domingo, 20 de octubre de 2019

Gobierno consideró expropiar activos de Repsol en represalia a la posición crítica de Rajoy frente a Maduro

Eulogio Del Pino planteó terminar las relaciones comerciales que Venezuela y España mantienen a través de las empresas mixtas con PDVSA y las licencias de explotación de gas, en razón de las presiones y críticas que desde el gobierno de Mariano Rajoy se ejercieron frente a la administración de Nicolás Maduro.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Nicolás Maduro consideró expropiar activos de la empresa española Repsol y excluirla de los negocios que mantenía con Petróleos de Venezuela como represalia por la posición crítica que la administración de Mariano Rajoy mantuvo frente al con el gobierno venezolano.

Tal posibilidad se planteó en un punto de cuenta que el entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, presentó a Maduro a mediados del año 2015.

La gestión del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, frente a Venezuela, se caracterizó por la severa crítica ante el carácter autoritario del gobierno de Maduro, por la falta de división de los poderes públicos y las políticas implementadas por chavismo en contra del pueblo y en detrimento de la democracia.

El punto de cuenta

Un punto de cuenta fechado el 5 de mayo de 2015, dirigido por el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. para fecha, Eulogio Del Pino, al presidente de la república, daba cuenta a Nicolás Maduro de la evaluación estratégica del posicionamiento de la empresa petrolera española Repsol en Venezuela.
En el documento se refiere que Repsol está conformada mayoritariamente por capital privado español, siendo sus principales accionistas el Banco Catalán La Caixa (con el 11,59 por ciento) y la empresa de construcción civil española SACYR (con el 8,89 por ciento). Entre sus accionistas minoritarios se cuenta la empresa mexicana PEMEX (5 por ciento), mientras que resto de las acciones se cotiza mayoritariamente en los mercados de valores, especialmente el español. Entretanto, el estado español posee una acción dorada que le permite confirmar al presidente de la empresa —sin su aprobación no se puede nombrar— siendo que desde el año 2004, su presidente ha sido Antonio Brufau, quién viene de trabajar en La Caixa y se ha mantenido en su cargo tanto en gobiernos del PSOE como del Partido Popular, esto en razón de su cercanía con la monarquía española a quién continuamente hace favores y acompaña en visitas oficiales.

     Se refirió que la producción de petróleo media de Repsol en 2014 fue de 354.500 barriles diarios, la cual disminuyó después que el 16 de abril del 2012 la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó la producción que esta empresa tenía en el país suramericano y que representaba una producción equivalente a unos 300.000 barriles por día, con lo cual su patrimonio se redujo prácticamente a la mitad. La nacionalización se fundamentó en la desinversión que Repsol adelantó en Argentina, al punto de tener que importar hidrocarburos por primera vez en mucho tiempo.

      En 2013, la empresa llegó a un acuerdo de compensación con el gobierno argentino por USD 5.000 millones que junto a la venta de sus activos en la planta de Gas Natural Licuado en Trinidad y Tobago, les hizo reunir una cantidad de efectivo que los llevó a comprar a mediados de 2014 la empresa canadiense Talismán por USD 12.000 millones, convirtiéndose esta en su primer activo a nivel mundial.

     En Venezuela Repsol es propietaria de cinco negocios petroleros y gasíferos, de los cuales 4 son en sociedad con PDVSA, a saber, la Empresa Mixta Petroquiriquire (60 por ciento PDVSA y 40 por ciento Repsol) con una producción para la fecha de 50 mil barriles diarios; la Empresa Mixta Petrocarabobo (71 por ciento PDVSA, 11 por ciento Repsol, 18 por ciento empresas indias) con una producción diaria de 15 mil barriles; la Licencia de Gas Cardón IV (49,5 por ciento Repsol, 49,5 por ciento la italiana ENI, 1 por ciento PDVSA) con una producción a final de año 450 millones de pies cúbicos por día; la  Licencia de Gas Quiriquire Gas (40 por ciento PDVSA, 60 por ciento Repsol) con una producción de 200 millones de pies cúbicos por día; la Licencia de Gas Yucal Placer (69,5 por ciento la francesa TOTAL, 15 por ciento Repsol, 10,2 por ciento de la venezolana privada Inepetrol, 5,3 por ciento de la venezolana OTEPI) con una producción de 185 millones de pies cúbicos por día.

Los negocios de Repsol en Venezuela

     Las inversiones de Repsol en Venezuela hasta el 2014 tenían un valor de unos USD 1.920 millones, teniéndose para ese entonces planes de inversión por aproximadamente USD 5.031 millones, que ubicarían los negocios de la empresa española en el país en unos USD 2.813 millones. Además, Repsol tenía dividendos y ganancias retenidas en los distintos negocios por un monto de USD 854 millones.

      Se advirtió en el punto de cuenta que en caso de una disputa legal, si se reconocieran sólo las inversiones realizadas y dividendos por pagar, a Repsol había que compensarla por unos USD 2.420 millones. En caso de un reclamo en tribunales arbitrales, Repsol podría reclamar el valor futuro del negocio más las ganancias retenidas, uno monto que podía estimarse en unos USD 3.700 millones.

     En Venezuela Repsol poseía dos de sus principales activos a nivel mundial: Petrocarabobo con 11 por ciento uno de los mejores campos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, con una producción estimada en 400 mil barriles diarios en 4 años siguientes a la fecha del punto de cuenta y que, para el momento, exhibía una producción temprana de 15.000 barriles por día. El otro activo era el Campo Cardón IV considerado el mayor descubrimiento de gas costa afuera en Venezuela, el cual permitiría producir hasta 1.200 millones de pies cúbicos en los siguientes tres años, exhibiendo para la fecha una producción de 450 millones de pies cúbicos por día.

      Estratégicamente, esta era la inversión más importante del país, puesto que permitiría incorporar una cantidad de gas que balancearía el Sistema Nacional de Producción de Gas para la Generación Termoeléctrica y la Petroquímica que en el occidente del país depende de la producción de este gas. Al momento de emitir el punto de cuenta el proyecto se encontraba a medio camino con una producción inicial de 450 millones de pies cúbicos para ese 2015 a final del mes de junio, el cual se había realizado con una inversión totalmente a cargo de ENI (50 por ciento) y Repsol (50 por ciento), en virtud de que PDVSA no había participado por la necesidad de usar los recursos para cumplir con obligaciones con el estado.

     Se alertó que en caso de que se produjera una expropiación de activos de Repsol en Venezuela, el mayor riesgo sería asumir las inversiones remanentes de este proyecto que es crítico para el balance de gas del país, mientras que el resto de los proyectos podrían ser asumidos por PDVSA con posible impacto en el ritmo de avance de la producción al requerir mayor demanda del flujo de caja que le sería requerido a la estatal venezolana.

    Se indica que una vez asumida la expropiación habría posibilidades de encontrar socios que asumieran la participación expropiada a Repsol, pero con un potencial menor valor de negociación por el incremento de riesgo financiero que sería percibido.

     En el punto de cuenta se hace referencia a la situación reinante para ese momento, la cual estaba “caracterizada por una política sistemática de agresividad hacia el gobierno nacional por parte de miembros del gobierno y organizaciones del estamento político español, así como figuras destacadas de partidos y otras organizaciones no gubernamentales de España”, por lo cual lo mejor era buscar una salida de carácter político que harían “cesar las tensiones derivadas, o de naturaleza corporativa, a efectos de liquidar las participaciones de REPSOL en negocios de hidrocarburos en el país mediante la venta por parte de esta de sus acciones en Empresas Mixtas y Licencias de Gas, ya sea a PDVSA y a otras empresas aceptables para el Estado Venezolano”, sin que esto significara excluir otras opciones que Venezuela pudiera activar en protección de sus intereses.

