El hipismo: La pasión del dueño de Empresas Norte Sur, la contratista de PDVSA incómoda para el chavismo

 Por Maibort Petit

  Entre las pasiones del propietario de Empresas Norte-Sur C.A. (ENSCA) que ha sido denunciada en razón de las supuestas negociaciones irregulares que estableció con funcionarios de PDVSA Occidente [señalados por corrupción y que por su representación de General Electric en Venezuela se había hecho incómoda para el chavismo], se encuentra el hipismo. Esta afición, incluso, llevó a Lionel Salaverria a constituir un haras de denominación homónima a la de la citada contratista.

  La cuenta de Haras Norte Sur en la red social Twitter, creada en abril de 2011, refiere que era una “empresa dedicada a la cría de caballos purasangre de carreras en Venezuela”. La última actividad de esta cuenta se registró el 21 de noviembre de 2018[1].

 Al revisar las noticias relacionadas con el hipismo en Venezuela es común encontrar el nombre de Haras Norte Sur en las diferentes reseñas que sobre esta actividad se hacen la prensa.

 Lionel Salaverria, además de ENSCA y el Haras Norte Sur, es propietario de Panamericana de Aislamientos Térmicos S.A. (PANTERSA), Venezolana de Ingeniería de Consulta S.A. (VENINCO), Innovatis Technologies de Venezuela C.A., compañías estas que también son contratistas de Petróleos de Venezuela S.A.

 El periodista Javier Ernesto Farache, especialista en hipismo, en el número 326 de su columna “Variedad hípica”, describió en 2007 (Año 8 de la publicación) la inversión de USD 700.000 que el Haras Norte Sur hizo en Keeneland, un negocio equino con sede en Lexington, Kentucky, al adquirir 34 vientres, (20 en 2006 y 14 en 2007). En este último año citado, Lionel Salaverría invirtió USD 310 mil.

 El comunicador destaca entre los ejemplares adquiridos a Grand Gatto, por USD 17.000; Got Soup, por USD 40.000; Huka Falls, por USD 25.000; Queen’s Word, por USD 17.000; Lienholder, por USD 27.000; Vitrina Cat, por USD 23.000; If We Only Knew, por USD 25.000; Longingtobeme, por USD25.000; Tomorrows Destiny, USD17.000; Treasure Coast Gem, USD 22.000; I’m a Majek Girl, USD 12.000; Slawn Cheh, USD 22.000; Wrexham Dream, USD 23.000; Newport Beach, USD 15.000. En agosto de 2010 Farache fue designado como gerente de comercialización del haras Norte Sur, al tiempo que asumía el manejo de las relaciones públicas y representación global de dicha empresa[2].

 El pedigrí de los animales criados en Haras Norte Sur es ampliamente reconocido.

 En mayo de 2011, las tierras de Norte Sur y otros dos haras de fueron ocupadas por 90 familias integrantes del Colectivo de Campesinos Zamora Vive. Se trataba de 198 hectáreas que conforman dichos haras ubicadas en Santa Cruz de Aragua. La acción justificada con el alegato de que estaban subutilizadas en la cría de caballos y de ganado, tenía por objetivo el rescate de estas tierras para dedicarlas a la producción de hortalizas[3].

 La pasión hípica de Lionel Salaverría lo ha llevado a participar en diversas actividades del sector, como la de integrar la Comisión Asesora de la Programación de Carreras designada en 2002 para la celebración del clásico Virgilio Decán (Aly Khan) que se disputó el 16 de octubre de ese año en 1.200 metros. Se trató de homenaje al conocido narrador hípico creado por las autoridades hípicas zulianas.

También las motos

  Conforme su gusto por los equinos se manifestó en la constitución del haras, también las motocicletas parecieron ser de su interés.

 De hecho, es, o era, propietario de una empresa del ramo, a saber, Moto Delicias Maracaibo C.A., RIF J-296191417.

 Esta firma tenía su sede en la Avenida 15 con Calle 66, Centro Comercial Las Garzas Nº 15-66, Sector Juana de Ávila, Maracaibo, estado Zulia.

 Esta compañía contrataba con el estado venezolano, pero fue suspendida del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

CITAS

[1] Twitter. Haras Norte Sur. @harasnortesur. https://twitter.com/harasnortesur

[2] Dimensión Hípica. Farache asume nuevo reto”. 25 de agosto de 2010. https://www.dimensionhipica.net/farache-asume-nuevo-reto/

[3] Dimensión hípica. “Toman tierras de tres haras en Aragua”. 15 de marzo de 2011. https://www.dimensionhipica.net/campesinos-toman-tierras-de-tres-haras/

Visiones del “mundo raro” chavista: Las “buenas noticias” de los socialistas

Por Maibort Petit

   Lo que diversos informes y expertos han advertido con respecto a la arremetida que la izquierda en Latinoamérica viene implementando y planea incrementar próximamente, lo confirma un artículo aparecido en el Boletín número 17, “Economía política y revolución”, correspondiente al mes de agosto del presente año 2020 que edita la Vicepresidencia de economía productiva del PSUV, el cual se titula “Buenas noticias”, referidas estas a los avances que, en la visión del autor, Sergio Rodríguez Gelfenstein, ha experimentado el socialismo en diversos países del continente.

 Rodríguez Gelfenstein es consultor y analista internacional, Licenciado en Estudios Internacionales y Magister en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Central de Venezuela. También es doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes.

  Refiere que, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina, desde 2014, “se desató una furia conservadora, neoliberal y reaccionaria que obligó a la resistencia en las trincheras conquistadas, para defendernos, esperar una mejor situación y volver a la ofensiva”.

  Advierte que en las artes militares tiene tanta importancia la defensa como la ofensiva, siendo que esta última “es solo otra forma que toman las acciones combativas”. Y remata: “En el arte de la política no es diferente”.

 Para Rodríguez Gelfenstein, “furia conservadora, neoliberal y reaccionaria” no es más que el despertar democrático que experimentaron varios países latinoamericanos donde la izquierda había causado estragos y en los que el hartazgo de la población execró los regímenes totalitarios socialistas que se habían instaurado. 

