El Departamento de Justicia norteamericano acusó a Nicolás Maduro Moros y a 14 funcionarios de alto rango del régimen venezolano de haberse asociado con el grupo terrorista de las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcotráfico, terrorismo, corrupción y lavado de dinero contra las principales figuras del régimen de Venezuela, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a las personas que ayuden a la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Nicolás Maduro. Por esas razones, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”.
El fiscal Barr dijo que se estima que la organización criminal del cártel de los Soles que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.
Por su parte, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo: “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada sólo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”. Además, Berman sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.
El fiscal mostró un cuadro donde aparecen dos tipos de recompensas para quienes ayuden a capturar y procesar a los miembros de la empresa criminal. Por la cabeza de Nicolás Maduro se ofrecen USD 15 millones y por las de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami USD 10 millones por cada uno y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.
En el cuadro aparece Nicolás Maduro Moros, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno en primera plana, y posteriormente 11 funcionarios (y exfuncionarios) civiles y militares.
Los acusados serán procesados, de llegarse a capturar, en tres distritos: Nueva York; Washington DC y Miami. En la acusación aparecen también dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.
“Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran las caricaturas recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ”
"Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon.
“Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense", sostuvo Dhillon.
Aseguró además que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".
"La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI Alysa D. Erichs.
"El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita".
Los acusados son los siguientes:
En el Distrito Sur de Nueva York (SDNY):
Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Cliver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados de:
(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión,
(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua;
(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y
(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.
La acusación
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:
Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango.
Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados en la presente conspiración abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
"El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos", dice el documento del gobierno.
Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras.
Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure.
Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.
En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación.
Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Vladimir Padrino López
Asimismo, el comunicado del Departamento de Justicia refiere una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia que alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones—muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos— sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central.
En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves —cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos— transitaran con seguridad por el espacio aéreo venezolano.
Recuerda que el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con Padrino López.
La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.
Maikel José Moreno Pérez
Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
La demanda señala que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos.
Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el despido de dibujos animados o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.
De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses una solicitud de visa donde señalaba que ganaba aproximadamente el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela.
De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran entradas de aproximadamente $ 3 millones en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas.
Tareck Zaidan EL Aissami
En una acusación sustituta separada revelada por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, se señala que fueron acusados:
1) Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, actual el vicepresidente de economía de Venezuela
2) Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, el superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y,
3) Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.
La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.
Otras acusaciones separadas
Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos.
Néstor Reverol Torres, 55, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.
Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009.
Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.
Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas.
Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos. a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hicieron declaraciones falsas y engañosas en los documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los EE. UU.