Las opciones planteadas

Dado el panorama planteado, en el punto de cuenta que Eulogio Del Pino presentó a Nicolás Maduro, las opciones que podían considerarse eran:     

— Intervenir a Repsol: Esta alternativa se planteó en virtud de la influencia de Antonio Brufau ante el gobierno español, intervenir a Repsol y condicionar la continuidad de las inversiones de esa empresa en Venezuela al cese de las agresiones y amenazas de la administración española y sus representantes directos e indirectos hacia el gobierno de venezolano.

— Comprar la participación de Repsol en las Empresas Mixtas y Licencias de Gas: En este caso la opción planteada era acordar la compra de las acciones clase B de la empresa española en las empresas mixtas y participaciones en Licencias de Gas por parte de PDVSA. La estatal venezolana podría diluir luego su participación a través de la venta de un porcentaje de las acciones adquiridas a otra empresa internacional con capacidad de sostener el ritmo de las inversiones. Otra alternativa era colocar dichas acciones en la constitución de un Fondo de Inversiones u otros esquemas de financiamiento que permitieran recuperar el capital invertido con una rentabilidad.

— Permitir a Repsol transferir sus acciones a una empresa aceptable para el gobierno Venezolano: Si bien este mecanismo está planteado en los contratos de empresas mixtas, en este caso PDVSA desistiría de ejercer su derecho de preferencia en la compra de las acciones. Entonces, el Ministerio de Petróleo y Minería procedería a aprobar previamente y por escrito la empresa a la cual Repsol propondría hacer la transferencia de acciones.

— Revocatoria de Licencias de Gas y del derecho de ejercer las actividades primarias de la empresa mixta: esta alternativa consistía en invocar el derecho del gobierno venezolano de revocar los derechos a ejercer las actividades primarias que se le otorgan a una empresa mixta a través de un Decreto de Transferencia que se aplique si la empresa socia no cumpliera con el Plan de Desarrollo y Compromiso de Responsabilidad Social y demás términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Acuerdo de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo Nacional también tiene la potestad de revocar —a través del MPPPM— una Licencia de Gas en caso de incumplimiento del Plan de Desarrollo o de otras condiciones de la licencia.

Concluye el documento indicando que si se revocara el derecho de ejercer actividades primarias de una Empresa Mixta o la Licencia de una Licenciataria de Gas, la Empresa Mixta o Licenciataria quedaría imposibilitada de cumplir su objeto, lo cual pudiera conducir a una salida negociada con Repsol.

Si la salida negociada no fuera factible en el corto plazo, se llevaría a cabo al inicio de uno o más arbitrajes por parte de Repsol contra Venezuela.


sábado, 19 de octubre de 2019

CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro

Entre los funcionarios del régimen venezolano que se beneficiaron del esquema de corrupción está la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, cuando ocupaba el cargo de canciller en 2017.

Por Maibort Petit

El régimen de Nicolás Maduro utilizó dinero proveniente de CITGO y PDV USA, Inc para pagar los costes de sus actividades políticas en territorio norteamericano, usando empresas de fachada. Esta nota explica cómo Caribbean Style, Inc prestó su nombre para que la filial de PDVSA en Estados Unidos pudiese pagar los viajes y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana.
Durante los años 2014 al 2017 se ejecutó un esquema de corrupción que involucró a la mencionada empresa intermediaria (Caribbean Style, Inc.) entre otras firmas, para ocultar el patrocinio de CITGO. a las actividades políticas del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Entre los personajes que protagonizan estas irregularidades destacan las personas claves de la administración de Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del Estado en diciembre 2018), José Pereira y Gustavo Cárdenas, en colusión con otros empleados de CITGO que se prestaron para encubrir el delito y darle apariencia lícita. 
Los récords señalan que Caribbean Style, Inc. es una corporación registrada en Texas el 2 de noviembre de 2001 por Modesto Lucas Díaz y William Yee. 

Desde agosto de 2014 hasta noviembre de 2017, José Pereira y Gustavo Cárdenas, dos altos directivos de CITGO, aprobaron pagos a Caribbean Style, Inc. por un total de USD 6,047,507.18. 

La trama de corrupción

El esquema fraudulento ejecutado por la gerencia de CITGO para financiar propaganda política y otros gastos en los que incurrieron los funcionarios del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluyó el uso de PDV USA, Inc., una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, TX, y Caribbean Style, Inc. una entidad intermediaria como fachada para poder proporcionar servicios de logística al personal del consulado venezolano y representantes diplomáticos venezolanos en las Naciones Unidas en Nueva York. 

Una de las comunicaciones, correspondiente a enero 2017, identificada como Proyecto: Apoyo logístico de PDVSA VP Asuntos Internacionales y Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez da cuenta de la aprobación de USD. 200.000,00. para pagar los gastos de los viajes de la actual vicepresidente a Nueva York.

En la descripción de la solicitud hecha a PDV USA, Inc., dice que los fondos son para la logística y los gastos de viaje  la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales de PDVSA y Cancillería de Venezuela, Delcy Rodríguez y otros diplomáticos en su visita a la ciudad de Nueva York y otras de los Estados Unidos con objetivos de negocios por USD. 200,000.

El soporte logístico para los gastos de viaje de Delcy Rodríguez fue solicitado por Rafael Gómez, y aprobado por Gustavo Cárdenas de la Oficina de Soporte Ejecutivo de la Presidencia, la requisición aparece firmada por Daniel Addison del departamento legal, y Kate O'Brien y Gina Coon de Tesorería. La transacción fue aprobada por José Pereira el 22 de mayo de 2017.
La cantidad de $200,000 fueron transferido por una tarjeta de crédito (purchasing card) para el uso de Delcy Rodríguez, el detalle de los gastos incurridos no fue reportado.

Aviso en The New York Times

Los costos descritos en las facturas de Caribbean Style, Inc. a CITGO, incluyeron gastos de viaje, alojamiento, transporte, recepciones políticas, entradas a conciertos, exposiciones, anuncios políticos en periódicos locales. Por ejemplo, un anuncio de una página completa en el periódico New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" por un costo de USD 210,244.
EL 10 de abril de 2015, José Pereira envió un correo a Claudia R. Thomas, Richard López, Patricia Milano, Gustavo Cárdenas y Gina Coon en el cual se ordenaba que se procediera a pagar la factura del aviso del periódico The New York Times.


 Aquí pueden ver la factura que la empresa de Modesto Díaz presentó a PDV USA Inc. para justificar el pago del aviso publicado por el régimen de Nicolás Maduro en el The New York Times.


En aquí está la solicitud de pago de PDV USA, Inc a favor de Caribbean Style, Inc.



Violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero

El  esquema de corrupción expuesto deja claro que los gastos de viajes a funcionarios de un gobierno extranjero y los correspondientes a la propaganda de los régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no se corresponden con los costos operativos normales para mantener las refinerías de CITGO en los Estados Unidos. 

Estas transacciones y los funcionarios que las ejecutaron explica un experto interno que fue consultado en condición de anonimato podrían estar involucrados con prácticas corruptas y violaciones de otras leyes federales como conspiración, lavado de dinero, comercio interestatal y extranjero a través de un patrón de actividad de crimen organizado, más comúnmente conocido como ley RICO en los Estados Unidos (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act conspiracy), en español Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, y la ley FCPA de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. 


