martes, 29 de septiembre de 2020

Luisa Palacios anuncia que dejará la presidencia de la Junta Directiva de CITGO el 30 de octubre

 Por Maibort Petit

  La presidenta de la Junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios anunció a través de una misiva que dejará su posición a partir del 30 de octubre pero que permanecerá como directora, y que dedicará más tiempo a la Fundación Simón Bolívar para apoyar "la aguda crisis humanitaria que vive Venezuela".

  Palacios envió la notificación hoy martes a las 5PM. No se indica en el anunció quién la reemplazará. 

  En los actuales momentos, CITGO es el centro de investigaciones por parte del Departamento de Justicia por haber violado las leyes federales de los Estados Unidos, en las últimas administraciones. A los problemas legales, se une el impacto del coronavirus en la industria petrolera y los resultados operacionales y financieros en los últimos tres meses, calificados de "desastrosos" por varias fuentes internas.

  En más de 30 años, en CITGO no se habían registrados resultados en rojo (déficit). Fuentes de la industria informaron a Venezuela Política que existen rumores del posible retiro del Vicepresidente de Finanzas y del contralor, "debido a los niveles de dificultades que los profesionales del área habían pronosticado".

    Durante la gestión de Luisa Palacios los empleados denunciaron acoso y persecución laboral por la filtración de información a la prensa de los hechos de corrupción denunciados que fueron amparados por la directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó desde febrero de 2019.

Ver detalles aquí.¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

A continuación la misiva enviada por Luisa Palacios a los empleados de CITGO.

Carta de Luisa Palacios sobre la reorientación de las funciones de la junta


Estimada comunidad CITGO,

  Cuando acepté asumir el cargo de Presidenta de CITGO a principios de 2019, la situación nos obligó a centrar nuestra atención en tres objetivos fundamentales: dinamizar la gobernanza y la gestión de la empresa, fortalecer el balance y la resiliencia financiera, y ayudar a la empresa a avanzar. una serie de desafíos legales. Hemos logrado avances significativos en cada una de estas prioridades y, con la fase crucial de los procedimientos que involucran los activos de las entidades CITGO ahora concluida, este es un momento lógico para considerar una transición en mis funciones.

  He anunciado a la Junta Directiva de CITGO mi plan para dejar el cargo de Presidenta, a partir del 30 de octubre. Planeo permanecer en la Junta y continuaré comprometida con la compañía en ese rol. También tengo la intención de dedicar más tiempo a ayudar a la Fundación Simón Bolívar a aumentar su misión de apoyar la compleja crisis humanitaria de Venezuela.

  Liderar las entidades de CITGO durante los últimos 20 meses ha sido un verdadero honor, y agradezco al accionista y a los demás miembros de la junta por confiar en mí con tal responsabilidad. Soy consciente de que mi nombramiento tuvo un significado adicional a la luz de ser la primera mujer en ocupar este puesto en CITGO, y espero que a través de nuestras acciones haya estado a la altura de las expectativas que conlleva tal asignación.

  Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos y seguiré agradecido por todo lo que he aprendido de la comunidad CITGO.

 Sepan que siempre seré un firme defensor de la misión que comenzamos hace 20 meses para mejorar la estabilidad financiera y operativa de CITGO, proteger sus activos y fortalecer su gobierno corporativo. Mi puerta siempre está abierta para cualquiera que quiera contribuir a maximizar el valor de CITGO para todos sus grupos de interés, y eso incluye su impresionante y resistente fuerza laboral.

Luisa Palacios

Condenan a un ciudadano chino por lavar millones de dólares provenientes de la venta de cocaína traficada por cárteles mexicanos

Por Maibort Petit

  Un sujeto de ciudadanía china fue sentenciado este martes a cinco años de prisión por delitos de lavado de dinero proveniente de la venta de cocaína a gran escala en los Estados Unidos, traficada por carteles mexicanos. El juez ordenó además confiscar más de $ 4.2 millones.



  El Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia,  Brian C. Rabbitt junto al Fiscal Federal  para el Distrito Este de Virginia, G. Zachary Terwilliger y la agente especial de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Wendy C. Woolcock  hicieron el anuncio.

  La jueza para el Distrito Este de Virginia,  Leonie M. Brinkema acordó la sentencia de Xueyong Wu, de 40 años, quien según los documentos federales cultivó relaciones con organizaciones latinoamericanas de tráfico de drogas para transportar y lavar sus ganancias provenientes de la droga en Estados Unidos. 

  Dice la acusación contra Wu que gran parte de este dinero fue repatriado a México a través de una compleja serie de transacciones financieras internacionales. 

 Wu recibió un porcentaje del dinero involucrado en estas transacciones como compensación por organizar las actividades de lavado. 

  La mayor  parte del dinero se generó a través del movimiento o el pago de cocaína que ocurrió dentro del Distrito Este de Virginia.




JP Morgan Chase & Co. acuerda pagar $ 920 millones por defraudar a los mercados de metales preciosos y bonos del Tesoro de EE. UU.

Venezuela Política

  El mayor banco norteamericano, JP Morgan Chase acordó con la justicia pagar $ 920 millones por haber participado en un esquema a través del cual defraudaron a los mercados de metales preciosos y bonos del Tesoro de los Estados Unidos, informó este martes el Departamento de Justicia.

  JP Morgan Chase & Co., una firma de servicios bancarios y financieros globales con sede en Nueva York, firmó una resolución con el Departamento de Justicia para resolver cargos penales relacionados con dos esquemas distintos para defraudar: el primero involucra a decenas de miles de episodios de transacciones ilícitas en los mercados de contratos de futuros de metales preciosos, y el segundo de miles de casos de transacciones ilícitas en los mercados de contratos de futuros del Tesoro de EE. UU. y en el mercado secundario (efectivo) de bonos y notas del Tesoro de EE. UU.

  JP Morgan celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relación con una información criminal presentada este martes en el Distrito de Connecticut que acusa a la compañía de dos cargos de fraude electrónico. 

 Según los términos de la DPA, JP Morgan pagará más de $ 920 millones en una sanción monetaria penal, restitución penal y compensación a la víctima, con la sanción monetaria penal acreditada contra los pagos realizados a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en virtud de un acuerdo separado con La CFTC y parte de la devolución penal que se acredita contra los pagos realizados a la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) en virtud de un acuerdo separado con la SEC.

“Durante más de ocho años, los comerciantes de los departamentos de metales preciosos de JP Morgan y de los bonos del Tesoro de EE. UU. participaron en esquemas separados para defraudar a otros clientes del mercado que involucraron miles de casos de comercio ilegal destinado a mejorar las ganancias y evitar pérdidas”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt

“La resolución de hoy, que incluye una importante sanción monetaria penal, compensación para las víctimas y requiere que JP Morgan renuncie a sus ganancias ilegales, refleja la naturaleza y la gravedad de los delitos del banco y representa un hito en los esfuerzos continuos del departamento para garantizar la integridad del público. mercados críticos para nuestro sistema financiero", acotó Rabbitt.

