Joseph Humire: Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores

Este artículo, escrito por Joseph M. Humire y Christina Armes, fue publicado originalmente en inglés en The Hill. Con la autorización de los autores lo publicamos en español en este blog.  Joseph M. Humire es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS) y miembro principal del Instituto Gatestone y del Foro del Medio Oriente. Es especialista en Seguridad Nacional y un experto en seguridad global, especializado en analizar amenazas trans-regionales en el hemisferio occidental. 

Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores 

La semana pasada, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump se reunió con líderes del gobierno interino de Venezuela, junto con representantes del Grupo de Lima, un bloque de 14 naciones en América Latina que se enfrenta a la crisis en Venezuela. El consenso fue claro: Venezuela necesita un nuevo liderazgo, sin la batalla del presidente Nicolás Maduro.

En su declaración en la reunión, el presidente chileno, Sebastián Piñera, subrayó que Maduro no trabaja solo. “Tenemos que darnos cuenta ... de que hay aliados [internacionales] que ayudan a [Maduro en] Venezuela y estamos hablando de países como Cuba, China, Rusia, Irán y Turquía. Creo que toda la comunidad latinoamericana, y tal vez todo el mundo, debería [tener] muy claro que lo que están haciendo realmente está afectando los intereses de todos los países latinoamericanos ”.

El presidente Piñera tiene razón. Abordar a Venezuela de manera aislada es interpretar mal la crisis; El régimen de Maduro está respaldado por una red multipolar de actores externos estatales y no estatales decididos a mantener el régimen en el poder.

El reinado de Maduro no terminará hasta que esta red se deshaga.

El Centro para una Sociedad Libre Segura, conformado por un grupo de expertos en seguridad nacional con sede en Washington, ha acuñado el acrónimo "VRIC" para la alianza emergente de seguridad e inteligencia que no es natural, no convencional, pero cada vez más real. El VRIC recuerda el acrónimo BRIC, acuñado por el economista británico Jim O’Neill, que representaba las cuatro economías mundiales en ascenso. Sin embargo, el VRIC es más siniestro y describe las cuatro mayores amenazas para la seguridad global y su creciente dependencia mutua: Venezuela (y la Alianza Bolivariana más amplia), Rusia, Irán y China.

A pesar de las paralizantes sanciones, la presión internacional por el cambio de régimen y más de 4 millones de venezolanos que han huído de su país, Maduro aún conserva el poder con la ayuda de la alianza VRIC.

No hay mayor indicio de que el régimen de Maduro cuente con el apoyo internacional para sobrevivir [ en especial durante lo ocurrido en semana de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando los líderes del régimen se fueron al extranjero]. Ante el aumento de la presión, Maduro, que pasó por alto la Asamblea General y envió a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, viajó a Moscú. Maduro llevó a su gira, "el poder detrás del trono", Tareck El Aissami, ex vicepresidente de la República y actual Vicepresidente de Industrias y Producción Nacional, para discutir el compromiso internacional con el presidente ruso Vladimir Putin. El Aissami está actualmente acusado por el Departamento de Justicia, sancionado por el Departamento del Tesoro y en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Mientras Maduro estaba en Moscú, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, visitó Corea del Norte con una delegación que presentó un regalo a Kim Jong Un en nombre de Maduro. Venezuela abrió su primera embajada en Pyongyang en agosto de 2019.

Rara vez Maduro, Cabello, Rodríguez y El Aissami salen de Venezuela al mismo tiempo. Pero lo ocurrido en esa semana pasada demuestra que el régimen, en su estado debilitado, depende cada vez más de sus aliados internacionales para que lo rescaten. Es un patrón de comportamiento evidente durante todo el año.

Después del 23 de febrero, cuando Maduro bloqueó el paso de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de la frontera colombiano-venezolana, envió de inmediato a Rodríguez a Rusia para conversar con el canciller Sergei Lavrov. Poco después, Rusia, China y Turquía enviaron ayuda humanitaria a Venezuela.

Lo mismo sucedió en marzo. Cuando Venezuela experimentó una serie de apagones en todo el país, China ofreció su apoyo técnico para ayudar a poner fin al apagón y Rusia envió un contingente de "especialistas" militares de 100 personas.