Nelson Martínez y José Pereira leales al régimen

Las transacciones de CITGO a través de PDV Holding, Inc. fueron manejadas —confidencialmente por un grupo de empleados leales a Nelson Martínez y José Pereira, según revelan los documentos revisados y confirmados por las fuentes consultadas para esta nota.

Las evidencias prueban que los empleados de CITGO y funcionarios del gobierno venezolano utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos, los activos y recursos de CITGO, y los ingresos de provenientes de las ventas de petróleo venezolano para financiar propaganda política y otros gastos de oficiales del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. 

Entre los empleados que incurrieron en las irregularidades se encuentrán: Rafael Gómez, Gustavo Cárdenas, Claudia Thomas, Gina Coon (Tesorera) y otros funcionarios de CITGO, ciudadanos venezolanos y estadounidenses, quienes autorizaron y procesaron las transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc. para encubrir los pagos de la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez y otros altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro.

Las normas corporativas de CITGO también fueron violadas por los empleados de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos que estuvieron a cargo de coordinar la publicación de propaganda política del régimen de Venezuela en periódicos como The New York Times.

Expertos legales consultados señalan que los mencionados funcionarios  aprobaron y diligenciaron las transferencias con pleno conocimiento y sin realizar la debida diligencia, entre quienes destacan el CEO de CITGO para la época, Nelson Martínez, presidente encargado de CITGO, José Pereira; VP de relaciones estratégicas con los accionistas, Gustavo Cárdenas y empleados actuales de CITGO que coludieron para seleccionar, aprobar y procesar transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc.

Las solicitudes de pago fueron procesadas por Claudia Thomas, ciudadana venezolana y empleada de CITGO quien gestionó y procesó de manera confidencial las transacciones de CITGO y PDV USA, Inc. con Caribbean Style, Inc. desde las oficinas de CITGO en Houston, TX. Otros gerentes de los departamentos de Tesorería y Legal de CITGO, no aplicaron procedimientos de revisión y controles anticorrupción para evaluar las transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc. 

Luego que Nelson Martínez fue transferido a Venezuela para ejercer como Ministro de Petróleo, continuó solicitando y aprobando gastos para publicaciones y eventos políticos financiados por CITGO, "lo cual es una violación al velo corporativo que debe existir entre CITGO y su accionista", acota nuestra fuente.

Caribbean Style, Inc. y las irregularidades de CITGO


La empresa de fachada, Caribbean Style, Inc. es una entidad registrada por Modesto Lucas Díaz, un ciudadano de República Dominicana que estaba residenciado en Houston, porque su padre fue Cónsul de RD en Houston, Texas. Luego del fallecimiento de Modesto Díaz Montaño (padre), la hermana del dueño de Caribbean Style, Inc., Ana María Díaz lo reemplazó en el cargo diplomático. 
Modesto Díaz (hijo) tuvo un cargo en el Consulado dominicano en el área de Relaciones Públicas. Actualmente, Modesto Díaz vive en Santo Domingo a donde se mudó desde hace 2 años aproximadamente.

Una fuente interna asegura que Modesto Díaz fue un hombre cercano a Alejandro Granado cuando éste era presidente de CITGO y a Rafael Gómez cuando ocupaba el cargo de Vicepresidente de Asuntos Públicos de la corporación.

La relación entre Modesto Díaz con CITGO está vinculada con Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Rafael Ramírez, Alejandro Granado y otros empleados del alto y medio nivel.

Fuentes señalan que Mariela Guzmán (Eventos Especiales CITGO) y su esposo, (quien fue asistente personal de Alejandro Granado cuando era CEO de CITGO), se beneficiaron financieramente de la empresa de Modesto Díaz.

Un informante interno nos señaló que tanto "Granado como Rafael Gómez usaron a Díaz  al máximo, y que fue en ese período en que la empresa de Modesto Díaz empezó a ser usada como fachada en CITGO".  Asegura que "hubo una época en que Granado llevó a Daniel Cortez a CITGO y posteriormente fue reemplazó a Gómez, quien recuperó su cargo años después".

Quienes trabajaron en CITGO para ese tiempo, sostienen que Modesto Díaz adulaba y complacía a Granado.

Asimismo señalaron que un familiar cercano a Mariela Guzmán trabajaba en el Palacio de Miraflores y "ella manejaba directamente la cuenta de Modesto Díaz en CITGO". 

Como parte del esquema, la gerencia de CITGO y los empleados facilitadores del proceso, utilizaron a Caribbean Style, Inc. como entidad intermediaria con el objetivo de ocultar la participación directa de CITGO en estas transacciones y poder facilitar los pagos de propaganda del régimen en periódicos estadounidenses y otros gastos de políticos venezolanos en Estados Unidos.

El Balance 

Del 2014 a 2017, Caribbean Style, Inc. emitió 28 facturas por un total de USD 6,047,507.18 procesadas y pagadas por empleados de CITGO en Houston, TX a través de las cuentas de PDV USA, Inc. Los montos de pago oscilaron entre USD 120,000 y USD 925,000, según las facturas, incluyen una comisión del 20% para Caribbean Style, Inc. 

Gina Coon, Tesorera de CITGO, realizó transferencias bancarias directas a las cuentas bancarias de Caribbean Style, Inc. en IBERIA Bank y Bank of America; Dirección del BofA: 11288 Wertheimer Rd. Houston, TX 77042. La dirección comercial que aparece en las facturas de Caribbean Style, Inc. es 1929 Johnson Street, un apartamento residencial en Houston, TX.


Las transacciones y pagos de CITGO a Caribbean Style, Inc. finalizaron en noviembre de 2017, el mismo mes en que José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas y otros directores de CITGO fueron arrestados en Venezuela por cargos de corrupción, conspiración y malversación de fondos, el estado legal actual de Caribbean Style, Inc. es inactivo. 

Fuentes de CITGO señalan que la actual junta directiva y los costosos bufetes de abogados externos continúan ocultando los resultados de las investigaciones internas y amenazan a empleados honestos que han reportado transacciones fraudulentas. 

Asimismo, señalan que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente Interino por más de 50 países, Juan Guaidó continúa protegiendo algunos directores y gerentes como Glenn Hilman y muchos otros en varias áreas de la corporación que apoyaron la conducta fraudulenta de la gerencia anterior.

En la próxima entrega les contaré cómo el esquema de corrupción descrito con la empresa de fachada Caribbean Style se repitió con otras empresas que aún  siguen recibiendo beneficios. 

Seguiremos denunciando...

El periodismo de Investigación no tiene colores políticos. Tiene la misión de informar sobre las irregularidades que se cometen con el dinero público, denunciar a los funcionarios del gobierno y sus asociados, empresarios vinculados y familiares que aprovechan las posiciones de poder para enriquecerse. No callaremos nuestras denuncias documentadas contra los que ejercen el poder y los que aspiran conducir el Estado venezolanos y las empresas estatales. 

El periodismo de investigación busca aportar evidencias para contribuir a la transparencia democrática. Es por ello que el poder busca silenciarlo, y por ello acosa, persigue, desaparece e intenta corromper a los periodistas que lo ejercen. 








viernes, 18 de octubre de 2019

Exigen a PDVSA que pague a todos sus trabajadores la Bonificación Especial cancelada por Petrozamora a su personal

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Bloque Sindical Zulia-Trujillo exigió a las autoridades de Petróleos de Venezuela, el pago inmediato a todos los trabajadores de PDVSA, sus empresas mixtas y filiales, de la Bonificación Especial que Petrozamora pagó a sus empleados. 
"Ese beneficio debe darse a todos los trabajadores sin distinción de nómina", dice los representantes sindicales en una comunicación con fecha 17 de octubre de 2019.

