miércoles, 25 de noviembre de 2020

Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos

   El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba varias empresas de haber participado en un esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela a cambio de la aprobación de contratos con sobreprecios.

 D'Amato usaba las cuentas bancarias abiertas en bancos estadounidenses, a nombre de sus empresas, para mover el dinero y pagar las coimas a los empleados de PDVSA.

  Natalino D’Amato, de 61 años, de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 11 cargos presentada en el Distrito Sur de Florida. 

El anuncio fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt y la Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, en conjunto con el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Anthony Salisbury, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).

D’Amato fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D'Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras de la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal en un esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. 

Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas conjuntas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. 

La demanda alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las compañías conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. 

Según los cargos, D’Amato usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

La demanda incluye acusaciones que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.





meramente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.


Este caso fue investigado por la oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami. El abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. Rosen del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.


La Sección de Fraudes de la División Criminal es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en

ENTENDIENDO EL SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA: CASO SMARTMATIC EN VENEZUELA

viernes, 20 de noviembre de 2020

Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)

  En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de otorgar contratos de CITGO y PDVSA a José Manuel González Testino.

Por Maibort Petit

    Por recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones por parte de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO Petroleum Corporation y de Petróleos de Venezuela S.A., José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la filial de PDVSA en Estados Unidos, se verá la cara con la justicia en enero de 2012.



   En esta primera entrega, damos a conocer la trama de corrupción que llevará a De Jongh-Atencio al banquillo de los acusados del Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston, por haber convertido al activo más valioso de Venezuela en el extranjero en un “instrumento” para violar la ley estadounidense, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.

El esquema de corrupción

  En julio del presente año 2020, un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía, dando así inicio al proceso judicial.

  Refiere la acusación que, a partir de 2013, José Manuel González Testino, Tulio Aníbal Farías Pérez y otras personas ofrecieron, pagaron, prometieron y autorizaron el pago de sobornos a José Luis de Jongh, tanto en efectivo, como obsequios y otras cosas de valor, a cambio de que el acusado brindara ventajas indebidas para que González, Farías y sus empresas, obtuvieran contratos de CITGO, PDVSA e, incluso, con el grupo de Proyectos Especiales de CITGO.

   Para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza, José Luis De Jongh ordenó e hizo que González, Farías y otros enviaran los pagos a cuentas a nombre de sus familiares y asociados, así como a cuentas en el extranjero, entre ellas cuentas a nombre de Shell Company A y Shell Company C. Para ello, el acusado y sus co-conspiradores crearon facturas falsas que justificaran estos pagos. Se especifica que al menos en una ocasión, De Jongh dirigió un pago a la Compañía de título A por una inversión inmobiliaria.

  Como parte del plan, el acusado blanqueó el producto del soborno haciendo que los fondos se enviaran de cuentas bancarias a nombre de una empresa fantasma a otra. Se explica que la Compañía Shell A envió los fondos a la Compañía Shell B, y luego a cuentas a nombre de sus asociados.

  Es el caso de que el acusado hizo que el producto del soborno se transfiriera a través de una serie de cuentas bancarias, incluida la Cuenta de Panamá 1, a nombre de la Compañía Shell A, a la Cuenta de Panamá 2, a nombre de la Compañía Shell B; de la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4 y de la Cuenta de Texas 4 a la Cuenta de Texas 1. Después de ser transferidos a través de dos cuentas panameñas y dos cuentas de Texas, estos sobornos se utilizaron finalmente para comprar bienes raíces residenciales a nombre de José Luis De John en el Distrito Sur de Texas.

  El acusado también lavó el producto del soborno enviado los fondos a la Cuenta Suiza de manera similar. Entre 2014 y 2019, De Jongh ordenó que se enviaran transferencias desde la cuenta suiza a la cuenta 1 de Texas, la cuenta 2 de Texas y la cuenta 3 de Texas, ninguna de las cuales estaba a su nombre. Las ganancias del soborno se utilizaron para comprar bienes raíces, se invirtieron o se lavaron a través de cuentas adicionales, como la Cuenta de Texas 2, antes de ser transferidas nuevamente a cuentas a nombre de José Luis De Jongh.

Compra de propiedad

  La acusación ilustra la compra de inmuebles con el producto de los sobornos.

 Se narra que el 22 de mayo de 2014, José Manuel González y Tulio Aníbal Farías hicieron que la Compañía B transfiriera USD 119.982,50 a la Cuenta 3 de Texas.

  En la misma fecha, José Luis De Jongh emitió un cheque de caja a nombre de la Compañía de título A, por USD 120.000 que se giró a la Cuenta de Texas 3 con el objetivo de comprar seis unidades de propiedad comercial en 440 Cobia Drive en Katy, Texas.

  Posteriormente, el 28 de julio de 2014, González Testino ordenó transferir USD 1.4 millones de una cuenta suiza bajo su control a una cuenta bajo su control en los Estados Unidos.

   Un día después, el 29 de julio de 2014, González Testino ordenó que de la cuenta en estados Unidos se transfirieran USD 1.386.964,40 a la Compañía de título A para completar la compra de los referidos inmuebles.

  En adelante, González Testino, Farías y el Empleado A hicieron que los pagos de sobornos destinados al acusado, se enviaran a la Cuenta 1 de Panamá.

Esta operación se llevó a cabo como lo ilustra el siguiente gráfico:

Entre el 7 y el 11 de mayo de 2015, José Luis De Jongh ordenó transferir USD 950.000 de la Cuenta de Panamá 1 a la Cuenta de Panamá 2.


