lunes, 19 de octubre de 2020

Alexei Schacht será el abogado de Samark López Bello en Nueva York

 El abogado seleccionado por Samark López representó a Ali Kourani, un espía de Hezbollah que fue condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Manhattan.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un aviso ingresado en el expediente del caso contra Samark López Bello en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el célebre abogado penalista, Alexei Schacht fue admitido para poder recibir y ver las comunicaciones del caso que involucra a López Bello, Tareck El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Adel El Zabayar, entre otros.

  En una carta enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez,  Alvin K. Hellerstein se señala que el abogado Alexei Schacht presentó un aviso de comparecencia en el caso a nombre de Samark López Bello, quien sigue siendo un fugitivo en este caso.

     El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al tribunal que mantenga bajo sello una serie de comunicaciones relacionadas con Alejandro J. Marín, un piloto venezolano que actuaba como fuente confidencial de las agencias federales vinculadas al caso, y que fue acusado por haber mentido a los agentes sobre un dinero que formaba parte de una actividad encubierta. Ver detalles del caso aquí.

   Los fiscales señalan que Schacht aceptó recibir las comunicaciones bajo la única base que el Gobierno podrá tratar de realizar futuras presentaciones selladas en el caso que involucra a Alejandro Javier Marín, un piloto que fue arrestado por haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (HSI).  

   Reiteran los abogados del gobierno estadounidense que López Bello permanece en estatus de fugitivo y que existen  preocupaciones de seguridad relacionadas con la fuente confidencial, Alejandro J. Marín que será procesada en el mismo caso. 

   Los fiscales advierten que no está claro qué Schacht pueda tener una participación más amplia en el caso, dada la negativa de su cliente, Samark López Bello, de someterse a la autoridad de ese tribunal. 

  Los fiscales federales recordaron que de acuerdo a la doctrina, la desautorización del fugitivo priva al acusado de recurrir a los recursos de la Corte para la determinación de sus reclamos "mientras permanezca prófugo de la justicia". 

  "Un acusado que no se presenta en primera instancia o se fuga durante el curso del proceso penal viola la autoridad del tribunal no puede acceder a la documentación del proceso", acotaron los fiscales.

  Alexei Schacht tiene más de 20 años de experiencia en la defensa criminal de clientes en investigaciones gubernamentales, audiencias con grandes jurados, juicios con jurados, en tribunales, y apelaciones. 

  Según su página web, Schacht ha manejado asuntos que van desde la conspiración de narcóticos hasta el homicidio y el fraude de valores. A nivel comercial, trabaja con varias empresas de exploración de petróleo y gas, ayudando a negociar, estructurar y financiar acuerdos de producción compartida.

  Alexei Schacht fue el abogado del espía de Hezbollah, Ali Kourani, quien se mantuvo oculto en el Bronx por años. En diciembre de 2019, fue sentenciado a 40 años de prisión después de decirle a un juez de Nueva York que todavía simpatizaba con la organización terrorista.

  El caso de Ali Kourani representó la primera vez que un miembro de la Organización Jihad Islámica de Hezbollah fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos.  El fiscal federal adjunto de este caso,  Emil Bove, el mismo que está al frente del caso de Tareck El Aissami, Samark López, Adel El Zabayar  y Joselit Ramírez Camacho, entre otros.



sábado, 17 de octubre de 2020

Conozca las redes criminal-terroristas de Hezbollah en Venezuela

  A través de clanes que operan en distintas regiones del país, Hezbollah logra financiarse y, en contraprestación, apoya al régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
   La Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah vio en las remesas de los grupos de inmigrantes libaneses establecidos en Venezuela y Colombia, una fuente de financiamiento para sus actividades criminales y terroristas y procedió, entonces, a conformar redes de apoyo que operan a través de estructuras de clanes familiares que se han integrado, igualmente, a la economía ilícita controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Así lo revela un informe denominado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council.

  En esta entrega daremos a conocer a algunos de los clanes que integrados a la estructura criminal-terrorista que opera en el poder en Venezuela bajo el amparo del brazo armado del régimen iraní.



El clan Saleh

  El informe de Joseph Humire mención, en primer lugar, al clan Saleh y para describirlo refiere que la red criminal-terrorista de Hezbollah en Colombia y Venezuela se conoció en 2011, luego de una investigación resultante de una operación que involucró ciento treinta arrestos y la incautación de USD 23 millones de fondos ilícitos que se movían desde África Occidental al Líbano a través del Banco Libanés Canadiense.

   La investigación que duró dos años permitió conocer uno de los casos más significativos de lavado de dinero con sustento en el comercio conocida como Operación Titán sirvió para desmantelar una red transregional de tráfico de cocaína y lavado de dinero masivo dirigida por Hezbollah. Para ello, el grupo terrorista se servía de facilitadores locales en Colombia, comandados por Ayman Saied Joumaa. Este capo de la droga colombo-libanés fue acusado en Estados Unidos por traficar cocaína con Los Zetas en México. El Departamento del Tesoro sostiene que dirige una extensa red de transporte marítimo vinculada a Hezbollah.

   El reporte indica que la Operación Titán se inició en 2008 cuando autoridades de Colombia y los EE. UU. estaban tras los pasos de un cartel con sede en Medellín llamado La Oficina de Envigado, o "La Oficina". Las averiguaciones permitieron descubrir las conexiones que La Oficina tenía con la gran comunidad libanesa a lo largo de la costa del Caribe en Colombia. Los facilitadores de Hezbollah fortalecieron las conexiones del referido cartel y establecieron un complejo laberinto de comercio transfronterizo y mensajeros de grandes cantidades de efectivo entre Colombia y Venezuela.

  Joseph Humire cita, entonces, el caso de un empresario chiíta y agente de Hezbollah llamado, Ali Mohamad Saleh, quien dirigió la red transfronteriza de terrorismo y crimen en Colombia y Venezuela descubierta durante la Operación Titán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó en 2012 a este hombre y su hermano, Kassem Mohamad Saleh, como financistas del terrorismo. Un año antes, Ali Mohamad Saleh también había sido designado como un capo de los narcóticos.

  El clan Saleh controló durante muchos años los mercados ilícitos de drogas, armas, contrabando, contrabando de efectivo a granel y lavado de dinero en Maicao, Colombia, en la frontera norte con Venezuela. Estos cárteles locales de la droga en el occidente venezolano —principalmente en el estado de Zulia— se benefician de este comercio transfronterizo ilícito que fue una vez administrado por el clan Saleh.

   Luego de la sanción de 2012, los hermanos Saleh huyeron durante la noche a Venezuela, de acuerdo versiones de los comerciantes de Maicao. En Maracaibo, donde se cree que se encuentran, trabajan con otro clan libanés prominente integrado en la burocracia del régimen de Maduro.

