuvo del ejército hondureño; controló laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras; aseguró millones de dólares en ingresos provenientes de la droga para las campañas del Partido Nacional de Honduras en relación con las elecciones presidenciales de 2009, 2013 y 2017; y ayudó a causar al menos dos asesinatos.

3)  Hernández ganó al menos $ 138.5 millones a través de sus actividades de tráfico de drogas, dinero que se le ordenó perder en relación con la sentencia dictada por el juez Castel.

Conducta del narcotráfico de Hernández

   Según la fiscalía, la carrera de narcotraficante de Hernández comenzó alrededor de 2004 cuando comenzó a brindar información confidencial sobre las fuerzas del orden y el ejército a los principales narcotraficantes hondureños Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H.” 

   Los fiscales sostienen que Hernández  proporcionó a Víctor Hugo Díaz Morales información sobre, entre otras cosas, las operaciones de la Armada de Honduras; los esfuerzos de los Estados Unidos para capacitar a los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña para que vuelen de noche para realizar operaciones antinarcóticos; capacidades de radar militar para que los envíos de aviones de cocaína pudieran evitar ser detectados; y esfuerzos de interdicción por parte de algunos oficiales de la Policía Nacional de Honduras. A lo largo de su relación, Hernández ayudó a Fernández Rosa y Díaz Morales a distribuir aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína.

   Para 2008, el narcotráfico de Hernández se había expandido y también estaba fabricando su propia cocaína en un laboratorio que controlaba cerca de El Aceitico, Colombia. Hernández les dijo a sus co-conspiradores que parte de la cocaína fabricada en su laboratorio estaba sellada con sus iniciales “TH” y una fotografía de un kilogramo de cocaína sellada con “TH” fue interceptada durante el curso de la investigación. Hernández suministró a sus co-conspiradores toneladas de cocaína que se producía en su laboratorio.

  A partir de 2008, Hernández se asoció con Amilcar Alexander Ardon Soriano, ex narcotraficante y alcalde hondureño, bajo la protección de miembros de la dirección del Partido Nacional. El testimonio en el juicio estableció que Hernández y Ardon Soriano obtuvieron protección contra la investigación, el arresto y la extradición a través de sobornos masivos pagados a políticos de alto rango, incluidos, entre otros, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

  En relación con las elecciones nacionales de 2009, los sobornos contra el tráfico de drogas pagados a cambio de protección incluyeron: (i) Ardon Soriano pagó $ 2 millones para apoyar la campaña presidencial de Lobo Sosa y la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández para un puesto en el Congreso de Honduras; (ii) Díaz Morales pagó $ 100,000 a Hernández para apoyar las campañas del Partido Nacional; y (iii) Ardón Soriano sobornó a tres congresistas bajo la dirección de Juan Orlando Hernández para que los congresistas apoyaran los esfuerzos de Juan Orlando Hernández para convertirse en presidente del Congreso.

  Juan Orlando Hernández fue nombrado presidente del congreso a principios de 2010. Su hermano, Tony Hernández, Ardón Soriano y sus co-conspiradores, incluido el coacusado Mario José Calix Hernández, teniente de alcalde hondureño, y el coacusado Mauricio Hernández Pineda, entonces miembro de la La Policía Nacional de Honduras y primo de Hernández, aprovecharon la protección del Partido Nacional para seguir transportando enormes cantidades de cocaína. Una o dos veces al mes en 2010, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína a Ardón Soriano de aproximadamente 300 kilogramos; y una vez al mes en 2011 y 2012, HERNÁNDEZ envió cargamentos de cocaína marítima a Ardón Soriano de entre 700 y 1.600 kilogramos.

   En 2013, Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en congresista y Juan Orlando Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente. Alrededor de este tiempo, según el testimonio en el juicio, Juan Orlando Hernández solicitó $ 1.6 millones en ganancias de la droga de Ardón Soriano para mantenerse a sí mismo y a las campañas del Partido Nacional. También durante la campaña de 2013, Hernández aceptó $ 1 millón del exlíder del Cártel de Sinaloa Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "Chapo", para apoyar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. 

   Durante las reuniones con el Chapo en Honduras, Hernández prometió brindar protección a los miembros de su conspiración y sus envíos de cocaína a través del territorio hondureño si Juan Orlando Hernández era elegido presidente.

  En noviembre de 2013, Hernández fue elegido para el congreso hondureño y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente. Entre 2015 y 2017, según el testimonio del juicio, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández continuaron obteniendo grandes sumas de las ganancias de las drogas para las campañas del Partido Nacional a cambio de proteger a los narcotraficantes. Por ejemplo, hubo testimonio en el juicio de que aproximadamente seis meses antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2017, Tony Hernández  y Juan Orlando Hernández se reunieron con Ardon Soriano en Copán, Honduras. Durante esa reunión, Hernández y Juan Orlando Hernández solicitaron $ 500,000 y 1.6 millones de Lempira en ganancias de la droga de Ardón Soriano para "financiar" la campaña del Partido Nacional en los departamentos de Copán y Lempira.