En la comunicación, se explica la situación de Bonificación Especial cancelado a la Fuerza Laboral de la Empresa Mixta Petrozamora y describe los detalles de una  reunión celebrada en Maracaibo, en la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la División Occidental de PDVSA.

En en encuentro, el representante de los Sindicatos de SIBOTIPPECOL, Ruben Borjas manifestó que la inconformidad sobre el pago realizado como Bonificación Especial a los trabajadores de Petrozamora y exigió que éste mismo pago sea aprobado para todos los trabajadores de PDVSA y sus empresas mixtas y filiales.

El Director Ejecutivo, José Luis Araujo sostuvo que su mayor compromiso es con los trabajadores que actualmente están dando lo mejor de sí por la industria.

Araujo señaló que no está de acuerdo que "un grupo de trabajadores sea beneficiado de una bonificación, por el contrario debería ser para todos los trabajadores, sin distinción de nómina" y advirtió que "se realizará una investigación del procedimiento aplicado para extenderlo a todos los trabajadores, siempre y cuando aplique y con la autorización corporativa [PDVSA]".

De igual forma, pidieron que debe "establecerse que todo beneficio, bien sea en bonificación o a través de productos alimenticios, sean distribuidos de manera equitativa apegados los principios de igualdad establecidos en la LOTTT y en la C.C.T.O vigente".

La dirigencia sindical dijo estar "alerta sobre el conflicto que se está generando entre los trabajadores de las distintas áreas". De igual forma establecen que, "existe una discriminación clara por las acciones realizadas por al empresa Petrozamora".

Sandra Federativo de FUTPY manifestó que "no están opuestos a que se les haya cancelado el beneficio mencionado a los trabajadores de Petrozamora pero que "este beneficio se debe extender a toda la fuerza laboral de PDVSA, ya que estos trabajadores padecen de muchas dificultades para sustentar su núcleo familiar, de igual forma esta situación está creando confrontación entre los mismos trabajadores".

En la comunicación se lee que "el Estado garantizará a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como referencia el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y procedimiento".


El hermano del presidente de Honduras es declarado culpable por delitos de narcotráfico por un jurado en NY

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 

Un jurado de nueve mujeres y tres hombres emitió este viernes un veredicto de culpabilidad contra Juan Antonio "Tony" Hernández, ex-diputado hondureño y el hermano del presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por el gobierno de Estados Unidos  por delitos de tráfico de drogas, posesión de armas de fuego para operar sus negocios de narcotráfico y por haber mentido a las autoridades estadounidenses.

  Juan Antonio 'Tony' Hernández escuchó el veredicto, que lo llevará a permanecer tras las rejas por décadas, sin mostrar grandes emociones. Cerró los ojos rápidamente, se acomodó su traje negro, luego le dió la mano a su abogado Michael Tein. De inmediato se volteó y miró a su madre que estaba sentada en la segunda banca de la sala, le sonrió y luego miró intensamente al juez Kevin Castel quien -desde lo alto -observaba al jurado y al resto de los presentes en la sala 11D del tribunal del bajo Manhattan.

   Hernández será sentenciado el 17 de enero de 2020. Enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 30 años de cárcel y una condena máxima de cadena perpetua.

  Después de haber culminado la audiencia, un nutrido grupo de ciudadanos hondureños se apostaron a las afueras de la corte federal ubicada en el 500 Pearl Street de Nueva York. Estaban exaltados, portaban pancartas y gritaban que querían la extradición y enjuiciamiento del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. 

   El abogado defensor de Hernández, Michael Tein dijo que aunque respetaban el juez y el veredicto del jurado, consideraba que el resultado del mismo no era consistente con los hechos. Ratificó que su cliente es inocente y que las evidencias no fueron contundentes. Anunció que luego de la sentencia seguirán la batalla legal con un recurso de apelación.

    El otro defensor, Omar Malone, confirmó que el veredicto sería llevado apelación en nombre de Hernández y anunció que la batalla legal "continuaría". 

   El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández salió a relucir como co conspirador en este caso de narcotráfico. Los fiscales sostienen que Tony Hernández y el mandatario hondureño recibieron dinero del narcotráfico para ampliar su poder político y que convirtieron a Honduras en un Estado patrocinado por los carteles de la droga.

  El presidente Hernández ha negado todos los señalamientos hechos en su contra señalando que es víctima de una venganza de los narcotraficantes hondureños a quienes su gobierno buscaba extraditar. 

    Los fiscales estadounidenses aclararon que ninguno de los cinco  testigos cooperantes que testificaron en el juicio fueron extraditados por el mandatario, ya que  tres de ellos se había entregado voluntariamente a la justicia y dos fueron extraditados por las autoridades de Guatemala.

  Una vez se conoció el veredicto, el jefe de Estado hondureño colgó un tweet en su cuenta en el que asegura: "En nombre de mi familia, y personalmente, recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York". 

    El mandatario rechazó "en nombre del Gobierno de Honduras y de sus instituciones se rechaza cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo".

   Asimismo señaló: "¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos, y argumentos que varios de estos testigos no fueron extraditados por Honduras si Estados Unidos nunca los pidió en extradición?.

  Hernández también dijo a través de su cuenta Twitter que respetaría el debido proceso en los tribunales de justicia de Estados Unidos. "Nadie puede estar por encima de la ley, caiga quien caiga" haciendo referencia al caso de su hermano Tony Hernández.
      
     El mandatario dijo que el veredicto de su hermano no es un contra el Estado de Honduras y que es increíble la capacidad de los criminales que fueron a testificar en el juicio mintieran descaradamente. "En lugar de armas y proyectiles ahora intentan usar sus mentiras contra los que tomaron acciones en contra de los narcotraficantes".

   Los fiscales del gobierno norteamericano basaron el caso de Hernández en 5 evidencias duras y cinco testimonios de testigos cooperantes, entre los cuales se destacó el de narcotraficante Leonel David Rivera Maradiaga, ex líder del cártel de los Cachiros quien se entregó a las autoridades norteamericanas y colaboró con la DEA registrando reuniones en audio y video de los investigados, entre quienes se encontraba el convicto Tony Hernández. 

   La fiscalía sostuvo que Tony Hernández y sus asociados traficaron desde Honduras a los Estados Unidos más de 200 mil kilos de cocaína que fueron enviadas desde Colombia, vía Venezuela, hasta Honduras para luego pasarlas con ayuda de la policía y los militares hondureños a la frontera de Guatemala, de allí a México para luego ser introducida al territorio norteamericano.