  Entonces retoma el dicho de que “soldado vivo sirve para la próxima batalla” para alertar que dicha situación debe entenderse como un periodo de reacomodo en el deben resolverse las “contingencias” derivadas de la “permanente y cada vez más asfixiante agresión imperial, en especial contra Venezuela y Cuba. Los cubanos ya tienen una experiencia de 60 años, nosotros en Venezuela estamos aprendiendo”.

 Coincidiendo con las advertencias de expertos y centros de estudios, Sergio Rodríguez Gelfenstein indica que este año 2020, en particular los días recientes, “hemos comenzado a tener buenas noticias que soplan como aire fresco en medio del agobiante calor de la presión imperialista”.

 Subraya que estos hechos no deben verse como sucesos aislados —ciertamente no lo son y obedecen a una planificada estrategia, como lo señalan los analistas democráticos— sino como una tendencia de rumbo distinto que está señalando un nuevo rumbo en el desarrollo de luchas populares de la región.

 Como “buenas noticias” —inimaginables en los regímenes socialistas donde no hay independencia de los poderes públicos y la institucionalidad es inexistente— cita el autor en primer lugar la elección de Mohammed Irfaan Alí del Partido Progresista del Pueblo (PPP) como nuevo presidente de Guyana, “derrotando a la impronta neoliberal y a la ciega subordinación imperial de su antecesor”[1].

 Luego se refiere al retiro por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil de la denuncia de la acción judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 Como tercera “buena noticia”, Rodríguez Gelfenstein estimó el rechazo de Interpol de difundir una alerta roja contra el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, como lo había solicitaba el gobierno de la nación suramericana[2].

 También en Ecuador tiene lugar la otra buena noticia de Rodríguez, referida ella a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador de dejar sin efecto las medidas cautelares de suspensión que regían sobre el movimiento Fuerza Compromiso Social, confederación de partidos que respaldan a Correa[3].

El acuerdo para restructurar la deuda argentina entre el gobierno de Alberto Fernández y los bonistas de Wall Street[4].

  El autor menciona como “buena noticia” un supuesto aumento de la aprobación popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México durante el mes de julio “a pesar de la virulenta campaña en su contra de la derecha neoliberal y el gran empresariado nacional”. Una interpretación muy particular de la encuesta que mensualmente presenta “El Economista” de México, toda vez que el propio portal interpreta los números como un estancamiento del mandatario[5].

  La detención de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal es tenida como otra de las “buenas noticias” para los socialistas.

  Por último, Sergio Rodríguez Gelfenstein se remite a lo que denomina la “rebelión del pueblo mapuche contra la agresión del gobierno chileno”. Cataloga al nuevo ministro del interior, Víctor Pérez, de “nazi “después de haber perdido la votación en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que permite el retiro de 10% de los fondos depositados por los trabajadores en el sistema de pensiones privado”. Para nada menciona el autor la manipulación del conflicto mapuche han hecho guerrillas ligadas a la extrema izquierda y el narcotráfico. Vemos aquí, tal como lo apuntara Alexis López en entrega reciente de este portal, en la que explicaba cómo opera el Modelo de la Revolución Molecular Disipada, que se aprovecha de las justas demandas populares para crear caos y sacar dividendos políticos de los mismos[6].

CITAS

[1] BBC Mundo. “Irfaan Ali, presidente de Guyana: quién es el hombre encargado de dirigir el país sudamericano que tendrá el mayor crecimiento económico del mundo”. 3 de agosto de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53633721

[2] La Hora. “Interpol niega pedido de difusión roja para Rafael Correa”. 1 de agosto de 2020. https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102324161/interpol-niega-pedido-de-difusion-roja-para-rafael-correa

[3] El Comercio. “Juez electoral dejó sin efecto la suspensión del movimiento que acoge al correismo”. 2 de agosto de 2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-tce-suspension-movimiento-correa.html  

[4] France 24. “Argentina: Fernández celebra el acuerdo con sus acreedores para reestructurar la deuda”. 4 de agosto de 2020. https://www.france24.com/es/20200804-argentina-acuerdo-deuda-acreedores-alberto-fernandez-economia

[5] El Economista. “En pandemia, aprobación presidencial se estanca”. 2 de agosto de 2020. https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-pandemia-aprobacion-presidencial-se-estanca-20200802-0069.html

[6] Venezuela Política. “La Revolución Molecular Disipada apunta al fin del modelo republicano”. 20 de agosto de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/la-revolucion-molecular-disipada-apunta-al-fin-del-modelo-republicano/

 

 

Superintendencia de Bancos de República Dominicana amenaza con disolver el banco de Víctor Vargas en la isla

 La autoridad ordenó al banquero chavista depositar el 25.97 % de los activos del banco en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda de ese país.

Por Maibort Petit

   La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana informó a Víctor Vargas Irausquín, presidente del Consejo de Administración del Banco Múltiples de las Américas S.A. (BANCAMERICA), que si no cumple con lo previsto en el Plan de Regularización aprobado por la máxima autoridad bancaria para corregir las irregularidades antes del 10 de octubre de 2020, disolverá la entidad financiera.

 El Superintendente de Bancos de la República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez advirtió en una carta a Víctor Vargas Irausquín que si no logra subsanar las causas que dieron origen al Plan de Regularización en el tiempo otorgado (Octubre 2020) BANCAMERICA puede ser disuelto tal como lo establece la Ley No. 183-02.

El banquero pide más tiempo

 Vargas Irausquín envió una carta a la máxima autoridad bancaria de la República Dominicana el 26 de junio de 2020, para solicitar una extensión de seis meses de plazo para culminar con las medidas establecidas en el Plan de Regularización aprobado el 24 de diciembre de 2019 y presentar el resultado del seguimiento de ese plan que la superintendencia ordenó, según se lee en la comunicación No.0921 del 18 de noviembre de 2019.