Luego, el 1 de julio de 2015 ordenó transferir USD 949.500 desde la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4.


El 2 de julio de 2015 el acusado transfirió casi todos los fondos restantes, a saber, USD 4.890, de la Cuenta 1 de Panamá a la Cuenta 2 de Panamá. Ese mismo día, ordenó transferir USD 5.241 de la Cuenta de Panamá 2 a la Cuenta de Texas 4.

  Posteriormente, el 27 de diciembre de 2016, De Johgh ordenó transferir USD 903.000 de la Cuenta de Texas 4 a la Cuenta de Texas 1. El mismo día hizo que se girara un cheque de caja a la Compañía de título A por USD 899.625,13 a la Cuenta 1 de Texas para comprar una propiedad residencial.

La cuenta suiza y las transferencias

  Seguidamente, la acusación refiere que posteriormente José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías ordenaron que los sobornos para el acusado se enviaran a la Cuenta Suiza.

Esto ocurrió así:


.        El 10 de diciembre de 2014, De Jongh hizo que se transfirieran USD 130.083,28 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 3 de Texas.

    El 15 de mayo de 2015 hizo que se transfirieran USD 563.088,19 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 1 de Texas.

     El 24 de febrero de 2017, el acusado le envió a González Testino un correo electrónico con el asunto, traducido al inglés, “para factura (ADJUNTO EN EXCEL PARA QUE LA FACTURA SE PUEDA EDITAR)” y adjuntó un archivo de Excel que contenía una plantilla en blanco para una factura de Shell Company C e indicaba al destinatario de la factura que pagara la cuenta suiza.

   Después, el 27 de mayo de 2017, González Testino envió un correo electrónico a dos de sus socios comerciales ordenando transferir USD 200.000 a la Cuenta Suiza.

  El 13 de junio de 2017, una empresa bajo el control de González Testino transfirió USD 200.000 a la Cuenta Suiza.

  El 21 de junio de 2019, De Jongh hizo que se transfirieran USD 280.051,40 de la Cuenta Suiza a la Cuenta 2 de Texas.

  El 28 de junio de 2019 el acusado hizo que se transfirieran USD 280.000 de la Cuenta de Texas 2 a la Cuenta de Texas 1. El mismo día, hizo transferir USD 250.029 de la Cuenta 1 de Texas a una cuenta a su propio nombre en el Distrito Sur de Texas.

   El 5 de julio de 2019, el acusado hizo que se transfirieran USD 30.029 de la Cuenta 1 de Texas a la misma cuenta a su propio nombre.

Viajes y entretenimiento

   La acusación narra que, en octubre de 2014, Tulio Aníbal Farias acompañó a José Luis De Jongh a un juego de la Serie Mundial en San Francisco, California, y corrió con los gastos.

   Luego, el 1 de febrero de 2015, Farías acompañó al acusado al Super Bowl XLIX, en Glendale, Arizona, también pagando por todo.

  El 16 de mayo de 2017, González Testino le dio al acusado entradas para el concierto de U2 el 11 de junio de 2017 en Miami, Florida.

Los cargos

  Seis son los cargos que enfrenta José Luis De Jongh-Atencio, a saber, un cargo por Conspiración para lavar dinero, cinco cargos por Lavado de dinero.

   El sexto cargo, también es por Lavado de dinero, al estimar que el acusado ayudó, instigó y provocó que otras personas participaran en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal en propiedad derivada por un valor superior a USD 10.000, derivados de un soborno de un funcionario extranjero. 

jueves, 19 de noviembre de 2020

Extraditan de Italia a narcotraficante del Cártel de Sinaloa

  Este caso se convierte en una de las operación de extradición exitosas más reciente de un miembro del cártel que estuvo bajo investigación por muchos años.


    Las autoridades de Estados Unidos informaron que Ramón Santoyo-Cristóbal, alias "Dr. Wagner", ex oficial de la Policía Federal de México y presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa, fue extraditado desde Italia.



  El 19 de agosto de 2016, un gran jurado federal, reunido en el Distrito Sur de California, emitió una acusación formal contra Santoyo-Cristóbal por haber presuntamente participado en una conspiración mundial de larga duración para traficar cantidades sustanciales de metanfetamina, cocaína y heroína de México a los Estados Unidos, además de lavar millones de dólares en ingresos provenientes de la droga.

  Fugitivo durante casi tres años, Santoyo-Cristóbal, fue detenido por las autoridades italianas en agosto de 2019 mientras visitaba Roma. 

  Santoyo-Cristóbal impugnó la extradición en los tribunales italianos, pero en julio de 2020, la Corte Suprema de Casación rechazó sus argumentos y al mes siguiente el Ministerio de Justicia autorizó su extradición a Estados Unidos. 

  El acusado llegó a San Diego el 18 de noviembre de 2020 e hizo su aparición inicial hoy ante el juez Andrew Schopler esta semana. La próxima audiencia será el 24 de noviembre de 2020.

 “Este fallo de extradición de los tribunales italianos demuestra que quienes violen las leyes estadounidenses y busquen evadir la justicia no encontrarán ningún lugar donde esconderse”, dijo el fiscal federal Robert Brewer. 

 “El Departamento de Justicia agradeció la cooperación de las autoridades italianas en el proceso de extradición.

"La DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán utilizando todos los recursos disponibles para llevar a los narcotraficantes ante la justicia", dijo el agente especial a cargo de la DEA, John W. Callery. 