   En 2018, Hernández continuó participando en grandes cargamentos de cocaína con Nery López Sanabria, otro importante narcotraficante hondureño. Las autoridades hondureñas arrestaron y detuvieron a López Sanabria en relación con un incidente de tránsito y recuperaron, entre otras cosas, varios libros de contabilidad de drogas en un compartimiento secreto de su automóvil. Uno de los libros de contabilidad tenía la etiqueta “Trabajo duro” 2018 y reflejaba un envío de cocaína de 650 kilogramos con Hernández . Al menos uno de los otros libros de contabilidad incautados por la policía hondureña en 2018 contenía referencias a "JOH", iniciales utilizadas por Juan Orlando Hernández. López Sanabria fue asesinado en una prisión hondureña, como se describe a continuación, poco después de que se presentaran sus libros de contabilidad de drogas en el juicio de Hernández.

Posesión de armas y actos de violencia de Hernández

   Hernández  utilizó armas de fuego en todo su tráfico de drogas. Las armas personales de Hernández  incluían un AR-15 modificado, una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández, "Presidente de la República", y una ametralladora de cinta M60.

  Tony Hernández  también vendió ametralladoras y municiones a narcotraficantes. En 2010, Díaz Morales obtuvo entre 4.000 y 6.000 cartuchos de munición de rifle de asalto de un miembro de la Policía Nacional de Honduras que le dijo a Díaz Morales que obtuvo las municiones de Tony. En 2012, Hernández  entregó 40 M16 a otro narcotraficante.

  El sentenciado también coordinó al menos dos asesinatos relacionados con las drogas. En 2011, Hernández y Ardon Soriano provocaron el asesinato de un narcotraficante rival llamado Franklin Arita en el departamento de Copán. 

   Hernández ordenó a Juan Carlos “Tigre” Bonilla Valladares, el jefe regional de la Policía Nacional Hondureña responsable del departamento de Copán en ese momento, que dispusiera el asesinato de Arita, que fue ejecutado por sicarios utilizando dos lanzagranadas de 40 milímetros, M16 y de fabricación israelí. Rifles de asalto Galil. En 2013, Tony Hernández  trabajó con otros narcotraficantes, incluido Ardon Soriano, para asesinar a un narcotraficante llamado Chino porque a Hernández le preocupaba que Chino pudiera cooperar con la policía.

La obstrucción de Hernández y otros esfuerzos para influir en la investigación

  Asimismo, los fiscales dijeron que Hernández  realizó declaraciones falsas a las fuerzas del orden y la Corte durante el curso de esta investigación y procesamiento, y obstruyó la justicia. Hernández (i) viajó a Estados Unidos en 2016 e hizo declaraciones falsas a las fuerzas del orden sobre sus actividades de tráfico de drogas; (ii) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una audiencia de fianza en enero de 2019; (iii) hizo que se divulgara información confidencial de testigos en Honduras en violación de una orden de protección en octubre de 2019; y (iv) hizo declaraciones falsas sobre sus activos durante una solicitud de abogado designado en febrero de 2020.

  Ocho días después de que el jurado declarara culpable a Hernández  el 26 de octubre de 2019, López Sanabria --el narcotraficante a quien se confiscaron los libros de contabilidad con el nombre de Hernández y las iniciales de Juan Orlando Hernández-- fue asesinado en una prisión de máxima seguridad en Honduras. 

   Los abogados de López Sanabria confirmaron a los medios de comunicación que: uno de los familiares de Hernández  y un investigador contratado por la familia de Hernández habían realizado visitas no autorizadas a López Sanabria antes del juicio de Hernández; López Sanabria había rechazado sus esfuerzos por obtener información sobre si estaba cooperando con la DEA; y López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y Hernández. El video de vigilancia filtrado del asesinato muestra a López Sanabria hablando con el director de la instalación, Pedro Ildefonso Armas, mientras un hombre enmascarado pasa y abre una puerta cercana. Varios individuos que se cree que son prisioneros luego asaltan la puerta y disparan y apuñalan a López Sanabria hasta la muerte. El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinó a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, un grupo de pistoleros desconocidos en motocicletas asesinó a Ildefonso Armas, el alcaide de la instalación en la que fue asesinado López Sanabria, en Tegucigalpa. 