El clan Nassereddine

  En segundo lugar, Humire menciona en su reporte a Ghazi Nassereddine, quien fue sancionado por la OFAC en 2008 debido a sus vínculos con Hezbollah, catalogándosele como una persona de interés en 2015, por parte de la por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

  Entretanto, Abdallah Nassereddine, hermano mayor del primero, es un prominente hombre de negocios en la isla de Margarita, propietario de varios bienes raíces, inmuebles y centros comerciales.

 El clan Nassereddine, de origen libanés, alcanzó prominencia política en Venezuela cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de la república. Su figuración en la administración del difunto mandatario comenzó con su ingresó a la Cancillería, la cual le otorgó estatus diplomático oficia. Fue así como Abdallah Nassereddine —siempre de bajo perfil— pasó a ser una figura importante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que funge como coordinador regional para el estado de Nueva Esparta.

  Por su parte, Ghazi Nassereddine, estuvo destinado en la embajada de Venezuela en Damasco, Siria, posición desde la cual contribuyó a organizar reuniones entre altos funcionarios venezolanos y operativos de alto rango de Hezbolá. Refiere Humire que informantes de la DEA, en 2009, Ghazi organizó una reunión en Siria entre Hezbollah y el entonces ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, y el jefe de contrainteligencia militar venezolano, Hugo Carvajal Barrios.

  Dicho encuentro habría sido el origen de una operación de tráfico de cocaína que sirvió para financiar armas. Este esquema que involucró a las FARC y Hezbollah se materializó en 2014 cuando un avión libanés aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas cargado de AK-103, lanzagranadas propulsadas por cohetes, etc. El cargamento de armas habría un pago parcial por la cocaína que las FARC proporcionaron al régimen de Maduro y fueron trasladadas a una base militar en Guárico.

  En la actualidad Ghazi Nassereddine aún colabora con el régimen de Maduro y dirige el think tank venezolano Global AZ. Ha realizado varios viajes a Francia, Alemania e Italia desde que dejó Siria en 2011.

  Se cree que otros miembros del clan Nassereddine están encargados del adoctrinamiento político, entrenamiento paramilitar y contrabando de armas y drogas en Venezuela. Otro miembro del clan dirige la seguridad del actual ministro de Petróleo de Venezuela y ex-vicepresidente, Tareck El Aissami.

  Advierte el informe de Humire que el clan Nassereddine es calificado como "reparador", o, en el caso de Ghazi, un "súper reparador", dado a que aun cuando no forman parte de la cadena de mando jerárquica de Hezbollah, son parte integral de la organización de las redes de apoyo en Venezuela que conectan a Hezbollah con el régimen de Maduro. “Estos arregladores brindan distancia y una medida de negación para que los líderes de Hezbollah oculten su conexión con el régimen de Maduro y establezcan caminos hacia la burocracia y el aparato político del régimen en Venezuela”.

El clan rada

  Desde el siglo XIX en Maicao, un centro comercial histórico en el departamento de La Guajira en Colombia, concentra una gran cantidad de inmigrantes libaneses.

  El reporte menciona que, en 2017, fue deportado un financiero de Hezbollah y con doble nacionalidad venezolano-libanesa, Abdala Rada Ramel, sospechoso de dirigir una red de tráfico de drogas y contrabando desde Maicao a Cartagena. Se trataría de un destacado miembro del clan Rada con estrechos vínculos con un líder de alto nivel de Hezbollah.

  Versiones de la prensa colombiana indican que, en su interrogatorio inicial, Abdala Rada Ramel reveló que sus actividades ilícitas en Colombia eran coordinadas con su “supervisor”, Salman Raouf Salman, “un sombrío líder de la ESO de Hezbollah que ha estado implicado en numerosos actos terroristas. en todo el mundo”. Salman, cuyo alias es Samuel Salman El Reda El Reda, dirige la red de crimen-terror de la ESO de Hezbollah en América Latina. Sobre él pesa una orden de arresto internacional emitida por Argentina en 2009, por la creencia de que se encuentra vinculado a los atentados con bombas en Buenos Aires en 1992 y 1994. También fue designado como terrorista por la OFAC en 2019 y se ofrece una recompensa de USD 7 millones por información que conduzca a su captura. Salman Raouf Salman y su hermano, José Salman El Reda El Reda, habrían creado las redes de apoyo a Hezbollah en América Latina.

  Los vínculos de Salman Raouf Salman con los eventos terroristas argentinos llevaron a las autoridades de ese país a creer que un venezolano-libanés llamado Amer Mohamed Akil Rada estuvo involucrado en el ataque de Hezbollah al edificio de la AMIA.

   Transcurridas varias décadas, Amer Mohamed Akil Rada, ahora de 53 años, estableció “pequeñas empresas de importación y exportación en Panamá, enviando textiles a Colombia y carbón vegetal al Líbano, con hasta el 80 por ciento de las ganancias utilizadas para apoyar a Hezbollah”.

   Joseph Humire dice en el informe que los familiares de Akil Rada continúan operando en Venezuela y están involucrados a la industria de las criptomonedas controlada por el régimen de Maduro. Al explicar este asunto, el reporte indica que Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, la jefa de criptografía del régimen de Nicolás Maduro responsable del petro, fue acusada recientemente por el Departamento de Justicia y habría obtenido USD 5 millones por ayudar a los funcionarios del régimen a evadir las sanciones de la OFAC. Ramírez Camacho tiene “profundos vínculos políticos, sociales y económicos con múltiples presuntos cabecillas de los narcóticos, incluido Tareck El Aissami”.

Red ilícita global

  El informe de Humire sostiene que los clanes Rada, Saleh y Nassereddine forman parte de una red ilícita global de mayor tamaño que integran reparadores, financieros y facilitadores de Hezbollah, quienes operan desde Venezuela con la protección del régimen de Maduro.

   A diferencia del clan Nassereddine, los integrantes de los clanes Rada y Saleh, no forman parte formalmente del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, “cada uno de ellos maneja aspectos de las economías ilícitas de drogas, armas, contrabando, contrabando y lavado de dinero entre Venezuela, Líbano y Siria. Cada uno proporciona un servicio específico y una ventaja comparativa para conectar a Hezbollah con el régimen de Maduro, actuando como ‘puntos de convergencia’ con la economía ilícita controlada por el régimen y sectores específicos de su economía lícita, estableciendo un grado de negación plausible tanto para el régimen de Maduro como para el de Hezbollah, liderazgo, que ambos niegan cualquier cooperación directa”.
   Se refiere también en el reporte que la Operación Titán conjunta de Estados Unidos y Colombia, describió algunos de estos puntos de convergencia que establecieron puentes aéreos y marítimos entre Venezuela, Irán y Hezbollah.