“JP Morgan participó en dos esquemas de manipulación del mercado de dos años de duración”, aseguró el fiscal federal del Distrito de Connecticut, John H. Durham

 Durham advirtió que “La compañía no solo pagará una multa financiera sustancial y devolverá el dinero a las víctimas, sino que este acuerdo requiere que JP Morgan autoinforme las violaciones de las leyes federales contra el fraude y coopere en cualquier investigación criminal futura. Agradezco al FBI por su dedicación en la investigación de estas prácticas comerciales engañosas y otros delitos financieros sofisticados ".

“Durante casi una década, un número significativo de comerciantes y personal de ventas de JP Morgan desobedecieron abiertamente las leyes estadounidenses que sirven para proteger contra actividades ilegales en el mercado”, dijo el subdirector a cargo William F. Sweeney Jr. de la oficina local del FBI en Nueva York .

 "El acuerdo de procesamiento diferido de hoy, en el que JP Morgan Chase y compañía acordaron pagar casi mil millones de dólares en multas y compensación a las víctimas, es un claro recordatorio para otros de que las acusaciones de esta naturaleza serán investigadas y perseguidas de manera agresiva".

  Según las admisiones y los documentos judiciales, entre aproximadamente marzo de 2008 y agosto de 2016, numerosos comerciantes y personal de ventas en el mostrador de metales preciosos de JP Morgan, ubicado en Nueva York, Londres y Singapur participaron en un plan para defraudar a los clientes con la compra y venta de oro, contratos de futuros de plata, platino y paladio (colectivamente, contratos de futuros de metales preciosos) que cotizan en New York Mercantile Exchange Inc. y Commodity Exchange Inc., que son bolsas de productos básicos operadas por CME Group Inc. 

  En decenas de miles de casos, los comerciantes en la mesa de metales preciosos colocaron órdenes para comprar y vender contratos a futuro de metales preciosos con la intención de cancelar esas órdenes antes de la ejecución, incluso en un intento de obtener ganancias engañando a otros participantes del mercado mediante la inyección de información falsa y engañosa sobre la existencia de suministro genuino y demanda de contratos de futuros de metales preciosos. Además, en ciertas ocasiones, los operadores de la mesa de metales preciosos participaron en una actividad comercial que tenía la intención de activar o defender deliberadamente las opciones de barrera mantenidas por JPMorgan y así evitar pérdidas.

  Uno de los comerciantes en el mostrador de metales preciosos, John Edmonds, de 38 años, de Brooklyn, Nueva York, se declaró culpable el 9 de octubre de 2018 de un cargo de fraude de productos básicos y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de productos básicos, productos básicos. manipulación de precios y suplantación de identidad, y su sentencia, en este momento, no ha sido programada ante el juez federal de distrito Robert N. Chatigny del distrito de Connecticut. 

 Otro de los comerciantes en el mostrador de metales preciosos, Christian Trunz, de 35 años, de Nueva York, se declaró culpable el 20 de agosto de 2019 de un cargo de conspiración para participar en la suplantación y un cargo de suplantación en relación con su contratos de futuros de metales preciosos que cotizan en JPMorgan y otra firma de servicios financieros, y su sentencia está programada para el 28 de enero de 2021, ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Sterling Johnson, del Distrito Este de Nueva York.

 Finalmente, como parte de la investigación, el 15 de noviembre de 2019, el departamento obtuvo una acusación formal sustitutiva contra tres ex-comerciantes de JPMorgan, Gregg Smith, Michael Nowak y Christopher Jordan, y un excomercializador, Jeffrey Ruffo, en el Distrito Norte de Illinois. que los acusó por su presunta participación en una conspiración de crimen organizado y otros delitos federales en relación con la manipulación de los mercados de contratos de futuros de metales preciosos. Una acusación es meramente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

  De acuerdo con las admisiones y los documentos judiciales, entre aproximadamente abril de 2008 y enero de 2016, los operadores de la mesa de bonos del Tesoro de los EE. UU. de JPMorgan, ubicados en Nueva York y Londres, participaron en un plan para defraudar en relación con la compra y venta de contratos de futuros del Tesoro de EE. UU. que cotizaban en el Chicago Board of Trade, que es una bolsa de productos básicos operada por CME Group Inc., y de pagarés y bonos del Tesoro de EE. UU. negociados en el mercado secundario de efectivo (los futuros, pagarés y bonos del Tesoro de EE. UU., Colectivamente, Productos del Tesoro de EE. UU.). 

 En miles de casos, los operadores del mostrador de bonos del Tesoro de EE. UU. colocaron órdenes para comprar y vender Productos del Tesoro de EE. UU. con la intención de cancelar esas órdenes antes de su ejecución, incluso en un intento de obtener ganancias engañando a otros participantes del mercado mediante la inyección de información falsa y engañosa sobre la existencia de oferta y demanda genuinas de productos del Tesoro de Estados Unidos.

  Como parte de la DPA, JP Morgan y sus subsidiarias JPMorgan Chase Bank, NA (JPMC) y JP Morgan Securities LLC (JPMS) han acordado, entre otras cosas, continuar cooperando con la Sección de Fraudes y la Fiscalía Federal del Distrito de Connecticut en cualquier investigación y enjuiciamiento en curso o futuro relacionado con JPMorgan, JPMC, JPMS y sus subsidiarias y afiliadas, y sus funcionarios, directores, empleados y agentes. 

  Como parte de su cooperación, JPMorgan, JPMC y JPMS deben informar pruebas o acusaciones de conducta que puedan constituir una violación del estatuto de fraude electrónico, las disposiciones contra el fraude, la suplantación de identidad y / o la manipulación del Producto. Exchange Act, el estatuto de fraude de valores y productos básicos y las leyes de valores federales que prohíben los dispositivos manipuladores y engañosos. 

  Asimismo, JPMorgan, JPMC y JPMS también han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al gobierno sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado.

  El departamento llegó a esta resolución con JPMorgan basándose en una serie de factores, incluida la naturaleza y la gravedad de la conducta delictiva, que duró ocho años e involucró decenas de miles de casos de actividad comercial ilegal; el hecho de que JPMorgan no haya revelado total y voluntariamente la conducta delictiva al departamento; antecedentes penales previos de JPMorgan, incluida una declaración de culpabilidad el 20 de mayo de 2015, por mala conducta similar que involucró prácticas comerciales manipuladoras y engañosas en el mercado al contado de divisas; y el hecho de que sustancialmente toda la conducta delictiva ocurrió antes de la declaración de culpabilidad de FX.