“Esta extradición debe servir como una advertencia a otros miembros del Cártel de Sinaloa: lo encontraremos sin importar en qué parte del mundo intente esconderse y lo llevaremos de regreso a Estados Unidos para su enjuiciamiento”.

  La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California y la Administración de Control de Drogas lideraron el esfuerzo de extradición de los Estados Unidos. 

  El Departamento de Justicia agradeció al Ministerio de Justicia italiano y a las autoridades fiscales y policiales por hacer posible la extradición. 

   La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó una asistencia importante para lograr la extradición del acusado de Italia. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. Ayudó a traer al acusado de regreso a los Estados Unidos.

    Este caso es parte de una investigación de cinco años liderada por el Distrito Sur de California, que, en total, ha resultado en cargos contra más de 125 personas y ha tenido un impacto significativo en las operaciones mundiales del Cártel de Sinaloa. 

  Esta investigación también ha ofrecido una de las perspectivas más completas hasta la fecha del funcionamiento interno de uno de los cárteles de la droga más prolíficos, violentos y poderosos del mundo. 

  Los miembros del cártel y los asociados fueron el objetivo de esta investigación masiva que involucró a varios países, numerosas agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, varios distritos federales y más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por la corte solo en este distrito.

  Este enjuiciamiento también es parte de la Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Tarea de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF), que prevé el establecimiento de equipos de fuerza de tarea de múltiples agencias permanentes que trabajan codo con codo en el mismo lugar. 

   Este modelo de ubicación conjunta permite que agentes de diferentes agencias colaboren en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes.



Tribunal de EE. UU. confirma orden de expulsión contra el hombre de Tennessee que sirvió como guardia del campo de concentración nazi durante la II Guerra Mundial

Venezuela Política

  La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) desestimó la apelación del residente de Tennessee, Friedrich Karl Berger, un ciudadano alemán a quien se ordenó la expulsión de los Estados Unidos a principios de 2020 sobre la base de su servicio en la Alemania nazi en 1945, como guardia armado de concentración. prisioneros de campo en el sistema de campos de concentración de Neuengamme (Neuengamme).

  "El servicio voluntario de Berger como guardia armado en un campo de concentración nazi no puede borrarse y no será ignorado", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino  de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt

  “En vísperas del 75 aniversario del inicio de los juicios de Nuremberg de los líderes sobrevivientes del régimen nazi derrotado, este caso muestra que el paso del tiempo no disuadirá al departamento de cumplir con el imperativo moral de buscar justicia para las víctimas de sus atroces crímenes".

“Berger fue un participante activo en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Intentó deshacerse de su pasado nefasto para venir a Estados Unidos y comenzar de nuevo, pero gracias a la dedicación de los del Departamento de Justicia y Investigaciones de Seguridad Nacional, se reveló la verdad ”, dijo el subdirector adjunto de Inmigración de Estados Unidos, y la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Control de Aduanas (ICE), que supervisa el Centro de Crímenes de Guerra y Violadores de Derechos Humanos, Louis A. Rodi III 

"No se permitirá que los criminales de guerra y los violadores de los derechos humanos eludan la justicia y encuentren refugio aquí", acota Rodi III.

  La BIA confirmó una decisión del juez de inmigración de Memphis, Tennessee, el 28 de febrero de 2020, de que Berger era removible bajo la Enmienda Holtzman de 1978 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad porque su "servicio voluntario como guardia armado de prisioneros en un campo de concentración place ”constituyó una ayuda en la persecución patrocinada por los nazis. 

  El tribunal determinó que Berger sirvió en un subcampo de Neuengamme cerca de Meppen, Alemania, y que entre los prisioneros había "judíos, polacos, rusos, daneses, holandeses, letones, franceses, italianos y opositores políticos" de los nazis. Los grupos más numerosos de prisioneros eran civiles rusos, holandeses y polacos.

   Después de un juicio de dos días en febrero, el juez presidente emitió un dictamen en el que concluyó que los prisioneros de Meppen fueron retenidos durante el invierno de 1945 en condiciones "atroces" y explotados para trabajos forzados al aire libre, trabajando "hasta el punto de agotamiento y muerte".

  El tribunal determinó además, y Berger admitió, que protegía a los prisioneros para evitar que escaparan durante su jornada laboral desde el amanecer hasta el anochecer, y de camino a los lugares de trabajo y también de regreso al subcampo dirigido por las SS por la noche.

  A finales de marzo de 1945, a medida que avanzaban las fuerzas aliadas británicas y canadienses, los nazis abandonaron Meppen. 

  El tribunal determinó que Berger ayudó a proteger a los prisioneros durante su evacuación forzosa al campo principal de Neuengamme, un viaje de casi dos semanas en condiciones inhumanas, que se cobró la vida de unos 70 prisioneros. 

  La decisión de las autoridades también citó la admisión de Berger de que nunca solicitó un traslado del servicio de guardia del campo de concentración y que sigue recibiendo una pensión de Alemania basada en su empleo en Alemania, "incluido su servicio en tiempos de guerra".

  En 1946, las autoridades de ocupación británicas en Alemania acusaron al SS Obersturmführer Hans Griem, que había encabezado los subcampos de Meppen, y a otro personal de Meppen de crímenes de guerra por "malos tratos y asesinato de ciudadanos aliados". Aunque Griem escapó antes del juicio, el tribunal británico juzgó y condenó a los restantes acusados ​​de crímenes de guerra en 1947.

