Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)

  En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés señalados de haberse enriquecido irregularmente gracias a los favores del chavismo.

Por Maibort Petit

  De Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub no solamente se ha dicho que se hicieron millonarios gracias a las supuestas relaciones turbias con la dirigencia chavista, sino que también presuntamente han amparado el terrorismo, el narcotráfico y se han dedicado a la estafa.

   De hecho, en estas páginas damos a conocer una denuncia sobre el supuesto timo que los Khalil Majzoub le hicieron a otro empresario venezolano.

Las acusaciones de Chambra

   Los hermanos Khalil fueron acusados de fraude por otro empresario. Antonio Chambra, presidente de la cadena de tiendas Traki CCB Plus C.A., en 2013, a través de una carta los señaló de haberlo estafado.

  En la misiva, Chambra narró que el 13 mayo del 2013 los llamaron Khaled y Majed Khalil Majzoub para ofrecerle en venta un monto determinado de dólares en una estructura paralela al régimen de cambio de divisas preferenciales que tenía establecido el gobierno venezolano. Explicó que en razón de que no tenía acceso a dólares divisas preferenciales por no operar con productos de primera necesidad, “habitualmente hacemos este tipo de operaciones estructuradas para honrar nuestros compromisos con nuestros proveedores internacionales y mantener nuestras tiendas en óptimo abastecimiento para atender los requerimientos del pueblo venezolano, especialmente los de menores recursos. Razones por las cuales nos mostramos muy interesados en la operación ofrecida por el Sr. Carlos Khalil”.

   Refirió que los parámetros de la operación eran los habituales y conocidos en el mundo financiero, por lo que cerraron la compra de USD 10 millones a la tasa de cambio establecida en BsF.21 por dólar. Acordaron el 17 de mayo como la fecha de pago de los bolívares en las cuentas de los Khalil en Banplus y el 24 de mayo como la fecha de pago de los dólares en cuentas de los proveedores de Chambra en China directamente.

  El pago por parte de Khalil Majzoub no se produjo en la fecha prevista y alegaron “una demora puntual en la logística de PDVSA de donde ellos supuestamente recibirían los fondos, y nos pidieron una semana adicional inicialmente. Luego fueron extendiendo las fechas en días, luego semanas, y luego meses. Ante nuestra preocupación por la falta de pago y de la devaluación agresiva que sufría específicamente la tasa de cambio en el mercado paralelo, ellos siempre mantuvieron su compromiso absoluto de honrar nuestra operación alegando que ellos ya habían comprado las divisas, que estaban en su poder y que era cuestión de días estructurar el pago a cuenta de nuestros proveedores”.

  Indica que fue el 23 de octubre de 2013 cuando los Khalil hicieron dos pagos de un millón de dólares cada uno a dos de los proveedores de Chambra y prometieron hacer el resto de las cancelaciones en las semanas siguientes, lo cual nunca ocurrió. En noviembre del mismo año, “Carlos [Khaled] Khalil nos dijo que el no piensa honrar el pago restante de los US$8 Millones, diciéndonos que si queríamos nos pagaba el equivalente de esos Dólares en Bolívares al tipo de cambio insuficiente de Bs.28 cuando el tipo de cambio paralelo al que nosotros honramos nuestras deudas internacionales para esa fecha ya rondaba los Bs.70”.

  Chambra asegura que, incluso, recibió amenazas personales y económicas por parte de los hermanos Khalil que el propietario de Traki manifestó no estar dispuesto a aceptar. “Es por ello que no estamos dispuestos a dejarnos atropellar por alguien que en vez de apelar a su buena fe y a sus vastos recursos económicos (Documentos adjuntos en anexos diversos donde se demuestra su relación directa a más de 54 empresas y sus posiciones económicas y participación en diversos proyectos adjudicados por el estado) para hacer frente a sus obligaciones, decide apelar a las amenazas y a escudarse en su mal uso y abuso de sus supuestas relaciones, amistades e inclusive sociedades económicas con reconocidas figuras de la política nacional, que no harían más que horrorizarse y repudiar el uso vil, mezquino e injuriante de sus nombres y de su imagen personal y posición pública por parte el Sr. Khaled Khalil con la simple finalidad de extorsionar a comerciantes cuyo único error apostar a la prosperidad y al desarrollo económico de Venezuela de buena fe”[1].

Sobre Majed Khalil Majzoub

  Majed Khalil Majzoub nació el 23 de abril de 1970, es portador de la Cédula de Identidad número V-13.526.338 y está registrado en el la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[2].

De acuerdo al portal Poderopedia[3], se trata de empresario de origen libanés que tiene que ver con un conjunto de empresas que, a saber, son Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect Fluidos de Venezuela, Editorial Exito XXI, Serfoca y KK Inversiones, todas registradas en Panamá. En Venezuela mantendría vínculos —según señalan versiones de prensa y surge del cruce de nombres entre las compañías— con Eveba, Sun Channel, Serviseguros y Seguros Universitas. También habría registrado seis firmas en España entre 2012 y 2014.

  Es el hermano menor del también empresario Khaled Khalil Majzoub, dueño de Prospisca, una empresa que es propiedad de la atunera Eveba.

   De los dos hermanos, Majed quien comenzó a amasar su fortuna en 1999, a la par de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, es el que ha tenido más encontronazos con las autoridades, tanto venezolanas como estadounidenses. De hecho, pese a sus relaciones con el chavismo, en febrero de 2010 fue detenido por unos pocos días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en Boleíta, Caracas, un percance del cual logró salir bien librado por una decisión judicial que lo amparó ante la solicitud de la Fiscalía Militar. 

  La detención obedeció a un proceso por incumplimiento de un contrato de USD 5 millones suscrito con la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar para la compra de la plataforma informática de esa instancia como parte del Proyecto Millenium 2001. El contrato se había otorgado el 31 de diciembre de 2002 a su compañía Hardwell Computer Inc., la cual está registrada en Florida.

  Se había iniciado en 2009 una investigación contra Majed y su empresa por orden de la Fiscalía Militar inició el proceso penal en un tribunal militar. En aquel entonces, Hugo Carvajal se desempeñaba como director de la DIM. A pedido del Ministerio de la Defensa se inició también una demanda civil para el cobro de la fianza a la empresa Seguros Altamira, fiadora de Hardwell.

  Poderopedia refiere que del proceso penal no se tiene más información desde noviembre de 2010, cuando se conoció el levantamiento de la medida de presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.

