jueves, 9 de abril de 2020

Detalles de la conspiración de narcoterrorismo del Cártel de los Soles (Parte I)

     La demanda contra Maduro —presunto líder del Cártel de los Soles— y sus cómplices describe cómo se llevaron a cabo las operaciones de narcotráfico de que se le acusa.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Nicolás Maduro es, de acuerdo a la acusación presentada por la Fiscalía de los Estados Unidos, el líder del Cártel de los Soles, organización criminal desde la que orquestó en connivencia con funcionarios y exfuncionarios de su gobierno de Venezuela, las operaciones que tenían como objetivo "inundar a EE. UU. de cocaína". 

Conspiración de narcoterrorismo

   El primer cargo que aparece en la acusación dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados en contra de Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, es por el delito de narcoterrorismo.

    Se indica en la demanda que se estima que entre 1999 y 2020, los acusados participaron en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico que estuvo a cargo del Cártel de los Soles y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Se advierte que, durante el mismo periodo, las FARC, organización terrorista dirigida en ocasiones por Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias “Jesús Santrich”, entre otros, se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína en el mundo y perpetró actos de violencia contra ciudadanos y propiedades de los Estados Unidos.

   También en ese ínterin, el Cártel de los Soles, organización de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, abusaron y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Maduro al frente del Cártel de los Soles

  Sostiene la demanda que Nicolás Maduro Moros ayudó a administrar y, en última instancia, liderar el Cártel de los Soles cuando ganó el poder en Venezuela.

   Bajo su liderazgo, el mandatario y otros, el Cártel de los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de este país. “Así, mientras que la mayoría de las organizaciones de narcotráfico en América del Sur y Central han tratado de retirarse de sus roles en la importación de narcóticos a los Estados Unidos en un esfuerzo por evitar el enjuiciamiento en esta nación, el Cartel de los Soles, bajo el liderazgo de Maduro Moros y otros, priorizó el uso de cocaína como arma contra EE. UU. y la importación de la mayor cantidad de cocaína posible en los Estados Unidos”.

   En tanto perseguía estos y otros objetivos, Maduro negoció envíos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cartel de los Soles proporcionar armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia del liderazgo de las FARC para capacitar a un grupo militar no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el citado cártel.

El papel de los acusados

  Se refiere que en varias oportunidades entre 1999 y 2020, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo” y Clíver Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de El Cartel de los Soles y la conspiración del narcoterrorismo con las FARC.
   La demanda identifica a Maduro Moros como ciudadano venezolano que “anteriormente fue presidente de Venezuela y ahora es el gobernante de facto del país”. Igualmente, se informa que fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2006 y que fue Ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2013, mientras que ejerció la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela en 2013. Agrega que en, o alrededor de 2013, sucedió a Hugo Chávez Frías después de su muerte en la presidencia venezolana y, durante este tiempo como mandatario, continuó participando en el tráfico de cocaína con el Cartel de los Soles y las FARC.

  Prosigue la demanda haciendo mención de que en o alrededor de 2018, Maduro Moros se declaró victorioso en una elección presidencial en Venezuela y que en 2019 la Asamblea Nacional invocó la constitución y declaró que este había usurpado el poder y no era el presidente de Venezuela. Desde ese momento, más de 50 países, incluido Estados Unidos, se han negado a reconocer a Nicolás Maduro Moros como el jefe de estado y, en cambio, reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. En 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certificó la autoridad de Guaidó como presidente interino de Venezuela, para recibir y controlar propiedades en cuentas en la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenidas por el gobierno venezolano y el Banco Central de Venezuela.

   Entretanto, de Diosdado Cabello Rondón la demanda informa que es ciudadano venezolano, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y miembro de las fuerzas armadas. Anteriormente, en 2001, había actuado como jefe de gabinete de Chávez; fue vicepresidente en 200; gobernador del estado Miranda entre 2004 y 2008; y presidente de la Asamblea Nacional entre 2012 y 2016.
   Por su parte, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, se lo identifica como ciudadano venezolano que director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, conocida como la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), entre 2004 y 2011. En o alrededor de 2013, Nicolás Maduro lo designó como director del DIM por segunda vez. Entre enero de 2014 y junio de ese mismo año, fue cónsul general de Venezuela en Aruba. Se advierte que en o alrededor de 2016, a pesar de ser un prófugo de los cargos de tráfico de drogas que han estado pendientes en el Distrito Sur de Nueva York desde al menos 2011, Carvajal Barrios fue elegido diputado a la Asamblea Nacional.

   Se deja sentado que, a partir de la presentación de la acusación, Carvajal Barrios continúa de la justicia de los EE. UU. y está sujeto a una orden legal de extradición emitida por España en 2019.

   Sobre Clíver Alcalá Cordones, se indica en la demanda que es ciudadano venezolano y ex-general del ejército venezolano.
La relación con las FARC

    Seguidamente la demanda refiere que entre 1999 y 2020, las FARC se convirtieron en uno de los mayores productores de cocaína del mundo y dirigieron actos violentos contra personas y bienes de los Estados Unidos en jurisdicciones extranjeras, incluida, entre otras, Colombia. Como ejemplo de ello, la fiscalía dice que el liderazgo de las FARC ordenó a sus miembros secuestrar y asesinar a ciudadanos de los Estados Unidos, así como también atacar los intereses estadounidenses para disuadir al país norteamericano de continuar sus esfuerzos para fumigar los campos de coca del grupo guerrillero e interrumpir la fabricación y distribución de cocaína y pasta de cocaína. Por tales actividades, en 1997, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a las FARC como una organización terrorista extranjera.
  De Luciano Marín Arango, (a) “Iván Márquez”, la demanda informa que es ciudadano colombiano que se unió a las FARC en 1985 y contra quien, en 2006, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó un cargo de narcotráfico, así como contra otros 50 líderes de las FARC. Al momento de la acusación se encuentra prófugo de ese cargo.

  Se informa, además, que es miembro de la Secretaría de las FARC, máximo órgano de liderazgo del grupo terrorista.

  Por su parte, Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) "Jesús Santrich", es un ciudadano colombiano que se unió a las FARC en 1991.
   A partir de la presentación de la acusación, este miembro del Alto Mando Central de las FARC, el segundo más alto cuerpo de liderazgo de esta guerrilla, es prófugo de la justicia de los EE. UU.

