Suspenso continúa: Corte concede prórroga a OI European Group

  La propiedad de los activos venezolanos en el extranjero se mantiene en vilo. 

Por Maibort Petit

   En la Corte de Delaware se debate el destino de los activos de Venezuela, toda vez que en dicha instancia judicial varios agentes a quienes se vulneraron sus derechos con la política de expropiaciones de sus activos implementada por el finado expresidente, Hugo Chávez.

Dos de los afectados son OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois y la minera canadiense Crystallex, las cuales buscan resarcir los daños sufridos a través del embargo de las acciones de la corporación PDV Holding Inc. sobre CITGO Petroleum Corporation, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  

   El caso de la mineta cuyas causas Crystallex I y Crystallex II se ventilan en la corte estadunidense, se estiman vitales, pues ellos han marcado pauta a seguir en el resto de las acciones que los acreedores de Venezuela emprenden para ver satisfechas sus aspiraciones de pago.

  Recientemente, ante una moción presentada por OI European, el tribunal extendió los plazos para que los involucrados presentaran sus posiciones ante la corte.

La prórroga

   El 7 de abril de 2021, Leonard P. Stark, juez del Distrito de Delaware, extendió hasta el 26 de abril de 2021, el tiempo que los Demandados MUFG Union Bank NA, el Fiduciario y GLAS Americas LLC, el Agente Colateral, respondan a la Moción de OI European Group B.V. respecto a que estos ya habrían sido atendidos de manera oportuna y adecuada y o renunciado al servicio a través de su comparecencia en este procedimiento, o, como alternativa.

  Asimismo, prorrogó hasta el 14 de mayo de 2021, el lapso para que el demandante OI European Group BV responda por escrito exponiendo su posición al respecto.

  El 3 de febrero de 2021, Travis S. Hunter, de la firma de abogados Richards Layton & Finger, que defiende los derechos de Crystallex en el proceso legal que mantiene contra PDVSA y PDV Holding Inc., dirigió una comunicación al juez del Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, que lleva la causa, para informarle acerca del acuerdo que su representada había establecido con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDV Holding Inc., Rosneft Trading S.A. y Glas Americas LLC., para suspender las demandas Crystallex I y Crystallex II, hasta una vez la Corte Suprema de los Estados Unidos emita una decisión respecto al Proceso de Activos de la petrolera que reclama la minera canadiense o hasta que otro tribunal levante la suspensión.

   Las partes involucradas llegaron a este acuerdo respecto a los juicios que tienen lugar en la citada corte por cobrar la sentencia a favor de Crystallex por la expropiación de sus activos en la mina Las Cristinas de que fue objeto por parte del finado expresidente venezolano, Hugo Chávez. La demandante intenta cobrarse con acciones de CITGO Petroleum Corporation, propiedad de PDV-Holding.

  La pretensión de Crystallex obedece a una sentencia que estableció que PDVSA es un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual le permitiría cobrar la acreencia con activos de la petrolera, entre los que se encuentra el más valioso del país en el extranjero, a saber, CITGO.

  En esa comunicación se expusieron las posiciones de Crystallex, PDVSA, Rosneft Trading S.A. y GLAS Americas LLC, al respecto[1].

De acuerdo desde 2020

  Ya previamente, el 1 de junio de 2020, el abogado Travis Hunter, le había informado al juez Stark en una comunicación que le dirigió con el consentimiento de todas las partes, atendiendo así la orden de la Corte emitida el 26 de mayo de 2020 de que los involucrados presentaran un informe de situación conjunto sobre el caso Crystallex International Corp. contra Petróleos de Venezuela S.A. y otros , conocidos como Crystallex I y Crystallex II (el primero contra PDVSA y otros, el segundo contra PDV Holding y otros).

  Las partes de estos casos relacionados presentaron en ese entonces, un breve informe de situación, seguido de sus respectivas posiciones sobre los próximos pasos a seguir respecto a dichas acciones.

   Expuso Crystallex, en primer término, que el 30 de noviembre de 2018, la Corte había suspendido los casos relacionados hasta tanto el tribunal dictara orden para levantar dicha suspensión de Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela o hasta que se produjera “alguna otra orden que levante la suspensión en uno o más de los Casos Relacionados". Asimismo, recordó que el 12 de diciembre de 2019, el tribunal ordenó prorrogar de la suspensión “hasta la finalización del proceso de la Corte Suprema en el Proceso de Activos Crystallex o nueva orden de este o cualquier otro Tribunal que levante la suspensión”.

   Agregó que el 18 de mayo de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la petición de certiorari presentada por Venezuela y PDVSA en la que solicitaban la revisión de la decisión del Tercer Circuito del 29 de julio de 2019 que afirmaba la orden de la Corte de Delaware del 9 de agosto de 2018, la cual otorgó el Auto de Adjudicación Fieri Facias. El 22 de mayo de 2020, este mismo tribunal ordenó el levantamiento de la suspensión en el Procedimiento de Activos Crystallex y estableció un cronograma para la moción de determinar el proceso de venta de las acciones de PDVSA en PDV Holding para satisfacer la sentencia de Crystallex y la moción de Venezuela y PDVSA de anular la orden de embargo o modificar o enmendar la sentencia.

   Observó que dado que el tribunal reconoció previamente que el enjuiciamiento continuo de estas acciones puede resultar innecesario si Crystallex prevalece en hacer cumplir su sentencia a través del Procedimiento de Activos, en aras de la economía judicial, la demandante estima que el tribunal debe continuar suspendiendo Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del referido Procedimiento de Activos.

  Entretanto, PDVSA acordó con Crystallex, sin perjuicio de cualquiera de sus derechos o defensas, que la corte mantenga suspendido Crystallex I y Crystallex II en espera de la resolución del Procedimiento de Activos. PDV Holding Inc. fijó una posición similar a la casa matriz PDVSA.

  Por su parte, Rosneft Trading S.A. advirtió que la opinión del Tercer Circuito en Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela hacía variar su posición, pues como lo expuso el 18 de octubre de 2019 y reiteró en la conferencia de estado del 13 de noviembre de 2019, la decisión que revirtió la orden del tribunal de denegar la moción de PDVH de desestimar Crystallex I, justifica la desestimación inmediata de este caso con prejuicio en cuanto a la RTSA.

  Luego de algunas consideraciones acerca del “cedente no deudor” de Crystallex bajo DUFTA, Rosneft manifestó que no se oponía a una suspensión continua de los procedimientos en Crystallex II en espera de la venta propuesta de PDVH, como sugirió el Tribunal en su orden del 12 de diciembre de 2019. RTSA también informó que se había despojado de las obligaciones comerciales garantizadas por la prenda de PDVH.

