Hasta por discriminación llueven demandas sobre CITGO

  Un ex-trabajador reclama una serie de compensaciones luego de haber sufrido un accidente en la refinería de Corpus Christi que lo discapacitó y en donde los responsables de atenderlo en el evento, actuaron con negligencia.

Por Maibort Petit

  El principal activo de Venezuela en el extranjero, CITGO, se ha convertido en los últimos años en blanco de demandas, bien por hechos de corrupción, como por la realización de contrataciones irregulares, reclamos por pagos, compensación por deudas de la república y hasta por discriminación laboral.

   Es el caso del ex-trabajador de CITGO Petroleum Corporation, Gabriel Alvarado — discapacitado a raíz de un accidente ocurrido el 19 de julio de 2009, durante sus labores en la refinería de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, ubicada en Corpus Christi, Texas— quien acusa a la empresa de discriminación por su condición, por lo que recurrió ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División Corpus Christi, para reclamar que se le repare por daños reales y se le reivindique, tanto devolviéndolo a su cargo, como pagándole salarios perdidos, bonos y otros beneficios que se establezcan en el proceso judicial.

    Exige la realización de un juicio por jurado y un fallo contra CITGO que se traduzca la cancelación por daños compensatorios por el monto máximo permitido por la ley; que la empresa tome otras acciones adicionales que sean necesarias para reparar la violación de los Derechos Civiles que se le violaron; el pago de intereses previos y posteriores al juicio en la cantidad máxima permitida por la ley; los costos de la demanda, incluidos los honorarios de peritos y abogados; y la concesión de cualquier otra reparación adicional que le corresponda.

   Sostiene que en su caso involucra discriminación por discapacidad y represalias en violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 USC Sec. 12101 y siguientes, así como de la Sección 21 del Código Laboral de Texas y siguientes; y represalias en violación de la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas, Código de Laboratorio de Texas, Sec. 451.001 y siguientes. Además, afirma una reclamación en virtud de la sección 504 de la Ley de rehabilitación relacionada con la discriminación por discapacidad y represalias.

  La historia de Gabriel Alvarado se remite al 19 de julio de 2009, cuando a consecuencia de una explosión química mientras trabajaba en la planta del Demandado en Corpus Christi, Condado de Nueces, Texas, sufrió lesiones graves que le provocaron discapacidad. El incidente fue cubierto por la Ley de Compensación para Trabajadores de Texas.

   La demanda detalla lo ocurrido y cómo David Cave, el Jefe de Bomberos de CITGO a cargo de la situación, actuó negligentemente y no le brindó la ayuda que requería[1].

   Dicha negligencia lo obligó a esperar por una ambulancia que no llegó en el momento preciso, debiendo el demandante soportar un terrible dolor sin que se le brindara la atención médica y cuidados necesarios. Ese día, cuando por fin llegó la ambulancia, a Gabriel Alvarado le suministraron un medicamento que lo noqueó.

  El demandante se despertó 90 días después en el hospital y fue cuando constató que había sufrido quemaduras externas e internas en aproximadamente el 60 por ciento de su cuerpo, que perdió el antebrazo y la mano izquierda, de los graves daños que presentaba su lado derecho, así como también en el área de los ojos, las orejas y los labios, que tuvieron que rehacerse mediante injertos. Sus piernas también resultaron gravemente dañadas. Desde entonces ha tenido que someterse a más de 50 cirugías y, por el resto de su vida, deberá recibir terapias.

  Y aunque en su momento David Cave fue degradado/removido como Jefe de Bomberos después de la explosión química de 2009 y de que Gabriel Alvarado volvió a trabajar en enero de 2011, el causante en buena parte de su tragedia (David Cave) fue reinstalado como Jefe de Bomberos y gerente/supervisor en diciembre de 2018.

   Desde entonces, comenzó un patrón de discriminación, represalias y acoso contra Gabriel Alvarado sometiéndolo a una serie de condiciones laborales que le han ocasionado daños, incluso psicológicos.

El seguro social

  A raíz de las lesiones sufridas en julio de 2009, Gabriel Alvarado solicitó y recibió pagos mensuales subsidiados por discapacidad del Seguro Social para él y sus familiares.

 Para ello requería que CITGO llenara los "Formularios de Discapacidad del Seguro Social" requeridos para establecer que el demandante calificaría para dichos pagos de beneficios. Los papeles incluyen el formulario de cuestionario de actividad laboral, que es necesario para que el Seguro Social califique a Alvarado para los pagos subsidiados por discapacidad. Allí se estableció que el demandante solo podía realizar el diez por ciento de sus obligaciones laborales anteriores.

  En 2011, el Alvarado calificó para pagos subsidiados por discapacidad del Seguro Social que subsidiaban el otro noventa por ciento de las tareas laborales que no podía realizar. Por ello recibió aproximadamente USD 2.100 por mes en pagos por discapacidad, incluidos los pagos para miembros de la familia.

  Sin embargo, CITGO luego se negó a completar los referidos formularios y por esta razón, el seguro Social ahora le está demandando a Gabriel Alvarado el reembolso en efectivo de USD 60.000 lo descalificó a él y a los miembros de su familia de beneficios pasados y futuros.

Lo que pide Alvarado

   Gabriel Alvarado exige un juicio con jurado, que CITGO le pague los salarios caídos, pasados y futuros; daños compensatorios, que incluyen angustia mental, dolor emocional, sufrimiento, molestias, pérdida del disfrute de la vida sufridos en el pasado y que, con toda probabilidad razonable, se sufrirán en el futuro; pérdidas pecuniarias; daños liquidados y punitivos; honorarios de abogados, honorarios de expertos y costos razonables.

    Asimismo, el demandante exige que CITGO corra con los gastos legales que su actitud ha ocasionado, por cuanto ha tenido que contratar un abogado debido a la negligencia de la empresa.