  En la carta de respuesta, la Superintendencia destaca que la petición de Vargas Irausquín, basada en el artículo 1, del Decreto No. 137-20, dictado por el presidente de la República, el 23 de marzo de 2020, que establece que "mientras dure la vigencia del estado de emergencia originado por la pandemia del COVID-19, quedaron suspendido el cómputo de las plazas y términos de los procedimientos administrativos instrumentamos ante los órganos autónomos descentralizados del Estado, instituidos por leyes y ministerios con eficacia  eficacia del 20 de marzo de 2020".

La Superintendencia le aclara a Víctor Vargas que el artículo 4 del mismo decreto establece que "el cómputo de los plazos y términos indican que se reanudará 3 días hábiles luego de la declaración del estado de emergencia". Sostiene entonces que "desde el 6 de julio de 2020 hasta el presente quedaron reanudadas los plazos procesales que fueron suspendidos".

  Agrega que "teniendo en cuenta que el 24 de diciembre de 2019, la Superintendencia aprobó un plan de regularización elaborado por BANCAMERICA, un plazo de 6 meses y que debió haber concluido el 24 de junio de 2020".

  La máxima autoridad de bancaria otorgó 3 meses más para concluir el con las actividades previstas en el Plan de Regularización y subsanar las causas que originaron el mismo, que va desde el 10 de julio de 2020 hasta el 10 de octubre de 2020.

Los datos del caso

   El 15 de junio del 2020, BANCAMERICA, remitió el quinto informe de seguimiento al plan de regularización correspondiente al mes de mayo de 2020, en el que se verificó que la entidad presenta un nivel de cumpliminto del referido Plan de un 52.94%.  cuyos detalles son los siguientes:

1) Desmonte de posiciones mantenidas en el Banco Orinoco N.V., Allbank Corp., Boi Bank Corp y Plus Capital Market Inc. (Panamá).

  En este punto se destaca como las medidas que conforman el plan de regularización, Bancamerica  indicó que al 28 de febrero de 2020, desmontaría las posiciones mantenidas en el Banco Orinoco, N.V, Allbank Corp. y Plus Capital Bank Corp. Panamá, por un monto de USD 8.018.121. 98 y la custodia de títulos en Boi Bank Corp., con un valor nominal de US$3.000.000,00 considerando que, a esa fecha se habían materializado los acuerdos correspondientes, relacionados con las acciones legales interpuestas para cada uno de esos casos.

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  La entidad indicó que  el 26 de febrero de 2020 ejecutó la venta de dicho título por un monto de US$ 3.476.124.58, fondos que fueron depositados en la cuenta que BANCAMERICA mantiene en el Boi Bank Corp.

  Asimismo, se señala que BANCAMERICA estableció que en caso de que para fecha no hubiese sido posible el referido desmonte, el accionista del Banco se comprometía a restituir el valor de dichas posiciones, en un plazo no mayor al 31 de marzo de 2020.

  A pesar de eso, el 31 de mayo de 2020, la entidad no cumplió con el desmonte estipulado, por quelo que con esta medida no ha sido cumplida conforme al cronograma indicado por la entidad,

2) Programa de capitalización

 El banco de Víctor Vargas se comprometió a realizar aportes de capital por un monto de US$ 4.5 millones de dólares a ser ejecutados en los meses comprendidos desde enero hasta mayo 2020,  por Víctor Vargas Irausquín, principal accionista de la entidad y presidente del Consejo de Administración, en función de lo estipulado en el plan de regularización, remitido.

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  En la evaluación realizada, se verificó que el banco, no ha cumplido con el cronograma de capitalización del referido plan, ya que a la fecha de la carta sólo ha realizado aportes por US$ 1 millón de dólares, quedando pendiente la suma de US$3.5 millones de dólares.

  En relación a este aspecto, el 6 de mayo de 2020, BANCAMERICA remitió a la Superintendencia de Bancos la comunicación No.RC-20-0657829, en el cual solicita la no objeción para el aumento del capital suscrito y pagado en la suma de RD $188.580.300.00  por concepto de nuevos aportes realizados por los acciones Víctor José Vargas Irausquin, fondos que permanecen en la cuenta de Bancamerica en Boi Bank Corp.

 Al respecto, mediante la circular ADM/1365/20 de fecha 24 de junio de 2020, la Superintendencia de Bancos indicó que la entidad no ha presentado evidencias de que los recursos que servirán como aportes de capital han sido transferidos hacia la cuenta especial del Banco Central de la República Dominicana y que los fondos estén disponibles.

3) Situación Administradores, directores y órganos de control interno

  Igualmente se verificó que la entidad realizó una promoción de un personal interno, para la posición de Gerente de Control Interno y contrató los servicios de un Coordinador de Inteligencia de Negocios y un analista de auditoria interna.

  Se realizó la contratación de personal nuevo para las posiciones de Vicepresidente de Riesgo Integral, Coordinador de Riesgos Mercado y Liquidez, Coordinador de Riesgo Operacional y Gestor de Eventos Potenciales y el Gerente de Legal.

  Dice el reporte que se contrató a Yasmir Carolina Pineda Duque y Yoel Nelson Santos Tobio como vicepresidente del Consejo y Miembro Interno Dependiente, respectivamente, en sustitución de Raúl Baltar y Juan Carlos Medina, quienes renunciaron a sus cargos. No obstante, continúa vacante la posición de Miembro Externo independiente y presidente del Comité de Auditoría, además del presidente del Comité de Remuneraciones y Nombramientos.

4) Prohibir la colocación de depósitos en entidades vinculadas al exterior

 Dice la comunicación que, en relación a la prohibición de la colocación de depósitos en bancos del exterior, se verificó que las entidades, el 3 de julio de 20202, mediante la comunicación No. RC-20-066566,  solicitó la no objeción sobre contratos de cesión de los créditos suscritos entre el accionista mayoritario, Víctor José Vargas Irausquín y la entidad, a los fines de restituir los valores de las posiciones mantenidas por la entidad del banco del Orinoco N.V., Allbank y Plus Capital Market Inc (Panamá) por un monto de  US$8.029.212.08, incluyendo el interés de un 4.5% sobre el balance promedio mantenido en cada cuenta.

