Alex Saab: Su caso en Cabo Verde pasa a una nueva fase procesal

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Por Maibort Petit

  Las autoridades de Cabo Verde recibieron formalmente la petición de extradición de Alex Naim Saab Morán, el empresario colombiano acusado por las autoridades estadounidenses como operador del régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

  Estados Unidos entregó la solicitud formal de extradición que incluye documentos y declaraciones juradas de testigos que soportan la acusación en Contra de Saab que fue aprobada por un gran jurado.  Los expedientes fueron entregados en tres idiomas. Con la entrega, el proceso pasa a una nueva fase que pone a Saab más cerca de su envío a Miami, en donde tendrá que enfrentar los cargos de lavado de dinero y corrupción vinculados al régimen venezolano.

   Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo en la isla africana. Tras su arresto, Venezuela dio a conocer un comunicado que advertía que Saab es venezolano, agente del gobierno y que portaba al momento de su detención un pasaporte diplomático.

  Los abogados de Saab han afirmado que apelarán todas las fases del proceso, y que en el marco de los lapsos que establecen los procedimientos se calcula que el caso podría durar entre 5 ó 6 meses.

  Por su parte, la fiscalía caboverdiana ha dicho que la resolución del proceso de Saab podría durar unos 45 días, aproximadamente. Aclaró que Estados Unidos contaba con 18 días desde la fecha del arresto para presentar formalmente la solicitud de extradición. La petición debe contener  las evidencias que la sustentan para que los jueces evalúen las mismas y procedan a tomar una decisión, que también será apelable.

Los negocios del oro venezolano operados por Álex Saab

Por Maibort Petit

  Álex Saab se mueve por distintas áreas. Por ello, desde 2018 incursionó en el negocio del oro. Una decisión que coincide con la escasez de divisas que existe en Venezuela, a tal extremo que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a usar el metal precioso para pagar algunos contratos.

  El empresario busca ayudar al gobierno de Maduro a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en divisas.

   También Saab trabajó con Tareck El Aissami, actual ministro del Poder Popular de Petróleo y personero de la administración venezolana con nexos con el Medio Oriente y grupos terroristas como Hezbolá. Con él, Saab busca crear una estructura para que el gobierno venda oro a Turquía. Como resultado de estas operaciones corruptas y para evitar que Maduro y sus asociados “exploten aún más al pueblo y los recursos de Venezuela, el Departamento del Tesoro identificó al sector del oro de la economía venezolana como sujeto a sanciones en noviembre de 2018.

  Álex Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro de mineros locales. A su vez el gobierno presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar de mercado negro. Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (BCV) y, posteriormente, ser exportado fuera de Venezuela a lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al gobierno venezolano y como mecanismo de pago, depositarían dinero en cuentas en Turquía, que a su vez transferiría fondos a una cuenta mantenida por el BCV en la nación oriental.  Mulberry, la compañía de Álex Saab en Turquía, compró bienes en ese país en nombre de clientes venezolanos, subiendo los precios antes de ser vendidos nuevamente a Venezuela.

   Se trata, pues, de un conjunto de irregulares transacciones con el oro venezolano que han sido señaladas de malos manejos y relacionadas con grupos criminales venezolanos, así como con funcionarios de seguridad corruptos y de la guerrilla colombiana, el Ejército Nacional de Liberación (ELN).

  Cabe acotar, que la comercialización del oro proveniente de Venezuela ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro[1].

Las sanciones de la OFAC

  En julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una serie de sanciones en contra de Álex Nain Saab Morán, por sus actividades especulativas erigidas como una vasta red de corrupción por medio de la cual, el expresidente venezolano, Nicolás Maduro y su régimen, se han beneficiado irregularmente a través de la importación y distribución de alimentos.

   Según la OFAC, Saab obtuvo s contratos sobrevalorados, entre ellos el correspondiente al programa alimentario del gobierno denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para ello, conformó una sofisticada red de empresas fantasma con socios comerciales y miembros de la familia, que le permitieron supuestamente lavar millones de dólares en en todo el mundo.

  Las investigaciones de las autoridades estadounidenses determinaron que los tres hijastros de Nicolás Maduro, a saber, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, así como al sobrino de la primera dama venezolana, Carlos Erick Malpica Flores, conocidos como “los chamos”, recibieron dinero del empresario colombiano, a cambio de resultar favorecido con contratos públicos, entre ellos el correspondiente al programa de subsidio de alimentos.

  Esta relación con los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores habría sido determinante para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del gobierno de Venezuela, “permitiéndoles pagar los sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales”.