Luego, después de la fallida Operación Libertad el 30 de abril, con el objetivo de remover a Maduro, el canciller venezolano Jorge Arreaza anunció que Rusia podría enviar más especialistas militares. Y así lo hicieron, en junio, cuando un avión lleno de técnicos militares rusos aterrizó en Caracas.

El equipo conformado por Rusia-China (con ayuda de Irán) ha demostrado ser efectivo para neutralizar los esfuerzos del presidente interino, Juan Guaidó, de poner fin a la usurpación de Maduro en Venezuela. 

Aunque menos visible en Venezuela, la República Islámica de Irán presta apoyo a Maduro a través de canales secundarios y fuertes relaciones diplomáticas y militares. Durante los tiempos tensos en Teherán, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif viajó a Caracas en julio para mostrar solidaridad con Maduro y asistir a la reunión del Movimiento de Países No Alineados. Esto ocurrió semanas después de que el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Shamkhani, se reunió con su homólogo venezolano, el general Angiollilo Fernández, para discutir la cooperación en seguridad. Fernández ahora está a cargo de UNEFA, la academia militar de Venezuela.

Si bien las naciones VRIC respaldan abiertamente las negociaciones fallidas entre Maduro y su oposición, también alimentan el fracaso al dividir a la oposición a través de operaciones de información y medidas activas llevadas a cabo por la contrainteligencia cubana.

Está claro que trabajar con Maduro hacia una transición no es una opción. Pero simplemente apuntar a Maduro y su régimen dentro de Venezuela ha resultado inútil. Obligar a Maduro a sacar una "rampa de salida" de Venezuela significa contrarrestar a sus aliados externos que lo sostienen. Cualquier acción tomada contra Maduro debe tener en cuenta los actores estatales externos que proporcionan líneas de vida a su gobierno.

"Maduro es parte del problema y nunca será parte de la solución", insistió Piñera en la reunión al margen de la Asamblea General. De hecho, Maduro es parte del problema, pero la otra parte es su red internacional. Si el presidente Trump y la mayoría de los líderes latinoamericanos desean poner fin al gobierno de Maduro en Venezuela, deben desafiar su fuente de apoyo: una red estatal y no estatal de actores externos en América Latina.

Empresa mencionada en la demanda de Marisol Gómez contra CITGO asegura que son falsas las acusaciones en su contra

Sostiene que son falsos los señalamientos de la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de la filial, Marisol Gómez —recogidos en documentos oficiales— en los que se le acusa de supuestamente mantener negociaciones irregulares con CITGO Petroleum Corporation.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Gustavo Felice Castro, propietario de la empresa GFC Consultores LLC registrada en el estado de la Florida, desmintió las acusaciones que en su contra formuló la exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, en la demanda que mantiene en la Corte del Condado de Harris, en Texas, en la que se lo señala como parte de un esquema de corrupción que defraudó a la filial petrolera en tiempos en que Nelson Martínez ejercía la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La demanda de Gómez contra CITGO Petroleum Corporation refiere en una de sus partes que Felice Castro formó parte de una trama en la que Martínez supuestamente comandó una serie de operaciones irregulares en la que GFC Consultores LLC habría recibido una serie de pagos como parte de un mecanismo destinado a apropiarse de dinero de la propia CITGO, de PDV USA y de un afiliado de la primera. Se indica en la documentación oficial que "PDV USA carecía de controles, o de un comité de cumplimiento, y que nunca se hizo una auditoría. Era una ̔caja negra' que se utilizaba para canalizar el dinero con fines corruptos e ilegales aun hasta la administración de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez, quien ocupó la presidencia hasta marzo de 2019".

La demandante sostiene que "la empresa GFC fue contratada para proporcionar múltiples servicios para CITGO, con costos inflados y fraudulentos, que usó para compensar las ̔comisiones̕ sobre los pagos por ésos ̔servicios̕ a su co-conspirador en el esquema fraudulento, Nelson Martínez", habiéndose convertido supuestamente en una “Agencia de Logística Intermediaria" entre CITGO y el gobierno de Nicolás Maduro.

Tales negociaciones se habrían llevado a cabo aun cuando los departamentos de adquisiciones, crédito, legal o de cumplimiento de CITGO habían desaprobado a GFC para realizar el trabajo, como exigían los protocolos de la corporación.