 JPMorgan recibió crédito por su cooperación con la investigación del departamento y por las medidas correctivas tomadas por JPMorgan, JPMC y JPMS, incluida la suspensión y, en última instancia, el despido de las personas involucradas en la conducta delictiva, la adopción de controles internos más estrictos y el aumento sustancial de los recursos dedicados al cumplimiento. 

  Significativamente, desde el momento de la conducta delictiva, y luego de la declaración de culpabilidad de FX, JPMorgan, JPMC y JPMS se comprometieron en un esfuerzo sistemático para reevaluar y mejorar su programa de cumplimiento de conducta de mercado y controles internos. 

 Las mejoras implementadas incluyeron la contratación de cientos de nuevos oficiales de cumplimiento, la mejora de su capacitación y políticas contra el fraude y la manipulación, la revisión de sus programas de vigilancia comercial y de comunicaciones electrónicas, la implementación de herramientas y procesos para facilitar una supervisión más cercana de los comerciantes, teniendo en cuenta el compromiso de los empleados con el cumplimiento en decisiones de promoción y compensación, e implementación de pruebas independientes de garantía de calidad de alertas de vigilancia escaladas y no escaladas. 

  Con base en la corrección de JPMorgan, JPMC y JPMS y el estado de su programa de cumplimiento, el departamento determinó que un monitor de cumplimiento independiente era innecesario.

  Este martes, la CFTC anunció un acuerdo por separado con JPMorgan, JPMC y JPMS en relación con un procedimiento paralelo relacionado al esquema de fraude. Según los términos de esa resolución, JPMorgan acordó pagar aproximadamente $ 920 millones, que incluye una multa monetaria civil de aproximadamente $ 436 millones, así como restitución y restitución que se acreditarán a dichos pagos realizados al departamento bajo la DPA. 

  Además, la SEC se anunció un acuerdo por separado con JPMS en relación con un procedimiento paralelo relacionado con respecto a la actividad comercial en el mercado secundario de efectivo de bonos y notas del Tesoro de EE. UU. Según los términos de esa resolución, JPMS acordó pagar $ 10 millones en devolución y una multa monetaria civil de $ 25 millones.




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Omar Bula Escobar: El crimen organizado se apoderó de Venezuela

 Latinoamérica se ha convertido en eje de la acción de la empresa criminal mundial, siendo el narcotráfico una de sus expresiones mas prósperas.

Por Maibort Petit

  Cuando comenta el crecimiento que ha experimentado el crimen transnacional organizado entre las dos últimas décadas, el experto colombiano en la materia, Omar Bula Escobar, recuerda la especie que en tiempos del capo Pablo Escobar se decía respecto a su capacidad financiera de pagar la deuda externa de la nación neogranadina y refiere que, en la actualidad, poseen recursos que les permiten, no solamente eso, sino hasta apoderarse de estados enteros como, en efecto, ya lo hicieron con Venezuela.

  “El crimen organizado hoy en día no solamente puede pagar la deuda, sino que puede comprar estados enteros, es más, ya lo hicieron y tenemos uno al lado de Colombia que se llama Venezuela, que es un estado que funciona básicamente con la maquinaria del crimen organizado transnacional”.

  El especialista refiere que el avance y la importancia del crimen organizado transnacional es tal, que se ha convertido en un tema de vital atención para los Estados Unidos, que en materia de defensa lo tiene, junto al yijadismo, como los “peligros” más grandes que enfrentar al exterior de sus fronteras. Una preocupación que EE. UU. comparte con otras grandes naciones del orbe.

  Advierte que aun cuando el crimen organizado siempre ha existido, lo que lo hace ahora la diferencia es su carácter transnacional.

  Su interés por el tema —comenta— comenzó cuando hace ya varios años leyó sobre una alianza entre Hezbollah con los “Zetas” para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en Washington, es decir, el islam radical se liaba con los carteles de la droga para actuar en la capital de EE. UU. Quiso, desde entonces estudiar cómo se establecían estos extraños vínculos y se tejían las grandes redes del crimen transnacional organizado, su crecimiento, su articulación. La globalización, afirma, ha servido al crimen organizado para extenderse y crecer.

  Pero Bula advierte que el crimen transnacional organizado no se limita al tráfico de drogas de todo tipo, sino que tiene que ver también con tráfico de armas, la minería ilegal, el tráfico de especies en vía de extinción que es un enorme mercado, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la prostitución infantil, la extorsión. “Hay muchas actividades en las que participan estas grandes organizaciones del crimen organizado y se ayudan entre sí, como el ejemplo al que me referí de los Zetas y Hezbollah”.

Latinoamérica como centro

   Omar Bula Escobar se remite a América Latina como centro de la actividad del crimen transnacional organizado, dado que el narcotráfico ha tomado a la región como eje de acción.

  “El problema de América Latina es que estamos en el meollo. En uno de los mapas que existen, hay uno en el que aparece el crimen organizado y la droga representada con un círculo rojo, se ubica sobre Colombia, Venezuela y básicamente encima de la región. No es para nadie un secreto que ese primer ítem del crimen organizado ha invadido la región desde Tijuana hasta la Patagonia y que han crecido de manera fenomenal”.

  Refiere la importancia de conocer cómo se estructura el crimen transnacional organizado, pues este no se limita a los actores a los que comúnmente se hace mención, su cara visible, es decir, los dueños de los carteles y quienes evidentemente hacen parte del tráfico de drogas o de armas, los que están perseguidos y tienen circulares rojas en la policía internacional. Toma como ejemplo un iceberg y alerta que dichos actores ocupan la cima del mismo, la parte que se encuentra a la vista, mientras que sumergidos, bajo las aguas, en la parte que tiene mayor tamaño, se encuentran los llamados jugadores grises, “quienes tienen un pie en el crimen organizado y el otro en la banca, en el gobierno, en las grandes corporaciones financieras”.

El alarmante crecimiento y su penetración

  En este sentido, indica que las cifras dejan ver el enorme crecimiento experimentado por el crimen organizado que, en el caso del narcotráfico en Colombia se ha multiplicado por cuatro, hecho que se repite en Perú, donde igualmente se incrementa esta actividad delictiva.

  Advierte que se trata de datos de hace 6 o 7 años, por lo que ya son obsoletos, haciéndose menester que la Naciones Unidas las revise y actualice.

  Indica que en 2010 se hablaba de que a nivel mundial el crimen organizado movilizaba 2.1 trillones de dólares, de los cuales el narcotráfico se adjudicaba USD 322 mil millones. Las operaciones recientes de Estados Unidos en el Caribe representaron USD 90 mil millones en decomisos de drogas que fluían entre América Latina y Estados Unidos. “Pongamos esto en perspectiva, son cifras que están por encima del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestros países. Es decir, las cifras del crimen organizado comprenden el PIB de varios de los países de Latinoamérica”.

