Conozca los detalles del caso EE. UU. vs. CITGO por daños a recursos naturales en Luisiana

  Un derrame petrolero desde su refinería en Lake Charles es la causa de la acción legal que culminó con la imposición de una multa de más de USD 19 millones.

Por Maibort Petit

   Entre el cúmulo de demandas que ya acumula la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en los Estados Unidos, una entablada conjuntamente por el gobierno federal y estado de Luisiana, castiga la negligencia de CITGO en el manejo de los residuos petroleros a raíz de un derrame ocurrido en 2006, con una multa que sobrepasa los USD 19 millones y que se suma a la amenaza que cierne sobre el principal activo de Venezuela fuera de sus fronteras, al enfrentar  múltiples reclamos de resarcimiento que ponen en riesgo la existencia misma de la estatal.

  Ante el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana, los Estados Unidos y el estado de Luisiana presentaron una demanda en contra de CITGO Petroleum Corporation por daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de los recursos naturales a consecuencia de la descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles, en dicha entidad federal, ocurrida el 18 y 19 de junio de 2006. Los demandantes piden compensación y restauración, así como también recuperar los costos no reembolsados de evaluar dichos daños.

  El 16 de junio de 2021, el Departamento de Justicia presentó una propuesta Decreto de consentimiento con el Tribunal para Distrito Oeste de Louisiana en la demanda que conjuntamente entablaron contra CITGO Petroleum Corp. en la acción civil identificada con el número 2: 21-cv-1705.

  La aprobación del Decreto de Consentimiento por el Tribunal, significó la sentencia final del caso entre las partes.

    El Decreto de Consentimiento constituye el acuerdo final, completo y exclusivo de entendimiento entre las partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores, ya sean orales o escritos.

  Se advierte que el Decreto de Consentimiento terminará automáticamente una vez que se complete el pago por parte de CITGO Petroleum Corporation de los montos requeridos en virtud de la Sección VI y el pago de las sanciones estipuladas aplicables en virtud de la Sección VII.

La demanda conjunta

   La Demanda en este caso de daños a recursos naturales se presentó simultáneamente con la presentación del Consentimiento propuesto Decreto. Por un lado, la Demanda alega que CITGO es responsable por daños y perjuicios bajo OPA y OSPRA por haber vertido residuos petroleros en el Canal de Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario de Calcasieu en junio de 2006 ocasionando graves daños a los recursos naturales. Por el otro, el Decreto de Consentimiento propuesto establecía que CITGO pagará un total de USD 19.688.149,83, de los cuales USD 19,16 millones se destinarán a la restauración de la zona por los daños ocasionados por el derrame petrolero, mientras los restantes USD 528.149.83 se reembolsarán a los fideicomisarios por todos los costos de evaluación no pagados.

  Anteriormente, un juez federal de Luisiana, atendiendo una demanda interpuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., declaró la causa del derrame en 2006 como “negligencia grave” de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.

   La acción legal fue presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos, actuando a solicitud de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio (NOAA) y el Departamento del Interior (DOI), a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Estado de Luisiana, a través de la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo, Departamento de Correcciones y Seguridad Pública (LOSCO), Departamento de Recursos Naturales (LDNR), Departamento de Calidad Ambiental (LDEQ), Departamento de Vida Silvestre y Pesca (LDWF) y Autoridad de Restauración y Protección Costera (CPRA).

  Los demandantes procuran que CITGO se sustentan para esta acción civil en las Secciones 1002 (a) y 1002 (b) (2) (A) de la Ley de contaminación por hidrocarburos (OPA), 33 USC §§ 2702 (a) y 2702 (b) (2) (A), y la Sección 2480 de la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos de Luisiana (OSPRA), La. R.S. 30: 2480.

El primer reclamo

  El primer reclamo de alivio de los Estados Unidos y el estado de Luisiana es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 1002 de OPA.

  Refieren que el 18 de junio de 2006 cuando ocurrió el derrame petrolero, CITGO era el propietario y operador de la refinería en Lake Charles, Luisiana, incluida la unidad de tratamiento de aguas residuales y los tanques de almacenamiento relacionados.

   Dicha refinería es una "instalación en tierra" según el significado de la Sección 1001 (24) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (24). Además, CITGO era la "parte responsable" de la instalación en tierra dentro del significado de la Sección 1001 (32) (B) de OPA, 33 U.S.C. Sección 2701 (32) (B).

  Sostiene la demanda que los días 18 y 19 de junio de 2006, CITGO descargó millones de galones de residuos petroleros de dos tanques de almacenamiento de aguas residuales en su unidad de tratamiento de aguas residuales. Los referidos tanques de diez millones de galones fueron diseñados para servir como tanques para tormentas, eran utilizados incorrectamente por CITGO durante años al destinarlos para acumular residuos petroleros, lodo y aguas residuales aceitosas en su unidad de tratamiento. Ocurrió que, durante una tormenta, el aceite se desbordó de los dos tanques y estando la berma de contención secundaria alrededor de los tanques defectuosa, el petróleo fluyó hacia la vía fluvial y las costas adyacentes de Indian Marais y luego hacia el río Calcasieu y el estuario y las costas adyacentes.

  Debido a esto, al menos 54.000 barriles de residuos petroleros e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas fluyeron hacia las vías fluviales durante el incidente.

  Después del juicio en una acción de aplicación de la Ley de Agua Limpia relacionada, el tribunal de distrito determinó que la causa de la descarga de petróleo fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de suficiente capacidad de almacenamiento y tratamiento. La corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia".

  El derrame de petróleo se interpreta como la "descarga" que describe la Sección 1001 (7) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (7), mientras que el petróleo liberado en el incidente fue "petróleo" según el significado de la Sección 1001 (23) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (23).

   La descarga se produjo en aguas navegables de los Estados Unidos y contaminó una parte significativa del Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario. Las vías fluviales y aproximadamente 150 millas de la costa se contaminaron con petróleo, incluidas áreas pantanosas, de playa, residenciales e industriales, y una amplia variedad de recursos naturales fueron dañados por el petróleo vertido.

   Esto afectó a las especies marinas y a las aves que hacen vida en la zona y contaminó hábitats acuáticos y costeros. Asimismo, el derrame petrolero interrumpió durante diez días el comercio y la navegación a lo largo del Canal de Navegación y el Canal Intracostero, y redujo el uso recreativo del río y el estuario afectados.

   El derrame petrolero de CITGO causó daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de “recursos naturales” pertenecientes a los Estados Unidos o el Estado dentro del significado de la Sección 1001 (20) de OPA, 33 USC § 2701 (20), incluidos los hábitats pantanosos, submareales e intermareales y una amplia variedad de vida acuática, aves y vida terrestre.

  Los Fideicomisarios de los Estados Unidos y el Estado están coordinando la evaluación de daños a los recursos naturales y los esfuerzos de restauración, además de haber incurrido en costos para ello.

