Transparencia Venezuela analiza el papel del crimen organizado en el país y acusa los grupos delincuenciales que, con la anuencia de las autoridades, operan en Venezuela.
Por Maibort Petit
En Venezuela las organizaciones de la delincuencia organizada operan a través de 9 bloques cuyos orígenes, naturaleza, negocios, alcances, estructuras y objetivos son de diferente índole y en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.
Refiere el informe que algunos de estos bloques controlan territorios y su envergadura es tal que han llegado a crear microestados en el país y subraya, además, que estas expresiones delictivas materializan un tercer tipo de primitivismo que es considerado el criminal, caracterizado por la violencia, atrocidad y perversidad, que disfruta del daño producido en perjuicio de la gran mayoría de ciudadanos buenos y honestos del país.
Transparencia Venezuela identificó los 9 bloques, en los cuales participan más de 13 mil organizaciones delictivas que, en algunos casos, mantienen vínculos con el poder político y funcionarios públicos. Estos bloques criminales son: 1) las megabandas criminales; 2) los seudosindicatos de la construcción, petroleros y los mineros; 3) los “colectivos” armados y violentos; 4) los “pranes” y sus organizaciones carcelarias; 5) las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”; 6) el holding de la corrupción; 7) los traficantes de drogas; 8) las FARC y el ELN; 9) las bandas criminales (Bacrim).
Primer bloque: Las megabandas criminales
El informe hace referencia a las megabandas delictivas que operan en el territorio venezolano se constituyeron a partir de la tendencia natural que tiene la delincuencia a organizarse, en razón de que esto les permite a los criminales obtener mayores beneficios en sus acciones delictivas.
La organización también le facilita a la delincuencia imponerse ante los rivales, otorgándoles una mayor capacidad para enfrentarse a los cuerpos de seguridad.
Refiere el reporte que las megabandas son organizaciones sin ideología política, cuyo único objetivo es obtener beneficios económicos de sus fechorías, constituidas con un mínimo de 50 o 60 miembros —aunque pueden llegar a ser cientos— asociados.
Asimismo, las megabandas controlan un territorio determinado, que puede ser urbano o rural, al tiempo de que cuentan con armas de fuego de alto poder y mantienen una estructura vertical de mando muy bien definida.
Las megabandas se dedican al narcotráfico, al sicariato, al robo de vehículos (camiones de carga), a la extorsión y el secuestro, entre otros delitos.
Muchas de las megabandas operan en Caracas, específicamente en barrios como la Cota 905, El Valle, Coche y Petare, entre otros, aunque también funcionan en otras zonas urbanas de distintas ciudades del país y en pueblos o caseríos.
Citando al periodista José Ignacio Mayorca, especialista en temas de seguridad y delincuencia, el informe indica que para el año 2017 existían en Venezuela 19 megabandas, un número que a la fecha actual se ha incrementado.
Una característica de estas megabandas es la atrocidad de los homicidios que cometen, en similitud a los carteles de la droga mexicanos. Esto lo hacen con la finalidad de enviar mensajes a otros delincuentes que intenten disputarles el poder. Incluso, pueden grabar estos asesinatos y publicarlos luego en las redes sociales con el fin de multiplicar el terror que quieren sembrar en la colectividad.
Acota el informe que, aunque el crecimiento de las megabandas en el país responde a diversas causas, no hay dudas en que las denominadas zonas de paz” decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013, se constituyeron en factor determinante, al habérseles otorgado reconocimiento y una especie de legitimación oficial, además, de un territorio sin presencia policial.
Las megabandas tienen tal ascendencia en las comunidades que controlan, que llegan a fungir como especies de mediadores o “jueces de paz” que tienen la última palabra en las controversias que resuelven. Estas pandillas llegan a controlar la cotidianidad de las comunidades.
Es preocupante la aceptación social que muchas de estas megabandas alcanzan en los territorios que dominan, lo cual es la consecuencia de algunos factores que son determinantes.
Acciones como las de prohibir que ningún delincuente de la zona cometa pequeños delitos contra personas de la comunidad; la defensa del territorio frente a otras pandillas; el compartir el botín con la comunidad; pueden llegar a levantar la simpatía de la colectividad, sobre todo por la gran ausencia que el estado tiene en las comunidades. Esto es un signo de la descomposición social que se ha profundizado durante los últimos 20 años de la autodenominada "revolución".
Es tan grande su poder, que las megabandas llegan a prohibir que funcionarios policiales vivan en los sectores que dominan, sin que las instituciones a las que pertenecen puedan hacer nada al respecto.
Muchas veces el “cerebro” de estas megabandas está dentro de las cárceles del país, tal es el caso del denominado “Tren de Aragua”, tenida como la pandilla más grande del país, la cual, dirigida desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como el penal de Tocorón, algo que, difícilmente, puede ocurrir sin la complicidad de funcionarios.
Se cree que en los últimos tiempos las megabandas venezolanas están extendiendo sus tentáculos a países vecinos. La incapacidad del régimen de Venezuela para contener la acción de estas grandes pandillas, se ha convertido también en un problema regional.
En Venezuela existen alrededor de 18.000 bandas delictivas de menor tamaño que, desde el punto de vista jurídico, pudieran ser consideradas también como organizaciones de delincuencia organizada, pero que por sus características se diferencian de las primeras.