— Lo más preocupante de ese fenómeno creciente del crimen organizado —que vincula continentes y cuyo lucro es espectacular, como el de la droga, en que se puede vender un gramo de cocaína en Australia en USD 300 o en Japón a USD 350, habiendo salido de aquí a USD 2.5. Así es el margen de ganancias en ese tipo de negocio— es el hecho de que han penetrado y se han aliado a las élites políticas de estos países. Yo soy muy contrario a la idea de que se ha perdido la guerra contra la droga, porque hay un debate paralelo muy interesante que es el de la legalización que está muy ligado al crimen organizado. El hecho es que han comenzado a penetrar absolutamente todas las instancias de la sociedad, desde las instituciones financieras, instituciones educativas, inclusive las de salud. Se sabe que muchos servicios de salud en Colombia están dominados por las FARC o el ELN.

  Agrega que los medios de comunicación no han escapado a esta penetración del crimen organizado, lo cual es un gran problema en la era de la información, lo cual en Colombia se evidencia en la posición asumida por algunos de estos medios respecto a grupos terroristas como las FARC, a quienes parecen defender luego de haberse suscrito el acuerdo de paz.

  Tal defensa, sostiene Bula Escobar, es muestra clara del avance del crimen organizado en la región.

  En este sentido, recuerda la objeción que muchos sectores de la sociedad colombiana formularon en contra del referido acuerdo de paz, cuyas consecuencias ya se observan al revisar el crecimiento exponencial del crimen organizado. Las masacres son un reflejo de este incremento.

  “El acuerdo de paz ya está mostrando las consecuencias que tanto advertimos. Ahora hablan de masacres como lo alertamos, no era difícil adivinar que entre más droga más violencia, es la lógica de la droga que en Colombia se multiplicó por cuatro, en Perú me acaban de decir que está subiendo también, porque detrás de esto hay un proyecto de legalización muy dudoso que no implica necesariamente el debate de si legalizar es bueno o no, sino sobre quién se va a beneficiar de esa legalización, como se beneficiaron del mercado de la marihuana. Dirán que la coca tiene otros usos industriales, que con ello hay manera de bajar el número de personas en las cárceles por considerarla ilegal, y empezarán con eso hasta llegar a un mercado legal un montón de veces mayor que el de la marihuana”.

  Refiere que el de la marihuana comenzó en los años 90 y hoy en día es un mercado de USD 200 mil millones. “¿Y quién es el dueño de ese mercado? ¿Los canadienses o los que invirtieron antes de proponer esa legalización que presentan como una cosa romántica y piadosa que va a arreglar el problema del crimen organizado? Pues, es el propio crimen organizado junto con estos actores grises, entre ellos los bancos, pues no se pueden lavar tantos millones de dólares, sin la participación, ya comprobada, de corporaciones offshore y onshore”.

Relaciones peligrosas

  Omar Bula Escobar retoma el tema de las alianzas del crimen organizado y hace mención a las peligrosas relaciones que han establecido en países donde los actores de este flagelo actúan libre e impunemente, tal es el caso de Venezuela, erigido como el mejor ejemplo de la mancomunidad con el poder político.

  Recuerda que en 2012 en su libro “El Plan perfecto” advirtió sobre la penetración de Irán en la región, especialmente en Venezuela, así como del ALBA, las FARC y el terror nuclear.

  La respuesta fue desestimar la alerta, sobre la referida al terror nuclear, pues consideraban inconcebible la existencia de este en América Latina. Sin embargo, indica que esta es una amenaza latente, sobre todo cuando se recuerda cómo Venezuela le ha abierto las puertas al gobierno iraní y operador político y armado, Hezbollah.

  Subraya que no sólo él ha hecho referencia a este hecho, pues ya hace 8 años, el presidente colombiano informó que Venezuela estaba comprando misiles. También Joseph Humire desde el Centro para una Sociedad Segura, y otros especialistas han referido la existencia de un submundo criminal muy activo.

  Recuerda que Hezbollah ya estaba en la región, en la triple frontera en los años ´90, cuando ocurrió un atentado contra la embajada de Israel en el ´92 y otro contra el Centro AMIA en Buenos Aires, en el ´94. Luego, en Colombia, algunas comunidades libanesas —no todas, pues las hay muy respetables—, los radicales, comenzaron a extenderse en la Guajira y Buenaventura, así como en otros lugares de la nación neogranadina donde ganan terreno y llevan a cabo actividades proselitistas.

  Transcurrido algún tiempo, en 2005, llega a Venezuela invitado por el finado expresidente, Hugo Chávez, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, quien manifestó abiertamente su deseo de “borrar a Israel del mapa”.

  Con esta invitación, Chávez le abrió las puertas de América Latina a Irán. Desde esa fecha, el referido mandatario iraní realizó 7 visitas a la región.

  Irán tenía los ojos puestos en Argentina, el único país de la región que desarrollaba energía nuclear pacífica y la exportaba a todas partes del mundo. El régimen iraní estaba ya sancionado por Estados Unidos, dados sus propósitos de querer desarrollar un arma nuclear. Entonces, carente de tecnología y materia prima que es el uranio, Irán desarrolla una relación con Hugo Chávez con miras de llegar a Argentina, donde no querían a los iraníes en razón de los atentados terroristas perpetrados por Hezbollah en el Centro AMIA.  Chávez invirtió jugosamente en la campaña electoral de Cristina Fernández quien, al llegar a la presidencia, abre un capítulo de cooperación argentina-iraní muy incómodo. Una situación que llegó a tal extremo, que supuestamente asesinaron al fiscal, Alberto Nisman, “que dicen que se suicidó, pero curiosamente lo hizo un día antes de declarar” y revelar sus investigaciones sobre el papel de Irán en Argentina. “Esto para que vean cuán importante es la presencia iraní en la región”.

  Entretanto, en Bolivia se entrenaban las milicias bolivarianas; en Ecuador, la agencia antiatómica de la ONU advirtió acerca del proyecto de iraní de buscar uranio en América Latina. Al respecto, Bula refiere que la búsqueda de uranio y el plutonio, componentes básicos de la bomba nuclear, se abrían convertido en la verdadera razón de las expropiaciones emprendidas por Hugo Chávez, en Venezuela, y Evo Morales, en Bolivia.

  Se suma a esto, la apertura de vuelos entre Maiquetía y Teherán a través de las aerolíneas Conviasa e Iran Air, en los cuales, de acuerdo a versiones de la prensa europea, se transportaban armas y elementos de la seguridad iraní.

Hezbollah y las FARC

  El crimen transnacional organizado tiene también otra de sus manifestaciones en el vínculo existente entre hezbollah con las FARC y con el ELN.

  Recuerda que las FARC también traficaron armas con Al Qaeda y Hezbollah se financia con el tráfico de droga. Este grupo iraní, que controla una gran parte del territorio venezolano, expresó públicamente su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, como igualmente lo hicieron los chinos y los rusos.