[1] Venezuela Política. “Crystallex, PDVSA y PDV Holding acuerdan mantener suspendidas demandas hasta que la Corte Suprema decida el proceso de liquidación de activos”. 8 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/crystallex-pdvsa-y-pdv-holding-acuerdan.html

 

Extraña "empresa" off shore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumpliento de pagos de capital e intereses de Bonos

  Desde 2017, la empresa registrada en Panamá dejó de percibir el pago de las obligaciones por parte de la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   Ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la empresa Syracuse Mountains Corporation demandó a Petróleos de Venezuela S.A. y a República Bolivariana de Venezuela por el incumplimiento de contrato al no cumplir con los pagos de capital e intereses derivados de la tenencia de bonos emitidos por PDVSA y de los que la demandante es beneficiario final.

  Lo curioso de la demanda es que la demandante reclama pagos vencidos y no cancelados desde 2017, a pesar de ser una compañía registrada en Panamá sólo a finales de 2020.

  Syracuse Mountains Corporation, de acuerdo a información del portal Open Corporates, es una firma registrada en panamá el 18 de noviembre de 2020, bajo el número 155699100.

  Los verdaderos dueños de la empresa no son públicos, la misma está registrada por una agente legal Rosas y Rosas, mientras que en la presidencia y dirección se encuentra Ana Julia de Velarde; Ilka de López es director y tesorero; son suscriptores Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino; entretanto Viviana Raquel de Gracia es directora y secretaria[1].

   En esta entrega, damos a conocer los detalles de la demanda interpuesta contra PDVSA, la cual reclama ante la corte de Manhattan se dicte sentencia a su favor y en contra de la petrolera, otorgándole daños y perjuicios en una cantidad a ser probada, pero que en ningún caso sea menor que los pagos de interés y capital requeridos contractualmente.

  Del mismo modo, Syracuse exige el pago de los honorarios y costos en que ha incurrido en el proceso judicial, tales como la cancelación de abogados; intereses previos y posteriores al juicio; y cualquier otra reparación adicional que el Tribunal considere justa y equitativa.

Los hechos y la jurisdicción del tribunal

   PDVSA emitió las Obligaciones Negociables de conformidad con una serie de contratos de emisión que emitió el 12 de abril de 2007, el 17 de febrero de 2011, el 17 de noviembre de 2011, 17 de mayo de 2012 y 15 de noviembre de 2013.

   En los Acuerdos de emisión y los memorandos de oferta de los Bonos, PDVSA se comprometió incondicionalmente a realizar pagos de capital e intereses programados periódicamente a los tenedores de los referidos Bonos, pero la estatal petrolera venezolana no ha cumplido con estos pagos y ha incumplido con sus obligaciones en virtud del Contrato y las Obligaciones Negociables.

  Ante tales circunstancias y en procura de su alivio, Syracuse Mountains Corporation busca el pago del capital e intereses devengados y no pagados de los Bonos en su poder, según lo dispuesto en los contratos, en virtud de los Bonos y de la ley de Nueva York.

   Los demandantes acuden ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el cual estiman, tiene jurisdicción para conocer la causa bajo 28 U.S.C. § 1330 porque se trata de una acción civil sin perjuicio contra una sociedad anónima de capital extranjero de propiedad directa de la República, que es un Estado extranjero.

  Refieren que PDVSA renunció explícita e incondicionalmente a la inmunidad soberana en virtud de la Sección 10.10 (a) y (c) de los Fideicomisos con respecto a las acciones que surjan de o se basen en los Fórmulas en sí mismas, por parte de los tenedores de los Bonos emitidos en virtud de los mismos y, por lo tanto, no tiene derecho a inmunidad bajo 28 USC § 1605-07 o bajo cualquier otro acuerdo internacional aplicable.

  Agregan que la corte neoyorquina tiene jurisdicción personal porque PDVSA consintió en la Sección 10.10 (a) de los contratos, someterse a la jurisdicción de dicho tribunal con respecto a las acciones de los tenedores de los Bonos emitidos.

Los incumplimientos de pago

  La demanda, luego de definir cada uno de los contratos suscritos, expone que PDVSA no realizó pagos de intereses sobre los pagarés, de los cuales Syracuse es un beneficiario efectivo.

  A saber, los papeles en manos de Syracuse son, en primer lugar, una Notas identificadas 2021 Notes, con una tasa del 9,00 por ciento de interés, con vencimiento el 17 de noviembre de 2021 y que experimentaron incumplimiento de pagos de intereses en mayo y noviembre de 2017, por USD 2.000.000.

  Las 2022 Notes, con vencimiento al 17 de febrero de 2022, con tasa de 12,75 por ciento, con pago vencido de intereses en febrero y agosto de 2017, por USD 214.150.000.

  Las 2026 Notes, con tasa del 6,00 por ciento, con intereses vencidos en mayo y noviembre de 2015, por USD 20.000.000.

  Las Notes 2027, con fecha de vencimiento el 12 de abril de 2027, por USD 28.000.000.

  Las Notes 2035, con tasa de interés de 9,75 por ciento, con vencimiento el 17 de mayo de 2035, con pagos caídos de intereses en mayo y noviembre de 2017, por USD 69.150.000.

   PDVSA dejó de cumplir con el pago de intereses a partir de finales de 2017.

  Específicamente, la petrolera incumplió el pago de 9:00% 2021 Notas que debía cancelar el 17 de noviembre de 2017, el 17 de mayo de 2018, el 17 de noviembre de 2018, el 17 de mayo de 2019, el 17 de noviembre de 2019, el 17 de mayo de 2020 y 17 de noviembre de 2020.

   Las 12,75% 2022 Notas, debían cancelarse y no ocurrió así el 17 de febrero de 2018, el 17 de agosto de 2018, el 17 de febrero de 2019, el 17 de agosto de 2019, el 17 de febrero y 17 de agosto de 2020, el 17 de febrero de 2021.

   Las 6.00% 2026 Notas, debían cancelarse el 15 de noviembre de 2017, el 15 de mayo de 2018, el 15 de noviembre de 2018, el 15 de mayo de 2019, el 15 de noviembre de 2019, el 15 de mayo de 2020 y el 15 de noviembre de 2020.

   Las 5.375% 2027 Notas, había que cancelarlas el 12 de abril de 2018, el 12 de octubre de 2018, el 12 de abril de 2019, el 12 de octubre de 2019, el 12 de abril de 2020 y el 12 de octubre de 2020.

   Las 9,75% 2035 Notas, tenían fecha de cancelación de intereses el 17 de noviembre de 2017, el 17 de mayo de 2018, el 17 de noviembre de 2018, el 17 de mayo de 2019, el 17 de noviembre de 2019, el 17 de mayo de 2020 y el 17 de noviembre de 2020.