   “Los Chamos” también tuvieron acceso frecuente Tareck Zaidan El Aissami Maddah, designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Como resultado, “Los Chamos” pudieron manipular a los destinatarios de los contratos y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.

  “Álex Saab se involucró con los expertos de Maduro para administrar una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar la población hambrienta de Venezuela. El Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del antiguo régimen", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien agregó: “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robar al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos".

   Refiere la OFAC que el programa CLAP, creado en 2016, “En lugar de garantizar que la población vulnerable reciba los alimentos que necesita desesperadamente, el régimen lo utiliza como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen mantiene su influencia porque muchos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que proporciona el CLAP para sobrevivir.

   “La participación de Saab con el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir la comida de un distribuidor extranjero, ensamblarla en un país extranjero y enviarla a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP”.

   Saab y Pulido usaron negocios en México, como Group Grand Limited bajo el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, para maximizar las ganancias. Álex Saab se valió de una empresa estatal venezolana del estado Táchira que estaba exenta de impuestos a la importación. En la trama de corrupción intervinieron el para entonces gobernador tachirense, José Gregorio Vielma Mora, y Rodolfo Clemente Marco Torres, quien fungía como ministro de Alimentación. Ambos influyeron para que le fuera asignado el contrato a Saab.

   Varias empresas tuvieron participación en el esquema corrupto: Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry), Group Grand Limited. Estas compañías, luego de ser designadas sin licitación, recibían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos.

    En muchos casos, estas empresas fantasmas recibían anticipos del gobierno de Venezuela, fondos de los cuales pagaban sobornos a los funcionarios del gobierno que facilitaban las operaciones. Tales desvíos se justificaban mediante cuentas corporativas de su propiedad o de otras empresas ficticias y de fachada. “Para oscurecer aún más el origen del dinero, estas compañías de fachada enviarían una parte del dinero robado a cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los conspiradores enviarían una parte del dinero robado a corruptos personajes políticos venezolanos de alto rango, sus familiares o asociados”.

   Entonces, las empresas contratadas por el CLAP procedían a presentar facturas fraudulentas que reflejaban la compra de bienes por un monto alineado con el valor del contrato original sobrevaluado. “En muchos casos, las empresas contratadas por CLAP subcontratarían con otras empresas para cumplir con los términos del contrato, como comprar alimentos o armar cajas de alimentos a menudo con un valor nutricional inferior al estándar. Las compañías contratadas por CLAP trabajaron con compañías navieras y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos”, refiere el informe de la OFAC.

El proceso judicial en EE. UU.

   El 25 de julio de 2019, se conoció que la Fiscalía General de los Estados Unidos había acusó a los empresarios colombianos, Álex Naim Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas, por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios.

   Específicamente, la acusación contempla que, en el Distrito Sur de la Florida, los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. Se alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.

  La acusación formal contra Saab y Pulido refiere que estos presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

  La acción legal la emprendieron el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal, Ariana Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida; y el Agente Especial a Cargo, Adolphus P. Wright, de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Miami.

  Se explica que “a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos. Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas de bajos ingresos. Los acusados y sus cómplices supuestamente aprovecharon el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, según el cual se podían obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos. 

   La acusación formal alega que la actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. También alega que se realizaron reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que Saab y Pulido enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[2].

  Pero también en Nueva York se realiza una investigación sobre las actividades delictivas de Saab y Pulido, junto a otros nombres de ciudadanos colombianos que, supuestamente, integran el entramado de corrupción que movió millones de dólares provenientes del régimen de Maduro por Suiza, Emiratos Árabes, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Irán y Rusia.

CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741

[2] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

   Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana de Aeropuertos (BAER), un ente del régimen de Nicolás Maduro, por un monto de $70 mil. 

   Documentos muestran que Avior Airlines ordenó hacer pagos un día después de recibir un oficio de BAER, fechado el 13 de febrero de 2019. El 14 de febrero de 2019, la tesorera de Avior  generó un correo electrónico (donde se copia  toda la directiva la posición) para informar las posiciones en divisas de la compañía, en la cual se le agendaron a BAER dos abonos, uno por pago adeudados en Barcelona y otro por pagos adeudados en Porlamar. 

   Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A. envió una carta al presidente de Avior Airlines C.A. Jorge Añez, con fecha de 13 febrero 2019, donde informó que se le estaba remitiendo la deuda en dólares de los Estados Unidos de América que presenta a la fecha Avior con BAER, en el aeropuerto Santiago Mariño. por concepto de derechos aeroportuarios y por salida del aeropuerto, la cual asciende a un monto de $256.080,00.