Modus operandi

  La demanda de la fiscalía de los Estados Unidos contra Maduro, Cabello, Carvajal, Alcalá, Marín y Hernández explica que entre 1999 y 2020, los miembros de la conspiración, en primer término, cuando las FARC negociaban la paz con el gobierno colombiano, sus líderes acordaron con el Cartel de los Soles reubicar algunas de sus operaciones a Venezuela bajo la protección de dicho cartel.

  Bajo el liderazgo de Marín Arango y Hernández Solarte, miembros y asociados de las FARC cultivaron coca deja en granjas en Colombia y Venezuela, a saber, el suroeste colombiano y en la cordillera Serranía del Perijá.
   Sostiene la acusación que las FARC y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Refiere que, en 2004, el Departamento de Estado estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela cada año. Se especifica que los envíos marítimos salieron por la costa de Venezuela rumbo al norte, utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Entretanto, los envíos aéreos a menudo salían desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el estado Apure.

   Para asegurar los grandes envíos de cocaína que transitan por Venezuela, los miembros y asociados de las FARC y el Cartel de los Soles pagaron sobornos y recibieron beneficios de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, entre otros, a cambio de, por ejemplo, acceso a puertos comerciales y datos del radar aéreo y marítimo en Venezuela. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

   Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá coordinaron con las FARC para “transportar y distribuir grandes envíos de cocaína; beneficiarse y hacer que otros participen en la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los envíos de cocaína; hacer que grandes cantidades de cocaína previamente incautadas se vendan a narcotraficantes a cambio de millones de dólares; interferir con las investigaciones de tráfico de drogas y los casos penales pendientes en Venezuela y en otros lugares; y ayudar a proporcionar a las FARC armas de grado militar, incluidas ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos”.

Los eventos

  Asimismo, la conspiración narcoterrorista recibió apoyo en diversas ocasiones, como, por ejemplo, en 2003, cuando un asociado de las FARC y el Cártel de los Soles le pagó a Seuxis (a) "Jesús Santrich", USD 300.000 para ayudar a establecer un campamento de las FARC cerca de Apure, donde la agrupación terrorista podría procesar cocaína.

   También en 2005, Hugo Chávez instruyó a Nicolás Maduro cuando ejercía como diputado de la Asamblea Nacional, y otros, para que fueran destituidos de sus cargos aquellos jueces venezolanos que no protegerían a las FARC y sus actividades. Fue ese año cuando el gobierno venezolano terminó las operaciones bilaterales de narcóticos con la Administración de Control de Drogas (DEA).

   En 2006, Chávez designó a Maduro Moros como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, durante ese año, las FARC pagaron al nuevo canciller USD 5 millones en ganancias de drogas, a través de un tercero. Se trató del producto de un esquema de lavado de dinero que fue parte de la conspiración del narcotráfico. 
   Uno de los mecanismos ideados por Maduro y otros, para lavar millones de dólares provenientes de las FARC y el narcotráfico, entre ellos los referidos USD 5 millones, fue la compra de equipos de extracción de aceite de palma de Malasia que se utilizarían para apoyar la operación de plantaciones de palma africana en Apure.  En diciembre de 2006, Venezuela anunció acuerdos comerciales con empresas de Malasia relacionados con la extracción de aceite de palma africana y la exploración de petróleo crudo venezolano.

   Igualmente, en 2006, el Cártel de los Soles envió 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela en un avión DC-9 con un número de registro de los Estados Unidos. Cabello Rondón y Carvajal Barrios trabajaron con otros miembros del Cártel de los Soles para coordinar el envío. El avión partió de Venezuela desde el aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía y aterrizó en el Aeropuerto de Ciudad del Carmen en Campeche, México. Las autoridades mexicanas la cocaína cuando llegó a Campeche[1].

   En 2008, Hugo Chávez y uno de los líderes del Cártel de Los Soles, acordó con Luciano Marín Arango (a) “Iván Márquez” utilizar los fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para apoyar las operaciones terroristas y de narcotráfico de las FARC.

  También en 2008, Maduro Moros, Cabello Rondón y Carvajal Barrios se reunieron con un representante de las FARC en la que se acordó que el Cartel de los Soles proporcionaría al grupo terrorista dinero en efectivo y armas a cambio de una mayor producción de cocaína. En el encuentro, Maduro ofreció valerse de su posición como canciller para garantizar que la frontera entre Venezuela y Colombia permaneciera abierta para facilitar el tráfico de drogas.

   En 2008, Cabello, Carvajal y Alcalá sostuvieron una reunión en la que acordaron que este último asumiría tareas adicionales para coordinar las actividades de narcotráfico del Cártel de los Soles y las FARC.

  En 2009, Maduro, Cabello y Carvajal se reunieron con un representante de las FARC para discutir un envío de cocaína de cuatro toneladas que los terroristas estaban preparando para transportar al Cártel de los Soles. Cabello ordenó que las FARC entregaran la cocaína en un lugar particular en Venezuela, donde un avión estaría esperando para transportarla a Nicaragua para su posterior envío a México e importación a los Estados Unidos. Durante la reunión, el grupo también discutió un golpe de estado reciente en Honduras, y Cabello advirtió que la inestabilidad resultante podría "arruinar el negocio". Maduro Moros viajó a Honduras después de la reunión, para como canciller intervenir en favor del Cártel de los Soles, de modo que los eventos en Honduras no interfirieran las actividades de narcotráfico[2].

   En septiembre de 2013, meses después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia venezolana, el Cártel de los Soles envió 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde el aeropuerto de Maiquetía al aeropuerto de París Charles de Gaulle. Las autoridades francesas confiscaron la cocaína[3]. Luego de esto, Maduro canceló un viaje programado para asistir a una sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, poniendo como excusa supuestas amenazas de muerte en su contra[4].

  En Venezuela, Maduro convocó una reunión con Diosdado Cabello y Hugo Carvajal donde el mandatario le dijo a estos que no deberían haber usado el Aeropuerto de Maiquetía para el tráfico de drogas después de la incautación de 2006 en México. También alertó que el Cartel de los Soles debería usar otras rutas y lugares para despachar cocaína.

