lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

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