  El gobierno de Nicolás Maduro informó a Avior que debían pagar el monto en la cuenta Citibank #9146143659 de la empresa Aeroservices A7. La carta está firmada por Leonardo Alberto Briceño Dudamel, presidente de Bolivariana de Aeropuertos (Baer) S.A.

   El 14 de febrero de 2019, un correo enviado por Mirda Lozada, Gerente de Tesorería de avior Airlines, envió un correo electrónico a Jorge Alva, Jorge Añez, Juan Romaguera el monto de visas de las divisas.

   En un anexo se reporta que BAER Porlamar,  $50.000,00 y BAER Barcelona, $20.000,00 en una cuenta del banco  

Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados

  En una carta enviada al juez Hellerstein, el abogado Adam S. Kaufmann asegura que aunque su bufete tiene amplia experiencia en representación de juicios penales, ninguno de los abogados tiene licencia del panel SDNY CJA.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Los abogados del general (r) Cliver Antonio Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, enviaron una carta al juez estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein donde solicita que se asigne un abogado de oficio del panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA). El representante legal del militar venezolano, Adam S. Kaufmann, asegura que los litigantes de su bufete, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss pllc, no forman parte del CJA.

   En la misiva de 5 páginas, pide que la Corte le asigne a Alcalá Cordones  un representante legal del panel de la CJA o de los Defensores Federales como abogado principal del juicio, pero solicitan que el juez permita que los miembros de su bufete permanezcan en el caso como co-abogados. "Las complejidades y la gravedad de este caso y los intereses de la justicia justifican la aprobación de dicho acuerdo".

Kaufmann: Alcalá ejerció el mando sobre la mitad del ejército venezolano

  Según Kaufmann:"El general Alcalá fue un general al mando muy respetado en el ejército venezolano hasta 2013, alcanzando el rango de mayor general y ejerciendo el mando sobre la mitad del ejército de su país. En 2013 ocurrieron dos eventos que hicieron que el general Alcalá se retirara de su carrera. El primero fue la muerte del presidente Hugo Chávez y el posterior nombramiento de Nicolás Maduro como presidente". 

  Agrega Kaufmann que "El general Alcalá consideraba al señor Maduro un hackista oportunista y político. No era un líder político a quien el general Alcalá estaba dispuesto a seguir, y de hecho, el general Alcalá era un opositor firme y muy público al señor Maduro desde los primeros días en el cargo de Maduro". 

   Sostiene que "En el verano de 2013, el general Alcalá logró 30 años de servicio en su país. Dado el cambio en el liderazgo político y su cumplimiento de 30 años de servicio, el general Alcalá decidió que era hora de retirarse del ejército".

    Kaufmann sostiene que ha representado al general Alcalá en sus tratos con las fuerzas del orden público en los Estados Unidos desde 2013. 

    Adam Kaufmann asegura que ha desarrollado "una estrecha relación de trabajo con el general Alcalá y está extremadamente familiarizado con los hechos y asuntos legales relacionados con este caso". 

  Explica Kaufmann en la misiva enviada al juez Hellerstein que, su representación a lo largo de los años se relacionó con las negociaciones con el gobierno sobre su investigación en la relación del general Alcalá con las FARC y su designación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

    Sostiene que ha representado al General Alcalá de manera gratuita desde 2014 o 2015. "Que yo sepa, el Sr. Alcalá hoy no tiene activos apreciables y no puede permitirse una representación privada". 

  Según Kaufmann, desde finales de 2014, "la representación de su bufete con el general Alcalá consistió principalmente en conversaciones intermitentes con funcionarios del gobierno de los EE. UU". 

   Con respecto a su estatus como nacional especialmente designado y nuestros esfuerzos para eliminar esa designación. Durante este tiempo, hablé con el general Alcalá sólo esporádicamente. 

 - El 26 de marzo de 2020, me llamó desde Colombia para informarme que un representante de la Embajada de los EE. UU. en Bogotá lo había contactado para informarle que al día siguiente se revelaría una acusación formal y una orden de arresto provisional en su contra. El gobierno de los EE. UU. informó al general Alcalá que podía entregarse voluntariamente a la DEA, o podría quedarse en una cárcel colombiana y disputar la extradición. Después de una conversación privilegiada conmigo, el general Alcalá indicó su intención de abordar un avión privado fletado por la DEA para entregarse a las autoridades estadounidenses en Nueva York y pidió a mi firma que lo representara, indicando que era posible que un primo lejano pudiera tener fondos para pagar la representación. 

  Kaufmann reveló que el general Alcalá llegó a los Estados Unidos, aproximadamente, el 28 de marzo de 2020 y fue procesado en la acusación instantánea el 30 de marzo de 2020.