  Aunque ya la información ya no se refleja en El Nuevo Herald, Poderopedia refiere que una nota publicada en ese medio en 2004, bajo la firma del periodista Gerardo Reyes, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la visa de Khaled Khalil Majzoub. La reseña indicó que “Una fuente cercana a la embajada de EEUU en Caracas, que pidió no ser identificada, dijo que el gobierno federal ha tenido bajo la mira los movimientos financieros y las exportaciones a Venezuela de una empresa en la Florida de la que son socios Majed y su hermano Khaled”.

  Agrega que el empresario le aseguró a Reyes que la embajada le informó que la negativa obedecía a razones de Estado. Majed Khalil Majzoub manifestó su malestar y aseguró que sus relaciones comerciales con EE. UU. eran óptimas y mantenía sus cuentas en ese país, pues no tenía nada que ocultar. Precisó que su empresa Hardwell representaba en Venezuela a Raytheon, “la multinacional de Massachusetts especializada en equipos de defensa y que tiene millonarios contratos con el gobierno de EEUU”.

Los negocios de Majed

  El portal Resistencia 58 revela que Pacific Rim Energy (Prenergy), es una empresa que está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) con el RIF J295000430. Su sede es en El Rosal, Caracas, y su capital de 34 millones de bolívares. Como propietario figura Khaled Khalil Majzoub.

  Agrega que Prenergy suscribió contratos para ejecutar obras del sistema eléctrico venezolano, entre las que cita las termoeléctricas Josefa Camejo (Falcón), Alberto Lovera (Anzoátegui) y Ezequiel Zamora (Guárico).

  Refiere la nota que el diputado a la Asamblea Nacional para la época, Juan José Molina, pidió en 2010, una investigación a Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas, así como sus supuestas vinculaciones a Khaled Khalil Majzoub. El parlamentario dijo que las empresas de Khalil Majzoub eran las “preferidas” del sector público siendo recurrentemente favorecidas con contratos de ejecución de proyectos y prestación de servicios, de los cuales muchos estarían avalados por Cabello. El entonces parlamentario agregó que todos los trabajos eléctricos encargados a la compañía del empresario presentaban retrasos superiores a un año. Molina dijo que se sospechaba que el libanés pudiera ser un “testaferro de Cabello”[4].

  Entretanto, Poderopedia refiere que, en estados Unidos, Majed khalil Majzoub tenía registradas las empresas Hardwell Technologies y Orinoco International Trading, las cuales están inactivas desde 2010.

  Hace mención también a los contratos que Pacific Rim Energy recibió para obras de construcción de plantas eléctricas en 2005 para construir, mencionando este portal la Josefa Camejo, en Paraguaná y la de Cabrutica en Anzoátegui. Esto ocurrió cuando Nervis Villalobos fungía como viceministro de Energía Eléctrica. Cinco años después sólo habían concluido una de las obras.

  Todos los contratos los hizo junto a la estadounidense Pro Energy, que es la empresa que en 2009 se alió con Derwick, para comprar equipos chatarra que vendieron como nuevos y con sobreprecio al estado venezolano. También debieron construir plantas eléctricas por un monto superior a los USD 2 mil millones.

   Igualmente, una información del Diario La Verdad refiere que Majed Khalil Majzoub supuestamente cobró una comisión de USD 8 millones a una empresa de Estados Unidos por el contrato de Termozulia IV[5].

  Una empresa relacionada con Majed, Serviseguros, obtuvo 2012 el contrato por el seguro de HCM de los trabajadores de Cadafe.

  En 2007 registró el Grupo Editorial Exxito 21. Luego se convirtió en productor televisivo y dueño de Sun Channel, canal dedicado a la difusión del turismo. En Madrid inscribió en 2012 una empresa con el mismo nombre. También en España, junto a Sun Channel registró seis dedicadas a diferentes actividades.

  En Venezuela además de Hardwell, Grupo Editorial Exxito 21 y Sun Channel, es propietario o directivo de: Petroltect Fluidos de Venezuela, Serfoca y KK Inversiones, inscrita en Panamá.

Sobre Khalil Majzoub Khaled

   El portal Dateas informa que Khalil Majzoub Khaled nació el 26 de agosto de 1965. Es titular de la Cédula de Identidad número V-6.290.182. está registrado en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[6].

   Es licenciado en Farmacia egresado de la Universidad de El Cairo, al tiempo que figura como un importante miembro de la comunidad islámica en Caracas. Dirige las comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

  Asimismo, Poderopedia informa que se trata de un empresario del sector alimentos, energía y tecnológico que está vinculado a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados. Una de estas firmas es Productos Piscícolas Propisca de la cual es dueño del 100 por ciento de las acciones. Al mismo tiempo, Empaque Venezolano de Bacalao (Eveba), es propietaria de la mayoría de la acciones de Propisca, como también lo es de

  A su vez, la mayoría accionaria de esta firma pertenece a que también es de Proeba y de su planta en Chacopata, estado Sucre.

  Khalil Majzoub Khaled es directivo y dueño de Distribuidora Agromar, de Pacific Rim Energy, de Grupo Orbis y de Hardwell Technologies, empresas en la con su hermano menor, Majed Khalil, comparte propiedad.

 Argenta Zona Libre, Sigma International Services, Kimbra International Corporation y otras, son compañías que posee en Panamá, además de relacionársele con Hevensa. En Barbados inscribió a Pacific Rim Energy.

   Se le vincula con el dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, un rumor en el que se insiste desde que se encuentra al frente de Eveba[7].

  Empresas de los Khalil Majzoub se encuentran entre las compañías con sede en Panamá sancionadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2018.

   Se trata de Casa Blanca, S.A. de Khaled Khalil Majzoub, dueño de la totalidad accionaria de Productos Piscícolas, C.A. (Propisca) con sede en Venezuela. La medida de Maduro fue una acción de reciprocidad para con el gobierno panameño, que a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, entre quienes se encontraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello; la ex-presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros[8].