  El juicio y la apelación del caso de deportación fueron manejados por Eli Rosenbaum, Director de Cumplimiento y Política de Derechos Humanos en la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales (HRSP) de la División Criminal, la Abogada Litigante Senior de HRSP Susan Masling, y abogados de ICE Nueva Orleans, Oficina del Asesor Jurídico Principal (Memphis), con la ayuda del Historiador Jefe de HRSP, Jeffrey S. Richter, y del Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. La investigación fue iniciada por el HRSP y se llevó a cabo en asociación con la oficina de Nashville ICE HSI.

  Desde el inicio en 1979 del programa del Departamento de Justicia para detectar, investigar y expulsar a los perseguidores nazis, ha ganado casos contra 109 personas. 

   Durante los últimos 30 años, el Departamento de Justicia ha ganado más casos contra personas que participaron en la persecución nazi que las autoridades policiales de todos los demás países del mundo juntas. 

  El caso de HRSP contra Berger fue parte de sus esfuerzos en curso para identificar, investigar y enjuiciar a personas que participaron en genocidio, tortura, crímenes de guerra, reclutamiento o uso de niños soldados, mutilación genital femenina y otras violaciones graves de derechos humanos.

   Los abogados de HRSP procesaron el primer caso de tortura iniciado en los Estados Unidos y han procesado con éxito casos penales contra los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala, Etiopía, Liberia, Cuba y la ex Yugoslavia, entre otros.



Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.


Ex Boina Verde del Ejército estadounidense se declara culpable de conspiración de espionaje ruso

Venezuela Política

   Un ex Boina Verde del Ejército se declaró hoy culpable de conspirar con agentes de inteligencia rusos para proporcionarles información de defensa nacional de Estados Unidos.

   Según documentos judiciales, desde diciembre de 1996 hasta enero de 2011, Peter Rafael Dzibinski Debbins, de 45 años, de Gainesville, ex miembro del ejército de los Estados Unidos, conspiró con agentes de un servicio de inteligencia ruso. Durante ese tiempo, Debbins visitó Rusia periódicamente y se reunió con agentes de inteligencia rusos. 

   En 1997, los agentes de inteligencia rusos asignaron un nombre en clave a Debbins y firmó una declaración en la que atestiguaba que quería servir a Rusia.

“Nuestro país le confió a Debbins la responsabilidad y la capacitación para protegerlo de sus adversarios”, dijo G. Zachary Terwilliger, Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia. 

Terwilliger acotó que “Debbins traicionó esa confianza y traicionó a sus compañeros miembros del servicio al conspirar para proporcionar información de defensa nacional a los agentes de inteligencia rusos". 

De 1998 a 2005, Debbins sirvió en servicio activo como oficial en el Ejército de los Estados Unidos, sirviendo en unidades químicas antes de ser seleccionado para las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Los agentes de inteligencia rusos lo alentaron a unirse y seguir una carrera en las Fuerzas Especiales, lo que hizo, donde sirvió en el rango de Capitán.

"Debbins reconoció hoy que violó la mayor confianza de este país al pasar información confidencial de seguridad nacional a los rusos", dijo John C. Demers, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional. 

“Debbins traicionó su juramento, su país y los miembros de su equipo de Fuerzas Especiales con la intención de dañar a Estados Unidos y ayudar a Rusia. La declaración de culpabilidad de Debbins representa otro éxito en el esfuerzo continuo del Departamento para contrarrestar la amenaza a la seguridad nacional que representan los adversarios de nuestra nación, incluida Rusia".

En el transcurso de la conspiración, Debbins proporcionó a los agentes de inteligencia rusos información que obtuvo como miembro del Ejército de los Estados Unidos, incluida información sobre sus unidades químicas y de las Fuerzas Especiales. 

En 2008, después de dejar el servicio activo, Debbins reveló a los agentes de inteligencia rusos información clasificada sobre sus actividades anteriores mientras estaba desplegado con las Fuerzas Especiales. 

Debbins también proporcionó a los agentes de inteligencia rusos los nombres y la información sobre varios de sus antiguos miembros del equipo de las Fuerzas Especiales para que los agentes pudieran evaluar si debían acercarse a los miembros del equipo para ver si cooperarían con el servicio de inteligencia ruso.

"Debbins traicionó a esta nación y a sus compañeros militares, poniendo en riesgo a los estadounidenses y nuestra seguridad nacional al proporcionar información de defensa nacional al Servicio de Inteligencia de Rusia", dijo Steven M. D'Antuono, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Washington. 

“A pesar de que se le confió la protección de sus colegas y la seguridad nacional de los Estados Unidos, eligió abusar de esta confianza proporcionando información clasificada a sabiendas a uno de nuestros adversarios más agresivos. La petición de hoy es un ejemplo de la celosa búsqueda de justicia que el FBI y nuestros socios defienden y trabajan incansablemente para lograr todos los días".


"El presidente Kennedy llamó a los Boinas Verdes 'un símbolo de excelencia, una insignia de coraje, una marca de distinción'. Las acciones del Sr. Debbins fueron un símbolo de traición, una insignia de cobardía y una marca de traición", dijo Alan E Kohler, Jr., subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI. “Prometió su lealtad a Rusia y, al hacerlo, vendió a su país ya sus compañeros Boinas Verdes. Este caso debería servir como recordatorio de que el FBI y sus socios de investigación no se detendrán ante nada para responsabilizar a una persona por sus acciones ".