Referencia

[1] Venezuela Política. “Ex trabajador discapacitado que demandó a CITGO exige juicio con jurado y daños compensatorios”. 21 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/ex-trabajador-discapacitado-que-demando.html

 

Exministro Manuel Quevedo comandaría mafia dentro PDVSA que contrabandea gasolina

Por Maibort Petit

 Un pequeño grupo de empleados de la estatal petrolera y una de sus filiales estarían incursos en estas actividades irregulares dirigidas por el ex alto funcionario.

   El informe de análisis de mercado de petróleos y gas de Venezuela correspondiente al mes de marzo de 2020, asegura que la gasolina producida e importada bajo acuerdos de intercambio estaba siendo robada por un pequeño grupo de empleados de Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Marina, el cual está supuestamente comandado por el expresidente de PDVSA, Manuel Quevedo.

  Como ejemplo ilustrativo de esta afirmación, el informe cita el caso del buque Negra Hipólita el cual habría sido captado por las autoridades de Aruba en videos de seguridad de un helicóptero de la guardia costera, cuando la embarcación llevaba a cabo operaciones de aligeramiento de carga al norte de la isla caribeña.

  Igualmente, el reporte hace mención al hecho de que se siguen transportando cargamentos destinados a Cuba en buques de bandera venezolana, sin que para ello se cumpla con las debidas certificaciones para la exportación y para el tránsito en aguas internacionales. Señala que las sanciones impuestas por Estados Unidos, tanto al régimen de Nicolás Maduro como a PDVSA, para nada han impedido que los barcos prosigan transitando libremente en aguas internacionales.

  Por otra parte, se cita el programa March Cargos, en el cual se demuestra el aumento de la asignación de crudo a empresas que no están relacionadas con el negocio ni el comercio de petróleo y gas. Un ejemplo de ello, son las empresas Libre Abordo —referido en entrega anterior— y de Schlager Business Group. También estarían involucradas en tales actividades, empresas de logística portuaria, entre ellas Semaferca (igualmente referida en entrega anterior), Cygnus Marine y Vinsepet, las cuales son desconocidas y no figuran en el Registro Nacional de Contratistas. Según fuentes consultadas dentro de PDVSA para la redacción del informe, se presume que la mayoría de los documentos de estos cargamentos están manipulados o son inexistentes.

  Refiere el reporte que los barriles restantes de DCO Cargo que PDVSA supuestamente robó de CITGO en febrero, habrían sido asignados a la empresa Reliance. Otra parte de la carga robada habría sido entregada a la empresa Libre Abordo en el Buque MT VL Nichioh, que navegó sin documentos.

Vínculos entre Libre Abordo y Elemento

  Seguidamente, el informe hace nuevamente referencia al caso de la empresa Libre Abordo, la cual en el mes de marzo había cargado casi 6 millones de barriles de crudo asignados solo desde el terminal de Jose.

   Pero en el reporte se habla de que fuentes consultadas para la redacción del mismo, habrían dado cuenta de que Libre Abordo también ha levantado cargas desde de la bahía de Amuay, aunque se desconoce la cantidad.

  Refiere que distintas evidencias apuntan acerca de presumibles vínculos entre Libre Abordo y empresa Elemento, habiendo supuestamente actuado como intermediaria en varias transacciones con PDVSA. Los informantes, acotaron a los redactores del informe que resultaba altamente sospechoso que una empresa sin experiencia ni relacionada con el sector del petróleo y el gas, se las haya arreglado tan efectivamente para encontrar embarcaciones idóneas y con tan buen desempeño en prácticas marítimas para hacer sus operaciones.

  Como ejemplo de lo anterior, el informe refiere que la empresa Elemento tiene un caso en curso frente a Tansy Shiptrade, el cual tiene que ver con un cargamento de Libre Abordo.

  Elemento figuraba como el fletador del Vessel VL Nichioh en el caso de la supuesta carga robada de CITGO.

  El informe indica a Elemento estarían ligados Richard Rothenberg (estadounidense en el Reino Unido y director financiero de Elemento), Galindez (director), Francisco D'Agostino (cuñado de Henry Ramos Allup), Ricardo Cisneros (Grupo Cisneros) y Alessandro Bazzoni (empresario italiano vinculado a Elemento y SwissOil Companies).

  Igualmente, los redactores del informe estiman la existencia de una relación entre Libre Abordo y Rosneft, en virtud de que las embarcaciones que se fletan, las compañías desde las que fletan y las rutas, guardan gran similitud a las de Rosneft. Sin embargo, advierten que carecen de pruebas sólidas para demostrar esta teoría.

  Cuando se conoció la noticia de que Libre Abordo levantaba crudo venezolano, la empresa mexicana afirmó tener un acuerdo de “alimentos por petróleo”. Cita el informe a Reuters, agencia que ha informado sobre la posible manipulación de datos e información en que estaría incurriendo esta compañía para evitar sanciones. Refiere que después de la exposición, todos los cargamentos de Libre Abordo ahora se asignan a su subsidiaria Schlager Business Group.

Sobre Elemento

  La empresa Elemento se conoce desde 2017, cuando levantó algunos cargamentos en Venezuela.

  Elemento fue fundada en 2016 en Malta por Francisco D'Agostino y sus socios, pero la totalidad de sus acciones en febrero de 2017 por CISA Holdings Limited, otra compañía maltesa relacionada a través de una cadena de compañías intermedias y una fundación panameña, a Ricardo Cisneros. Sin embargo, diversas informaciones indican que supuestamente este trato habría sido una mampara y D'Agostino seguiría al frente de la firma.

  Para el momento de la redacción del informe, Elemento se desempeñaba como intermediaria en varios arreglos comerciales con PDVSA, pues en 2019 fue objeto de una orden de congelamiento mundial por el resultado de otros casos legales en su contra. Esta empresa mantiene casi 50 acuerdos comerciales con PDVSA.

