viernes, 11 de diciembre de 2020

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (II)

   Seguimos enumerando las organizaciones criminales que operan en Venezuela según un informe de Transparencia Venezuela

Por Maibort Petit

   En la primera entrega de esta serie hicimos referencia al hecho de las organizaciones de la delincuencia organizada operan en Venezuela a través de 9 bloques y en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado. Esto de acuerdo al informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.
    Cuarto bloque: Los “pranes” y sus organizaciones carcelarias

   Dado que el estado no se ocupó de las cárceles venezolanas, en ellas surgió una poderosa figura criminal conocida con el nombre de “pran”, quien se erige como el líder de la pandilla criminal que controla el territorio de los penales.

  Obtienen el poder a través del asesinato y la imposición del terror entre la población reclusa, llegando a crear especies de microestados dentro de los recintos penitenciarios donde imponen su cruenta ley.

  Se cree que el término “pran” corresponde a la combinación de siglas de la frase: “preso rematado asesino nato”, pero no hay certeza de esto.

 Señala el informe de Transparencia Venezuela la tesis del coordinador general de la organización Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien estima que los “pranes” son” impulsados por algunos funcionarios corruptos alrededor del sistema penitenciario, porque les resulta mejor entenderse con uno o dos reclusos que manejan las actividades ilícitas dentro de la cárcel, que con toda la población penal”.

  Alrededor del “pran” actúa una estructura organizativa similar a la utilizada por las megabandas criminales.
    Refiere el informe que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, los presos solo contaban, en algunas oportunidades, con armas blancas de fabricación casera o, en los casos más graves, con armas de fuego de un solo disparo construidas precariamente dentro de los calabozos, conocidas como “chopos”.

 Anteriormente, el control del estado impedía que los presos adquirieran armamento, pero, en la actualidad, el poder de fuego de las bandas carcelarias no tiene precedentes en la historia penitenciaria de Venezuela.

  Los “pranes”, cuyo poder se mide de acuerdo al armamento que manejan, suelen tener un arsenal que consiste en fusiles, ametralladoras, pistolas y hasta granadas, evidentemente ingresadas a la cárcel con la complicidad de efectivos corruptos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), custodios de los penales, así como de funcionarios del Ministerio Penitenciario, encargados de la vigilancia interna.

    El negocio de los pranes en las cárceles consiste en el llamado cobro de la “causa” (vacuna o especie de impuesto) y también en la venta de drogas, alcohol y hasta alimentos, el manejo de los juegos de azar y la prostitución dentro de la cárcel.

   Igualmente llevan a cabo delitos en la calle que se planifican en el interior de los penales, tales como sicariatos, secuestros, cobro de “rescate” por vehículos robados o hurtados y también extorsiones y estafas a través del uso de la telefonía celular e internet. Otra fuente de financiamiento de los pranes es la administración del hacinamiento, pues los presos deben pagar por los mejores espacios del penal y, en algunos casos, por construir o alquilar viviendas dentro de los terrenos de la cárcel.

   Los pranes manejan tal cantidad dinero y poder, que gozan de grandes privilegios dentro de la cárcel, tales como piscinas, drogas, discotecas, conciertos, trabajadoras sexuales, mangas de coleo de toros, zoológicos y hasta bancos.

   Refiere el informe que muchos penales de Venezuela fungen como “cerebros” de la actividad criminal que se desarrolla extramuros.

Quinto bloque: Fuerzas bolivarianas de liberación “boliches”

   El informe de Transparencia Venezuela refiere que el quinto bloque de delincuencia organizada que opera en el país es el constituido por las denominadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), también conocidos como “Boliches”.

   Se trata de un grupo paramilitar, mayoritariamente rural, que opera fundamentalmente en Apure, pero también tiene presencia en Táchira y Barinas, cercanos a la frontera con Colombia.

    Es un grupo guerrillero de factura nacional que, de acuerdo a Insight Crime[1], sus orígenes se remontan a 1992, cuando llevaron a cabo varios atentados en Caracas.

  Desde que Hugo Chávez llegó al poder el FBL resurgió en su accionar y se cree que actualmente cuenta con entre 1.000 y 4.000 integrantes.

   Este grupo guerrillero se financia principalmente de la extorsión a ganaderos y a empresas en la frontera con Colombia. También utiliza los cruces fluviales para contrabandear ganado y gasolina a Colombia. Extorsiona a los migrantes que buscan cruzar hacia Colombia.

   Citando igualmente a Insight Crime, el informe de Transparencia Venezuela indica que “El control de las economías criminales por parte del FBL proviene de sus vínculos con las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos de Apure” y agrega que “tiene una considerable influencia política en el estado, mediante el control de varios consejos comunales y alcaldías”.

Sexto bloque: Holding de la corrupción

   Seguidamente en el reporte se hace mención al holding de la corrupción en Venezuela, el cual está constituido por integrantes del funcionariado público, empresarios privados, banca internacional, consultores y bufetes de abogados, nacionales e internacionales, que se han beneficiado de la actividad delictiva.

    Y es que, como sostiene el informe, “Venezuela ha sido desangrada por la corrupción rampante que ha existido en los últimos 20 años” al haber sido saqueado sus recursos, especialmente los derivados de la exportación petrolera.

   Subraya que aun cuando la corrupción y la legitimación de capitales no son delitos violentos, muchas veces sí están ligados a éstos al facilitar la acción de los otros bloques de delincuencia organizada.

   Se advierte que aun cuando en la Ley Contra la Corrupción existen más de 20 tipos penales o delitos, las instituciones del sistema de justicia, en la casi totalidad de los casos, no investigan, ni acusan, ni condenan a los culpables de atentar contra el patrimonio público y de cometer otros actos de corrupción.

   Sostiene que tampoco la Contraloría General de la República cumple con su obligación de supervisar y sancionar administrativamente a quienes incurran en irregularidades dentro de la administración pública.

  Recuerda el informe publicado en 2018 por Transparencia Internacional que ubicó a Venezuela entre los países que presentan mayor corrupción en el planeta, al ubicarla en el puesto número 176 de un total de 180 naciones analizadas, siendo el primero de América Latina.

   En el primer trimestre de 2020 Transparencia Venezuela contabilizó 78 investigaciones por corrupción con fondos venezolanos. Asimismo, fiscalías, tribunales y parlamentos más de 20 países han abierto hasta agosto de 2019 un total de 50 investigaciones.

  A mediados de 2019, sumaban USD 29.900.609.098,39 el daño causado la nación por el fenómeno de la corrupción.

  El informe se remite a un estudio realizado por Transparencia Venezuela en el año 2018 sobre las empresas estatales, estableciéndose que de 526 empresas analizadas más del 70 por ciento tienen denuncias por corrupción. Las de peor desempeño son PDVSA, Corpoelec y las empresas básicas de Guayana.










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