martes, 12 de noviembre de 2019

Tenedores de bonos PDVSA 2020 aseguran que la Asamblea Nacional de Venezuela reconoció validez de las notas cuando pagó los intereses en abril de 2019

   La demanda de los representantes de Juan Guaidó ante un tribunal de  NY para que declare la nulidad e ilegalidad de las polémicos instrumentos financieros es considerada por los acusados como un argumento irrelevante porque hay hechos relevantes que prueban todo lo contrario.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Los titulares de los Bonos PDVSA 2020 afirmaron —en una comunicación dirigida a la Corte del Distrito Sur de Nueva York —que los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque "ellos mismos fueron quienes reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de esos instrumentos financieros, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019". 
   La querella interpuesta por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional en la cual solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York declarar los bonos PDVSA nulos e ilegales ha generado una abierta oposición por parte de las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de los bonos PDVSA 2020 que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., el activo más grande del Estado venezolano en el exterior.

    En una comunicación —enviada al jueza Katherine Polk Failla por los abogados de las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC— se informa la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio pero aclaran que están en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento, ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostienen que no son suficientes dos meses para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. Los representantes de Guaidó pidieron declarar nulos e inválidos los referidos instrumentos financieros.

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 


   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

    Los abogados sostienen que los demandantes buscan impedir que los acusados hagan cumplir cualquiera de los derechos de los Titulares de Bonos, incluyendo sus derechos bajo el Acuerdo de Compromiso que aseguró las Notas 2020, al argumentar que los bonos 2020 deben declararse ilegales, nulas e inválidos ab initio "según la ley venezolana aplicable".

   Aseguran que "es muy poco probable que los demandantes tengan los méritos para sus reclamos y que no podrían demostrar que tienen derecho a una orden judicial preliminar".

La legalidad de los Bonos 2020

     La defensa argumenta que la legalidad de las Notas 2020 se basa en en la Ley Sustantiva de Nueva York y no en la ley venezolana, por lo cual el argumento de los representantes de Guaidó de apelar a la ilegalidad bajo las leyes de Venezuela es irrelevante.
   Manifiestan que la negociación de las notas 2020 fue construida en base a un acuerdo gobernado por las leyes del estado de Nueva York, sin ninguna disposición de conflicto de otras leyes, exceptuando la sección 5-1401 de la Ley General de Obligaciones Generales  de NY.

  Afirman que "los contratos que rigen las notas 2020 son exclusivos del estado de Nueva York y tiene conexiones con las leyes de los Estados Unidos y dichos bonos están denominados en dólares estadounidenses, fueron comercializados en EE. UU. y garantizados por una prenda de acciones otorgadas por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware".

   Las acciones que aseguran las Notas 2020 son acciones de CITGO Holding, una corporación de Delaware que es la empresa matriz de CITGO registrada también de Delaware con sede en Texas y con operaciones en muchos estados, incluyendo Nueva York. Todos los pagos de intereses y el capital principal de las Notas 2020 debe hacerse ante un Agente en Nueva York.

  Asimismo, señalan que "el Contrato y el Acuerdo de Compromiso  incluyeron representaciones expresas de PDVSA y de los otros entes demandantes que comprobaron que las Notas 2020 y los otros documentos de transacción fueron debidamente autorizados y representaban obligaciones válidas de los ahora demandantes".

Los demandantes reconocieron la validez de los bonos

  La defensa afirma que los representes de Juan Guaidó reconocieron repetidamente la validez y aplicabilidad de las Notas 2020, cuando, entre otras acciones, realizaron los pagos de intereses que vencieron en abril de 2019 (que ciertos miembros del gobierno venezolano alineados con Guaidó declararon que se estaba haciendo "bajo protesta").

   En el documento entregado a la corte, los abogados de los titulares de los bonos sostienen que las acusaciones de los representantes de Guaidó de que las Notas 2020 y la promesa asociada a las mismas fueron impropias bajo La ley venezolana, ya que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela pero "este argumento  es contrario a la coherencia práctica histórica y actual", acotan. 

A nuestro entender, PDVSA ha incurrido reiteradamente en deudas a lo largo de muchos años sin buscar u obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, incluso, al emitir las notas anteriores con vencimiento en 2017 por las cuales se intercambiaron las Notas 2020. También entendemos que Las subsidiarias de PDVSA tienen activos comprometidos de manera similar (incluidos los activos de CITGO) sin dicha aprobación.

  Argumentan que no se debe permitir que los demandantes impidan a los acusados ​​obtener un descubrimiento sobre estos y otros asuntos relevantes. 

  Explica que los representantes de Guaidó ​​no creen que el descubrimiento para el juicio deba ser extenso y que debe basarse exclusivamente en la información que actualmente tienen disponible. No obstante, los acusados ​​creen que el descubrimiento debe ser apropiado sobre, entre otros temas: 

(a) las circunstancias del intercambio de Notas de 2016
(b) las emisiones anteriores de deuda y otras transacciones por PDVSA, incluidas las promesas de activos de CITGO y las acciones de sus empresas madres, y si al entrar en esas transacciones los demandantes buscaron o recibieron Aprobación de la Asamblea Nacional; y, 
(c) conexiones entre los Bonos 2020 y las transacciones de intercambio en Nueva York (u otras jurisdicciones de EE. UU.). 

  "Creemos que este descubrimiento puede completarse (asumiendo una cooperación razonable y de buena fe por todas las partes) dentro de aproximadamente tres meses", añaden.

   La defensa considera que con un cronograma de seis meses para el descubrimiento de hechos, exposiciones de expertos y argumentos sobre mociones de juicio sumario, "el litigio no estaría completado para el 22 de enero de 2020", que es la fecha de vigencia de la Licencia General 5A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde se protege las acciones de CITGO. 

  Manifiestan su rechazo a la decisión de los demandantes de retrasar el inicio de la querella hasta finales de octubre de 2019 —después de que ya se había producido un impago predeterminado de aproximadamente $ 913.5 millones—porque los demandantes no pueden afirmar que fue sólo ahora se dieron cuenta de sus afirmaciones.

  En este punto traen a colación que los demandantes, han alegado que han estado al tanto de sus reclamos por años. De hecho —advierten "el mismo asesor de la administración de Juan Guaidó admitió que los querellantes decidieron no iniciar un litigio cuando PDVSA realizó el pago de intereses más reciente en abril 2019 porque creían que era una ventaja esperar".
Tweet del Dr. Ricardo Hausman(15 de octubre de 2019, 8:13 a.m.)

   Los abogados de los titulares de los bonos afirman que "las limitaciones de tiempo impuestas por la decisión de los demandantes de esperar para llevar este caso hasta finales de octubre, no puede justificar la privación de los acusados ​​de una oportunidad plena y justa para litigar la querella".

   En este caso, Petróleos de Venezuela S.A y PDVSA Petróleos S.A están representados por los abogados James Robert Bliss, James B. Worthington y Kurt Wayne Hansson; PDV Holding Inc. por Jeffrey B. Korn y Tariq Mundiya.

  Los representantes legales de los acusados son: Luke Sobota, Kimberly Larkin, Jonathan H. Hurwitz y Walter Rieman. 

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