Co-conspiradores de Hernández

  El 8 de agosto de 2019 Fernández Rosa fue condenado en este Distrito a cadena perpetua por, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Hernández  y por la comisión de 18 asesinatos. Varios de los otros co-conspiradores de Hernández, incluidos, entre otros, Hernández Pineda, Calix Hernández, Bonilla Valladares, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Angel Urbina Soto, también están imputados en este Distrito por delitos de armas de fuego y narcotráfico con base en sobre, entre otras cosas, su participación en la conspiración de importación de cocaína de Tony Hernández. 

   El 12 de febrero de 2020 Hernández Pineda se rindió en este Distrito y se encuentra a la espera de juicio. El 22 de marzo de 2021, el coacusado y cómplice de Hernández, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en juicio en este Distrito por delitos de tráfico de drogas y armas. La sentencia de Fuentes Ramírez está programada para el 22 de junio de 2021.

  Además de la pena de prisión, Hernández, de 42 años, fue condenado a cinco años de libertad supervisada.

La justicia de Estados Unidos condenó a 12 años de prisión al ex-policía hondureño, Juan Manuel Ávila Meza, por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit

  Juan Manuel Ávila Meza, ex miembro de la Policía Nacional de Honduras, fue sentenciado a 12 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Ávila Meza se declaró culpable anteriormente ante la jueza de distrito de los Estados Unidos Lorna G. Schofield en 2018.

   La agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy C. Woolcock y la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss hicieron el anuncio en conjunto en Nueva York.

“Juan Manuel Ávila Meza aprovechó su posición en la aplicación de la ley y como abogado para intentar elevarse por encima de la ley, beneficiándose de las actividades criminales reprensibles que ayudó a facilitar”, dijo el agente especial a cargo Woolcock. 

Sostuvo la funcionaria que “La sentencia de hoy reafirma que Estados Unidos nunca dejará de controlar la corrupción en la aplicación de la ley. La Administración de Control de Drogas, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, continuará trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a todos aquellos que participan en el tráfico de drogas ”.

“Juan Manuel Ávila Meza conspiró para transportar grandes cargamentos de cocaína hacia, dentro y fuera de Honduras, incluidos envíos con destino a los Estados Unidos”, dijo el Fiscal Federal Strauss. 

“Brindó información confidencial sobre las fuerzas del orden a los miembros de Los Cachiros para permitirles sus operaciones de tráfico, y negoció reuniones con otros funcionarios corruptos para facilitar el lavado de dinero y el tráfico de cocaína. Juan Manuel Ávila Meza empañó la insignia que llevaba protegiendo a los narcotraficantes en lugar de a aquellos a quienes juró proteger y servir ”.

Según la acusación, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procesos judiciales, entre al menos aproximadamente 2004 y 2014, Ávila Meza trabajó con miembros de una organización de narcotráfico conocida como Los Cachiros, que era un sindicato criminal prolífico y violento que dependía de conexiones con políticos, personal militar y fuerzas del orden para transportar cocaína hacia, dentro y desde Honduras. Durante ese tiempo, y mientras Ávila Meza presuntamente hacía cumplir la ley como oficial de policía y, más tarde, como abogado, Ávila Meza participó en la empresa criminal de Los Cachiros al involucrarse en el tráfico de drogas, lavado de dinero, evasión de sanciones y cobro de deudas.

A partir de 2004, Ávila Meza proporcionó a los Cachiros información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar el transporte de cocaína. 

Ávila Meza también ayudó a los Cachiros con el lavado de dinero y la evasión de las sanciones estadounidenses. En mayo de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Identificó públicamente a Los Cachiros como un grupo importante de narcóticos extranjeros de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros. 

A partir de agosto de 2013, el acusado, como miembro activo tanto de la Policía Nacional de Honduras como de los Cachiros, ayudó a los Cachiros con una transacción de lavado de dinero basada en activos relacionada con una gran propiedad inmobiliaria en San Pedro Sula, Honduras.

En febrero de 2014, Ávila Meza ayudó a organizar y asistió a una reunión entre uno de los líderes de Los Cachiros y Juan Antonio Hernández Alvarado, [también conocido como "Tony Hernández", otro importante narcotraficante condenado que es hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández], para discutir transacciones de lavado de dinero entre una empresa fachada de Cachiros y el gobierno hondureño.

 En junio de 2014, Ávila Meza se reunió con otros seis miembros de la Policía Nacional de Honduras, Fabio Lobo Sosa, el ahora condenado hijo de Porfirio Lobo Sosa, el presidente hondureño que precedió a Juan Orlando Hernández, y dos fuentes confidenciales de la DEA que supuestamente eran miembros de el Cartel de Sinaloa. Durante la reunión, Ávila Meza dirigió una discusión sobre la mejor manera de confiar en la Policía Nacional de Honduras para asegurar el paso seguro de un gran cargamento de cocaína.