    "Después de la llegada del general Alcalá a los Estados Unidos, mi empresa investigó si el Sr. Alcalá o su familia podrían pagar nuestras tarifas. Supimos rápidamente que sería imposible. El primo lejano del general Alcalá no tenía la capacidad financiera para pagar cerca de los tipos de tarifas asociadas con un caso de esta naturaleza y alcance", admitió. 

     Kaufmann dijo que el primo de Alcalá Cordones "Ofreció un pequeño pago de $ 5,000 pero explicó que incluso ese pago sería difícil". 

    _"El propio general Alcalá prácticamente no tiene dinero: su esposa e hija viven en Colombia y dependen de la ayuda de sus familiares para satisfacer sus necesidades diarias básicas. Además, los escasos recursos que el general Alcalá poseía en Venezuela (que dejó atrás cuando se vio obligado a huir de su país en marzo de 2018) han sido tomados por el gobierno venezolano, que también ha encarcelado a varios miembros de la familia en respuesta a informes de que el general Alcalá era involucrado en un intento de intervención militar en Venezuela a principios de este año". 

  Kauffmann afirmó que su bufete de abogados "no ha recibido honorarios en relación con la representación del General Alcalá en la acusación".

 Afirma que Alcalá está acusado en una acusación, extraordinariamente amplia, que contiene cargos que, si es condenado, conllevan una posible sentencia de cadena perpetua. 

   Los otros coacusados  ​​incluyen al presidente (o ex presidente) de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el ex jefe del servicio de inteligencia militar de Venezuela. "Mi firma tiene un conocimiento particular de la historia personal del general Alcalá como general de alto rango en el ejército venezolano, sus interacciones con fiscales y agentes en 2013-2015, y sus esfuerzos activos de 2013-2020 para oponerse y luego derrocar al corrupto régimen de Maduro. . Mi firma ha pasado los últimos tres meses reuniéndose información sobre este asunto e investigación de las posibles defensas del general Alcalá. Su historia con el gobierno de los Estados Unidos jugará un papel en su defensa". 

   Finalmente, Kaufmann acotó que su firma de abogados tiene una gran experiencia en el manejo de asuntos relacionados con Venezuela, incluida la familiaridad con la política venezolana y la participación del gobierno de los EE. UU. en asuntos venezolanos.    

   "En este momento, no deseamos presagiar nuestra defensa, pero creemos que este conocimiento institucional, junto con nuestro conocimiento específico de la historia del general Alcalá, será crucial para su defensa", adelantó el abogado estadounidense.

   Kauffman dijo que aunado a la familiaridad que tienen con Alcalá y los detalles de su caso, los abogados están identificados en este documento poseen las siguientes calificaciones para la cita solicitada:

1) Anthony Capozzolo fue fiscal federal en el Distrito Este de Nueva York durante seis años y fiscal asistente de distrito en Manhattan durante catorce años antes de eso. Ha juzgado más de 35 casos en tribunales federales y estatales, incluidos cargos por la Ley RICO. Como abogado defensor juzgó un asunto de fraude de valores federales en el Distrito Sur de Nueva York. Como abogado defensor, ha representado a numerosos acusados ​​en un tribunal federal. Si se aprueba, se desempeñará como abogado principal del juicio en este asunto.

 En la misma carta, Kauffman informa al juez que fue fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan durante 19 años, "donde juzgué numerosos casos de delitos graves. Serví como jefe de la Oficina de Delitos Económicos Internacionales para el Fiscal de Distrito Robert Morgenthau y el Jefe de la División de Investigación del Fiscal de Distrito Cyrus Vance. He trabajado en muchos asuntos federales tanto como fiscal (investigaciones conjuntas en asuntos de cuello blanco, narcóticos, sanciones y terrorismo) y como abogado defensor retenido, pero no he juzgado un caso en un tribunal federal".

   Menciona a Cristián Francos, un abogado argentino que también es admitido en el colegio de abogados de Nueva York. Nativo de habla hispana, ha sido el principal punto de contacto para el general Alcalá desde que se rindió en marzo. El general Alcalá no habla inglés; Hablo algo de español pero no al nivel de fluidez. El Sr. Francos también tiene una amplia experiencia trabajando con clientes latinoamericanos involucrados en casos penales en los Estados Unidos. También tiene un amplio conocimiento sobre Venezuela.

   Kaufmann sostiene que su bufete está preparado para avanzar en la defensa de este asunto. "Hemos discutido con el Gobierno la producción de descubrimientos y hemos revisado las estipulaciones de descubrimiento proporcionadas por el Gobierno. Estamos preparados para ejecutarlos y avanzar con el caso en caso de que el Tribunal apruebe esta solicitud".