  Explica que el proselitismo islámico suele aprovechar la pobreza e indigenismo para colarse en los lugares donde estas circunstancias han hecho mella, tal es el caso de Chiapas en el sur de México, de la Guajira venezolano-colombiana y de Buenaventura, donde hay madrasas, escuelas del islam, operando. Estas escuelas son centros del islam más radical, el cual también se ha asentado de manera alarmante y grave en Trinidad y Tobago y en la isla de Margarita en Venezuela.

  Omar Bula manifiesta su preocupación ante la indiferencia que las sociedades de estos países mantienen ante estos fenómenos “que crecen, que han crecido y que seguirán creciendo”.

  Destaca que el avance o freno de estas actividades depende en mucho de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, pues Donald Trump es el único que se ha opuesto realmente al islam radical y a la presencia del gobierno de Irán en América Latina. “Es al gobierno actual de Donald Trump, al que le interesa Venezuela por su relación con Irán, con China y con Rusia”.

  Ante el peligro que representa para la región el triunfo del Partido Demócrata, Bula Escobar recuerda que fue Barack Obama, quien firmó un acuerdo con Irán que después deshizo Trump, que fue el mandatario demócrata quien por no poner en peligro el acuerdo con Irán, no hizo caso a la advertencia sobre la presencia de Hezbollah en Venezuela “y cerró los ojos, además de que se acercó a Cuba”.

 Una eventual victoria de Joe Biden —subraya— significaría el fin de las presiones sobre Cuba, sobre el narcotráfico “porque quieren legalizarlo, se acaba la presión sobre la presencia iraní. No somos inmunes, Venezuela ya demostró que no hay inmunidad al cambio histórico, las historias cambian a veces muy rápido, tal es el caso de Zimbabue, la primavera árabe o de la misma Venezuela, “para no irnos tan lejos. Siria era un país pacífico y explotó y vean lo que es hoy. Las cosas cambian y si ante esos fenómenos, que ya no son semillas, sino que están creciendo y han ganado mucho terreno, cerramos los ojos y no nos damos cuenta acerca de qué es lo que verdaderamente está en juego, vamos a terminar invadidos por el crimen organizado y por el islam radical, tarde o temprano, es cuestión de tiempo”.

Globalismo contra estado-nación

  Omar Bula Escobar refiere que muchos de los acontecimientos y hechos ocurridos en muchos lugares del mundo, pero principalmente en Latinoamérica y los Estados Unidos, son consecuencia del globalismo que, aprovechándose del malestar social y las protestas por reivindicaciones, se valen de estas y las convierten en caldo de cultivo para generar violencia y caos, y así poder imponer su agenda.

  Se trata, apunta, de una lucha entre globalismo y estado-nación, donde el primero es expresión de la izquierda, el comunismo, el islamismo radical, etc. por donde se cuela, igualmente, la agenda del crimen organizado.

  “El juego rojo-azul, capitalismo-comunismo, que estábamos jugando en el pasado, ese juego se acabó. Ahora no, ese juego se acabó y hay que escoger entre globalismo y nacionalismo. Escoger si estamos con el status quo y ese occidente que hemos construido con mucha dificultad, incipiente en muchos casos, pero que estaba progresando a tal que esta ha sido la época más próspera de la humanidad en la que millones de personas han salido de la pobreza; o si estamos del lado de los globalistas con ese gobierno global que está aliado a las peores fuerzas del mundo que son básicamente el gobierno iraní, el narcotráfico, el crimen organizado, Hezbollah, Al Qaeda, ISIS, Venezuela, Cuba”.

  En ese escenario, aprovecha el movimiento anti occidente, anti Estados Unidos para aliarse a los globalistas europeos y otros, como los chinos, el islam radical, los narcotraficantes, “una mezcla totalmente venenosa y peligrosísima que quiere destruir lo que conocemos como occidente, que yo defiendo mucho, porque insisto y repito, es la sociedad más avanzada de todos los tiempos, desde que comenzó la humanidad, con grandes defectos, pero una sociedad que se estaba construyendo en democracia y participación y que hace dos décadas comenzaron a querer destruirla. Hace dos décadas, Irán y Hezbollah comenzaron a entrar en la región e, igualmente, hace dos décadas se comenzó a fortalecer el narcotráfico y el crimen organizado, hace dos décadas China comenzó a fortalecerse y a convertirse en lo que es hoy. Estamos viendo el resultado de la bondad de la democracia, porque la democracia es muy bondadosa y muy boba al mismo tiempo, por sostener la pluralidad de opinión por la cual aboga y por su transparencia, de la cual algunos se aprovechan, tanto, que están acabando con ella. Es el caso de los medios de comunicación masiva hoy en día”.

  Eso, sentencia, es lo que está en juego en las próximas elecciones de los Estados Unidos. “No es cuestión de que, si les gusta o no Trump por cómo es, esto no es un concurso de belleza. Se trata de escoger entre democracia y su fin”.


 


 


 


 





lunes, 28 de septiembre de 2020

Jubilados de PDVSA temen que sus haberes se hayan destinado operaciones irregulares con banco ruso

Por Maibort Petit

  Un documento emanado del Ministerio del Poder Popular de Petróleo despertó la preocupación de los trabajadores pensionados y jubilados de Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales, ante la sospecha de que sus haberes hayan sido utilizados o puedan ser utilizados para realizar operaciones con divisas de dudosa procedencia y destino, a través del banco de riesgo compartido ruso-venezolano Evrofinande Mosnarbank S.A.[1]

 Temen, además, que la divulgación de estos temores impida la recuperación de los Fondos de Jubilación, que se encuentran secuestrados y colocados en pagarés de PDVSA de dudosa recuperación.

  El 11 de marzo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Evrofinance Mosnarbank, un banco con sede en Moscú propiedad de Rusia y Venezuela.

  Las autoridades financieras de EE. UU. determinaron que el  Evrofinance experimentó un crecimiento de más de 50 por ciento en 2018 y que ha brindado asistencia sustancial, patrocinio material o tecnológico a PDVSA, “una entidad que desde hace tiempo representa un vehículo para la corrupción, la apropiación indebida y el lavado de dinero de Nicolás Maduro y sus secuaces”.

  El finado presidente venezolano, Hugo Chávez, compró en 2011 una participación del 49 por ciento en Evrofinance a través del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden S.A. (FONDEN). Al momento de la constitución, el Gazprombank de Rusia —en el cual es accionista Gazprom, el productor de gas de propiedad mayoritaria del Estado ruso— y el banco estatal ruso VTB Bank, el segundo más importante de Rusia, tenían cada uno una participación del 25 por ciento en la entidad financiera. El objetivo de la fundación del Evrofinance como un banco binacional, fue financiar proyectos petroleros y de infraestructura conjuntos entre Rusia y Venezuela.