La versión de Felice Castro

A estos señalamientos, le sale al paso Gustavo Felice Castro, quien dice ser economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que se desempeñó como gerente de ventas de la televisora Venevisión hasta el año 2007, fecha en la que fundó la firma GFC Consultores C.A.

Indica que esta firma la fundó sin la participación de socios, habiéndose desempeñado desde entonces como consultor en medios de comunicación y ofreciendo servicios a varias compañías en Venezuela como Calzados Basinger, Industrias Nutrive, APEX consultores, Sempre Noi, Egíptica Publicidad, entre otras. Igualmente se asoció con la empresa Musical Lab para llevar a cabo trabajos audiovisuales, hasta que en 2010 logró alcanzar la independencia al estructurar su propia la unidad de producción audiovisual y establecer alianzas estratégicas con imprentas gráficas que le permitieron crecer como empresa.

Narra que luego de haber sido víctima de un secuestro y haber recibido un impacto de bala, decidió emigrar con su familia a Estados Unidos, lo cual ocurrió en 2012 a través de una solicitud de visa de trabajo H1 obtenida por su esposa. Él poseía una visa H4 que no le permitía trabajar legalmente en EE. UU., por lo que mantenía su negocio en Venezuela “hasta que se hizo inmanejable por la devaluación” y comenzó a desempeñarse en el país norteamericano como consultor por medio de GFC Consultores Venezuela, hasta que en 2013 fundó GFC Consultores LLC en la cual es único dueño.

Cuando en 2014 obtuvo la residencia permanente, Felice Castro refiere que comenzó a trabajar directamente con GFC, prestando servicios a diferentes clientes.

Refiere que en una oportunidad fue invitado por una agencia en Florida que tenía una propuesta de CITGO para realizar una campaña sobre las donaciones de petróleo que realizaba la filial petrolera venezolana a los pobres en diferentes regiones y, bajo esta alianza participó como consultor en medios, además de todo lo relacionado con impresiones gráficas. “Es en ese momento, como parte del equipo, que conozco al personal de CITGO y tuve mucho contacto directo, ya que ellos son muy cuidadosos y exigentes en el control e inversión en los medios. Después participé en otro proyecto, que fue incorporar la identidad de Venezuela en la sede de CITGO en Houston”.

Cuando nuevamente fue contratado por la empresa de publicidad de la Florida antes citada, para otra vez desarrollar un trabajo relacionado con la producción gráfica y mantener por ello un contacto directo con los empleados de CITGO y habiéndose ya regularizado para la fecha su situación migratoria en Estados Unidos, fue conminado a presentar credenciales ante la filial a nombre de su empresa GFC Consultores LLC.

“Comenzamos con la realización de un video sobre ‘Venezuela Land of Grace’ y, a partir de allí, desarrolló otros proyectos, [como el de la] campaña de seguridad vial en el sur de florida. Nos solicitaron organizar la celebración del 5 de Julio [firma del acta de independencia venezolana] en la Ciudad de New York a través de la Misión de Venezuela ante la ONU. Derivado de esta buena labor, ese mismo año 2015, se nos encomendó realizar parte de la logística de la delegación de Venezuela durante la asamblea general en el mes de septiembre (más de 240 personas, viajes, hospedaje, transporte y comidas) e, inmediatamente, en el mes de octubre, la realización de varios eventos como lobby para el puesto y la presidencia pro tempore de Venezuela en el Consejo de Seguridad (cenas, conferencias, exposiciones, etc.). Durante el año 2016 también se realizaron algunas campañas publicitarias, eventos y nuevamente reuniones y la delegación entera de Venezuela en la asamblea General de la ONU. Ya en el 2017 y 2018, no se realizó aunque sí nos solicitaron presupuesto, y fue otorgado por la presidencia de CITGO a otra compañía que cobró más del triple de lo presupuestado por nosotros, al igual que lo hizo en el 2018 (Caribbean Style de Modesto Díaz)”.