CITAS

[1] El Publique. “Majed Khalil, el mayor contratista de la corrupción en Venezuela”. 10 de marzo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/03/majed-khalil-el-mayor-contratista-de-la.html

[2] Dateas. Khalil Majzoub Majed. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-majed-10064798

[3] Poderopedia. Majed Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/majed-khalil-majzoub/

[4] Resistencia58. “Pacific Rim Energy: la empresa favorita de Diosdado Cabello para realizar negocios en el sector eléctrico (+ vídeo)”. 13 de agosto de 2019. https://www.resistenciav58.com/pacific-rim-energy-la-empresa-favorita-de-diosdado-cabello-para-realizar-negocios-en-el-sector-electrico-video/

[5] La Verdad. “El guiso de Termozulia IV”. 30 de septiembre de 2014. http://www.laverdad.com/economia/61195-el-guiso-de-termozulia-iv.html

[6] Dateas. Khalil Majzoub Khaled. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-khaled-10063771

[7] Poderopedia. Khaled Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/khaled-khalil-majzoub/

[8] El Estímulo. “Ciudadanos de origen árabe representan varias empresas sancionadas por Maduro”. 6 de abril de 2018. https://elestimulo.com/elinteres/ciudadanos-de-origen-arabe-representan-varias-empresas-sancionadas-por-maduro/

  

No es descartable una posible compra de misiles a Irán por parte de Maduro

  Expertos ven en la advertencia lanzada por el presidente colombiano desde hace meses, y ratificada por el encargado de Asuntos de Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, Elliot Abrams, acerca de la adquisición de misiles por parte del régimen venezolano, es un escenario probable que debe ser considerado y tenido muy en cuenta.

  No es para nada descartable la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela haya negociado la compra de misiles a Irán, de acuerdo a la opinión del periodista y ex-político español, Gustavo Morales Delgado, quien se desempeña como analista militar de la BBC de Londres.

  Tal posibilidad quien primero la advirtió fue el presidente colombiano, Iván Duque, quien lanzó una alerta acerca de la existencia de un acuerdo militar entre Irán y Venezuela que contemplaría la supuesta adquisición de misiles de corto y largo alcance por parte de la administración de Maduro al régimen iraní. Ante tal advertencia, varios han sido los analistas que se han pronunciado al respecto y han referido que la presunta negociación forma parte de la estrategia para irritar a estados Unidos y para desestabilizar Colombia, el principal aliado del gobierno estadounidense en América Latina.

   Morales Delgado recordó, en primer lugar, que el programa de lanzamiento de misiles de Irán comenzó a partir de unos de estos proyectiles suministrados por Corea del Norte al país persa durante los años ´80 del siglo pasado. Posteriormente a este hecho, Irán dio inicio a un programa propio, algo que no de extrañar, toda vez que es una nación cuyas universidades cuentan con grandes y avanzados departamentos de tecnología, compuestos por ingenieros que tienen una gran preparación obtenida, incluso, en universidades de EE. UU., entre ellas el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y universidades belgas o británicas. Advierte que Irán, a diferencia de la mayoría de países musulmanes, es de línea chiita lo cual le permite desarrollarse como nación a diferencias que los países sunníes.

   En todo caso, Gustavo Morales subraya que de ser cierta la información el problema que se presenta sería el transporte de los misiles desde Irán a Venezuela. En tal sentido, recordó cuando tuvo lugar la crisis de los misiles de Cuba, EE. UU, descubrió, gracias al espionaje aéreo, que Irán estaba transportando misiles a la isla de Fidel Castro. Dado que los actuales programas de espionaje estadunidense son más sofisticados que entonces, por lo que le sería fácil detectar el envío.

   Otro inconveniente, pero de fácil solución, tendría que ver con los técnicos que manejarían los misiles. El traslado de los expertos desde Irán a territorio venezolano pondría fin al problema, pues ocurriría igual que en Cuba, donde en su momento operaban técnicos soviéticos.

“Los iraníes cuentan con la tecnología y la experiencia para hacerlo. Las pruebas que se han venido haciendo en los últimos cinco años han demostrado que el programa iraní es lo suficientemente eficiente como para alertar a Mike Pompeo, quien recientemente ha pedido en el Consejo de Seguridad de la ONU que se apliquen a Irán las mismas sanciones que en 2015, aunque sin éxito. Incluso, Pompeo ha asegurado que la hará con o sin el apoyo de las Naciones Unidas”.

   A la interrogante acerca de si sería posible que el transporte de los misiles se diera por vía aérea o por mar, bien a bordo de los vuelos que la aerolínea Mahan Air tiene en las rutas Caracas-Teherán y Caracas-Damasco-Teherán; o los buques que en los últimos tiempos han transportado gasolina y alimentos desde Irán a Venezuela, el experto lo considera una posibilidad.

   Refiere que un misil está compuesto por piezas que pueden ser desmontadas, pudiendo en un súper carguero caber fácilmente de 20 a 30 misiles de alcance medio iraní. Igualmente, barcos mercantes de gran tonelaje podrían servir para enviar estos misiles desmontados y metidos en contenedores. “El asunto son las cabezas, es decir, el misil no es más que una pieza que transporta algo de un punto hasta otro, siendo la cabeza del misil el lugar donde viaja el explosivo. El tamaño varía de acuerdo al tipo de daño se pretende infligir con este misil, entonces, a mayor alcance el explosivo tiene que ser menor, tiene que pesar menos; a menor alcance puede pesar más”.

     Morales agrega a manera de hipótesis: “No sólo podrían transportar cabezas de guerra compuestas por explosivos, sino que también podrían transportar cabezas de guerra biológicas o cabezas de guerra nucleares”.

  Tampoco descarta que, entre ambos regímenes, el iraní y el venezolano, se ponga en práctica, como en efecto lo han asegurado autoridades del régimen de Maduro, el acuerdo ya firmado para propiciar y ampliar la cooperación en materia de nanotecnología biológica o balística, pues, como ya lo subrayó, el iraní es un régimen con un sistema científico muy avanzado, pues el chiismo les permite impulsar el desarrollo tecnológico, lo cual no ocurre en las escuelas suníes.

  “Los musulmanes persas, quienes se caracterizan por la obligación de la utilización de la lógica del desarrollo del pensamiento, piensan que hay muchas cuestiones sobre las que el Corán no dice nada, como es el caso de las bombas atómicas, ni del aborto, ni de la nanotecnología. Es un régimen con curiosas contradicciones, pues si una mujer comete adulterio puede ser lapidada, pero al mismo tiempo Irán es uno de los pocos países donde quien se quiera cambiar de sexo, lo puede hacer”.

  También cree que la industria farmacéutica iraní instalada en Venezuela, podría permitir ciertas operaciones más allá de las sanitarias.

La advertencia estadounidense

   De cualquier modo, desde los Estados Unidos se ha lanzado una clara advertencia a los regímenes de Irán y Venezuela en la boca de Elliot Abrams, el representante del gobierno de Donald Trump para atender los asuntos de estos dos países, al asegurar que destruirían dichos misiles si son enviados desde Teherán a Caracas.

