El régimen venezolano controla una red internacional de actividades delictivas que le brindan sustento financiero, recursos que supuestamente son legitimados a través de la estatal petrolera.
Por Maibort Petit
Aunque no se conoce con certeza aún el alcance de los esfuerzos criminales del régimen criminal de Venezuela liderado, primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, se han podido hacer algunas estimaciones razonables de partes de dicha empresa criminal expansiva. Igualmente, la revisión de un conjunto de investigaciones y casos legales han permitido establecer que a través de las estructuras de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre 2007 y 2018, se han movilizado alrededor de USD 40 mil millones de fondos ilícitos.
Así lo refiere un informe elaborado por el presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, Douglas Farah, para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council titulado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el cual se analizan las actividades irregulares llevadas a cabo por el régimen, las cuales impiden la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela.Lo que revelan las investigaciones
El reporte refiere que una investigación llevada a cabo en 2019 un consorcio latinoamericano de periodistas de investigación denominado Connectas, estableció que, como estimación, funcionarios venezolanos desviaron USD 28 mil millones de PDVSA a través del programa Petrocaribe implementado por Hugo Chávez en 2005 en 14 países. En la práctica, advierte la investigación periodística, se ha tratado de la compra de respaldos diplomáticos[1].
A su vez, IBI Consultants rastreó los movimientos de, por lo menos, USD 10 mil millones en fondos venezolanos que se movieron a través de la red criminal de PDVSA. En estas operaciones intervinieron aliados del régimen venezolanos en Centroamérica, como es el caso de Albanisa en Nicaragua y de Alba Petróleos en El Salvador, entre 2007 y 2018[2].
Douglas Farah explica que las estructuras de la estatal Petróleos de Venezuela habrían servido para legitimar, entre los años 2007 y 2018, unos USD 40 mil millones en fondos de origen ilícitos, de acuerdo a lo que revelan diversas investigaciones y casos legales de diversa índole.
La estructura criminal venezolana
El experto en seguridad, quien cataloga al régimen venezolano como una Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, calcula que alrededor de USD 10 mil millones fueron lavados en periodo referido anteriormente 2007-2018. Farah realizó una entrevista en Ciudad de Panamá (Panamá) en diciembre de 2018 a una fuente ligada al caso, quien le aseguró que la cifra se acerca a USD 43 mil millones, lo que llevó a establecer que entre USD 10 mil millones y USD 43 mil millones en fondos estatales de Venezuela fueron legitimados.
Farah hace una revisión de las empresas criminales del régimen venezolano, establece sus orígenes, determina la manera cómo se vale de los lazos económicos y políticos que mantiene con estados regionales e internacionales, para así promover sus redes ilícitas y las alianzas criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en operaciones de extracción de oro y drogas.
En el reporte, se subraya el papel de Europa, toda vez que, si bien por un lado se erige como un socio único y poderoso de las fuerzas democráticas en Venezuela, por otra parte, también se ha convertido en el lugar donde los fondos ilícitos del régimen fluyen a través de sus bancos y sistema financiero.
Fondos ilícitos provenientes de las FARC y el ELN
Parte de estos fondos ilícitos, lavados a través de PDVSA provendrían, supuestamente, de la venta de cocaína por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que Chávez construyó una estrecha alianza a partir de los años ´90, cuando la década de 1990, el grupo terrorista colombiano era el mayor productor de cocaína en el mundo.
Y es que los disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz suscrito en diciembre de 2016, así como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), operan desde el territorio venezolano bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro[3].
[1] Connnectas. “#Petrofraude”. https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/#
[2] Center for Complex Operations. National Defense University. “Convergence in Criminalized States: The New Paradigm”, en Beyond Convergence: World Without Order. https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/BEYOND%20CONVERGENCE%20%20World%20Without%20Order%20.pdf?ver=2016-10-25-125406-170
[3] InSight Crime. FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analy-sis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/
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