  Sin embargo, la entidad realizó la referida solicitud, posterior a la ejecución de las transferencias de los montos mantenidos en las entidades anteriormente mencionadas, hacia el BOI Bank Corp, según los detalles que se presentan a continuación:

Con la referida transferencia , al corte de 30 de junio de 20202, los fondos mantenidos en la cuenta del BANCAMERICA en el Boi Bank Corp. ascienden a US$16.101.708.73 compuestos por los siguientes detalles:

  Debido a lo expresado, la Superintendencia de Bancos reitera a BANCAMERICA que realizar el desmonte de sus posiciones en depósitos a la vista, en parte vinculadas, Boi Bank Corp. de manera inmediata, por la suma de US$16.101.708.73 que a la tasa de cambio de República Dominicana $58.2543 al 30 de junio de 2020, equivalen a RD$ 937.993.770.87, los cuales representan el 65.78% de la disponibilidades de la entidad y el 25.97 % de su total de activos a la fecha de referencia y colocar los mismos en el Banco Central de la República Dominicana o en el Ministerio de Hacienda, a través de los distintos instrumentos que ofrecen estas instituciones.

5) Programa de recuperación de cartera de créditos

La entidad indicó que estaría realizando, de ser necesario, la contratación de nuevas oficinas de abogados para la gestión de la cartera de créditos vencidas y la revisión y fortalecimiento d de los procesos de cobranza temprana, orientada a la gestión anticipada de los vencimientos.

 No obstante, dicen la carta, "se verificó que la entidad no ha cumplido con lo relativo al crecimiento de cartera proyectada e igualmente  no ha cumplido con la disminución del indicador de la morosidad".

6) Fortalecimiento de los controles internos

 La misiva dice que "la entidad inició un proceso para mejorar el sistema de controles internos, sustentado en un programa de actualización  de políticas y manuales y la incorporación de un nuevo proceso de seguimiento, con el fin de garantizar la eficacia de los controles y mitigar el margen de error en la operatividad diaria, control de errores y monitoreo continúo, a través de una matriz, que será remitida a las áreas en forma mensual, a fin de que ejecute las acciones necesarias para su corrección y mitigación. Por lo que la entidad, debe continuar con el proceso de mejorar el sistema de control interno con el objetivo de fortalecer el mismo".

 BANCAMERICA deberá tomar en cuenta que, el no haber subsanado las causas que dieron origen al Plan de Regularización al término del plazo adicional otorgado, es considerado una causa de disolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, literal e, de la citada Ley. No. 183-02.

Las malignas y peligrosas alianzas del régimen de Maduro

  Un informe da cuenta de cómo el régimen venezolano instrumenta su actividad criminal a través de alianzas perversas.

Por Maibort Petit

   Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, fue configurando una serie de alianzas que le servían de sustento a su proyecto político del “socialismo del siglo XXI” que fue extendiendo por toda la región. Se trataba de una alianza ideológica que procuraba disminuir la influencia de Estados Unidos en el continente, al tiempo que impulsaba la presencia de actores extrarregionales como Rusia, Irán y China. Transformó a PDVSA en la entidad de financiamiento del referido proyecto y su estructura en una gigantesca máquina de lavar dinero.

  Así lo sostiene un informe firmado por Douglas Farah para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council denominado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el que se advierte que a través de los años, Chávez y posteriormente Nicolás Maduro dieron forma a una red social y política que dio paso a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), que es una alianza de actores estatales y no estatales que, en conjunto con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales que cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

Con Irán

  Farah quien también es presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, refiere en el reporte que El régimen venezolano y el iraní vieron, cada uno, la posibilidad de que el otro le sirviera a sus intereses. Así, mientras Chávez usó al país persa como un instrumento para avanzar en su agenda anti-estadounidense, Irán se valió de Venezuela para expandir su influencia en América Latina. De hecho, las relaciones con Chávez le sirvieron al gobierno de Teherán para establecer once nuevas embajadas en la región entre 2005 y 2009 e, igualmente, financió una academia de entrenamiento militar bolivariana en Bolivia[1].

  Refiere que aun cuando luego de la muerte de Hugo Chávez, redujeron las relaciones entre Irán y Venezuela, ahora Nicolás Maduro ha retomado el vínculo y lo ha estrechado. Fue así como, en franco desafió a Washington y sus sanciones, Teherán ha enviado gasolina a Venezuela, la cual ha intercambiado por oro[2].

  El producto de la minería ilegal que practica el régimen venezolano en alianza con la guerrilla colombiana, se comercializa, entre otras vías, “a través de actores globales malignos y aliados regionales”, refiere el reporte de Douglas Farah.

  Maduro pagó a Irán USD 500 millones en barras de oro por 1,5 millones de barriles de combustible entregados de abril a junio de 2020[3].

Con Rusia

  El informe se remite entonces a las relaciones del régimen venezolano con Rusia, país que se ha convertido en su aliado militar, económico y político más importante, esto durante el periodo de Chávez como ahora con Maduro.

  Se indica que, en los últimos 15 años, Venezuela le compró a Rusia armamento por USD 11 mil millones que incluyó tanques, aviones de combate avanzados y sistemas de misiles antibalísticos[4].

  Por su parte, Rusia compra el petróleo venezolano, brinda apoyo diplomático en el seno de la Naciones Unidas al tiempo que, regionalmente, sabotea la legitimidad de Estados Unidos en América Latina.

Con China

 Mientras de Rusia recibe el apoyo militar, el régimen venezolano obtiene de China respaldo financiero.

  Pekín ha otorgado préstamos y ha invertido en diversos proyectos que han significado decenas de miles de millones de dólares.

  El área petrolera y la minería acaparan la mayoría de dichas inyecciones de dinero. De hecho, desde 2018, las inversiones chinas en Venezuela totalizaron USD 67 mil millones, que constituyeron en el 40 por ciento de la inversión de China en la región[5].

Con las FARC y el ELN

  La guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Hugo Chávez apoyó y con la que se alió desde la década de los años ´90.

  El proceso de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las fuerzas insurgentes dio pie a una escisión del grupo terrorista —así fue designado por Estados Unidos y la Unión Europea— y decenas de altos mandos y combatientes encontraron cobijo en territorio venezolano al amparo del régimen de Maduro[6].