En septiembre de 2013, poco después de que las autoridades francesas confiscaran el envío de cocaína de 1.3 toneladas del Cartel de los Soles, Maduro autorizó el arresto de militares venezolanos[5] en un esfuerzo por desviar el escrutinio público y policial de la participación en el envío de él, de Cabello y de Carvajal.

   En 2014, Nicolás Maduro se reunió con Marín Arango en una base militar en Caracas y acordó seguir proporcionando armas a las FARC y solicitarles que ayudaran a entrenar a un grupo armado de milicianos en Venezuela. También le planteó que la milicia no estaría asociada con el gobierno venezolano, lo que permitiría una negación plausible a los funcionarios del gobierno por la violencia anticipada de esta.

  En julio de 2014, las autoridades de Aruba arrestaron provisionalmente a Hugo Carvajal Barrios a solicitud de los Estados Unidos[6]. Maduro, Cabello y otros miembros del Cártel de los Soles presionaron al gobierno antillano y al holandés para liberar a Carvajal.

     En de 2015, después del acuerdo entre Maduro y Marín sobre el suministro de armas y otros equipos, los miembros del Cártel de los Soles desviaron el equipo militar venezolano a las FARC. En ello participó personalmente Diosdado Cabello, quien entregó ametralladoras, municiones y lanzacohetes a las FARC en una base militar en Venezuela. Las armas eran un pago parcial por la cocaína que las FARC habían proporcionado a los miembros del Cártel de los Soles.

   Entre octubre y noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, familiares de Nicolás Maduro, acordaron durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA, enviar despachos de cocaína de cientos de kilogramos desde el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía. Los registros de las reuniones grabadas, los sobrinos Flores explicaron que estaban en "guerra" con los Estados Unidos, describieron el Cártel de los Soles, discutieron una conexión con un "comandante de las FARC", e indicó que estaban tratando de recaudar USD 20 millones en ganancias de drogas para apoyar la campaña electoral de la primera dama venezolana para los comicios parlamentarios de 2015. En noviembre de 2016, Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados en un juicio en el Distrito Sur de Nueva York por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos[7].

   En 2017, Maduro prosiguió en su tarea de dirección del Cártel de los Soles con miras a lograr su objetivo de hacer grandes envíos de cocaína a los Estados Unidos. Cabello y otros miembros de la organización facilitaron los envíos aéreos de toneladas de cocaína a pistas de aterrizaje clandestinas en el estado Barinas. Personal uniformado de las FARC armado con ametralladoras y otras armas ayudó a recibir la droga en esa entidad y la cargó en vehículos con compartimentos secretos para ser transportados hacia la costa venezolana para su posterior distribución.

  En 2017, después de pretender negociar acuerdos de paz con el gobierno colombiano en nombre de las FARC, se conoció que, en 2016, Hernández Solarte proporcionó varias toneladas de cocaína a fuentes confidenciales de la DEA para que pudieran importarse a los Estados Unidos. Las fuentes se hacían pasar por trabajadores de Rafael Caro Quintero, un narcotraficante mexicano que participó en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985[8]. En una grabación se escucha a Hernández referirse al asesinato y calificar a Caro Quintero como el asesino del "hijo de puta de la DEA".

  En junio de 2018, las autoridades colombianas arrestaron provisionalmente a Hernández Solarte a la solicitud de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por un cargo de conspiración de importación de cocaína[9]. Fue posteriormente liberado[10] y, a partir de la acusación, se le considera prófugo.

  En julio de 2019, Maduro y Cabello asistieron a una conferencia de prensa grabada en video en la que el primero anunció que las FARC, y en particular Marín Arango y Hernández Solarte, son bienvenidos en Venezuela[11].

   En agosto de 2019, Marín Arango en compañía de Hernández Solarte, anunció en una declaración grabada en video que las FARC estaban comenzando una "nueva fase" de su "lucha armada" a la que caracterizó como una "continuación de la lucha rebelde".

Sustento legal

   Las acciones de los acusados y otros desconocidos, violan el Título 21, Estados Unidos Código, Sección 960a.

   Las conductas de los acusados y desconocidos serían punibles según el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 841 (a) si se comete dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, a saber, la distribución y posesión con la intención de distribuir, cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad detectable de cocaína, sabiendo y con la intención de proporcionar, directamente e indirectamente, algo de valor pecuniario para una persona y organización que ha participado y participa en actividades terroristas y terroristas, a saber, las FARC (que ha sido designado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera de conformidad con la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y sigue siendo así designada) y sus miembros, operativos y asociados, sabiendo que dicha organización y personas se han involucrado y participan en actividades terroristas y terroristas, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960a y Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 3238.

CITAS

[1] Norteamérica. “México/Venezuela. - Interceptan en Campeche un avión con cinco toneladas de cocaína procedente de Venezuela”. 12 de abril de 2006. https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-mexico-venezuela-interceptan-campeche-avion-cinco-toneladas-cocaina-procedente-venezuela-20060412123700.html

[2] W Radio. “Escoltado por el Comandante Cero y Maduro, Zelaya va a Tegucigalpa”. 24 de julio de 2009. http://wradio.com.mx/radio/2009/07/24/internacional/1248438480_850223.html

[3] El País. “Incautadas 1,3 toneladas de cocaína en un aeropuerto de París”. 22 de septiembre de 2013. https://elpais.com/internacional/2013/09/22/actualidad/1379813915_430193.html

[4] Nación. “Maduro suspende visita a la ONU por supuesto complot de Estados Unidos en su contra”. 23 de septiembre de 2013. https://www.nacion.com/el-mundo/nicolas-maduro-suspende-visita-a-la-onu-por-supuesto-complot-de-estados-unidos-en-su-contra/N3FOVGRIL5FP5GZS5SP33EQPOY/story/

[5] El Comercio. “Venezuela arrestó a tres militares por cocaína en vuelo de Air France”. 23 de septiembre de 2013. https://archivo.elcomercio.pe/mundo/actualidad/venezuela-arresto-tres-militares-cocaina-vuelo-air-france-noticia-1635009

[6] El Nuevo Herald. “Detienen en Aruba al general venezolano Hugo Carvajal por supuestos vínculos al narcotráfico”. 25 de julio de 2014. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2037529.html

[7] Cocaína en Miraflores, Crónicas del narcopoder en Venezuela,  Washington DC, 2018.