Los cargos

  Syracuse presentó cinco cargos por incumplimiento de Contrato contra PDVSA ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  El primero de estos cargos sobre las notas al 9% de 2021, vigentes desde noviembre de 2011, con intereses adeudados a partir del 17 de noviembre de 2017.

  El segundo sobre las Obligaciones Negociables al 12,75% de 2022, vigentes desde febrero de 2011, por incumplimiento de pagos de intereses a partir del 17 de febrero de 2018.

  El tercer cargo, por incumplimiento sobre las Notas al 6% de 2026, vigentes desde 2013, con pagos caídos a partir del 15 de noviembre de 2017.

 El cuarto cargo, por Incumplimiento de Contrato sobre las Obligaciones Negociables al 5.375% de 2027, vigentes desde 2007, con vencimientos no cumplidos a partir del 12 de abril de 2018.

  El quinto cargo es por las notas al 9,75% de 2035, vigentes desde 2012, que presentan incumplimiento de pagos de intereses a partir del 17 de noviembre de 2017.

[1] OpenCorporates. Syracuse Mountains Corporation. https://opencorporates.com/companies/pa/155699100

LOS GANADORES EN EL MERCADO PETROLERO Y LA ILUSIÓN DE PRIVATIZAR A PDVSA

3/3 CHINA'S NEOCOLONIAL CONQUEST, THE MANDATE OF HEAVEN

FACTORES QUE LLEVAN AL FRACASO DE LA AGENDA GLOBALISTA

Fiscalía pide a la Corte rechazar pedido de los medios de abrir los registros de contactos previos del gobierno con Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

  El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a enemigos de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   La Fiscal por el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, rechazar dos solicitudes presentadas por miembros de los medios de comunicación para abrir registros relacionados con el contacto previo de Víctor Mones Coro con el gobierno de los Estados Unidos.

   Mones Coro fue sentenciado el pasado 17 de marzo del año en curso a pagar 55 meses de prisión en razón de su conexión con un plan destinado a facilitar y proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a Samark José López Bello, exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo y su supuesto testaferro, respectivamente. Igualmente, fue condenado a pagar USD 250.000 en multas y se someterá a dos años de libertad supervisada como parte de la sentencia. La prestación de este servicio por parte de Mones Coro a El Aissami Maddah y López Bello, constituyen una violación a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de acuerdo a los establecido en la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros[1].

   El 26 de noviembre de 2019, Víctor Mones Coro se declaró culpable culpable de violar las sanciones de la Ley Kingpin contra el ministro y ex-vicepresidente venezolano[2].

   Durante distintas etapas del proceso judicial de Mones Coro, incluso luego de dictada la sentencia, las partes presentaron comunicaciones selladas o redactadas en las que se discutían detalles relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los Estados Unidos.

   Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, la defensa presentó un aviso en el expediente con respecto a dos presentaciones selladas presentadas anteriormente.

  En la misma fecha, por lo que la fiscalía presume un esfuerzo coordinado, Matthew Russell Lee de Inner City Press, a través de un correo electrónico solicitó la apertura de varios documentos sellados, entre ellos, los mismos documentos a los que se hace referencia el abogado defensor. Luego, el 2 de abril de 2021, la defensa se unió a la solicitud de Inner City Press.

   Entretanto, Brian Barrett de Associated Press, en una carta fechada el 5 de abril de 2021, le pidió a la Corte intervenir y abrir documentos relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los EE. UU., incluidos los que formaron parte de la transcripción de la sentencia.

La ley aplicable

   Refiere la solicitud de la fiscal Strauss que, si bien la Corte Suprema ha reconocido el derecho consuetudinario de acceso público a los documentos judiciales, esto aplica de acuerdo a dos factores, a saber, que (a) "la función del material en cuestión en el ejercicio del poder judicial del artículo III" y (b) "el valor resultante de dicha información para quienes supervisan los tribunales federales".

   Advierte que , luego de determinar el peso otorgado al presunto derecho de acceso, el derecho consuetudinario se equilibra con los intereses compensatorios que favorecen las restricciones de acceso. “El hecho de que un documento sea un expediente judicial no significa que no se pueda restringir el acceso al mismo”, de acuerdo a lo que dicta la jurisprudencia.

  Recordó que el Segundo Circuito ha reconocido que ciertas categorías de factores compensatorios deben equilibrarse con la presunción de acceso, lo cual incluye el peligro de afectar la eficiencia judicial o de aplicación de la ley y la necesidad de proteger los intereses de la privacidad.

   Respecto al presunto derecho de acceso que otorga la Primera Enmienda, la fiscalía del distrito Sur de Nueva York advierte que este puede ser superado por "hallazgos específicos y en el expediente de que el sellado es necesario para preservar valores más altos" y cuando el "orden de sellado se adapta estrictamente para lograr ese objetivo", tal como lo ha establecido la jurisprudencia.

Las razones de la Fiscalía

  La Fiscalía del distrito Sur de Nueva York considera que, por las razones ya articuladas por la Corte, y debido a los fuertes intereses gubernamentales que privan en contra de la apertura, las solicitudes deben ser denegadas.

  Refiere como lo han establecido otras decisiones judiciales, que “La transparencia a veces debe ceder a un interés más convincente” y “Es obvio e indiscutible que ningún interés gubernamental es más convincente que la seguridad de la nación”.

 Recuerda que los materiales sellados y redactados constituyen información altamente sensible que podría conducir a la divulgación no autorizada de información clasificada.

  Audrey Strauss advierte al juez Hellerstein que, si bien no existen dudas en este litigio de que las solicitudes de apertura de los medios de comunicación se presentan de buena fe y con un propósito válido, el acceso no se limitaría al personal de dichos medios.

“Los adversarios de nuestro país también tendrían acceso, y las divulgaciones podrían aumentar los riesgos que ya enfrenta el personal del gobierno de EE. UU. debido a que cada una de las consideraciones anteriores podría causar un perjuicio grave al gobierno”.

   Por ello, la fiscalía recordó a la Corte que ese despacho proporcionó a los abogados defensores cierta información sobre el entendimiento mutuo de que las referencias a esta información se eliminarían en todas las presentaciones posteriores y, en ese momento, la defensa no manifestó ninguna objeción al respecto.

   Finalizó su solicitud la fiscal Strauss subrayando que las órdenes de sellado de la Corte, hasta la fecha han sido plenamente justificadas —de hecho, necesarias— y por estas consideraciones y no deben ser perturbadas.