   Finalmente, Joseph Humire advierte que en la medida en que se incrementa la campaña de "máxima presión" de Estados Unidos, adquieren más importancia estas redes de apoyo como estructuras fundamentales “para mantener una red de amenazas transregionales que permita a Irán y Hezbollah apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y al régimen de Bashar al-Assad en Siria”.

viernes, 16 de octubre de 2020

Juez de NY declara "válidos, legales y ejecutables" los Bonos PDVSA 2020, la decisión podría repercutir en la pérdida de CITGO

  La decisión de la juez aceleraría la venta de acciones de CITGO, que actualmente está protegida por una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump hasta el 19 enero de 2021. Esto representa un duro revés para el gobierno del interino, Juan Guaidó, que a través de un comunicado informó que se apelaría la decisión que consideran injusta.

Por Maibort Petit



  La juez de Nueva York, Katherine Polk Failla negó la solicitud de juicio sumario solicitado por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, en la demanda que solicitó al tribunal declarar la serie de Bonos PDVSA 2020 inválidos, ilegales y nulos.  La juez dejó claro que los instrumentos financieros "son válidos y ejecutables y que la República ha incurrido en un incumplimiento bajo los términos del contrato". Estas notas están garantizadas con las acciones de CITGO.

  En la orden de la juez Polk, se señala que los demandados pueden ejercitar los recursos en caso de incumplimiento de lo establecido en el contrato de emisión y el contrato de prenda.

  La empresa tenedora, MUFG Union Bank, por ser el fideicomisario tiene derecho a ordenar a GLAS  America LLC que venda la garantía que asegura los Bonos 2020 ( 50.1% de las acciones de CITGO) y  GLAS tiene derecho a venderlo para cumplir con las acreencias producto del incumplimiento del ente emisor.

  Con respecto a las reclamaciones por incumplimiento del contrato de los Demandados,  el Tribunal ordenó que MUFG tiene derecho a una sentencia por la cantidad de $ 1,683,764,500, así como todos los intereses devengados y no pagados, incluidos los intereses previos al juicio.

  Asimismo, la Corte concluyó que PDVSA y PDVSA Petróleo son responsables de las tarifas, los desembolsos y los gastos, incluidos los honorarios de abogados, en una cantidad por determinar por el mismo tribunal.

  La juez ordenó además que las reclamaciones de los Demandantes se desestimen sin prejuicio.

  El Tribunal falló a favor que los Demandados ( MUFG Y GLAS) se presenten a la corte dentro de los 45 días con una moción de honorarios y gastos, junto con documentación para dicha solicitud. 

  Igualmente, la juez decidió que los Demandados pueden presentar un juicio propuesto que proporcione un cálculo exacto de los intereses impagos, incluidos los intereses previos al juicio.

El caso 

  Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron en octubre de 2019, a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio y cautelar que buscaba que la corte declarara nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.

 La acción legal pedía que el mandato del tribunal sea de carácter permanente.

 En el recurso de 31 páginas, los representantes de Guaidó argumentaron que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.

  Asimismo, señalaban que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. 

 Sostuvieron que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas.

“CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos” dice el documento.

  Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, — sostienen — hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente.

  Señalaron que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, “de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares”.

  PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

  Argumentaron que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. “Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional”.

 Explicaron que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

  Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

  En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020.

   Debido a la decisión de la juez, CITGO se perderá ya que los fideicomisarios tienen la orden del juez para vender las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Los demandados MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York, como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

  Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.

Habla el gobierno interino

  A través de un comunicado, el gobierno interino informó que dicha decisión "es de carácter parcial e injusta" por lo que anunciaron el apoyo al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación.

  Reiteran que la emisión de los Bonos PDVSA 2020 –poniendo como colateral las acciones de PDVH, cuya única propiedad es CITGO– es absolutamente fraudulenta, tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

    Advierten que la demanda de nulidad ante la Corte de Distrito de Nueva York en contra de los Bonos PDVSA 2020, "fue el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que esta era la única opción con la cual contaba PDVSA para proteger los activos de CITGO, luego de que las negociaciones con los tenedores fracasaran pocos días antes del vencimiento de la cuota del principal e intereses por cerca de un millardo de dólares".

   Sostiene que "Desde que el Presidente (E) Juan Guaidó asumió la Presidencia Interina de Venezuela, en enero de 2019, hemos logrado la protección de CITGO en todos los frentes abiertos irresponsablemente por la dictadura. En ese sentido, y a pesar de la decisión en la Corte de Nueva York, CITGO sigue protegida ya que existe una Orden Ejecutiva (GL5) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impide la ejecución de cualquier acreencia por parte de los tenedores del Bono PDVSA 2020".

  Según el comunicado, "la protección brindada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue renovada a principios del mes de octubre de 2020 y se mantendrá al menos hasta el 19 de enero de 2021, otorgando así un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de defensa de CITGO".





Fiscales de NY piden al juez negar la fianza al exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos Zepeda por alta posibilidad de fuga

 Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos pidió a la Corte del Distrito Este de Nueva York que el exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, arrestado en Los Ángeles este jueves por delitos de narcotráfico, permanezca en prisión por tener indicios de posibilidades de huir de la justicia si se le otorga una fianza.

  Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como Secretario de Defensa Nacional en México de 2012 a 2018 fue acusado por los fiscales federales de haber abusado de su posición pública para ayudar al Cártel H-2, una organización mexicana extremadamente violenta, a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en los Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. 

  A cambio de la ayuda que prestaba Cienfuegos Zepeda a los narcotraficantes, el alto exfuncionario castrense recibía pagos de sobornos del Cártel H-2, una organización que habitualmente participaba en acciones violentas, incluida la tortura y el asesinato, para operar con impunidad en México.

  Los fiscales sostiene que el 14 de agosto de 2019, un gran jurado reunido en el Distrito Este de Nueva York presentó una acusación formal que vinculaba a Cienfuegos Zepeda de delitos de narcotráfico, trata y blanqueo de capitales. 

  Sostienen que el mismo 14 de agosto de 2019, la juez federal Vera M. Scanlon emitió una orden de arresto contra el acusado.

  Los Agentes federales arrestaron a Cienfuegos Zepeda el jueves 15 de octubre en Los Ángeles, CA. El acusado será presentado para su aparición inicial este viernes, que incluirá un proceso de deportación del Distrito Central de California. El gobierno espera que  el acusado sea transportado al Distrito Este de Nueva York y procesado por la acusación en las próximas semanas. 

  Los fiscales pidieron al juez de Nueva York que ingrese una orden de detención permanente, ya que ninguna combinación de condiciones puede garantizar la comparecencia en el juicio.

El caso en la demanda

1) Entre 2012 y 2018, el imputado fue Secretario de Defensa Nacional para México, responsable de la gestión del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Reportaba directamente al Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

2) Mientras ocupaba un cargo público en México, el acusado usó su cargo oficial para ayudar al Cártel H-2, una famosa organización criminal mexicana a cambio de sobornos.

3) El Cártel H-2 es una violenta organización mexicana de narcotráfico que fue anteriormente dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como "H-2", y con sede en Nayarit y Sinaloa, México. 

4) Durante el período de tiempo relevante, el Cartel H-2 tuvo numerosas células de distribución de drogas en los Estados Unidos, incluyendo a Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, a través de las cuales distribuyó miles de kilogramos de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana y ganó millones de dólares en ingresos ilegales.