Segundo bloque: Seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros
Diferentes a las organizaciones de trabajadores que defienden los derechos de sus agremiados, los seudosindicatos de la construcción son en realidad bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de este sector para conseguirles empleos en las obras que se estén ejecutando. Amenazan también a los encargados o jefes de las obras de construcción, a quienes amenazan para que solo contraten a los obreros que ellos les indiquen y, en ocasiones, para que compren los materiales solo a determinada compañía.
Esta modalidad de pandillas se remonta a la época en la que, a través del endeudamiento –principalmente con China– se comenzaron a ejecutar una serie de obras públicas en distintos sectores del país que luego, en su gran mayoría, nunca se culminaron. Luego el modus operandi se extendió a las construcciones privadas.
Las disputas entre estos seudosindicatos de la construcción generan varios asesinatos año tras año, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariatos o en cumplimiento de la amenaza extorsiva contra trabajadores o dueños de las obras.
En el ámbito petrolero, también surgieron agrupaciones criminales que presionan y extorsionan a algunas empresas contratistas para que empleen sólo a los trabajadores que el grupo delictivo les indique y también a los obreros que quieran ingresar a laborar.
Por su parte, seudosindicatos mineros tienen su campo de acción principalmente en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro ilegales en ese territorio e imponen el terror para mantener su poder.
Sostiene el informe que la minería ilegal, aunque es de larga data en Venezuela, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, estimándose que unas 50 mil personas pudieran estar hoy dedicadas a esta actividad.
Destaca el informe de Transparencia Venezuela que las expropiaciones decretadas desde la primera gestión de Hugo Chávez, así como los ataques que el finado expresidente impulsó contra empresas mineras formales, contribuyeron a la expansión de la ilegalidad en la explotación del oro.
Se abrió de este modo el camino a distintas agrupaciones criminales que, con apoyo de algunos funcionarios corruptos, tomaron el control de las minas del estado Bolívar.
Las bandas y megabandas que dominan la extracción ilegal de oro han convertido a varios municipios de este estado Bolívar en los de mayor índice de homicidios en el país, puesto que allí se lucha a sangre y fuego entre las distintas pandillas, así como con grupos foráneos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estas bandas autodenominadas “sindicatos”, deciden quiénes trabajan o no en las minas que sus líderes controlan y velan por “el orden y la seguridad” a cambio de un porcentaje del beneficio.
Entre 2016 y 2019 se contabilizaron 40 masacres en la zona, siendo una de las más cruentas, la denominada “masacre de Tumeremo”, ocurrida en marzo de 2016 en la mina “Atenas” por la banda de El Topo.
Por incumplir las normas que los “sindicatos” imponen también se producen recurrentemente casos de personas gravemente mutiladas, con pérdidas de sus pies, manos, dedos, lengua u otras partes del cuerpo.
A la par la acción criminal de la minería ilegal ya señalada, está la destrucción voraz del ecosistema del estado Bolívar, a través de la deforestación y la utilización rudimentaria y sin control del mercurio que contamina aceleradamente las aguas de los ríos.
Señala el reporte que el Arco Minero decretado por Nicolás Maduro en 2016 “pareciera representar la oficialización de la explotación ilegal del oro y la destrucción de la naturaleza en buena parte del territorio nacional”.
Tercer bloque: “Colectivos” armados y violentos
Tal como ha ocurrido en la historia latinoamericana en las dictaduras o gobiernos autoritarios que crean grupos paramilitares o parapoliciales para hacer el “trabajo sucio”, en Venezuela existen los “colectivos” nacidos durante el gobierno de Hugo Chávez, los cuales se han consolidado con Nicolás Maduro.
El régimen de Maduro depende mucho de ellos en el sostenimiento del poder a los que prefiere a los militares y policías, por cuanto es más aceptable ante la comunidad internacional presentar cualquier conflicto interno como una lucha de pueblo contra pueblo, evitando así señalamientos de delitos violatorios a los DDHH que lo comprometan.
Los colectivos en la actualidad tienen presencia en todos los estados del país y se cree que contarían con alrededor de 8 mil hombres constituidos en grupos de civiles armados que operan como “guardianes de la revolución”.
Se dedican a agredir, intimidar y hasta disparar contra personas que se reúnen para manifestar o protestar contra el régimen; se activan en elecciones para amedrentar y atentar contra los opositores, dirigentes o ciudadanos; insultan y agreden a los diputados de la oposición, periodistas y otros trabajadores de la prensa en los alrededores de la Asamblea Nacional.
Cometen sus tropelías casi siempre encapuchados, en motocicletas sin matrículas visibles, apertrechados con armas de fuego, objetos contundentes y cortantes. Gozan de total impunidad con un apoyo evidente de autoridades de alto nivel.
Los colectivos armados dominan los territorios donde operan y conforman especies de microestados, donde pueden prohibir la entrada de los cuerpos policiales.
Tienen el control de los mercados negros de alimentos regulados, que acostumbran a vender a precios superiores al establecido.
Pero además de sus funciones de guardianes de la revolución, los colectivos en ocasiones usan sus armas para cometer delitos comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros.
Igualmente participan dentro de cuerpos de seguridad del estado, como se evidenció en 2018 cuando fue asesinado el policía disidente, Oscar Pérez.
Destaca el informe de Transparencia Venezuela que ante los artilugios de los sistemas autoritarios al crear estos grupos para encargarse del “trabajo sucio”, han surgido sentencias de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la responsabilidad internacional estatal por actos de particulares se configura igualmente cuando los Estados crean grupos civiles, o se hacen cómplices de estas organizaciones para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, que es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela”.
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