[1] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[2] Department of Justice. “Florida Man Pleads Guilty To Violating Kingpin Act Sanctions Against Venezuelan Minister And Former Vice President”. 26 de noviembre de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-pleads-guilty-violating-kingpin-act-sanctions-against-venezuelan-minister

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.

  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

Juez del caso Crystallex designó a un maestro especial para proceder con la venta de acciones de CITGO

Por Maibort Petit 

   El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, quien está al frente del pleito legal entre Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, designó a un abogado Roberto Pincus como maestro especial para que se encargue del proceso de venta de las acciones de CITGO para que la minera canadiense pueda cobrar la deuda de $1.200 millones de dólares más intereses por concepto de la expropiación de sus activos por parte del fallecido presidente, Hugo Chávez. 

  Pincus trabajó para el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y fue el custodio de TransPerfect Global Inc. El experimentando abogado será el encargado de vender las acciones que PDVSA tiene en PDV Holdings Inc. para satisfacer la deuda de Crystallex que fue aprobada por el Tribunal Internacional de Arreglos y Controversias en un fallo de 2016.

  La Corte de Delaware, donde se dirime este caso, consideró que PDVSA es el alter ego de Venezuela y por tanto de PDV Holdings.

 El juez Stark cumplió con una solicitud que Crystallex hizo en septiembre de 2020 y aprobó la venta de acciones de PDV Holdings justo antes de mediados de enero de 2021. PDV Holdings es la empresa matriz de la refinería CITGO Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

  Con la acción del juez Stark, Crystallex quiere hacer cumplir un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares contra Venezuela, luego de una disputa de una década sobre la nacionalización de Venezuela en 2008 de su mina de oro en el estado suroriental de Bolívar. El monto se compone de $ 1.2 mil millones, más $ 200 millones de intereses otorgados por un tribunal de arbitraje del CIADI en 2016.

  En su decisión, Stark nombró a Pincus como maestro especial para supervisar la venta, incluidos los requisitos mínimos de publicidad, exigiendo depósitos sustanciales de buena fe de los postores y solo vendiendo tantas acciones como sea necesario para satisfacer los juicios.

  El juez también rechazó una propuesta de que solo la petrolera nacional venezolana PDV podría administrar la venta, y consideró que cualquier conocimiento único pertinente a la venta debe obtenerse y utilizarse independientemente de la administración de PDV.

"Habiendo hecho que Crystallex emprenda una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su fallo, el tribunal no permitirá que un deudor del fallo sumamente recalcitrante lleve a cabo su propio proceso de venta sobre la objeción de su acreedor fallido repetidamente victorioso", Stark escribió en su decisión.

  A pesar de fallar a favor de Crystallex, Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Todas las partes están de acuerdo en que, según la ley y la política actuales, una venta de acciones de PDV Holding no se puede completar sin una licencia específica Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez. "Pero todos los pasos preparatorios que se pueden tomar sin dicha licencia pueden y deben tomarse".

  En una decisión anterior, Stark dijo que había considerado las sanciones que EE. UU. impuso contra PDVSA, y lo que representan en lo que respecta a la política venezolana. 

   En particular, afirmó que evaluó una carta que fue enviada por Elliott Abrams, el entonces representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al Fiscal General y al Departamento de Justicia. En la misiva, Abrams declaró que Crystallex no puede vender las acciones sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Y que aprobar la venta de acciones dañaría la política exterior de EE. UU. Y los intereses de seguridad nacional en Venezuela y dañaría el apoyo diplomático otorgado por la administración del expresidente Donald Trump  al gobierno interino venezolano liderado por el líder opositor Juan Guaidó.

Liquidación de AllBank Corp. revela cómo Víctor Vargas habría establecido una estructura fraudulenta en Panamá que involucra hasta a nobles españoles

  El banquero venezolano hacía rotar las reservas en más de cinco países, afectando los intereses de miles de ahorristas.

Por Maibort Petit

   Transcurrido poco más de un año de la liquidación forzada de Allbank Corp. ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se dan a conocer nuevos detalles acerca de la situación de entidad financiera perteneciente al Grupo BOD del banquero venezolanos, Víctor Vargas Irausquín, entre ellos, que la estructura bancaria estaba montada en más de cinco países que se rotaban reservas bancarias como un mecanismo para evadir a el monitoreo de sus operaciones que afectaban a miles de ahorristas privados.

  Ante el organismo panameño han llegado cientos de reclamos de clientes de AllBank por renovaciones de plazos fijos no autorizados, reestructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, lo cual revelaba la existencia de problemas de solvencia vigentes desde 2018, es decir, a solamente siete años de su apertura en la nación centroamericana.

   Las novedades del caso revelan, como señala una nota del portal El Capital Financiero, el asunto salpica hasta a la realeza española, toda vez que la Fiscalía Adjunto Sección de Atención Primaria Segunda Subregional de Panamá admitió una querella penal interpuesta por Abdel Almengor por presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida agravada contra Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, entre otros representantes del AllBank. El último es hijo que Alfonso Borbón, duque de Cádiz en España, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco.

  Había encontrado el liquidador del banco, Rafael Moscarella Valladares, una serie de irregularidades que lo llevaron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá en contra de Vargas Irausquin y de los gerentes ejecutivos del banco al presumirse la comisión del ilícito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.

  El liquidador Moscarella advirtió la existencia de suficientes elementos de opacidad que sustentan la liquidación forzada del AllBank, entre ellos los reclamos que desde octubre de 2018 algunos clientes del banco por renovaciones de plazos fijos no autorizados, así como por órdenes de pago por montos importantes que no eran atendidas, lo cual revelaba un grave indicio de liquidez.

  Además de Vargas Irausquín y Luis Alfonso de Borbón Martínez, la acción penal incluye a toda la Junta Directiva de Allbank, a saber, Raúl Blatar Estevez, Jeffrey Poyo, Karla Mola González, Amalita Frías, Santos Ramos y Domingo Infante.

   Refiere la nota de El Capital Financiero que Luis Alfonso de Borbón Martínez no se encuentra por casualidad entre los integrantes de la directiva de AllBank Corp., toda vez que este está casado con la venezolana, María Margarita Vargas Santaella, hija de Víctor Vargas Irausquin.

  Ahora le corresponderá al noble español, responder ante la justicia panameña por los señalamientos que en la citada querella penal lo involucran como directivo de la entidad que habría afectado a Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval, las cuales reclaman perjuicios que superan los USD 30 millones, a causa de los supuestos manejos irregulares de AllBank.