5) En México, el Cártel H-2 traficaba con cientos de armas de fuego letales y cometió innumerables actos de violencia espantosa, incluida la tortura y el asesinato, para protegerse contra los desafíos de organizaciones rivales de narcotráfico, luchar por el territorio y silenciar a quienes decidían cooperar con las fuerzas del orden. 

6) El Cártel H-2 ha transportado cargamentos de droga y recaudó ganancias de la droga de la ciudad de Nueva York, incluidas áreas en Brooklyn.

7) El Cártel H-2 ha utilizado la corrupción de funcionarios públicos, incluidos los sobornos al acusado mientras era un alto funcionario mexicano, como medio y método para lograr los objetivos de su empresa de tráfico de drogas. A cambio de sobornos de otros funcionarios del gobierno mexicano, el Cártel H-2 aseguró el arresto y tortura de narcotraficantes rivales por Agentes mexicanos de la ley, la liberación de la prisión de miembros del Cártel H-2, y la capacidad de participar en el tráfico de drogas al por mayor, el tráfico de armas de fuego y la violencia, incluyendo decenas de asesinatos, sin interferencia de las fuerzas del orden mexicanas.

La conducta criminal de Salvador Cienfuegos Zepeda

 Los fiscales sostiene que durante la investigación han logrado acumular evidencias obtenidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la interceptación de miles de comunicaciones de mensajería de Blackberry que ha revelado que, mientras Cienfuegos Zepeda era el Secretario de Defensa Nacional de México, el demandado recibió pagos de sobornos, ayudó al Cártel H-2 de numerosas formas, entre ellas: 

(i) asegurando que las operaciones militares no se llevaran a cabo contra el Cártel H-2; 

(ii) iniciar operaciones militares contra los carteles de la droga rivales

(iii) localización de transporte marítimo para cargamentos de drogas;

(iv) actuar para expandir el territorio controlado por el Cártel H-2 a Mazatlán y el resto de Sinaloa; 

(v) presentar a los principales líderes del Cártel H-2 a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano dispuestos a ayudar a cambio de sobornos; y 

(vi) advertir al Cartel H-2 sobre la investigación en curso de las fuerzas del orden de los EE. UU. sobre el Cártel H-2 y su uso de testigos e informantes, lo que finalmente resultó en el asesinato de un miembro del Cártel H-2 que los jefes de esa organización creía incorrectamente que estaba ayudando a la ley de EE. UU.

  Entre las muchas comunicaciones capturadas durante el transcurso de la investigación, los fiscales advierten que existen numerosas comunicaciones directas entre el acusado y un líder superior del Cartel H-2, incluyendo unas en las que el acusado discutió su historial de asistencia a otra organización narcotraficante.

  Asimismo, los fiscales estadounidense dicen poseer comunicaciones en las que el acusado se identifica por nombre, título y fotografía como funcionario del gobierno mexicano que estaba ayudando al Cártel H-2. 

  "Debido, en parte, a la ayuda corrupta del acusado, el Cartel H-2 llevó a cabo su actividad delictiva en México sin interferencia significativa de la militares e importaron miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos".

  De acuerdo a la acusación, las miles de comunicaciones interceptadas entre los miembros del Cártel H-2 se corroboran con numerosas incautaciones de drogas de cientos de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina, así como la incautación de cientos de miles de dólares procedentes de la droga vendida en los Estados Unidos. 

  Los fiscales aseguran que los testigos de la investigación han proporcionado una gran cantidad de información al gobierno sobre las operaciones del Cártel H-2, su empleo regular violencia para promover su tráfico de drogas, su uso del soborno para garantizar la protección del gobierno, así como la asistencia del imputado al Cártel H-2 y otras organizaciones de narcotráfico.

  La acusación del Gran Jurado 

 Los fiscales refieren que la acusación del gran jurado en el Distrito Este de Nueva York  acusa Cienfuegos Zepeda de: 

(i) participar en una conspiración de distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana

(ii) participar en una conspiración de importación de heroína, cocaína, metanfetamina y de marihuana

(iii) participar en una conspiración para la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana.

y (iv) participar en una conspiración para lavar el producto de narcóticos.

   Cienfuegos Zepeda enfrenta una condena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua si llega a ser hallado culpable por un jurado.

  Los fiscales advierten que debido a sus conexiones con las organizaciones de narcotráfico, el acusado tiene un fuerte incentivo para huir de la jurisdicción. 

   El imputado es ciudadano y residente de México, fue detenido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 

   Cienfuegos Zepeda viajaba con poca frecuencia a los Estados Unidos. De hecho, los fiscales advierten que el militar no había viajado a Estados Unidos. desde marzo de 2019 y que no tiene una conexión significativa aparente con los Estados Unidos.

 Agregan que si se escapa, es difícil de aprehender al acusado en México si el Cartel H-2 y poderosos funcionarios del gobierno lo protegen. Incluso si es capturado, los procedimientos de extradición en México puede tardar años en completarse, si el acusado impugna su extradición. 

   Los fiscales que actúan en este caso son Michael P. Robotti, Ryan C. Harris y Craig R. Heeren del Distrito Este de Nueva York.


EE.UU. acusa al ex ministro de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda por narcotráfico

 Por  Maibort Petit

 El gobierno de los Estados Unidos acusó al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exministro de Defensa de México durante el gobierno del ex-presidente, Enrique Peña Nieto por su rol en una conspiración para traficar a EE. UU. cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. 

  El acusado será presentado en la Corte para la lectura de los cargos este viernes en horas de la tarde en California para luego ser trasladado a la ciudad de Nueva York, donde enfrentará la justicia en la Corte Federal de Brooklyn.

  En la acusación contra Cienfuegos Zepeda, alias "El Padrino" y "Zepeda" se informa que el militar participó para distribuir diferentes montos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas junto a otros conspiradores cuyos nombres no se dieron a conocer oficialmente.

 Cienfuegos Zepeda está señalado por el tráfico de más de un kilogramo de heroína, más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos o más de metanfetaminas y 1000 kilogramos o más de marihuana, dice la acusación.

  Asimismo, a Cienfuegos Zepeda  se le acusa de haber participado en el lavado del dinero proveniente de una actividad ilegal del narcotráfico, pero no se específica los montos de las transacciones que forman parte de la conspiración demandada.

  El caso de Cienfuegos Zepeda será tramitado en la corte por la Juez, Carol Bagley Amon, magistrada de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

  El ex ministro de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por tráfico de drogas y lavado de dinero, según fuentes estadounidenses y mexicanas.

  Cienfuegos  Zepeda fue detenido el jueves en el aeropuerto de Los Ángeles por una orden de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Al momento del arresto el militar estaba acompañado de su familia, que fue liberada.

  Cienfuegos Zepeda permanece arrestado en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles.