  Tanto estos disidentes, como agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela protegidos por Maduro, sostiene el informe.

 Farah sostiene que con Nicolás Maduro, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), ha experimentado un gran crecimiento, el cual ha ido de la mano de las FARC y el ELN. Algo que ha ocurrido en la misma medida y proporción que los precios petroleros cayeron y, por ende, la fuente de financiamiento de la la actividad criminal del régimen venezolano.

 Los negocios irregulares del régimen venezolano con las FARC, los cuales alcanzan escala internacional, tienen que ver con minería de oro ilícita, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción masiva.

  Para determinarlo tajantemente, sirvieron dos eventos ocurrido en 2020, primero, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el propio Nicolás Maduro, cuando se describió la asociación criminal entre el régimen y la guerrilla para llevar a cabo actividades de narcotráfico. El segundo de dichos eventos, fue la captura del empresario colombo-venezolano, Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, un hecho que transparentó ante la opinión pública internacional el esquema de corrupción y lavado de dinero que opera en Venezuela[7].

 El reporte indica que diversas investigaciones y acciones del gobierno estadounidense documentan “red ilícita adaptable y multifacética del régimen de Maduro proporciona el apoyo financiero y político muy necesario”, lo que le permite junto a “sus compinches y aliados, robar miles de millones de dólares para beneficio personal y supervivencia del régimen, a expensas del pueblo venezolano”.

  El informe se remite a una estructura criminal militar que opera dentro del régimen venezolano, conocida como el Cartel de los Soles, la cual mantiene una sólida relación con miembros disidentes de las FARC y que permite que la cocaína producida por las FARC sea traficada a través de Venezuela a cambio de dinero en efectivo y servicios. Entretanto, el régimen ofrece a las FARC seguridad en territorio venezolano, armas y rutas seguras de transporte de la droga.

 El ELN controla gran parte de la minería de oro ilícita en Venezuela y Colombia, la economía criminal de más rápido crecimiento en la región.

 Ambas guerrillas terroristas, FARC y ELN, proporcionan fondos a Maduro y ayudan al régimen a mantener el control territorial en lugares remotos, pero estratégicamente vitales, zonas limítrofes con Colombia y Guyana[8].

CITAS

[1] AEI. “Kingpins and Corruption: Targeting Transnational Organized Crime in the Americas”. 26 de junio de 2017. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2017/06/Kingpins-and-Corruption.pdf

[2] Foreign Policy. “Iran Is Working Hard to Revive Anti-U.S. Operations in Latin America”. 21 de junio de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/01/iran-venezuela-alliances-latin-america/

[3] Reuters. “ran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults”. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/iran-is-hauling-gold-bars-out-of-venezuela-s-almost-empty-vaults

 

[4] National Defense University. Douglas Farah and Kathryn Babineau. “Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town”. 26 de febrero de 2019. https://cco.ndu.edu/News/Article/1767399/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/

[5] The Dialogue. China-Latin America Finance Database. https://www.thedialogue.org/map_list/

[6] InSight Crime. “FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave”. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analysis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/

[7] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[8] InSight Crime. “ELN in Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/eln-in-venezuela/

Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal

  El militar venezolano y su abogado tienen un mes adicional para revisar el extenso expediente de evidencias que la fiscalía usará para probar los cargos de narcotráfico por los cuales fue acusado el 26 de marzo de 2020. 

Por Maibort Petit

  Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre. 

  Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19  y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento,  solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia. 

  El abogado defensor aceptó las solicitudes.

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?

   Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV, interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios. El 26 de agosto de 2020, retiraron voluntariamente la querella.

Por Maibort Petit

  Una comunicación de los abogados de Harvest Natural Resources Inc, en relación a una demanda que se impuso contra de Rafael Ramírez con fecha 26 de agosto de 2020, informa que la empresa retira voluntariamente la querella y advierte que el querellado no está obligado a responder ante el tribunal.

    Fuentes ligadas al caso explicaron a Venezuela Política que la acusación fue retirada porque no se había logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio". Vale destacar que el fallo inicial a favor de Ramírez se produjo en la ausencia de representación legal del acusado.

   El tribunal había otorgado a Rafael Ramírez el derecho a que se iniciara un nuevo proceso debido a que el acusado no había ejercido su derecho a la defensa, por estar fuera de los Estados Unidos y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.

Ver detalles aquí.

  La jueza de distrito, Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda en 2019. Esta fue la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.

  Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

  La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplicó.

Juan José García Mendoza: 

El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

 Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadounidense demandó civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadounidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

  Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

  Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

  Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

  Pero pese a que la venta se concretó, Harvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

  La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

  Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

  Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].

 La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

  Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

  A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

  Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

 La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

 Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

  Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

  Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

  En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

  Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

  En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

  Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

  La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

  El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

  Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

  El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

  Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Baruta, municipio Baruta del estado Miranda.

  Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

  Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

  El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

  Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

  Sobre esta empresa, Juan José García Mendoza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

  Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

  De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

 De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Freddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

  Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

 Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

 Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/

[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613

[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf

[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721

[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599

[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341

[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 

[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031

[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 

Nota

Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 

En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:

“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.

Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 

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La expectativa sobre la extradición de Álex Saab crece en medio de un hervidero de acusaciones y diversos acontecimientos

 Por Maibort Petit

  La defensa insiste en acusar la ilegalidad del caso, mientras el gobierno de Cabo Verde asegura actuar acorde a la ley y niega haber enviado emisarios a Caracas.

 En medio de la incertidumbre acerca de si se concretará o no la extradición de Álex Saab —acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro— a los Estados Unidos donde se lo señala de lavado de dinero y las denuncias de la defensa del empresario colombiano sobre la supuesta ilegalidad del caso, el gobierno de Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” cuando lo arrestó el pasado 12 de junio. Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de la nación africana, Luis Filipe Tavares, quien subrayó que este proceso de ninguna manera puede considerarse un caso político.