  El 16 de julio de 2014, la OFAC designó al Gazprombank como parte de la Lista de Identificación de Sanciones por Sector (Sectoral Sanctions Identifications, SSI), mientras que el VTB Bank fue incorporado el 29 de julio de 2014.

 Denuncian como presunto responsable de las irregularidades a Eudomario Carruyo, durante el periodo en que fungió como presidente de la Junta Administradora de la Asociación Civil Fondo de Jubilaciones de Petróleos de Venezuela y sus Filiales (APJ-PDV; y de APJ International (APJ-INT'L).

  La APJ-PDV y APJ-INTL en tiempos de Carruyo, presentó ante las autoridades del Ministerio de Petróleo un documento en el que se planteaba que los fondos correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 se destinaran a nuevas inversiones.

  Específicamente, plantearon “Diversificar la cartera de inversiones de los fondos, con la ampliación de instrumentos financieros de renta variable y renta fija, tanto nacionales como internacionales, con tolerancia en riesgo medio-bajo y adquisiciones de propiedades”.

  El documento igualmente propuso como objetivos estratégicos de la APJ-PDVSA y APJ-INT´L, recuperar las inversiones en propiedades de los fondos; completar los procesos de actualización y regularización en materia legal de los documentos y acciones de los fondos; afianzar la representación legal de los fondos ante terceros, en defensa de sus intereses.

  Finalmente, se plantearon que la Gerencia Corporativa de Administración de Fondos se convirtiera en la única responsable de administrar y dirigir las operaciones financieras de los fondos de los trabajadores activos y jubilados de PDVSA, de manera autónoma e independiente.






[1] Evrofinande Mosnarbank. https://evrofinance.ru/esp/our-company/


 

Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera

Por Maibort Petit

   Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el estado de la Florida, David Rivera solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda interpuesta en su contra por PDV USA alegando incumplimiento de un contrato de consultoría que buscaba supuestamente para mejorar la imagen de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

  En una carta enviada al juez John G. Koeltl por parte de la abogado de Interamerican Consulting Inc, Kathryn Lee Boyd, se solicita una conferencia previa a la moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

   La demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, el 13 de mayo de 2020 busca que una empresa de maletín propiedad del  cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la firma registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  De acuerdo a los argumentos de los abogados de Rivera,  "PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato".

  Sostiene que un "reclamo por incumplimiento de acuerdo requiere hechos suficientes para demostrar la existencia de un contrato; el desempeño del demandante; el incumplimiento por parte del acusado; y daños resultantes del incumplimiento". 

  Según los representantes legales de la empresa de Rivera, la Demanda no alega adecuadamente los referidos elementos y en su lugar recita sin rodeos, “declaraciones concluyentes de que el acusado violó un contrato” sin establecer obligaciones específicas acordadas o cualquier hecho que demuestre que esas obligaciones no se cumplieron. 

  En los alegatos se señala que "la denuncia no cumple los términos del acuerdo porque el demandante, PDV USA (CITGO) no proporcionó el Acuerdo, lo que en sí mismo fue motivo de despido dada la conclusión".

  Como mínimo, el demandante debe "establecer los términos del acuerdo sobre el cual se basa la responsabilidad", advierten los abogados.

   Sostiene que la demanda de PDV USA está desprovista de los términos obligatorios que definan qué “servicios" Interamerican acordó brindar a PDVSA. 

Este artículo te puede interesar: CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

   La demanda dice que eran "servicios de consultoría estratégica", pero los abogados de Rivera dicen que no indica qué implicaron esos servicios. 

    También se refiere a la prestación de “apoyo en la planificación y ejecución de un plan estratégico” que Interamerican no proporcionó, sin ofrecer ninguna información sobre la naturaleza de dicho "apoyo" o cualquier "plan estratégico". 

     La defensa advirtió que a la fecha de vigencia de la cesión, [PDV USA] cede, vende, transfiere y entrega a [PDVSA] todos los derechos.  bajo el acuerdo." 

    Informan que van adjuntar en la moción el acuerdo para que el tribunal desestime la demanda porque podrán revisar los elementos del mismo, de tal manera que quede evidenciado las alegaciones inexactas establecidas en la Demanda.

          Sostienen que el contrato de consultoría tenía un plazo de 92 días, vigente a partir del 21 de marzo de 2017. El 5 de octubre de 2017, después de que finalizó el plazo del Acuerdo, PDV USA cedió, por escrito, todos sus derechos en el Contrato a Petróleos de Venezuela, S.A.

   En consecuencia, el PDV USA no puede presentar la demanda porque decidió los derechos a PDVSA.

   Entre otros aspectos se señala que la demanda no define ni “trabajo” o “significativo” bajo el Acuerdo. 

  La Demanda refiere que la empresa de Rivera debía “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”, sin especificar ninguna “oportunidad” ni quienes eran los“terceros claves, líderes de opinión y funcionarios públicos”.

    La representación legal de Rivera asegura que la demanda de PDV USA "está repleta de declaraciones erróneas de los términos reales del Acuerdo", llegando a establecer sin fundamento que el Demandante contrató a Interamerican para proporcionar servicios no en beneficio del firmante, el Demandante, sino de una entidad completamente diferente: PDVSA. 

 Alega falsamente que los supuestos “servicios” fueron “con el propósito de 'mejorar la reputación y el prestigio a largo plazo de PDVSA' en los Estados Unidos” y que “Se suponía que Interamerican debía desarrollar e implementar un plan estratégico para PDVSA”.  Los abogados de Interamerican sostiene que "el lenguaje sencillo del Acuerdo indica como partes únicamente PDV USA y la empresa. El Acuerdo no menciona a PDVSA".

  Advierten que PDVSA no es un beneficiario de ninguno de los servicios que proporcionará Interamerican. "El intento para referirse a material ajeno al Acuerdo para alegar derechos adeudados por Interamerican a PDVSA".

 La demanda que alega que Interamerican no cumplió con sus obligaciones contractuales no evidencia en qué falló la empresa, lo cual es fatal para una reclamación por incumplimiento de contrato, incluso si los otros elementos necesarios se alegan correctamente". 

 El demandante acordó pagar a Interamerican $ 50,000,000: un depósito inicial, cuotas y un pago final, sin embargo, los pagos vencieron durante la vigencia del Acuerdo. 

  El demandante no alega que hizo los pagos requeridos; sino todo lo contrario: que no pagó el dinero adeudado, es decir, el equivalente a “$ 35 millones que no se pagaron”. 

    La moción dice que la denuncia no alega ninguna infracción que pueda ser catalogada como un incumplimiento de contrato porque para ello se requiere "más que acusaciones genéricas de incumplimiento", como por ejemplo, no “entregar oportunamente los bienes necesarios de acuerdo con la calidad acordada”, no "compartir información relevante de inmediato o no “rendir cuentas adecuadamente” a un demandante. 