  "El traslado de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerado ni permitido (…) Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela, serán eliminados allí", sentenció.

  Y aunque por el momento todo se maneja en el terreno de las especulaciones, Abrams manifestó que "Irán ha anunciado su intención de participar en la venta de armas, y Venezuela es un blanco obvio porque aquellos dos regímenes parias ya tienen una relación", al tiempo que subrayó como un hecho notorio, que el gobierno de Nicolás Maduro ya "está pagando en oro para comprar gasolina de Irán, y hay una presencia iraní en el país".

  Para la administración de Donald Trump, cualquier entrega de armas iraníes a Venezuela y otros países de la región, guarda una desestabilizadora para "Sudamérica y el Caribe (…) especialmente peligrosa para los vecinos de Venezuela en Brasil, Colombia y Guyana"[1].

La provocación de Maduro

  Cuando el gobierno colombiano dio la advertencia de la posible negociación de misiles iraníes por parte de Venezuela, el propio Nicolás Maduro aprovechó para lanzar una provocación ante la amenaza estadounidense.

  Es “una gran idea”, dijo en un franco ejercicio de cinismo y agregó que efectivamente consideraría la posibilidad de comprarle los misiles a Irán.

  Consultado posteriormente al respecto en una rueda de prensa con periodistas internacionales, dijo que no había tal negociación, pero Venezuela está en la libertad de comprarle armas a quien quiera. “Dije que no era así, pero que Venezuela puede comprar armamento al país que le dé la gana. Dije que me parecía una muy buena idea y por qué no. En su momento veremos la oferta iraní"[2].

El desafío de Irán

  Entretanto, para el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y es experto en seguridad global, Joseph Humire, el levantamiento de las sanciones que rigen sobre ella en este mes de octubre que recién finaliza, es una oportunidad para que la nación persa aproveche para vender armas abiertamente a Venezuela, en un acto de provocación a la comunidad internacional.

   “Yo creo que la movida de Irán es decir: ‘Nosotros ya cumplimos con todos los requisitos, el embargo se levantó, no reconocemos esta maniobra de Estados Unidos (de extenderlo) y vamos a vender armas a quien queramos’. De eso se tratan estas actividades en Venezuela”.

   Precisó que las advertencias que han circulado hablan, no solamente de que hay una cooperación comercial y política entre los dos regímenes, sino que el apoyo comprendería también una fachada para “lavar dinero y evadir sanciones”, así como la posibilidad de desarrollar proyectos encubiertos en el ámbito de armamento militar.

   Se trataría, a modo de ver del experto, de una forma de desafío por parte de Irán que luego de 15 años ha decidido dejar el secretismo y llevar a cabo a la luz pública las negociaciones que desde hace mucho tiempo ha estado realizando.

  Humire refiere que Irán ha venido operando durante unos 35 años, para tener presencia militar en el hemisferio occidental y el régimen de Hugo Chávez, primero y luego de su sucesor, Nicolás Maduro, se lo han hecho posible.

  Joseph Humire refiere que al haber sido neutralizado quien actuaba como puente entre Irán y Venezuela, a saber, el empresario Álex Saab arrestado en Cabo Verde, figuras como Tareck El Aissami, con ascendencia sirio-libanesa, se perfilan como la conexión necesaria con el Medio Oriente para poder manejar esa relación.

   “La mayoría de las comunidades libanesas en América Latina son buenas, pero (…) Hezbolá ha infiltrado estas comunidades, y en Venezuela, particularmente, tiene muy fuerte presencia en esta comunidad y es por eso que Maduro y Tareck (El Aissami) y los demás le han podido dar cierto poder para extender esa relación con Irán”, expresó Humire.

    Destaca que Irán de la organización terrorista Hezbolá han construido una infraestructura en Venezuela que tiene doble uso, pues, por ejemplo, una factoría de tractores y autos, sirve igualmente que en los envíos de partes se oculte otro material, como explosivos, minerales u otros metales vinculados a sus armamentos.

    Por ello, llama a revisar toda la actividad comercial que Irán tiene en Venezuela para determinar cuál es la actividad legítima y cuál la ilegítima[3].

  Advierte que cualquier intento de Estados Unidos de interceptar cualquier envío de armas de Irán a Venezuela, no debe ser visto como un acto de guerra o provocación.

  Plantea como otra alternativa, que la comunidad internacional “despierte e imponga nuevamente a Irán las sanciones de la resolución 2231. Así se podría incluso prohibir que lleguen los misiles a Venezuela”.

   Remata indicando que “Estados Unidos puede neutralizar este envío pero primero debe tomar en cuenta lo siguiente: construir una narrativa internacional para que el mundo entienda que cuando Irán viola sanciones, está violando la seguridad y la paz internacional”[4].

Irritar a Estados Unidos

  Otros expertos también coinciden en afirmar que Irán busca irritar a los Estados Unidos, refiriendo que la presunta negociación forma parte de una estrategia geopolítica con este fin y par. Igualmente, desestabilizar a Colombia.

  Sadio Garavini, embajador venezolano retirado y especialista en ciencias políticas, cree que un pacto militar de esta naturaleza guarda relación con otro aliado de Venezuela, a saber, Rusia.

  En tal sentido estima que el gobierno de Vladimir Putin busca expandirse, tanto en sus cercanías, como a países lejanos como Venezuela.

“A Rusia, le encanta molestar a Estados Unidos en el hemisferio para mantenerlo ocupado, irritado y que no venga a retaliar por la acción que tienen en Ucrania, Georgia. Evidentemente son intereses de irritar y distraer a Estados Unidos”, sostiene garavini.

  Por su parte, Milos Alcalay, exembajador de Venezuela en la ONU, dice que esta negociación de misiles con Irán, podría ser parte de una nueva visión geopolítica de Nicolás Maduro, quien “a diferencia de Hugo Chávez, mira menos al ombligo de América Latina y más hacia Medio Oriente”.

  Agregó que el binomio de Irán y Venezuela procura “acosar” a Estados Unidos en plataformas multinacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[5].