Otros seis ex miembros de la Policía Nacional Hondureña, entre ellos, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares García, fueron condenados en este caso por delitos de tráfico de armas y / o drogas por conspirando para importar cocaína a los Estados Unidos. Cada uno de esos individuos se ha declarado culpable en un tribunal federal, junto con el co-conspirador Fabio Lobo. El 5 de septiembre de 2017 Lobo fue condenado a 24 años de prisión; el 6 de febrero de 2018 Flores fue condenado a cinco años de prisión; el 27 de junio de 2018 Velásquez fue sentenciado a 12 años de prisión; y el 27 de septiembre de 2018 García fue condenado a 14 años de prisión. Zelaya Romero espera sentencia del juez Schofield.

 El 18 de octubre de 2019, Hernández Alvarado fue condenado en un juicio ante el juez P. Kevin Castel por delitos de importación de cocaína, armas y declaraciones falsas.

Además de la pena de prisión, Ávila Meza, de 50 años, fue condenado a cuatro años de r supervisado

CITGO sostiene que Corte del Distrito Sur de NY tiene jurisdicción para atender su demanda contra aseguradoras

   Pidieron y el tribunal aprobó la solicitud, autorización para presentar una demanda enmendada.

Por Maibort Petit

  Desde que el pasado 15 de enero de 2021, CITGO Petroleum Corporation demandó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York —por incumplimiento de contrato— a un conjunto de aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad cargados en el buque petrolero M/T Gerd Knutsen, el cual fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó, cada una de las partes ha llevado a cabo una serie de diligencias dirigidas a defender su posición en el caso.

  Entre estas acciones, CITGO, por ejemplo, solicitó al juez de la causa, Gregory H. Woods, su autorización para presentar una demanda enmendada, la cual resultó aprobada por el magistrado.

 Igualmente, CITGO reiteró que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción para atender la demanda bajo 28 U.S.C. § 1332 (a) (2) debido a que CITGO es una corporación registrada y con sede en Texas y Delaware, mientras que los demandados están registrados en el Reino Unido, además de que la cantidad en controversia excede los USD 75.000.

  Refieren que según la legislación citada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el lugar apropiado para dirimir la controversia, porque las partes celebraron un contrato en el que consintieron el lugar y la jurisdicción personal de esta Corte.

La solicitud de permiso al juez

  El 5 de febrero de 2021, Mark J. Plumer, David F. Klein, Charrise L. Alexander y John Chamberlain, de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, representantes de CITGO Petroleum Corporation (CITGO), solicitaron al juez del Distrito Sur de Nueva York, Gregory H. Woods, su autorización para enmendar la demanda emprendida contra las aseguradoras Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118 y ahora reclama incumplimiento de contrato.

   El pedido, que fue aprobado por el juez Woods, refiere que antes de iniciar este litigio, CITGO, se reunió a través de un abogado, con el abogado de los demandados, a quienes consultó y estos confirmaron la ciudadanía y el monto en controversia asociado con cada demandado.

   En vista de esto, CITGO cree que los alegatos alegan adecuadamente la diversidad completa de ciudadanía y considera que la Corte tiene jurisdicción en la materia sobre esta demanda.

  Refieren los abogados que en la medida en que el tribunal tenga preocupaciones pendientes sobre la forma del alegato jurisdiccional de CITGO, ésta solicita respetuosamente permiso para enmendar la demanda a fin de abordar cualquier deficiencia percibida.

 Refiere CITGO que las empresas demandadas son miembros de ciertos sindicatos no incorporados cuyo domicilio comercial principal se encuentra en Londres, Inglaterra. Cada uno de estos sindicatos consta de uno o más miembros, que se suscriben a la política en cuestión en este caso, que es el último demandado en este litigio, una corporación incorporada y con su sede principal de negocios en una jurisdicción completamente diferente a la del demandante.

   Seguidamente, los abogados hacen un recuento de estos miembros que forman parte de Lloyd's Syndicate, un mercado de seguros británico, los cuales son en casi todos los casos, corporaciones constituidas y existentes bajo las leyes del Reino Unido, con sede principal de negocios en Londres, Inglaterra.