Debbins está programado para ser sentenciado el 26 de febrero de 2021. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores legales.


Los fiscales federales adjuntos Thomas W. Traxler y James L. Trump, y el abogado litigante David Aaron de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional están procesando el caso.


El Fiscal Federal Terwilliger y el Fiscal General Adjunto Demers agradecen enormemente la ayuda de la Contrainteligencia del Ejército, la Oficina de Campo de Minneapolis del FBI, el Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido y el MI5.

VENEZUELA EN EL LIMBO: LA CONSULTA POPULAR VS. LAS ELECCIONES PARLAMENTA...

Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)

  El abogado sería el artífice de los esquemas a través de los cuales el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro ha llevado a cabo sus desfalcos.

Por Maibort Petit
 
   Al analizar muchas de las denuncias de casos corrupción formuladas en Venezuela, el nombre de Amir Nassar Tayupe se convierte en un elemento conector entre los agentes vinculados a las tramas. Se trata de un abogado que figura como asesor legal del grupo Fondo Global de la Construcción, una empresa propiedad del colombiano Álex Naim Saab Morán, detenido en Cabo Verde por una orden de arresto en su contra emitida por un tribunal de los Estados Unidos que lo reclama para procesarlo por orquestar una red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen beneficiarse de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. La fiscalía estadounidense lo acusa de lavado de dinero, violando con esta acción la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)[1].
   Nassar Tayupe se erige como una figura tras bastidores que ha sido vital en la estructuración de la supuesta red de corrupción encabezada por Saab, la cual se vale de un entramado de empresas y de relaciones que le han permitido llevar a una serie de negociaciones —señaladas como irregulares— con varios gobernantes de Venezuela.

    Uno de los casos más sonados y que mayores repercusiones ha tenido su divulgación fue el relacionado con el tráfico ilegal de oro y alimentos mediante el programa gubernamental de provisión de alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por cuya denuncia, los periodistas del portal Armandoinfo.com, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk, Roberto Denis y Alfredo Meza, debieron huir a Colombia en razón del acoso de que fueron objeto por parte de las autoridades judiciales. La arremetida del Poder Judicial venezolano buscaba silenciar a quien habían revelado el modus operandi de un empresario a quien la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, señaló de ser testaferro de Nicolás Maduro. Detrás de estas acciones en contra de los periodistas estaba Nassar Tayupe, como abogado privado en Venezuela de Álex Saab, quien demandó por difamación e injuria a los comunicadores en septiembre de 2017. Dar a conocer la corrupción imperante en el programa de alimentación les valió el destierro a los comunicadores.

   Respecto a las negociaciones irregulares con el oro, ya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 19 de marzo de 2019, había impuesto sanciones contra la CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A. (Minerven), firma está encargada de la comercialización del oro que ha llevado a cabo estas actividades sin el aval de la asamblea Nacional, tal como lo exige la Constitución Nacional. Los recursos obtenidos por esta vía irregular le han permitido al régimen de Nicolás Maduro apuntalarse. La acción de la administración estadunidense también alcanzó a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata[2]. Los periodistas de Armandoinfo.com también denunciaron estas actividades ilegales en el sector minero. Las pesquisas periodísticas los llevaron a determinar que a Perdomo Mata estaban ligados Álex Saab y Amir Nassar Tayupe.

  Según investigaciones periodísticas, autoridades de Estados Unidos habrían revocado la visa de Amir Nassar Tayupe cuando agencias federales detectaron sospechosas operaciones financieras en sus cuentas, así como gestiones a favor y en nombre de Alex Saab. Dado que la esposa e hija del abogado residen en EE. UU., la revocatoria de la visa significaría un duro golpe para él[3].

   Amir Nassar Tayupe igualmente es el asesor legal del Fondo Global de la Construcción, una empresa propiedad de Alex Nain Saab Morán que, durante los gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, y Juan Manuel Santos, en Colombia, siendo cancilleres Nicolás Maduro y Mariángela Holguín, sirvió para ejecutar las obras que los mandatarios acordaron a través de la firma de un convenio para la construcción de viviendas[4].

   Haber escalado a esta posición dentro de la administración pública venezolana, les habría servido a Álex Saab y a Amir Nassar Tayupe para tejer la red de relaciones que les permitieron negociar y suscribir contratos con varios gobernadores venezolanos.

Sobre el Fondo Global de Construcción

   El portal Poderopedia informa que la empresa Fondo Global de la Construcción fue registrada en Caracas el 2 de marzo de 2012, cuyo objeto es  la compra, venta, importación, exportación, distribución, instalación, almacenaje y suministro de insumos y equipos para la construcción de edificaciones, de acuerdo con su objeto social expuesto en el Registro Nacional de Contratistas.

  Refiere que la compañía es propiedad de la empresa española FGDC LATAM 2012, que a su vez es propiedad de FGDC Malta Holdings Limited, con sede en Malta.

  Poderopedia cita las declaraciones de Luis Sánchez Yánez, vicepresidente de Finanzas de Fondo Global de Construcción de Venezuela, cuando informó que la red de empresas constituyen un fondo de inversión basado en Bahamas de nombre Universal Venture Capital. Igualmente posee otras compañías en Colombia, donde funciona la casa matriz, y en Ecuador.

  Esta empresa ejecutó en Venezuela varios proyectos, entre ellos el Centro Comercial Comunitario Catia La Mar, la Cancha El Valle, el Hotel Aeropuerto de Maiquetía, el complejo habitacional Ciudad Caribia y el estadio Carlos “Café” Martínez, en Vargas.

