miércoles, 23 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)

En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia.

Por Maibort Petit

   En Venezuela, el crimen organizado y la corrupción se posicionaron y actúan, al parecer, con total impunidad debido a que cuentan con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos venido mostrando cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente en Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   El informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela, al que hemos venido haciendo referencia en entregas anteriores se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.


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En Delta Amacuro

   La escasa población de esta entidad no es óbice para que exhiba la séptima tasa de asesinatos de Venezuela, a saber, 60 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia en su informe del año 2019. Para que esta estadística sea posible es determinante la violenta acción de los grupos delictivos organizados que se apoderaron de vastos sectores del territorio del estado Delta Amacuro.

 En Delta Amacuro opera una poderosa banda de delincuencia organizada, de llamada “El Evander” o “Frente de Liberación Deltana”, cuyo accionar se ha extendido a otros estados y fuera de Venezuela. Aunque su líder, Evander Miguel Barradas, murió en 2019 en un enfrentamiento con el ejército y el CICPC, sus lugartenientes y otros integrantes de la agrupación criminal continúan activos.

   La inacción de las autoridades ha sido fundamental para que los miembros de esta banda actúen a sus anchas, fuentes consultadas para el informe señalaron que hubo diferencias entre los delincuentes y representantes del poder regional. Por esta razón, los cuerpos de seguridad decidieron actuar después que fue amenazada de muerte la gobernadora (PSUV), Lizeta Hernández, por parte de la banda de “El Evander”.

   Tras la muerte de Evander Miguel Barrada, las riendas de la banda pasaron a manos de alias “El Culón”, pero este fue detenido en mayo de 2019 en Trinidad y Tobago junto a otros cómplices.

  La banda de “El Evander” se dedica a cometer extorsiones, robos a fincas o a embarcaciones, asesinatos, secuestros, tráfico de oro y de combustible y narcotráfico, entre otros delitos. Sus actividades se extienden al estado Monagas. También cobran “vacunas” a los productores agropecuarios y a los comerciantes de las zonas que controlan; extorsionan a los encargados o dueños de las embarcaciones que navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro. Datos obtenidos para redactar el informe revelan que las embarcaciones que salen desde el puerto Volcán (municipio Tucupita) hasta San José de Amacuro, población fronteriza con Guyana, pasan por al menos cinco alcabalas fluviales, en las que deben pagar a funcionarios corruptos de la FANB y a bandas de delincuencia organizada que controlan la región, USD 5 por cada bidón o recipiente de gasolina contrabandeado a lo interno y llevado al vecino país.

   La cercanía de las costas de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta región propicia para el contrabando de bienes, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos.

   El informe cita a la periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas de frontera y crimen organizado, quien señala que miembros de “El Evander” mantienen una alianza delictiva con grupos paramilitares, como Los Rastrojos para el traslado de cocaína desde la frontera colombo-venezolana en el Táchira, hasta Delta Amacuro y de allí hasta Trinidad y Tobago.

   Del mismo modo, el reporte manifiesta la preocupación existente dada la incorporación de indígenas Waraos a las actividades delictivas de contrabando de gasolina y narcotráfico, principalmente con rumbo a Guyana, impulsados por el hambre la y la pobreza que padecen.

  En Delta Amacuro también opera el denominado “Sindicato de Barrancas”, una organización criminal del estado Monagas que usa el río Orinoco, que conecta a las dos regiones, para cometer sus delitos. Cobran USD 300 a quienes quieren trasladarse ilegalmente a Trinidad y Tobago y para llevar a cabo esta actividad cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos que cobran para dejar salir a las embarcaciones. Apunta el informe que en la isla caribeña pagan USD 1.00 por cada mujer joven que le entregan las organizaciones criminales de Delta Amacuro. Luego de esta transacción inicial, los delincuentes reciben cuotas mensuales.

   Otra actividad ilegal es la de las mafias que se dedican a la captura de especies animales, principalmente aves, que venden y trasladan a Trinidad y Tobago y, en menor medida, a Guyana.

En Barinas

   Sostiene el informe que en el estado Barinas, colindante con Táchira y Apure que son fronterizos con Colombia, que 83 por ciento de las fuentes consultadas consideró que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos dos años en esta entidad.

   En Barinas operan con fuerte presencia las “Fuerzas Bolivarianas de Liberación”, conocidos como los “Boliches”, también denominados “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” (FPLN), guerrilla nacida en Venezuela en 1992 en Venezuela, la cual se fortaleció durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se dedican a la extorsión o cobro de vacunas a productores agropecuarios, al secuestro y a otras actividades ilícitas. Todo bajo el presunto amparo del poder político en el estado.

   Se refiere que este grupo guerrillero tiene una especie de ala política, denominada “Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora”.

   Del mismo modo, el informe apunta que existiría una alianza política entre el FBL y el partido oficialista PSUV.

   La alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, conocida también como “La Doña”, supuestamente tiene una estrecha relación con el FBL, siendo, presuntamente esta funcionaria, la encargada de controlar el combustible, la distribución de alimentos, cemento, agua y otros bienes de origen oficial en la región. Igualmente se refiere que Santana sería quien encabeza las amenazas contra propietarios de fincas en la localidad.

   Agrega el informe que, según fuentes consultadas, el FBL tiene control sobre buena parte de las estaciones de servicios en Barinas, por lo que tienen fácil acceso a la gasolina para su reventa y contrabando. También suelen colocar alcabalas improvisadas en las distintas vías para atacar a los conductores.

   Señala el informe que alias “Jesús Santrich”, líder de las FARC, tiene estadía en una unidad de producción ubicada en el Cantón, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas, lugar donde habría grabado el video donde anunció su regreso a las armas en 2019.