   La fiscalía sostuvo que Tony Hernández y su hermano presidente, junto a otros conspiradores voltearon el gobierno de Honduras contra el pueblo y lo utilizaron para el tráfico de drogas patrocinado por el Estado. Este argumento del fiscal Emil Bove durante el cierre del juicio generó que el gobierno de Honduras emitiera una nota  una nota diplomática al gobierno estadounidense donde se quejó de que la Fiscalía neoyorquina se refiera a ese país centroamericano como un narcoestado. 


jueves, 17 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Las contradicciones del caso (II)

En la trama que por el control de CITGO Petroleum Corporation mantienen en diversos escenarios entidades con diversos intereses, surgen una serie de elementos y contradicciones que hacen cada vez más difícil vislumbrar cuál será finalmente el futuro del activo más valioso de Venezuela en territorio extranjero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El futuro de CITGO Petroleum Corporation se debate en diversos escenarios, jurídicos y políticos, uno de ellos los tribunales federales de los Estados Unidos, donde las decisiones que se adopten finalmente serán determinantes para establecer en manos de quién quedará el activo de mayor valor del estado venezolano en el extranjero.
En toda esta trama en la que intervienen dos gobiernos de una misma nación, empresas y acreedores que reclaman el pago de deudas contraídas por Venezuela o que son consecuencia de la medida de expropiación que en 2011 dictó el entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez Frías, contra Crystallex International Corp., minera canadiense que estaba al frente —desde 2002— del proyecto Las Cristinas.

Particularmente un accionar ha tenido especial repercusión, el del Procurador Especial designado por el gobierno interino de Venezuela a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a saber, José Ignacio Hernández, acusado desde las instancias oficialistas de traición a la patria y de haber actuado en favor de los intereses de la minera canadiense en lugar de los de la república de la que ahora es defensor.

El papel del procurador de Guaidó

José Ignacio Hernández ha jugado un papel fundamental en este asunto al ser quien ahora defiende los intereses de Venezuela y es reconocido como tal por el gobierno de Estados Unidos, pues aparte de este papel que ahora desempeña, declaró como testigo experto convocado por Crystallex en 2017, es decir, poco más de un año previo a su nombramiento como representante legal de la nación.

Ante la corte el entonces testigo experto contratado por Crystallex refirió que el gobierno venezolano había utilizado a CITGO como una herramienta política, una declaración que sustentó la tesis planteada por los abogados de la minera canadiense ante el tribunal para determinar que la filial de PDVSA en los Estados Unidos es un “alter ego” del gobierno venezolano y, por tanto, puede usarse para resarcir a Crystallex en el litigio con Venezuela.

Hernández fue contratado por la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP que representaba a Crystallex para que, en calidad de experto, proporcionara un informe en relación con la moción de la minera para una orden judicial preliminar contra PDV Holding Inc.

El procurador designado por Guaidó sostuvo frente al juez que era de su conocimiento que "esa moción era parte de una disputa más amplia en la que Crystallex alegaba que PDVH, Petróleos de Venezuela S.A. y Citgo Holding Inc. ejecutaron una serie de transacciones en un intento de obstaculizar y retrasar a los acreedores como Crystallex.

¿Qué declaró Hernández ante la Corte?

Pero veamos en detalle lo expresado por Hernández ante la Corte Federal de los Estados Unidos.

Un documento público del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware relacionado con el caso N° 15-1082-LPS —Crystallex International Corp. (demandante) contra PDV Holding Inc. y Petróleos de Venezuela S.A. (demandados)— en el que José Ignacio Hernández intervino el 10 de abril de 2017 como Testigo Experto convocado por la empresa minera canadiense, establece que este declaró bajo pena de perjurio que, en materia de derecho, PDVSA es un brazo del gobierno venezolano.
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Hernández refirió que en el contexto de la disputa entre Crystallex, PDV Holding Inc. y PDVSA se le solicitó su opinión sobre la relación entre la empresa petrolera venezolana y la República Bolivariana de Venezuela bajo los parámetros de la ley venezolana, específicamente se le pidió su consideración acerca de si PDVSA opera como una entidad separada del gobierno venezolano. Explicó que para emitir su criterio revisó la constitución venezolana, los actos jurídicos, los documentos oficiales del gobierno, las decisiones de los tribunales y las opiniones de los académicos sobre la relación entre ambos.

Comenzó su exposición haciendo referencia a que PDVSA fue creada a raíz de la nacionalización de la industria petrolera ocurrida en 1975, como empresa propiedad del estado venezolano. La Ley Orgánica que Reserva la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización, entró en vigencia en 1976 y establecía que todas las actividades de hidrocarburos, incluido el petróleo, estaban reservadas al Estado y en consecuencia, sólo a este —el Estado— se le permitió realizar tales actividades.

Hernández refirió que en razón del artículo 6 de la Ley de nacionalización, se estipulaba que el Ejecutivo nacional estaba a cargo de la gestión y el funcionamiento de las actividades reservadas a través de empresas estatales, las cuales se rigen por la citada ley y sus reglamentos, por sus propios estatutos, por los reglamentos del Ejecutivo nacional y por el Derecho privado.

Citó el informe de la "Comisión Presidencial para la Inversión del Petróleo" el cual (1974) concluyó que "[para] conducir la industria petrolera nacionalizada y ajustarla al interés más alto del país, es necesario crear la Administración Nacional del petróleo”.

Esta Administración Nacional de Petróleo, según lo expuesto por José Ignacio Hernández ante la Corte del Distrito de Delaware, se concibió como un grupo de empresas estatales con autonomía técnica en la ejecución de operaciones petroleras, pero bajo el control total del Gobierno Nacional. “Por lo tanto, mientras que todas las empresas estatales están bajo el ‘control de tutela’ del Gobierno Nacional, el control del Ejecutivo sobre PDVSA es único y más directo. PDVSA es considerada una empresa estatal de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP). Según el LOAP, aunque PDVSA tiene su propia personalidad jurídica, sus actividades están controladas por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Hernández refirió que la Ley de Nacionalización de 1975 fue derogada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, y luego reformada en 2006, estableciéndose que las "actividades primarias" de los hidrocarburos (exploración y explotación) se llevaran a cabo a través de PDVSA y sus filiales. Hizo mención también al Decreto N° 3299 que confirma que si bien PDVSA tiene el mandato de realizar las "actividades primarias" del gobierno, "cumplirá y alcanzará las políticas de hidrocarburos dictadas por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Minería y Energía".

“Más específicamente, PDVSA actúa bajo la supervisión directa de la Vicepresidencia de Economía del Sector (que coordina todas las actividades relacionadas con el petróleo y la minería) y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. El papel de PDVSA se limita a la ejecución técnica de las políticas petroleras adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente a través de la Vicepresidencia de Economía y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo”, manifestó.

Igualmente, José Ignacio Hernández citó ante la Corte de Delaware, que la Constitución venezolana sostiene que PDVSA es una entidad estatal venezolana y que su papel como tal es el de ser responsable de la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto, esgrimió, está ratificado en el artículo 303 de la Constitución venezolana el cual establece que "por razones de soberanía económica y política y estrategia nacional, el Estado retendrá todas las acciones de [PDVSA]".

Igualmente se remitió al dictamen de la Corte Suprema de Venezuela que determinó que "aunque [PDVSA] es una empresa constituida y organizada como una entidad comercial, es indudable, como se afirma en la Constitución, que la empresa forma parte de la estructura general de la Administración Pública Nacional. La Corte Suprema ha considerado que las actividades de PDVSA juegan un papel fundamental en la economía nacional y que PDVSA tiene todos los privilegios de la República. Esto significa que PDVSA y sus filiales son equivalentes a las agencias administrativas del Gobierno”.

Hernández expuso que el ya referido Decreto N° 3.299 estipula la estructura corporativa de PDVSA, la cual está organizada como una sociedad de cartera estatal, teniendo los funcionarios del gobierno, control sobre sus operaciones comerciales diarias.