  Advierte que "será difícil para un nuevo abogado absorber la compleja historia asociada con este caso por su cuenta. Es una historia detallada y crucial para los aspectos de las defensas que pueden estar disponibles para el general Alcalá. Dichas dificultades se verán exacerbadas por la incapacidad general de los abogados para reunirse con clientes encarcelados ocasionados por la pandemia de Covid-19". 

   Reconoce que "si bien no es típico nombrar a un abogado privado a precios CJA, existe un precedente para tal decisión, que es el caso de Estados Unidos vs. Daniel Bonentre, frente al cual, el Juez Swain permitió el nombramiento de dos abogados y sus asociados como abogados de la CJA para representar a un acusado para quien previamente habían sido retenidos en privado. 

  

   En ese caso, los abogados tenían una relación de larga data con el acusado y familiaridad con el caso, y el tribunal permitió el nombramiento de CJA después de la incautación por parte del gobierno de los bienes del acusado le impidió poder seguir pagando por un abogado privado.

  Igualmente agrega que sus socios Eric Lewis, Jeffrey Robinson y Waleed Nassar fueron nombrados para representar a Ahmad Abu Khatallah en un caso capital en el Tribunal del Distrito de Columbia, junto con un Defensor Público Federal

   "En el caso que nos ocupa, disfrutamos de una larga relación con este acusado que nos deja en una posición única para ayudarlo en su representación"

 Pidió que se otorgue a la designación de un abogado público nunc pro tunc a partir del 28 de marzo de 2020. "Si es nombrado, trabajaremos con el Administrador del panel de la CJA para preparar un presupuesto y asistiremos a la capacitación administrativa tal como lo indique el administrador y el Tribunal".

Licencia OFAC

Asimismo, Kaufmann informó al tribunal que su despacho solicitó una licencia de la OFAC que autorizaría el recibo del pago de la representación. "La solicitud está pendiente".

Una solicitud de fianza para Alcalá

   Kaufmann dijo a la Corte, que Alcalá ha sido detenido sin derecho a fianza en este asunto. "Nos gustaría reservar cualquier argumento de fianza para una fecha posterior". S

  Pidió que la Fiscalía les informó que el Servicio Federal de Defensa está en conflicto fuera de este caso debido a una representación previa.

   "Como se señaló, si el Tribunal se inclina a asignar un abogado que ya esté en el panel de CJA, respetuosamente solicitamos que permanezcamos en el caso". 

   Igualmente, Kaufmann informó a la Corte que durante el período en que pensaron que Alcalá podría pagar un abogado privado, contactaron al abogado César Castro, quien también es miembro del panel de SDNY CJA. 

    Castro también participó en una llamada con Alcalá. "En ese momento, esperábamos traer Castro como miembro del equipo de defensa para que fuera contratado por el general Alcalá. Como hispanohablante fluido y abogado litigante experimentado, Castro habría sido una parte importante del equipo. Por supuesto, la situación financiera de Alcalá hizo que la propuesta fuera discutible". 

     Kaufmann dijo que si el tribunal acepta la solicitud, Castro sería  el abogado viable con credenciales de CJA y fluidez en español, para atender el caso. 

    Pidieron que Cliver Alcalá siga arrestado en las cárcel del Condado de Putnam en Nueva York, ya que dicha instalación ha hecho un buen trabajo al mantener los estándares de salud durante la crisis de Covid-19 y  también les ha resultado relativamente fácil comunicarse con el general Alcalá por teléfono.

Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Este jueves se conoció que los fiscales federales de Nueva York solicitaron a un juez que cambiara la fecha de la audiencia de presentación del general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de narcotráfico y terrorismo.

   En una misiva, la fiscalía pidió al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein se reprogramara la conferencia prevista para este viernes 26 de junio a las 11:00 AM, debido a que el gobierno ha tenido unos problemas y no será posible hacer la teleconferencia. 

El sistema de cortes federales de Nueva York realizan las audiencias por videoconferencia desde finales del mes de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

El general (r) Alcalá Cordones es uno de los militares  venezolanos que Estado Unidos incluyó en el cartel de recompensas por terrorismo del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de ser parte del parte del cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico que está conformada por altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas y las principales cabecillas del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a fuentes oficiales colombianas, Alcalá Cordones vivió, por al menos dos años, en Barranquilla.  

El 26 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció una acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios, y ofreció una recompensa de $10 millones por la captura y entrega de Alcalá Cordones. 

El militar chavista declaró al enterarse que EE. UU. había ofrecido una recompensa por su cabeza, que estaba sorprendido porque estaba trabajando para lograr la democracia en Venezuela, supuestamente planeando un golpe de estado contra el régimen de Maduro, con armamento que había sido incautado por la Policía en la vía Barranquilla-Santa Marta.