  Refiere la reseña periodística que en agosto de 2019, el representante de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval solicitó a AllBank que le transfiriera fondos de cuenta a cuenta, “el cierre de la cuenta, la devolución de los fondos mediante cheque de gerencia, así como la explicación del motivo del no pago de cheque de su cuenta por $80,000, sin mediar explicación, así como la disposición irregular de fondos de sus cuentas”.

   También solicitaron que se le corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A, en virtud de que reflejaba un monto inferior a los USD 7 millones que poseía. Ninguno de los requerimientos fue satisfecho por la entidad bancaria.

   La querella penal señala que lo ocurrido constituye una negación a “que su propietario disponga de sus fondos, provocándose con ello una afectación en el giro de sus actividades empresariales, y de desarrollo comercial, sin explicación alguna por parte del custodio de estos dineros”[1].

  El diario Panamá América también da cuenta del hecho y recuerda que, además de AllBank Corp., Víctor Vargas abrió en octubre de 2011 en la nación centroamericana, la casa de valores Plus Capital Market, al tiempo que compró los derechos de un edificio al cual le daría el nombre de Torre AllBank, con el objetivo de revestir su inversión de gran prestigio.

   Pero estas operaciones, supuestamente, carecían de la transparencia debida, toda vez que el grupo financiero de Vargas Irausquín las coordinaba de tal manera que pudiera jugar con las reservas, como lo señaló el informe de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

  La nota periodística de Panamá América “explica que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra”.

   El resto de la estructura se encontraba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, así como en República Dominicana con el Banco América (también intervenido) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (igualmente bajo intervención).

  La nota de Panamá América refiere que AllBank manejaba en Panamá USD 175 millones, de los cuales USD 100.7 millones son de particulares que tenían USD 38.1 millones en depósitos a la vista y USD 51.7 millones en plazos fijos. Esta información difiere de los datos manejados por Venezuela Política que el 15 de diciembre de 2019 dio a conocer los detalles de la Resolución de Intervención en razón que de estábamos en poder del documento emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El documento en cuestión revelaba que los administradores interinos del banco establecieron que el Allbank Corp mantenía “USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad”.

   Agregaba el documento que dimos en conocer en aquel entonces que “la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5 millones de los cuales, USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7 millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico”.

   La SBP determinó que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank se encontraban en el Banco Orinoco de Curazao, entidad intervenida, como ya lo hemos referido, desde septiembre de 2019.

La decisión de liquidar el AllBank

  El 8 de noviembre de 2019, el Superintendente de Bancos de la República de Panamá, Ricardo G. Fernández, decidió, luego de conocer el informe presentado por el Administrador Interino en el que se revelaba la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de la institución, la liquidación forzosa de Allbank Corp, entidad perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.

  La entidad había llegado a manejar más de USD 180 millones en activos líquidos y USD 175 millones en depósitos.

  La referida superintendencia tomó la resolución para proteger los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, entidad beneficiaria de su único accionista, Allbank Corp.

  Los detalles de la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, los dimos a conocer en Venezuela Política[2], la cual indicaba que el Allbank Corp es una sociedad anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.

   Informamos en este entonces que en una decisión previa adoptada a través de la resolución SBP-0169-2019 del 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Banco de Panamá tomó el control administrativo y operativo del Allbank Corp luego de que el tribunal de Primera Instancia de Curazao adoptara el 5 de septiembre de 2019 una "medida de emergencia" para el Banco del Orinoco N.V., “beneficiario principal a quien, a su vez, es el único accionista de Allbank Corp. Los efectos directos de esta medida establecían que ‘(…) el Banco del Orinoco no podrá ser obligado a cumplir sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos’".

  La SBP alertó sus dudas sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que contaba la entidad, la liquidez, el débil gobierno corporativo y gestión de riesgos, la baja calidad de la cartera de préstamos, la deficiente gestión de activos, entre otras falencias.

  El organismo panameño advirtió el alto grado de debilidad en la viabilidad financiera y gestión corporativa de Allbank en razón de la falta de un plan de negocios viable para la sostenibilidad de las operaciones de la institución, así como por sus controles internos no adecuados y las condiciones de la cartera de crédito.

  Por todo ello, la Superintendencia de Bancos decidió tomar el control de Allbank Corp sobre la base de lo establecido en las causales 2 y 4 del artículo 132 de la Ley Bancaria, las cuales estipulan que el banco no puede proseguir operando sin que corran peligro los intereses de los depositantes y sobre el incumplimiento por parte de la institución bancaria de los requisitos exigidos por la SBP de acuerdo al artículo 130 de la misma Ley Bancaria.

La cartera de préstamo neta ascendía a USD 64.6 millones.

  Para el momento de redacción de su informe, los administradores interinos concluyeron que no habían logrado completar el análisis de valor de los activos porque no habían recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les había solicitado. Este incumplimiento impedía conocer en detalle los montos de las colocaciones de las realmente se disponía.

  Se desconocía igualmente en aquella fecha, la existencia y valor de cada uno de los títulos valores reportados en la cartera de inversión de aproximadamente USD 107.3 millones. “Se tenía un estimado de lo existente en el Banco del Orinoco y en el Plus Capital Market Inc., pero no había certeza de los títulos valores allí custodiados, lo que impedía conocer fidedignamente la situación financiera del Allbank Corp”.

REFERENCIAS

[1] El Capital Financiero. “La liquidación de AllBank en Panamá toca a la realeza española”. 13 de abril de 2021. https://elcapitalfinanciero.com/la-liquidacion-de-allbank-en-panama-toca-a-la-realeza-espanola/?doing_wp_cron=1618323601.8909530639648437500000

[2] Venezuela Política. “Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá”. 15 de diciembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/12/conozca-los-detalles-de-la-liquidacion.html

Experto: Con el gobierno interino se mantiene el carácter de alter ego de PDVSA respecto a Venezuela

  La llegada de Guaidó al escenario político en 2019 y su lucha contra el régimen de Maduro por el control de PDVSA, no solo mantuvo su condición de alter ego frente a Venezuela, sino que la profundizó aún más, sostiene.

Por Maibort Petit

   No ha habido variación alguna en el carácter de “alter ego” que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mantiene con respecto a Venezuela con el gobierno interino en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, argumento que podría ayudar a reforzar la venta de las acciones de los activos de la república para dar cumplimiento a las obligaciones que no se han pagado.

  El 19 de febrero de 2021, Manuel A. Gómez, profesor de Derecho y Decano Asociado de Estudios de Posgrado y Compromiso Global en la Universidad Internacional de Florida con experiencia en la resolución de disputas transnacionales de derecho internacional y comparado, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en apoyo a la Moción de reparación presentada por Northrop Grumman Ship Systems Inc. en contra del Ministerio de Defensa de Venezuela.