Subrayó que este Decreto indica que la máxima autoridad de PDVSA es la asamblea y en razón de que Venezuela es el único accionista, dicha asamblea está representada por el Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela. “PDVSA está representada por un Consejo de Administración designado por Decreto Presidencial (Cláusulas 16, 17) (…) El Presidente de PDVSA administra la empresa y es su representante legal (Cláusula 33). PDVSA también tiene vicepresidentes (Cláusula 35) y un Consejo de Accionistas, que también son designados por Decreto Presidencial (Cláusula 38)”.

Seguidamente, recordó que el gobierno también aprueba decretos y resoluciones cuando lo desee, para ordenar a PDVSA que realice ciertas actividades para lograr sus objetivos. Agregó que el gobierno también ha dirigido a PDVSA y sus afiliados a lograr sus objetivos de expropiación y mencionó que de acuerdo a varios comentaristas expertos, PDVSA y sus filiales se consideran una empresa estatal de naturaleza única porque actuarán bajo las políticas del Gobierno Nacional.
José Ignacio Hernández, durante su exposición ante la Corte de Delaware manifestó que a su juicio PDVSA es una herramienta política del gobierno venezolano y para ello se sustentó en el aumento de control que el Ejecutivo venezolano incrementó sobre la empresa petrolera a partir del año 2002 cuando comenzó el gobierno a referirse a ella como la “Nueva PDVSA”. “La principal consecuencia de esta transformación fue que el Gobierno aumentó su control político sobre PDVSA y sus afiliados. La naturaleza técnica de esas compañías fue reemplazada por un papel político bajo el modelo socialista”.

Y agregó: “(…) el Gobierno ahora controla los recursos petroleros del Estado, a través de PDVSA, mucho más íntimamente que antes. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, varios ministros del gobierno son miembros de las juntas directivas de PDVSA. Durante mucho tiempo, el Presidente de PDVSA también fue el Ministro a cargo del sector petrolero. Esto permite al Gobierno controlar el funcionamiento diario de PDVSA”.

Hernández también mencionó el “Plan de Siembra Petrolera” implementado por el gobierno, el cual le asigna objetivos políticos a la empresa de acuerdo a su planificación socialista con el fin de satisfacer las necesidades colectivas bajo el control del Gobierno. Fue así como PDVSA asumió actividades económicas diferentes de sus "actividades primarias". En tal sentido citó el Informe Anual de Gestión 2012, que rezaba: “En el contexto del proceso de transformación de la Nueva PDVSA, la Compañía ha promovido el fortalecimiento del nuevo modelo socioeconómico, a través de la creación de los llamados ‘afiliados no petroleros’. Estos afiliados han sido la piedra angular de la construcción del nuevo modelo de negocio socialista que apoya el proceso de transformación y cambio de la infraestructura productiva nacional”.

Igualmente expuso que “El Gobierno también aumentó su control sobre los ingresos de PDVSA a través de fondos extrapresupuestarios que se administraron bajo las decisiones discrecionales de la Presidente, como el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN). Especialmente, PDVSA apoyó los programas sociales del Gobierno Nacional, llamados ‘misiones’, en actividades como alimentación y vivienda”.

Hernández también dijo que el gobierno utiliza a PDVSA como un instrumento para cumplir acuerdos internacionales, tal es el caso de Petrocaribe. También el gobierno impone a PDVSA el deber de proporcionar petróleo a China para cubrir sus obligaciones de deuda.

Concluyó José Ignacio Hernández ante la Corte de Delaware que “el Gobierno ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a la conducta de PDVSA a alinearse con sus objetivos sociales y políticos. Del mismo modo, utiliza PDVSA como herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. PDVSA, a su vez, debe cumplir con estas obligaciones que le dicta el Gobierno”.

Otra actuación de Hernández

Esta no habría sido la única ocasión en que Hernández prestaba sus servicios como testigo experto en favor de una compañía extranjera en un litigio contra Venezuela. También en 2013 ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el ahora procurador de Guaidó atestiguó por convocatoria de la Owens-Illinois, ocasión en que el fallo de la corte determinó que el gobierno venezolano debía pagar a la empresa estadounidense USD 371 millones por la nacionalización de sus plantas en 2010. También como ahora, la Owens-Illinois buscaba cobrar el dinero a través de CITGO. Documentos públicos de la corte revelaron que, por sus servicios, Hernández recibió USD 163.720.

Las críticas al procurador de Guaidó aumentaron en el transcurso de los últimos meses. A tales extremos que él mismo, muchos dirigentes de su partido o miembros del gobierno interino, coincidieron en que había una campaña de descrédito en su contra por lo que salieron en su defensa.

Entre estos defensores se cuenta el embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, quien ha salido en apoyo de Hernández y su papel en “defensa de los intereses de la República con esmero, dedicación y talento. Todo ello en condiciones de máxima precariedad, pues no tenía a su disposición recurso alguno, ni material ni humano y sin embargo fue acumulando éxitos, muchas veces enfrentado a muy poderosos intereses representados por legiones de abogados expertos”.

Tarre Briceño calificó como una alegre campaña de destrucción moral, la arremetida emprendida por el “gobierno usurpador [de Nicolás Maduro], pero también de unos pocos particulares” al acusarle “no solo de ser responsable por la pérdida del juicio sino de haberse parcializado en favor de quienes adversaban a Venezuela en ocasión de su testimonio. Me parece insólito que existan personas que pretendan construir protagonismos sobre la base de la calumnia y de acusaciones infundadas. No se aportan pruebas, no se esgrimen argumentos, no se razona. Simplemente se trata de destruir a alguien, olvidando la presunción de buena fe y de inocencia. Dejando de lado la objetividad y la justicia. En claro ejercicio del famoso ‘dispare primero y averigüe después’. El testimonio de José Ignacio reposa en los archivos del tribunal y es muy fácil corroborar qué fue lo que dijo o hizo” .

El fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el 31 de julio a través de su cuenta en la red social Twitter, que el Ministerio Público inició una investigación penal contra Hernández por su participación en un juicio en Estados Unidos contra PDVSA propiciando el embargo de CITGO.

Saab aseguró que Hernández habría sido contratado por la empresa Crystallex "para usar sus argumentos jurídicos en contra de los alegatos presentados por PDVSA", al tiempo que calificó estos actos como "traición" y acción fraudulenta ante un tribunal para "propiciar el embargo de CITGO".

Una nota de CNN en Español refiere que el fiscal acusó a Hernández de “impostor” al haber actuado contra PDVSA en un juicio de Estados Unidos que propicia el embargo de CITGO.

“#COMUNICADO El @MinpublicoVE anuncia que ha iniciado una investigación penal con motivo de la participación en un juicio en territorio estadounidense contra PDVSA de un falso funcionario que pretende ostentar el cargo de Procurador Especial para la defensa del Estado #31Jul”, expresó Saab en la red social Twitter.

También contra Hernández se pronunció la vicepresidente ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, a quien lo calificó como un abogado de empresas trasnacionales. “En el caso de Crystallex, vendió la insólita teoría de ‘alter ego’ para ir contra los activos de PDVSA. Se le conoce por ser abogado de empresas trasnacionales por eso fue escogido minuciosamente como una pieza fundamental que conoce bien los juicios contra Venezuela. Es un gran estafador y un mentiroso”.

Rodríguez extendió sus acusaciones hacia Juan Guaidó, a quien señaló de encabezar “una banda criminal” que busca “despojar” de sus activos a Venezuela. “Estamos frente a un golpe jurídico bajo un fraude procesal, ante un caso de prevaricación para despojar a Venezuela de sus activos en el extranjero. Quieren hacer lo que no lograron con el golpe petrolero de 2002”.