  El canciller de México, Marcelo Ebrard, tuiteó el jueves por la noche que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, le informó del arresto de Cienfuegos y que el general retirado tiene derecho a recibir asistencia consular.

  Luego tuiteó la madrugada del viernes que Cienfuegos será trasladado a Nueva York y su abogado llegará en unas horas desde México.

  Cienfuegos Zepeda, de 72 años, quien se retiró del servicio activo, dirigió el ejército de México de 2012 a 2018 bajo el ex presidente Enrique Peña Nieto.

 Cienfuegos Zepeda enfrenta una condena máxima de cadena perpetua. 





miércoles, 14 de octubre de 2020

Avior Airlines no estaría en condiciones de reiniciar sus operaciones por problemas con su flota de aviones

   Las fuentes del INAC y Avior desmintieron las afirmaciones públicas del presidente de la línea aérea venezolana.


 Por Maibort Petit

  La aerolínea Avior Airlines C.A. no estaría en condiciones de reiniciar sus operaciones, según fuentes internas de la empresa que fueron corroboradas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Esta versión desmiente las declaraciones del presidente de la empresa, Juan Bracamonte, quien ha asegurado, en varias oportunidades, que todo estaba listo para que Avior reiniciaría sus vuelos en los próximos días.

   Las fuentes consultadas por Venezuela Política en el INAC sostiene que el cierre de las operaciones de Avior en Venezuela se extenderían por 30 días adicionales a los previstos inicialmente.

  Las mismas fuentes informaron que existe una gran preocupación  porque la empresa ha canibalizado su flota en beneficio de su empresa filial en Colombia, Gran Colombia de Aviación.

    Desde Avior, las fuentes aseguran que "ni uno solo de los aviones de la flota de Avior Airlines está aeronavegable en este momento".

   Sostienen que el antiguo 737-400 de Avior, serial 24862 que volaba bajo la matrícula de YV3187, está volando en estos momentos para Gran Colombia de Aviación, bajo la matrícula HK533.

  Asimismo, las revelaron que hay canibalización de todo tipo de componentes en favor de la aerolínea Colombiana. 

  Venezuela Política pudo corroborar que la flota de Avior no tiene actualmente cobertura de Seguro, que es un requisito indispensable para poder volar. 

    Una de las fuentes vinculada al tema aseguró a Venezuela Política que "para que al menos dos aviones de la flota Avior [de todos los que tiene en tierra] se requieren más de US$ 380,000 en repuestos que no han sido comprados aún". 

  Paralelamente, la empresa adeuda más de 5 meses de salarios a sus empleados. 

  Igualmente, las fuentes del INAC aseguraron a este portal que fue ordenada una inspección completa a la flota de Avior que se encuentra en Venezuela.

    Venezuela Política tiene en su poder el contrato de arrendamiento del Boeing 737-4b7 Serial 24862 celebrado entre la empresa Avior Airlines C.A., representado por Jorge de Jesús Añez Dager y Gran Colombia de Aviación GCA Airlines, representado por Nelson Sinencio Mata Aguilera, en el que se corrobora el uso de la flota por la filial de Avior en Colombia.











Con Maduro, Hezbollah convirtió a Venezuela en eje central para la convergencia del terrorismo internacional

   La diáspora libanesa llegada a territorio venezolano, fue utilizada por Hezbollah para constituir redes de apoyo para el brazo armado del régimen iraní, con el auxilio de la dictadura de Maduro.

Por Maibort Petit

   Un informe suscrito por el experto en temas de seguridad, Joseph Humire, para el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, titulado “El nexo Maduro-Hezbollah: Cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen venezolano”, advierte que la red terrorista del brazo armado del régimen iraní se mantiene activa en Latinoamérica en la actualidad mediante la cooptación de muchas familias libanesas en el Caribe y en Centro y Sur América. De este trabajo se ha encargado —desde el ataque de la AMIA Buenos Aires en 1994— la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah o “Unidad 910”, unidad que es responsable de sus operaciones extraterritoriales.

   Entretanto, en Venezuela, en su afán de mantenerse en poder a como dé lugar, Nicolás Maduro recurre a alianzas con el crimen organizado internacional y el terrorismo que le resultan estratégicas. ante este contexto, Estados Unidos ha desarrollado una política de máxima presión sobre el régimen venezolano con el objetivo de limitar el poder del mismo, que incluye, entre otras acciones las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado contra Maduro y otros altos cargos y líderes oficialistas, señalados de conspirar junto a las FARC, carteles de la droga mexicanos, Irán Siria y el grupo terrorista Hezbollah. Este último, visto durante mucho tiempo en América Latina como un problema lejano y ajeno, ha convertido a Venezuela en un eje central para la convergencia de la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo internacional.

  Advierte el informe que el ESO de Hezbollah pasó “de ser una mera red terrorista en América Latina a participar en la empresa ilícita más lucrativa de la región: los narcóticos. De las más de dos mil personas y entidades en todo el mundo designadas por el gobierno de los Estados Unidos como capos extranjeros de los narcóticos, casi doscientas están afiliadas o conectadas con Hezbollah”. De cualquier manera, se deja sentado que la participación de Hezbollah en el narcotráfico no es nueva.

  Del mismo modo, se refiere que las actividades delictivas Hezbollah fueron establecidas por el mismo fundador fallecido de la ESO, Imad Fayez Mughniyeh, dirigiendo en la actualidad la cartera de delitos transnacionales el primo del secretario general y enviado del grupo, Abdallah Safieddine, quien comparte esta responsabilidad con Adham Hussein Tabaja, quien posee su brazo de propaganda mediática ya ha establecido muchos mecanismos de inversión y negocios intensivos en efectivo y crédito para lavar las ganancias ilícitas de Hezbollah.

  Humire sostiene en su informe que Tabaja y Safieddine están vinculados a una vasta red delictiva transnacional que incluye una variedad de negocios. en América Latina que incluyen los textiles, carne de res, carbón vegetal, electrónica, turismo, bienes raíces y construcción, que le permiten el lavado de los fondos ilícitos de Hezbollah.

  Joseph Humire formula un llamado a Latinoamérica para que se percate de que en en la era actual, Hezbollah está a la altura de los cárteles en crimen organizado y terror.

Convergencia con alcance global

  Hace mención Humire en su informe a la evaluación de la convergencia del crimen organizado y el terrorismo realizada por la Universidad de Defensa Nacional (NDU), la cual en 2013 incluyó lo dicho por el ex Comandante Supremo Aliado de la OTAN y miembro de la junta del Atlantic Council, el almirante James Staviridis, quien la describe como una amenaza híbrida.

  “Las organizaciones [transnacionales] son una gran parte de la amenaza híbrida que forma el nexo del tráfico ilícito de drogas, incluidas las rutas, las ganancias y las influencias corruptas, y el terrorismo, tanto el terrorismo islámico nacional como el importado (...) Han alcanzado un grado de alcance globalizado y colaboración a través de redes, así como diversificación horizontal".

