viernes, 17 de enero de 2020

Juez de Nueva York da luz verde a un acreedor de PDVSA para continuar demanda que busca cobrar deuda por USD 118 millones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una jueza de Nueva York dio el visto bueno a la empresa Red Tree Investment, LLC para que procediera con su demanda contra de Petróleos de Venezuela S.A., que tiene como objetivo cobrar una deuda de USD 118 millones de dólares, por concepto del incumplimiento de un contrato de crédito que fue garantizado con petróleo. PDVSA había solicitado al tribunal suspender el litigio por 120 días adicionales alegando que requiere de ese tiempo para evaluar las pruebas y preparar la estrategia de defensa.

  La jueza Alison J. Nathan negó la moción de PDVSA para una suspensión adicional (ya se había otorgado uno en 2019) y se reservó "la sentencia de una solicitud alternativa", dice el documento dado a conocer este jueves 16 de enero de 2020.

    PDVSA, fue demandada en EE.UU el 22 de febrero de 2019 por  incumplimiento de un contrato de préstamos originalmente otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016. Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda de GE Capital, y presentó dos demandas en el tribunal estatal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019.

   Los registros judiciales de este caso no proporcionan información adicional sobre cuánto pagó para comprar la deuda que ahora de diputa en los tribunales.

  Cuando se interpuso la demanda en la corte de Nueva York, Venezuela ya se encontraba en medio de una crisis política sin precedentes, que condujo el desconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países a Nicolás Maduro y  el respaldado al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. EE.UU. impuso sanciones económicas en contra del régimen socialista para presionar la renuncia de Maduro, objetivo que no se logró en el año 2019.

    Entre otros argumentos, los representantes legales de PDVSA S.A., basaron su solicitud de tiempo adicional de 120 días a la luz de la incertidumbre política que existía en Venezuela para el momento en que se produjo la demanda.

    El Tribunal aprobó la primera moción de suspensión del litigio el 3 de mayo de 2019, "concluyendo que los demandados sustanciales
interés en asegurar el acceso a hechos relevantes y al personal necesario para responder a los Demandantes".

   La jueza informó que Red Tree Investment LLC presentó una moción para levantar la suspensión otorgada por el tribunal, el 5 de agosto de 2019, "esa moción se hizo días antes del vencimiento de la estadía de 120 días". 

   El 26 de septiembre de 2019, después de la expiración del período, PDVSA pidió una estadía adicional de 120 días o, la alternativa, "de diferir la consideración de la moción de juicio sumario pendiente para permitir a los acusados descubrir a los demandantes y los testigos que no son partes".

     Los abogados de PDVSA sostienen que la crisis económica y humanitaria en Venezuela sigue pesando a favor de una estancia. Por su parte, Red Tree Investment LLC respondió que es incierto el tiempo pedido por los demandados pues se basa en la posibilidad de "si alguna vez Guaidó derribará a Maduro del poder, escenario que permitiría finalmente que los Demandados tengan acceso a los documentos que afirman que necesitan para poder defenderse, lo cual sigue siendo perjudicado por el retraso en este litigio". 

   El demandante argumenta además que "los Demandados no han logrado articular cualquier teoría legal o defensa que pueda ser respaldada por los documentos que alegan necesitan, y que no se requiere un desarrollo de hechos adicional para que la Corte otorgue a los Demandantes".

  Red Tree Investment LLC argumenta que "una mayor demora puede impactar su capacidad de recuperar cualquier juicio en este caso, porque los demandantes en casos contra Venezuela ya ha procedido hacia, o puede proceder pronto, hacia la incorporación de los activos de PDVSA en una teoría del alter ego mientras se mantiene este litigio, tal como ocurrió con el caso de Crystallex".

   "El prejuicio sigue siendo incierto, ya que no está claro cómo el gobierno de Guaidó puede reestructurar la deuda del país cuando acceda al poder, ni está claro cuándo el demandante pueda recibir una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros necesaria para hacer cumplir cualquier juicio en este caso", dicen los documentos judiciales. 

   Sostienen que "la información sobre la negociación y ejecución del crédito el acuerdo y cualquier modificación posterior es necesaria para determinar si hubo fraude o tergiversación en relación con la ejecución del Contrato de Crédito".

   Dice que el Tribunal está consciente de que el Distrito de Delaware "suspendió recientemente los procedimientos en Crystallex (para proceder a la subasta de las acciones de CITGO para cobrar el premio) en espera de la apelación de la decisión del Tercer Circuito ante la Corte Suprema". Aunque el tribunal de distrito señaló en su Orden Memorando de la Delaware que "consideró la falta de Crystallex de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela, y la crisis humanitaria en el país al emitir la suspensión". Aclara que la suspensión en el tribunal de Nueva York fue emitida de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 62 (c), que rige las solicitudes de suspensión en espera de apelación. 

   El tribunal está consciente de la agitación política y las crisis económicas y humanitarias concomitantes que existen en Venezuela, pero "no sería apropiado o justo para el demandante que este caso se quede suspendido indefinidamente hasta que la transición al gobierno de Guaidó se complete", por ello se negó la moción de Venezuela para una estadía adicional de 120 días.





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