miércoles, 5 de agosto de 2020

Juez estadounidense ordena proteger evidencias entregadas a Cliver Alcalá Cordones "para evitar que lleguen a terceros en el exterior"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un juez de Nueva York informó que todas las evidencias que sean entregadas a los abogados del militar venezolano, Cliver Alcalá Cordones, acusado por Estados Unidos de delitos de narcoterrorismo, sean protegida por una orden del tribunal, de tal manera que dichas pruebas no vayan a parar a manos de terceros no autorizados que se encuentren fuera del territorio estadounidense.
   El juez, Alvin K. Hellerstein, argumentó que Cliver Antonio Alcalá Cordones "tiene ciertos derechos contemplados en la Constitución los Estados Unidos, en los estatutos federales y en las Reglas de Procedimiento Federales de lo Penal" a tener acceso a las evidencias en su contra, y que la Fiscalía reconoce su obligación de entregar los materiales al demandado, el tribunal apruebó la entrega de las evidencias, pero aclaró que "motivado a que hay preocupaciones por la seguridad y la confidencialidad de los materiales [ya que son parte de continuas investigaciones] se debe garantizar la protección de las mismas".

  La orden del juez recalca que "si esos materiales se divulgan a terceros, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de otros, incluso, que si se llegara a revelar la identidad de las personas que cooperan con la ley". 

  El juez ordenó la protección de los materiales de descubrimiento proporcionados por los fiscales para que la defensa pueda asesorar al acusado, pero advirtió que "queda prohibido la difusión por parte del equipo de abogados Alcalá Cordones, a cualquier persona, organizaciones u otras entidades, que no sean miembros del equipo de defensa del acusado, es decir, que el uso está limitado a: co-asesores, asistentes legales, investigadores, traductores, litigios personal de apoyo, personal de secretaría y el acusado".

  La orden del juez dice que "los materiales de descubrimiento no se puede proporcionar a personas o entidades extranjeras (incluso si tales personas o entidades son miembros de un equipo de defensa), a menos que están dentro de la categoría de "Personas Aprobadas" por las partes".

   A cada uno de los individuos a quien se debe divulgar los materiales de descubrimiento, el tribunal le proporcionó una copia de la orden de protección a través del abogado defensor y del abogado defensor, quienes le informarán que "no deberán diseminar o discutir los materiales y que están obligados a seguir los términos de esta orden de protección", acota la orden.

 Cualquier persona aprobada deberá firmar un formulario de reconocimiento que será proporcionado por el Gobierno.

  La orden especifica que todos los materiales de descubrimiento deben ser proporcionados a Alcalá Cordones a través de los abogado de Defensa, con el único fin de permitir que el acusado prepare su defensa de los cargos en la acusación.

  El juez recalcó en su orden que "ninguno de los materiales de descubrimiento producidos por el Gobierno para el Demandado se divulgará a cualquier otro tercero". A la conclusión del caso, el abogado defensor devolverá a los fiscales todas las copias de los materiales de descubrimiento provistos en este caso.

  La orden de protección prohíbe a los medios de comunicación solicitar copias de artículos recibidos por el Tribunal como exhibiciones públicas en un audiencia, juicio u otro procedimiento.

    La orden de protección impedirá que el gobierno busque un orden de protección adicional de conformidad con la Regla 16 (d) en particular artículos de material de descubrimiento.

    Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien". 

   Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

   El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

   De acuerdo a los documentos federales,  durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

  Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.




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