“Absolutamente no estamos tomando partido. Como miembro de Interpol, el PJ cumplió un mandato legalmente y entregó a Saab al tribunal que ordenó que se llevara a cabo el arresto”, aseguró el vocero gubernamental[1].

  Desde Washington la presión aumenta para llevar a Saab hasta el banquillo de los acusados y allí responda por los ocho cargos de soborno y lavado de dinero de que se le señala al canalizar más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero, entre ellas varias en el territorio estadounidense[2].

  El propio Álex Saab se declaró víctima de una persecución y objetivo prioritario de los Estados Unidos en una carta abierta que le escribió al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. “Hace tiempo que me convertí en un objetivo prioritario de EE.UU. y sé que, según sus modelos extraterritoriales, estaban dispuestos a llegar lo más lejos posible para evitar que cumpliera con mis obligaciones con el pueblo venezolano”, le refirió al mandatario al tiempo que lo conminó a darle la espalda a Washington: “Como enviado especial de mi país [tiene nacionalidad venezolana], puedo ayudar a Cabo Verde más que EE. UU. lo ha hecho en 100 años”.

  La respuesta fue: “Si el señor Saab tiene cartas que enviar, las puede enviar al buzón del primer ministro”[3].

  El hervidero por el caso del empresario colombiano Álex Saab, avivó la llama cuando el Nuevo Herald en una nota publicada el pasado 19 de agosto, afirmara que el gobierno de Cabo Verde habría enviado dos emisarios a Caracas para tratar el caso con el mandatario venezolano.

  El gobierno y la justicia del país africano aprobaron la extradición de Saab a EE. UU. y en la actualidad la defensa del empresario batalla para impedirlo.

  Según el periódico de la Florida, Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora, un ex alto funcionario del gobierno y un empresario, respectivamente, habrían arribado de manera secreta a Venezuela y supuestamente se alojaron en el palacio presidencial de Miraflores para reunirse con Maduro, quien lleva a cabo todas las diligencias posibles para evitar que Saab sea entregado a la justicia estadounidense.

  Según fuentes de El Nuevo Herald en las conversaciones relativas al forcejeo que mantienen Caracas y Washington por la extradición de Saab habrían participado los dos emisarios y Maduro, así como otros dirigentes chavistas vía videoconferencia, tales como el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el ministro de Información, Jorge Rodríguez.

  Oliveira Gomes Dos Anjos y Alves Évora partieron de Venezuela al día siguiente de su llegada en horas de la tarde rumbo a Lisboa con escala en San Vicente y Las Granadinas. La nota refiere que los supuestos emisarios “llegaron a San Vicente con un mayor número de piezas de equipaje de las que tenían al partir rumbo a Venezuela, confirmaron las fuentes”[4].

Información falsa

  A esta información le salió al paso el Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano: “El Gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela”.

  Al catalogar la información del periódico estadounidense de falsa, aseguró que “La República de Cabo Verde es un Estado de derecho democrático, donde los tribunales son independientes y las garantías de defensa se aplican a todas las personas, por lo que existe confianza en el sistema judicial, que decidirá sobre el caso de extradición del señor Alex Nain Saab Morán en curso (…) Cualquier acción, contacto o gestiones fuera del marco institucional y la representación oficial son responsabilidad exclusiva de sus autores y no vincula al Estado de Cabo Verde”.

  Sostuvieron que a Álex Saab se le “ha garantizado la más amplia oportunidad de defensa”, así como su “protección consular” y la “autorización de visados de entrada a abogados extranjeros”, frase esta última que responde al bufete de Garzón, que dijo haber sido objeto de dos deportaciones irregulares cuando uno de sus integrantes trató sin éxito de entrar en el país[5].

Se confirma el viaje, se niega el objetivo

  A pesar de la negativa del gobierno caboverdiano de haber enviado emisarios a Venezuela, el propio Fernando Gil Évora, presidente del consejo administrativo de la Compañía Nacional de Farmacéuticos (EMPROFAC) de Cabo Verde, admitió a través de un comunicado que viajó a Caracas en fecha reciente, pero negó haberse reunido con funcionarios del gobierno venezolano.

  Gil Évora dijo que fue invitado por los abogados de Álex Saab para tratar asuntos comerciales. “No hicimos ninguna misión a instancias de ningún gobierno, ni fuimos emisarios de nadie. Tampoco estábamos en ningún palacio presidencial, por lo que no contactamos a ningún presidente, y mucho menos a entidades gubernamentales de otro país. En este sentido, es totalmente falso hablar de reuniones políticas, etcétera, y queremos refutarlos en su totalidad"[6].

  El presidente de EMPROFAC, una empresa pública, fue despedido “con efecto inmediato” por el gobierno de Cabo Verde "como consecuencia del incumplimiento de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones", se lee en un comunicado[7].

  Asimismo, mediante un comunicado, la Fiscalía General de Cabo Verde informó la apertura de “una investigación contra el funcionario de la administración de la isla que aceptó reunirse con representantes legales del testaferro de Nicolás Maduro quien está detenido y espera la orden de extradición”, refiere un comunicado del gobierno caboverdiano.

  La fiscalía informó que en razón de la noticia sobre el “desplazamiento de dos ciudadanos caboverdianos a la República Bolivariana de Venezuela, supuestamente con la misión de entrar en contacto con el Presidente de ese país como emisarios del Gobierno y del comunicado del Gobierno de Cabo Verde, alegando que no había enviado a nadie ni misión alguna a ese país, el Ministerio Público determinó, el 20 de agosto de 2020, que se abrieran investigaciones penales”.

  Se explica que los hechos referidos supondría la comisión de un delito de usurpación de la autoridad caboverdiana. Apuntó el comunicado que la investigación se llevará a cabo en secreto[8].

Garzón insiste en ilegalidad del caso

  Entretanto estos acontecimientos, la defensa de Álex Saab, a través de su abogado Baltasar Garzón, insiste en la ilegalidad del caso y advierte que nunca debió haber existido.

  Sostiene que a Saab el gobierno de los Estados Unidos pretende utilizarlo para llegar a través de él al presidente venezolano, Nicolás Maduro, es decir, considera que su cliente es usado como un medio para alcanzar el fin que se ha propuesto. Garzón estima que la raíz del caso es el enfrentamiento político que existe entre EE. UU. y Venezuela.