CITAS

[1] RT. “EE.UU. amenaza con destruir los misiles iraníes que se envíen a Venezuela”. 26 de octubre de 2020. https://actualidad.rt.com/actualidad/371129-eeuu-amenaza-destruir-misiles-iran-venezuela

[2] Infobae. “Nicolás Maduro: ‘Me parece una muy buena idea comprarle misiles a Irán’". 28 de octubre de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/28/nicolas-maduro-me-parece-una-muy-buena-idea-comprarle-misiles-a-iran/

[3] El Tiempo. “¿Qué tan probable es que Irán venda misiles a Venezuela?”. 25 de agosto 2020. https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/analisis-que-tan-probable-es-que-iran-venda-misiles-a-venezuela-533322

[4] El Diario. “¿Cuáles son los escenarios si Maduro compra misiles a Irán?”. 4 de septiembre de 2020. https://eldiario.com/2020/09/04/escenarios-maduro-misiles-iran/

[5] VOA. “Expertos: La presunta compra de misiles iraníes por Venezuela busca irritar a EE.UU”. 26 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/venezuela/misiles-iranies-venezuela-eeuu

Papeles de la corte: Así se vendió la mitad de Avior al Grupo Suárez

     La decisión judicial emitida por la corte respecto a la autoridad de la aerolínea, describe cómo se llevó a cabo el proceso de compra-venta del 50 por ciento del paquete accionario de la línea aérea.

Por Maibort Petit

   En esta entrega se detallan las distintas operaciones y transacciones que demuestran el proceso de compra por parte del Grupo Suárez del 50 por ciento del paquete accionario de Avior.

Los hechos

    Entre 2014 y febrero de 2019, la Junta Directiva de Avior se mantuvo sin cambios, habiendo estado constituido su directorio por Jorge Añez, Arnaldo Añez-Folla, Luis Suárez, Juan Bracamonte y José Sulbarán.

   Poco después de que tuviera lugar una disputa entre los accionistas con respecto a la administración de Avior, se conformaron dos grupos, el integrado por Jorge Añez, conocido como Grupo Añez, y el constituido por Suárez, Moisés Maionica y Carlos Kauffman, denominado Grupo Suárez. El 6 de febrero de 2019, Jorge Añez celebró una supuesta reunión de accionistas a la que solamente asistió él, pues no se notificó de la misma a Suárez ni al secretario de Avior, en razón de no reconocerlos como propietarios.

   En dicha asamblea de accionistas no autorizados, Jorge Añez, presentándose como el único accionista de Avior, destituyó a Suárez y a Sulbarán como directores y constituyó una nueva junta directiva conformada por él mismo, sus hijos, Arnaldo Añez-Folla y Jorge Luis Añez-Folla, su abogado por Erwin Genie y por Bracamonte, quienes en la decisión judicial del Tribunal del Undécimo Circuito del Condado de Miami-Dade en el estado de la Florida, se conoce como la “Junta Ilegítima de Añez”.

   Esta junta directiva de Añez, el 11 de febrero de 2019, se reunió —sin que se participara a Suárez y a Sulbarán— y emitió un poder a Añez y Añez-Folla, con el fin de autorizar la presentación de esta acción.

   Posteriormente, el 19 de febrero de 2019 se presentó una demanda ante el Tribunal del Undécimo Circuito del Condado de Miami-Dade por Avior Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC en contra de Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC, la cual ha derivado en la definición de la autoridad dentro de la empresa.

   En tal sentido y dado que Jorge Añez presentó una declaración jurada falsa alegando ser propietario del 100 por ciento de la aerolínea, el tribunal se abocó a determinar quién en Avior tenía la autoridad para presentar dicha demanda y si, efectivamente, Añez era el único accionista de la empresa. Una situación que, de no haberse presentado la referida declaración jurada, se hubiera podido solucionar a la luz de los Estatutos de la empresa Avior de 2017. El objetivo de Añez con su declaración era anular la moción de juicio sumario presentada por el Grupo Suárez.

Los estatutos de Avior

   El asunto de la autoridad dentro de Avior se define claramente en los estatutos de la empresa de 2017.

   En razón de que Avior es una corporación venezolana, correspondía aplicar la ley del país para determinar si Jorge Añez tenía la autoridad para en nombre de Avior Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC (las LLC son subsidiarias de propiedad absoluta de Avior), podían demandar a Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC.

   Al ser Avior Airlines C.A. una Compañía Anónima, figura que en la legislación de venezolana define a las sociedades con ánimo de lucro, cuyo capital se divide en acciones entre sus accionistas, los estatutos de la corporación proporcionan la fuente principal de reglas para su gobierno interno.

   Refiere la decisión del tribunal que los estatutos de Avior de 2017 definen claramente quién tiene la autoridad para presentar una demanda en su nombre, así como los procedimientos necesarios para ejercer adecuadamente esa autoridad. De conformidad con los mismos (los estatutos) dicha autoridad recae en los accionistas, la junta directiva y el representante legal (abogado interno) de Avior.

La autoridad en Avior

   En tal sentido, la autoridad para entablar y mantener demandas en Avior recae, en primer lugar, en los accionistas de la empresa, quienes cuando se convocan adecuadamente en una Junta General de Accionistas constituyen “el órgano supremo de la empresa y, como tales, [están] investidos con el más amplio de poderes para administrar y gestionar los asuntos comerciales".

   La referida Junta General de Accionistas se convoca mediante (a) notificación por escrito a todos los accionistas al menos cinco días antes de la junta, indicando el día, lugar y hora en que se realizará la junta, y (b) a quórum el cual es posible cuando los accionistas que representen el 70 por ciento del capital social de Avior deben estar presentes en dicha reunión. Las decisiones allí adoptadas se toman con base en el voto mayoritario de los accionistas presentes en la junta.

   En segundo lugar, la junta directiva de Avior, cuyos directores son nombrados y removidos por los accionistas que actúan en una asamblea general de accionistas también tienen la autoridad para aprobar la presentación de una demanda.

   Las reuniones de la junta directiva de Avior se convocan legalmente cuando cuatro de cada cinco de los directores están presentes en la reunión, y las decisiones de la junta requieren el voto favorable de cuatro de los directores presentes.

   En tercer lugar, el representante legal de Avior, designado por la junta directiva, también tiene autoridad plenaria para presentar y defender demandas en nombre de Avior.

    Dicho representante legal para el momento de haber sido presentada la demanda, era Guerra Penso, quien aun cuando era también el secretario, no fue notificado y no participó en la asamblea de accionistas no autorizados del 6 de febrero de 2019 ni en la reunión ilegítima de la junta directiva de Áñez el 11 de febrero de 2019.