Según los reportes de la prensa local, el arsenal incautado constaba de 26 fusiles de asalto sin marca ni serie, calibre 556, de fabricación americana, AR-15, junto a otros elementos de guerra.

El general (r) Clíver Alcalá formó parte del grupo de militares que participó junto a Hugo Chávez en un intento de golpe de estado el 4 de febrero de 1992. 

Supuestamente había roto relaciones con Nicolás Maduro, y declaró públicamente su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por los Estados Unidos y más de 50 países. 

El 27 de marzo  Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, fue trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia. 

El 31 de marzo se declaró “no culpable” ante un juez de New York, en una teleconferencia debido a las reglas estrictas de la cuarentena tomadas por el gobierno de Nueva York para evitar el contagio del Covid-19.

Alcalá Cordones estuvo representado en la primera audiencia por Adam Kaufman y Anthony Capozzolo. La audiencia preliminar fue atendida por el juez accidental,  Paul E. Davison, quien fijó la próxima fecha del caso para el 26 de junio. 

  El caso  de Cliver Alcalá fue designado al juez Hellerstein  a quien los fiscales pidieron el cambio de fecha, y sugirieron que la teleconferencia fuera fijada para el 1 de julio. 

  Los fiscales también solicitaron que debido a la pandemia de COVID-19, la Corte extienda la exclusión del tiempo hasta el 1 de julio de 2020, en interés de la justicia de conformidad con 18 USC § 3161 (h) (7) (A). 

   El abogado defensor aceptó las solicitudes hechas por los fiscales federales de Nueva York,  Audrey Strauss, Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba.

WSJ: Leopoldo López: El gurú de la oposición venezolana que lideró el plan para tumbar a Maduro

 El siguiente texto es una traducción al español hecha por nuestro portal, Venezuela Política, al artículo original publicado en inglés por el diario estadounidense The Wall Street Journal. 

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Leopoldo López y sus aliados compraron mercenarios antes del intento fallido de derrocar al régimen.

Después de abandonar el arresto domiciliario, la figura de la oposición venezolana Leopoldo López, a la derecha, se unió al líder opositor Juan Guaidó para saludar a los partidarios en Caracas el 30 de abril de 2019. CRISTIAN HERNANDEZ / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

Por Kejal Vyas y Juan Forero para The Wall Street Journal.

Fechado 26 de junio de 2020 12:34 pm ET - Enlace original del artículo en inglés aquí.

BOGOTÁ, Colombia - El mentor políticamente influyente del líder de la oposición venezolana respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, estuvo detrás de un esfuerzo de meses para contratar mercenarios para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según varias personas involucradas en la planificación.

Leopoldo López, fundador del ex partido político del Sr. Guaidó, y otros aliados consideraron al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente autoritario, dijeron estas personas al Wall Street Journal. .

Uno de los contratistas finalmente estuvo involucrado en un intento de incursión armada en mayo que terminó casi antes de que comenzara, terminando con ocho de los mercenarios asesinados y casi 50 detenidos, incluidos dos ex soldados estadounidenses, todos los cuales todavía están detenidos en una prisión de Caracas.

La figura de la oposición venezolana Leopoldo López habló con los medios el 2 de mayo de 2019, en la puerta de la residencia del embajador español en Caracas, donde ha permanecido desde su liberación del arresto domiciliario. FOTO: GETTY IMAGES/GETTY IMAGES.

Maduro salió triunfante y sus adversarios políticos quedaron fracturados, desmoralizados y sin una estrategia clara. Algunos aliados extranjeros de la oposición dicen que Guaidó y sus asociados deberían haberse apegado a las negociaciones con el régimen de Maduro y ahora están cuestionando su apoyo al líder de la oposición.

"Guaidó ha dañado sus credenciales democráticas", dijo un diplomático europeo de alto rango que trabajó en la política de Venezuela. "Da la impresión de que está tratando de montar dos caballos, uno en la pista de negociación y otro más en la pista del golpe de estado".

El Sr. Guaidó y los asociados del Sr. [Leopoldo] López han dicho que la incursión [Operación Gedeón] de mayo fue obra del régimen de Maduro y que cortaron el contacto el año pasado con el grupo que lo llevó a cabo.

La mayoría de los venezolanos critican a Maduro por la devastadora crisis económica del país, con solo el 13% que lo apoya según una encuesta realizada en mayo por la firma Datanálisis de Caracas.