Seguidamente, Gustavo Felice Castro admite que los montos de los pagos recibidos por su empresa, efectivamente son los referidos por Marisol Gómez, pero subraya que entregó a PDV USA y CITGO facturas con soportes originales de cada uno de los servicios prestados por GFC Consultores LLC. “Firmaba contratos antes de cada proyecto, y se estipulaba de una vez el margen de ganancia de nuestra compañía, que en presupuestos menores a USD 100 mil dólares era del 20 por ciento y en mayores a 100 mil dólares era de 15 por ciento (…) todo el historial de esas facturas, contratos están en manos de los abogados de CITGO donde se demuestra nuestra transparencia en el trabajo”.

Caso Charles Martínez

Sobre la participación del hijo de Nelson Martínez, Charles Martínez, Gustavo Felice Castro cuenta que en 2007, la empresa del primero prestaba servicio de producción audiovisual a GFC Consultores C.A. en Venezuela y a Musical Lab, hasta que en 2010 lograron consolidarse como productora y procedieron a contratar directamente a Martínez como director de producción audiovisual.

“En el año 2014, él me pide que lo traiga a Estados Unidos con una visa L1 (transferencia de personal profesional). Ya yo sabía que era hijo de Nelson Martínez, presidente de PDVSA. La visa la aprueban para el año 2015 por tres años. Él era encargado de todo lo referente a producción, tanto audiovisual como gráfica, pero siempre como respaldo(Back Office), nunca ante el cliente, dato importante presentado a los abogados, demostrado con las declaraciones de impuesto”.

Felice Castro asegura que desde el ingreso de Charles Martínez a GFC Consultores LLC en 2015, la facturación de la compañía con CITGO Petroleum Corporation descendió “de una manera vertiginosa”, al igual que bajaron los proyectos de la firma con la petrolera. “En vez de ser útil la relación, afectó significativamente mi compañía hasta que en el 2017 dejé de prestar servicios a CITGO, con el hijo del presidente de PDVSA en mi nómina”.

Para Felice Castro es fundamental este hecho por él afirmado, como una manera de demostrar que la presencia de Charles Martínez en su empresa, de ninguna manera significó el gozar de prebendas o privilegios con CITGO. Incluso, según él, la filial de PDVSA pasó a favorecer a Caribbean Style, de Modesto Díaz, con contratos referentes a proyectos que, por lo general, eran asignados a GFC Consultores LLC.

Entre estas negociaciones estaban los servicios prestados al Servicio Secreto por CITGO que en un tiempo le fueron encomendados, un hecho que a los ojos de Felice Castro sirve para demostrar la transparencia de sus operaciones, toda vez que sus finanzas eran auditadas por el Departamento del Tesoro en tiempo real.

Finaliza Gustavo Felice Castro dice no poseer bienes de fortuna. “Vivo rentado en el sur de Florida, pero mi imagen y la de mi compañía se vio severamente afectada por las falsas acusaciones realizadas por la señora Gómez”.

Tribunal de NY envía citación a MUFG Union Bank N.A y Glas Americas LLC por demanda de nulidad de los Bonos PDVSA 2020

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Este miércoles la Corte del Distrito Sur de Nueva York envió las órdenes por escrito para comparecer ante el juez a las empresas MUFG Union Bank N.A y Glas Americas LLC que fueron  demandadas por  Petróleos de Venezuela S.A, PDVSA Petróleos S.A y PDV Holding entablada por los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó que busca que el tribunal declare nulos ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.  

      Las citaciones relativas a la acción legal de PDV Holding están fechas el 30 de Octubre de 2019, y las dos entidades demandadas tendrán entre 21 días para responder a los demandantes.

      La acción legal pide que la corte declare el acuerdo de los bonos 2020 inválido, ilegal, nulo y nulo y que el mandato del tribunal sea  de carácter permanente.

     Explican —en el recurso de 31 páginas— que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.

     Asimismo, señalan que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. Sostienen que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada  por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas. 

    "CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos" dice el documento.

   Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, —sostienen— hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente. 

     Señalan que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, "de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares". 

     PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO  y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

   Argumentan que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas  financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. "Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional".

   Explican que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

      Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos  debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

     En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020. 

     Al menos que la corte apruebe el alivio de lo buscado en esta acción a tiempo, CITGO se perderá, así como también los esfuerzos del gobierno de Guaidó de restaurar la democracia y el Estado de derecho, de reconstruir la economía, y de aminorar la crisis humanitaria que causa devastación en el pueblo venezolano.