    Dadas estas circunstancias, la Corte determinó que la asamblea de accionistas no autorizada del 6 de febrero de 2019 y las decisiones tomadas en la misma eran nulas bajo la ley venezolana, dado que la misma fue convocada por Añez sin notificar a Suárez y porque el requisito de quórum de tener el 70 por ciento de los accionistas presentes en la junta tampoco se cumplió.

   Por ello, el tribunal también consideró que la reunión del 11 de febrero de 2019, en la que la junta ilegítima de Jorge Añez decidió presentar la demanda en nombre de Avior, contra sus propietarios del 50 por ciento, es totalmente nula.

Lo que revela la evidencia

  La decisión judicial respecto a la autoridad de Avior, establece que la evidencia respalda la propiedad del Grupo Suárez en la aerolínea.

   Esto porque quedó demostrado que el Grupo Suárez compró el 50 por ciento de Avior en 2010. La transacción la comprueban la Carta de Intenciones ejecutada por los grupos propietarios; porque el 12 de noviembre de 2010, Jorge Añez y Mario Lamar, actuando en su calidad de agente del Grupo Suárez, firmaron una Carta de Intención confirmando que Añez actuaría como un conducto de Suárez ante Rafael Ciarcia, dueño del 50 por ciento de las acciones; Añez, por razones personales y debido a las circunstancias en Venezuela, quería un socio para disminuir su exposición accionaria; Añez acordó ejercer su derecho de preferencia para comprar las acciones de Ciarcia en Avior y las Entidades Extranjeras, como un conducto del Grupo Suárez.

   El precio de compra de Avior fue de Bs.F 4.000.000 y el precio de compra de las Entidades Extranjeras fue de USD 4.500.000.

   Jorge Añez acordó que vendería, cedería y transferiría a Mario Lamar o sus cesionarios una cantidad de acciones equivalente al 50 por ciento de Avior y no modificaría los estatutos de Avior sin el consentimiento del Grupo Suarez.

  Añez ejecutó un pagaré como garantía para la compra de la participación de Ciarcia en Avior.

   El 10 de noviembre de 2010, Añez firmó un Pagaré por Bs.F 4.000.000 a favor de Lamar, agente del Grupo Suárez. Estos fondos, que proporcionó el Grupo Suárez, se utilizarían para comprar la participación del 50 por ciento de Ciarcia en Avior. El pagaré de Avior era una garantía para asegurar que Añez transferiría esas acciones al Grupo Suárez después de la compra completa de las acciones de Ciarcia.

   El pagaré de Avior en sí mismo destaca que Jorge Añez fue un conducto para la compra de la participación del 50 por ciento de Avior.

  El 10 de diciembre de 2010, Jorge Añez refrendó una participación del 50 por ciento en Avior al Lamar como agente del Grupo Suárez como garantía y confirmación de que el primero estaba comprando la participación de Ciarcia para y en nombre del Grupo Suárez.

El acta de la junta y la compra

   Por otra parte, el ccta de la junta de accionistas de Avior del 10 de diciembre de 2010, confirma la compra del Grupo Suárez.

  En dicha fecha, Avior celebró una junta de accionistas en la que Jorge Añez y Rafael Ciarcia, como accionistas del 100 por ciento, registraron el ejercicio del derecho de preferencia de Añez para comprar la participación de Ciarcia.

   Las actas confirman que el precio por la compra de la participación de Ciarcia en Avior fue de Bs.F 4.000.000, como también comprueban que dos miembros del Grupo de Suárez, a saber Luis Suárez y Juan Bracamonte, serían designados para la junta directiva de Avior.

   La compra comprendió el Pagaré de Avior y los 4 millones de bolívares de diciembre, que se pagarían, primero con un cheque de caja por 500.000 bolívares a Rafael Ciarcia y un cheque de caja por 300.000 bolívares a Rafael Ciarcia. El saldo se pagaría más tarde.

   El Contrato de Compraventa de Acciones confirma que Áñez y Ciarcia designaron a Pedro Mezquita como Agente de Custodia del Libro de Registro de Acciones de Avior hasta que se efectuara el pago total.

   Luis Suárez obtuvo cheques de caja girados en bancos venezolanos por Bs.F 500.000 y Bs.F 300.000, los cuales se entregaron a Ciarcia en la ejecución del Contrato de Compra de Acciones.

   El saldo de la compra de la participación de Ciarcia en Avior se realizó mediante un cheque de la cuenta personal de Luis Suárez y se depositó directamente en la cuenta bancaria de Ciarcia y este manifestó que se había completado el pago de su interés en Avior.

  Cuando esto último ocurrió, Pedro Mezquita entregó el libro de registro de acciones y el Libro de actas de la junta de accionistas.

   El presidente de Avior, Juan Bracamonte, confirmó que el Grupo Suárez se convirtió en propietario de la aerolínea en 2010.

Compra de la Entidades Extranjeras

   Jorge Áñez y Rafael Ciarcia poseían cada uno el 50 por ciento de las Entidades Extranjeras.

   La evidencia demostró que la compra de la participación de Ciarcia en las Entidades Extranjeras por parte del Grupo Suárez fue una transacción separada y distinta de la compra de Avior.

  El precio de las Entidades Extranjeras fue inicialmente de USD 4.500.000.

  Jorge Añez firmó un pagaré separado para la compra de las Entidades Extranjeras y, al igual que el pagaré de Avior, este requería que Añez transfiriera las acciones al Grupo Suárez.

  La prueba confirma que el monto por la compra de las Entidades Extranjeras fue de USD 900.000 pagado en su totalidad sin cuestionamientos por parte de Añez.

  Añez y Ciarcia (y sus respectivos cónyuges) también celebraron un pagaré por USD 3.600.000 hacia el que el Grupo Suárez hizo un pago. Esto dejó un saldo de USD 2.700.000.

   Después del primer pago del pagaré de USD 3.600.000, el Grupo Suárez descubrió pasivos no revelados por los cuales Jorge Añez era responsable. Por ello, en 2011, acordaron dejar de pagar a Ciarcia para renegociar el saldo adeudado del pagaré de USD 3.600.000.

   En febrero de 2012, el matrimonio Ciarcia demandó al matrimonio Añez. Peter A. González fue seleccionado por Moisés Maionica con la aprobación de Añez, para defender la demanda. Maionica trabajó en estrecha colaboración con González durante toda la demanda para defender al matrimonio Añez.