Pero el Sr. Guaidó no ha podido capitalizar. Su apoyo se ha erosionado constantemente del 61% que disfrutó en enero de 2019, cuando la oposición lo proclamó presidente en un desafío directo al Sr. Maduro. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Según la encuesta de Datanálisis, el Sr. Guaidó vio caer en mayo su aprobación al 25%, su punto más bajo hasta el momento. Los venezolanos ahora son abrumadoramente pesimistas de que se realizará una transición.

"Comenzó como una especie de versión venezolana de Obama", dijo sobre Guaidó el director de Datanálisis, Luis Vicente León. "Ahora la gente simplemente no le cree. Cuando pierdes la esperanza de un cambio, también pierdes tu capacidad de pedirle sacrificios a la gente”.

Nicolás Maduro muestra lo que las autoridades venezolanas dijeron que eran documentos de identificación pertenecientes a ex soldados estadounidenses capturados durante una incursión fallida en mayo. FOTO: AP/Associated Press

Dentro de la díscola coalición de partidos opositores, gran parte de la culpa se dirige ahora al Sr. [Leopoldo] López, un político educado en Harvard de 49 años y ex prisionero político de una de las familias más prominentes de Venezuela.

Durante años, ha abogado por la acción directa para eliminar a Maduro, desde una serie de protestas en 2014 que se tornaron violentas hasta un intento de estimular un levantamiento en las filas militares el año pasado, a menudo chocando en la estrategia con otros enemigos prominentes del régimen.

En 2018, después de que Maduro fue reelegido en una votación ampliamente considerada fraudulenta, López expresó la opinión de que las negociaciones y la ruta electoral tomarían demasiado tiempo, dijo una persona que habló con él sobre la estrategia.

"Estaba muy preocupado de que, a menos que se hiciera algo pronto, el pueblo venezolano terminaría como el pueblo cubano, absolutamente pasivo y quebrado e incapaz de defenderse", dijo la persona, que está familiarizada con la dinámica de la oposición y la política estadounidense.

López no pudo hacer comentarios para este artículo porque no puede hablar públicamente como parte de un acuerdo con España. Ahora que vive en la residencia del embajador español en Caracas, donde está protegido contra el arresto, sigue siendo una poderosa fuerza política con influencia sobre Guaidó, proporcionando liderazgo en asuntos que van desde el cambio de régimen hasta la reforma de la industria petrolera, dijeron activistas de la oposición.

"Uno de los errores más grandes que ha cometido la oposición es respaldar a Leopoldo López", dijo Humberto Calderón-Berti, quien se desempeñó como enviado de Guaidó a Colombia hasta una disputa pública con López el año pasado. “Al final, solo está dañando a Guaidó. Tiene que haber una rectificación de la estrategia, el liderazgo”.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, se dirigió a una conferencia de prensa en Caracas la semana pasada.

FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Calderón-Berti dijo que aconsejó a los partidos de la oposición el año pasado que evitaran involucrar a los desertores militares venezolanos para tratar de expulsar a Maduro, por temor a que la violencia enajene las alianzas internacionales de la oposición. El Sr. Calderón-Berti no es miembro de Voluntad Popular, el partido que fue fundado por el Sr. [Leopoldo] López y que fue el camino hacia el liderazgo del Sr. Guaidó.

El Sr. Guaidó dijo que el Sr. López no toma las decisiones, que él lo hace.

Varios miembros prominentes de Voluntad Popular han renunciado al partido este mes, diciendo en privado que ya no podían lidiar con la mano dura de Leopoldo López y las políticas del partido, las cuales vieron como perjudiciales para la oposición. Pero algunos dijeron que todavía ven a López como una víctima, atraído a medidas extremas por un régimen autoritario que lo mantuvo encerrado y cerró las esperanzas de una transición democrática.

Guaidó dijo que algunos de sus asesores se reunieron con los organizadores de la incursión fallida a principios del año pasado para evaluar las estrategias para una incursión. Sin embargo, dijo que sus asesores cortaron el contacto casi seis meses antes de que esta ocurriera por lo que dijo eran desacuerdos sobre la estrategia.

Los líderes del partido dijeron que para octubre de 2019, la planificación de la operación había sido infiltrada por agentes de inteligencia venezolanos. Algunos en el partido informaron detalles de la infiltración a funcionarios estadounidenses y colombianos ese mes.

"No solo se infiltró, sino que fue una operación financiada por la dictadura", dijo Guaidó en una videoconferencia el mes pasado. "El único al que sirvió esa operación fue al régimen de Maduro”.