  Bajo esta condición enumeran a: 1) El 1414, Ascot Corporate Name Limited; 2) el 2001, MS Amlin Corporate Member Limited; 3) el 5000, April Grange UK Ltd y F&G UK Underwriters Ltd; 4) el 2987, Brit UW Limited; 5) el 5151, Endurance Corporate Capital Limited; 6) el 1084, Chaucer Corporate Capital (No 3) Limited; 7) el 3000, Markel Capital Limited; 8) el 2468, Sampford Underwriting Limited, Lavenham Underwriting Limited y GAI Indemnity, Ltd; el Consorcio 9146, compuesto por Lloyd's Syndicate 1980 y Lloyd's Syndicate 2088. El único miembro de Lloyd's Syndicate 1980 es Liberty Corporate Capital Limited, mientras que el único miembro de Lloyd's Syndicate 2088 es China Re UK Limited. Liberty Corporate Capital Limited y China Re UK Limited son sociedades constituidas y existentes según las leyes del Reino Unido, con sede principal en Londres, Inglaterra.

  La demanda también alega que la parte de cada uno de los demandados aseguradores de Lloyd's en la pérdida de CITGO supera los USD 75.000.

   La excepción corresponde a Starstone Insurance SE, una corporación de Liechtensteiner con sede principal en Schaan, Liechtenstein. Esta aseguradora es responsable de una parte de la pérdida de CITGO que excede los USD 75.000.

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.

 

SERIE: DESNUDANDO AL NEO-TOTALITARISMO, FRAUDE JURÍDICO

Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida

  Los familiares de quien es considerado un muerto de la dictadura venezolana, sostienen que el político opositor fue víctima de secuestro, tortura y asesinato.

Por Maibort Petit

  Meudy Albán Osío, viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el 8 de octubre de 2018, demandó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida por daños y perjuicios.

 Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  Sostienen los demandantes que los demandados deben resarcirlos por daños y perjuicios derivados del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas.

  Ante el tribunal, Meudy Albán Osío, quien además actúa en calidad de representante personal del patrimonio de Fernando Alberto Albán, Fernando Albán, Fernando Albán Osío y María Fernanda Albán Osio, reclaman les sean adjudicados daños compensatorios y consecuentes, incluidos daños triplicados, en una cantidad que se determinará en el juicio; una indemnización por daños y perjuicios ejemplares y punitivos por una cantidad que se determinará en el juicio; una adjudicación de honorarios y costas de abogados; un juicio con jurado sobre todos los asuntos tan probables; y cualquier otro alivio que sea justo y apropiado.

Los hechos

   Refiere la demanda que el concejal Albán se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, consolidando a partir de entonces el control autoritario del país, reprimiendo a la disidencia, mediante la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y otros crímenes de lesa humanidad a gran escala. Paralelamente, Maduro aprovechó el ejercicio del poder para enriquecerse “a sí mismo y a sus compinches a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley de Venezuela (…) y [con] su empresa criminal saquearon el tesoro de Venezuela, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína y lavaron las ganancias mal habidas a nivel internacional, incluido Estados Unidos. Maduro y todos menos uno de los acusados individuales han sido acusados de narco-terrorismo, lavado de dinero y/u otros delitos en varias jurisdicciones de los EE. UU., Incluido el Distrito Sur de Florida”.

  Agrega que la mala gestión y la avaricia de Maduro sumieron a Venezuela en una crisis humanitaria épica, con enfermedades desenfrenadas, hambre y desnutrición, por lo que Fernando Albán redobló sus esfuerzos para abogar por la democracia y contra la corrupción. En razón de esto, él su familia, desde 2015 comenzaron a recibir amenazas de muerte y, temiendo por sus vidas, la esposa y los hijos de Albán, huyeron a Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Fernando Albán decidió quedarse en Venezuela para continuar sus esfuerzos por rehabilitar el país y la democracia.

   En agosto de 2018, Albán viajó a Nueva York para ver a su familia y luego para conectarse con la delegación de Primero Justicia reuniones y eventos relacionados con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, luego de lo cual hizo pronunciamientos a favor de la democracia y contra la corrupción en Venezuela. Violando la ley estadunidense, agente del Maduro siguieron descaradamente a la delegación de Justicia Primero, los fotografiaron y apuntaron sobre Fernando Albán, transmitiendo a Venezuela información de inteligencia que reunieron sobre él, con consecuencias mortales.

  Al regreso de Albán a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por miembros armados del SEBIN en cuya sede a donde fue trasladado, fue torturado con descargas eléctrica y luego fue asesinado.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN arrojó el cuerpo de Fernando Albán desde el décimo piso de su sede, pero el régimen de Maduro difamó al dirigente de Primero Justicia al alegar falsamente que se había suicidado, así como de ver pornografía infantil. También destruyeron el negocio contable que poseía junto a su esposa.

  La demanda califica como una afrenta a la soberanía de Estados Unidos, el envío de agentes a suelo estadounidense para espiar y reprimir la libertad de expresión de Fernando Albán en suelo estadunidense.