   Manifestó que la defensa mantiene varios recursos en trámite que permitirán enfrentar el caso desde todas las vertientes jurídicas y de derechos humanos, al tiempo que acusó a las autoridades de Cabo Verde de crear trabas permanentemente.

  Especificó que en la actualidad "Estamos a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aceptó el recurso, sin perjuicio de una serie de procesos en curso, con solicitudes simultáneas que afectan la libertad personal del señor Saab y su salud".

  Respecto a la acusación de lavado de dinero que Estados Unidos le imputa a Saab, Garzón sostiene que es infundada pues "No corresponde a la realidad, el título jurisdiccional que utilizaron no es válido y los hechos de los que lo acusan fueron objeto de investigaciones abiertas en Ecuador y también en Venezuela"[9].

CITAS

[1] Infobae. “Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro”. 25 de agosto de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/25/cabo-verde-aseguro-que-cumplio-con-un-mandato-legal-al-arrestar-a-alex-saab-testaferro-de-nicolas-maduro/

[2] ABC. “EE.UU. estrecha el cerco en torno a Álex Saab, el «millonario del hambre» de Maduro”. 24 de agosto de 2020. https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-estrecha-cerco-torno-alex-saab-millonario-hambre-maduro-202008232320_noticia.html#

[3] ABC. “Álex Saab: «Hace tiempo que soy un objetivo prioritario”. 24 de agosto de 2020. https://www.abc.es/internacional/abci-alex-saab-hace-tiempo-objetivo-prioritario-202008240239_noticia.html

[4] El Nuevo Herald. “Emisarios de Cabo Verde se reúnen en secreto con Maduro por caso de Alex Saab”. 19 de agosto de 2020. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article245058580.html

[5] Infobae. “Cabo Verde negó haber enviado dos emisarios a Venezuela por el caso Alex Saab”. 20 de agosto de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/20/cabo-verde-nego-haber-enviado-dos-emisarios-a-venezuela-por-el-caso-alex-saab/

[6] VOA. “Exfuncionario del gobierno de Cabo Verde confirma viaje a Venezuela invitado por abogados de Alex Saab”. 23 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/venezuela/exgerente-cabo-verde-revela-invitaci%C3%B3n-de-abogados-de-alex-saab-para-negocios

[7] El Heraldo. “Despiden al supuesto emisario de Cabo Verde que viajó a Venezuela por Saab”. 21 de agosto de 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/despiden-al-supuesto-emisario-de-cabo-verde-que-viajo-venezuela-por-saab-752268

[8] VTV Miami. “Fiscalía de Cabo Verde abre investigación por usurpación contra Fernando Gil Evora”. 25 de agosto de 2020. 

[9] VOA. “Abogado Baltasar Garzón dice que el "caso Alex Saab" es una ilegalidad absoluta”. 21 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/venezuela/abogado-baltasar-garzon-dice-que-el-caso-alex-saab-es-una-ilegalidad-absoluta

El destino de CITGO se debate entre Venezuela, Crystallex y los bonistas

Por Maibort Petit

  Tribunales de los Estados Unidos se han convertido en el escenario en el que se definirá qué pasará con la filial de PDVSA. El problema estriba en que tales procesos judiciales tienen un costo y los fondos venezolanos están por agotarse.

  

   El principal activo de Venezuela extra fronteras, CITGO, es objeto de disputa entre el país que aspira mantener su soberanía sobre la empresa, el interés de la empresa minera Crystallex empeñada en hacer valer las sentencias que la favorecen al haber sido expropiada en tiempos del gobierno de Hugo Chávez, y los bonistas que reclaman el pago de intereses vencidos al haberse puesto las acciones de la empresa en garantía de los mismos.

  En las cortes de los Estados Unidos cursan varios procesos en los que bonistas y víctimas de la política expropiatoria del gobierno venezolano, buscan recuperar sus inversiones a través de la venta de la empresa.

  Por un lado, Crystallex insiste en que se proceda la venta de las acciones de CITGO para así cobrar lo que se le adeuda por la expropiación de que fue víctima por parte del gobierno de Hugo Chávez, mientras que por otro los tenedores de los llamado Bonos PDVSA 2020 exigen que se proceda a vender los papeles que sirvieron de garantía de las notas de la petrolera.

  Pero, aparte de la incertidumbre acerca del destino de la empresa, también está la que genera saber hasta cuando podrá Venezuela mantenerse en la lucha judicial, por cuanto el gobierno interino se está quedando sin fondos para pagar a los abogados que representan al país en los litigios.

  La junta directiva ad hoc de PDVSA advirtió que cuentan con recursos para unos dos o tres meses y por ello instan a los legisladores venezolanos encontrar una solución estructural para esta situación[1].

La Moción en Delaware de Crystallex

  Crystallex International Corporation pidió a la Corte de Delaware negar la solicitud de reparación extraordinaria de la sentencia presentada por Venezuela y conceder la moción de la demandante de autorizar los próximos pasos en el proceso de ejecución del fallo y se proceda a la venta de las acciones de PDV Holding.

  Considera Crystallex que la Declaración de interés presentada por Estados Unidos no altera el análisis del tribunal de la moción de la Regla 60 (b) de Venezuela o la moción de Crystallex para autorizar la venta de las acciones de PDV Holding.

  En el pedido presentado el pasado 14 de agosto de 2020, Crystallex manifestó al tribunal la necesidad de que se evite que la empresa pueda ejecutar la sentencia judicial relativa al embargo de las acciones de PDV Holding Inc emitida por el Tercer Circuito cuya revisión fue denegada por la Corte Suprema.

  Crystallex sostiene que Venezuela no ha ofrecido motivos válidos para que se altere el fallo ya emitido a la luz de la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b), D.I. 183.

  Sostiene la demandante que la Declaración de interés del gobierno de los Estados no cambia la sentencia pues, por el contrario, la misma socava directamente el único fundamento legal que presentó Venezuela para justificar la reparación de la Regla 60 (b), a saber, la afirmación de que mantener el auto violaría las regulaciones actuales de la OFAC.

