Corresponde a la administración estadounidense, promover la unidad de la oposición mediante la presión internacional a instar a la creación de una entidad que llene el vacío de liderazgo reinante en la actualidad en la nación centroamericana.
Por Maibort Petit
Es una necesidad imperiosa y urgente que Estados Unidos deje de lado su política con respecto al régimen autocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y proceder a intensificar las sanciones hasta ahora impuestas, apuntando a individuos e industrias que le sirven de cimiento, al tiempo de diseñar y coordinar la presión externa con la oposición interna, de manera de desarrollar una estrategia efectiva que derive en reformas políticas y electorales de cara a las elecciones generales previstas para el año 2021. Así lo sostiene un informe del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute), suscrito por el investigador de dicha institución y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg.
El citado informe, denominado “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, da cuenta de la urgente necesidad de que el gobierno estadounidense defina los objetivos alcanzables de forma clara, así como un plan de acciones coherente que prevea las posibles reacciones del régimen de Ortega. Esto constituiría una estrategia mucho más efectiva que derive el fin del actual gobierno nicaragüense, pues de lo contrario, solamente un evento imprevisto podría impulsar el fin del régimen.
Berg advierte que la actual política de los EE. UU. con respecto a Daniel Ortega es improvisada y desordenada, por lo que es menester preparar una estrategia que permita aprovechar las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de 2021, de manera de poder vencer al gobernante en un concurso libre y justo con la ayuda de misiones de observación internacionales sólidas y proactivas.
Estima que Estados Unidos debe ejercer presión diplomática con miras a promover la unidad de la oposición nicaragüense y fomentar la creación de un Comité Nacional de Emergencia que tenga como cometido llenar el vacío de liderazgo que amenaza la salud pública y la supervivencia del país.
En el plano diplomático, EE. UU., la Unión Europea y otros gobiernos latinoamericanos deben conformar una coalición internacional contra la represión de Ortega que, a través de una presión constante, propenda un cambio definitivo en el carácter del régimen que gobierna a Nicaragua.
A la par —refiere el informe— la administración de Washington debe recalibrar su estrategia de sanciones para atacar los pilares de control de Daniel Ortega y apuntalar a la oposición nicaragüense a objeto de que avance en el terreno de procurar las normas mínimas para elecciones libres y justas, supervisadas profesionalmente.
Ryan C. Berg propone un conjunto de recomendaciones que daremos a conocer en esta y otras entregas, las cuales apuntan a elevar la crisis de Nicaragua a su lugar legítimo en la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental. Esto le brindaría al pueblo nicaragüense la mejor oportunidad de recuperar su libertad y democracia en los comicios de 2021.
El régimen Ortega-Murillo
En primer lugar, el informe refiere que el guerrillero marxista, Daniel Ortega, se hizo del poder en Nicaragua en 1979 y, a partir de ese entonces, dirigió sus esfuerzos a consolidar una dictadura en lugar de la que derrocó, una tarea que llevó a cabo a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, forzada forzado por una insurgencia respaldada por Estados Unidos, aceptó ir a elecciones en 1990, obteniendo la victoria la candidata a la unidad, Violeta Chamorro.
En el ínterin de 16 años, mientras los gobiernos democráticos trabajaron para hacer crecer la economía de la nación centroamericana, Ortega se mantuvo "gobernando desde abajo", según él mismo lo manifestó, a través del control militar que su hermano ejerció. Este gobierno a la sombra buscó la unidad de su partido, la división de la oposición y al diseño del plan para retomar el poder. Esto ocurrió en 2007 y, desde entonces, le imprimió un carácter autocrático a su gestión que corrompe y coopta las débiles instituciones democráticas de Nicaragua.
La represión como política
En este segundo periodo, Ortega trabajó en su consolidación autoritaria para lo cual cuenta con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, acompañado de la “cooptación del poder judicial, el dominio de los medios y un sector privado altamente cómplice que hace mucho tiempo abrazó un modus vivendi con su gobierno socialista, entre otros”.
Hace referencia el reporte a que cuando el 18 de abril de 2018, la “sociedad civil nicaragüense se movilizó en respuesta a la sorpresiva propuesta del presidente Daniel Ortega de aumentar el impuesto sobre la nómina y reducir el sistema de seguridad social del país”, el gobierno “respondió con una feroz represión contra los ancianos nicaragüenses que protestaban por los recortes”. Desde entonces la brutalidad se incrementó hasta enfrentar el descontento y la protesta con “munición real que mató a multitudes de manifestantes. El régimen también tomó cientos de prisioneros políticos”.
Rosario Murillo pasó de ser la primera dama a vicepresidente, conformando una dupla con Ortega que organizó una represión autoritaria contra manifestantes, movimientos de la sociedad civil, estudiantes y grupos de oposición.
El régimen diseñado por Ortega y Murillo, según lo reporta el informe, se caracteriza por la represión, incrementada esta desde abril de 2018 a través de las “fuerzas de seguridad que han matado a cientos de personas, miles han resultado heridas o retenidas como presas políticas, y más de 100.000 nicaragüenses han huido a países vecinos o Estados Unidos”.