  En alianza con el Ministerio de Vivienda y Hábitat colaboró con la Gran Misión Vivienda Venezuela en la instalación de casas prefabricadas, proyectó por el que recibió del gobierno USD 159 millones, pero solamente entregó el equivalente a USD 3 millones.

  Las referidas casas prefabricadas fueron importadas por dos empresas aliadas al Fondo Global para la Construcción, a saber, ELM Import y Thermo Group, las cuales recibieron fondos de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). En 2013, la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación contra Fondo Global de Construcción de Ecuador e imputó a sus accionistas por presunto lavado de activos[5].

¿Quién es Amir Nassar Tayupe?

  En su portal en internet, Amir Nassar Tayupe refiere que nació el 16 de septiembre de 1971[6], en la población de El Tigre, estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela y que es hijo de Irma Sofía Tayupe de Nassar, natural del estado Guárico y de Fuad Yousef Nassar Ladcani, de Siria.

   Informa que es abogado, egresado de la Universidad Santa María en el año 1993, con una maestría en Derecho Procesal Civil, un curso en la Universidad de Preston en la especialidad de Derecho Procesal Civil Comparado y una maestría en Derecho Petrolero en el IESA

   En 1993 se integró a la firma de Morris Sierralta y Mario Villarroel Lander y en 2010 fundó el despacho “Nasara Abogado Consultores” donde actualmente trabaja en casos en materia penal, civil y mercantil.

  Es propietario, junto a Eduardo Valenzuela Flores, del Instituto Procesal de Derecho Civil donde desarrolla eventos en materia de derecho penal, civil mercantil, administrativo, laboral[7].

  Pero el bufete y el instituto no serían los únicos negocios en los que Nassar Tayupe se desempeña, pues los periodistas de los portales Armandoinfo y Antilavado de dinero llevaron a cabo una investigación que permitió un grupo de diputados de la Asamblea Nacional viajaron por Europa con el objeto de limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas y determinaron que los pasajes de los parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinentes Agencia de Viajes. Esta agencia de viajes es propiedad de Iván Caballero Ferreira, quien comparte directiva en una sociedad panameña denominada Aleaciones Metálicas del Pacífico que en la actualidad está disuelta, con Amir Nassar Tayupe[8].  

  Igualmente, Nassar Tayupe supuestamente formaría parte de empresas fantasmas que Álex Saab ha registrado en Ecuador.

CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. htts://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741      

 

[2] U. S. Department of Treasury. “Treasury Sanctions Venezuela’s State Gold Mining Company and its President for Propping Up Illegitimate Maduro Regime”. 19 de marzo de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631

[3] El Publique. “Amir Nassar Tayupe, el abogado venezolano que perdió su visa estadounidense por sus vínculos con el empresario sancionado Alex Saab”. 31 de mayo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/05/amir-nassar-tayupe-el-abogado.html

[4] YouTube. “Firma de Acuerdos entre Presidentes de Colombia y Venezuela”. 28 de noviembre de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=orcFrGQn88k  

 

[5] Poderopedia. Fondo Global de Construcción. https://poderopediave.org/empresa/fondo-global-de-construccion/

[6] Dateas. Nassar Tayupe Amir. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/nassar-tayupe-amir-39881

[7] Amir Nassar Tayupe. https://www.amirnassar.com/biografia/

[8] Antilavado de dinero. “Diputados del régimen chavista que viajaron en defensa de Alex Saab”. 17 de junio de 2020. https://www.antilavadodedinero.com/diputados-del-regimen-chavista-que-viajaron-en-defensa-de-alex-saab/

  

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Un juez federala aceptó retirar los cargos criminales contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda

  Estados Unidos había acusado al militar de alto rango de aceptar sobornos del cártel H-2. El fiscal general estadounidense, Williams Barr dijo que México ahora investigará el caso.

 Por Maibort Petit

  Un juez federal aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de retirar los cargos penales contra el exsecretario de Defensa de México, el general, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien había sido acusado de ayudar a uno de los carteles de la droga de México a "operar con impunidad" mientras utilizaba al ejército mexicano para dañar a sus rivales. 

  Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, fue detenido por  las autoridades estadounidenses en octubre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

   En un comunicado conjunto, dado a conocer el martes,  el fiscal general de EE. UU., William Barr y la Fiscalía General de México, Alejandro Gertz Manero informaron la decisión que permitiría retirar los cargos federales contra el general Cienfuegos y enviarlo a su país para que las autoridades respectivas sigan la investigación.

  Al conceder la moción del Departamento de Justicia para desestimar  los cargos, la jueza Carol Bagley sostuvo lo siguiente:"Si bien el viejo adagio, un pájaro en la mano viene a la mente ... no tengo ninguna razón para dudar del Gobierno".

  Cienfuegos Zepeda será llevado por alguaciles estadounidenses de regreso a México. En ese momento, el gobierno mexicano se ha comprometido a investigar pero no ha prometido acusarlo.

   El el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos se asegura que el gobierno estadounidense ha proporcionado a México las pruebas de este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas.

  Los fiscales federales en Brooklyn, Nueva York, habían acusado a Cienfuegos, de 72 años, de aceptar sobornos del cártel H-2, con sede en Nayarit y Sinaloa, México, a cambio de sus servicios mientras era secretario de Defensa. Se enfrentaba a cadena perpetua si era declarado culpable de todos los cargos.