   Refiere Gómez en su declaración que contratado por el abogado de Northrop Grumman Ship Systems Inc., antes conocida como Ingalls Shipbuilding Incorporated y ahora conocido como Huntington Ingalls Incorporated, con el objetivo de analizar ciertos asuntos relacionados con Venezuela en apoyo de una orden judicial de apego fieri facias relacionada con las acciones de PDV Holding Inc. (PDVH), una corporación de Delaware propiedad en su totalidad de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), petrolera estatal y alter ego deudor de Venezuela.

  Explica que se trata de su opinión profesional basada en su conocimiento y familiaridad con el sistema legal venezolano y su realidad política actual; el análisis de los hechos y circunstancias del caso con base en la revisión de una serie de documentos; y en su análisis de las leyes y otras regulaciones, informes gubernamentales, decisiones judiciales, artículos de noticias y publicaciones académicas.

  Seguidamente cita las dos preguntas que le solicitaron responder y que, a saber, son:

a) Si PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela —como determinó esta Corte en agosto de 2018— de manera que los activos de PDVSA en Estados Unidos aún están sujetos al control generalizado de Venezuela.

b) Si las circunstancias del análisis alter ego de la Corte con respecto a PDVSA han cambiado desde la decisión de Estados Unidos en enero de 2019 de trasladar su reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela que encabeza Juan Guaidó en lugar de Nicolás Maduro.

  Aclara que su opinión no está sujeta a ninguna influencia externa, presión o interés en el resultado de ninguna disputa, potencial o presente, entre cualquiera y todas las partes involucradas en el caso. Las consideraciones y conclusiones expresadas en este informe plasman mi opinión profesional sobre materias específicas a las que se refieren.

  En tal sentido refiere, en primer lugar que de acuerdo a su criterio profesional, primero, PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela y sus activos e intereses en los Estados Unidos todavía están sujetos al control generalizado de los líderes políticos de Venezuela; y segundo, las circunstancias consideradas por la Corte para considerar a PDVSA como el alter ego de Venezuela se han acentuado en relación con el amplio control que ejercen los líderes políticos del país desde que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019.

Venezuela y PDVSA como una sola durante las últimas dos décadas

  Recuerda que PDVSA fue creada originalmente en 1975 como un holding estatal para llevar a cabo las políticas gubernamentales en materia de distribución y comercialización de hidrocarburos en Venezuela. Sin embargo, advierte que, a pesar de haber sido constituida como corporación comercial privada sujeta a las leyes y regulaciones aplicables a todas las firmas comerciales, la petrolera está bajo el control y fiscalización del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minería.

   Subrayó que la forma corporativa le dio a PDVSA cierto grado de flexibilidad e independencia operativa, mientras que Venezuela, como único accionista, mantuvo cierto nivel de supervisión. 

  Agregó que siendo los hidrocarburos el principal pilar de la economía venezolana, PDVSA siempre ha tenido una importancia estratégica para el gobierno. Advirtió que, al menos hasta principios de la década de 2000, el nivel de intervención gubernamental en las operaciones de PDVSA se limitó a lo requerido por los diferentes estatutos y regulaciones gubernamentales, siendo mínima la interferencia política en las entidades controladoras.

  En su declaración a la Corte de Delaware, Manuel A. Gómez precisa que 2003 fue el año que se constituyó como el punto de ruptura en la relación entre Venezuela y PDVSA, dando comienzo a una nueva relación entre los dos, caracterizada por la erosión que el primero comenzó a ocasionar en la independencia de PDVSA. Tras una huelga petrolera nacional que paralizó la industria y la economía del país en febrero de dicho año, el gobierno de Hugo Chávez tomó la dramática decisión de despedir sumariamente a unos 18.000 empleados que constituían el 40 por ciento de la fuerza laboral de la empresa.

  Desde entonces, refiere Gómez, PDVSA se convirtió cada vez más en un instrumento político del gobierno chavista y las vacantes dejadas por los despidos fueron llenadas con simpatizantes políticos del partido de Chávez.

  Sostiene que, en términos económicos, PDVSA se convirtió en el principal financiador de programas y actividades gubernamentales que, incluso, en muchos casos son ajenos al negocio de comercialización de hidrocarburos.

   Del mismo modo, indicó que, tal como se reveló más tarde, PDVSA se convirtió en un fondo de sobornos del gobierno chavista para financiar campañas políticas, comprar votos y lograr prominencia geopolítica en todo el mundo a través de una serie de programas sociales denominados Misiones Bolivarianas

  Gómez advierte que el cambio de amplio control gubernamental no se limitó a PDVSA y sus afiliadas, sino a todos los activos, independientemente de si estaban ubicados en el país o en el extranjero.

  Sostiene que la administración de Nicolás Maduro ha seguido tratando abiertamente a PDVSA y sus afiliadas como un apéndice del gobierno venezolano.

  Recuerda que el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, prestó juramento como presidente interino del país ante la crisis constitucional generada por la negativa del presidente Maduro a dimitir a pesar de la expiración de su mandato. Un nombramiento sustentado en una interpretación del artículo 233 de la Constitución. Esto en razón de que las elecciones de 2018 fueron ilegítimas en parte porque los partidos de la oposición fueron descalificados para participar. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó como presidente interino y ha prometido apoyar sus esfuerzos para presionar a Maduro para que renuncie, para que se puedan celebrar elecciones libres y justas y el país pueda recuperar su estabilidad institucional.

   Pero a pesar del repudio por parte de muchos gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales, Maduro y sus funcionarios permanecen en el cargo y en control efectivo del gobierno y el territorio. Guaidó, por su parte, ha hecho designaciones claves —la mayoría de personas que se encuentran fuera de Venezuela— que trabajan ad honorem en áreas críticas como relaciones exteriores, desarrollo económico, reestructuración de deuda, recuperación de activos, representación legal, así como en la gestión de entidades estatales como PDVSA y afiliadas.

  Acota que, durante más de un año, la tensión entre Guaidó y Maduro ha creado un tira y afloja institucional sin precedentes, con dos presidencias, dos legislaturas y dos Cortes Supremas. Ambos han utilizado su influencia política para mantener un amplio control sobre todos los activos extranjeros en poder de las entidades de propiedad de Venezuela, especialmente PDVSA y sus afiliadas y no han tenido reparos en tratar esos activos como propiedad directa de Venezuela.

Se intensifica control político de Venezuela sobre PDVSA

   De acuerdo a Manuel A. Gómez, apunta que uno de los primeros actos oficiales de la Asamblea Nacional, luego de la toma de posesión de Juan Guaidó como presidente interino, fue la emisión de un acto de emergencia, el 5 de febrero de 2019, denominado “Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, conocido como Estatuto de Transición que, en su artículo 34, anuló expresamente el régimen societario ordinario de PDVSA al facultar al presidente interino para designar una Junta Directiva especial que ejerza  sus derechos como accionista de PDV Holding, incluida la selección de los miembros de su junta directiva, de CITGO y otras afiliadas. Este estatuto fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro.