Francisco D’Agostino Casado: El bolichico que insiste en negar sus vínculos con Derwick

   Una causa en curso en el Reino Unido entre Tansy Shiptrade, empresa fundada en Islas Marshall versus Elemento, muestra las prácticas y dinámicas que esta empresa mantiene en Venezuela con grupos irregulares relacionados PDVSA, entre ellos el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

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  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.

Documentos comprueban que Rosneft continuó operando con PDVSA aun cuando había oficializado su retiro por las sanciones

    El régimen de Nicolás Maduro ideó todo tipo de estratagemas para evadir las sanciones impuestas a la petrolera por Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un informe de análisis del mercado de petróleo y gas en Venezuela correspondiente al mes de febrero de 2020, quedó establecida la estrategia mediante la cual Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) burlaba las sanciones impuestas a la industria por Estados Unidos, al revelar que cuando Rosneft Trading se vio afectada, todos los cargamentos que estaban a ella, se dirigieron entonces a TNK Trading, cuyo paquete accionario es su mayoría propiedad de la petrolera rusa.

    Para la cita fecha del informe, una nota de la agencia Reuters refirió la acusación que EE. UU. formuló contra Rosneft Trading SA de apoyar al sector petrolero venezolano y de evadir las sanciones mediante la aplicación de “trucos” [1].

   Lo sostenido en el reporte confirma asimismo la versión que señala que aun cuando Rosneft anunció el cese de sus operaciones con Venezuela en razón de las sanciones[2], las negociaciones continuaron a través de terceros y de empresas fantasmas.

  El informe en nuestro poder igualmente hace referencia a los altibajos que experimentado la industria petrolera venezolana, así como el nexo que parece indestructible con el régimen cubano al que no deja proveer pese a cualquiera que sean las circunstancia que atraviese. En este sentido refiere que, de noviembre a diciembre de 2019, las exportaciones petroleras aumentaron casi un 14 por ciento, cerrando el trimestre con un aumento total de casi el 45 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, se da cuenta que las exportaciones a India se ubicaron en su nivel más bajo en el tercer trimestre, pero se duplicaron al finalizar el citado año 2019. Precisa que las exportaciones a Cuba también se incrementaron en alrededor de trescientos mil barriles en el cuatro trimestre de 2019, en comparación con el tercero.

Los destinos desconocidos

   Estos informes comienzan a hacer referencia a la diversificación del mercado de PDVSA desde diciembre de 2019, sólo que un hecho se hace altamente significativo: los destinos de las exportaciones son desconocidos o no verificados.

  Tales exportaciones sumaron en diciembre de 2019, los cinco millones y medio de barriles aproximadamente.

  

  Para enero de 2020, el informe indica que las exportaciones disminuyeron 13 por ciento respecto a diciembre de 2019, sin embargo, la carga de destino desconocido o no verificado se incrementó casi tres veces.

 El puerto de Singapur aparece como el destino de muchos cargamentos asignados para enero, pero de acuerdo a las fuentes de quienes redactan el informe, en dicha terminal marítima algunos de los barcos solo se detuvieron allí para mezclarse y continuar con carga mezclada hacia otros destinos, mientras que otros de los que suponía atracarían allí, ni siquiera llegaron al puerto.

Nuevos compradores

  Pero no solamente nuevos destinos comienzan a encontrarse en los registros de PDVSA, sino también nuevos compradores cuyas operaciones son altamente significativas, pues si bien la información oficial extra, refiere que en 2019, las empresas Sahara Energy e Iveex Group, tomaron 4 y 3 cargas respectivamente, por ellas no se produjo ningún pago, sin que esto se tradujera en alguna queja ni reclamo por parte del régimen venezolano.

Libre Abordo

  En 2020 también ha hecho acto de aparición la empresa Libre Abordo, la cual ha ordenado varios cargamentos mensuales, los cuales, en su mayoría, han salido del Complejo Puerto La Cruz Jose (Special Hamaca Blend, Merey y DCO).

   Sobre esta empresa, el reporte refiere que comenzó sus operaciones con PDVSA desde noviembre de 2019.

   Agrega que, según Tanker Tracker, las cargas comenzaron en enero, habiendo muy poca información sobre esta compañía.

   Subraya que fuentes consultadas para la elaboración del informe, dijeron que Libre Abordo tiene su sede en México y sus propietarios principales son venezolanos. Destaca que aun cuando la empresa ha suministrado tres direcciones fiscales diferentes, cuando los periodistas ubicarlas en los lugares reportados no había evidencia sólida de presencia de la compañía.

  Del mismo modo, el informe refiere que Libre Abordo es una empresa que al parecer está relacionada con el programa de alimentación del régimen venezolano, CLAP, dado que en su sitio web muestra los productos alimenticios que exportan, además de los botiquines médicos. Las investigaciones hacen presumir que el régimen de Nicolás Maduro se vale del canje, consistiendo el mismo en el pago con crudo a Libre Abordo por la compra de las cajas de alimentos destinadas al programa de alimentación, aunque esto es solamente una presunción como ya se dijo, por cuanto no se ha encontrado documentación que lo confirme.

   Lo que sí está evidenciado, es que Libre Abordo no es un comprador, pues no hay hechos ni evidencia que demuestren que se estén cumpliendo los destinos indicados en los conocimientos de embarque.

 La Agencia Portuaria que atiende los cargamentos de Libre Abordo se denomina Semaferca, una firma nueva que, según testimonios de empleados de PDVSA, no está registrada en el Sistema de Proveedores de Petróleos de Venezuela.