  Considera Joseph Humire que la descripción formulada por Staviridis es apta para Hezbollah, cuya estructura organizativa es un modelo multidimensional con relaciones exteriores y sectores de servicios sociales, un partido político y grupos de medios, actividades legítimas estas que combina con sus redes ilícitas clandestinas, tanto en el Líbano como en todo el mundo.

  Agrega que si bien la diáspora libanesa en todo el mundo no está involucrada en estas actividades criminales o terroristas, la significativa incidencia que las remesas de estas personas tienen en el producto interno bruto (PIB) del Líbano, ubicándose en 14 por ciento, el ESO de Hezbollah ha buscado infiltrar estas comunidades para construir redes de apoyo financiero en el extranjero. En este sentido, se indica que en América Latina, estas redes de apoyo anidadas principalmente en las comunidades árabes y libanesas, se encuentran principalmente en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

La red de apoyo de Hezbollah en Venezuela

  Seguidamente, el informe del especialista en seguridad recuerda que desde hace más de ciento cincuenta años, han arribado a venezuela olas libanesas de migración masiva, la primera de ellas  a finales del siglo XIX, durante la era otomana, otra a principios del siglo XX, una masiva llegada desde el Líbano, principalmente conformada por cristianos maronitas que se asentaron principalmente en la isla de Margarita, Puerto Cabello, Punto Fijo y La Guaira.

  Al comienzo de la guerra civil libanesa, en 1975, Venezuela se convirtió en un destino destacado para quienes buscaban escapar de las duras condiciones de la guerra.

  Para ese entonces, Venezuela exhibía una vibrante economía que ofrecía un nivel de vida relativamente alto que se erigió como un faro para muchos libaneses.

  Con la advertencia de que no toda la comunidad libanés-venezolana se ha sumado, de hecho, han hecho contribuciones significativas a la sociedad, la ruta de refugiados a Venezuela fue explotada por Hezbollah para construir redes de apoyo. Subraya que muchas veces la comunidad libanesa ignora  esta actividad clandestina, pero un “ejército” de profesionales de la logística —empresarios, abogados, contadores y otros— que formaba parte de la diáspora se constituyó “como una red de apoyo en Venezuela que ayuda a criar, ocultar, trasladar y blanquear fondos ilícitos para Hezbollah, algunos de los cuales se utilizan para promover sus operaciones terroristas en todo el mundo”.

  Finalmente, el informe de Joseph Humire indica que en Venezuela, “la red de apoyo de Hezbollah opera a través de estructuras de clanes familiares compartimentadas que se integran en la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y en el aparato político y la burocracia del régimen. Muchos de los clanes están asimilados dentro del estado y la sociedad venezolanos a través de las robustas comunidades libanesas y sirias que se extienden hasta la vecina Colombia”.


                                  

PDV USA advierte que la empresa de David Rivera carece de fundamentos para pedir al tribunal desestimación de la demanda en su contra

   Sostiene que Interamerican Consulting Inc sólo persigue retrasar el litigio, pues por el contrario a lo alegado por la demandada, se cumplieron todos los términos legales para reclamar el incumplimiento del contrato.

Por Maibort Petit
   El abogado de PDV USA Inc., Jeffrey B. Korn, que representa a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, aseguró ante el juez de la causa que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, que la demandada Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, carece de fundamentos para solicitar al tribunal la desestimación del caso.

  En tal sentido, Korn advirtió al magistrado que esta acción de Interamerican solamente persigue retrasar innecesariamente el litigio. El juez había otorgado una prórroga a Rivera para que respondiera a la demanda, toda vez que inexplicablemente desde que esta fue interpuesta, la demandada no ha fijado posición. Dicha prórroga era hasta el 30 de septiembre pasado[1].

  Dos días antes de que se cumpliera el plazo, la representación legal de Interamerican, en manos de Kathryn Lee Boyd, solicitó una moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

  El alegato para esta solicitud, según el abogado de Interamerican, es que PDV USA carece de legitimación para cumplir el contrato y que la demanda no cumple con los extremos legales[2].

  El asunto versa sobre una demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la empresa propietaria del paquete accionario de CITGO Petroleum Corporation sobre la que se conoció en mayo de 2020. La aspiración de la demandante es recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Fuente ligadas a CITGO han asegurado a Venezuela Política el pago de los USD 15 millones ocurrido en marzo de 2017 fue irregular, pues se incumplieron las normas mínimas esenciales lo cual se reflejaba en la calidad de la facturación —tres facturas por USD 5 millones cada una, elaboradas en simples papeles sin cumplir los requerimientos internos de la filial de PDVSA— y que fueron pagadas por órdenes superiores. La autorización habría venido de José Pereira quien para entonces era el vicepresidente de Finanzas y ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) el pago por orden del CEO de CITGO para la fecha, Nelson Martínez.

  La fuente manifestó que el pago que ocurrió en menos de 4 semanas "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita (…) José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  Lo cierto es que, de acuerdo a las fuentes entendidas, este caso sólo sería el reflejo de operaciones irregulares hechas con empresas fantasmas con el objetivo de desviar fondos de la estatal a fines distintos a los de la industria. Con ello se estarían violando políticas y procedimientos internos, leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos. La demanda solo estaría procurando enmascarar el comportamiento delictual de la directiva de CITGO y formar una cortina de humo distraer la atención del Departamento de Justicia haciéndole suponer una rectificación de su conducta frente a quienes expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos.

  Venezuela Política también pudo conocer que no es cierto, como dice la demanda que PDV USA se negó a pagar las facturas por los restantes USD 35 millones del contrato, sino que entre los años 2017 y el 2018, tres directores detectaron las irregularidades del acuerdo y se enfrentaron a José Pereira y a Nelson Martínez, logrando detener el esquema fraudulento[3].

  Sobre el propietario de Interamerican Consulting Inc., David  Rivera, pesan algunas investigaciones, entre ellas una originada por el objeto del contrato suscrito con PDV USA, dado que este habría prestado servicios de cabildeo sin estar debidamente registrado como agente para trabajar a favor de un gobierno extranjero, por lo que el Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigarlo[4].

  Otro hecho significativo en este caso deriva del despacho de abogados que representa a PDV USA en el litigio, a saber, Willkie Farr & Gallagher LLP una firma conocida por sus lazos con el chavismo a quienes a representó en múltiples oportunidades. Incluso, este bufete estaría ligado a la firma Sidley Austin LLP que participó en la defensa de los narcosobrinos. Y es que este y otros despachos que siguen actuando en la actualidad fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO, de acuerdo a nuestras fuentes[5].

La comunicación

   Una comunicación fechada el 5 de octubre de 2020 desde la firma de abogados Willkie Farr & Gallangher LLP, suscrita por Jeffrey B. Korn, dirigida al juez John G. Koeltl, sobre el caso PDV USA Inc. contra Interamerican Consulting Inc., identificado con el número 20-cv-3699 (JGK), sostiene que la moción de desestimación de la demanda interpuesta por su cliente no prosperará al carecer de fundamento y sólo tiene como objetivo retrasar innecesariamente el proceso judicial.