  La demanda no establece ningún hecho de que Interamerican no brindó “consultoría estratégica” o “asistencia en el desarrollo de estrategias para informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros del cliente”, acota la defensa.

 En la Demanda se alega que "Según el Acuerdo, Interamerican debía proporcionar informes detallados del trabajo que haría para promover los intereses de PDVSA en los Estados Unidos" pero los abogados dicen  que PDVSA es una entidad designada en la lista del gobierno de EE. UU. y que las entidades estatales sujetas a sanciones". 

   Las acusaciones falsas que vinculan a Interamerican con PDVSA son incendiarias y no tienen fundamento y son falsas.

 Sostiene que alegar cualquier hecho de que Interamerican no ayudó en la “planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas específicas”, otro término real del contrato. 

  La Demanda tampoco alega qué estrategias estaría desarrollando el “cliente” para las cuales Interamerican no ayudó. Además, la Demanda no alega la propia "planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas" por parte del Demandante (es decir, del cliente) para lo cual Interamerican no ayudó.

 El Demandante alega que Interamerican de hecho proporcionó tanto servicios como informes relacionados con esos servicios. 

  La Demanda hace declaraciones concluyentes de que los informes incluían terminología "genérica", no describían los componentes de un "plan" y no eran "significativos". Sin embargo, no existe ningún requisito en el Acuerdo de que los informes utilicen una terminología particular, incluyan un nivel específico de detalle, describan un “trabajo significativo” o incluso estén escritos. Tales alegaciones no constituyen plausiblemente ninguna infracción.

 El demandante alega que "nunca expresó satisfacción con los servicios de Interamerican" y "más de tres años después", no es que retuviera la satisfacción. La afirmación desnuda del demandante es concluyente, irrazonable y de mala fe.

La denuncia no alega daños

   Los daños en una acción por incumplimiento de contrato deben ser "atribuibles al incumplimiento" pero la Demanda carece de hechos que establezcan la naturaleza del daño o cómo fue supuestamente causado por Interamerican. 

  El demandante renunció a cualquier reclamo contractual “Cuando una de las partes cumple un contrato y la otra parte acepta ese desempeño, sin objeciones, se asume que el desempeño fue según lo contemplado por el acuerdo." 

  El demandante admite que recibió "servicios" y en ninguna parte se alega que estaba insatisfecho con el desempeño de Interamerican. Por lo tanto, renunció a cualquier reclamo de que Interamerican violó el Acuerdo al no cumplir bajo la ley de Nueva York  sin incumplimiento la parte puede optar por seguir cumpliendo el contrato. 

   El demandante también alega "indemnización", sin embargo, la supuesta cláusula de "indemnización" del Acuerdo no deja al Demandante indemne contra reclamos de terceros. En cambio, el lenguaje citado en la Demanda es una simple disposición de cambio de tarifas. 

  Un reclamo por los honorarios de los abogados no es una causa de acción separada en Nueva York.

Rivera dice que el dinero lo usó Leopoldo López

  Rivera aseguró que él nunca acordaría trabajar para Maduro y que cuando decidió hacer el acuerdo con PDV USA lo hizo con gente de la oposición controlada por Leopoldo López.  




Nuevos elementos obligan a posponer sentencia de Víctor Mones Coro, acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

  Los abogados de Víctor Mones Coro pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que cambiara la fecha de las sentencia prevista para el 30 de septiembre de 2020, para el 13 de octubre alegando que de esa manera la Fiscalía tendría más tiempo para incluir en el expediente "el reciente descubrimiento relacionado con una fuente confidencial en este caso", que se trataría del piloto, Alejandro Javier Marín, arrestado el 19 de septiembre de 2020 bajo los cargos de mentir a los agentes federales en relación a unos USD 140 mil de una operación encubierta.

  Los fiscales de este caso, Amanda Houle y Samuel Adelsberg no pusieron objeciones a la petición de la defensa. El juez Hellerstein fijó la nueva fecha para el 21 de octubre de 2020.

   Inicialmente, la sentencia había sido fijada para el 31 de agosto de 2020 y luego fue cambiada para el 30 de septiembre de 2020, y ahora nuevamente para el mes de octubre.

   Víctor Mones Coro, es un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

La acusación

  Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

 Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

  Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  


Piloto que mintió al gobierno de EE. UU. fue presentado frente a un juez de la Florida

 Por Maibort Petit

   El pasado viernes 25 de septiembre a la 1:00 PM fue presentado ante el juez Jonathan Goodman el piloto venezolano, Alejandro J. Marín,  acusado de haber mentido al gobierno de los Estados Unidos en el marco de un programa de cooperación que le permitía a los agentes federales recibir información sobre un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano.

   Alejandro J. Marín, presidente de My Jet Saver, con sede en Opa Locka, Florida, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami debido a una acusación de tres cargos relacionados con ocultar información y hacer declaraciones fraudulentas a los agentes federales estadounidenses. 

   Había una preocupación por parte de los encargados del caso porque Marín debía haber sido presentado ante un juez de la jurisdicción antes de las 72 horas de su arresto, pero debido a que el acusado dio positivo en el examen de coronavirus no fue autorizada su presentación por videoconferencia.

  Según la acusación criminal que procesa la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Marín  habría sustraído USD 140,000 de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional, Cuando los agentes interrogaron a Marín sobre los fondos faltantes, el acusado mintió.

  Marín era una fuente confidencial de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) desde enero de 2018. En esa condición participó en una operación encubierta que tenía como objetivo el encausamiento y arresto de los miembros de la organización que no fue revelada, aunque fuentes vinculadas al caso señalaron que está vinculada al actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami, y su asociado, Samark López Bello.

  Los documentos federales dicen que la organización criminal había acordado enviar a los Estados Unidos un dinero en efectivo producto de ganancias de actividades criminales.

  Marín tenía que transportar el dinero a Estados Unidos. El 26 de julio transportó  en sus aviones 1,297,500 euros en efectivo que estaban envueltos en seis paquetes que fueron incautados.

  Según los documentos federales, uno de los paquetes tenía escrito el apellido de Marín y la cifra 999,400 euros. Cuando lo revisaron, los oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se enteraron que el paquete estaba abierto y que contenía una cantidad menor a la suma indicada. 

  Los agentes revisaron el teléfono celular de Marín y descubrieron que éste había recibido un correo electrónico en el que uno de los miembros de la organización criminal, identificado como "Individuo 1", le pidió que sacara dinero del envío para pagarle a una persona asociada a un equipo de fútbol en el exterior cuyo nombre no fue revelado.