   La incorporación de la empresa ha habría debido al impulso que le dio Oswaldo Vargas y el Vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Fernando del Quintal, de acuerdo a los revelan las fuentes consultadas para el informe. Tampoco hay evidencia que indique que Semaferca está en el Registro Nacional de Contratistas ni en el Sistema SAP de PDVSA, pues ni siquiera recibe facturas de tarifas de termina.

   En tal sentido, los buques fletados por Libre Abordo supuestamente no cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales.

   Se indica que Semaferca se encarga de emitir conocimientos de embarque (Bill of Lading, BL) oficiales y firmarlos, en lugar de la propia PDVSA.

Nuevas empresas

  Además de las ya citadas, el informe refiere la creación de nuevas empresas para destinarlas a establecer operaciones de carga con PDVSA.

  Es el caso de la mencionada Agencia Semaferca, pero también de la Compañía de Inspección Vinsepet y Compañía de Operaciones de Lightering y Logística Caribbean Oil. En tales acciones estarían vinculados varios ejecutivos de PDVSA y PDV Marina.

  Se reitera que Oswaldo Vargas, presidente de PDV Marina quien, además, ocupa también el cargo de Gerente General de Fletamento y Logística en PDVSA, es presuntamente el propietario de una serie de empresas, como Amaserca, que operan en el puerto y en el Área STS. Asimismo, la empresa comercial Elemento y su CEO, la exempleada de PDVSA, Doly Mendoza, estarían igualmente vinculadas a ejecutivos de la petrolera estatal venezolana.

  Amaserca es una empresa que brinda servicios de inspección de drogas en Amuay Bay/Punta Cardón. Vargas presionó, supuestamente, para que se produjera la contratación de Semaferca, pese a no estar registrada en el sistema de PDVSA.

  Sostiene el informe que tales hechos demostrarían que todas las operaciones de exportación tienen como objetivo ser manejadas por el propio régimen de Nicolás Maduro, “violando controles internos y sin límite absoluto de autoridad. Según este sistema, controlarán el comprador, el programa y el envío”.

  Fuentes relacionadas con las operaciones de carga en Venezuela consultadas para la redacción del informe, habrían asegurado que Oswaldo Vargas es presuntamente responsable de varias prácticas clandestinas, para lo cual contaba con el apoyo del ministro de energía y presidente de PDVSA para la época, Manuel Quevedo.

   El objetivo del régimen, según el informe, es tomar a través de todas estas maniobras, el control absoluto de las operaciones marítimas en Venezuela, dándole así vía libre para llevar a cabo negociaciones comerciales a su voluntad en otros países de la región, sin pasar por las sanciones y sin supervisión alguna.

Los buques

  Finalmente, el informe hace mención a las embarcaciones utilizadas para estas operaciones.

  Refiere que los petroleros MT Arita y MT Parnaso, los cuales fueron incautados en el exterior, lograron regresar a Venezuela gracias a la gestión que habrían realizado empresas europeas desconocidas que financiaron el levantamiento de la incautación y los fletaron a PDVSA/PDV Marina, con lo que aumentaron su propia flota. El objetivo de esta acción sería, presuntamente, la reactivación por parte del régimen de PetroCaribe.

  Asimismo, se asegura que los buques Terepaima y Petion mantenían, para la fecha de redacción del informe, la ruta Venezuela-Cuba a pesar de las sanciones.

  Entretanto, los buques Margarita y Serengueti estaban asignados a operaciones de aligeramiento en Aruba, Curazao y otras islas del Caribe, con el objetivo de para llevar y traer productos a Venezuela. Dichos productos habrían sido obtenidos mediante canjes con Repsol, Reliance y Rosneft, a pesar de las sanciones.

  Por último, el informe hace mención al buque MT Gerd Knutsen, el cual el 12 de febrero de 2020 fue avistado en Guiria.Esta embarcación desde el 23 de enero se estaba moviendo hacia la Bahía Pozuelos. El buque estaba siendo remolcado por los remolcadores de PDV Marina. A pesar de esto, el barco figuraba desde el 11 de febrero en el cronograma de Alta, cuando el único DCO asignado para carga era MT Sea loyalty para Repsol.

   Para esa fecha, agrega el reporte, se había asignado a Libre Abordo el MT VL Nichioh para cargar 1M bbls de SHB y 1M bbls de Merey 16.

   El 13 de febrero, se canceló VL Nichioh Parcel of Merey 16 y se asignó una nueva ventana de carga para el crudo DCO a la misma empresa, después de las fechas de MT Gerd Knutsen. Los redactores del informe pudieron conocer que el Gerd Cargo fue asignado a Libre Abordo.

REFERENCIAS

[1] Reuters. “EEUU pone en lista negra a unidad de Rosneft para restringir fondos al gobierno venezolano”. 18 de febrero de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN20C23Q-OUSLT

[2] Reuters. “Rosneft vende activos a Rusia en Venezuela bajo sanciones de EEUU”. 28 de Marzo de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN21F0VI

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (III)

   En esta entrega hacemos referencia a los estados Bolívar, Apure, Falcón y Nueva Esparta.

Por Maibort Petit

   El crimen organizado y la corrupción han pasado a ser parte integrante de la realidad venezolana en la cual actúan, según todo lo deja ver, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos dado a conocer en las últimas entregas cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Estos datos son parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela donde se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Bolívar

  Sus límites con la República Cooperativa de Guyana y con Brasil, especialmente con este último, constituyen un vasto territorio para que en el estado Bolívar tengan lugar delitos graves y grandes oportunidades de “negocios” que han convertido a esta zona oriental como una de las más cruentas de Venezuela.

  Allí los delitos más frecuentes son aquellos relacionados con el negocio del oro, el tráfico de armas, de gasolina y narcotráfico, en ese orden.