[8] Infobae. “Caso Enrique “Kiki” Camarena: a 34 años del asesinato del agente de la DEA a manos del narco”. 24 de octubre de 2019. https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/24/solo-hay-un-detenido-por-el-asesinato-de-enrique-kiki-camarena-a-34-anos-de-su-secuestro/

[9] The New York Times. “Colombia arresta a un exguerrillero que negoció la paz”. 10 de abril de 2018. https://www.nytimes.com/es/2018/04/10/espanol/america-latina/santrich-santos-farc-paz.html

[10] El País. “Colombia ordena la libertad de Jesús Santrich, líder de las FARC pedido en extradición por EE UU”. 15 de mayo de 2019. https://elpais.com/internacional/2019/05/15/colombia/1557936829_003586.html

[11] Reuters. “Maduro dice que son "bienvenidos" a Venezuela prófugos exlíderes de las FARC”. 28 de julio de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-maduro-farc-idLTAKCN1UO02O-OUSLT





lunes, 6 de abril de 2020

CITGO reporta ingresos de $246 millones en 2019

   Un comunicado de la Junta Directiva de CITGO asegura que la corporación logró un constante desempeño financiero y operativo que incluye $246 millones en ingresos netos al año.

    La filial de PDVSA en Estados Unidos informó lo siguiente en una nota de prensa:

   La Junta de Directores de CITGO Petroleum Corporation revisó recientemente los resultados financieros anuales de la Compañía para 2019 con la junta ad hoc de PDVSA. 

   El constante desempeño financiero y operativo de la Compañía incluye $ 246 millones en ingresos netos para el año, una sólida posición de liquidez y una relación de deuda a capitalización, y uno de los mejores años de desempeño ambiental y de seguridad de la compañía, lo que resultó en el reconocimiento del Corpus Christi y Refinerías de Lemont. Estos resultados se lograron a pesar de una serie de artículos especiales únicos y un entorno de mercado deteriorado para las refinerías.

  "Si bien la pandemia de COVID-19 y la agitación del mercado resultante presentan una nueva capa de desafíos para nuestra industria, la mayor capacidad de recuperación y flexibilidad de CITGO nos posiciona para gestionar el difícil entorno económico y de mercado para el resto de 2020", dijo Luisa Palacios, Presidente de la Junta Directiva de CITGO. 

   "Hemos tomado medidas importantes para mejorar nuestro balance general, fortalecer la liquidez e implementar controles de gestión que nos servirán en los próximos meses y años", dijo la ejecutiva.

    El presidente y director ejecutivo, Carlos Jordá, también señaló la fortaleza y la resistencia de CITGO: "La gente de CITGO se enfrentó al desafío en 2019 mientras continuaban fabricando y vendiendo los combustibles y lubricantes de calidad que nuestros clientes esperan de nuestras marcas, y continúan aumentando el desafío hoy, ya que hacemos lo mismo mientras respondemos al entorno COVID-19 ". 

    Jordá también subrayó el compromiso de CITGO con el gobierno corporativo: "Estoy particularmente orgulloso de los importantes avances que hemos realizado para mejorar el gobierno corporativo, ya que continuamos enfatizando la importancia de la ética y la integridad en toda la empresa".


   Las tres refinerías de CITGO continuaron funcionando a gran capacidad. El rendimiento total de la refinería para 2019 fue de 800,000 barriles por día (bpd), de los cuales las corridas de crudo fueron de 688,000 bpd, utilizando el 89% de la capacidad nominal de refinación de crudo. 

  Las condiciones del mercado del petróleo crudo también afectaron a las refinerías. El entorno de mercado adverso en 2019 fue el resultado de una reducción del 50% de ciertos descuentos de crudo nacional en relación con 2018 como resultado de la finalización de varias tuberías grandes desde la cuenca del Pérmico hasta la costa del Golfo. 

  Más importante aún, los diferenciales de crudo ligero a pesado se redujeron significativamente en relación con 2018 debido a la reducción de la oferta de crudo pesado, en parte como resultado de las interrupciones del petróleo venezolano y la reducción del crudo canadiense. 

  La Compañía invirtió $ 280 millones en proyectos de capital y $ 442 millones en mantenimiento y catalizador de reestructuraciones durante 2019. Las exportaciones continuaron jugando un papel cada vez más importante.

   Para todo el año 2019, las exportaciones de productos refinados totalizaron 194,000 bpd, ligeramente por debajo de 2018 debido al significativo trabajo de cambio en la Refinería Corpus Christi en el segundo trimestre con exportaciones que aumentaron a 226,000 bpd en el cuarto trimestre. 

Otros datos

    La compañía continúa expandiendo e institucionalizando medidas para fortalecer el gobierno corporativo con el nombramiento de un nuevo Director de Ética y Cumplimiento con responsabilidades mejoradas, así como la actualización de su Código de Ética Comercial en toda la compañía. 

   Varios artículos únicos que afectaron nuestras finanzas tuvieron lugar en 2019, principalmente una reducción de inventario de $ 60 millones debido a una toma ilegal y contundente en las aguas venezolanas de esa cantidad de petróleo crudo propiedad de la Compañía a bordo del buque tanque Gerd Knutsen en febrero. 9, 2020 y el fracaso del buque de abandonar las aguas venezolanas durante aproximadamente un año a pesar de las instrucciones de la Compañía de partir. 

   Otros artículos incluyeron una cancelación de $ 30 millones de cuentas por cobrar de seguros relacionadas con el evento de lluvias intensas de 2006 en la refinería de Lake Charles para la cobertura colocada a través de PDVIC, una entidad de seguros controlada por PDVSA en Venezuela forzada a liquidación en 2018; y un cargo de $ 24 millones que representa la participación de la compañía en acuerdos de demanda colectiva en toda la industria relacionados con litigios sobre fluidos hidráulicos de tractores. Esto se compensó en parte con un beneficio de $ 31 millones a las ganancias de sumergirse en capas de inventario LIFO históricas menos costosas y un beneficio de $ 21 millones de reembolsos de seguros relacionados con litigios de Athos.

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Corte de Apelaciones niega recurso de apelación de los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro

  Está decisión no tiene incidencia, y los sobrinos presidenciales seguirán en la cárcel federal de la Florida pagando su condena. La defensa tiene la opción de ir al Tercer Circuito, donde por lo general no se discuten este tipo de casos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La Corte de Segundo Circuito negó un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas donde apelaron la decisión del juez Paul Crotty, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que les condenó a 18 años de cárcel tras haber sido hallados culpables por delitos de narcotráfico. 
  El recurso de apelación fue discutido por los jueces Amalya L. Kearse, Dennis Jacobs y Robert D. Sack y decidieron reafirmar el juicio que se realizó en el Primer Circuito que concluyó con una condena por conspiración para traficar más 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, vía Honduras.

  La orden de la Corte de Apelaciones fue firmada el 1 de abril de 2020.

   Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, fueron condenados a 18 años de prisión por narcotráfico en noviembre de 2017.

  El juez de la causa, Paul Crotty, impuso una multa económica de 50.000 dólares. Los dos condenados están pagando su sentencia en el Centro Coleman, ubicada en el estado de Florida.

   En el marco de la causa, el fiscal Joon H. Kim reveló que el presidente chavista, Nicolás Maduro, fue quien dio “el visto bueno” a la actividad de los sobrinos de su esposa, Cilia Flores.

   Kim indicó, además, que los narcosobrinos mantenían conexiones de suministro de cocaína con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   Los dos sobrinos fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarlos.

  La Justicia  de Estados Unidos los vinculó con el asesinato y desmembramiento de un hombre. Esto se desprende de una conversación con fecha 20 de junio de 2015 entre los sobrinos de la pareja presidencial.

  

Edoardo Orsoni, el exfuncionario de CITGO y PDVSA, que fue acusado de comprar lujosas propiedades en Miami con dinero proveniente de sobornos por contratos fraudulentos de Petrocedeño

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un ex funcionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño fue acusado, por el gobierno de los Estados Unidos, de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero que blanquear los fondos de negocios fraudulentos en el mercado inmobiliario de Miami. Edoardo Orsoni, cuyo paradero era desconocido, se declarará culpable ante la justicia norteamericana en mayo de 2020, según anuncio de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.
    En la acusación federal se señala que Orsoni, quien ocupó varios cargos en la petrolera estatal y sus subsidiarias desde 2007 hasta 2017, cometió delitos que violan las leyes de los Estados Unidos. 

  Los documentos describen que Orsoni fue miembro del Consejo General de Petrocedeño y Asesor legal de PDVSA para las operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, entre otras posiciones ocupadas en la industria petrolera estatal venezolana. Este hombre, también fue Vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO entre desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017[Esta acusación de Florida no destaca este aspecto]. 
   Sostiene la  demanda que a principios de 2012, Orsoni tuvo la responsabilidad de revisar y aprobar los contratos de Petrocedeño y que acordó participar en una conspiración con un contratista (cuyo nombre no fue revelado por las autoridades) que posee varias compañías, incluidas unas firmas registradas en Florida, que  recibieron de manera fraudulenta contratos de suministros de servicios de asesoramiento a PDVSA y sus subsidiarias. 

   Desde 2012 y hasta 2016, Edoardo Orsoni conspiró y ejecutó una trama para realizar una transacción financiera, que le permitió comprar una propiedad en los Estados Unidos con dinero proveniente de una actividad ilegal.
   Los fiscales aseguran que Orsoni sabía que la transacción que diseñó era ilegal y que tenía como naturaleza "ocultar la fuente de los fondos provenientes de la corrupción y los sobornos que recibió como funcionario público de un gobierno extranjero".

   "El contratista co-acusado pagó sobornos a Orsoni para mejorar la ventaja de obtener y mantener contratos de servicios de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias como Petrocedeño", sostiene los fiscales.

   Argumenta la acusación de la fiscalía de la Florida que "Edoardo Orsoni recibió instrucciones de oficiales de alto nivel de PDVSA para asegurar que los contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, que finalmente produjeron beneficios para sus funcionarios superiores de PDVSA".

  Edoardo Orsoni estuvo de acuerdo en recibir sobornos de contratistas conspiradores a cambio de su asistencia para obtener contratos o recibir pagos de Petrocedeño y otra subsidiaria de PDVSA, según los fiscales.
    Orsoni y los contratistas ocultaron el origen de los recursos, que provinieron de los sobornos recibido por actividades fraudulentas e ilegales, "ese dinero que les permitió llevar a cabo transacciones financieras personales para ellos mismos, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida".

  El 28 de octubre de 2014 se realizó una transacción por aproximadamente, $ 749,960 a una cuenta bancaria en Portugal para el beneficio de Orsoni.

   El 27 de enero de 2015, Orsoni recibió de parte de un contratista aproximadamente $ 201,180 que fueron transferidos de una cuenta bancaria de Miami, Florida, a una cuenta en el Caribe a nombre de Orsoni. 

   El 17 de diciembre de 2016, el acusado compró dos propiedades ubicadas en el 1080 Brickell Avenue Miami 33131. Las unidades #4100 y #4106. Dicha compra violó el Código de los Estados Unidos, Título 18.

  De ser declarado culpable, las propiedades en Miami, valoradas en $ 4,500,000.00 serán  definitivamente confiscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, los lujosos inmuebles está bajo el control de las autoridades norteamericanas y los mismos no pueden ser transferidos, vendidos o depositados a una tercera parte, ya que ha sido colocado bajo la jurisdicción de la corte del Distrito Sur de la Florida, tal cual lo establece la ley estadounidense.


Corrupción  de Edoardo Orsoni en CITGO

    En la referida acusación federal de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, no se hace mención a los numerosos casos de corrupción que ocurrieron en  CITGO, Houston, Texas, durante la gestión de Edoardo Orsoni en la vicepresidencia de Asuntos Legales de la corporación filial de PDVSA en Estados Unidos. Hechos denunciados —por separado describen que Orsoni conspiró junto a otros, para beneficiarse de contratos  y de operaciones de CITGO.
  Edoardo Orsoni fue vicepresidente Legal de CITGO desde el 19 de junio de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2017. 

 Varios documentos muestran que Edoardo Orsoni facilitó la selección de los proveedores para la Faja Petrolífera del Orinoco, compras de equipos y materiales a través de proyectos especiales de CITGO por millones de dólares.

   Adicionalmente, las evidencias detallan una serie de operaciones ocurridas durante 2017, cuando Edoardo Orsoni participó en el proceso de selección y aprobación de proveedores y “empleados de confianza” para el proyecto fallido de EPC para CITGO Aruba. En este proceso participó John Pereira, hijo de José Pereira (quien permanece bajo arresto en Venezuela). John Pereira no tenía experiencia en el área de procura fue nombrado estratégicamente como Gerente de Compras de CITGO Aruba.
  Fuentes internas de CITGO confirmaron a este medio que "la selección de los proveedores para CITGO Aruba fue liderada por  Edoardo Orsoni, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, y José Luis De Jongh directores de confianza del entonces CEO, Nelson Martínez quien falleció bajo custodia de las autoridades en Caracas, en diciembre de 2018". 

    En el proceso de selección de proveedores de CITGO en Aruba se benefició a proveedores como Yakima Trading Corporation, [una empresa de Samark López Bello acusado por Estados Unidos de delitos de narcotráfico junto al vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami] y Mapotech Engineering Procurement & Construction N.V y otras empresas intermediarias. En este proceso se desperdiciaron más de $100 millones aportados por Petróleos de Venezuela, a través de la compra de crudo entre CITGO y PDVSA, entre otras firmas de dudosa reputación.

   En otro informe que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO, Marisol Gómez de Vergara presentó a la Junta directiva de CITGO, se denunciaron las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva de CITGO, Luisa Palacios, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

  En el reporte, Gómez refirió que la abogada interna de CITGO, Judith Colbert, en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García.

   Gómez dice tener soportes que muestran los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan apoyando conductas ilegales.

  Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

   Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

  La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

   De acuerdo al informe, Edoardo Orsoni y Judith Colbert conspiraron con Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas para retaliar en contra de directores honestos en CITGO que denunciaron la corrupción interna por más de 6 billones de dólares en la compras de materiales y equipos para PDVSA y la compra y venta de crudo y productos derivados actividad ilícita manejada por Rick Esser y Gustavo Velásquez por más de 10 años.     
   Sostiene que en CITGO no había una estructura de control adecuado. Todo esto ha permitido una conspiración con compañías de trading que ha beneficiado empresas del ramo como Mercuria, Vitol, Glencore, Trafigura y otros proveedores. (Ver reporte aquí).

    Información en nuestro poder refleja que Edoardo Orsoni  aprobó la intención de pagos, sin soportes, por $3 millones de dólares mensuales a los abogados externos Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.  

    Una fuente interna asegura que el referido pago "se requirió durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas hallados culpables por un jurado en Nueva York de delitos de narcotráfico".
Otro evento

   Edoardo Orsoni fue uno de los funcionarios que, junto a Curtis Rowe y otros directores de CITGO, lideraron el proceso fallido de refinanciamiento de CITGO y de CITGO Aruba, caso por el cual arrestaron a los 6 directores de CITGO que permanecen en prisión en Caracas. 

   Ocho ejecutivos volaron desde Houston a Venezuela, entre ellos Gustavo Cárdenas, vicepresidente de relaciones estratégicas con accionistas, de gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización; Tomeu Vadell, vicepresidente de refinación; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos; y José Ángel Pereira, el presidente de CITGO. 

  En el avión estaban también Edoardo Orsoni, vicepresidente de asuntos legales y Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente de finanzas.

   El 22 de noviembre 2017, gracias a una llamada de advertencia que recibió, Edoardo Orsoni logró escapar al arresto en Venezuela. Al día siguiente de los hechos, Orsoni renunció a su cargo en CITGO vía correo electrónico.

   El 12 de diciembre de 2017, se emitió una orden de arresto de Edoardo Orsoni, pero de alguna manera huyó del país y no fue arrestado. 

   Orsoni renunció a CITGO un día después de los arrestos y se desconoce su paradero, aunque la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de la Florida, Adriana Fajardo anunció en una entrevista exclusiva con la periodista Mariana Reyes en el canal TV Venezuela, con sede en Miami, que Orsoni planeaba declararse culpable ante la justicia en mayo del año 2020 por el lavado de dinero de millones de dólares.

   En Febrero 2019, los casos de corrupción, conspiración, fraude, retaliaciones y violación de otras leyes federales en CITGO fueron reportados por varios directores a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero las denuncias fueron ignoradas y minimizadas. Varios de los mencionados en presuntamente haber soportado conductas ilegales, y haber violado la Ley de prácticas Corruptas en el Extranjero, tales como Rick Esser, Judith Colbert, Glenn Hilman, Curtis Rowe, Brian Paulson, Gina Coon, Trina García, Germain Tuner y otros directores se mantienen en sus cargos.

  Fuentes internas han denunciado reiteradamente que hay falta de controles internos en CITGO, incluyendo la ausencia de aplicación de programa de cumplimiento anticorrupción y anti-retaliación en contra de informantes que denuncian los hechos de corrupción en la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  De hecho, la junta directiva actual, presidida por Luisa Palacios, con el visto bueno de Judith Colberth y Rick Esser contrataron a abogados  contrataron los abogados como Hogan Lovells US LLP. y Willkie Farr & Gallagher LLP, para amenazar a los directores que denunciaron la corrupción interna.

Otra irregularidad de Orsoni

   Edoardo Orsoni aparece mencionado en una demanda interpuesta ante la corte del Condado de Harris en Texas el 1 de octubre de 2019, por la ex-gerente Comercial de Asuntos Jurídicos de CITGO Petroleum Corporation, Natasha Y. Williams, quien alegó haber sido discriminada en la empresa por no ser venezolana.
  
  La demanda sostiene que los acusados y los empleados la discriminaron por su condición racial lo cual viola la ley y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1963.

  Williams señala que Liliana Torres, prestaba ayuda administrativa al VP de Asuntos Legales, Edoardo Orsoni, y esta era tratada diferente por ser venezolana, mientras que ella, la demandante, era discriminada por su condición de extranjera.


CITAS

https://www.maibortpetit.info/2019/02/enterese-como-operan-las-mafias-que_63.html

https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Citgo-executives-arrested-by-Maduro-forgotten-13575337.php 

http://eltiempolatino.com/news/2019/oct/22/ex-gerente-comercial-de-asuntos-juridicos-demanda-/




domingo, 5 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte IV)

    La institución castrense venezolana devino de fuerza de resguardo de la soberanía a organización criminal dedicada al narcotráfico, una entidad que es conocida como el Cartel de los Soles.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un trabajo sostenido desde 1999 sirvió para que Nicolás Maduro y el resto de los integrantes del Cártel de los Soles corrompieran las instituciones legítimas de Venezuela en una clara práctica de abuso para con el pueblo venezolano. No escaparon de estas acciones el ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, a las cuales pusieron a su servicio con el objeto de facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
   Así lo refiere la acusación que el pasado 26 de marzo del cursante 2020, formularon contra Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios de su gobierno por del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Se deja sentado que el denominado Cártel de los Soles actuó en procura, no solamente sólo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en sus habitantes.

Los cargos que se les imputa son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   Refiere la acusación que Marín Arango y Hernández Solarte, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde aproximadamente 1999, cuando el grupo guerrillero pretendía negociar la paz con el gobierno colombiano, acordaron con los cabecillas del Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección de dicho cartel.
   Luego de esto —continúa la acusación—  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras.

 Las estimaciones del Departamento de Estado respecto a la circulación que la cocaína tenía en Venezuela, por ejemplo, para el año 2004, fue de 250 o más toneladas anuales. Desde la costa venezolana saldrían los envíos marítimos utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y porta-contenedores.

  Entretanto, los envíos aéreos se hacían desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. El Departamento de Estado de EE. UU. cree que unos 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solamente en 2010. Era lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

   Como líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro Moros habría negociado envíos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC y, supuestamente, ordenó que dicho cartel proporcionara armas de grado militar al grupo guerrillero. También habría coordinado asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Supuestamente, solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles[1].

¿Qué es el Cartel de los Soles?

   El “Cártel de los soles” fue un nombre que empezó a ser utilizado por primera vez en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén Dávila (jefe antidrogas) y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Cada uno portaba en sus hombros la insignia de un solo sol que caracteriza a los generales de brigada, dando lugar al nombre “Cártel del Sol”.

  Con los años, y las investigaciones que se realizaron, se determinó  que hubo una ampliación de la participación de generales de otros componentes de las Fuerzas Armadas, particularmente de generales de división de la Guardia Nacional en operaciones de narcotráfico y otras actividades delincuenciales, tras lo cual se empezó a definir como el Cártel de los Soles. En un principio, la participación de los militares en actividades de narcotráfico se limitaba a recibir coimas para prestar seguridad a los miembros de los cárteles colombianos y mexicanos, y a cuidar los cargamentos de drogas, evitando hacer decomisos en aquellas envíos que pagaban los sobornos, pero tras la llegada al poder de Hugo Chávez, se produjo una ampliación de las operaciones y de la participación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas en el negocio del narcotráfico, creándose las conexiones directas con proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos, con el apoyo de las FARC.

     En los años sucesivos, las vinculaciones de los militares venezolanos con los carteles se ampliaron, en esa misma medida el crimen organizado trasnacional fue penetrando la élite política y ganando espacios de poder y de gestión en el gobierno. 

Un testigo

    El 18 de agosto de 2015, en el diario ABC de España informó que el ex-integrante de la Casa Militar y exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, a saber, el capitán de corbeta, Leamsy Salazar, había desertado y huido de Venezuela después de una ruptura con el chavismo. Cuando ya estaba fuera del territorio venezolano, en Estados Unidos, acusó una serie de prácticas delictivas —especialmente narcotráfico—que, supuestamente, tienen lugar en el seno de la alta jerarquía militar y gubernamental.

   Salazar sostuvo fehacientemente que Diosdado Cabello estaba a la cabeza del Cartel de los Soles, organización constituida por oficiales de la Fuerza Armada venezolana de la cual el expresidente de la Asamblea Nacional y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, sería líder.

  De acuerdo a su declaración, Leamsy Salazar, dijo haber visto “situaciones y conversaciones que incriminan” a Cabello, “En concreto, le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito, según las fuentes conocedoras de la investigación, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de EE.UU.”, refirió el citado diario español que también da cuenta de la aseveración del ex-escolta que involucró igualmente a Tareck el Aissami, exgobernador de Aragua y ex-vicepresidente ejecutivo, así como a José David Cabello, superintendente del Seniat, quien estaría  a cargo de las finanzas del cártel.

  Salazar aseguró que PDVSA supuestamente es usada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico y acusó que un hijo de Hugo Chávez y al hijo de quien fue embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero, de traficar estupefacientes[2].

FANB: De la permisividad a la participación directa

   Desde entonces comenzaron a hacerse públicos diversos informes e investigaciones que daban cuenta de las actividades de dicho cartel, como, por ejemplo, los presentados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), donde se indica que en Latinoamérica las empresas criminales se dedican al narcotráfico con el objetivo de financiarse. En Venezuela se da la particularidad de que esta actividad delictiva se maneja desde el interior del propio gobierno de Nicolás Maduro, quien a través del tráfico de cocaína se afianza en el poder.

   Y es que, en esta nación, al parecer a los elementos corruptos del gobierno les pareció insuficiente la permisividad que se mantenía frente a otros actores del narcotráfico y, por tanto, decidieron asumir el protagonismo y participar directamente en el negocio.

   Fue en 1993 cuando comenzó a hablarse del Cartel de los Soles, luego de que “dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado”.

   Las investigaciones de InSight Crime contabilizan 123 archivos que reseñan la actividad criminal de altos oficiales, activos o retirados, en tráfico de cocaína que “por motivos legales” no se publican de manera completa, sino que se limita a dar a conocer “algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida”. Este centro de investigación sostiene que Maduro, en lugar de castigar a los incursos o acusados, los promueve de modo que, ante cualquier amenaza de caída del régimen, estos trabajen en su favor.

   Entre las figuras más prominentes del oficialismo marcados con el estigma del narcotráfico a que Insight Crime hace referencia, está, en primer lugar, Diosdado Cabello, de quien fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le habrían referido bajo condición de anonimato que “este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”.

   En sus inicios por los años ’90 la participación militar se limitaba a la permisividad, tropas de la Guardia Nacional mantenían alianzas con narcotraficantes permitiéndoles movilizar la mercancía a cambio de sobornos. Para ese entonces, no había conexión directa entre el sector castrense y los proveedores de la droga. Para el año, 2000 sectores del ejército y de la GN ya tenían un papel más activo, constituyéndose células que comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína. El Plan Colombia, alianza entre Estados Unidos y el gobierno neogranadino para el combate del narcotráfico, obligó a los guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) movieran sus operaciones a territorio venezolano. Igualmente, el proceso de paz en 2002 y el golpe de estado que defenestró del poder brevemente a Hugo Chávez, hicieron que este último estableciera un riguroso control en torno a él y entregó importantes posiciones de gobierno y administración al sector militar. En 2005, el mandatario expulsó a la DEA de Venezuela y puso fin a los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos. En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Hugo Carvajal, a Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín y posteriormente, en 2011, a Cliver Alcalá Cordones, a Freddy Bernal, a Ramón Isidro Madriz Moreno y a Amílcar Figueroa Salazar. El cartel fue consolidándose y en 2014 la OFAC nombró al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios, quien posteriormente fue arrestado por fuerzas de seguridad en Aruba bajo requerimiento de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, fue dejado en libertad rápidamente después de la intervención del gobierno holandés. Los incidentes y escándalos siguieron hasta que Leamsy Salazar huyó e hizo las revelaciones de que hemos dado cuenta[3].

   Un reportaje  del The Wall Street Journal, publicado en mayo de 2015, aseguró que fiscales de los Estados Unidos investigaban a Diosdado Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles[4]. Precisó la publicación que Leasmy Salazar, entre otros, suministró pruebas de estos hechos, subrayando el importante papel de Cabello en el narcotráfico en Venezuela. El militar demandó al periódico estadounidense por difamación, pero un tribunal le negó tal demanda.

   El Centro de Investigación también hace mención a Tareck El Aissami, como el segundo hombre más importante del gobierno venezolano, quien supuestamente también participa del narcotráfico; menciona al Mayor General, Néstor Reverol, exministro de Relaciones Interiores y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, imputado por narcotráfico en Estados Unidos, quien “alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes”. Cilia Flores, esposa de Maduro es citada al relacionarla con el caso de sus sobrinos condenados por tráfico de cocaína en Estados Unidos, así como por su hijo, Walter Jacob Gavidia, también señalado por sus actividades irregulares.

   Subraya Insight Crime que la relación del Cartel de los Soles con las FARC fue decisiva “en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela”, pues a pesar de haberse desmovilizado el grupo guerrillero en 2017, mantiene un gran número de sus integrantes territorio de Venezuela desde donde siguen con actividades narcotráfico con miembros del referido cartel.

  Antes que Leasmy Salazar, otra persona había hablado del Cartel de los Soles, a saber, el narcotraficante venezolano, Walid Makled, quien tenía nexos con miembros del ejército, entre ellos, el exgeneral de la Guardia Nacional y exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, el general Alexis Maniero, exjefe del 7° Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, quien lo dotó de credenciales oficiales. El narcotraficante aseguró que pagaba USD 50.000 semanales a Hugo Carvajal, y también mencionó entre sus colaboradores el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Dalal Burgos, y al excapitán Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de justicia. Aunque Makled admitió que no mantuvo relación directa con Hugo Chávez, dijo que sí había hablado con parientes muy cercanos al mandatario[5].

Maduro es el líder del Cartel de los Soles

   Tal como se sostiene en la acusación, la fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo, refirió en una entrevista que Nicolás Maduro, es el líder del Cártel de los Soles, afirmación que hace sustentada en las evidencias que dieron pie a levantar los cargos contra este y 14 funcionarios y exfuncionarios de su administración.

  Precisó que, a Maduro, particularmente, se le imputa por narcotráfico y tráfico de armas. “Esos cargos tienen que ver con la conspiración que él tiene como líder del Cártel de los Soles y el acuerdo que él tiene con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) (…) Se alega que Maduro es el líder del Cártel de los Soles. Entonces, son las personas que trabajaban debajo de él que hacen las negociaciones con las FARC. Esas son las alegaciones”.

   Fajardo se remite a 2006 y 2013 cuando Maduro ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, tiempo en el que se consolidó su relación con el tráfico de drogas. “Toneladas de cocaína que salieron de Venezuela, en el 2006, fueron a México y fueron incautadas por las autoridades mexicanas y Venezuela tuvo que intervenir en esta situación”.

  En 2013, precisa la fiscal Fajardo, Nicolás Maduro debía estar en Estados Unidos para participar en una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), participación que canceló a último momento porque, como había ocurrido en 2006, “esta vez Francia había incautado unas toneladas de droga del Cartel de los Soles”.

  Fajardo subraya que Maduro permitió que las FARC entraran y operaran en Venezuela y, además de brindarles espacio y dinero para traficar, también le suministraron armas y protección[6].

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism


[2] ABC. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”. 18 de agosto de 2015. https://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html

[3] InSight Crime. “Cartel de los Soles”. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/  

[4] The Wall Street Journal. “Venezuelan Officials Suspected of Turning Country into Global Cocaine Hub”. 18 de mayo de 2018. https://www.wsj.com/articles/venezuelan-officials-suspected-of-turning-country-into-global-cocaine-hub-1431977784

[5] Insight Crime. “Narcotráfico en el régimen venezolano: El ‘Cartel de los Soles’”. 17 de mayo de 2018. https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles/


[6] Voz de América. “La fiscal del Cartel de los Soles y las evidencias contra Maduro”. 3 de abril de 2020. https://www.voanoticias.com/a/fiscal-del-distrito-sur-de-florida-hay-mucha-mucha-corrupcion-que-viene-venezuela-/5355441.html