Agregó que esta “agresión jurídica” carece de sustento. “Lo que están realizando es un gran festín para repartirse, como botín, los activos del Estado Venezolano en los Estados Unidos. El caso Crystallex es la punta de iceberg, porque ya han hecho un inventario de los casos procesales de Venezuela. Estamos frente al peor despojo republicano en la historia”.

Dijo que la “banda criminal” liderada por Guaidó utiliza al gobierno de EE. UU. en un conjunto de acciones acompasadas. “Señalé en rueda de prensa que el caso de Crystallex es un acto de crimen organizado, y estoy segura que desde hace dos años se venía planificando esta acción”.

Hernández se defiende

José Ignacio Hernández le salió al paso a las acusaciones en su contra y, en primer lugar, asegura que la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump protege cualquier activo que tenga el estado venezolano en Estados Unidos, entre ellos CITGO. Sostiene que la sección primera de dicha orden, en su literal A, bloquea todas las propiedades del gobierno de Venezuela en EE. UU., “todas sin excepción”, mientras que en la sección sexta, establece que “esa prohibición aplica más allá de cualquier licencia que se hubiese podido otorgar en el pasado”. En tal sentido, asegura que este bloqueo evita vender, ceder, traspasar, gravar, ejecutar, embargar ninguno de los activos. Subraya que los tenedores de bonos no podrán tomar control de CITGO en razón de que expresamente se dejó sin efecto la Licencia General N° 5 que acompañó la emisión del Bono PDVSA 2020, la cual permitía hacer uso de las acciones de la filial en caso de incumplimiento de pago.
Tales consideraciones las hizo ante el periodista Andrés Rojas en una entrevista para Hispano Post en la que denunció que quienes lo acusan incurren en los delitos de difamación e injuria.

Advierte que la Orden Ejecutiva de Donald Trump no puede interpretarse como un embargo contra Venezuela, pues ella lo que prohíbe es que una empresa tome control de activos del país o que el gobierno de Nicolás Maduro disponga de activos de la república en Estados Unidos. “Un embargo prohíbe totalmente operaciones de importación y exportación con un país, y esta medida no prohíbe eso. Esta medida lo único que prohíbe es que empresas americanas negocien con Maduro”.

En tal sentido, Hernández sostiene que la “Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro”.

Sobre su actuación con Crystallex, José Ignacio Hernández dice que en 2017 preparó un “dictamen de experto independiente del derecho venezolano como propuesta de los abogados de la empresa para explicar cuál es el régimen jurídico de PDVSA y como el régimen de Hugo Chávez había violado la Constitución y las leyes al violentar la autonomía de PDVSA. Ese fue un dictamen estrictamente basado en el derecho venezolano e independiente”. Esto último lo aclara para negar que en el juicio en el que intervino haya analizado la “tesis de alter ego ni los méritos o no de los argumentos del derecho americano. Yo solo expliqué al juez el derecho venezolano; y luego es independiente porque yo nunca defendí o promoví los intereses de esa empresa, ni defendí o promoví los intereses de PDVSA o de la República, es decir, yo no me metí en el juicio. Debo decir que ese dictamen es público, nunca analicé el caso de Crystallex y los abogados me llamaron porque yo había venido explicando cómo Chávez y Maduro destruyeron la autonomía de PDVSA y desviaron ingresos petroleros a través del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional) (…) Nunca hablé de Crystallex y si se le debía plata. Ese no era asunto mío, y para ser sincero y honesto no me leí la demanda de Crystallex para no contaminar mi opinión. Eso fue lo que yo hice. Después de eso no supe más del caso”.

Hace referencia al acuerdo secreto de pago que negoció Crystallex con Maduro para el pago de la indemnización decidida por el CIADI, lo que niega la afirmación de que la negociación se perdió por su culpa. “(…) el señor Maduro dijo en cadena nacional que ellos estaban ganando ese caso y que lo perdieron por mi culpa y es lo mismo que ha dicho el ingeniero litigante. La verdad es que el caso se perdió en agosto de 2018 y en septiembre se firmó una transacción que le reconocieron a Crystallex un pago por 1.400 millones de dólares, le pagaron 425 millones de dólares, pero lo más irregular es que hay una denuncia del propio régimen de Maduro de que la empresa había falsificado una transacción, que había cambiado la transacción”.

Sobre el caso de la Owens Illinois, Hernández refiere que como profesor universitario sostuvo que las expropiaciones implementadas desde 2007 por Hugo Chávez eran inconstitucionales. “En el caso de Owens, en el año 2013 yo di un testimonio experto, y eso es opinión pública, explicando la inconstitucionalidad del decreto de expropiación de Owens Illinois. Yo no fui abogado de la empresa, ni promoví sus intereses, y luego la empresa ha demandado, pero yo no he tenido que ver con esos casos”.

Igualmente negó haber recibido pago personalmente, sino que lo cancelado por la vidriera fue al escritorio jurídico en el cual era socio para ese momento.

Hernández: Me separé del caso

José Ignacio Hernández aseguró haberse separado del caso. “Yo me separé del caso en marzo de 2019. Yo no he tenido que ver en las decisiones de este caso. Me inhibí precisamente para evitar cualquier señalamiento de conflicto de intereses. El testigo experto no es abogado de las partes. Nunca defendí la posición de Crystallex en el juicio ni promoví sus intereses. El testigo experto es básicamente un profesor de derecho público que de manera independiente le explica al Tribunal ciertos puntos del derecho venezolano”.

Recordó que su nombramiento fue anulado por la “ilegítima Sala Constitucional”, la cual acordó “de manera ilegítima” dictar medidas en su contra y agregó que el anuncio de Tarek William Saab solamente es “una clara demostración, otra más, de que en Venezuela hay una persecución política en contra de las legítimas autoridades de Venezuela. Lo lamentable es que algunas personas se sumen a esta persecución”.

José Ignacio Hernández dijo que el gobierno de Juan Guaidó podría plantear como nuevo argumento ante el Tribunal de Primera Instancia, los cambios hechos en las juntas directivas de Pdvsa y de Citgo. “El Tribunal de apelaciones señaló que visto que el Gobierno del presidente Juan Guaidó introdujo nuevos alegatos relacionados con los cambios que aseguran la autonomía y la independencia de PDVSA y de CITGO, esos nuevos hechos podrían ser planteados por el Gobierno legítimo de Venezuela de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que si todos los recursos que caben contra esta decisión, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, fallan, y el caso vuelve al Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno legítimo de Venezuela podrá explicar por qué ya no es posible sostener que PDVSA y la República conforman una unidad política vistos los cambios luego de que el presidente Guaidó asumiera la Presidencia de la República”.

Pero el ingeniero y especialista en finanzas, Jorge Alejandro Rodríguez, le salió al paso a lo dicho por Hernández asegurando que Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández engañaron al país, pues la carta de separación del cargo presentada por el segundo es “espuria”.

A “Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández, los denuncio como personas que están pretendiendo estafar y engañar a Juan Guaidó, haciéndole creer a la directiva del Parlamento que esa separación existió y jamás ocurrió”.

Para sustentar su afirmación, Jorge Alejandro Rodríguez dijo que la metadata de la carta de Hernández demuestra que el documento no existe. “Fue creada este 31 de julio entre las 3:28 y 3:33 de la tarde, es una vergüenza y un bochorno, y esta investigación ahora es cuando debe llevarse adelante”.