  Transparencia Venezuela realizó entrevistas para la redacción del informe en las que se concluyó que en que el tráfico ilícito de todas esas mercancías y material estratégico, la participación de las autoridades y de integrantes de las fuerzas de seguridad y defensa, es fundamental, agregando tal circunstancia a estos delitos el abuso de autoridad, corrupción propia, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

   El territorio es disputado por los mal llamados “sindicatos del oro”, “pranes” que controlan sectores con grupos de minas y mineros, además del comercio de suministros necesarios para la extracción. También manejan distribución de drogas, comida, medicinas, transporte y la prostitución.

“La vida del minero y el mercado del oro, involucra a autoridades y actores regionales, locales, nacionales e internacionales. Las toneladas y montos manejados en el contrabando de oro lo convierten en el negocio ilícito más importante después de la gasolina. Los cálculos realizados por los especialistas permiten precisar que la fuga del oro solo en 2018 superó los USD 2.700 millones”.

  La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO) se convirtió desde 2016 en un incentivo perverso de la actividad delictiva en la región.

“En este territorio, que se superpone a cinco parques nacionales, conviven mafias, mineros ilegales, guerrilleros colombianos, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, explotando incluso territorios protegidos, como Canaima. También participan militares y exintegrantes de las FARC”, reza el informe.

  El territorio de las minas se lo disputan el ELN, protegido por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), y las bandas irregulares armadas, a la cuales se les conoce como “sindicatos del oro” o “pranatos”, los cuales, de acuerdo a testimonio recogidos para la redacción del informe, están vinculados a un exgobernador del estado Bolívar y al Cartel de los Soles. De este modo se han configurando alrededor de 25 grupos delictivos cuyos nombres aún permanecen ocultos en su mayoría.

  El delito y el vínculo con el gobierno opera dentro de cada una de las instituciones locales y regionales, sostiene el informe y, al respecto, un miembro de la sociedad civil de la zona para el estudio, manifestó que “Cuando un ex comandante del REDI, como Jesús Mantilla Oliveros, oculta la presencia del ELN, ya de una manera los ampara, o cuando los guardias nacionales ignoran la presencia del ELN luego de la alcabala de Casablanca, constatada por diputados de la Asamblea Nacional que iban rumbo a Anacoco, eso es criminal”.

  Se precisa que en el estado Bolívar, los grupos que controlan el hierro son distintos a los del coltán o el diamante. Como jefes de banda se habla “el Negro Fabio”, “El Coporo”, “Capitán o Gordo Bayón”, apodos tras los cuales permanecen en secreto sus verdaderos nombres.

  Entretanto, “El Jairo” es el líder del grupo del ELN en la entidad quien tiene presencia en la zona desde hace dos años y medio, a la salida del exgobernador, general Francisco Rangel Gómez y la llegada del nuevo mandatario, general Justo Noguera Pietri, quien habría dado carta blanca al ELN para erradicar el sistema de bandas mineras creadas por su antecesor. Este hombre habría reclutado francotiradores entre efectivos y exfuncionarios de las fuerzas armadas venezolanas, para controlar las minas y a la población de la zona de Tumeremo y El Callao, donde estableció un toque de queda en esas localidades. Estos francotiradores tienen un sueldo de USD 400. También reclutan a jóvenes para que sean guerrilleros y les pagan USD 300.

  Otro líder es “El Toto”, quien gobierna en El Callao, una de las zonas más ricas en yacimientos auríferos. Sería el autor de unos comunicados que sostienen que el gobernador Justo Noguera Pietri, abrió las puertas a los guerrilleros colombianos y también señala que el alcalde de la zona, Alberto Hurtado, recibió oro de su parte para la campaña electoral.

  Se estima que solamente entre 10 y 30 por ciento del total del oro extraído, es procesado por la empresa Minerven y entregado al Banco Central de Venezuela (BCV). El resto sale de Venezuela por los diversos caminos en camiones, aviones, helicópteros y hasta con “mulas” humanas.

“El negocio del oro en el estado Bolívar se realiza en forma artesanal, lo que está causando destrucción ambiental en los 112.000 km del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), porque no se cuenta con ningún programa de protección del medio ambiente”, acota el informe.

  La quiebra de las empresas básicas y la crisis económica, llevó a los trabajadores a sumarse a la minería ilegal que se lleva a cabo con mercurio, también conocido como azogue, un material que los expone al envenenamiento.

  Igualmente, las actividades delictivas han impactado negativamente en las poblaciones indígenas, especialmente sobre el pueblo Pemón, que ha visto en peligro la ocupación de sus territorios.

En Apure

  En esta entidad llanera opera comúnmente el ELN, FARC y ex-integrantes de este grupo guerrillero. En el alto Apure está el Ejército Popular de Liberación (EPL), el FBL o “Los Boliches”, la delincuencia común y los colectivos violentos.

  Se cree que estos grupos están vinculados a representantes de los gobiernos municipal, regional y nacional.

  En Apure también operan bandas de cuatreros y de exfuncionarios, así como paramilitares.

  El informe cita a un dirigente político. Que sostiene que “En la zona de Guasdualito operan tres grupos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mayor fuerza, es decir, mayor presencia de campamentos. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos miembros después del acuerdo de paz, no han querido dejar las armas y se han unido al ELN, aunque también hay campamentos propios de los disidentes de las FARC. La tercera fuerza insurgente es una guerrilla venezolana que se hace llamar Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), la cual también tiene una división en el grupo Fuerzas Patrióticas Bolivarianas de Liberación, identificado con las siglas FPBL, con presencia en Guasdualito, del municipio Muñoz –ubicado en el medio Apure- y en los estados Barinas y Táchira. En medio Apure operan las FARC, sin presencia destacable de campamentos del ELN. En el bajo Apure operan las FARC y el ELN”.