Después de los descritos hechos de abril de 2018, Ortega y Murillo procedieron a implementar un régimen terrorista e instrumentaron una narrativa propagandística que tradujo el descontento popular como un golpe suave y convertía las quejas políticas en reclamos ilegítimos derivados de la presión estadounidense sobre Nicaragua. “El régimen de Ortega llegó a ver a la sociedad civil como el semillero de un movimiento de oposición empeñado en su derrocamiento. Igualmente, lanzaron lo que denominaron como la "tercera fase" de la revolución sandinista, caracterizada por “la total negación de cualquier crisis y basado en la participación de los pocos fieles y corruptos que quedan y la despiadada eliminación de los enemigos y traidores”.
El informe de Ryan C. Berg destaca que mientras el Ortega se consolidaba políticamente, vació a la oposición política, constituyéndose la sociedad civil y los medios de comunicación independientes como la única oposición que rechaza la toma hostil de las instituciones políticas de Nicaragua por parte del gobierno. Tal cometido lo cumple Daniel Ortega a través del FSLN, cuya bandera roja y negra se ha convertido en sinónimo de la implacable represión política contra los nicaragüenses.
La Asamblea Nacional de Nicaragua le confirió a Daniel Ortega el control sobre la Policía Nacional dirigida por el suegro de su hijo, pero también cuenta, de acuerdo a lo que revela el informe, con unos 3 mil paramilitares, de los cuales algunos forman parte del FSLN, además de el Ejército Nacional de 12.000 miembros.
Todo este contingente sigue las directrices impartidas por Rosario Murillo de "darles todo lo que tenemos" a la oposición y a todo aquel contradiga los lineamientos del régimen. Han llegado al extremo de quemar vivos a los manifestantes, incluidos niños pequeños.
El control de la información pasa por medidas como la de bloquear a través de las aduanas, la importación de papel de periódico; cortar las señales de al menos cinco canales de televisión por cable que cubrían las protestas.
El sometimiento de la población ha sido la única manera de bajar la represión, pero la policía se mantiene atenta para golpear a cualquier nicaragüense que se atreva a desafiar al régimen de Ortega, “incluidos aquellos que denuncian violaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los miembros de la Policía Nacional incluso sitiaron a madres de presos políticos involucrados en una huelga de hambre en una iglesia católica, demostrando que realmente no hay santuario en Nicaragua”.
En Nicaragua cada se dificulta más, refiere el informe, de documentar los abusos por parte de las organizaciones de la sociedad civil y los medios a menudo, al tiempo de que se han abierto casos penales contra manifestantes y críticos del régimen, bajo el cargo de "incitar al terrorismo".
De los gases lacrimógenos se pasó al uso de balas de goma y de éstas a los proyectiles reales, sentencia el reporte que agrega que muchos fiscales se han sumado a la trama de represiva de Ortega, fabricando casos contra manifestantes.
El informe de Ryan Berg hace mención al papel de las potencias extranjeras en la represión interna nicaragüense, poniendo como ejemplo el caso de tropas rusas que Vladimir Putin envió y se integraron a un "centro de entrenamiento policial" en la capital y a un complejo satélite secreto fuera de Managua. También se han utilizado armas rusas para cometer abusos contra los derechos humanos. Igualmente, el Instituto Nacional de Turismo de Nicaragua informó que 5 mil "turistas" cubanos llegaron al país durante la primera mitad de 2019.
Agrega que “Con la ayuda de un vuelo comercial entre La Habana, Managua y Caracas, varios cientos de asesores de la Dirección de Inteligencia de Cuba han descendido a Managua y ahora operan abiertamente con el Ejército Nacional de Nicaragua, monitorean a las unidades policiales en busca de deserciones y entrenan a funcionarios de prisiones en tácticas de interrogatorio. Mientras que la relación de Cuba con Nicaragua nunca floreció en la dependencia económica caracterizada por su relación con Venezuela, la misión de Cuba en Nicaragua es neutralizar a la oposición y difundir sus aterradoras tácticas de represión sistemática”.
A esto se suma que más de 100 mil nicaragüenses han huido desde abril de 2018 — algunas estimaciones colocan el número más cerca de 140 mil—, calculándose que 4 mil personas abandonan el país por mes.
El régimen y el Covid-19
El gobierno de Daniel Ortega ha desestimado la pandemia del Covid-19, lo cual podría incrementar, aún más, los movimientos migratorios masivos.
“Los efectos indirectos en los sectores social y de salud ya son visibles en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Muchos nicaragüenses son conscientes de que Costa Rica tiene uno de los sistemas de atención médica más sólidos de América, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registra aproximadamente 200 refugiados nicaragüenses por día en Costa Rica”.
Asegura el reporte que el manejo irresponsable de esta situación ha puesto en juego innumerables vidas por la respuesta imprudente y criminal a la pandemia de coronavirus.
El informe cita un artículo reciente en The Lancet que caracterizó la respuesta de Nicaragua como "quizás el más errático de todos los países del mundo hasta la fecha".
Berg advierte que el silencio del es “calculado y criminal” pues, incluso, ha bloqueado iniciativas que buscan informar y programas cuyo objetivo es detener la transmisión de COVID-19, algo que ha llevado a cabo a través del Ministerio de Salud de Nicaragua.