La orden Ejecutiva de Trump

El 5 de agosto del presente año 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva número 13.884  con la cual adoptó medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, con sus correspondientes enmiendas, que sirvió de base para ulteriores medidas adoptadas en Órdenes Ejecutivas posteriores, y ante la persistente usurpación del poder por Nicolás Maduro y personas asociadas con él, así como violaciones de los derechos humanos, que incluyen la aprehensión y detención arbitraria e ilegal de ciudadanos venezolanos, interferencia en la libertad de expresión, incluso contra miembros de los medios de comunicación, e intentos continuos de atentar contra el ejercicio de la autoridad legítima en Venezuela por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional venezolana.

La nueva medida decreta el bloqueo de todos los bienes y participaciones en bienes del Gobierno de Venezuela por lo que no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni negociados de otro modo.

Igualmente, contempla la suspensión del ingreso al territorio estadounidense en calidad de inmigrantes o no inmigrantes a toda persona que haya brindado asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo a cualquier persona incluida en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros cuyos bienes y participaciones en bienes estén bloqueados conforme al decreto; o esté bajo la propiedad o el control, o que haya actuado o procurado actuar en representación, directa o indirectamente, de cualquier persona cuyos bienes o participaciones en bienes estén bloqueados en virtud de este decreto.

Con la medida, queda prohibido realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona cuyos bienes o participaciones en bienes estén bloqueados conforme a este decreto; y recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona. También se prohíbe toda transacción que evada o eluda, o tenga el propósito de evadir o eludir, viole o procure violar alguna de las prohibiciones establecidas en el decreto.

Las disposiciones del decreto exceptúan las transacciones para llevar a cabo las funciones oficiales del Gobierno Federal por parte de empleados, beneficiarios o contratistas de este y las transacciones vinculadas con la provisión de artículos como alimentos, ropa de vestir y medicamentos que tenga como destino el uso para aliviar el padecimiento humano.

Posteriormente, el gobierno estadounidense enmendó 12 licencias y creó otras 13 que generan excepciones a las prohibiciones de la Orden Ejecutiva, entre ellas la que autoriza transacciones que involucran a “ciertas personas del gobierno de Venezuela”, salvo excepciones y permite desbloquear propiedades, en la nación norteamericana, de individuos amparados en la resolución.

Según el portal Crónica Uno esta licencia se emitió en razón de que hubo personas naturales afectadas por esa sanción que no estaban relacionadas al gobierno de Nicolás Maduro. En tal sentido, las personas autorizadas por la Licencia General N° 34 que desearan desbloquear bienes debían presentar en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que se desbloquea la propiedad, un informe detallado y presentarlo ante la Oficina de Asuntos Exteriores Control de activos del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Francisco Sucre, presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, advirtió que esta licencia no implica un levantamiento de las sanciones individuales impuestas contra altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

La Orden Ejecutiva fue celebrada por la oposición venezolana, que estimó que con la misma se protegía a CITGO de los acreedores. Del mismo modo, consideraron que la medida permitía reestructurar “las negociaciones con los tenedores de bonos, lo que había sido prohibido bajo sanciones anteriores. Eso podría ser clave para proteger a CITGO, ya que la mitad de las acciones de la compañía petrolera estatal PDVSA en la refinería se colocaron como garantía para su bono 2020”.

Juan Guaidó había solicitado a Estados Unidos emitir una orden ejecutiva para proteger a CITGO de posibles incautaciones por deudas no canceladas. "Hoy no hay posibilidad de perder a CITGO", dijo Guaidó.

AN debe reconsiderar designación de Hernández

En virtud de toda esta controversia, el economista Francisco Rodríguez, ex-asesor en materia económica del extinto Congreso de la República, emitió una extensa cadena de tweets en los que recomendó a la Asamblea Nacional reconsiderar la decisión de otorgar al Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández, la responsabilidad de proteger los activos de PDVSA.

Alertó que el Poder Legislativo nacional debe cuidarse de tomar decisiones que puedan ser utilizadas en su contra en las cortes estadounidenses y, por ello, estima imprescindible mantener la separación entre las decisiones del gobierno venezolano y las decisiones de PDVSA.

Rodríguez advirtió que el Procurador es abogado de la república y no de PDVSA. “Obligar a PDVSA a adoptar al abogado de la República es una práctica de control directo que da pie al argumento del alter ego y hace a la empresa vulnerable ante embargos en cortes internacionales”.

En tal sentido instó a la Asamblea Nacional a corregir el acuerdo para encomendar a la representación legal de PDVSA todo lo relacionado con la defensa de los activos de la empresa y así evitar que el citado acuerdo sea utilizado en el futuro por quienes demanden al país.

Rodríguez, que considera a la AN como la única institución reconocida por todas las naciones del mundo, llamó a esta instancia del Poder Público a solicitar con urgencia a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una resolución para proteger los activos de Venezuela.

Luego de recordar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro endeudaron al país en USD 154 millardos a pesar del boom petrolero que le permitió inmensos ingresos, así como la política de expropiaciones violando tratados de protección de inversión suscritos por el país, se refirió a que en 2017 el país cayó en default de su deuda, presionado por la caída de la producción petrolera. Estas acciones trajeron como consecuencia las demandas que los afectados mantienen contra la república en instancias judiciales internacionales.

En razón de que una corte de Delaware decidió que Crystallex podía embargar las acciones de PDV Holding, dueña de la casa matriz de CITGO por el incumplimiento del laudo arbitral del CIADI, Francisco Rodríguez estima que al país le quedan dos opciones legales: solicitar una revisión de la apelación, o llevar el caso a la Corte Suprema, ambas con una baja probabilidad de éxito.
En posterior entrevista con el periodista Román Lozinski, Rodríguez alertó que los gobiernos extranjeros son quienes tienen la potestad de decidir quién controla los activos del estado venezolano en su territorio. “La potestad de controlar activos del estado venezolano en el extranjero, o de decidir quién puede controlar esos activos, le corresponde a los gobiernos extranjeros”.

Igualmente subrayó que ley estadounidense establece que un acreedor puede embargar los activos de una compañía para cobrar la deuda de su dueño “sólo si se prueba que el dueño ejerció ‘control extensivo’ sobre una compañía sin permitirle actuar independientemente. El control extensivo implica que la compañía no es autónoma sino que es utilizada como un instrumento del dueño”.

Del mismo modo, cree que una salida es instar a que Estados Unidos revoque la licencia general 5 correspondiente a los bonos 2020 de PDVSA, que niegue la licencia solicitada por Crystallex y pedir al gobierno de Donald Trump que emita una orden general protegiendo a los activos venezolanos del embargo.

Crystallex requeriría una licencia

Entretanto, el asesor del jefe de la Asamblea Nacional, Alejandro Grisanti, advirtió que para que Crystallex pueda tomar los activos de CITGO luego de la decisión judicial, es necesario que la minera solicite una licencia a las sanciones de Estados Unidos sobre PDVSA.

“La sentencia (...) establece claramente que Crystallex va a necesitar una licencia para poder ejecutar el activo”, le manifestó Grisanti a Reuters.

Por otra parte, Grisanti informó que representantes del gobierno de Guaidó en Estados Unidos solicitaron al gobierno de Trump que emitiera una orden ejecutiva que protegiera a CITGO de la incautación. “Queremos que el gobierno estadounidense entienda que lo peor que puede pasar para el final (del gobierno de Maduro) es no proteger los activos de Venezuela”.