    Con relación al narcotráfico, el informe de Transparencia Venezuela asegura que todos los grupos irregulares están comprometidos con este delito. El mismo dirigente político antes citado refirió que “En Pedro Camejo, específicamente en la zona de Santa Bárbara de Cunaviche, estaba un puesto comando de la Guardia Nacional que ahora está abandonado, no sabemos por qué razón. A menos de 10 kilómetros de ese puesto de comando abandonado hay aproximadamente 6 pistas clandestinas hechas de concreto, allí hay unas poblaciones indígenas que son las mulas de carga de los alijos de cocaína”.

  Señala el informe con expresión de la cleptocracia la fusión de instancias y actores gubernamentales con grupos irregulares del crimen organizado, que se materializa en la creación de las FBPL, impulsada desde el Gobierno. El dirigente político entrevistado señaló que esta guerrilla fue armada con fusiles del Ejército venezolano entregados por Elías Jaua Milano, vicepresidente de la República para la época, quien ya anteriormente, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y el Ministerio de Comunas, les entregaba armas. Con las FBPL también habrían colaborado diputados nacionales; Érika Farías, alcaldesa de Caracas; Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación; del gobernador de Apure, Ramón Carrizalez; del alcalde del municipio Páez, José María Romero; de los ex-constituyentes José Domingo Santana, José Lisandro Solórzano y Orlando Zambrano.

  Concluye el informe con respecto a esta entidad, que allí las instituciones públicas percibidas como las más corruptas son las alcaldías, las gobernaciones, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En Falcón

   El informe de Transparencia Venezuela se hace eco de la sentencia de los pobladores del estado Falcón que afirman que en esa entidad “existe una cultura de contrabando por su posición geográfica”.

   Los delitos más frecuentes son el tráfico de drogas, contrabando de combustible y otros derivados del petróleo, el lavado de dinero y la corrupción. También el contrabando de materiales estratégicos cables de cobre y tuberías de acero. Desde el estado Bolívar supuestamente llega el oro vía terrestre y sale por vía aérea por pistas clandestinas ubicadas en la Sierra de Coro. El informe hace referencia a varios casos de tráfico de drogas.

   Para la redacción del estudio, Transparencia Venezuela entrevistó a un grupo de ex-comisarios experimentados en materia de crimen organizado, quienes destacaron cuáles son las actividades delictivas que se desarrollan en el estado Falcón, indicando el tráfico ilícito de armas desde las islas de Aruba, Curazao y Bonaire; el sicariato; el contrabando de los bloques de Jirahara, además de granito y arena; la producción de éxtasis, específicamente en Punto Fijo; el tráfico de drogas, que sale por “la puerta grande” y sitios oficiales: Puerto Guaranao, Puerto Real de la Vela de Coro, Tucacas, Chichiriviche y Sabana Alta.

   Las bandas criminales que allí operan son el grupo de Emilio Martínez apodado “El Chiche Smith” (narcotráfico); la mafia de “Los Camacaro”; la banda de Simón Álvarez (ya fallecido); “Los Cruz” dirigidos por José Ángel Cruz, quien tiene notificación roja de Interpol por el delito de homicidio; también existe una mafia que controla la comercialización del agua ante la escasez de este recurso; la banda de los combustibles, dirigida por “Caramelito”.

  Un militar retirado consultado para la redacción del informe, citó el caso de “El Chiche Smith”, quien sería supuestamente una suerte de Pablo Escobar en la población de Carirubana, “pues reparte comida, regala teléfonos móviles y hasta dólares, todo producto de los recursos provenientes del narcotráfico” . Su aliado sería el alcalde de Carirubana: Alcides Goitía.

  Señala el informe que al alto mando de la policía regional de Falcón fue totalmente desmantelado en la gestión del Jesús Mantilla, decisión que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de los grupos criminales.

  La producción caprina (chivos) ha ido desapareciendo por la presencia del narcotráfico y el robo de ganado y de las cabras, es constante. Además, los productores han abandonado sus fincas y las nuevas unidades productivas tienen pistas clandestinas.

En Nueva Esparta

  Conformado por las islas Margarita, Coche y Cubagua, se han identificado en él, más de 60 bandas criminales operando en su territorio.

 Advierte el informe, en primer lugar, que, aunque para los organismos de investigación policial e inteligencia controlar a esas organizaciones delictivas en un estado isla sería una tarea fácil, la falta de voluntad política lo impide.

  Recuerda que la policía estatal de la entidad está intervenida por el gobierno nacional de Nicolás Maduro debido a una retaliación política y sin que tal acción se haya traducido en el mejoramiento del problema de la inseguridad.

  Tajantemente denuncia el informe que en Nueva Esparta el control territorial del estado. Está en manos de la organización terrorista Hezbollah, grupo nacido el Líbano en 1982 luego de la ocupación israelí. Esta agrupación cuenta con un brazo político y otro armado y tiene el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar Al Assad, aliados del chavismo-madurismo.

  La presencia de Hezbollah en Venezuela está documentada, presumiéndose que se dedica al lavado de dinero, transporte de drogas y el control de actividades de contrabando en todo el continente. También tiene presencia en Bolivia y Nicaragua, “pero sus integrantes al parecer han encontrado seguridad en Venezuela”.  Se estima que Venezuela es el mayor centro de operaciones de hezbollah en el continente.

  Ghazi Atef Salameh Nassereddine Abu Ali, cabecilla de Hezbollah, fue nacionalizado venezolano en el 2002 y junto a sus dos hermanos habría coordinado la célula de esa organización en Venezuela.

  Asevera al reporte que las bandas han conformado un pseudogobierno del crimen que se alimenta del miedo de la gente, siendo los delitos cometidos el tráfico de drogas desde y hacia las islas, robos, sicariatos, cobro de vacunas, tráfico de influencias, extorsión, legitimación de capitales y trata de personas. Denuncias sostienen que cuentan con el apoyo del gobierno regional y algunas autoridades nacionales.