Los demandados

  Al hacer referencia a los demandados por los Albán-Osío, el recurso legal que estos presentan ante el Tribunal del Sur de la Florida recuerda que Nicolás Maduro fue sancionado el 31 de julio de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “socavar la democracia en Venezuela”; que fue acusado el 26 de marzo de 2020, por el Departamento de Justicia de orquestar una “conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta entre el Cartel de los Soles venezolano y las FARC'; y que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de USD 15 millones por información que conduzca a su captura.

  A Vladimir Padrino López, también sancionado por la OFAC, es acusado en el Tribunal del Distrito de Columbia de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos. Precisa que es un miembro senior del Cartel de los Soles.

  Sobre Maikel José Moreno Pérez, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda apunta que fue sancionado por la OFAC en mayo de 2017, por cometer “fallos judiciales (…) que han usurpado la autoridad de la legislatura elegida democráticamente en Venezuela". En Estados Unidos es acusado penalmente en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Miami por conspiración para cometer lavado de dinero. Por información que facilite su captura, el Departamento de Estado ofrece USD 5 millones.

   Entretanto, Néstor Luis Reverol Torres, entre otros cargos que ha ocupado, fue director general de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, agencia gubernamental encargada de combatir el narcotráfico. Fue sancionado el 26 de julio de 2017, por la OFAC por “socavar la democracia”. El Departamento de Justicia lo acusó en 2016 por delitos de tráfico y distribución de cocaína Es un miembro de alto rango del Cartel de el Sol.

  Tarek William Saab, Fiscal General, fue sancionado por la OFAC el 26 de julio de 2017, por socavar la democracia en Venezuela. También ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de derechos humanos.

  Además de los altos dirigentes oficialistas señalados, la demanda incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Cartel de Los Soles, grupos que los Albán Osío señala de conformar, conjuntamente con Maduro y el resto de demandado, una sociedad criminal a través de la cual el régimen tortura y asesina para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.

Sobre la jurisdicción del tribunal

  Los demandantes sostienen que el Tribunal del Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción para considerar el caso, bajo la ley RICO y por el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos.

   Se puntualiza que la tortura a Fernando Albán en la sede del SEBIN en Caracas viola la legislación estadounidense forma parte de la conspiración que busca “inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) blanquear el producto del tráfico de estupefacientes y la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, y/o (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial”.

  Agrega que la corte tiene jurisdicción personal, según el estatuto de brazo largo de Florida y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución, sobre los demandados porque ellos personalmente y/o a través de agentes cometieron un acto ilícito en la Florida, dando lugar a los reclamos.

  Sostiene la demanda que los demandados difamaron a Fernando Albán en el estado de a Florida a través de Twitter, YouTube y otros medios accesibles a nivel mundial, haciendo que esas declaraciones difamatorias sean leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en el citado estado de los EE. UU., entre ellos miembros de la gran población de venezolanos que allí residen.

  Del mismo modo, porque los demandados traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia Florida, causando en represalia el secuestro, tortura y asesinato de Albán, con el objetivo de silenciar su oposición a dichas actividades de narcotráfico criminal y narcoterrorismo.

  Los demandados, blanquearon millones de dólares de ganancias ilícitas del tráfico de estupefacientes y delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, tortura y asesinato de Fernando Albán en represalia y para silenciar su oposición a las actividades criminales.

  Asegura la demanda que los agravios de los demandados contra Fernando Albán estaban indisolublemente entrelazados y eran un componente necesario y previsible del tráfico de drogas ilegales, hacia y en todo el sur de Florida.

   Reitera que la corte tiene jurisdicción personal sobre los acusados de conformidad con la ley RICO, porque los demandados ayudaron e incitaron el asesinato de Fernando Albán al acecharlo en territorio estadunidense y acusarlo en represalia por haber proporcionado información de inteligencia de los EE. UU. a los miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y seguir un curso de conducta hostil a Albán, la cual comenzó en Estados Unidos y culminó en Venezuela.

   Según los demandantes, el haber traficado criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, provocó el secuestro, tortura y asesinato de Albán en represalia, pues quisieron silenciar su oposición a tales actividades. Algo que ocurrió igualmente por sus actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico.

   Secuestrar y asesinar a Fernando Albán, lesionó a los demandantes en los Estados Unidos, donde son residentes, aseguran Meudy Albán Osío y sus hijos.

Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado por un jurado en NY por narcotráfico y cargos de armas

   Geovanny Fuentes Ramírez conspiró con políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional y Militar de Honduras para operar un laboratorio de cocaína en Honduras y distribuir cocaína a través de rutas aéreas y marítimas.