  Respecto a la carta del representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, Crystallex considera que lo que se expone en ella es irrelevante, toda vez que se sustenta en argumentos de la política exterior de los Estados Unidos que no deben ni pueden interferir en la aplicación de la justicia. La demandante estima que sería el colmo de la injusticia que nuevamente Crystallex, que ya fue víctima de la expropiación por parte del gobierno venezolano, ahora también vaya a serlo por el poder ejecutivo estadounidense persuada al Congreso de apoderarse efectivamente de la propiedad declarada de que la empresa tiene en PDVH.

  La demandante argumenta que el único fundamento jurídico presentado por Venezuela no fue apoyado por Estados Unidos en el sentido de que se violaría el actual régimen de sanciones de la OFAC.

La tesis dela alter ego está vigente

  Por otra parte, Crystallex sostiene que nada tienen que ver los argumentos de Estados Unidos dadas las actuales circunstancias de Venezuela para invalidar la tesis del alter ego.

  Refiere que nada en el escrito de Estados Unidos cambia el hecho de que PDVSA era el alter ego de Venezuela cuando recibió los activos expropiados de Crystallex sin contraprestación alguna, cuando pagó los honorarios de Venezuela en el arbitraje subyacente con Crystallex, cuando Venezuela la utilizó para acceder a los mercados crediticios de Estados Unidos, cuando Crystallex presentó su moción de embargo, y cuando este Tribunal se pronunció sobre dicha moción.

  Crystallex asegura que la tesis de que PDVSA es el alter ego de Venezuela está respaldada por décadas de decisiones judiciales, así como por el propósito y efecto legal del propio auto de embargo, que consiste en colocar la propiedad de un deudor en posesión del tribunal para que no cambie de manos antes de la ejecución.

  Advierte que se frustraría el propósito esencial del embargo si un deudor pudiera efectivamente disponer de la propiedad después de haber sido embargada, siendo que eso es precisamente lo que Venezuela (y los Estados Unidos, implícitamente) defienden están defendiendo.

  La corte debe obviar los objetivo de política exterior de EE. UU.

  Crystallex subraya que es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos recurra a la carta del Representante Especial, Elliot Abrams, donde afirma, sin respaldo, que autorizar la venta de las acciones de PDVH podría "dañar en gran medida” los objetivos de política exterior sobre Venezuela.

  Alerta que los motivos de política exterior no proporcionan ninguna base para reabrir la sentencia del Tribunal en virtud de la Regla 60.

  Puntualiza que los motivos de política sobre la facilitación de la ayuda extranjera al régimen de Guaidó, de ninguna manera justifica la eliminación del gravamen de Crystallex sobre PDVH.

 Incluso, Crystallex refiere que los argumentos relativos a la política exterior son insostenibles dadas la condiciones que prevalecen en Venezuela, donde Juan Guaidó ha hecho poco para consolidar su gobierno y su poder se debilita según transcurre el tiempo.

Guaidó sin poder

  Advierte que los esfuerzos de Guaidó para reemplazar a Maduro podrían colapsar en cualquier momento y Estados Unidos podría retirar su apoyo. “De hecho, informes recientes sugieren que el apoyo del presidente Trump para respaldar activamente a Guaidó se ha desvanecido últimamente, ahora que el ex-asesor de Seguridad Nacional Bolton, un partidario clave de la política existente, dejó el cargo y perdió el favor del presidente”, acota la demandante.

  La demandante cree que las preocupaciones del gobierno de EE. UU. debieron plantearse ante el Tribunal o al Tercer Circuito después de la sentencia de agosto de 2018, o después de que Venezuela invocó por primera vez el cambio de política del Poder Ejecutivo con respecto a Guaidó en marzo de 2019.

  Crystallex manifestó que si el Poder Ejecutivo cree que el proceso de concesión de licencias de la OFAC no avanza adecuadamente en sus objetivos de política y que se necesita más para apoyar a Guaidó o al pueblo de Venezuela, puede llevar esas preocupaciones al Congreso.

  Si al hecho de que el gobierno de Chávez expropió a Crystallex en aras de los supuestos intereses del pueblo venezolano, ahora se le imposibilita ejecutar la sentencia en razón de resguardar los supuestos los intereses políticos del gobierno de los Estados Unidos al brindar ayuda y apoyo a Venezuela, esto no sería diferente de lo que Venezuela le hizo a la mina de oro de Crystallex. “Si el Poder Ejecutivo busca transferir activos a Guaidó para apuntalar su control de CITGO y, en última instancia, de Venezuela, debe buscar una aprobación del Congreso a través de los canales normales y utilizar los propios activos de este país, no los de Crystallex, para lograr ese objetivo. No debería intentar reclutar al poder judicial para que haga el trabajo sucio eliminando el gravamen por el que Crystallex luchó a un alto costo años después del hecho”.

Jueza de Nueva York a la espera

  Entretanto, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk, intenta darle tiempo al gobierno de los Estados Unidos mientras se determina si participará en el caso de los tenedores de los Bonos PDVSA 2020.

  El gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó y la junta nombrada por este, demandaron en 2019 que se declaran inválidos los bonos por no haber sido aprobada la operación de su emisión por parte de la Asamblea Nacional como manda la constitución venezolana.

  En razón de que las agencias del gobierno de EE. UU. estiman que hasta septiembre podrían decidir si presentan una declaración de interés en el caso, la jueza Polk retrasó los argumentos orales programados para el 12 de agosto para el 22 de septiembre[2].

CITAS

[1] Argus Media. “La defensa legal de Citgo pesa sobre los enemigos de Maduro”. 5 de agosto de 2020. https://www.argusmedia.com/en/news/2129957-citgo-legal-defense-weighing-on-maduros-foes

[2] Argus Media. “Juez de EE. UU. Retrasa argumentos sobre bonos de Citgo”. 29 de julio de 2020. https://www.argusmedia.com/en/news/2127609-us-judge-delays-citgo-bond-arguments