  Las actividades de estos grupos han afectado el turismo, actividad fundamental de Nueva Esparta. Igualmente, la pesca.

  En lo político, el abuso de poder es un atributo que fractura la institucionalidad y favorece las acciones delictivas.

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)

En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia.

Por Maibort Petit

   En Venezuela, el crimen organizado y la corrupción se posicionaron y actúan, al parecer, con total impunidad debido a que cuentan con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos venido mostrando cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente en Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   El informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela, al que hemos venido haciendo referencia en entregas anteriores se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

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En Delta Amacuro

   La escasa población de esta entidad no es óbice para que exhiba la séptima tasa de asesinatos de Venezuela, a saber, 60 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia en su informe del año 2019. Para que esta estadística sea posible es determinante la violenta acción de los grupos delictivos organizados que se apoderaron de vastos sectores del territorio del estado Delta Amacuro.

 En Delta Amacuro opera una poderosa banda de delincuencia organizada, de llamada “El Evander” o “Frente de Liberación Deltana”, cuyo accionar se ha extendido a otros estados y fuera de Venezuela. Aunque su líder, Evander Miguel Barradas, murió en 2019 en un enfrentamiento con el ejército y el CICPC, sus lugartenientes y otros integrantes de la agrupación criminal continúan activos.

   La inacción de las autoridades ha sido fundamental para que los miembros de esta banda actúen a sus anchas, fuentes consultadas para el informe señalaron que hubo diferencias entre los delincuentes y representantes del poder regional. Por esta razón, los cuerpos de seguridad decidieron actuar después que fue amenazada de muerte la gobernadora (PSUV), Lizeta Hernández, por parte de la banda de “El Evander”.

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   Tras la muerte de Evander Miguel Barrada, las riendas de la banda pasaron a manos de alias “El Culón”, pero este fue detenido en mayo de 2019 en Trinidad y Tobago junto a otros cómplices.

  La banda de “El Evander” se dedica a cometer extorsiones, robos a fincas o a embarcaciones, asesinatos, secuestros, tráfico de oro y de combustible y narcotráfico, entre otros delitos. Sus actividades se extienden al estado Monagas. También cobran “vacunas” a los productores agropecuarios y a los comerciantes de las zonas que controlan; extorsionan a los encargados o dueños de las embarcaciones que navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro. Datos obtenidos para redactar el informe revelan que las embarcaciones que salen desde el puerto Volcán (municipio Tucupita) hasta San José de Amacuro, población fronteriza con Guyana, pasan por al menos cinco alcabalas fluviales, en las que deben pagar a funcionarios corruptos de la FANB y a bandas de delincuencia organizada que controlan la región, USD 5 por cada bidón o recipiente de gasolina contrabandeado a lo interno y llevado al vecino país.

   La cercanía de las costas de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta región propicia para el contrabando de bienes, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos.

   El informe cita a la periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas de frontera y crimen organizado, quien señala que miembros de “El Evander” mantienen una alianza delictiva con grupos paramilitares, como Los Rastrojos para el traslado de cocaína desde la frontera colombo-venezolana en el Táchira, hasta Delta Amacuro y de allí hasta Trinidad y Tobago.

   Del mismo modo, el reporte manifiesta la preocupación existente dada la incorporación de indígenas Waraos a las actividades delictivas de contrabando de gasolina y narcotráfico, principalmente con rumbo a Guyana, impulsados por el hambre la y la pobreza que padecen.

  En Delta Amacuro también opera el denominado “Sindicato de Barrancas”, una organización criminal del estado Monagas que usa el río Orinoco, que conecta a las dos regiones, para cometer sus delitos. Cobran USD 300 a quienes quieren trasladarse ilegalmente a Trinidad y Tobago y para llevar a cabo esta actividad cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos que cobran para dejar salir a las embarcaciones. Apunta el informe que en la isla caribeña pagan USD 1.00 por cada mujer joven que le entregan las organizaciones criminales de Delta Amacuro. Luego de esta transacción inicial, los delincuentes reciben cuotas mensuales.

   Otra actividad ilegal es la de las mafias que se dedican a la captura de especies animales, principalmente aves, que venden y trasladan a Trinidad y Tobago y, en menor medida, a Guyana.

En Barinas

   Sostiene el informe que en el estado Barinas, colindante con Táchira y Apure que son fronterizos con Colombia, que 83 por ciento de las fuentes consultadas consideró que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos dos años en esta entidad.

   En Barinas operan con fuerte presencia las “Fuerzas Bolivarianas de Liberación”, conocidos como los “Boliches”, también denominados “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” (FPLN), guerrilla nacida en Venezuela en 1992 en Venezuela, la cual se fortaleció durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se dedican a la extorsión o cobro de vacunas a productores agropecuarios, al secuestro y a otras actividades ilícitas. Todo bajo el presunto amparo del poder político en el estado.

   Se refiere que este grupo guerrillero tiene una especie de ala política, denominada “Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora”.

   Del mismo modo, el informe apunta que existiría una alianza política entre el FBL y el partido oficialista PSUV.

   La alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, conocida también como “La Doña”, supuestamente tiene una estrecha relación con el FBL, siendo, presuntamente esta funcionaria, la encargada de controlar el combustible, la distribución de alimentos, cemento, agua y otros bienes de origen oficial en la región. Igualmente se refiere que Santana sería quien encabeza las amenazas contra propietarios de fincas en la localidad.

   Agrega el informe que, según fuentes consultadas, el FBL tiene control sobre buena parte de las estaciones de servicios en Barinas, por lo que tienen fácil acceso a la gasolina para su reventa y contrabando. También suelen colocar alcabalas improvisadas en las distintas vías para atacar a los conductores.

   Señala el informe que alias “Jesús Santrich”, líder de las FARC, tiene estadía en una unidad de producción ubicada en el Cantón, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas, lugar donde habría grabado el video donde anunció su regreso a las armas en 2019.