Por Maibort Petit

    Un jurado en Nueva York emitió un veredicto unánime de culpabilidad contra Geovanny Fuentes Ramírez, un ex-empresario hondureño acusado de tres cargos de narcotráfico y posesión de armas. En este caso se nombró al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández como co-conspirador aunque el mandatario no ha sido acusado formalmente por los fiscales federales.

  Fuentes Ramírez fue juzgado por tres cargos, que incluían cargos de importación de cocaína y armas. Está previsto que el convicto sea sentenciado por el 22 de junio de 2021.

  Strauss dijo: “Geovanny Fuentes Ramírez era, hasta su arresto por la DEA hace poco más de un año, un traficante de cocaína despiadado, poderoso y asesino en Honduras. Facilitó el envío de grandes cargas de cocaína sobornando a Juan Orlando Hernández Alvarado, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras y ahora presidente de Honduras. Hernández Alvarado ordenó a Fuentes Ramírez que se reportara directamente al co-conspirador convicto y excongresista hondureño Tony Hernández, hermano del presidente. Ahora, Geovanny Fuentes Ramírez, uno de los conductos criminales entre funcionarios hondureños y narcotraficantes, enfrenta una posible vida tras las rejas”.

  Según los documentos federales, a partir de 2009 o alrededor de esa fecha, Fuentes Ramírez y otros establecieron y operaron un laboratorio de cocaína en el departamento de Cortés de Honduras, donde producían cientos de kilogramos de cocaína cada mes. 

  Fuentes Ramírez trabajó con otros para recibir cargamentos de cocaína enviados a Honduras por rutas aéreas y marítimas, y para transportar cocaína que producía en el laboratorio. 

  El convicto brindó seguridad para la instalación y para el transporte de cocaína, utilizando trabajadores fuertemente armados y personal policial y militar hondureño.

  En varias ocasiones, aproximadamente entre 2010 y 2013, FUENTES RAMIREZ ayudó a organizar o participó directamente en la violencia relacionada con las drogas. 

  Alrededor de 2012, después de que el laboratorio de cocaína de se Fuentes Ramírez fuera allanado por las fuerzas del orden, el convicto golpeó y torturó a un agente de la ley que él creía que había estado involucrado en la investigación del laboratorio. Asimismo, asesinó al oficial disparándole en la cabeza con lo que Fuentes Ramírez describió como “tiros de piedad”.

  En o alrededor de 2013,  Fuentes Ramírez pagó un soborno de al menos aproximadamente $ 25,000 al presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, quien en ese momento era el presidente del Congreso Nacional Hondureño, y le permitió a Hernández acceder a millones de dólares por valor de cocaína de su laboratorio. 

  En relación con las negociaciones relacionadas con el laboratorio, Juan Orlando Hernández le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en el acceso al laboratorio debido a su proximidad a Puerto Cortés, un puerto de envío clave en la costa norte de Honduras. 

  El presidente de Honduras también le dijo a Fuentes Ramírez que las fuerzas armadas hondureñas brindarían seguridad y que Óscar Fernando Chinchilla Banegas, el Fiscal General de Honduras, ayudaría a proteger sus actividades de narcotráfico. 

  El presidente Hernández instruyó a Fuentes Ramírez que se reportara directamente con su hermano, Juan Antonio Hernández Alvarado alias "Tony Hernández", a los efectos de su asociación con el narcotráfico. 

  Finalmente, Juan Orlando Hernández le dijo a Fuentes Ramírez que quería que la DEA pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que en cambio iba a eliminar la extradición y "meter drogas en las narices de los gringos", refiriéndose a inundar Estados Unidos de cocaína.

  En octubre de 2019, Tony Hernández fue condenado por los mismos delitos que Fuentes R, así como un cargo adicional por realizar declaraciones falsas a la DEA. Fuentes Ramírez se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández luego de dos presentaciones clave en el enjuiciamiento de Tony Hernández, como lo demuestran, entre otras cosas, los datos del teléfono del convicto que reflejan que buscó dos veces direcciones a la Casa Presidencial de Juan Orlando Hernández  en Tegucigalpa, Honduras, después de las presentaciones. 

Tony Hernández está programado para ser sentenciado por el juez Castel el 30 de marzo de 2021.

Fuentes R, de 51 años, fue condenado por tres cargos: 

(1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena de prisión mínima obligatoria de 10 años y una pena máxima de prisión de por vida; 

(2) usar y portar ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína y poseer ametralladoras durante la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión obligatoria consecutiva de 30 años; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras durante, y poseer ametralladoras en apoyo de la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de prisión de por vida.

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

Por Maibort Petit

   El ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de CITGO Petroleum Corporation,  José Luis De Jongh Atencio se declaró culpable por haber participado en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.

  CITGO es una subsidiaria con sede en Houston de la compañía energética estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), explica el comunicado del Departamento de Justicia.