  En documentos judiciales del caso de Cienfuegos Zepeda, los fiscales del Distrito Este de Nueva York describieron que el cártel H-2 había distribuido miles de libras de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana.

 "En México", decía una presentación de octubre, "el cártel H-2 traficaba con cientos de armas de fuego letales y cometía innumerables actos de violencia espantosa, incluida la tortura y el asesinato, para protegerse de los desafíos de las organizaciones rivales de tráfico de drogas, lucha por el territorio y silenciar a aquellos que cooperarían con las fuerzas del orden ".


Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   La expectativa continúa, toda vez que la Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares.

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

He aquí los principales protagonistas:  

Los cabecillas

  Abraham José Shiera Bastidas, empresario de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

Luis Carlos De León-Pérez

  Dentro de la estructura que Roberto Rincón y Abraham Shiera usaba para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de que éstos aprobaran millonarios contratos de la estatal en favor de las empresas de los primeros, se encontraba Luis Carlos De León-Pérez, un ciudadano venezolano-estadounidense que admitió su participación en la trama de corrupción el 16 de julio de 2018.

   De León-Pérez impulsó el plan internacional de lavado de dinero destinado a legitimar los sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar las adjudicaciones. 

   Ante un tribunal federal de Houston, De León-Pérez aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal emitiera una acusación de 20 cargos contra él y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. Todos estos últimos, entre 2011 y 2013, cuando eran funcionarios de PDVSA, conspiraron para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos y comisiones ilícitas a cambio de brindar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de PDVSA.

   Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA. También admitió que, luego de esto, conspiró con Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias electrónicas a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores[3].

Juan Carlos Castillo Rincón

  El ex gerente de una empresa de transporte de carga y logística con sede en EE. UU., Juan Carlos Castillo León, se declaró el 13 de septiembre de 2018, de un cargo de soborno extranjero, al haber formado parte de un plan para asegurar de manera corrupta contratos y extensiones de contrato de PDVSA.

   Castillo León admitió ante la jueza del Distrito Sur de Texas en Houston, Nancy K. Johnson, formar parte de conspirar para violar las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Fue arrestado en Miami el 19 de abril de 2018, luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de cinco cargos en su contra.

   Según admitió, desde 2011 hasta 2013, Castillo León conspiró con otros para sobornar a un funcionario de PDVSA a cambio de que este brindara asistencia en relación con los negocios de la empresa con la petrolera venezolana. 

  Su intervención sirvió para que la empresa obtuviera contratos millonarios, extensiones de contrato, así como términos de contrato favorables. También proporcionó información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA y apoyó a la empresa en reuniones internas de la estatal sobre decisiones de compra[4].

José Orlando Camacho

   Otro funcionario de PDVSA que recibió sobornos, fue José Orlando Camacho, quien se declaró culpable en julio de 2017 en secreto ante el juez Miller, según develó el juez Johnson. Las coimas percibidas por Camacho provenían de Castillo Rincón

   Camacho se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió que mientras era empleado de PDVSA, aceptó sobornos de Castillo y la empresa de logística y transporte de carga de la que este era gerente a cambio de tomar ciertas acciones para ayudar a la empresa. Accedió perder el producto de su actividad criminal[5].

Juan José Hernández Comerma

   El exgerente general y propietario parcial de una empresa de energía con sede en Florida, Juan José Hernández Comerma, formó parte del esquema corrupto de Rincón y Shiera en el cual se favorecía con contratos de PDVSA a las empresas de estos último a cambio de sobornos. Se declaró culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El 8 de enero de 2020 fue sentenciado a pagar 48 meses de prisión por el juez Miller. También se le impuso el mandato de cuatro años y se le ordenó pagar una multa de USD 127.000 y perder USD 3 millones.

   Hernández Comerma conspiró entre 2008 y 2012 con Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, de modo de asegurar los empresarios antes señalados y sus compañías obtuvieran jugosos contratos de PDVSA. 

  La propiedad de la firma en Florida la compartió con Sheira y ofreció sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana. Entre los favorecidos estuvo Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz[6].

Charles Quintard Beech III

   En la misma fecha que Hernández Cormena —10 de enero de 2017— también Charles Quintard Beech III, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Charles Quintard Beech III pagó sobornos a varios funcionarios de PDVSA, incluido Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, a cambio de su asistencia para que las empresas del primero entraran en los paneles de licitación y lograr la adjudicación de contratos de la petrolera. Beech también admitió que estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA, para participar en transacciones financieras para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos del soborno[7].

Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz

  En la trama de corrupción encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, ex oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en relación con una declaración de impuestos, por lo que fue sentenciado el 19 de febrero de 2020, a 70 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, también ordenó a Gravina que pagara una restitución al IRS por un monto de USD 214.849,21.

   Gravina Muñoz igualmente fue acusado formalmente el 15 de noviembre de 2018 por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, del cual se declaró culpable el 10 de diciembre de 2018. Había ocultado en las entrevistas hechos sobre el pago de sobornos a funcionarios de Citgo Petroleum Corporation.

   Gravina aceptó sobornos por más de USD 590.000 entre 2007 y 2014 de los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández mientras trabajaba como gerente de compras en PDVSA, asegurándole desde esa posición ganar lucrativos contratos a los susodichos. Para ocultar los pagos corruptos, los empresarios transfirieron fondos desde cuentas que controlaban fuera de los Estados Unidos a cuentas a nombre de asociados y familiares de Gravina. Luego de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes de HSI para brindar información sobre la corrupción en PDVSA[8].

