lunes, 5 de octubre de 2020

Ley Antibloqueo faculta al jefe de Estado para actuar sin control

Se supeditan el resto de los poderes públicos al gobierno nacional.

Por Maibort Petit

   Lejos está de ser un compendio de retórica antimperialista y, por el contrario, la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos que se propone aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, persigue dotar al presidente de la república de una serie de facultades que le permitirían hacerse de ingresos sin que para ello deba contar con el aval y control del resto de los poderes públicos.


   Este instrumento crea el contexto en el cual el mandatario puede tomar medidas económicas extraordinarias, tales como modificar la propiedad de las empresas mixtas o de las filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Lo peor, es que la ley crea un régimen transitorio en el que todas estas operaciones y negociaciones se podrán realizar en secreto y reserva, es decir, a espaldas del pueblo venezolano.

  Incluso, tal como ya ocurrió cuando se puso la mitad de CITGO como garantía de los bonos 2020, el ejecutivo nacional estará facultado para garantizar las operaciones o negociaciones que lleve a cabo, con aval de los activos de la república.

  La apertura al sector privado nacional o extranjero, le permitiría, por ejemplo, al presidente, entregar a estos el comercio de la gasolina.

  Es de hacer notar, que la ley elimina el control legislativo, siendo la medida de control, la referida al control posterior, la cual estará en manos de la Contraloría General de la república.

  Los primeros quince artículos de la ley contemplan aspectos relativos a las disposiciones generales de la Ley Antibloqueo, las cuales contemplan el objeto, ámbito de aplicación, finalidad, definiciones, los sujetos y bienes jurídicos objeto de protección de la ley, control, responsabilidades, entre otros.

El objeto de la ley

  El objeto de la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos se establece en el primer artículo del instrumento legislativo que indica que la misma dicta el “marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por  otro  Estado  o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”.

  En pocas palabras, se libra al gobierno nacional de todo control legislativo al otorgarle absolutas potestades para decidir materias de fundamental importancia para el país.

 Calificada como Ley Constitucional, una figura que no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 2 su ámbito de aplicación el cual. Abarcará a todas las ramas del Poder Público nacional, estadal y municipal.

Fines de la ley

  El instrumento legislativo estipula en su artículo 3 la finalidad de la ley, indicando en primer término, el garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad.

  Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, en los términos previstos en la Constitución.

  Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por la República.

Sujetos y bienes jurídicos de protección

  Asimismo, el artículo 5 indica que la ley se orienta a proteger los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías; los derechos, intereses y patrimonio de la República; los derechos de terceros, incluidos otros Estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde esta tiene intereses patrimoniales; los principios y valores constitucionales y de Derecho Internacional Público.

Aspectos generales

  La ley se aplicará en conjunto con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional contempladas en las leyes de emergencia económica (artículo 6) y contextualiza la aplicación del artículo 152 de la Constitución que se refiere a las relaciones internacionales de la república, las cuales responden a los principios de soberanía y de los intereses del pueblo. En este sentido, el artículo 7 subraya que será el Poder Ejecutivo Nacional el órgano que “fijará en todo momento su posición inequívoca de repudio y condena a toda medida coercitiva unilateral y cualquier medida restrictiva o punitiva emitida como forma de coerción económica, política o social, que procure afectar los derechos de los pueblos libres y soberanos del mundo y retrasar o frustrar su desarrollo económico y social equitativo, constituyendo un grave atentado contra la paz y estabilidad internacional”.

  Es decir, limita todo pronunciamiento del resto de los poderes públicos, respecto a las sanciones.

  Es más, el artículo 10 supedita al resto de los poderes públicos al ejecutivo al establecer que estos “colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta Ley Constitucional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos los órganos y entes de la Administración Pública deberán cooperar con las comisiones técnicas, debiendo suministrar la información y colaboración institucional que le sea requerida a los fines del cumplimiento de la presente Ley Constitucional”.

   No se contempla el control legislativo y se deposita únicamente en la Contraloría General de la República el control posterior de los actos dictados en aplicación de la ley (artículo 12). Se advierte de la responsabilidad individual derivada de los actos públicos (artículo 13), y se crea la figura del Observatorio Nacional sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas (artículo 14).