  José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, era el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO. 

  Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con CITGO. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales.

 Dos incluían a José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Ánibal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.

   De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

  De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston, explica el comunicado.

  Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.

  González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.

  De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.

  Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

  Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.

   Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la abogada litigante Sarah E. Edwards y la jefa adjunta Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.

  También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.

Exgerente de compras de CITGO se declara culpable de delitos de corrupción en EE. UU.

  Su participación en la trama de corrupción ocurrió de la mano de Glenn Hilman y José Luis Zambrano, según explican las fuentes. Peña se declaró culpable y ahora está a la espera de sentencia.

Por Maibort Petit

   Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por José Manuel González Testino, a la exgerente de compras de proyectos especiales de CITGO, Laymar Peña, se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston. El Departamento de Justicia hizo público el caso de esta nueva integrante del enorme red de crimen organizado que se ha beneficiado de contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU. 

    El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público este lunes el expediente de Peña, quien de acuerdo al expediente se declaró culpable de haber participado en un esquema de corrupción y lavado de dinero internacional en marzo de 2019. Fue hoy 22 de marzo de 2021 que se publicó.

  De acuerdo a los documentos en poder de Venezuela Política, el ingreso de Laymar Peña al área de Proyectos Especiales de CITGO se produjo bajo la administración de Ramiro Rodríguez, exgerente de compras de la filial de PDVSA en Estados Unidos entre 2014 y 2016, uno de los cómplices de Nelson Martínez, José Manuel González Testino, Tulio Farías, Manuel Chinchilla, Ernesto Guevara, entre otros. Rodríguez fue arrestado el 6 de abril de 2017 en Venezuela cuando retornó al ser llamado por la directiva de la estatal petrolera.

  Fue entonces cuando, promovida por Glenn Hilman y José Luis Zambrano, Laymar Peña pasó del cargo de asistente a ocupar la gerencia de Compras de Proyectos Especiales que antes ocupaba Rodríguez.

  Esto ocurrió pese a las objeciones de varios directores, pero se impuso el criterio de Hilman y Zambrano en cuyos planes figuraba la participación de Peña en el proyecto de las plantas de agua que significó el otorgamiento de contratos por más de USD 100 millones a compañías intermediarias como Danel, Eco Wire, y Rothwell. Dichas operaciones se caracterizaron por sobreprecios y por el lavado de dinero desde CITGO en Houston a bancos en Suiza y otros países, por orden de Gina Coon.

  El caso de Laymar Peña, identificado con el número 19-cr-186 guarda relación con la causa del exfuncionario de Proyectos especiales de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, quien habría recibido sobornos de contratistas a cambio de la aprobación de millonarios contratos en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero[1].

  El nombre de Laymar Peña salió a relucir igualmente la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció la supuesta comisión de prácticas fraudulentas y corruptas cometidas durante la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A.

   El informe y documentación presentada por Gómez de Vergara indica que Nelson Martínez incorporó a la lista maestra de proveedores de CITGO a 700 entidades de ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA y funcionarios del gobierno venezolano que esquilmaron los recursos de la empresa.

  En la aprobación de las compras y transacciones-contratos irregulares a las empresas proveedoras registradas ilegalmente y obviando los controles reglamentarios de la referida lista con sobreprecios de entre el 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA, habría participado Laymar Peña en colusión con Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, entre otros agentes[2].

  En la demanda que el 22 de marzo de 2019 introdujo Rothwell Energy Services LLC contra CITGO por incumplimiento de pago por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela, igualmente se vió involucrada Laymar Peña, al figurar como una de los agentes armar y manipular los paneles de licitación en favor de empresas fantasmas, entre las cuales estaba la compañía demandante[3].

  Laymar Peña, junto a José Luis Zambrano, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, habrían violado los controles internos de CITGO para la revisión de proveedores. Buscaban facilitar la aprobación y los pagos ilegales de la contratación que iniciaron en 2017, se extendieron hasta 2018 y terminaron cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones al régimen venezolano.

  Una de las últimas acciones de Rothwell ante la corte de Texas, fue la presentación de una serie de documentos, entre ellos correos electrónicos de los funcionarios de la filial de PDVSA, entre ellos Peña, que probarían el incumplimiento de CITGO[4].

[1] El tiempo latino. “Acusado de corrupción y lavado de dinero vinculado a CITGO irá a un juicio en enero”. 2 de noviembre de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/nov/02/acusado-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-vinculado/

[2] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[3] Venezuela Política. “Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos”. 21 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/caso-rothwell-energy-services-llc.html

[4] Venezuela Política. “Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]”. 11 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/rothwell-energy-services-presiona-citgo.html