    También si indica en el reporte que, aunque el ELN y las FARC no tienen una presencia permanente en Barinas, si tienen incursiones o envían emisarios para extorsionar a los comerciantes, industriales y productores agropecuarios.

   La producción agrícola en Barinas es fuertemente afectada por la acción criminal. El robo y hurto de ganado, es una constante en este estado. Los productores agropecuarios denunciaron la impunidad existente, pues los organismos de seguridad muestran poco interés en el asunto.

   Se denuncia que muchas las fincas que son invadidas por individuos pertenecientes a supuestos grupos campesinos que en realidad son personas ligadas al poder político de la región. Fuentes indicaron que estas violaciones a la propiedad privada en ocasiones se ejecutan por retaliación política. “Algunos productores del estado Barinas han hecho referencia a la actuación de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, como Luis Soteldo, Luis Mendoza y Mariela León. En enero de 2020, la madre del diputado barinés, Julio César Reyes, denunció a estas personas porque tomaron su finca, sin que mediara ningún procedimiento legal”.

  El informe de Transparencia Venezuela precisa que las invasiones de tierras en Barinas por parte de grupos irregulares abarcan 23,22 por ciento del territorio para uso agrícola de este estado.

En el Zulia

   Esta entidad occidental es, según lo afirmado en el informe de Transparencia Venezuela, la entrada y salida de materia prima y droga procesada.

    La zona norte, punto estratégico en la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha convertido en una zona de disputa por parte de bandas criminales y grupos irregulares. 80 por ciento de los consultados para la redacción del reporte, considera que el crimen organizado se ha incrementado en su frontera, en los últimos cinco años. El gobernador Omar Prieto ha sido objeto de denuncias por excesos policiales y un discurso violento.

    El contrabando de combustible es el delito más recurrente, al que se suma el tráfico de mercancías, materiales estratégicos, armas, acompañados de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia. “El tráfico de drogas es uno de los delitos que más aqueja a la población en esta región, como lo muestra el gran número de denuncias, casos descubiertos por las policías y las constantes informaciones sobre pistas clandestinas localizadas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje de avionetas de los carteles. En el camino a La Guajira la venta ilegal de gasolina y diésel en grandes cantidades se registra a la vista de todos”.

   La guerrilla con mayor presencia en el Zulia es el ELN, pero también operan paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico. Hay también mafias que se disputan territorios, tal es el caso de “Mushana” o Tío de clanes wayúu y “Los Gavilanes”, cuyo capitán es de apellido Fernández, que opera en la vía entre Paraguaipoa, Guarero y Paraguachón.

   Una tercera mafia que actuaría con el aval de autoridades regionales, es la llamada “la Zona” que opera en la Guajira, supuestamente dirigida por Douglas Chacón, hermano del exalcalde de la Guajira, Hébert Chacón.

   Douglas Chacón habría violado un pacto tácito o código de conducta entre los grupos que allí operaban, dirigido a no victimizar a personas de la etnia wayúu. Desde mayo de 2018, según datos recogidos para el informe, 70 jóvenes wayúu fueron asesinados. “Este nuevo patrón de comportamiento ha crispado a los habitantes nativos de la Guajira, quienes históricamente han convivido con paramilitares, guerrillas, grupos parapoliciales sin ver amenazadas su vida y sus propiedades”.

    Subraya el informe que, aunque la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, la llegada de Hugo agravó esta realidad. Un factor determinante fue haber retirado a la DEA.

    Datos recogidos para la redacción del informe señalan que en el Zulia operan las FARC y Ejército Popular de Liberación (EPL), en zonas de Perijá, Machiques, El Cruce, Santa Bárbara, y su entorno; los Boliches o FBL, que ejercen control y dominio sobre los productores agropecuarios; el Colectivo del pueblo, el grupo colectivo MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), el cual se infiltra en todos los cuerpos policiales, creando nuevos grupos como el D.C.I. FAES (Dirección de Contrainteligencia del FAES), al mando del colectivo que se hace llamar Marcos Portillo.

   También opera la banda “El Cagón”, el rey del robo de vehículos en la Zona Lara-Zulia, con un área de trabajo extorsivo y actos -de terrorismo que se extiende desde el Estado Zulia hasta Trujillo, Mérida, Falcón y Carabobo.

   El informe hace mención a que la periodista Sebastiana Barráez reveló, en febrero de 2020, que el ELN impuso toque de queda en El Guayabo, mientras que Los Rastrojos instalaron minas explosivas en zonas aleñadas al Catatumbo venezolano.

   También se hace referencia a la denuncia que en septiembre de 2018 hizo la Defensoría del Pueblo de Colombia, sobre el alto riesgo para sus nacionales y los extranjeros que transiten por el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, al noreste del departamento de La Guajira, debido a la presencia de grupos armados irregulares como “La Zona” y “Los Mercenarios” durante todo ese año.

“La Defensoría del Pueblo de Colombia identifica también la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos ‘post-desmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos de delincuencia organizada liderados por “pranes” y colectivos oficialistas venezolanos”.

 El informe de la autoridad colombiana describe casos de reclutamiento forzado y utilización de niños y adolescentes –en su mayoría, indígenas y migrantes de Venezuela– en actividades delictivas, acciones ejecutadas principalmente por el ELN y bandas de “pranes” venezolanos.

   Sentencia el informe que la penetración del crimen organizado en el Zulia ha tenido un impacto directo sobre la etnia wayúu, tanto desde el punto de vista cultural, como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.

   Agrega que hay complicidad de los órganos de seguridad con los hechos delictivos, apuntando que los percibidos como más corruptos son los cuerpos policiales, las FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

    Subraya el informe la supuesta participación de la gobernación en la promoción de la mafia “La Zona”.