   El desafío legal continuó con una acción presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware por seis exfuncionarios corporativos de PDVSA y entidades relacionadas contra los designados por Guaidó de conformidad con el estatuto de Transición. La Corte tomó como válida la reconstitución del directorio de PDVSA resultante de la decisión de Guaidó y el estatuto.

  Refiere Gómez que en virtud del régimen legal excepcional creado por la Asamblea Nacional a través del estatuto de Transición y otros actos formales, cuya legitimidad ha sido reafirmada ante tribunales extranjeros, el presidente interino Guaidó ha otorgado a sus designados, facultades ilimitadas para ejercer un control considerable sobre PDVSA, PDV Holding y CITGO.

  De hecho, sostiene que Guaidó solo ha podido ejercer su poder y tomar decisiones sobre los activos ubicados en el exterior.

  Cita que el 2 de abril de 2019, la Asamblea Nacional emitió un “Acuerdo para ampliar los poderes conferidos y el número de miembros ad-hoc de PDVSA” que amplió aún más el control de Guaidó sobre PDVSA al permitirle emitir un decreto para ampliar la autoridad del directorio de PDVSA, cualquiera mediante la suspensión de todos los derechos y facultades conferidos a la Asamblea de Accionistas, el directorio y la presidencia de PDVSA y sus afiliadas.

  Estima el experto que el sometimiento de los activos propios de PDVSA al control extraordinario del gobierno interino de Juan Guaidó y su tratamiento como propiedad del Estado venezolano, también se refleja en la limitación impuesta por el artículo 36 del Estatuto de Transición que excluye el uso de cualquier fondo perteneciente a PDVSA o cualquier otra entidad estatal hasta después de que el régimen de Nicolás Maduro ceda el poder.

   Pero además de los actos jurídicos antes mencionados, el gobierno interino de Juan Guaidó ha emitido reiteradas declaraciones públicas en las que asegura que los activos de PDVSA, PDV Holding y CITGO son propiedad de Venezuela y del pueblo venezolano, y que la designación de los miembros del directorio especial de PDVSA y entidades relacionadas y otras medidas tomadas son parte de la estrategia para preservar la propiedad de todos los venezolanos.

  Es así como con base a lo expuesto, Manuel A. Gómez considera que es claro que PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela, de manera que los activos de la estatal petrolera en los Estados Unidos están aún sujetos al control generalizado de Venezuela. Un control que se ha intensificado desde la decisión de los Estados Unidos de reconocer como gobierno legítimo de Venezuela, al que encabeza Juan Guaidó y no el de Nicolás Maduro.

Tribunal de Apelaciones confirma decisión que concedió laudo arbitral a Huntington Ingalls por repotenciación de dos barcos de armada venezolana

   La corte estableció que, efectivamente como lo había determinado el tribunal de distrito de Mississippi, un arbitraje sobre el asunto en Venezuela era impracticable dada la situación política del país.

Por Maibort Petit

   El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó decisión del Tribunal de Distrito Federal de Mississippi, el cual reconoció y ejecutó un laudo emitido por un tribunal arbitral.

   Esto se refiere a una decisión del 19 de febrero de 2018 adoptada por un tribunal arbitral que emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457, 27 sin incluir los intereses posteriores a dicho laudo. Posteriormente, el 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte le concedió el 31 de marzo de 2020. La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43[1].

   La sentencia de la Corte de apelaciones recapitula en su decisión que poco más de un año antes de que Hugo Chávez llegara asumiera la presidencia de Venezuela, la empresa Huntington Ingalls Incorporated —anteriormente conocida como Northrop Grumman Ship Systems Inc. e Ingalls Shipbuilding Inc.— un contratista con sede en Estados Unidos, acordó renovar dos buques de guerra para el Ministerio de Defensa de la República de Venezuela. Un par de años más tarde, con Chávez ya en el poder, la empresa buscó arbitrar una disputa por sobrecostos con el referido despacho gubernamental venezolano.

   Refiere la sentencia que, aunque el contrato de las partes designaba a Venezuela como el foro arbitral exclusivo, el tribunal de distrito de Mississippi ordenó el arbitraje fuera de este país, toda vez que la acción sería impracticable en razón del entorno político hostil reinante en la nación caribeña, pues los tribunales venezolanos se pondrían del lado del Ministerio de Defensa de manera injusta. Tras la determinación de impracticabilidad del tribunal de distrito, la causa se trasladó el arbitraje a Brasil, donde se otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones. Luego, el tribunal de distrito hizo cumplir el laudo arbitral y dictó sentencia a favor de Huntington Ingalls.

 Se concluyó que el tribunal de distrito no había ignorado manifiestamente el acuerdo de las partes ni la ley, por lo cual se afirma la sentencia.

Los antecedentes

  Este casio surge en 1997, cuando Huntington Ingalls celebró un contrato de USD 315 millones con el Ministerio de Defensa de Venezuela para reparar dos fragatas de la Armada venezolana, a saber la ARV Mariscal Sucre y la ARV Almirante Brión, tarea que se llevaría a cabo en el astillero de Huntington Ingalls en Pascagoula, Mississippi. Entre otras disposiciones, se establecía en el contrato que el arbitraje , en caso de controversia, se llevaría a cabo en Caracas, Venezuela.

  En 2002, las partes tuvieron un desacuerdo sustancial sobre los sobrecostos y en vista de que Huntington Ingalls no logró que el Ministerio de Defensa pagar por los trabajos, presentó una demanda en el Distrito Sur de Mississippi, buscando daños, medidas cautelares y arbitraje obligatorio. El Ministerio no se presentó y el secretario del tribunal lo declaró en rebeldía.

   A partir de entonces se inició una disputa con relación al arbitraje, toda vez que Huntington Ingalls estimaba que las circunstancias políticas imperantes en venezuela impedían la realización de un proceso justo. Se acotó la dependencia del poder judicial venezolano del poder ejecutivo, dado que la mayoría de los jueces del país tenían carácter provisorio y estaban sujetos a los dictámenes del gobierno.

  El tribunal de distrito aceptó la moción de Huntington Ingalls y ordenó el arbitraje en Mississippi con el argumento de que "la situación política violentamente inestable en Venezuela ha convertido a ese país en un foro inadecuado en este momento". El tribunal arbitral designado, a su vez, trasladó el procedimiento a la Ciudad de México, México "para asegurar la mayor igualdad entre las partes".