   Avior pagó los honorarios legales para defender la demanda de Ciarcia y esta se resolvió el 10 de agosto de 2016 por USD 500.000 en efectivo pagados por Avior, y USD 1.000.000 en vales de boletos de la aerolínea para viajes. Esta liquidación puso fin a todas las cuestiones relativas a la compra de las Entidades Extranjeras.

Los libros

  De igual forma, la propiedad del Grupo Suárez en Avior está registrada en los Libros del Registro de Acciones de la empresa.

   Se presentaron como prueba tres libros de registro de acciones ante la corte.

   Estos revelan que el 16 de enero de 2014, Avior celebró una asamblea de accionistas para celebrar la aprobación y transferencia del 50 por ciento de las acciones de Avior a Córcega y a Suárez. Dichas actas fueron firmadas por Jorge Añez, Luis Suárez, Genie y Beatriz Folla, quien en ese momento era cónyuge de Añez.

  Posteriormente, en 2014, esa transferencia se registró en el Libro de registro de acciones de Avior.

   Para el tribunal no hubo duda de que el libro de registro de acciones de Avior fue firmado por Jorge Añez como "cedente" y por Folla como "esposa del cedente" y que, tanto Córcega como Suárez figuran como el "cesionario".

   El Tribunal encuentra el argumento del Demandante sobre la validez de las transferencias en el Libro de Registro de Acciones de Avior es irrelevante porque en 2018 las partes acordaron y, de hecho, registraron otra transferencia del 50 por ciento de las acciones de Avior directamente a Luis Suárez, individualmente, que reemplazó la transferencia de acciones que se había realizado con anterioridad a Córcega y a Suárez.

   Los libros de acciones también muestran dos transferencias del 50 por ciento de las acciones de Avior, una a Grupo Añez Folla C.A. (entidad de propiedad de la familia Añez) y uno a Luis Suárez como representante del Grupo Suárez. Ambos traspasos fueron fechados el 29 de enero de 2018 y ambos fueron firmados por Añez como “cedente” y por la señora Folla como “cónyuge del cedente”, y por los respectivos cesionarios.

MÉXICO NO ES VENEZUELA: ¿POR QUÉ EL MODELO DE ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR NO SE PARECE AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI?

Caso de Tareck El Aissami en NY: el piloto Michols Orsini Quintero será juzgado en enero de 2021

Por Maibort Petit

   Un juez de Nueva York ordenó que el juicio del piloto, Michols Orsini se iniciará el 25 de enero de 2021, a la vez que pidió a los fiscales federales que agruparan a todos los acusados en el caso vinculado a Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez Camacho, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Alejandro Antonio Quintavalle Yrady "en una sóla  súper acusación para darle mayor estabilidad al proceso". 

  El juez Alvin K. Hellerstein recomendó a la fiscal, Amanda Houle que sería mejor incluir a Michols Orsini Quintero en la misma acusación, durante la audiencia virtual que se celebró el 23 de octubre para discutir los términos del proceso judicial.

  Los fiscales del caso, los abogados de Víctor Mones Coro y Michol Orsini Quintero discutieron sobre la necesidad de que los materiales considerados por el gobierno "delicados" para ser parte de los récords públicos, fueran entregados a la defensa de los dos demandados.

  La fiscal Houle dijo que no debían entregar información relacionada "con la condición médica de la fuente confidencial del gobierno", y sostuvo que "tenía una objeción para hacer entrega de la declaración de la fuente confidencial del gobierno porque hay un acuerdo entre el abogado de la fuente [ Alejandro J. Marín] y el gobierno", y que debía haber un privilegio entre los EE. UU. y su fuente, por ello "no es correcto que se haga una comunicación para los abogados de Orsini y Mones Coro".

  La fiscal sostuvo que la información sólo podrían verla los abogados, y que estaba de acuerdo con que la corte hiciera un estudio forensico de los materiales.

El caso

  Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). 

  Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Posteriormente, en noviembre de 2019, Víctor Mones Coro decidió declararse culpable de los cargos.

  Orsini Quintero es un piloto que está acusado ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

  En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;

(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas;

(3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; 

(4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y 

(5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

    De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

  Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

  De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

  Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

   El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

   La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

   

El dilema de Avior: ¿Quién puede demandar?

   Una demanda entablada por la aerolínea en contra de Shell Aerospace Supplies LLC, ha puesto a debatir a sus accionistas en los tribunales sobre quién puede y quién no llevar a cabo acciones judiciales en nombre de la empresa.

Por Maibort Petit

    Una demanda presentada el 19 de febrero de 2019 ante el Tribunal del Undécimo Circuito del Condado de Miami-Dade en el estado de la Florida por Avior Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC en contra de Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC, ha derivado en un pleito interno entre los demandantes por definir quien dentro de esta empresa está en capacidad de entablar este tipo de acciones judiciales, bien el Grupo Añez o el Grupo Suárez.

   El primero de estos grupos está representado por Jorge Añez, quien asegura poseer el cien por ciento de las acciones de la aerolínea. Entretanto, el segundo incluye a Luis Suárez, Moisés Maionica y Carlos Kauffmann, quienes sostienen que ellos poseen 50 por ciento de las acciones de la empresa y, por tanto, Añez, carece de la autoridad suficiente para interponer demandas en nombre de la empresa, por cuanto para ello requiere de la autorización del resto de los propietarios.

    El Grupo Suárez objeta la falta de autoridad corporativa de Añez y por ello presentó una moción ante la corte el 4 de junio de 2019 para desestimar el accionar de este, a quien incluso le desautorizan la contratación de un abogado en nombre de Avior para que le demande a él (a Suárez).

    El Grupo Suárez, en este sentido, se reserva el derecho de solicitar el nombramiento de un síndico, la disolución, la medida cautelar, incluso contra Jorge Añez, sus hijos o cualquier otra persona que actúe o pretenda actuar en nombre de Avior o sus afiliados: Además para que se proceda a la devolución de todo el dinero que la aerolínea ha pagado a Harris Law Firm Group PA, Robert N. Harris o cualquier otro profesional presuntamente contratado por Avior bajo la dirección de Jorge Añez o cualquiera de sus hijos. Aseguran que Añez emprendió las acciones judiciales sin la aprobación adecuada de la junta directiva de Avior, que debe incluir al propietario del 50 por ciento de las acciones, es decir el Grupo Suárez.