   Le refiere Korn al magistrado Köeltl, que su despacho de abogados representa a PDV USA Inc. en el proceso emprendido contra Interamerican Consulting Inc., una empresa registrada en el estado de la Florida por el ex congresista estadounidense, David Rivera, la cual cuenta con apenas un empleado, a saber, la hermana del propietario.

  Seguidamente, hace un recuento de los hechos que llevaron a PDVS USA a demandar a la empresa de Rivera y, en tal sentido, refiere que el 21 de marzo de 2017, su cliente contrató a Interamerican, la cual debía prestar “servicios de consultoría estratégica” por tres meses “a cambio de la asombrosa cantidad de $ 50 millones”. Le correspondía a Interamerican ayudar a la empresa matriz última de PDV USA, es decir, a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), controlada por el régimen de Nicolás Maduro.

 Debía Interamerican, según indica la comunicación que cita partes del acuerdo entre las dos partes, desarrollar una estrategia para “informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas del CLIENTE”; “Reforzar la posición del CLIENTE entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión”; y "mejorar la reputación a largo plazo y la posición del CLIENTE" con "partes interesadas específicas" e (2) "identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos".

  Estos servicios que debían prestarse "a satisfacción exclusiva de PDV USA", incluían la elaboración de informes quincenales “detallando las actividades que han llevado a cabo durante ese período”, así como un informe final “incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas” y, finalmente, “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” que se anexarían a cada factura presentada.

 Destaca Jeffrey B. Korn ante el juez Köeltl, que pese a haber cancelado PDV USA Inc. a Interamerican, la cantidad de USD 15 millones entre el 21 de marzo de 2017 y el 18 de abril de 2017, la demandada no cumplió con lo convenido en el acuerdo y no completó ningún servicio a satisfacción de PDV USA. Agrega que tampoco los informes prometidos "detallaron [] las actividades" realizadas, como se requería, ni junto a las facturas enviadas se adjuntaron los documentos de respaldo o los detalles de los servicios.

  Subraya, por tanto, Korn, que PDV USA se negó a seguir pagando a Interamerican, más allá de los USD 15 millones pagados “sin recibir nada a cambio”.

  Informa al juez que el 5 de octubre de 2017, PDV USA procuró ceder los derechos del acuerdo a PDVSA, pero Interamerican se negó a dar su consentimiento y durante años insistió en que PDV USA estaba obligada por los términos del Acuerdo.

Interamerican sin fundamento

  Luego de narrar los antecedentes de la demanda, Jeffrey B. Korn argumentó ante el juez las razones por las que estima que Interamerican no tiene fundamento para haber solicitado el 27 de septiembre de 2020 la desestimación de la acción emprendida por PDV USA Inc.

  Se remite a lo expuesto por Interamerican, que señaló en primer término que PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato como resultado de la cesión, cuando el propio demandado olvida que no consintió la misma y, durante años, ha dicho que esta no era válida y que la petrolera estaba está obligada por el acuerdo.

  Cita un correo electrónico enviado por David Rivera 4 de febrero de 2019, donde advirtió que Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA, habiendo sido rechazada cualquier sugerencia de reasignación del contrato. En la comunicación Rivera refirió que su asesor legal revisó el asunto y concluyó de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA era una decisión unilateral arreglada las petroleras. Indicó que, bajo la ley de contratos de Nueva York, PDV USA de ninguna manera queda eximida de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting.

  En segundo lugar, el representante legal de PDV USA alertó que lo sostenido por Interamerican de que la demanda no alegó adecuadamente una reclamación por incumplimiento de contrato también fracasa. Jeffrey B. Korn se remite a la jurisprudencia que ha dejado establecido que “Para presentar una reclamación viable por incumplimiento de contrato, una queja solo necesita alegar (1) la existencia de un acuerdo, (2) el cumplimiento adecuado del contrato por parte del demandante, (3) el incumplimiento del contrato por parte del demandado y (4) daños", lo cual ha cumplido PDV USA.

  El juez asevera que la demanda interpuesta contra Interamerican alega la existencia del acuerdo y cada una de las disposiciones que la demandada violó; que PDV USA cumplió adecuadamente con el contrato, específicamente pagando a Interamerican USD 15 millones; que el demandado violó el acuerdo al no proporcionar los servicios requeridos, ni producir la cantidad requerida de informes con el nivel de detalle requerido; como tampoco proporcionar detalles de los servicios prestados en facturas y documentación de respaldo. Respecto a los daños causados, el abogado recuerda el pago de USD 15 millones por el cual no recibió nada a cambio.

  En tercer lugar, Jeffrey B. Korn le expone al juez Köeltl que PDV USA no ha renunciado a su reclamo por incumplimiento de contrato, pues nunca manifestó que recibió los servicios y, mucho menos, a su entera satisfacción. Por el contrario, indica, la demandante alegó repetidamente que la demandada no cumplió con el contrato y que "no está satisfecho con los servicios de Interamerican".

  Finalmente, recordó unas declaraciones públicas de David Rivera a la prensa en las cuales remitió a los periodistas que le consultaron sobre el incumplimiento de contrato reclamado por PDV USA, este dijo: "pregunten a los muchachos de CITGO 6", es decir a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Nicolás Maduro quienes, según el excongresista, “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana (…) Eso es todo lo que sé".

  También Korn le refiere al juez otras declaraciones de Rivera en las que dijo: "Todos esos fondos fueron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo".

  En tal sentido el abogado del demandante considera que con estas afirmaciones David Rivera admitió que Interamerican no brindó ni tuvo la intención de brindar ningún "servicio de consultoría estratégica" a PDV USA (o PDVSA) como lo exige el acuerdo.


Citas

[1] Venezuela Política. “Se agota el tiempo para que David Rivera responda a demanda de PDV USA por incumplimiento de contrato de cabildeo a favor de Nicolás Maduro”. 21 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/se-agota-el-tiempo-para-que-david.html


[2] Venezuela Política. “Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera”. 28 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/piden-un-juez-de-ny-desestimar-demanda.html


[3] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html


[4] Venezuela Política. “Piden investigar al ex-representante David Rivera por posible violación de ley FARA”. 11 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/piden-investigar-al-ex-representante.html


[5] Venezuela Política. “Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera”. 24 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/lo-que-hay-detras-de-los-corruptos.html

martes, 13 de octubre de 2020

AMÉRICA LATINA ESTÁ QUE ARDE: LAS FARC QUEDAN DESNUDAS, NAYIB BUKELE Y A...

Conozca cuál fue el papel de los hermanos Martinelli Linares en la trama de corrupción de Odebrecht

   Supuestamente habrían actuado como intermediarios para que un alto funcionario de gobierno de Panamá entre 2009 y 2014 recibiera los sobornos de la empresa brasileña.