El segundo reclamo

  El segundo reclamo es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 2480 de OSPRA.

  Se explica que los fideicomisarios de Luisiana, LOSCO, LDNR, LDEQ, LDWF y CPRA actúan como Fideicomisarios estatales bajo OSPRA según La. R.S. 30: 2451, et seq. y LA. Código de Administración tit. 43, parte XXIX, et seq. De igual modo, CITGO era el propietario y operador de su refinería de Lake Charles y, como tal, es la "parte responsable" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (22).

   Se advierte que descarga no fue autorizada por un permiso federal o estatal y por lo tanto constituye una "descarga de petróleo no autorizada" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (29), ocasionando daños, destrucción o pérdida de recursos naturales administrados, mantenidos en fideicomiso y/o regulados por los Fideicomisarios estatales.

   Los Fideicomisarios del Estado han incurrido en costos para evaluar los daños a los recursos naturales resultantes de la descarga no autorizada de petróleo y de acuerdo a la ley, CITGO es responsable ante ellos por daños a los recursos naturales, incluido el costo razonable de evaluar dichos daños.

CITGO demanda a Teknik Trading para evitar subasta de bienes congelados por sanciones a PDVSA

   La filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos quiere evitar que la demandada, una subsidiaria de Clover, subaste lo que considera como evidencia.

Por Maibort Petit

   Para evitar la subasta de bienes comprados por CITGO Petroleum Corporation, con un valor de USD 11 millones, los cuales se encuentran almacenados en depósitos de Teknik Trading Inc., la filial de Petróleos de Venezuela S.A. demandó a la segunda ante la Corte para el Distrito Sur de Texas-División Houston para frenar dicha venta. La mercancía, adquirida la petrolera estaba destinada a PDVSA, pero se encuentra congelada en los referidos almacenes en razón de las sanciones de que es objeto la estatal venezolana.

  La empresa demandante busca una orden de restricción temporal para preservar el status quo de la mercancía, dado que a criterio de CITGO es evidencia y, de ser vendida, se perdería su valor probatorio.

   La demanda fue presentada el 25 de junio de 2021 por Nicole M. Perry, de la firma Jones Day, en representación de CITGO Petroleum Corporation, contra Teknik — subsidiaria de Clover International— que es una corporación de Florida con su sede principal en Miami.

Los hechos y la situación planteada

   CITGO contrató con Teknik hace más de una década —el 5 de mayo de 2010— servicios logísticos. La demandada, según el contrato, debía adquirir bienes bajo la dirección de la demandante, realizar diversos servicios logísticos y entregar los bienes a PDVSA en puntos de entrega específicos. En el pie de página la demanda advierte sobre este punto que, si bien esto era la letra del acuerdo, CITGO fue la que pagó por los bienes adquiridos y no Teknik. Por estos servicios —compra, almacenaje y distribución— Teknik recibiría una comisión sobre el valor total de los bienes y el reembolso de los costos en que incurriere.

   Los términos del acuerdo establecían que Teknik garantizaría a CITGO cualquier solicitud de pago con la documentación adecuada; renunciar a cualquier derecho de retención de los bienes; y permitir auditorías por parte de la filial de PDVSA.

  Igualmente, el Acuerdo contempla que Teknik mantendrá la propiedad de los bienes hasta que sean entregados a PDVSA, cuando esta pasará a ser la dueña de los bienes. También que CITGO reembolsaría a Teknik ciertos costos en los que hubiera incurrido en la ejecución del trabajo y que sean razonables.

  Se estableció una comisión del 6 por ciento o tarifa de servicio basada en la cantidad que CITGO pagó por los bienes, que se pagaría a Teknik en el momento de la entrega.

  Para que los reembolsos procedieran, se requería que Teknik proporcionara un resumen detallado de sus costos y gastos junto con suficiente documentación de respaldo, como facturas, recibo de venta u otro recibo probatorio.

   Del mismo modo, el acuerdo establece que cada parte debe cumplir con las leyes aplicables, incluidas las de corrupción extranjeras, en el desempeño de sus derechos y obligaciones.

  El Acuerdo otorga a CITGO un derecho de auditoría amplio y sin reservas para garantizar que Teknik cumpla con los términos del Acuerdo. Específicamente, se estipulan en la sección 17, que "CITGO tendrá derecho a auditar los registros de Teknik y Clover para confirmar el cumplimiento" del Acuerdo.

   Quedó estipulado que cualquier incumplimiento del Acuerdo es motivo para que CITGO retenga el pago de Teknik. Allí se indica que "En el caso de que cualquiera de las partes incumpla cualquier disposición de este Acuerdo o Apéndice relacionado con el mismo, la parte infractora acepta (...) Eximir de responsabilidad a la otra parte de (...) cualquier costo incurrido por la parte no infractora".

   Para el momento en que la OFAC incluyó a PDVSA en su Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Específicamente Designadas (SDN), Teknik tenía en su poder más de USD 11 millones en bienes por los que CITGO ya había pagado. Estos bienes nunca llegaron a su destino en razón de que la medida gubernamental y como resultado, la propiedad y los intereses en la propiedad de PDVSA, incluidos los bienes en los depósitos de Teknik, fueron congelados.

   Para cumplir con la orden de bloqueo, CITGO instruyó a Teknik que cancelara cualquier orden de compra pendiente y la empresa demandada procedió a almacenar los productos ahora varados en dos almacenes en Houston y Miami.

   Narra la demanda que CITGO tuvo conocimiento de que un miembro de Clover, de la que es subsidiaria Teknik, se declaró culpable de esquemas de soborno relacionados con acuerdos de adquisición con PDVSA. Tal situación preocupó a CITGO y ha tratado de cumplir diligentemente con sus deberes contractuales al mismo tiempo que cumple con la orden de sanciones y se asegura de que no aumente la corrupción involuntariamente por parte de Teknik o su afiliada.

   En ese contexto, surge la disputa entre las partes, en el que CITGO advierte que, si mantiene alguna deuda con Teknik en razón del acuerdo, está dispuesta a pagarla, pero pone como condición que se realice una auditoría e inspección de los bienes. Tal pago se realizaría bajo la autorización que la OFAC ha dado para que CITGO pague algunos montos adeudados.

 Pero para CITGO la auditoría es fundamental para, primero, garantizar que Teknik haya cumplido tanto con el Acuerdo como con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes de corrupción pública; y segundo, determinar el valor actual de los bienes y la exactitud de la documentación de Teknik de sus costos. Esto permitiría determinar lo que CITGO le debe a Teknik por la adquisición y el almacenamiento de los bienes.

Conducta sospechosa

  CITGO en la demanda advierte lo que considera una conducta sospechosa y evasiva por parte de Teknik durante las negociaciones de inspección de las partes, lo cual ha aumentado las preocupaciones de la demandante acerca de lo que realmente está sucediendo.