Las fuerzas especiales venezolanas patrullaron en mayo en el lugar de la incursión. [Operación Gedeón] FOTO: QUINTERO MANAURE / REUTERS

Los miembros de Voluntad Popular dicen que su partido ha favorecido las negociaciones e inició conversaciones supervisadas por Noruega en 2019 que luego fracasaron. Guaidó ha dicho con frecuencia que el problema es el régimen, que según él negocia de mala fe.

Funcionarios de la administración Trump dijeron que la operación [Gedeón] en mayo no ha dañado a Guaidó ni a la oposición, y que podría haber sido una falsa bandera organizada por el régimen de Maduro para ganar puntos de propaganda. Los funcionarios de la administración han negado cualquier participación o conocimiento de la incursión.

La incursión armada "fue una gran noticia durante un par de días y luego se desvaneció, y no ha tenido un impacto duradero en la política estadounidense ni en la oposición democrática venezolana", dijo Elliott Abrams, representante especial de los Estados Unidos para Venezuela. "Esto se debe principalmente a que hay muchas preguntas sin respuesta sobre la participación del régimen en la concepción, el financiamiento y el avance de toda la operación".

En su nuevo libro sobre la Casa Blanca de Trump, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton dijo que el presidente dudaba abiertamente de que Guaidó tuviera el peso para desafiar a Maduro. Para la primavera de 2019, escribió: "Trump estaba llamando a Guaidó el ‘Beto O’Rourke de Venezuela’, difícilmente el tipo de cumplido que un aliado de los Estados Unidos debería esperar".

Trump pensó que invadir Venezuela sería "genial" y le ordenó buscar opciones militares, escribió Bolton. Bolton y otros dijeron que una opción militar no era un punto de inicio y lo disuadieron con éxito, escribió.

Trump dijo al Journal en una entrevista que Bolton "es un mentiroso”.

El 12 de mayo, el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, acusó al líder opositor Juan Guaidó de planear la invasión fallida. El señor Guaidó negó la responsabilidad.

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En 2019, mientras algunos líderes de la oposición y diplomáticos venezolanos prosiguieron las negociaciones con Maduro para ganar el derecho a elecciones libres y justas, López y sus colaboradores más cercanos buscaron una empresa de seguridad sin haber alertado a los otros partidos políticos anti-Maduro, dijeron personas involucradas en la planificación y otros líderes de la oposición. Aunque escucharon los discursos de varios contratistas, figuras de la oposición cercanas a los señores Guaidó y López dijeron que las reuniones rara vez iban más allá de las conversaciones informales.

"Si una de estas propuestas hubiera sido viable, habríamos tomado esa opción de inmediato", dijo una figura de la oposición cercana a los dos hombres. "No tenemos ningún problema ético para deshacernos de Nicolás Maduro”.

A fines de la primavera del año pasado, varios amigos cercanos del Sr. López y miembros de su partido estaban conspirando con Jordan Goudreau, un veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos y propietario de la firma de seguridad SilverCorp USA en Florida, y un ex general venezolano que se había mudado a Colombia, Clíver Alcalá. Estaban entrenando a una fuerza andrajosa de venezolanos que habían abandonado las fuerzas armadas en campamentos en el noreste de Colombia, no lejos de Venezuela.

En octubre, un alto funcionario de Guaidó y un funcionario de Voluntad Popular firmaron un contrato con Goudreau para destituir a Maduro y reemplazarlo con Guaidó, bajo cuyo gobierno el mercenario estadounidense trabajaría como asesor de defensa, de acuerdo con el contrato.

Los asociados del señor Leopoldo López presentaron a los señores Clíver Alcalá y Jordan Goudreau a otros líderes de la oposición en varias reuniones en Bogotá, donde buscaron entre 2 y 7 millones de dólares estadounidenses de los líderes de la oposición para financiar una incursión armada, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Hacia el final del año, según cifras de la oposición, quedó claro que el plan no era viable porque subestimaba las defensas militares del régimen y había muy pocos combatientes voluntarios. La oposición no le pagó a Goudreau los cientos de miles de dólares que dijo que quería, dándole solo $50,000 por gastos antes de cortar todos los lazos a fines de 2019.

El Sr. Goudreau, que estaba en Florida en el momento de la operación, no ha dicho por qué ordenó que la misión avanzara a principios de mayo, como ha reconocido públicamente. No respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Los líderes de la oposición ahora dicen que fue un error para los miembros de Voluntad Popular sentarse con mercenarios.

"Ellos fueron los que legitimaron a Goudreau y la idea de toda esta operación", dijo uno que había estado siguiendo la planificación de la misión en Bogotá. "Esperemos que no haya otras acciones deshonestas en el futuro”.

—Jessica Donati en Washington contribuyó a este artículo.

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Enlace original del artículo en inglés aquí.