  El Grupo Suárez, que en varias oportunidades (el 16 de agosto de 2019, el 13 de septiembre de 2019, el 19 de septiembre de 2019) ha objetado la autoridad de Añez, pues sostiene que carece de autoridad para iniciar esta acción en nombre de la empresa y sus afiliadas. Refieren que Jorge Añez, co-accionista de Avior Airlines, C.A., ha autorizado unilateralmente la acción judicial contra Suárez sin la debida autoridad corporativa.

   El 13 de abril de 2020, el Grupo Añez solicitó permiso para presentar una Tercera Demanda Enmendada, lo cual fue nuevamente objetado por el Grupo Suárez y reiteró que carecían de autoridad para presentar y mantener esta acción. En dicha audiencia, el abogado del Grupo Añez presentó a Jorge Añez como único accionista de Avior y el resto de las entidades codemandantes, asegurando que controlaba a todos los Demandantes y tenía autoridad para presentar la acción. El Tribunal otorgó el permiso y agregó a Maionica y Kauffmann como demandados.

  Esto llevó a que nuevamente el Grupo Suárez a objetar la autoridad de los demandantes en una audiencia sobre un tema de descubrimiento. 

  Allí, los abogados de los Suárez destacaron, primero, que Añez exportó el fraude a Estados Unidos, segundo, que la admisión del arbitraje dejó sentado que el Grupo Suárez es propietario de la aerolínea, así como también lo deja claro, el testimonio del presidente de Avior.  “(…) deja en claro que nuestros clientes son propietarios. Fueron expulsados y treinta días después este caso fue presentado por el Sr. Harris. El problema es que no fue aprobado por su representante judicial [es decir, Avior] como lo exigen los estatutos [es decir, Avior] y ellos [es decir, Avior] no tenían la autoridad. Ellos [es decir, Avior] no convocaron una junta. De hecho, no existe una junta legítima”.

    La respuesta de los Suárez a la Tercera Demanda Enmendada fue la presentación de una moción de juicio sumario ante la corte, sustentados enteramente en la falta de autoridad de los Demandantes para presentar y mantener la acción judicial, lo cual fue rechazado por el Grupo Añez.

   El Tribunal se pronunció por resolver la cuestión de la autoridad en una audiencia probatoria. Allí se le preguntó tanto a demandantes como a demandados si consentían el procedimiento, siendo afirmativa la respuesta de ambos.

  La respuesta y defensa del Grupo Suárez a la Tercera Queja Enmendada de Avior, se presentó el 31 de julio de 2020 y sostuvo que la acción de los demandantes fue ultra vires y presentada sin la autoridad corporativa requerida.

   A esto el Grupo Añez dijo estar dispuestos a presentar una declaración jurada de que Jorge Añez era el propietario al 100 por ciento de Avior Airlines. Como esto hubiera creado material genuino que prohíbe la entrada de un juicio sumario, se discutieron los procedimientos para establecer la audiencia probatoria y los demandantes nuevamente no objetaron.

   El 5 de agosto de 2020, El Grupo Suárez presentó su oposición a la moción de juicio sumario del Grupo Suárez y adjuntaron la declaración jurada de Jorge Añez que afirma que él era el propietario del 100 por ciento de Avior

   Se demostró que esta declaración jurada de Jorge Añez y su testimonio en vivo en la audiencia probatoria eran perjuriosos y contradictorios con la evidencia sustancial competente presentada en la audiencia probatoria.

Juez de NY ordena a los fiscales entregar la información "favorable" a Víctor Mones Coro, vinculado a Tareck El Aissami, para que pueda usarla en su defensa

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó a los fiscales federales que entreguen a los abogados de Víctor Mones Coro toda la información que pueda ser favorable para su defensa, antes que sea sentenciado por los delitos relacionado con la violación de las sanciones que EE. UU. impuso contra el exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen de Venezuela, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello. La decisión tiene que ver con nuevos elementos del caso vinculados al arresto de Alejandro Javier Marín, una fuente confidencial que está siendo juzgado por haber mentido a los agentes del gobierno estadounidense.

  Hellerstein basó su decisión en la Regla Federal de Procedimiento Penal 5 (f) que establecen las obligaciones de divulgación del gobierno bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   El juez dijo en su fallo que el Gobierno debe revelar a la defensa toda la información "favorable a un acusado" eso es "material para la culpabilidad o el castigo" que del conocimiento de los fiscales.

   "Esta obligación se aplica independientemente de si la información en sí misma constituiría admisible evidencia" advierte. 

   El Gobierno revelará dicha información a la defensa inmediatamente después del conocimiento de la decisión del tribunal, para que la defensa pueda hacer uso efectivo de la información en la preparación de su caso.

   Como parte de estas obligaciones, el Gobierno debe revelar cualquier información que pueda ser utilizada para impugnar el testimonio del juicio de un testigo del gobierno, que en este caso es el piloto Alejandro Javier Marín.

     El juez ordenó que la información debe ser divulgada a más tardar en una semana antes de la última conferencia previa al juicio para que el acusado pueda hacer uso efectivo de la misma en el juicio o en cualquier otro momento que la Corte pueda ordenar. 

  Las obligaciones anteriores son continuas y se aplican a los materiales que se conocen al Gobierno en el futuro. Además, "si la información está sujeta a divulgación, debe ser divulgado independientemente de si el Gobierno lo acredita.", advierte el juez.

   En el caso de que el Gobierno crea que la  divulgación de alguna información compromete la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una aplicación de la ley sensible técnica, o cualquier otro interés sustancial del gobierno, puede solicitar al Tribunal la modificación de sus obligaciones, que pueden incluir revisión en cámara o retención o sujeción a una orden de protección toda o parte de la información que de otro modo estaría sujeta a divulgación.

  Para los propósitos de esta Orden, el Gobierno incluye todos los estados federales, estatales, actuales o anteriores y fiscales locales, agentes del orden y otros funcionarios que han participado en la investigación que condujo a, o enjuiciamiento, del delito o delitos con los que el demandado está acusado.

  La orden del juez sostiene que el Gobierno tiene la obligación  de buscar de esas fuentes toda la información sujeta a divulgación en virtud de esta Orden.

  Si el Gobierno no cumple con la Orden del juez, la Corte, además de ordenar producción de la información, puede:

(1) especificar los términos y condiciones de dicha producción;

(2) otorgar un aplazamiento;

(3) imponer sanciones probatorias;

(4) imponer sanciones a cualquier abogado responsable del Gobierno;

(5) desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad; o

(6) ingresar cualquier otra orden que sea justa bajo las circunstancias.

La acusación

Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades de que el acusado huyó. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarán.

Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

   El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.