   Refiere que Teknik ha frustrado repetidamente la solicitud de CITGO de llevar a cabo una inspección de las mercancías; presentó documentación incompleta e incorrecta sobre los montos que reclama como deuda de CITGO; y se negó a que la empresa demandante asumiera el almacenamiento de los bienes que pagó.

  Teknik planea subastar los bienes varados para compensar las cantidades que afirma que CITGO le debe, aunque las partes acordaron una suspensión temporal de la subasta.  

   CITGO estima que una subasta la perjudicaría irreparablemente al eliminar su capacidad de evaluar el valor, la condición y la cantidad de los bienes, cuestiones que son el núcleo de la reparación declarativa que formula ante la corte. Sostiene la demandante que, si los bienes se subastan, perderá permanentemente el derecho de inspeccionarlos para evaluar su valor en función de las condiciones de almacenamiento, un derecho que Teknik le otorgó expresamente precisamente para una situación como esta.

La solicitud de CITGO

   La demandante CITGO pide ante el Tribunal para el Distrito Sur de Texas-División Houston, una declaración de que no tiene deuda con la demandada, en razón de que esta última violó o no cumplido con el Acuerdo.

  En segundo lugar, asumiendo que exista alguna deuda, CITGO busca una declaración del monto que sea adecuado.

  Sobre esto último, CITGO se reserva el derecho de buscar ayuda de emergencia para detener la subasta de los bienes varados y exigir que Teknik le permita realizar una inspección comercialmente razonable de los bienes.

  La demanda argumenta que los bienes son evidencia crucial sobre los temas centrales del caso, como el determinar el monto de la deuda de CITGO respecto a Teknik por concepto de almacenamiento y comisiones. La demandada estima que son más de USD 5 millones, mientras la demandante considera que es menos de esa cantidad.

  En específico, Teknik afirma que CITGO le adeuda USD 3.528.426,42 desagregados así: inspecciones USD 8.130,40; tarifa/comisión de servicio USD 657,963.70; demora USD 81.460,00; flete USD 34.664,42; manipulación USD 460.558,37; seguro USD 3.006,21 dólares; y gastos financieros USD 266.227,44 dólares.

    En tercer lugar, CITGO busca una sentencia que establezca que el no permitir la inspección previa a la subasta por parte de Teknik, es un incumplimiento del contrato de las partes. De este modo, se solicita una orden judicial para que Teknik cumpla con el contrato y permita una inspección.

   CITGO propone que, para preservar el status quo, el tribunal emita (a) una orden de restricción temporal para detener la subasta y, después de una audiencia, emitir una orden judicial preliminar que requiera que Teknik permita una inspección comercialmente razonable, o (b) una prueba-orden de conservación que detenga la subasta y ordene directamente que se lleve a cabo una inspección comercialmente razonable.

 

El Foro de Sao Paulo, según Hilda Molina: Se trata de una organización surgida a la medida de los intereses y objetivos de Fidel Castro y su proyecto expansionista

Por Maibort Petit

  El Foro de Sao Paulo es una organización regional creada a instancia de Fidel Castro, quien impulsó al expresidente de Brasil, Luz Inácio “Lula” Da Silva, —para ese entonces solamente líder del Partido de los Trabajadores y candidato presidencial— a promoverla y conformarla con el objetivo de servirle de plataforma a su proyecto expansionista, así como de fuente de financiamiento.

  Así lo refiere Hilda Molina, médica neurocirujana cubana que conformó el grupo de fundadores del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) de Cuba y fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla que, en 1994, rompió con Fidel Castro y su movimiento. En la actualidad reside en Argentina.

  Molina subraya que Fidel Castro se planteó desde 1959, dos objetivos fundamentales, primero, someter al pueblo cubano; y segundo, colonizar a América Latina.

Castro se vale de Lula Da Silva

  Vislumbrando la caída de la Unión Soviética, desde 1988 o antes, Castro comenzó a visualizar la manera de financiar y darle sustento a su proyecto. Previendo la debacle que se avecinaba, en 1989 convenció a Lula Da Silva de conformar la organización.

  Molina explica que Fidel Castro para desarrollar su proyecto expansionista por toda Latinoamérica, primero buscó hacerlo por la vía armada, para lo cual la conformación de grupos guerrilleros era la estrategia. El fracaso de esta vía lo llevó a seguir la batalla de las ideas, y formó guerrilleros ideológicos que se encargan de llevar la revolución por el continente de manera silenciosa.

  Castro vio el Lula Da Silva el vehículo para cumplir sus objetivos, pues para ese entonces el brasileño aspiraba a la presidencia de su país y, aunque perdió dichos comicios, sí atendió el llamado del dictador cubano y en 1991 materializaron la idea.

  Indica Hilda Molina que en esa fecha se reunieron en Sao Paulo 68 organizaciones integradas por subversivos de los más variados perfiles de 22 países de América Latina y el Caribe. La denominación de Foro de Sao Paulo la recibió la organización en su segunda reunión llevada a cabo en 1991.

Objetivos del FSP

  Advierte Molina que detrás del Foro de Sao Paulo siempre ha estado la mano de Fidel Castro, el castrismo y sus intereses.

  A través de su integrante en el grupo, el Partido Comunista, Cuba era el único integrante de la organización que ostentaba el poder al momento de su conformación.

  Igualmente, destaca Hilda Molina, el estado mayor del FSP nació en Cuba dirigido por Fidel Castro y siempre ha estado radicado en Cuba.

  Indica que el plenario del Foro de Sao Paulo se reúne periódicamente para desarrollar agendas confeccionadas por el castrismo, las cuales son aprobadas casi literalmente. Estas decisiones y declaraciones deben ser cumplidas por los integrantes en el ámbito internacional y también en sus países respectivos de acuerdo a sus particularidades.

   Hace mención a los objetivos del FSP y Molina cita en primer lugar, realizar la revolución socialista en el continente, valiéndose, ya no de la lucha armada, sino de la vía electoral. “Llegar al poder por vías democráticas y después desmantelar las instituciones propias de la democracia”, es el fin.

  Tal objetivo expansionista, el FSP lo lleva a cabo mediante su brazo político, constituido este por los “guerrilleros ideológicos”, quienes han infiltrado e infiltran los ámbitos de la sociedad, “construyendo con su revolución silente, el poder político”, refiere Molina.

   Luego hace mención al segundo objetivo, el cual es la subversión social y política de la región. Para e lo, sostiene, el castrismo cuenta con su brazo armado conformado por las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos que se han formado a instancias de la dictadura cubana. A ellos les corresponde protagonizar protestas violentas para vandalizar, desestabilizar y sembrar el terror.

   El tercer objetivo es económico, siendo el Foro de Sao Paulo una importante fuente de dinero ilícito para el régimen cubano, sobre todo cuando algunos de sus integrantes se encuentran en el poder.

  Como cuarto objetivo del FSP, Hilda Molina enumera el espionaje, alertando que el Foro ha resultado de gran valor para los eficaces servicios de inteligencia del castrismo.

  Hilda Molina recuerda que Venezuela con Hugo Chávez a la cabeza, fue en 1998 el segundo país del FSP en llegar al poder por la vía democrática. Es en esa etapa —dice— que “Fidel Castro y su castrismo mutan transformándose en la dictadura regional llamada Socialismo del Siglo 21, Castro-Chavismo, que hoy avanza en su objetivo de colonizar América Latina”. 

Conozca los detalles del proceso judicial de Jessica Oseguera, la hija del “Mencho”, condenada a 30 meses de prisión por su apoyo financiero al CJNG

  Cinco empresas de su propiedad brindaron apoyo a las actividades del grupo narcotraficante.

Por Maibort Petit

  A través de sus empresas brindó apoyo financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), determinaron las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) y así lo comprobaron los fiscales hasta el punto de que, finalmente, Jessica Johanna Oseguera González se declaró culpable de los cinco cargos que se le imputaron en el Tribunal para el Distrito de Columbia.

   La hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el narcotraficante más buscado en la actualidad en Estados Unidos y México, jugaría un papel importante como cerebro financiero en la organización criminal.

   En esta entrega damos a conocer detalles del proceso judicial que derivó en una sentencia de 30 meses de prisión.

La acusación del Gran Jurado

   El 6 de diciembre de 2019, un Gran Jurado acusó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia a Jessica Johanna Oseguera González, también conocida como "Jessica Johanna Castillo" y “La Negra”, de cinco cargos que la señalaban de mantener tratos financieros con empresas identificadas como narcotraficantes.

   El primero de los cargos refería que, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, tanto en los Estados Unidos, México y otros lugares, la acusada “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, J&P Advertising, SA de CV (también conocido como J and P Advertising, SA de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y/o siendo controlado o dirigido” por dicha organización. Esto en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 1904 y 1906).

   El segundo cargo señalaba que entre el 17 de septiembre de 2015 el 11 de febrero de 2016, en los Estados Unidos, México y otros lugares, Jessica Oseguera “participó en transacciones o tratos con propiedades o intereses en la propiedad de una persona extranjera, JJGON SPR de RL de CV, designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

   El tercer cargo refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, la acusada, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Las Flores Cabañas (también conocida como Cabañas Las Flores), designada para asistir materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como la Cartel de Jalisco Nueva Generación”.

  El cuarto cargo contra Jessica Oseguera refería que a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Mizu Sushi Lounge y Operadora Los Famosos, SA de CV (también conocido como Kenzo Sushi y Operadora Los Famosos, SAPI de CV), designado para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

   El quinto cargo, señalaba que Jessica Oseguera, a partir del 17 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la acusación, en los Estados Unidos, México y otros lugares, “participó en transacciones o tratos de propiedad o intereses en la propiedad de un persona extranjera, Onze Black (también conocida como Tequila Onze Black), designada para ayudar materialmente o brindar apoyo o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de la organización de tráfico de estupefacientes conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

  Se le informó que, de ser declarada culpable, el gobierno de los Estados Unidos procedería a la confiscación de toda propiedad derivada de la actividad delictiva que se le imputa.

El arresto

   El 27 de febrero de 2020, Jessica Oseguera fue arrestada en Washington D.C. de acuerdo a información dada a conocer por Brian A. Benczkowski, secretario de justicia auxiliar de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y por el agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA) a cargo del caso, William Bodner, quien dijeron que la detención se produjo de conformidad con una orden judicial derivada de una acusación formal emitida el 13 de febrero de 2020.

  La investigación contra Oseguera González estuvo dirigida por la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, la cual trabajó mancomunadamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC). El subjefe adjunto Anthony Nardozzi y los fiscales Brett Reynolds, Kaitlin Sahni y Cole Radovich de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División de lo Penal están a cargo del proceso[1].

Fiscalía pide prisión sin fianza

   El 28 de febrero de 2020, la fiscalía presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, una moción para que Jessica Johanna Oseguera González fuera mantenida en prisión preventiva, sin derecho a fianza en razón de que no mantenía vínculos familiares o económicos con los Estados Unidos y, potencialmente, tenía acceso a cantidades sustanciales de ganancias de la droga en forma de dinero en efectivo imposible de rastrear.

   Manifestó el gobierno que Oseguera González tenía los recursos y las conexiones necesarias que le permitirían para huir de la jurisdicción si no era detenida y, en consecuencia, existía un grave riesgo de fuga que no puede ser mitigado por ninguna condición o combinación de condiciones.

  Los fiscales sostuvieron ante la Corte que Jessica Oseguera debía esperar el juicio en detención.

   El 26 de febrero de 2020 fue presentada por primera vez el juez G. Michael Harvey en la que el gobierno solicitó que la acusada fuera detenida en espera de juicio y el tribunal programó una audiencia de detención para el 2 de marzo de 2020.

Defensa exige pruebas

   El 1º de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera solicitó al Tribunal dictar una orden que obligara al gobierno a divulgar todo lo relativo a la presentación de ciertas pruebas y ciertos testigos en la audiencia de detención del 2 de marzo de 2020.

   Reclamaban los abogados de Jessica Oseguera que la fiscalía no había presentado las pruebas necesarias para que su representada abordara los argumentos del gobierno durante su audiencia de detención. Sostenían que la supresión de esta evidencia violaba los derechos al debido proceso de Oseguera. González bajo la Constitución de los Estados Unidos.

Defensa se opone a la prisión preventiva

  El 2 de marzo de 2020, la defensa de Jessica Oseguera González presentó ante la corte un recurso de oposición a la moción del gobierno de prisión preventiva.

   Argumentaron que su representada no estaba acusada bajo la Ley de Sustancias Controladas, sino por violaciones del Código de los Estados Unidos 21 U.S.C. §§ 1904 y 1906, los cuales no son delitos violentos y agregaron que la naturaleza y las circunstancias de los delitos imputados pesaban mucho a favor de la liberación.

   La defensa se manifestó convencida de que la acusada sería absuelta por el jurado y que, en caso de ser declarada culpable, sería impuesta de una sentencia menor al tiempo de que pasaría detenida en tanto concluyera el juicio.

  Sostuvo la defensa que el peso de las pruebas en contra de Jessica Oseguera favorecía su liberación previa al juicio, pues tales pruebas eran solamente eran “declaraciones huecas”.

   Los fiscales argumentaron que existía un significativo riesgo de fuga por parte de Jessica Oseguera. Refirieron que esta presunción se sustentaba en su relación familiar y financiera con organizaciones narcotraficantes, así como por el peso de la evidencia en su contra, su condición de ciudadana extranjera, su total falta de vínculos con el distrito de Columbia, los importantes recursos financieros a su disposición y su historial de intentos de obstruir la justicia. Sostuvieron que no existía ninguna condición o combinación de condiciones que asegurara la comparecencia de la acusada ante el tribunal.

  Agregó que Oseguera González había sido juzgada en México por delitos similares y la corte dictaminó después de recibir evidencia presentada, que no había cometido ningún delito.

  Aseguraron que la acusada no representaba un peligro para la comunidad ni tenía la intención de huir, por lo que debía ser liberada.

 Gobierno pide audiencia para denegar moción de detención

  En la misma fecha, 2 de marzo de 2020, la fiscalía solicitó al tribunal escuchar una apelación para revisar y anular la denegación del juez Meriweather de la moción del gobierno para la prisión preventiva de Jessica Oseguera.

   El juez de instrucción, denegó la solicitud del gobierno de detener al acusado en espera de juicio y ordenó que la acusada fuera puesta en libertad bajo condiciones de libertad.

   Estimó el gobierno respecto a la denegación del juez de instrucción, que el Tribunal del Distrito de Columbia podía, a su discreción, volver a escuchar la evidencia retirando a los testigos, revisando las transcripciones o procediendo a través de una oferta y un argumento.

   Los fiscales manifestaron que la Corte podía requerir evidencia adicional de nuevos testigos o considerar argumentos no presentados anteriormente.

  El gobierno reiteró que la acusada debía ser retenida en espera del juicio porque existía un grave riesgo de fuga y ninguna condición o combinación de condiciones aseguraría razonablemente su comparecencia ante el tribunal.

Instrucciones del proceso

  El 3 de marzo de 2020, el juez Beryl A Howel ordenó a las partes no comunicarse con las cámaras por teléfono, salvo en casos de emergencia cuando deberán hacerlo de manera conjunta para evitar comunicaciones ex parte.

  Igualmente, instruyó a las partes respecto a las conferencias de estado, las cuales deberías llevarse a cabo si ambas habían discutido la posibilidad de una pronta resolución del caso sin juicio; si debía ordenarse una demora excluible en virtud de la Ley de Juicio Rápido; para establecer un calendario con respecto a cualquier asunto en el caso que no sea el juicio; por la resolución de problemas de descubrimiento pendientes; en previsión de un juicio; por modificación del programa estándar; y cualquier otro asunto relevante para el progreso o resolución del caso.

   El juez ordenó a la defensa informar con cinco días de anticipación si la acusada o cualquier testigo requería servicios de interpretación; entregar copias de cualquier presentación sellada para evitar demoras; trabajar en los plazos establecidos por orden judicial y, por tanto, evitar la solicitud de prórrogas.

   Asimismo, estableció las normas respecto a las diferentes audiencias, declaraciones conjuntas, mociones in limine, grabaciones, procedimientos del juicio y audiencia de sentencia.

Declaración de culpabilidad

  A través de un comunicado de la DEA se conoció que el 12 de marzo de 2021, Jessica Oseguera se declaró culpable de los delitos que se le imputan.

   Bill Bodner, agente especial que llevó el caso dijo que la declaratoria "es el resultado de nuestro compromiso incansable de interrumpir y desmantelar todos los aspectos de la organización CJNG (…) Nuestros esfuerzos continuarán incluyendo un enfoque en aquellos que facilitan estas redes de drogas ilícitas. Junto con el Departamento de Justicia, utilizaremos todas las herramientas de investigación disponibles, incluidas las designaciones de la OFAC, para llevar ante la justicia a quienes se involucren en actividades ilegales que están alimentando la crisis de las drogas en todo el país”[2].

La sentencia

  Jessica Johanna Oseguera González fue sentenciada el 11 de junio a pagar 30 meses de prisión por participar intencionalmente en tratos financieros con empresas mexicanas identificados como narcotraficantes. Dichas empresas fueron especialmente designadas por la OFAC como tales en septiembre de 2015 y septiembre de 2017.

  El secretario de justicia auxiliar interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Nicholas L. McQuaid, manifestó que "Esta sentencia muestra que la violación de las sanciones del Departamento del Tesoro a empresas y personas vinculadas a cárteles de la droga extranjeros no quedará impune", al tiempo que agregó que "La Ley Kingpin es una herramienta importante en los incansables esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para desmantelar los cárteles de la droga, y no dudaremos en enjuiciar a aquellos que apoyan a los principales narcotraficantes participando en conductas que violen las prohibiciones criminales de la ley".

   Por su parte, el agente Bodner, dijo que la sentencia “muestra nuestro compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a aquellos que ignoran la ley y amenazan la seguridad pública (…) Aquellos que se involucran en actividades de financiamiento ilícito para ayudar a los cárteles de la droga que llenan nuestras comunidades con drogas poderosas y adictivas no tienen por qué operar sin rendición de cuentas"[3].

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Dual U.S.-Mexican Citizen Arrested For Violations Of The Kingpin Act”. 27 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/dual-us-mexican-citizen-arrested-violations-kingpin-act

[2] Drug Enforcement Administration. “Daughter of Prolific Mexican Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 12 de marzo de 2021. https://www.dea.gov/press-releases/2021/03/12/daughter-prolific-mexican-cartel-leader-pleads-guilty-criminal-violation

[3] Department of Justice. “Daughter of Notorious Mexican Cartel Leader Sentenced for Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act”. 11 de junio de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/daughter-notorious-mexican-cartel-leader-sentenced-criminal-violation-foreign-narcotics

Carmelo Urdaneta Aquí, el corrupto exfuncionario de PDVSA que de declaró culpable de lavado de dinero, será sentenciado en septiembre de 2021

  El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.

Por Maibort Petit

  El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.

   Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados ​​que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

  Urdaneta  Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.

    Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición. 

  El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades.  La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de  definir los años que el ex-funcionario corrupto de  PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.

 Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta  tenía en un banco suizo.

   Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.  

    Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

El caso

  El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales. 

  Los acusados ​​utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional venezolana.

  El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.  

  Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.

   Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .

  El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. 

   Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.

  En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.

  Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.

  Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.

  Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.

   En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.

 

José Luis De Jongh Atencio establece acuerdo con la fiscalía: Fuentes aseguran que hará grandes revelaciones

 La sentencia del ex-funcionario corrupto de CITGO, se prorrogó hasta enero de 2022.

Por Maibort Petit

    Luego de haberse declarado culpable[1] por participar en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y por otorgar ventajas comerciales de manera corrupta, el exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, José Luis De Jongh Atencio, llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía, a través del cual se comprometió a dar información valiosa, tanto sobre el caso en el que está involucrado, como acerca de otras irregularidades ocurridas en la filial en estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que sean violatorias del sistema legal de Estados Unidos.

  Fuentes tribunalicias informaron a Venezuela Política que el viraje de posición y estrategia de José Luis De Jongh Atencio, se produjo luego de que cambiara de abogados en el caso que se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston. Se había declarado no culpable el 21 de diciembre de 2020[2].

  La causa contra De Jongh Atencio se inició en julio de 2020, cuando un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía que lo señaló de recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO y de PDVSA al amparo de la posición como gerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la empresa que ocupaba para ese entonces.

  El acuerdo de cooperación al que llegó De Jongh Atencio con el gobierno de los Estados Unidos establece su compromiso a cooperar plenamente con la justicia estadunidense sin poner objeción a la confiscación de sus activos.

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

   Igualmente, el exfuncionario de CITGO aceptó el diferimiento de su sentencia, tal como lo solicitará la fiscalía ante el Tribunal, hasta que se complete la cooperación.

   El acuerdo estipula que el demandado acepta "cooperar plenamente", lo cual contempla proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, entre ellas, las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Viajes, cable fraude, lavado de dinero, robo de identidad agravado, fraude fiscal y cualquier delito relacionado.

   En razón de lo anterior, el juez Gray H. Miller, ordenó el pasado 6 de julio del presente año 2021, aprobar la Moción Acordada de Continuidad presentada ante la corte por la fiscalía, estableciendo la prórroga de la sentencia del caso hasta el 10 de febrero de 2022 a las 2:00 p. m.

  La orden judicial contempla, además, la extensión de las fechas límites asociadas, por lo que se fijó el 6 de enero de 2022 para la preparación del Informe de Presencia, el 20 de enero de 2022 para las objeciones, y el 3 de febrero de 2022 para el Informe de Presencia final.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.”. 22 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/jose-luis-de-jongh-atencio-se-declaro.html

[2] Venezuela Política. “José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.”. 22 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/jose-luis-de-jongh-atencio-exgerente-de.html

EE. UU. acusa a funcionarios de inteligencia iraní de conspirar para secuestrar a una periodista disidente residenciada en Nueva York, llevarla a Venezuela y luego enviarla a Irán para encarcelarla

   Los fiscales federales han acusado a cuatro agentes de inteligencia iraníes de conspirar para secuestrar a una autora y activista de derechos humanos de Brooklyn y llevarla a Irán a través de Venezuela.

Por Maibort Petit

  Un tribunal federal de Nueva York reveló una acusación formal que acusa a cuatro ciudadanos iraníes de conspiraciones relacionadas con secuestro, violaciones de sanciones, fraude bancario y electrónico y lavado de dinero. Un co-conspirador y residente de California, también de Irán, enfrenta cargos adicionales de estructuración.

La periodista y activista de Derechos Humanos, Masih Alinejad

   La periodista no fue nombrada en los documentos judiciales, pero se conoció que Masih Alinejad era el objetivo. Una fuente familiarizada con el caso identificó a Alinejad como la activista objetivo de la conspiración.

     Según la demanda, Alireza Shavaroghi Farahani, alias Vezerat Salimi y Haj Ali, de 50 años; Mahmoud Khazein, 42 años; Kiya Sadeghi, 35; y Omid Noori, de 45 años, todos de Irán, conspiraron para secuestrar a una periodista y activista de derechos humanos de Brooklyn que trabajaba para movilizar a la opinión pública en Irán y en todo el mundo para lograr cambios en las leyes y prácticas del régimen de los Ayatolás. 

  Se alega que Niloufar Bahadorifar, también conocido como Nellie Bahadorifar, de 46 años, originario de Irán y actualmente residente en California, proporcionó servicios financieros que respaldaron la trama.

  "Toda persona en los Estados Unidos debe estar libre de acoso, amenazas y daño físico por parte de potencias extranjeras", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Mark J. Lesko de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia en un comunicado entregado a la prensa. 

   Lesko sostuvo que: "A través de esta acusación, sacamos a la luz un complot pernicioso para dañar a una ciudadana estadounidense que estaba ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda, y nos comprometemos a llevar a los acusados ​​ante la justicia".

"Como se alega, cuatro de los acusados ​​monitorearon y planearon secuestrar a una ciudadana estadounidense [Masih Alinejad] de origen iraní que había sido crítica con la autocracia del régimen, y buscaban llevarla por la fuerza a Irán, donde el destino de la víctima habría sido incierto en el mejor de los casos". dijo la Fiscal Federal Audrey Strauss del Distrito Sur de Nueva York. 

  Strauss sostuvo que: “Entre las libertades más apreciadas de este país ( EE. UU. ) está el derecho a decir lo que uno piensa sin temor a represalias del gobierno. Un ciudadano estadounidense que viva en los Estados Unidos debe poder defender los derechos humanos sin ser blanco de agentes de inteligencia extranjeros. Gracias a la exposición del FBI de su presunto plan, estos acusados ​​no han logrado silenciar las críticas mediante el secuestro forzoso", dijo.

“Como se alega en esta acusación, el gobierno de Irán ordenó a varios actores estatales conspirar para secuestrar a la periodista [Masih Alinejad]  y llevar a cabo vigilancia en suelo estadounidense, todo con la intención de atraer a nuestra ciudadana de regreso a Irán en represalia por haber hecho uso del derecho a la libertad de expresión”, dijo el subdirector Alan E. Kohler Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI.

 Kohler aseguró que: "Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para investigar agresivamente las actividades extranjeras de los operativos que conspiran para secuestrar a un ciudadano estadounidense solo porque el gobierno de Irán no aprobó las críticas de la víctima al régimen".

El caso

  Según la demanda contra la red conformada por Farahani, un funcionario de inteligencia iraní que reside en Irán, Khazein, Sadeghi y Noori, agentes activos de inteligencia iraníes que residen en Irán y trabajan bajo las órdenes de Farahani, desde al menos junio de 2020, planearon secuestrar a una ciudadana estadounidense de origen iraní (Víctima-1) dentro de los Estados Unidos en apoyo de los esfuerzos del gobierno de Irán para silenciar las críticas de Masih Alinejad contra el régimen. Alinejad es una periodista que ha dado a conocer los abusos contra los derechos humanos del régimen de Irán.

  Antes del complot de secuestro, el gobierno de Irán intentó atraer a Alinejad a un tercer país para capturarla y entregarla a Irán. 

 Aproximadamente en 2018, los funcionarios del gobierno iraní intentaron inducir a los familiares de la Víctima-1, que residen en Irán, a invitar a la víctima a viajar a un tercer país con el aparente propósito de que la Víctima-1 fuera arrestada o detenida y transportada a Irán para encarcelarla. 

  Los familiares de Alinejad no aceptaron la oferta. 

  Un dispositivo electrónico utilizado por Farahani contiene, entre otras cosas, una foto de Victim-1 junto con fotos de otras dos personas, las cuales fueron atraídas desde terceros países y capturadas por la inteligencia iraní, una posteriormente ejecutada y la otra encarcelada en Irán, y una leyenda en farsi que dice: "gradualmente la reunión se hace más grande ... ¿vienes o deberíamos ir por ti?"

  En múltiples ocasiones en 2020 y 2021, como parte del complot para secuestrar a Alinejad, Farahani y su red contrataron los servicios de investigadores privados para vigilar, fotografiar y grabar en video a los miembros del hogar de Victim-1 en Brooklyn. 

  La red de Farahani consiguió días de vigilancia en la casa de la Víctima-1 y el área circundante, videos y fotografías de la familia de la víctima y sus asociados, vigilancia de la residencia de la víctima y la instalación y acceso a una transmisión de video en vivo de alta definición de la Víctima. -1 es la casa. 

  La red insistió repetidamente en fotografías y grabaciones de video de alta calidad de los miembros del hogar de la Víctima-1; un gran volumen de contenido; fotografías de visitantes y objetos de la casa; y descripciones del lenguaje corporal de la periodista en cuestión. 

  Asimismo, la red consiguió la vigilancia al tergiversar sus identidades y el propósito de la vigilancia a los investigadores, y lavó dinero en Estados Unidos desde Irán para pagar la vigilancia. Sadeghi actuó como el principal punto de contacto de la red con los investigadores privados, mientras que Noori facilitó el pago a los investigadores para promover el complot.

  Como parte del complot de secuestro, la red de inteligencia liderada por Farahani también investigó métodos para transportar a la periodista fuera de los Estados Unidos para su entrega a Irán. 

  Sadeghi, por ejemplo, investigó un servicio que ofrece lanchas rápidas de estilo militar para la evacuación marítima autónoma fuera de la ciudad de Nueva York y viajes marítimos desde Nueva York a Venezuela, un país cuyo gobierno de facto tiene relaciones amistosas con Irán. 

  Khazein investigó rutas de viaje desde la residencia de Alinejad hasta un vecindario frente al mar en Brooklyn; la ubicación de la residencia de Alinejad en relación con Venezuela; y la ubicación de la residencia de la Víctima-1 en relación con Teherán.

   La red que encabeza Farahani se ha dirigido a víctimas en otros países, incluidos disidentes iraníes en Canadá, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, y ha trabajado para procurar una vigilancia similar de esas víctimas.

  Como se alega, Bahadorifar brindó servicios financieros y de otro tipo desde los Estados Unidos a residentes y entidades iraníes, incluido Khazein, desde aproximadamente 2015. 

  Bahadorifar facilitó el acceso al sistema financiero y las instituciones de EE. UU. mediante el uso de cuentas de tarjetas y se ofreció a administrar intereses comerciales en Estados Unidos en nombre de Khazein. 

  Entre otras cosas, Bahadorifar hizo que se hiciera un pago a un investigador privado por la vigilancia de la Víctima-1 en nombre de Khazein. Si bien Bahadorifar no está acusado de participar en la conspiración de secuestro, se alega que prestó servicios financieros que respaldaron el complot y está acusada de conspirar para violar las sanciones contra Irán, cometer fraude bancario y electrónico y lavar dinero. 

  Los documentos federales aseguran que Bahadorifar también se encargó de estructurar depósitos en efectivo por un total de más de aproximadamente $ 445.000.

  Farahani, Khazein, Sadeghi y Noori están acusados ​​de: 

(1) conspirar para secuestrar, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua; 

(2) conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y las sanciones contra el gobierno de Irán, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión; 

(3) conspirar para cometer fraude bancario y electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 30 años de prisión; y 

(4) conspiración para lavar dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. 

  Bahadorifar está acusado de los cargos dos, tres y cuatro, y además  de estructurar, que conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión. 

  La víctima habla

  Masih Alinejad dijo a NBC: "He sido un objetivo durante varios años, pero esta es la primera vez que se ha tramado y frustrado un complot tan audaz".

  En 2020, Alinejad escribió en The Washington Post que se enteró de la intención del régimen iraní de secuestrarla. "Ha sido una experiencia horrible, pero no puedo decir que haya sido completamente inesperado. El régimen ha intentado muchas formas de intimidación para silenciarme a lo largo de los años", escribió.

CITGO acusa al fallecido Nelson Martínez de entregar un contrato millonario corrupto a la empresa de su sobrino, Rothwell Energy Services LLC

   En el documento presentado por CITGO se asegura que el contrato se otorgó a Rothwell en razón de los vínculos que esta empresa tenía con el entonces CEO de la filial de PDVSA en EE. UU., Nelson Martínez.

Por Maibort Petit

   Hasta la fecha no se había hecho alusión directa a Nelson Martínez, el expresidente de CITGO Petroleum Corporation al momento de que este suscribiera un contrato con Rothwell Energy Services LLC, para la adquisición e instalación de plantas desalinizadoras en Venezuela. La contrademanda que CITGO presentó contra dicha empresa en el Tribunal del Condado de Harris, en Texas, acusa que el fallecido Martínez otorgó el referido contrato, "dado los vínculos de la contratista con un familiar suyo".

   Aunque la contrademanda se refiere a los socios de Nelson Martínez como “otros” sin mencionarlos por sus nombres, fuentes ligadas al caso refirieron a Venezuela Política que se trata de José Luis De Jongh y los seis exfuncionarios de CITGO que se encuentran detenidos en Caracas, a saber, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

  La fuente sostiene que los abogados de CITGO manipulan la realidad al presentar a Rothwell como la parte que incumplió el contrato, cuando la verdad es que nadie en la filial habría cumplido con su responsabilidad de monitorear las operaciones antes de realizar los pagos.

   Además, el informante asegura que el monto de los pagos realizados a Rothwell supera lo referido en la contrademanda, USD 5.542.241,77, pues en realidad, supuestamente, se habrían cancelado más de USD 10 millones.

La contrademanda de CITGO

  El 14 de mayo de 2021, John Zavitsanos, abogado de la firma Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing PC, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante la Corte del Condado de Harris, en Texas, la Cuarta Respuesta Enmendada y Segunda Contrademanda Enmendada del caso que ventila en esa instancia judicial entre la filial de la petrolera venezolana y la empresa Rothwell Energy Services LLC, a la que reclama daños reales, daños ejemplares, intereses previos y posteriores al juicio a la tasa permitida en la ley, las costas judiciales, honorarios de abogados y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad a la que tenga derecho.

   CITGO niega que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se haya unido a la demanda en razón de que tuviera interés en el contrato de servicio y porque las plantas desalinizadoras que son razón del mismo, debían ser transferidas por Rothwell a ella a través de una factura de venta y cesión.

  Además, CITGO niega que deba dinero alguno a Rothwell aunque admite que si el tribunal determina alguna deuda, esto no será conforme a una cuenta jurada. La filial incorporó las declaraciones de Brian Boudreaux en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

Lo que sostiene CITGO

  Alega CITGO que cualquier pago a Rothwell, así como el cumplimiento adicional del Acuerdo, sería imposible, impracticable y/o ilegal en razón de que violaría las sanciones impuestas por EE. UU. referidas en las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884.