   Dado de que antes de que se cumpliera el arbitraje, el Ministerio compareció ante el tribunal de distrito y procedió a anular la orden de arbitraje o, alternativamente, a suspenderlo, lo cual fue concedido por la corte, pero antes de que hubiera un pronunciamiento, el abogado de la demandada ofreció a Huntington Ingalls USD 70 millones para resolver el caso y esta aceptó. Por ello, el tribunal de distrito emitió una orden desestimando el caso con prejuicio.

  Ocurrió que el Ministerio no había autorizado a su abogado a llegar a un acuerdo sino simplemente a negociarlo y procedió a contratar a un nuevo abogado y a anular la orden de despido del tribunal de distrito. El tribunal de distrito rechazó la moción del Ministerio y aplicó el acuerdo de conciliación.

  El procedimiento de arbitraje de la Ciudad de México finalmente terminó sin una decisión en 2008.

 El Ministerio apeló, impugnando tanto la decisión del tribunal de distrito de hacer cumplir el acuerdo de conciliación como la negativa anterior de obligar al arbitraje en Venezuela.

  Después de escuchar a expertos se determinó la impracticabilidad de realizar el arbitraje en Venezuela. Luego las partes informaron al tribunal de distrito que acordaron someterse a un arbitraje en Washington, DC., pero el Ministerio advirtió que lo solo aceptó el arbitraje en DC "bajo protesta". La corte razonó que el incumplimiento del Ministerio de arbitrar en Washington había eliminado efectivamente cualquier acuerdo sobre el foro arbitral.

  Fue así que, luego de un proceso de judicial de siete días y numerosas rondas informativas, el tribunal otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones en compensación, intereses previos al laudo y costos.

   Por ello, Huntington Ingalls se movió para hacer cumplir ese premio en el Distrito Sur de Mississippi, donde el tribunal de distrito aceptó la moción y rechazó los argumentos del Ministerio de que el tribunal se había equivocado al ordenar el arbitraje fuera de Venezuela, así como sus argumentos de que el tribunal, a su vez, se había equivocado al trasladar el arbitraje a Brasil. El Ministerio apeló oportunamente.

  Huntington Ingalls primero intentó hacer cumplir el laudo en el Distrito del Distrito de Columbia, pero ese tribunal desestimó la moción de Huntington Ingalls a la luz de la continua jurisdicción del Distrito Sur de Mississippi sobre el caso.

Las consideraciones del caso

  El tribunal de apelaciones refirió, en primer lugar, que el asunto de la impracticabilidad del arbitraje ya había sido considerado y decidido por otro panel en ocasión anterior, esto ya es ley del caso no revisable.

  Advierte la sentencia que esto sólo sería revisable si: (1) se presentaron al tribunal de distrito pruebas "sustancialmente diferentes" en prisión preventiva; (2) la autoridad de control ha cambiado la ley aplicable a la emisión; o (3) las decisiones del panel anterior eran claramente erróneas, de modo que su aplicación continua daría lugar a una "injusticia manifiesta". Dado que ninguno de estos casos se aplica, el tribunal de apelaciones determinó que el panel anterior no decidió erróneamente al concluir que la impracticabilidad está disponible como defensa ante los arbitrajes comprendidos en la Convención de Panamá.

  El Tribunal había establecido tanto la jurisdicción del tribunal de distrito bajo el Código de Estados Unidos, bajo la Ley Federal de Arbitraje, 9 USC §§ 203, 302, que codifica la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá), la cual rige generalmente los arbitrajes internacionales en América.

  Por ello, el tribunal rechazó la invitación del Ministerio a reconsiderar si el análisis de impracticabilidad previo al arbitraje de las cláusulas del foro arbitral es apropiado en virtud de la Convención de Panamá o si el tribunal de distrito estaba obligado a abordar la divisibilidad en prisión preventiva.

   Por otra parte, el tribunal de apelaciones concluyó que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que las condiciones políticas hacían impracticable el arbitraje en Venezuela y que tales condiciones eran imprevisibles para Huntington Ingalls en el momento en que firmó el contrato.

  El tribunal de distrito concluyó que las condiciones en Venezuela se elevaron a ese nivel. Al hacerlo, el tribunal de distrito aparentemente acreditó la opinión de Gómez de que "el arbitraje en Caracas no sería factible" y la opinión de Canova González de que litigar contra el gobierno venezolano en el país "no daría como resultado un resultado justo, ya que el sistema legal dentro de Venezuela favorece juicios para el gobierno ".

  Refiere la sentencia que la corte concluyó que el tribunal de distrito no incurrió en error al considerar impracticable la aplicación de la cláusula del foro arbitral, una decisión en la se sustentó en la opinión de expertos y evidencias que indicaban que el arbitraje de las partes en Venezuela probablemente se vería afectado por la influencia política y que Huntington Ingalls probablemente se vería afectado.

  Por todo ello, el tribunal de apelaciones consideró que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que sería impracticable que Huntington Ingalls arbitrara el caso en Venezuela.

  Igualmente, determinó que no era previsible que Huntington Ingalls pudiera prever que una situación como esa pudiera ocurrir cuando firmó el contrato con el ministerio.

  El tribunal de apelaciones refiere que consideró ampliamente el contrato y la ley venezolana incorporados al mismo.

  Sin embargo, evaluó que lo allí establecido quedó efectivamente inoperante por la anterior decisión de impracticabilidad del tribunal de distrito y, por separado, por el acuerdo de las partes de arbitrar en Washington, algo que que el tribunal razonó que el Ministerio no podía incumplir.

  Del mismo modo, el tribunal razonó que el acuerdo de las partes sobre Washington también había fracasado porque el Ministerio seguía presionando por el arbitraje en Caracas. Sin una cláusula de foro arbitral viable y en ausencia de otro acuerdo efectivo, el tribunal razonó que la disposición de elección de la ley del contrato requería que el propio tribunal determinara el foro arbitral apropiado según la ley venezolana. Ejerciendo esa autoridad, el tribunal luego trasladó la sede del arbitraje a Brasil para "salvaguardar tanto la neutralidad como la integridad del arbitraje".

  Advierte finalmente la sentencia que habiéndose hecho todas estas consideraciones, determinó que la decisión del tribunal "extrae su esencia" de la acuerdo y no "ignoró manifiestamente el acuerdo de las partes o la ley al mover el arbitraje a Brasil y, por tanto, concluyó que el tribunal de distrito ejecutó correctamente el laudo arbitral.

[1] Venezuela Política. “Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO”. 8 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/huntington-ingalls-quiere-cobrar-su.html