   En la entrevista que le hicieron los agentes a Marín para preguntarle por los USD 140,000, el acusado sostuvo que le pediría a la persona de la organización que repusiera el dinero. El individuo envió 130,000 dólares a través de las cuentas de su empresa pero el acusado nunca reveló a los agentes la operación.

  Con el tiempo, en agosto de 2020 los funcionarios del gobierno descubrieron que Marín había mentido. Luego de un mes, el acusado llamó al agente que atendía el caso Timothy McCain para informarle que luego de haber consultado con su contador recordó que había recibido 130,000 dólares en enero de 2019.

  Desde el 19 de septiembre cuando fue arrestado, Marín está en una celda aislada en el Centro Federal de Detención de Miami porque dio positivo al test de Covid-19.  El acusado aceptó hacer la presentación inicial por videoconferencia el viernes en la tarde ante el juez Goodman. 




sábado, 26 de septiembre de 2020

Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit

  El piloto venezolano, dueño de la empresa My Jet Saver (AOC),  Alejandro J. Marín, fue arrestado el 19 de septiembre de 2020, en Miami acusado de haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Marín estaba colaborando con la justicia estadounidense, en el marco de una investigación que gira en torno a una trama de lavado de dinero presuntamente vinculada a los asociados del caso del Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.

  Alejandro J. Marín mintió a un agente de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional y la acusación federal incluye tres cargos. El caso es procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Alejandro J. Marín Aigster,  CI. 11.310.389, nació en Venezuela el 7 de diciembre de 1973, y fue residente de El Cafetal, Municipio Baruta.

  Marín, de manera deliberada, habría "falsificado, ocultado y encubierto hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares".

  Marín fue acusado por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el 18 de agosto de 2020 por haber hecho declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas, cuando un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, le preguntó si había recibido alguna vez una suma de aproximadamente $ 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Como respuesta, Marín afirmó que no, cuando en realidad sí lo había recibido.

 Asimismo, a Marín se le acusa hacer una declaración falsa a un agente federal el 27 de agosto de 2020, cuando el acusado dijo a los oficiales federales, que una persona que forma parte de una investigación y que está identificada como  "Individuo-1" "nunca le pidió permiso para tomar dinero de un paquete que contenía ganancias derivadas de actividades criminales". Según la acusación, Marín había acordado que el individuo-1 podría tomar fondos del paquete.

 El  tercer cargo sostiene que el 27 de agosto de 2020, Marín le dijo a los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que nunca había preparado un paquete de dinero para el Individuo-1 cuando en los hechos sí lo había hecho.

 De acuerdo a una declaración jurada del agente especial de HSI, Timothy Mccann, quien está vinculado a la investigación y fue uno de los que habló con Marín y revisó los mensajes electrónicos del teléfono de acusado, así como los registros bancarios se determinó que hubo un desvío no revelado del producto del delito por parte del acusado a un asociado extranjero.

  En enero de 2018, Marín firmó un acuerdo para actuar como fuente confidencial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). 

 Entre sus responsabilidades como fuente confidencial, Marín estaba comprometido a ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero.

  En la declaración dice que "En junio de 2018 como objetivo de la investigación se acordó transportar el dinero,  producto derivado del delito,  en un avión privado. 

  Es decir, Marín debía recoger el dinero producto de las ganancias de las actividades ilícitas y desviar el avión donde se transportaba el dinero a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

  El 3 de julio de 2018, Marín envió a un agente de HSI una fotografía que mostraba seis paquetes, cada uno etiquetado con un nombre y una cantidad de dinero en euros . "El valor total de Euros que figura en los Paquetes fue de 1.297.500 Euros. Marín enumeró un paquete con la cantidad "999,400 Euros denominado "Paquete-1".

 Ese mismo 3 de julio de 2018 Marín intercambió mensajes electrónicos con un asociado extranjero denominado  ("Individuo-1") indicando que le había enviado los referidos paquetes. 

 Posteriormente, Marín  escribió que un "socio de fútbol" asociado con el individuo-1 necesitaba “100 en efectivo” que serían reembolsados ​​a una empresa de su propiedad en aproximadamente un mes, acotando que "usted toma las decisiones" e indicándole "tómalo al tipo de cambio de hoy y ciérrelo con los primeros que tenga allí". 

 La agencia estadounidense analizó las imágenes forenses de los teléfonos de Marín con su consentimiento en octubre de 2018 y abril de 2019 en los que aparecían los mensajes intercambiados entre Marín y la Individuo-1 en español. 

 Cuando los agentes entrevistaron a Marín, en Nueva York, le advirtieron que es un crimen mentirle a un oficial de la HSI. En esa entrevista, Marín dijo que no había recuperado el dinero que faltaba en el Paquete 1 por parte del Individuo-1.

 Marín mintió a los agentes al afirmar que nunca le proporcionó el dinero en efectivo al Individuo 1, que nunca sacó del monto inicial una parte para entregarse al sujeto en cuestión.

 Pero el 28 de agosto de 2020, el agente Mccann recibió una llamada de Marín para declarar  que, después de hablar con su contador había recordado que había recibido aproximadamente $ 130,000 del Individuo-1 como pago por el dinero que faltaba en el Paquete-1. 

 En esa misma conversación Marín dijo  que había recibido el mencionado monto de dinero a través de dos transferencias bancarias a su compañía My Jet Sarver en enero y junio de 2019, y que una parte del dinero se recibió de la Organización en nombre de Individual-1.

 Los agentes de la HSI pidieron que se arrestara a Marín por haber mentido. El acusado fue arrestado en concordancia con la orden de arresto el 19 de septiembre de 2020.

 Marín debía ser presentado ante el juez Jonathan Goodman, en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 23 de septiembre donde se le leería  los cargos y se acordaría su trasladado a Nueva York que es la jurisdicción donde se sigue ese caso, pero cuando se le hizo el examen de COVID19, el acusado resultó positivo y por ello fue confinado en una unidad de aislamiento en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami. 

 Se tenía previsto que Marín apareciera por teleconferencia, pero el FDC Miami no ejecutó la llamada legal programada, lo cual generó un problema procesal por haber transcurrido 5 días en el que el acusado esté bajo custodia sin ser presentado al tribunal y sin  tener contacto con un abogado en relación con sus asuntos legales pendientes. 


jueves, 24 de septiembre de 2020

LA RECETA PERFECTA: DESAFÍO DE LAS SANCIONES A IRÁN, VENEZUELA Y HEZBOLLAH

Darwin Padrón Acosta: El contratista condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su sentencia tras comprometerse a colaborar con la justicia

  Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73.

Por Maibort Petit

 El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal, recibió sólo 18 meses de cárcel luego de aceptar colaborar con la justicia de los Estados Unidos.



Los cargos en su contra

  En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, exempleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

  La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

 Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

 El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

 Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

 El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

 Además, el acusado podía recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

 Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

 Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

 Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

 También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

 El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión

Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada.