lunes, 23 de diciembre de 2019

Comisionado para la ONU deja en evidencia la catástrofe ocasionada por el Arco Minero

  Un informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria en Venezuela elaborado por el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en noviembre 2019, revela el caótico estado y la devastación que las actividades mineras —legales e ilegales— allí  desarrolladas, han ocasionado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Daños ecológicos, perjuicios a la salud, deterioro del patrimonio natural y cultural, alta criminalidad, son sólo algunas de las consecuencias que han causado las actividades de minería que de manera legal e ilegal se desarrollan en los territorios que comprende el Arco Minero, las cuales se han constituido en un mecanismo de financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
   Así lo determinó en noviembre de 2019 el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en su “Informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela” que a continuación presentamos.

    El reporte recuerda que en el año 2011, el expresidente de la república, Hugo Chávez, anunció la creación del Arco Minero del Orinoco, al cual incluyó en el Plan de la Patria para el período presidencial 2013-2019 con el objetivo inicial de nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales, un fin que, se subraya, ha devenido en grandes fallas de regulación.

   Se informa que el Arco Minero del Orinoco es una zona que abarca el 12 por ciento del territorio venezolano con alrededor de 111.846 km2 contentivos de un estimado de 700 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, además de la presencia de depósitos de materiales radiactivos y no metálicos de alto valor, como el torio y el uranio, lo que ha levantado el interés de ciertos países se han involucrado en su extracción en procura de su propio beneficio[1]. Se destaca en el reporte que la actividad de estos países cuenta con el amparo del régimen de Nicolás Maduro, manteniéndose gran hermetismo con relación a los detalles de la misma.
     Indica el informe que el 24 de febrero de 2016, por disposición de Nicolás Maduro se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, con el objetivo de acceder a divisas por medio de la explotación de yacimientos de materia prima distintas al petróleo —principal fuente de ingresos— una decisión adoptada en razón a la dependencia a la fluctuación de sus precios en el mercado internacional[2].  Apunta el mal manejo de la economía venezolana y la corrupción imperante, lo cual ha ocasionado la disminución en la producción nacional y obliga a encontrar nuevos medios de ingresos que permitan mantener las existentes estructuras de poder.

    En tal sentido, el informe del Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas destaca que la explotación del Arco Minero es una alternativa para la consolidación económica y el empoderamiento político de Nicolás Maduro, afectado por el déficit económico y las sanciones internacionales en su contra. Para hacer uso institucional de los recursos, el gobierno se vale del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), entidad que recientemente formalizó la explotación rusa a través de un Fondo Rotatorio Minero por USD 17,8 millones con la excusa de hacer frente a la guerra económica, en marzo de 2019[3].

    Un hecho relevante a que hace referencia el informe es que 91 por ciento del oro venezolano se produce ilegalmente, lo que se erige como el mayor índice de cualquier país de Latinoamérica, encontrándose zonas de explotación de materia prima que cuentan con la presencia de grupos armados y criminales, los cuales cuentan con el amparo de la corrupción del Estado. La actividad va más allá de la explotación de recursos naturales al abarcar el tráfico de estos a través de Colombia y las Islas del Caribe con el apoyo de militares venezolanos. Esto causa inestabilidad regional y afianza la mafia estatal que enriquece a grupos irregulares e incrementa la migración por causa de la violencia[4]. 

   El reporte advierte de la ausencia de planificación en las actividades de exploración profunda del Arco Minero en materia de medidas de seguridad para el medio ambiente, como tampoco existen evidencias de que se realicen estudios técnicos dirigidos a desarrollar una adecuada explotación. Como consecuencia de esto es una zona con problemas de contaminación, desforestación, degradación ambiental del bioma de Amazonas, explotación de comunidades indígenas y epidemias de salud.

Sobre la explotación minera

    Seguidamente el reporte hace referencia a la explotación minera y dentro de esta exposición hace mención, en primer término, al hecho de que Venezuela cuente con las mayores reservas naturales en oro, diamantes y níquel, así como de otros minerales de interés. Entre estos últimos, tenemos que Venezuela es la quinta reserva mundial de torio[5],  mientras que de coltán y uranio, no existe cuantificación pública formulada por organismos oficiales en razón de la gran explotación ilegal del mismo, la cual se hace al amparo del régimen. 

   Al coltán se le conoce como “oro azul” y su uso es fundamental en la industria electrónica. Se encuentra colocalizado con el uranio[6]. En el arco Minero, se encuentra concentrado mayormente en las zonas 1 y 4. La explotación de este mineral es rentable y el control de sus reservas es estratégico para los países que lo poseen, otorgándoles gran poder geopolítico a nivel mundial. Se apunta que el coltán venezolano tiene alta concentración de tantalita, lo que lo convierte en extremadamente valioso, alrededor de USD 400.000 la tonelada. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la existencia de alrededor de USD 100.000 millones en reservas de coltán, pero nunca se publicaron cifras oficiales de las reservas naturales. Ha habido denuncias de contrabando de coltán de alrededor de 5 toneladas de este mineral venezolano decomisadas en Italia.

    Se explica en el informe del Comisionado para Naciones Unidas que el Torio es una sustancia radioactiva que se utiliza para la generación de energía, encontrándose colocalizado con el uranio, pero es más más seguro y limpio que esté al no producir desechos radioactivos como el plutonio, ni causa accidentes radioactivos. Se cree que las reservas venezolanas de torio podrían proporcionar energía a reactores durante unos 300 años, tal como lo indican estudios de la Sociedad Nuclear de Venezuela (SNV).  Para China, el torio es necesario para terminar de construir sus plantas de energía de última generación. La mayor concentración de Torio está ubicada en Amazonas, zona declarada como Área Bajo Régimen Ambiental Especial.

   Luego, el reporte se refiere a la infraestructura y se remite al Plan Minero 2019-2025, anunciado por Nicolás Maduro con una proyección de ingresos de USD 37.000 millones o 33.000 millones de euros[7]. Se advierte que Venezuela no cuenta con la infraestructura que le permitan dar un manejo adecuado a los compuestos radioactivos y sus ingresos provienen de su venta a terceros que cuenten con la capacidad nuclear para manipularlos. Alertan que la minería ilegal se extiende por el Arco Minero del Orinoco a través de los estados Amazonas, Zulia, Cojedes, Carabobo, Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua y Barinas.

   Se explica que en cada zona del país y dependiendo del material que se vaya a extraer, se utilizan diversos métodos de extracción cada uno de ellos con sus propios requerimientos en maquinarias específicas y generando una huella geográfica única. La extracción legal cuenta con mayores equipamientos y el impacto de sus actividades en el largo plazo y dar respuesta está más controlado. El asunto es que siendo las operaciones ilegales las que más se producen, carecen de la infraestructura adecuada para la actividad.

   El reporte agrega en este sentido, que cuando Venezuela oficializó las operaciones en el Arco Minero no se abrieron licitaciones públicas, sino que se procedió a la adjudicación de los contratos de manera arbitraria, no contando muchas de las empresas beneficiadas con los registros necesarios para trabajar con el Estado y sin que tampoco la minería sea una de sus especialidades

   A manera de información, se indica que la minería aluvial requiere equipos en el agua, mientras que la excavación genera residuos de tierra en la locación del túnel y la minería a cielo abierto requiere de deforestación, por lo que puede ser detectada con el uso de satélites. Precisa que la molienda es más difícil de detectar en razón de que su equipamiento frecuentemente se oculta.

   En cuanto a producción, el informe del Comisionado de la ONU asegura que con el objetivo de legitimar la producción de oro, Nicolás Maduro instaló 54 nuevas plantas en el Arco Minero a finales del año 2018, para lo cual contó con financiamiento público y privado.

   Dichas plantas se encuentran ubicadas en todo el territorio con el objeto de a aumentar la productividad, pero sus locaciones legales son desconocidas, teniéndose conocimiento solamente de la primera inaugurada en noviembre de 2018 con capacidad inicial de 45 kilos mensuales de oro, con expectativa de crecimiento de hasta 90 kilos para el mes de junio. El ingreso promedio de la planta se estima en USD 11.2 millones.
  La primera planta de concentración de coltán fue instalada en octubre de 2018, constituyéndose en la que tiene la mayor producción de Latinoamérica con 160 toneladas y una inversión de USD 3.5 millones, aunque se sospecha que esta no es su verdadera capacidad de producción ni la verdadera relación entre inversión y ganancias.

   En marzo de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la alianza de 154 grupos de minería artesanal con Palestina y en abril de 2019, Rusia reveló su inversión en la producción de Níquel en el Estado Aragua.

   Por otra parte, el informe da a conocer que en Venezuela hay unos 250.000 mineros de pequeña escala —tanto nacionales como provenientes de Brasil y Colombia— quienes laboran de manera legal  e ilegal. 

   El comisionado de la ONU alerta que muchas de las minas están controladas, bien por grupos armados irregulares o por la misma Fuerza Armada Nacional.

  Indica que siendo la población indígena venezolana de unas 724.592 personas, lo que representa un 2.8 por ciento de la población. Estos residen en las zonas donde se practica la minería, estando muchos de ellos involucrados en la actividad.

Minas de oro para los gobernadores

   El 15 de octubre de 2019 —continúa el informe del comisionado para la ONU— Nicolás Maduro anunció la asignación de una mina de oro a cada gobernador de estado para su manejo y como mecanismo para generar recursos financieros. “Voy a proceder a entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación”, dijo el mandatario.

   Según Maduro, los gobernadores dispondrían “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos que invertirían en las “tantas necesidades” de sus estados y, de este modo, poder sortear el “bloqueo” económico dispuesto por Estados Unidos. Eso sí, advirtió que únicamente los gobernadores del oficialismo recibirían la asignación, pues en el caso de los opositores el yacimiento se le entregaría a una “corporación de protección social”, designada por su gobierno.

   De acuerdo a lo expuesto por Maduro, la iniciativa forma parte del “proceso de reorganización del Plan Minero Tricolor” y de la reorganización de “la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para producir oro, para producir coltán, para producir diamantes, etcétera, en el Arco Minero del Orinoco”[8].

  Tal asignación contradeciría lo establecido en la Constitución, la cual estipula que “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país”, es de competencia del Poder Público Nacional[9].    

  Actores externos y operadores internacionales comerciales del Arco Minero

  El capítulo siguiente del informe del Comisionado de la Organización de Naciones Unidas está referido a los actores externos que intervienen en el Arco Minero, así como también a los operadores internacionales.

  Destaca el reporte la existencia de permisibilidad y la flexibilidad legal en Venezuela en materia de explotación de minerales, hecho este que se ha convertido en un atractivo para quienes aspiran involucrarse, legal o ilegalmente, en la minería.
   En razón de esto el comisionado alerta que en la medida en la que Venezuela mantenga los niveles de inestabilidad que ahora exhibe, otros países tendrán mayor capacidad de influir en el país. Indica que las sanciones económicas han derivado en que Venezuela haya aumentado su intercambio comercial con Rusia, China, Vietnam e India. Igualmente agrega que en el corto plazo se estima que aumente la minería como un mecanismo que compense la falta de ingresos lícitos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

   El incremento se prevé, tanto por la necesidad de obtener ingresos, como por el aumento en la demanda por parte de otros países.

   De hecho, en 2017, 4 de las 10 mayores exportaciones venezolanas fueron bienes minerales, tales como el acero, oro, aluminio y cobre.

Grupos ilícitos irregulares presentes en el Arco Minero

    En la zona del Arco Minero operan un conjunto de grupos ilícitos irregulares bajo el amparo del estado venezolano, sentencia el informe del Comisionado de la ONU.

      El informe recuerda que desde el año 2000 cuando Hugo Chávez reestructuró el sector minero, grupos delincuentes comenzaron a proporcionar seguridad privada a quienes se dedicaban a la actividad. A estos grupos se les conoce como sindicatos, colectivos, pranes, bases, megabandas, entre otros, los cuales funcionan como intermediarios entre los mineros locales y las fuerzas armadas venezolanas.

   El precio de la protección equivale a 30 por ciento de los ingresos, siendo absolutamente obligatorio para los mineros hacer esta erogación. Las bandas criminales dividen l pago con los oficiales militares de la zona.
    Diversas masacres perpetradas por estas bandas se reportan, entre ellas la ocurrida en marzo de 2016, conocida como “La masacre de Tumeremo”, en el estado Bolívar, donde alrededor de 28 mineros fueron asesinados en un ataque vinculado a las fuerzas gubernamentales. La fiscal general para la fecha, Luisa Ortega Díaz, informó el hallazgo de 17 cadáveres dentro de una fosa común. El hecho se atribuyó a la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo. Asimismo, en septiembre de 2017, en una sola semana, 30 mineros murieron en enfrentamientos con tropas estatales cerca del municipio de Tumeremo.

    También en octubre de 2018 se reportó una masacre en la mina Los Candados, ubicada también en Tumeremo, en la que perdieron la vida 16 personas y 6 resultaron heridas. El informe del comisionado de la ONU indica que el ataque fue perpetrado la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que se beneficia de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, según ha afirmado el diputado Américo De Grazia. Los sobrevivientes recibieron atención médica en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo[10].

   Entre agosto y septiembre de 2019, fueron reportadas más hechos irregulares en Tumeremo cuando ciudadanos locales aseguraron que se habían producido más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones[11].

   Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia, se denunció que en 2018, El Callao, localidad cercana a Tumeremo, se erigió como el sitio más violento de Venezuela, al haberse producido 619,8  homicidios por cada 100.000 habitantes[12].

   El documento del Comisionado para la ONU refiere que en la zona en cuestión las mafias sindicales cumplen un rol político de control sobre la lucha de los trabajadores por sus estructuras gremiales y sus reivindicaciones, pero dados los múltiples homicidios y denuncias de corrupción en las empresas, las bandas comenzaron migraron progresivamente a las zonas mineras del sur donde pueden actuar con mayor impunidad por estar alejadas de las principales ciudades, a saber, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.

La guerrilla colombiana

  En este aparte, el informe hace referencia a la presencia de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en las zonas mineras, donde núcleos insurgentes de estos movimientos irregulares colombianos han reclutado alrededor de 15 mil venezolanos a quienes pagan diariamente aproximadamente USD 15, a cambio de que lleven a cabo acciones ilegales en la frontera con Colombia. De este modo, estos grupos se han convertido en los mayores empleadores de la región con una oferta de salarios competitiva y atractiva en comparación con la posibilidad de obtener ingresos a través de mecanismos legales.

  En ellos reposa la responsabilidad de vender los materiales minerales a locales y revendedores, lo que promueve el contrabando hacia Colombia a mayores precios. Igualmente, se estimula el transporte no solamente de la mercancía propia, sino también de otras drogas ilícitas, a lo largo del mar Caribe.

Grupos y mafias delincuentes de Colombia

   Cita el informe que los grupos y mafias delincuentes de Colombia son entes armados surgidos a raíz de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUD), entre los cuales se encuentran los Rastrojos, Puntilleros, Bloque Libertadores de Vichada, Clan del Golfo, entre otros. Ahora son de pequeño o mediano tamaño —menos de 150 integrantes— que se enfocan en la producción de cocaína y su tráfico, aunque también se ocupan de la minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Garimpeiros brasileños

   Desde 1980 operan en las zonas mineras venezolanas los mineros ilegales brasileños, habiéndose incrementado su presencia a partir de 2005.

  Por lo general —narra el informe— se establecen en campamentos temporales en el territorio amazónico y someten a la esclavitud al pueblo indígena Yanomami, contra quienes cometen actos en violación de sus derechos fundamentales.

   Los garimpeiros suelen provenir de regiones de bajos recursos y con oportunidades económicas limitadas, por lo que estiman que la explotación ilegal de minerales genera un ingreso conveniente, máxime, al contar con el aval desde estado venezolano.

Métodos de transporte y comercialización ilegal

 La institucionalización minera en Venezuela se ha visto obstaculizada por el alto porcentaje de minería ilegal y la corrupción que la caracteriza, llevando a que gran parte de los ingresos ilícitos terminen en manos de los efectivos del Estado.

   Solamente una parte del oro es procesado y la gran mayoría se comercializa como materia prima por grupos irregulares que se valen de las fronteras venezolanas como principal canal de tráfico de los minerales. 

  Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene operaciones contra la minería ilegal, encabezada por la Región de Defensa Integral, pero estas acciones lucen ineficientes debido al conflicto de intereses entre las relaciones de poder y la falta de planificación estratégica para el fundamento de soluciones sostenibles a largo plazo. También influye en ello el hecho de que gran parte de las operaciones ilícitas están amparadas y asociadas a grupos militares.

El ecocidio de la amazonia venezolana

  El reporte del Comisionado para la organización de las Naciones Unidas se remite entonces a las implicaciones ecológicas que las desplegadas en la zona del Arco Minero y a la emergencia humanitaria que tales actividades han desencadenado.

   En materia de ambiente, el informe dice que el territorio del Arco Minero coinciden cinco parques nacionales, así como grupos indígenas, por lo que las malas prácticas mineras tienen consecuencias directas, tanto en él (el ambiente) como en el ecosistema y la preservación cultural de la región.

   Refiere que cuando Nicolás Maduro estableció en 2016 el Arco Minero, puso a disposición del mismo un territorio que abarca alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados y pese a que leyes de preservación ambiental internacionales prohíben la minería en Amazonas, más de 10 mil mineros practican la actividad ilegalmente en la zona.

   Dependiendo de cada tipo de minería desarrollada, hay diversas repercusiones negativas para el entorno, como la contaminación química de la minería informal, la cual se constituye en la más peligrosa, puesto que tiene lugar sin previsión alguna ha traído como consecuencia la deforestación de 80 mil hectáreas, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y del agua. Se estima que los daños ocasionados requieren de una recuperación que puede tomar 30 años si se detiene la minería ilegal este año.

    Reza el informe que el mercurio es utilizado para la extracción de los minerales presentes en la zona y describe que, inicialmente, un motor abre paso en el agua para poder llegar al fondo del río donde se hace un hoyo para encontrar el oro y luego se aplica mercurio con el fin de extraerlo. El mercurio queda en el hoyo luego de la extracción y una vez que se quita el motor, el agua también se contamina. Se trata de una práctica prohibida en razón de que el mercurio es altamente contaminante, imposibilitando el consumo del agua de río y contaminando sus peces. Cita un estudio de la Universidad de Oriente que estableció que las comunidades Yekuana y Sanema exhiben en su organismo 40 veces más mercurio del estándar fijado por la OMS.

   También se remite a estudios que han establecido que en comunidades mineras en Las Claritas, Santo Domingo, El Manteco, El Callao, y Bajo Carón, solo 13 por ciento de las mujeres examinadas y el 32 por ciento de los niños examinados, presentaban niveles de mercurio por debajo del límite saludable.

    Otra investigación citada es la que llevó a cabo un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, la cual informó que la contaminación de estos ríos no solamente afecta al país, puesto que “todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco y ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico […], alcanzando la región del Caribe Sur”.

    Ese estudio igualmente encontró que el Arco Minero puede influir en la intensidad de desastres ambientales. “Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la mega minería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”[13].

  Américo De Grazia, representante del estado Bolívar en la Asamblea nacional declaró que “por primera vez en su vida al Guri tienen que dragarlo por el alto contenido de sedimento por la explotación minera del oro y de los diamantes en la sede del lago, lo cual afecta las turbinas de la hidroeléctrica del Caroní”.

   El comisionado para la ONU destaca que el Arco Minero abarca el Parque Nacional Canaima, el cual es Patrimonio de la Humanidad y posee 30.000 kilómetros cuadrados con bosques y mesetas de cima plana que albergan jaguares, nutrias gigantes y osos hormigueros gigantes. También incluye a la Reserva Forestal Imataca (30.000 kilómetros cuadrados), las reservas de La Paragua y El Caura (50.000 kilómetros cuadrados), el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní (96.000 kilómetros cuadrados).

Pueblos indígenas

   El informe resalta que la minería está prohibida en territorios indígenas, pudiendo llegar a realizarse solamente si es autorizada por los líderes tribales. Se agrega que muchas áreas de protección ambiental comprendidas en el territorio del Arco Minero son patrimonio cultural y religioso de las tribus, por lo que la actividad minera altera la vocación natural de las tierras.

   Se advierte que los nativos carecen de la capacidad de enfrentarse y poner oposición a la minería que amenaza con destruir su tierra, dado que los grupos ilícitos que las ocupan cuentan con el respaldo de grupos armados y/o efectivos militares. Unos 20 grupos étnicos se ven afectados, especialmente los Yanomami, cuya salud se ve afectada por el daño ambiental, así como su estilo de vida, a la par de que constantemente son víctimas de la violencia.

   El informe del Comisionado para la ONU se hace eco de los reportes emitidos a propósito de os eventos ocurridos el 23 de febrero de 2019, cuando la Asamblea Nacional intentó ingresar ayuda humanitaria por las fronteras terrestres de Venezuela, entre ellas, la de Brasil, ocasión en que el pueblo Pemón —originario de la zona minera— fue reprimido por 6 fuerzas militares y paramilitares que buscaban bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Cinco personas de esta etnia resultaron muertas y se militarizó la zona para resguardar el negocio de la minería ilícita.

  El control de la zona por parte de los irregulares quedó en evidencia en el hecho de que las fuerzas militares se retiraron en el momento en el que los grupos armados comenzaron a actuar. Quedó demostrado que la zona es controlada por bandas armadas de minería que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas y grupos terroristas como el ELN.

Los riesgos sanitarios

   Finalmente, el informe del Comisionado para la Organización de Naciones Unidas hace mención a los riesgos sanitarios que las actividades desarrolladas en el arco Minero ocasionan.

  Cita en primer término las que estima más graves, a saber el envenenamiento a causa del mercurio y las enfermedades como la malaria que, luego de haber sido erradicada internacionalmente, se ha convertido en una epidemia sin precedentes en Venezuela, asociada ésta a la degradación ambiental producida por la minería. “La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores musculares y de cabeza, y potencialmente, la muerte. Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada son ideales para la epidemia ya que el sol calienta rápidamente el agua y como no hay sombra de los árboles se acelera el desarrollo de las larvas”[14].

   Más un millón de personas estarían afectadas por la malaria, dice el informe al tiempo que alerta que 16 millones se encuentran en riesgo de contraerla. Esto causa alarma no solo a escala nacional, sino regional en razón del éxodo de venezolanos a causa de la violencia y las precarias condiciones de dichas zonas fronterizas.

  En 2016 se reportó la transmisión de la enfermedad en 209 parroquias, distribuidas en 89 municipios pertenecientes a 17 estados del país. Destaca el caso del municipio Sifontes, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera, donde se produce el 43 por ciento de todos los casos del país. Este municipio del estado Bolívar contempla el 74 por ciento de todos los casos, mientras que el estado Amazonas reporta el 10 por ciento, el estado Sucre el 9 por ciento, el estado Delta Amacuro el 4 por ciento y el estado Monagas el 2 por ciento. Estos cinco estados aportan el 89% de la malaria en Venezuela[15].  

  El reporte del comisionado se remite a lo informado por la Organización Mundial de la Salud que afirma que en 2017 se superaron los 400.000 casos de enfermos palúdicos, lo que significa el 53 por ciento del total reportado en la totalidad del continente americano[16]. 

  Otra enfermedad que se ha propagado es el sarampión, desde las zonas de minería hasta la capital y países fronterizos como Brasil, Colombia y Ecuador. Se advierte que los programas de vacunación y prevención sanitaria funcionan parcialmente o han sido suspendidos, convirtiéndose la desnutrición de la población en el foco de la reactivación de enfermedades mortales para las que no se cuenta con medicación ni atención médica adecuada.

  “Los exámenes de salud de las zonas mineras muestran que el 90% de los trabajadores de las minas se encuentran peligrosamente expuestos al mercurio, dada su constante inhalación. También se ven afectados el 87 por ciento de las mujeres y el 68 por ciento de los niños, así no trabajen en las minas, solo por estar expuestos a la contaminación en el ambiente”, establece el reporte.

   Por último, el Comisionado para la ONU refiere “la mortalidad infantil en los pueblos indígenas llega a ser 10 o 20 veces mayor al promedio nacional, al estar relacionada a cuadros de desnutrición severa, suspensión de programas de vacunación, carencia de insumos, contaminación del entorno, entre otros. Muchos indígenas recurren a la migración por las fronteras en estado de mendicidad”.

CITAS

[1] MiamiDiario. “El extraño mineral apetecido por China que tiene Venezuela”. 12 de diciembre de 2018.https://miamidiario.com/el-extrano-mineral-apetecido-por-china-que-tiene-venezuela/

[2] Mongabay Latam. Ebus, Bram. “Venezuela: militarización y minería son una mezcla peligrosa en la Amazonía”. 12 de enero de 2018. https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-militarizacion-mineria/

[3] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico. Díaz, Martha. “Presidente Maduro creó fondo especial rotatorio para apoyar la producción minera”. 16 de mayo de 2019.  http://www.desarrollominero.gob.ve/presidente-maduro-creo-fondo-especial-rotatorio-para-apoyar-la-produccion-minera/

[4] The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America”. 30 de marzo de 2016.  https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/

[5] RT. Actualidad RT, Reuters. Cerny, David W. “Este país latinoamericano podría albergar la quinta mayor  reserva de torio del mundo”. 27 de junio de 2017. https://actualidad.rt.com/actualidad/242620-venezuela-podria-quinto-lugar-mundial-reservas-torio

[6] KonZapata. Avellaneda, Juan Antonio. “El coltán de Venezuela es un factor de la lucha geopolítica de las potencias”. 15 de abril de 2019. https://konzapata.com/noticia/71550/kolumnistas/el-coltan-de-venezuela-es-un-factor-de-la-lucha-geopolitica-de-las-potencias.html

[7] Gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.   Depablos,Karina. Plan Nacional  Minero  2019-2025 jalona recuperación productiva del país. 10 de junio de 2019. http://www.desarrollominero.gob.ve/plan-nacional-minero-2019-2025-jalona-recuperacion-productiva-del-pais/

[8] Efecto Cocuyo. “Maduro asignará una mina de oro a cada  gobernación chavista”. 15 de octubre de 2019. https://efectococuyo.com/politica/maduro-asignara-una-mina-de-oro-a-cada-gobernacion-chavista/

[9] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 156, numeral 16.

[10] El Nacional. “Masacre en minas de Tumeremo dejó aproximadamente 16 muertos y 6 heridos”. 16 de octubre de 2018. https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/masacre-minas-tumeremo-dejo-aproximadamente-muertos-heridos_255935/

[11] Correo del Caroní. Siverio, Jhoalys. “Protestan contra cierre  de minas en Tumeremo por orden del comandante del Ejército acusado de desapariciones”. 15 de septiembre de 2019. https://www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/3003-protestan-contra-cierre-de-minas-en-tumeremo-por-orden-del-comandante-del-ejercito-acusado-de-desapariciones

[12] Miami Herald. Montiel,  A & Benezra,  J.  “Gold mining may be all that’s keeping Venezuela in business. Organized crime runs it”. 23  de  julio de  2019. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article232672327.html

[13] Universidad Monte Ávila. Hernández, G. “Arco Minero: El pulmón del país tiene cáncer por la minería”. 20 de mayo de 2019. http://uma.edu.ve/periodico/2019/05/20/arco-minero-ecocidio/

[14] El Espectador. Ebus, Bram. “La malaria invade las minas de Venezuela”. 17 de enero de 2018. https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-malaria-invade-las-minas-de-venezuela-articulo-733871

[15] Cendes. UCV. Observatorio Venezolano de la Salud. “Pronunciamiento ante la grave epidemia de Malaria  en Venezuela. Carta Abierta al Ciudadano Luis López, Ministro del Poder Popular para  la Salud de la República Bolivariana  de Venezuela”. https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/

[16] El País. “Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo”. 16 de abril de 2019.  https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555402255_653709.html

viernes, 20 de diciembre de 2019

La corrupción en los planes de alimentación venezolanos: Un asunto de vieja data en el chavismo

  El caso de la demanda de la empresa estadounidense Dexton Validsa Inc. contra de PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., sirve para ilustrar la manera irregular como se desarrollan los diversos programas de alimentación que el chavismo ha desarrollado desde la llegada al poder en 1998.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
   Los escándalos por corrupción en los programas de alimentación emprendidos por el gobierno, no se circunscriben únicamente al surgido en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y las supuestas negociaciones irregulares establecidas entre la administración de Nicolás Maduro y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido encargados de proveer la comida que se distribuye entre la población venezolana; tampoco a la alarma que se encendió cuando un trabajo periodístico descubrió que diputados de oposición se encargaban, presuntamente, de limpiar la imagen de empresarios corruptos beneficiados con divisas preferenciales para la compra de alimentos; ni hablar del caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), de ingrata recordación para la población que lo denominó popularmente como “Pudreval”, pues supuso la compra de miles toneladas alimentos que terminaron podridos sin que se castigara a los culpables.

  También sería un grave error pensar que estos entramados de corrupción se han limitado solo al actual gobierno, pues desde el inicio de la gestión oficialista, en tiempos en que Hugo Chávez Frías detentaba la presidencia de la república, la corrupción ha sido la impronta que ha caracterizado a estos programas sociales.

  En esta entrega recordamos uno más de estos casos, el cual terminó dirimiéndose en las cortes de los Estados Unidos, relativo a negociaciones irregulares, supuesto cobro de comisiones y todo un entramado de corrupción surgido alrededor de los contratos suscritos entre entes estatales, —en este caso Petróleos de Venezuela S.A. y dos sus filiales— que en lugar de haber satisfecho el hambre de los venezolanos, sólo habrían servido para el enriquecimiento ilícito de unos pocos.

   A continuación presentamos los detalles del caso de la demanda emprendida en EE. UU. por la empresa Dexton Validsa Inc. en contra PDVSA Services Inc. (PSI) y Bariven S.A.

El caso y otras implicaciones

  Los propietarios de Dexton Validsa Inc., una corporación registrada en el estado de la Florida acusaron al gobierno venezolano de haberles cancelado un contrato por USD 194 millones, al haberse negado a pagar un soborno de USD 2 millones como garantía de que dicha negociación no sería suprimida[1]. 

    Los dueños de la firma, los venezolanos Tomás González y Pablo Cárdenas radicados en el sur de la Florida, demandaron en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, a PSI y a Bariven por cancelar los cinco contratos que mantenían para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada que serían destinados al programa alimenticio del gobierno venezolano.

   Ante la escasez de alimentos en Venezuela, en noviembre de 2007, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) encargó a Bariven comprar de grandes cantidades de alimentos en el mercado internacional y la filial encomendó a PDVSA Services diligenciar las adquisiciones y fue así que se encontró con Validsa, empresa que ofertó los precios más bajos para varias de las compras. Las órdenes de compra emitidas por PSI en nombre Bariven a Validsa se convirtieron en la base de los contratos de los que habla la demanda.

   A saber, en noviembre de 2007, PSI y Bariven otorgaron ocho contratos por aproximadamente USD 66 millones a Validsa, de los cuales tres, el Nº 326 para carne de res; el Nº 368 para pollo; y Nº 405 para carne de res fueron cuestionados en el tribunal de distrito.

  En marzo de 2008, PSI y Bariven adjudicaron a Validsa dos contratos más, el Nº 632 por 100.000 toneladas métricas de azúcar a USD 446.92 por tonelada, para un total de USD 44.692.000 de los cuales el 30 por ciento, equivalente a USD 13.407.,600 fue pagado por adelantado por Bariven; y el Nº 757 por 24 mil toneladas métricas de carne de res a USD 4.329,58 por tonelada, para un total de USD 103.929.920, de los cuales el 30 por ciento, es decir USD 31.172.976 fueron pagados por adelantado. Por lo tanto, los anticipos de Bariven y PSI sumaron en marzo de 2008 la cantidad de USD 44.580 millones a Validsa en compras totales de casi USD 150 millones. La demanda señala que Validsa estaba obligada a que las compañías de seguros emitieran bonos de desempeño a favor de PSI para asegurar los pagos anticipados en caso de que la primera incumpliera el contrato 632 o 757. En virtud de los contratos, los anticipos del 30 por ciento debían reducirse con el tiempo.

   Los contratos de marzo de 2008, a saber 632 y 757, debían despacharse en cuotas y Bariven debía pagar el 70 por ciento del precio de la instalación dentro de un cierto período después de cada entrega. Los anticipos, por lo tanto, constituyeron el otro 30 por ciento del pago de cada cuota y no se retirarían por completo hasta que se entregara y pagara la última cuota. En general, Validsa y otros proveedores proporcionarían a PSI cronogramas de entrega que establecían cuándo y cómo se realizarían las entregas futuras.

  Para cumplir con estos contratos, Validsa negoció con sus proveedores Pacific Atlantic Trading Company y Quatro Marcos Ltd., USD 29.500.000 por 100 mil toneladas métricas de azúcar y USD 87.600.000 por 24 mil toneladas métricas de carne de res, respectivamente.

El soborno

   Según los demandantes la petición de sobornos se formuló en varias ocasiones, ocurriendo la última de ellas en Miami el 27 de marzo del 2008 en el restaurante Houston, de Coral Gables, oportunidad en que también los empresarios recibieron un correo electrónico de parte de Bariven en el que les advertían que "no había cumplido completamente con los envíos bajo el contrato firmado en el 2007''. El soborno habría sido exigido a través de Juan Carlos Chourio, presunto emisario de la filial venezolana encargada de las compras internacionales en la estatal petrolera (PSI actúa en su presentación en Estados Unidos), quien se presentó como enviado de George Kabboul, presidente de Bariven S.A. y de PSI. También habría alegado ser “cercano confidente” de Luis Hernández, quien fungía como jefe de operaciones de Bariven en Brasil. Estos —Kabboul y Hernández— le habrían encomendado la tarea de exigir el pago de la comisión a Dexton Validsa Inc.

     González y Cárdenas explicaron en la demanda que Chourio, en abril de 2008, en un encuentro ocurrido en el Hotel Gran Meliá de Sao Paulo donde estaban en negociaciones con su proveedor de alimentos Quatro Marcos, les dijo que los contratos iban a ser cancelados ante la negativa a pagar la coima, lo cual finalmente sucedió el 8 de abril de 2008.

    Dexton Validsa mantenía un cronograma de suministros parciales de los alimentos a Bariven, por lo cual había recibido un adelanto de USD 44,5 millones. La defensa sostuvo que la empresa de la Florida tuvo varios retrasos en las entregas y que no se concretó ninguna remisión de los alimentos a Venezuela hasta el 12 de junio de 2008, cuando se iniciaron las acciones legales con las empresas venezolanas.

  George Kabboul aseguró que no había recibido ningún tipo de pago relacionado con el contrato y negó conocer a Chourio, pero luego reconoció saber que este último mantiene una relación familiar con Eusebio Sabate, para la fecha, segundo a bordo de Bariven. Igualmente admitió que lo había mandado investigar por parte de la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA. Los abogados de Kabboul informaron que ambos —su representado y Chourio— viajaron en el mismo avión a Brasil y se hospedaron en el mismo hotel en Sao Paulo en abril de 2008.

  Según los demandantes, George Kabboul habría —después de suspendido el contrato— ordenado negociar con Dexton Validsa a “precios significativamente más altos”.

  El caso también revela la activa participación de cubanos en las negociaciones de PDVSA para la compra de alimentos en mercados internacionales. Se menciona a Alimport, Surimpex o Cuba Control, aunque estas no están incluidas en la demanda. De acuerdo a declaraciones de Luis Hernández, Kabboul ordenó la participación de técnicos cubanos como asesores e inspectores de todas compras realizadas por PDVSA en Brasil.

   Se advertía entonces que PDVSA podría enfrentar demandas por unos USD 200 millones si prosperaban reclamos introducidos en tribunales federales de Miami en los que, igualmente, se acusaban sus suspensiones de contratos de alimentos[2].

Las comunicaciones

  Refiere la demanda que en fecha 15 de abril de 2008, Validsa recibió una cadena de correo electrónico de Paolo Rivas, un empleado de PSI en la cual se incluía un correo electrónico del 8 de abril de 2008 de Rafael Rosales, abogado interno de Bariven, el cual tenía la intención de ser una comunicación interna a los empleados de PSI y Bariven que, inadvertidamente, fue enviado a Validsa.

  El correo decía: “Siguiendo las instrucciones del Sr. Georges Kabboul, con vigencia inmediata, se le indica que cancele [Orden de compra] 757. Del mismo modo, solicitamos la situación actual de la demora de los pollos que también se compraron a esta compañía, en cualquier caso, se le indica que suspenda cualquier pago si hay alguno. Por parte de nuestro bufete de abogados, solicitamos la documentación que muestra los problemas sobre la falta de entrega de pollos”.

  En esta cadena otro mensaje indicaba: “De acuerdo con las instrucciones del Sr. Georges Kabboul, proceda a cancelar la Orden de compra No. 5100061757 [Contrato 757] por 2400 [sic] TM de carne de res colocada en Empresa [Compañía] Dexton. . . Asimismo, se instruye que se suspenda cualquier pago pendiente a dicha empresa”.

  Hasta ese momento, Validsa no había entregado carne de res bajo el contrato 757 ni azúcar bajo el contrato 632. Se dice en la demanda que según, Bariven y PSI, Rosales envió los correos electrónicos después de las reuniones en Brasil con un proveedor que expresó su preocupación por el desempeño de Validsa en virtud de algunos de los contratos de noviembre de 2007 para pollo. Entre el 8 de abril y el 15 de abril, nadie de Bariven o PSI informó a Validsa que Bariven o PSI tenían la intención de cancelar el contrato Nº 757, y las compañías lo hicieron.

   El 17 de abril de 2008, el director de Validsa, González, envió una carta a la PSI solicitando "inmediatamente una explicación por escrito de la situación que se presenta en este correo electrónico [de Rosales]" y "exigiendo una respuesta inmediata a esta situación".

  Kabboul acordó reunirse con González y este encuentro se produjo el 29 de abril de 2008 cuando discutieron el estado de más de 1.275 toneladas métricas de pollo aún sin entregar bajo los contratos de noviembre de 2007 y cómo se procedería bajo los contratos de marzo de 2008. Kabboul propuso usar el dinero por adelantado como pago por los primeros USD 44 millones en entregas bajo los contratos de marzo de 2008, y luego usar cartas de crédito para las entregas restantes. No hubo acuerdo y Kabboul solicitó una reunión de seguimiento el 2 de mayo. Validsa aceptó pero no llegó a concretarse.

   El 9 de mayo, el abogado de Validsa le remitió a Kabboul una carta pidiendo garantías adecuadas de desempeño dentro de los cinco días. PSI respondió el 16 de mayo de 2008: “[Hemos] [informado] a su empresa varias veces que [] Validsa no tenía la intención de ser el destinatario de [] [las comunicaciones internas contenidas en el correo electrónico de la Sra. Rivas del 15 de abril], por lo que no deberían [haber sido] tomado en consideración. Por esa razón, nos resulta muy difícil entender cómo su empresa incluso lleva el problema a una comunicación legal previa a la reclamación”.

  El 22 de mayo, Validsa envió otra carta a PSI lamentando la falta de respuesta concreta a la queja y pidiéndole que "normalice los pagos atrasados" en los contratos. PSI no respondió directamente a esta carta, sino que envió un nuevo borrador de acuerdo a Validsa el 3 de junio.

   Este borrador del acuerdo se adjuntó a un correo electrónico a Validsa de Alfonzo Gravina, Gerente de Compras de PSI con el encabezado que rezaba: "Proyecto sin valor legal o comercial”, el cual establecía que "[t] Las Partes se comprometen a cumplir con todas y cada una de las obligaciones recíprocas derivadas de las Órdenes de Compra con respecto a los montos que se entregarán después del ‘acuerdo sobre estos nuevos términos’”.

  El borrador contenía también un nuevo cronograma de entrega, una cláusula de selección de foro y la designación de PSI como la parte responsable del pago de las deudas con Validsa.

  El tribunal otorgó la moción de los demandantes para que se produjera un juicio sumario parcial en cuanto a responsabilidad contra los acusados. Además, se desestimaron todas la contrademandas de Bariven, acción que esta estimó adolecía de perjuicios. Se negó la demanda de PSI para la moción de juicio sumario. También se negó la moción de Bariven  para un Juicio Sumario Parcial. Se programó el juicio por daños debidos al demandante por orden separada.

La sentencia a la demanda de apelación

Con fecha 21 de abril de 2011 quedó archivado en el Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos el caso distinguido con el número Nº 10-11209; 10-11251 perteneciente al legajo Nº 1: 08-cv-21682-JLK, relativo a una apelación a la sentencia dictada en la demanda interpuesta por Validsa Inc. contra PDVSA Services (PSI) Inc. y Bariven S.A.[3].

  El tribunal encontró que el tribunal de distrito había errado al concluir que PDVSA Services (PSI) era individualmente responsable ante Dexton Validsa Inc. en virtud de los contratos, por lo que se revocó la sentencia emitida y se reenvió la entrada del fallo en favor del acusado PSI sobre los reclamos de Validsa contra PSI individualmente.
     En cuanto a los reclamos por daños de Validsa contra Bariven en virtud de los contratos de noviembre de 2007, identificados con los números 326, 368 y 405, y la primera entrega entregada del contrato 757, la Corte de Apelaciones confirmó las decisiones del tribunal de distrito en cuanto a intereses de prejuicio y compensación.

     Sobre los contratos 632 y 757, la Corte de Apelaciones confirmó las sentencias del tribunal de distrito de que, por ley, Validsa tenía motivos razonables para la inseguridad y su solicitud de garantías adecuadas. “Sin embargo, revocamos la decisión del tribunal de distrito de que, como cuestión de derecho, el acusado Bariven (a sí mismo o a través de su agente PSI) no dio garantías adecuadas de desempeño, y lo remitió al tribunal de distrito para un juicio en cuanto a si Bariven (sí mismo o a través de su agente PSI) proporcionó garantías adecuadas. Debido a que esta cuestión de hecho regirá si Bariven incumplió anticipadamente los contratos 632 y 757, revocamos la desestimación por parte de la corte de distrito de los numerales I, II, V y VI de las contrademandas de Bariven con respecto a los contratos 632 y 757, que se basó en la sentencia sumaria del tribunal de distrito que Bariven violó esos contratos como una cuestión de derecho”.

    La corte confirmó la desestimación por parte de la corte de distrito de los numerales III, IV y VII de las contrademandas de Bariven, ya que esas desestimaciones se basaron en otros motivos además del incumplimiento de la conclusión del contrato.

    En razón de la corte remitió a un juicio por los problemas de hecho anteriores en cuanto a los contratos 632 y 757, también confirmó, para fines de nuevo juicio, las decisiones probatorias del tribunal de distrito sobre daños consecuentes.

    En resumen, si el tribunal de distrito determinó, después del juicio, que Bariven proporcionó garantías adecuadas de desempeño, Bariven no sería responsable ante Validsa y esta no tendría derecho a recuperar ningún daño en cuanto a los contratos 632 y 757. El tribunal de distrito entonces consideraría el incumplimiento de contrato de Bariven y el incumplimiento de buena fe y contrademandas de trato justo (numerales I, II, V y VI). Sin embargo, si el tribunal de distrito determinara, después del juicio, que Bariven no brindó a Validsa garantías adecuadas de desempeño y, por lo tanto, incumplió anticipadamente los contratos 632 y 757, Bariven perdería en sus reconvenciones y Validsa tendría derecho a recuperar los mismos daños que el tribunal de distrito otorgó previamente después de un juicio sumario.

    Esta decisión de la Corte de Apelaciones respondía al caso que involucraba varios contratos para la venta de alimentos, en el que los demandados-recurrentes, a saber PDVSA Services, Inc. (PSI) y Bariven Inc. apelaron la concesión de sentencia sumaria del tribunal de distrito al demandante-apelado Validsa Inc., sobre la queja enmendada en la que presentaba cinco reclamos por incumplimiento de contrato. PSI apeló la sentencia sumaria del tribunal de distrito que dictaminó que era individualmente responsable por las infracciones, a pesar de ser el agente del director de Bariven.

    Igualmente, Bariven apeló la concesión del tribunal de distrito de la moción de Validsa de juicio sumario sobre todas las contrademandas de Bariven contra Validsa y la denegación de la moción de Bariven de juicio sumario parcial sobre ciertas reconvenciones. Tanto PSI como Bariven apelaron la exclusión del testimonio experto Miguel Herce del juicio por daños y perjuicios.

    Validsa recurrió varias decisiones del tribunal de distrito, a saber, primero, su exclusión de evidencia de daños consecuentes en el contrato 757, presuntamente incumplido por PSI y Bariven; segundo, su decisión de que PSI y Bariven tenían derecho a una compensación o recuperación de adelantos en efectivo que hicieron a Validsa; y tercero, su decisión de que Validsa no tenía derecho a intereses de prejuicio en tres de los contratos presuntamente incumplidos por PSI y Bariven.

 CITAS

[1] Validsa, Inc. v. PDVSA Services Inc., 632 F. Supp. 2d 1219 (S.D. Fla. 2009). https://www.courtlistener.com/opinion/2260381/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/

[2] El Nuevo Herald. “Firma de Miami demanda a PDVSA por soborno”. 1º de junio de 2009. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article1996031.html

[3] Validsa, Inc. v. PDVSA Services, Inc., 10-11209 (11th Cir. 2011). https://www.courtlistener.com/opinion/215200/validsa-inc-v-pdvsa-services-inc/?

miércoles, 18 de diciembre de 2019

¿Cómo funciona la estructura del régimen de Venezuela para violar las sanciones impuestas por EE. UU. y sostenerse en el poder?

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Un informe sustentado en documentos oficiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revela cómo desde Venezuela se financia un plan de subversión internacional  supuestamente ordenado desde el Foro de Sao Paulo en el último de sus congresos, el cual tuvo lugar en Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año 2019. 

  Se explica en el documento cómo las acciones políticas, electorales y violentas que en los últimos días han tenido lugar en Ecuador, Perú,  Bolivia,  Argentina, Chile, Cataluña-España, Venezuela y Nicaragua, presuntamente responden a los lineamientos dictados en dicho encuentro. Categóricamente se indica que los fondos que permiten estos eventos provienen de la venta del petróleo y demás riquezas naturales venezolanas. Se subraya que, de hecho, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo han admitido públicamente.

Los actores políticos

   Como actores políticos que encabezan y dirigen estas presuntas acciones en Venezuela se señala a Nicolás Maduro (presidente de la república), a Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a Adán  Chávez, (vicepresidente  de la Comisión  de Asuntos  Internacionales PSUV, organización política anfitriona del XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo).

  Asimismo se refiere a los actores operadores, quienes serían el general Manuel Salvador Quevedo Fernández (presidente de PDVSA), a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por las siglas en inglés de Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo sancionó junto a otros cuatro funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por reprimir a los actores democráticos en Venezuela y por incurrir en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo venezolano[1].

   Otro actor operador sería Fernando Manuel De Quintal Rodríguez, vicepresidente de Finanzas y director interno de PDVSA, quien supuestamente habría convertido los procesos de licitación en “selectivas” convocatorias a las que solamente son invitadas determinadas empresas, las cuales presuntamente reciben las cifras clave para ganar las licitaciones, un esquema que facilita exorbitantes márgenes de ganancias por la no existencia de competencia[2].

  Igualmente se señala a Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela y al general Padrino López, ministro de la Defensa, este último encargado de dirigir la logística de todas las operaciones terrestres, marítimas, fluviales y aéreas, valiéndose para ellos de los componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

El ardid

    El informe refiere que en razón de que PDVSA no puede operar las cuentas bancarias que poseía en el exterior, ni puede recibir ni pagar dinero directamente debido a las sanciones de que ha sido objeto la petrolera estatal, Manuel Quevedo y Fernando Manuel De Quintal Rodríguez supuestamente habrían acordado con los representantes de las empresas petroleras transnacionales Vital, Reliance, Trafigura, Novum y Tipco, realizar las operaciones de compra-venta de Petróleos de Venezuela. Para ello se valdrían de un conjunto de compañías de maletín inscritas de manera exprés en PDVSA, con las cuales se realizarían los pagos a terceros según lista de facturas suministradas por la empresa venezolana.

  Se trataría, pues, de una triangulación de pagos donde algunas facturas corresponden a compromisos como los adquiridos con el programa de alimentación gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para la adquisición de equipos antimotín, así como las de sus presuntos socios terroristas. Especifica en este último caso, pagos realizados a Irán a través de bancos turcos —entre ellos Irán Marine Industrial Company— y los presuntamente destinados a empresas vinculadas al general Quevedo y de altos funcionarios del gobierno de Maduro.

   El reporte hace mención también a otra modalidad de pago, la cual se llevaría a cabo mediante la entrega de productos y derivados a PDVSA a Cuba y a centros de almacenamiento privados, para venderlos luego en el mercado ordinario. Este caso se ejemplifica en el informe a través de dos casos.

   El primero de ellos que habría tenido lugar a principios del mes de abril, cuando se asignaron 10 millones de barriles de petróleo Special Hamaca Blend (SHB), Morichal 16 y Zuata 300 a las empresas fantasmas Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat, equivalente a USD 600 millones.

   Estas firmas se encuentran bajo el control de Vitol, compañía que les estableció como modus operandi que Vanquish Associates y Grupo Iveex Insat cargaran el crudo en barcos Suezmax de un millón de barriles en el puerto de Jose (estado Anzoátegui), desde donde los transportarían cerca de Trinidad, donde sería trasvasado a barcos de dos millones de barriles con destino a Asia. Para la fecha del reporte, Vitol se encontraba pagando facturas a terceros en nombre de PDVSA.

  El segundo caso habría acontecido en el mes de abril, cuando la empresa Rosneft compró crudo a PDVSA el cual vendió a la Refinería Relene Petrochemichal, controlada por la compañía Reliance. Entonces, se habría puesto en práctica la misma metodología de Vitol con algunas variaciones.

  Reliance paga a terceros facturas de PDVSA violando las sanciones.

   Es bajo estos esquemas de operación —cada uno en su modalidad particular— que se hace posible entregar hidrocarburos a Cuba. Fue así como para  finales del mes de abril se entregó un cargamento de DCO, uno  de Fuel Oil, uno de gasoil y dos de lubricantes.

  Seguidamente el informe hace referencia a la situación por cada una de las empresas.

Tipco

  En primer lugar se cita a Tipco, una empresa petrolera domiciliada en Tailandia y con refinería en Malasia, la cual mantenía desde hacía 10 años un contrato de compra con PDVSA para el suministro de 900 mil barriles mensuales de crudo Boscán y Bachaquero destinados a la producción de asfalto.

 Se explica en el informe que para transformar a Tipco en un banco de PDVSA, se procedió a incrementar el volumen de petróleo de 900 mil barriles mensuales a 5 millones mensuales, lo que significa el haber sobrepasado su capacidad de procesamiento, puesto que la refinería en Malasia solamente está en capacidad de procesar un máximo de 23.000 barriles diarios equivalentes a 690 barriles mensuales.

  Petróleos de Venezuela S.A. le concedió a Tipco una fórmula especial de precios del crudo, otorgándole a dicha firma grandes descuentos que le permiten obtener ganancias superiores a los USD 10 millones por cada cargamento de un millón de barriles en contraste con el promedio mundial de ganancia de USD 300 mil por cargamento.

  Se subraya el hecho de que derivado de lo anterior, Tipco revende el excedente de petróleo recibido de PDVSA en el mercado asiático, es decir, 4.310.000 barriles de crudo.

  El reporte indica que los USD 205 millones producto del aumento de 900 mil barriles mensuales a USD 5 millones mensuales, son utilizados para pagar facturas a terceros bajo la coordinación de Fernando Del Quintal y Javier Colmenares, (representante de Tipco en Venezuela).  

  Cuando se hace referencia a “terceros”, se trata de empresas que emiten facturas a PDVSA, las cuales pueden ser reales por conceptos de deuda efectivamente contraída por la petrolera venezolana; o de facturas que simplemente tienen su origen en deudas de tipo político del gobierno de Nicolás Maduro; o bien de facturas falsas de empresas fantasmas que forman parte de los esquemas de corrupción mantenidos por los funcionarios de la administración madurista.

  De seguido, el reporte hace mención a algunos nombres que figuran en las facturas, a saber,  Lisnave, Autoridad  de Puerto Lisboa, Bernard Schulte Management, Orey Shipping, Amoil, Naviera  Carreña, Naviera Tepuy, Marlink, lnternational Offshore Engineering Development, Naviera el Mastil,  Radio  Marina, Horizon Tanker, Tomtec Ndt Marine Services Pte, Iran Marine Industrial Company, Marítima Popular, Cyprus Shipping, Marítima Neptuno Corporation, Marítima Venezolana, MMG Tugs Boats & Barge Service, CMI Caribe, Consulado General de la República de  Panamá, Curacaose Dok Maatschappij, Hera Shipping y Proyectos y Consultoría Panamá.

  Debido a que por las sanciones financieras PDVSA se ve imposibilitada de cobrar los pagos por concepto de venta de petróleo que realiza en el mercado internacional, la estatal recurre a Tipco para recibir dichos pagos. En consecuencia, Petróleos de Venezuela S.A. le ordena a sus empresas  deudoras en todo el mundo que le paguen a Tipco el crudo entregado, transformando de esta forma a la citada empresa en un banco.

  Así,  supuestamente, Tipco es convertida en la caja chica internacional de PDVSA en Malasia —país donde no existen  restricciones de sanciones— la compañía es utilizada para realizar pagos de listas de facturas que entrega Fernando Del Quintal, las cuales son equivalentes a un promedio de USD 250 millones mensuales.

   El reporte ejemplifica este caso con el contrato de suministro de petróleo a Cuba que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro, a cambio de apoyo militar y de inteligencia para sostener la dictadura. Las sanciones aplicadas por Estados Unidos han dificultado el  cumplimiento de este compromiso, una situación que PDVSA ha resuelto con el apoyo de Tipco.  PDVSA le compra el petróleo a Argelia para que se lo entregue a Cuba y la petrolera venezolana le cancela a través de Tipco.

Nynas

   Posteriormente el informe se remite a Nynas, una empresa propiedad conjunta entre Petróleos de Venezuela S.A. y Neste (Finlandia), la cual posee tres refinerías en Europa, específicamente en Nynashamn (Suecia), Gotemburgo (Suecia) y Hamburgo (Alemania). También integra un joint venture con la empresa Shell, de la refinería Eastham en Reino Unido.

  Indica el reporte que Fernando De Quintal integra, simultáneamente, las juntas directivas de PDVSA y Nynas y que esta última fue utilizada por la estatal venezolana para pagar facturas de terceros a cambio del petróleo que importaba de Petróleos de Venezuela.

    Se apunta que en pocos días después de que Estados Unidos modificara la GL 13D de las sanciones a Nynas, Fernando De Quintal “desapareció” USD 260 millones que esta empresa tenía represados por no poder pagarle a PDVSA.

   El 23 de octubre de 2019, Neste reportó las ganancias más grandes de su historia en su tercer trimestre del año 2019, cuando pasó de USD 250 millones a USD 494 millones, como lo recoge una nota de Reuters que explica que “los productos renovables ayudaron a la refinería de petróleo finlandesa y al productor de biocombustibles a superar las previsiones.

La reseña agrega que para esos días “Nynas dijo que suspenderá las importaciones de crudo venezolano luego de cambios en una licencia que le permite operar bajo las sanciones de Estados Unidos”[3].

Novum

  Desde Houston, Texas, Estados Unidos, manejan la empresa Novum, la cual continúa manteniendo operaciones con Venezuela, sin acatar en lo más mínimo de la letra de las sanciones impuestas por el gobierno de ese país contra Petróleos de Venezuela S.A.

  De este modo y a pesar de las dichas sanciones, Novum vende productos y también los  intercambia por otros productos o crudos, una operación de trueque que arroja grandes ganancias y comisiones a funcionarios de PDVSA.

  A través de Novum se llevan a cabo operaciones especiales de entrega de gasolina a Cuba, esto bajo la supervisión directa de su presidente, Maxi Poveda, un argentino residente en los Estados Unidos. Estas operaciones se realizan a través de una oficina ubicada en Dubái.

  También Novum transportó cargamentos de fueloil de PDVSA que nunca fueron  pagados.

Repsol Trading S.A.

   En el transcurso de la segunda semana de julio, la empresa Repsol Trading S.A. compró a PDVSA un cargamento de crudo DCO y otro de Merey, al mismo tiempo que efectuó entregas de dos cargamentos  de gasolina. 

   Y es que como apunta el informe, en ningún momento Repsol ha dejado de hacer negocios con PDVSA y, como prueba de ello, se refiere que para los días de la redacción del informe, la estatal venezolana le otorgó a la citada empresa un contrato de 500.000 barriles de Merey 16 para ser retirados entre el 5 y el 7 de noviembre de 2019.

   La junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. da cuenta en sus informes internos de que "Repsol es un cliente tradicional que ha mantenido la relación comercial con PDVSA post sanciones manifestando su disposición de levantamiento de crudo para el pago del financiamiento  de la EM Petroquiriquire S.A., Cardón IV y para el pago por compensación de diésel.


Marriat y Abak

   El informe pasa, entonces, a referirse a dos nuevas empresas que son dirigidas desde una oficina ubicada en Las Mercedes, por Fernando De Quintal, Marcos Rojas y Francisco Morillo, a saber, Marriat y Abak.

  En ellas se desempeñan el exjefe de Crudos de PDVSA, Luis Vergara,  y el exjefe de Productos de la estatal, José  Espinoza. 

  Se afirma que Marriat y Abak disponen en tiempo real de toda la información clave de PDVSA, a objeto de hagan uso de ella para obtener ventaja en las operaciones de comercialización internacional de petróleo.

Citizen

  De inmediato se cita el caso de Citizen, una empresa registrada en Boston, la cual mantiene deudas con PDVSA por el orden de los USD 50 millones, un compromiso que la referida firma no tiene la intención de pagar, según asevera el informe.

  El modus operandi consiste en alegar las sanciones para evitar realizar el pago.

  Recuerda el reporte que cuando PDVSA vende crudo que está subiendo en precios se produce una gran diferencia entre el precio al cargarlo en el barco y el precio al descargarlo en el destino. Es por ello que a los 8 días después de salir el cargamento de crudo PDVSA, se procede a emitir una factura provisional que es cancelada por la empresa receptora del crudo. El monto pagado es ajustado al momento de la descarga. La diferencia del precio al cargar respecto al precio al descargar en momentos en que el precio de crudo está en alza como es el caso del petróleo vendido a Citizen a la redacción del redactado el informe, es un ajuste que favorece a Venezuela.

   Dado que la empresa Citizen ha obtenido cargamentos cuyos ajustes superan los USD 50 millones que no han sido cancelados bajo el pretexto de las sanciones, funcionarios de PDVSA le ofrecieron a un ejecutivo de la empresa deudora que realizaran el pago por fuera a una cuenta de una empresa fantasma la cantidad de USD 3 millones, a cambio de borrar internamente todos los soportes de los ajustes.

   Sostiene el informe que “En conversaciones muy privadas de altos directivos de Citizen se decidió no aceptar esa propuesta, ya que existe toda la disposición de no pagar”.

El contrato corrupto entre Reliance y PDVSA

   En el informe que presentamos, se cita el caso de un entramado de corrupción que tuvo lugar entre funcionarios de PDVSA y la empresa privada de la India, Reliance, una operación que se ha tratado de presentar como la constitución del país asiático como importante comprador de petróleo venezolano, cuando en realidad se trataría de una “red de corrupción” conformada especialmente para esquilmar el dinero de los venezolanos.

   El reporte narra que a principios del año 2013, cuando ya había fallecido el expresidente Hugo Chávez y estaban por producirse las elecciones donde participaban Henrique Capriles y Nicolás Maduro, en se vivía un ambiente muy tenso porque la alta dirigencia del gobierno conocía a través de las encuestas que tenían grandes posibilidades de perder el poder.

   En paralelo, a raíz de las sanciones económicas impuestas a Irán, la empresa Reliance debía dejar de hacer negocios con el país islámico, decidió buscar mercados alternativos. Fue así como a PDVSA llegó una representación de la empresa para celebrar una reunión coordinada por Aires Barreto días antes de que tuvieran las elecciones presidenciales pautadas para el 13 de abril de 2013.

   Se refiere que Aires Barreto es oriundo de la India, con estudios realizados en la University of Mumbai en Bombay, quien logró ascender a vicepresidente de PDVSA con el apoyo de Alí Rodríguez, en tiempos en que este último ejercía como presidente de la petrolera venezolana.

   Con el firme objetivo de mantener el poder en pocas manos, el chavismo procedió acabar con la tradición de que CITGO dejara de depender del área de Refinación y pasó a estar bajo el control de la vicepresidencia ocupada por Aires Barreto. Se designó a Luis Marín como presidente de la filial en Estados Unidos, lo que aseguró el control total.

   Los  representantes de Reliance lograron firmar un contrato por 100.000 barriles diarios de crudo Merey por un año renovable, acordando una "comisión” con Barreto de 10 centavos por barril. Luego de esto, se despidieron y se trasladaron al aeropuerto.

   Cuando Barreto informó del resultado de la negociación a Rafael Ramírez, tuvo lugar de inmediato una reunión de emergencia a la que se incorporó su primo Diego Salazar y su cuñado, Baldo Sansó.  “Esa mafia de PDVSA,  pensando que podía perder las elecciones, decidió hacer una nueva propuesta a Reliance y para ello llamaron a sus representantes que ya estaban en el aeropuerto de Maiquetía y los trasladaron de nuevo a Caracas en helicóptero. La nueva propuesta fue la siguiente: Firmar un contrato por 300.000 barriles diarios de crudo Merey aumentando la ‘comisión’ a 20 centavos por barril, con la nueva condición de extender la vigencia del contrato de 1  año a 15 años, violando de esa forma la tradición de los miembros de la OPEP de no firmar contratos por más de 1 año, ya que las decisiones de esa organización de aumentar o disminuir la producción afectan esos contratos. Estos cuatro delincuentes desde esa fecha reciben 60.000 dólares diarios, 21 millones 900 mil dólares anuales por ese contrato, robados al pueblo venezolano”, reza el informe.

   Subraya el reporte que este contrato petrolero es más rentable para Reliance que los suscritos con China, puesto que la "K" de descuento de la fórmula de precios siempre favorece a la empresa Reliance, fórmula que se renegocia cada tres meses.

  Con esta negociación y acercamiento con PDVSA, Reliance ha podido permutar productos refinados como gasolina, componentes de gasolina y nafta, los cuales compra en los almacenamientos del Caribe de Estados Unidos y los entrega a Venezuela a cambio de crudo. De esta manera ascendió su exportación hasta un total de 500.000 barriles diarios.

  Para le fecha del reporte, Aires Barreto vivía en Canadá, al tiempo que comparte en la ciudad de Nueva York una oficina de negocios petroleros con Luis Vielma, el fundador de PDVAL, quien también fue vicepresidente de Exploración. Aires Barreto mantiene una estrecha relación con Alejandro Betancourt.

Rosneft

   Para la fecha en que fue redactado el informe, la empresa Rosneft operaba tan sólo seis campos petroleros, pero el gobierno de Nicolás Maduro decidió asignarle el resto de los campos productivos del país.

   Esta empresa vende la producción directamente como parte de pago de un préstamo de USD 1.500 millones que le dio a PDVSA, por los cuales recibió como garantía el 49 por ciento de las acciones de CITGO.

   En lo que para la fecha del informe había transcurrido del año 2019, Rosneft había recibido un promedio de 14 cargamentos de crudo, es decir, USD 700 millones mensuales, USD 7.000 millones en los primeros 10.
  Además, Rosneft ha estructurado un esquema a través del cual burla las sanciones al crear empresas filiales como es el caso de Procerium Energy Pte LTD, con sede en Panamá.

Procerium Energy Pte LTD

  Con sede en Panamá, Procerium Energy Pte LTD es una subsidiaria de Rosneft. Específicamente, opera en la Torre F&F, conocida como El Tornillo.

  Además de comercializar crudo venezolano, Precerium es un instrumento del cual se vale PDVSA para realizar pagos a terceros.

   En pocas palabras, Procerium Energy Pte LTD es un centro de negocios de PDVSA.

   A principios de septiembre, esta empresa llevó un cargamento de 2 millones de barriles de crudo  Merey 16.

Eni Trading & Shiping Spa

  A mediados del mes de octubre, Eni Trading & Shiping Spa transportó un cargamento de un millón de barriles de Merey 16 que iban a ser intercambiados por gasolina.

  La gasolina se lleva a Venezuela y se declara como diésel el cual está exento de sanciones.

Gasolina por diesel

  En razón de lo anterior, Petróleos de Venezuela S.A. giró instrucciones a seguir por todas las empresas que operan bajo este esquema de violación de las sanciones económicas, que declaren como diésel todos los cargamentos de gasolina y nafta que están destinados a Venezuela.

Cambio de Bin of Lading (BOL)

El país emisor del crudo registra internacionalmente el BOL.

  Fernando De Quintal diseñó y organizó un esquema de cambio de BOL de modo tal que los tanqueros petroleros puedan llevar crudo a destinos prohibidos de acuerdo a lo establecido en las sanciones económicas.

   El informe explica que la operación se lleva a cabo a través de un equipo dirigido por Campo Elías Páez, quien compra documentos originales de BOL a Surinam y al Trinidad a un promedio de USD 10 mil por unidad que luego son vendidos a las empresas transportistas de petróleo venezolano hasta un monto de USD 300 mil por BOL. Posteriormente, las empresas entregan el crudo venezolano en las refinerías internacionales con el origen cambiado a Surinam o Trinidad.

Miraflores ordena entrega de crudo

   El informe sostiene que desde el palacio de gobierno de Venezuela se imparten órdenes a PDVSA para que entreguen crudo a empresas acordadas y que este no sea cobrado.

   Esto con el objetivo de que el dinero sea conducido por la vía del esquema Nynas o Tipco a destinos políticos internacionales.

   Es de esta manera como se da cumplimiento de los objetivos políticos como, por ejemplo, los del Foro de Sao Paulo.

   El reporte narra cómo el hijo de Nicolás Maduro, “Nicolacito”, informó al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. que la empresa Tansy Trading enviaría al barco MT Respect desde Ciudad del Cabo, Suráfrica al puerto de Jose, Venezuela,  para  cargar  un tanquero VLCC  con  dos  millones  de  barriles de crudo  Zuata 300  y  Merey   16.

   El hijo del mandatario venezolano informó que Tansy Trading pagaría en diferido en cuenta abierta, lo cual genera reacciones internas entre funcionarios desinformados, quienes exigen el pago total antes de cargar el barco.  La respuesta de Maduro fue contundente, llamando para ordenar que el barco MT Respect se cargara de inmediato y que se olvidaran del pago.

Saqueo del oro venezolano

   El reporte se remite al gobierno de Nicolás Maduro al cual decidió cambiar y estipular que el oro se convertiría en sustituto de  los ingresos petroleros formales. Se indica en el reporte existen muchas formas institucionales y corruptas de extraer el oro que luego es transformado en dinero.

   Uno de los mecanismos establecidos encontrados en aquel momento fue el formalizar su envió a través del Banco Central de Venezuela. Siendo que el destino principal es Turquía, país que paga  con euros en efectivo que son trasladados en bolsas a bases aéreas militares.

    El reporte explica que a través del Banco Central de Venezuela se distribuye este dinero, el cual, una parte va a la banca privada desde donde se pagan facturas del gobierno, una parte en bolívares y una parte en euros en efectivo. Esta es la razón por la cual existe una alta circulación de esa moneda en efectivo en territorio nacional.

   Otro destino del oro en lingotes es Surinam, donde se bancariza el oro en monedas diferentes al dólar.

Citas:



[1] U. S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Officials Aligned with Former President Nicolas Maduro and Involved in Repression and Corruption”. 15 de febrero de 2019.  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm612

[2] El Tiempo Latino. “Vitol: la empresa con oscuros manejos que opera en Petróleos de Venezuela”. 3 de febrero de 2019. http://eltiempolatino.com/news/2019/feb/03/vitol-la-empresa-con-oscuros-manejos-que-opera-en-/

[3] Reuters. “Neste reports best ever quarter as renewables boost Finnish refiner”. 23 de octubre de 2019. https://www.reuters.com/article/us-neste-results/neste-reports-best-ever-quarter-as-renewables-boost-finnish-refiner-idUSKBN1X21KO