 Medidas de equilibrio macroeconómico: Los grandes poderes del Ejecutivo

  Se indica que las medidas en el orden económico nacional derivadas de la ley atenderán a las particularidades del funcionamiento de la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional, así como sus relaciones comerciales, financieras y con inversores extranjeros, bajo la influencia directa e indirecta de las sanciones (artículo 15).

  Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la ley se registrarán separadamente del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.

   Los recursos se orientarán a desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras; financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos; recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad; impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones; recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública (artículo 16).

  El presidente podrá autorizar la desaplicación de normas legales cuando lo considere necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que causen las sanciones a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización (artículo 17).

  Para lo anterior deberá presentarse un informe técnico previamente por parte de los ministerios competentes, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y expondrá, además, cómo las sanciones imposibilitan el accionar administrativo ordinario para el caso específico (artículo 18).

  El artículo 19 advierte que solamente el presidente podrá aplicar la desaplicación de normas en la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones y advierte que nunca podrán desaplicarse normas relativas al ejercicio de derechos humanos.

 Igualmente, se le otorga al poder ejecutivo nacional la potestad de crear e implementar mecanismos financieros a gran escala para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores del país, vulnerados por las sanciones (artículo 20).

  El artículo 21 establece que el poder ejecutivo nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas cuya vigencia estará sujeta a la vigencia de la ley. Esto con el objetivo de atender planes, programas y proyectos sociales.

Sobre el artículo 303 constitucional y la ley antibloqueo

  El artículo 303 de la Constitución establece que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A.”.

  En tal sentido, el artículo 22 de la Ley Antibloqueo establece que para revertir o impedir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las sanciones se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos necesarios para su protección, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución.

  El Poder Ejecutivo Nacional podrá organizar y reorganizar “los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano. La organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la República y sus entes” (artículo 23).

  También el presidente tendrá el poder absoluto para modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución (artículo 24).

  El artículo 25 da potestad para elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos y de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger los intereses de la República, incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos, satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo.

  Para contrarrestar el impacto de las sanciones, el presidente diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios destinados a: 1) satisfacer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la alimentación; 2) generar ingresos, conseguir divisas y la movilizar internacionalmente las mismas; 3) gestionar las entidades objeto de las sanciones; sustituir selectivamente las importaciones (artículo 26).

Búsqueda de inversiones privadas

  En el presidente se deposita también la responsabilidad de autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (artículo 27).

  La ley autoriza el presidente, en el artículo 28, para levantar restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, esto con el objeto de proteger sectores estratégicos.

  El presidente podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las sanciones, de manera de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, incluidos los criptoactivos (artículo 29).

  Entretanto, el artículo 30 le encomienda al presidente crear e implementar programas que permitan y aseguren la inversión por parte de los profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos u organizaciones de trabajadores del sector público y privado, en proyectos o alianzas en sectores estratégicos.

   El artículo 31 abre la puerta para que la República y sus entes puedan acordar con sus socios e inversionistas cláusulas de protección de su inversión para generar confianza y estabilidad.

  Las medidas a que se refiere esta ley requieren de la aprobación previa del Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas. En algunos casos, se deberá consultar también Ministerio de planificación. El procurador deberá revisión y aprobación de los documentos de negocios (artículo 32).

El secretismo de la ley

  El capítulo III de la ley antibloqueo se refiere a las medidas de protección ante las sanciones.

  De este modo, el artículo 33 crea el Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las sanciones, el cual persigue asistir, orientar y proteger, nacional o internacionalmente, a las víctimas de dichas sanciones, sean estas personas naturales o jurídica. D este sistema se encargará la Procuraduría General de la República y contará con los recursos para su funcionamiento, según la provisión que sea aprobada por el Ejecutivo Nacional.

  El artículo 34 crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas en el marco de la protección del Estado contra las sanciones.

  El acceso a los archivos y registros administrativos no deberá afectar la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones, ni el funcionamiento de los servicios públicos ni la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello.

  Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de la ley.

  Esta calificación se hará por acto debidamente motivado, por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las sanciones.

  La documentación confidencial será archivada en cuerpos separados y con mecanismos que aseguren su seguridad.


   El artículo 35 prohíbe el acceso a documentación confidenciales o reservados. No podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma.

  Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de la ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal, hasta 90 días posteriores al cese de sanciones que han propiciado la situación.


 


 


 




 

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