Fernando Ardila Rueda

    El propietario parcial de varias empresas de energía en el estado de la Florida, Fernando Ardila Rueda, se declaró culpable el 11 de octubre de 2017, de cargos de soborno en el extranjero por su papel en un plan para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. de manera corrupta.

   Rueda (Ardila), 49, de Miami, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó la declaración de culpabilidad. La sentencia está programada para el 8 de febrero de 2018.

   Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas (Shiera) y Roberto Enrique Rincón Fernández (Rincón) para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA. 

      Los sobornos de estas operaciones irregulares se pagaron para asegurar que las empresas de Shiera y Rincón se colocaran en los paneles de licitación de PDVSA y para obtener o mantener negocios con PDVSA. Desde 2008 hasta 2014, mientras fue director de ventas, gerente y propietario parcial de varias de las empresas de Shiera, Ardila brindó entretenimiento y ofreció sobornos a los funcionarios de PDVSA en función de un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera.

César David Rincón Godoy

   En la trama corrupta encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación César David Rincón Godoy, quien intervino en el esquema internacional de lavado de dinero con el objetivo de legitimar sobornos pagados para asegurar corruptamente contratos de PDVSA.

  Rincón Godoy, ex-gerente general de la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA, fue arrestado en España en octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, por una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero de 2018 y compareció ante el tribunal el 12 de febrero del mismo año. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales[9].

   Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso.

    César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de empresas de energía con sede en Estados Unidos a cambio de su asistencia para ayudarlos a ganar contratos con PDVSA. Admitió haber conspirado con otros para lavar al menos USD 7.033.504,71 en ganancias de los diversos esquemas de soborno en los que participó[10].

José Manuel González Testino

   El propietario de varias empresas en estados Unidos de nacionalidad venezolano-estadounidense, José Manuel González Testino, es igualmente otro presunto integrante de la trama de corrupción dirigida por Rincón y Shiera.

   González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Sobre él pesan cargos de soborno extranjero por conspirar para realizar pagos corruptos a un funcionario de PDVSA. Específicamente se le acusa de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

   Según la denuncia penal, González Testino y un co-conspirador pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un exfuncionario de PDVSA a cambio de que éste tomara medidas para dirigir los contratos de PDVSA a sus empresas y para darles prioridad sobre otras proveedoras para recibir pagos. Asimismo, las empresas de González Testino habrían recibido contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos[11].

   González Testino se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó su declaración el 29 de mayo de 2019. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, cuando con otros sobornó a funcionarios de PDVSA.

   Los sobornos que admitió haber pagado entre 2012 y 2013 estuvieron destinados a Cesar Rincon David Godoy, ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Otros sobornos fueron para Alfonso Eliezer Gravina Muñoz cuando era funcionario en PDVSA Services Inc., otra subsidiaria con sede en Houston. A cambio, Rincón y Gravina proporcionaron a González información privilegiada sobre los procesos de adquisiciones de PDVSA. También algunos sobornos de González Testino fueron para empleados de CITGO[12].

Villalobos, Reiter, Istúriz

   Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron también arrestado en España —junto a César David Rincón Godoy— en octubre de 2017, atendiendo a la acusación formulada en el Distrito Sur de Texas, en las que se les formulaban 20 cargos. Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española pendiente de extradición. Otro acusado fue Alejandro Isturiz Chiesa, quien sigue prófugo.

   De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA[13].

  La acusación formal alega que los cinco acusados, todos funcionarios de PDVSA, eran conocidos como el "equipo de gestión" y tenían una influencia significativa dentro de empresa petrolera. Estos hombres conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, recibir sobornos y comisiones ilegales a cambio de brindarles asistencia en relación con su negocio con la estatal venezolana. Los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

    Roberto Rincón y Abraham Shiera enviaron más de USD 27 millones en sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era beneficiario efectivo y este y Villalobos eran firmantes autorizados. Esos fondos se transfirieron posteriormente a otras cuentas en Suiza[14].

   Informaciones recibidas en Departamento de Justicia de parte de los conspiradores, permitió conocer ampliar los elementos y acusaciones en torno al esquema de corrupción de Rincón y Shiera, estableciéndose que también el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos lavaron dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela[15]

REFENCIAS 

[1] Department of Justice. “Empresario de Miami se declara culpable de cargos de soborno y fraude en el extranjero en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 23 de marzo de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela


 


[2] Department of Justice. “Empresario se declara culpable de soborno extranjero y cargos fiscales en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 16 de junio de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


 


[3] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 16 de julio de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme-0


[4] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


 


[5] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


[6] Department of Justice. “Empresario de Florida sentenciado por participación en plan de soborno en Venezuela”. 8 de enero de 2020. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/florida-businessman-sentenced-role-venezuela-bribery-scheme


[7] Department of Justice. “Dos empresarios se declaran culpables de cargos de soborno en el extranjero en relación con esquemas de soborno en Venezuela”. 10 de enero de 2017. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes


 


[8] Department of Justice. “Hombre de negocios de Texas condenado a 70 meses de prisión por su participación en plan de soborno en Venezuela y obstrucción de la justicia”. 19 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-sentenced-70-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme-and-obstruction


 


[9] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[10] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme


[11] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios arrestado por cargos de soborno extranjero en relación con plan de soborno en Venezuela”. 1 de agosto de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-arrested-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[12] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargos de soborno en el extranjero en relación con el esquema de soborno de Venezuela”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[13] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[14] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[15] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html