    También si indica en el reporte que, aunque el ELN y las FARC no tienen una presencia permanente en Barinas, si tienen incursiones o envían emisarios para extorsionar a los comerciantes, industriales y productores agropecuarios.

   La producción agrícola en Barinas es fuertemente afectada por la acción criminal. El robo y hurto de ganado, es una constante en este estado. Los productores agropecuarios denunciaron la impunidad existente, pues los organismos de seguridad muestran poco interés en el asunto.

   Se denuncia que muchas las fincas que son invadidas por individuos pertenecientes a supuestos grupos campesinos que en realidad son personas ligadas al poder político de la región. Fuentes indicaron que estas violaciones a la propiedad privada en ocasiones se ejecutan por retaliación política. “Algunos productores del estado Barinas han hecho referencia a la actuación de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, como Luis Soteldo, Luis Mendoza y Mariela León. En enero de 2020, la madre del diputado barinés, Julio César Reyes, denunció a estas personas porque tomaron su finca, sin que mediara ningún procedimiento legal”.

  El informe de Transparencia Venezuela precisa que las invasiones de tierras en Barinas por parte de grupos irregulares abarcan 23,22 por ciento del territorio para uso agrícola de este estado.

En el Zulia

   Esta entidad occidental es, según lo afirmado en el informe de Transparencia Venezuela, la entrada y salida de materia prima y droga procesada.

    La zona norte, punto estratégico en la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha convertido en una zona de disputa por parte de bandas criminales y grupos irregulares. 80 por ciento de los consultados para la redacción del reporte, considera que el crimen organizado se ha incrementado en su frontera, en los últimos cinco años. El gobernador Omar Prieto ha sido objeto de denuncias por excesos policiales y un discurso violento.

    El contrabando de combustible es el delito más recurrente, al que se suma el tráfico de mercancías, materiales estratégicos, armas, acompañados de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia. “El tráfico de drogas es uno de los delitos que más aqueja a la población en esta región, como lo muestra el gran número de denuncias, casos descubiertos por las policías y las constantes informaciones sobre pistas clandestinas localizadas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje de avionetas de los carteles. En el camino a La Guajira la venta ilegal de gasolina y diésel en grandes cantidades se registra a la vista de todos”.

   La guerrilla con mayor presencia en el Zulia es el ELN, pero también operan paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico. Hay también mafias que se disputan territorios, tal es el caso de “Mushana” o Tío de clanes wayúu y “Los Gavilanes”, cuyo capitán es de apellido Fernández, que opera en la vía entre Paraguaipoa, Guarero y Paraguachón.

   Una tercera mafia que actuaría con el aval de autoridades regionales, es la llamada “la Zona” que opera en la Guajira, supuestamente dirigida por Douglas Chacón, hermano del exalcalde de la Guajira, Hébert Chacón.

   Douglas Chacón habría violado un pacto tácito o código de conducta entre los grupos que allí operaban, dirigido a no victimizar a personas de la etnia wayúu. Desde mayo de 2018, según datos recogidos para el informe, 70 jóvenes wayúu fueron asesinados. “Este nuevo patrón de comportamiento ha crispado a los habitantes nativos de la Guajira, quienes históricamente han convivido con paramilitares, guerrillas, grupos parapoliciales sin ver amenazadas su vida y sus propiedades”.

    Subraya el informe que, aunque la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, la llegada de Hugo agravó esta realidad. Un factor determinante fue haber retirado a la DEA.

    Datos recogidos para la redacción del informe señalan que en el Zulia operan las FARC y Ejército Popular de Liberación (EPL), en zonas de Perijá, Machiques, El Cruce, Santa Bárbara, y su entorno; los Boliches o FBL, que ejercen control y dominio sobre los productores agropecuarios; el Colectivo del pueblo, el grupo colectivo MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), el cual se infiltra en todos los cuerpos policiales, creando nuevos grupos como el D.C.I. FAES (Dirección de Contrainteligencia del FAES), al mando del colectivo que se hace llamar Marcos Portillo.

   También opera la banda “El Cagón”, el rey del robo de vehículos en la Zona Lara-Zulia, con un área de trabajo extorsivo y actos -de terrorismo que se extiende desde el Estado Zulia hasta Trujillo, Mérida, Falcón y Carabobo.

   El informe hace mención a que la periodista Sebastiana Barráez reveló, en febrero de 2020, que el ELN impuso toque de queda en El Guayabo, mientras que Los Rastrojos instalaron minas explosivas en zonas aleñadas al Catatumbo venezolano.

   También se hace referencia a la denuncia que en septiembre de 2018 hizo la Defensoría del Pueblo de Colombia, sobre el alto riesgo para sus nacionales y los extranjeros que transiten por el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, al noreste del departamento de La Guajira, debido a la presencia de grupos armados irregulares como “La Zona” y “Los Mercenarios” durante todo ese año.

“La Defensoría del Pueblo de Colombia identifica también la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos ‘post-desmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos de delincuencia organizada liderados por “pranes” y colectivos oficialistas venezolanos”.

 El informe de la autoridad colombiana describe casos de reclutamiento forzado y utilización de niños y adolescentes –en su mayoría, indígenas y migrantes de Venezuela– en actividades delictivas, acciones ejecutadas principalmente por el ELN y bandas de “pranes” venezolanos.

   Sentencia el informe que la penetración del crimen organizado en el Zulia ha tenido un impacto directo sobre la etnia wayúu, tanto desde el punto de vista cultural, como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.

   Agrega que hay complicidad de los órganos de seguridad con los hechos delictivos, apuntando que los percibidos como más corruptos son los cuerpos policiales, las FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

    Subraya el informe la supuesta participación de la gobernación en la promoción de la mafia “La Zona”. 

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