    Refiere que la cláusula de fuerza mayor en el Acuerdo impide que CITGO adeude o realice pagos a Rothwell, además de excluir la reclamación de esta por daños y perjuicios.

   CITGO asevera la defensa afirmativa de pago y refiere que ya pagó a Rothwell la cantidad de USD 5.542.241,77 de conformidad con el contrato, lo cual queda corroborado con la Declaración Jurada de Gina Coon, tesorero corporativo de la empresa petrolera. Subraya que este monto cancelado es mayor al realmente tenía derecho Rothwell.

   En razón de estos pagos, CITGO se acoge a la defensa afirmativa de compensación y sostiene que Rothwell no le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

 Asimismo, CITGO afirma la defensa afirmativa de falta de mitigación, satisfacción y fraude.

  La petrolera venezolana en EE. UU. niega que Rothwell cumpliera con todos los requisitos para pagarle los montos que solicita, así como tampoco ha certificado pagos a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores; todos los embargos han sido liberados; se han cumplido todos los criterios de la prueba de desempeño para el trabajo por el que solicita pago; o que se haya proporcionado la documentación necesaria de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO afirma que el Acuerdo prohíbe la recuperación del lucro cesante y cualquier otro daño emergente que busque Rothwell.

   Entre los señalamientos de CITGO se alega que Rothwell obtuvo el contrato a pesar de que carecía de la experiencia necesaria para instalar plantas desalinizadoras, esto en razón de la estrecha relación, familiar o de otro tipo, existente entre su propietario y Nelson Martínez, para la fecha de la negociación, Director Ejecutivo de la filial de PDVSA.

   Martínez ordenó que CITGO otorgara a Rothwell el acuerdo y esta última presentó su oferta sobre el Proyecto directamente a este Martínez, luego de que Laymar Peña, una exempleada del departamento de adquisiciones le notificara sobre el mismo. Peña se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston y se encuentra a la espera de sentencia.

Los cargos

  CITGO Petroleum Corporation presentó ocho cargos contra Rothwell, el primero de ellos por Conspiración para violar el deber fiduciario, indicando que Martínez y otros tenían una relación fiduciaria con CITGO y violaron los deberes fiduciarios que le debían a la empresa.

   Tales incumplimientos de los deberes fiduciarios ocasionaron un daño a CITGO y/o resultaron en un beneficio para Rothwell, una empresa, como se ha dicho, en la que Nelson Martínez tenía intereses y con la que, mediante sus socios, buscaba un propósito legal por medios ilegales.

   Martínez y otros, quienes le debían a CITGO lealtad, violaron intencionalmente sus deberes fiduciarios, sin limitación, tomando medidas para dirigir la adjudicación del Acuerdo a Rothwell, perpetuando la participación en el Proyecto y/o inducir pagos de CITGO a Rothwell.

  CITGO sufrió un daño como resultado inmediato del hecho ilícito, sostiene la empresa para sustentar el cargo.

   El segundo cargo 2 es por Ayudar y favorecer el incumplimiento del deber fiduciario, argumentando que Rothwell tenía conocimiento de que la conducta de Martínez y de otras personas constituía un incumplimiento de sus deberes fiduciarios para con CITGO.

   Sostiene CITGO que Rothwell le brindó a Martínez asistencia para quebrantar sus deberes fiduciarios, lo cual fue un factor sustancial en el incumplimiento del director ejecutivo s de sus deberes fiduciarios para con la filial de PDVSA.

   En el tercer cargo, por Incumplimiento de contrato (desempeño), CITGO refiere que existía un contrato válido y ejecutable entre ella y Rothwell en forma de Acuerdo. En tal sentido, como signatario del contrato CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento.

   Se indica que Rothwell violó el Acuerdo al no proporcionar la cantidad acordada de plantas de agua ni en la fecha acordada; por no realizar correctamente ni plenamente su trabajo en virtud del Acuerdo; por realizar trabajos no autorizados; por no completar la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y/o de las plantas de desalinización; por no proporcionar un cronograma de proyecto adecuado; por no realizar su trabajo de manera expedita y eficiente; por no tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario del Acuerdo; por no agregar personal adicional, trabajar horas extras, para cumplir con el cronograma del Acuerdo; por no subsanar el trabajo ineficaz; por no cumplir con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; por cambiar y/o desviarse de las especificaciones sin la aprobación previa por escrito del representante autorizado de CITGO; por no informar adecuadamente el avance de la obra, entre otras.

   El cuarto cargo es por Incumplimiento de contrato (defensa y/o indemnización), refiriendo CITGO que en el acuerdo, una serie de anexos establecen que "El Contratista se compromete a indemnizar incondicionalmente por completo, mantener indemne y defender, a costa exclusiva del Contratista, la Compañía (...) de y contra todas las Responsabilidades y Daños (...) reclamados por (...) el Contratista (...) que surjan directa o indirectamente de o en cualquier forma relacionada con el desempeño o incumplimiento de este Acuerdo o el Trabajo u operaciones cubiertas o contempladas por este Acuerdo, sin tener en cuenta la causa o las causas del mismo (...)".

   Como parte del Acuerdo, CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento del contrato por parte de Rothwell, la cual violó el Acuerdo, sin limitación, al iniciar una demanda, no defender y/o no indemnizar a la petrolera de acuerdo con las disposiciones anteriores.

   El quinto cargo es por Incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, alegando CITGO que Rothwell le vendió servicios y ofreció garantías sobre la calidad y características de los servicios.

   Sostiene que Rothwell violó las garantías que otorgó a CITGO, al no realizar el trabajo de manera ágil y eficiente, al no proporcionar una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; al no realizar trabajos libres de defectos de mano de obra; al no proporcionar equipos, materiales y suministros libres de defectos y que cumplan con todas las especificaciones; al no proporcionar personal con las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y los registros adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional; al no utilizar principios y prácticas de ingeniería sólidos.

  El sexto cargo por Sentencia declaratoria refiriendo que, al existir una controversia de carácter judicial entre las partes, la Corte debe determinar los derechos de CITGO y declarar que Rothwell violó las disposiciones de defensa, exoneración de responsabilidad y/o indemnización del Acuerdo.

   Quiere CITGO que se establezca que los pagos a Rothwell violan las sanciones impuestas por EE. UU. y hacen que el cumplimiento sea impracticable, imposible y/o ilegal.

   Al mismo tiempo, CITGO solicita una declaración de que está eximido de cumplir mientras existan sanciones de conformidad con la cláusula de fuerza mayor del Acuerdo.

  El séptimo cargo, por Enriquecimiento injusto precisa que Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO en el monto de los pagos en exceso que se le hicieron en virtud del Acuerdo. Esta retención viola los principios fundamentales de justicia, equidad y buena conciencia.

   El octavo cargo, por Dinero refiere que Rothwell posee dinero, en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a CITGO.