Por Maibort Petit

   La documentación presentada ante el Tribunal del Distrito este de Nueva York revela cómo habría sido la participación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en la trama de corrupción en la cual, supuestamente, la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a un alto funcionario de gobierno de Panamá para obtener millonarios. Contratos entre 2008 y 2014.


   El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, detalló en una declaración jurada los detalles de la presunta participación de los Martinelli Linares en el esquema corrupto.

  El agente especial del FBI declaró que, entre agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuando como intermediarios para el pago de sobornos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, Luis y Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitían recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  En cumplimiento del esquema de soborno, aproximadamente entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los imputados, junto con otros, abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras, que fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos que Odebrecht hizo y provocó que se hicieran en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Específicamente, Luis Martinelli y Ricardo Martinelli establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y realizaron transferencias electrónicas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

   Entre 2009 y 2012, los demandados abrieron cuentas bancarias en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto ocurrió utilizando la Compañía Offshore A el Banco; la Compañía Offshore B el Banco 2; la Compañía Offshore C el Banco 3; la Compañía Offshore del Banco 4; y la Compañía Offshore E, la Compañía Offshore F, la Compañía Offshore G y la Compañía Offshore H, todas en Banco 5.

   Explicó Lewandowski que la apertura y operación de las Cuentas de Sociedades Offshore se hizo con el objetivo de promover, asistir, facilitar, encubrir y actuar como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto para que la citada Odebrecht obtuviera una ventaja comercial indebida para suscribir contratos en Panamá.

  Entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron aproximadamente USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Al menos USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., entre ellos Banco 6 y el Banco 7 en Nueva York, Nueva York, a las cuentas de empresas offshore.

  El agente del FBI refirió que los registros financieros muestran que el 27 de julio de 2010, se hizo una transferencia bancaria de USD 350.000 dólares desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma en el extranjero controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a la cuenta de la Compañía A en el Banco 1, a través de una cuenta en Bank 6 en Nueva York, Nueva York.

 Después, los acusados Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses, algunos Nueva York, que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

  El 11 de febrero de 2013, el demandado Luis Martinelli transfirió USD 346.500.00 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2, a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en Nueva Jersey en el Banco 9. Los registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de una embarcación.

  Entre estas operaciones irregulares, el agente del FBI menciona que el 12 de noviembre de 2013, los demandados transfirieron USD 899.978,32 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1, a la Compañía Offshore E cuenta en Bank 5, a través de una cuenta en el Banco Corresponsal 3 en Nueva York.

  El 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1 a la cuenta E de la Compañía Offshore en el Banco 5, a través de cuentas en el banco 8 en Nueva York.

  El 26 de agosto de 2015 Luis Martinelli transfirió USD 570.000 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2 a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en el Banco 6 en Florida. Los registros muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por una corporación de Florida a nombre de Luis Enrique Martinelli Linares.

  El agente especial del FBI solicitó a la corte que emitiera órdenes de aprehensión en contra de Luis Martinelli y Ricardo Martinelli.

Declaración del agente del FBI

  En esa misma fecha, en su declaración jurada ante el juez Robert M. Levi, titular del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Michael Lewandowski, pidió el sellado de los documentos de la investigación.

  El agente Lewandowski solicitó que se  sellaran todos documentos presentados en apoyo de su solicitud, incluida la denuncia y las órdenes de arresto relacionadas, dado que se corresponden a una investigación criminal en curso que no es pública ni conocida por todos los objetivos de la averiguación.

  Alertó al juez de que no todos los implicados serían arrestado en ese momento y subrayó que tanto Luis como Ricardo Martinelli Linares se encontraban en libertad, requiriéndose el sellado de los documentos para evitar que los imputados fueran detenidos y procesados.

  El gobierno señala como excepción limitada al sellado, compartir la denuncia y/o las órdenes de arresto relacionadas con otras agencias de aplicación de la ley.

Declaración de la Fiscal en apoyo a la extradición

  El 27 de julio de 2020, la Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, declaró bajo juramento ante el Juez de primera instancia de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert M. Levy, en apoyo a la solicitud de extracción de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Nestor trabajó en el caso contra Luis Enrique Martinelli Linares, titulado Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, numerado 20-M- 498, surgido de una investigación a Odebrecht S.A., empresa brasileña que opera en 27 países y que promovió un esquema de soborno masivo y lavado de dinero en el que participaron los acusados.

Los cargos

  Refiere Julio Nestor que un Juez de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York firmado una demanda el 27 de junio de 2020 contra Luis Enrique Martinelli Linares, acusándolo de conspiración para cometer lavado de activos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 195 (h), 1956 (a) (I) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; y luego se emitió una orden de arresto en su contra, por parte de un Juez Magistrado del referido circuito judicial.

   Este juez magistrado acusó a Luis Enrique Martinelli Linares, el 20 de julio de 2020, de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  Explica la fiscal que acumuló todas las diligencias judiciales practicadas contra Luis Martinelli como es la práctica frecuente en al Tribunal del distrito Este de Nueva York.

  La fiscal Nestor explica que según las leyes de Estados Unidos el delito de conspiración es simplemente un acuerdo para violar leyes penales, subrayando que el acto de combinar y acordar con una o más personas para violar la ley estadounidense es un crimen en sí mismo. Tal acuerdo no necesita ser formal y puede ser simplemente un entendimiento verbal.

  En este sentido, Julia Nestor refiere que la Demanda Enmendada acusa a Luis Enrique Martinelli Linares de conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). Añade que respecto al cargo de conspiración para cometer lavado de activos se debe acreditar que el imputado celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos. La pena máxima de prisión por este delito es una pena de 20 años de prisión.

  La fiscal dice que respecto a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i) que también se le imputa a Luis Martinelli, se debe demostrar que este realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucraba bienes que constituían el producto de un delito de soborno a un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que este sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que también sabía que la transacción fue diseñada total o parcialmente para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 20 años de prisión.

  Igualmente, la Demanda Enmendada también acusa a Luis Martinelli Linares de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, por lo que se debe demostrar  que participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 10 años de prisión.

  A Luis Enrique Martinelli Linares también se le señala de cometer dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, según lo dispuesto en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2.

  Luego de otras consideraciones, Julia Nestor refirió al juez Levi que revisó a fondo el estatuto de limitaciones aplicable, comprobado que los cargos que se le imputan a Luis Martinelli se ajustan a la norma.

  Manifestó que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de la corporación, correos electrónicos y otras pruebas.

Los hechos

  La investigación señala que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, y junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que los conspiradores acordaron con otros pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios en varios países del mundo, incluidos los funcionarios públicos y los servidores públicos en Panamá.

  Odebrecht ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del producto de los beneficios del esquema de soborno al canalizar los ingresos del esquema a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero a los beneficiarios finales de los sobornos.

 Se identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno de ese país, entre 2009 y 2014, que era un familiar cercano suyo.

  Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuar como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

   Específicamente, los demandados establecieron sociedades fantasma en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.