      Los demandados son MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. Actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

    Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.

Representantes de Guaidó piden a la Corte de Nueva York declarar nulos los bonos PDVSA 2020

El recurso legal es contra MUFG Union Bank N.A y Glas Americas LLC. 

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Los representantes del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente Interino de Venezuela, presentaron este martes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acción de alivio declaratorio  y cautelar que busca  que la corte declare nulos, ilegales e inválidos los bonos de PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50.1 % de los bienes de PDV Holding, que a su vez es la propietaria del 100 % de las acciones de CITGO Petroleum Company.  

      La acción legal pide que la corte declare el acuerdo de los bonos 2020 inválido, ilegal, nulo y nulo y que el mandato del tribunal sea  de carácter permanente.

   Explican —en el recurso de 31 páginas— que Petróleos de Venezuela es una empresa propiedad de la República Bolivariana de Venezuela y que es la responsable de manejar las operaciones de gas y petróleo venezolano.
 

     Asimismo, señalan que PDV Holding es la propietaria de CITGO Petroleum Corp. Sostienen que PDVSA es la primera fuente de la economía venezolana que en los actuales momentos se encuentra completamente colapsada  por las desastrosas políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas. 

"CITGO es críticamente importante para la recuperación de la economía del país y aliviar el sufrimiento de los venezolanos" dice el documento.

   Cuando los bonos 2020 fueron emitidos en 2016, PDVSA estaba controlada por Nicolás Maduro, quien se convirtió en presidente luego de la muerte de Chávez en 2013. Posteriormente, —sostienen— hubo unas elecciones en 2018 en las cuales Maduro reclamó al victoria ilegítimamente. 

     Señalan que a mediados de 2016, PDVSA no tenía el dinero para pagar las notas de PDVSA 2017, y para no declararse en default porque sería un desastre político de Maduro. El régimen, "de manera unilateral e ilegal orquestó una oferta de intercambio de las notas de PDVSA 2017 por notas 2020 que fueron emitidas en dólares". 

     PDV Holding no es parte del acuerdo que hizo el gobierno con los tenedores de los bonos 2020 y no tiene por tanto la obligación de pagarles a los titulares. PDV Holding es el principal activo CITGO  y las notas que de manera ilegal emitió el régimen de Maduro están aseguradas con las acciones de CITGO.

   Argumentan que los titulares de los bonos aceptaron la propuestas  financiera de Maduro, quien políticamente tenía el tiempo contado. "Peor aún, los titulares sabían que el intercambio de los notas se hizo sin la autorización de la Asamblea Nacional".

   Explican que cuando esa transacción fue anunciada y la Asamblea Nacional la declaró ilegal y llamó a una investigación de inmediato que fue desestimada por el Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por Maduro.

      Según la constitución, las notas 2020 son instrumentos  debens ser aprobados por la Asamblea Nacional por ser un asunto de interés nacional, asegura la demanda.

     En octubre 28 de 2019, PDVSA no pagó los $913 millones de dólares de capital principal más intereses conllevando a un default. En anticipación a ese evento, el Departamento de Tesoro emitió la Licencia General 5A que prohíbe a los tenedores de las notas ejecutar cualquier acción antes del 22 de enero de 2020. 

     Al menos que la corte apruebe el alivio de lo buscado en esta acción a tiempo, CITGO se perderá, así como también los esfuerzos del gobierno de Guaidó de restaurar la democracia y el Estado de derecho, de reconstruir la economía, y de aminorar la crisis humanitaria que causa devastación en el pueblo venezolano.

      Los demandados son MUFG Union Bank N.A y GLAS Americas LLC. Actuaron en la operación como colateral de los instrumentos Law Debenture Trust Company of New York como agente de registro y transferencia, y el principal agente pagador es el Banque Internacional de Luxembourg, Sociedad Anonyme. PDV Holding no es parte del acuerdo y no está obligado a pagar las notas 2020.

    Los abogados que actuaron en esta acción son: Kurt W. Hansson, James Bliss y James Worthington del bufete: Paul Hastings LLP representando a PDVSA Petróleo y Petróleos de Venezuela S.A. Y, Tariq Mundiya y Jeffrey Korn de Willkie Farr & Gallagher LLP por PDV Holding.

Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO

Despedida por la administración de Nelson Martínez, la exfuncionaria de la filial petrolera, Marisol Gómez insiste en sus acusaciones sobre retaliación cometida en su contra por supuestamente haberse opuesto a las irregularidades implementadas por quien fue presidente de la principal industria venezolana.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa.

Comunicación a Luisa Palacios

El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

Luego de presentarse con ex-trabajadora de PDVSA y CITGO donde llegó a ocupar la Vicepresidencia de Recursos Humanos, Gómez refirió las acciones que venía desplegando desde hacía dos años (a la fecha de la comunicación) para denunciar la referida retaliación de la que se decía objeto desde marzo de 2017 por parte de la filial estadounidense. Precisó que tal accionar contra ella se debía —según su punto de vista— a haberse negado “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”.

La comunicación de Marisol Gómez a Luisa Palacios iba acompañada de un conjunto de documentos que, de acuerdo a su visión, muestran “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.   

Los anexos consistían en: 1) Carta ilustrativa del escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; 2) Informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; 3) Informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; 4) Correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO”.

Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García. 

Gómez de Vergara en la comunicación solicitó una reunión con Palacios y los miembros de la junta directiva o sus representantes con el objetivo de exponer “con sus debidos soportes los hechos y conductas ilegales por parte de Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Judith Colbert y otros directores que soportaron y continúan con conductas ilegales y el poder de seguir intimidando a los empleados, comportamiento que estoy segura va en contra de la ética y el profesionalismo de la nueva junta directiva nombrada por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó”.

Terminó la correspondencia conminando a la junta directiva presidida por Luisa Palacios a “tomar las acciones correspondientes por el bien de Venezuela, CITGO y así honrar la justicia”.

El informe a Asdrúbal Chávez

El 9 de noviembre de 2018 Marisol Gómez de Vergara remitió a la administración de CITGO Petroleum Corporation encabezada por Asdrúbal Chávez, un informe en el que expuso el presunto acoso y discriminación de que supuestamente fue objeto por parte de Nelson Martínez (expresidente de PDVSA), José Pereira (expresidente de CITGO) y Gustavo Cárdenas (gerente general de la oficina de la presidencia de CITGO). El documento se remitió con copia a Frank Gygax, Alejandro Escarrá y Rick Esser.

En primer término, Gómez de Vergara refirió fue había sido designada Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, por la junta directiva de PDVSA el 1° de noviembre de 2014, habiendo tenido —según su apreciación— un excelente desempeño y contribución a la filial en el periodo 2014-2017, cuando conformó un equipo profesional de Recursos Humanos en solo un año, y al haber implementado una cartera de beneficios sólidos, que incluían: “un modelo de compensación alineado con los percentiles de compensación del mercado; un incentivo de desempeño que permitió incluir al grupo base de ingenieros y erradicar la práctica de beneficiarse solo en los niveles superiores; un incentivo recreativo, este beneficio no existe en la cartera de otras empresas de la industria; un incentivo de responsabilidad, reconociendo la contribución necesaria de las posiciones comerciales centrales y estableciendo responsabilidades de compromiso adicionales; un plan anual de aumento de méritos de acuerdo con criterios administrativos y períodos justos con énfasis en salarios progresivos y graduales; un novedoso incentivo rotativo para el liderazgo que reconoce y motiva el desarrollo de nuevos gerentes y la sucesión operativa”.

Seguidamente, hizo mención a la naturaleza de su queja y explicó que detectó y denunció actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación y se negó a obedecer órdenes ilegales en violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos dictadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas. El resultado de tal denuncia fueron, supuestamente, una serie de represalias en su contra que condujeron al cese de sus funciones el 13 de marzo de 2017.

Agregó que entre 2014 y 2017, padeció un ambiente de trabajo hostil por instrucciones de Nelson Martínez con respaldo de José Pereira, Gustavo Cárdenas y otros gerentes de CITGO que supuestamente se confabularon para cometer actos ilegales en detrimento del interés de los accionistas de CITGO.

Según el documento, denunció la conducta inapropiada y violaciones de las leyes federales de los Estados Unidos a la gerencia de CITGO y a la Junta Directiva de PDVSA en 2017 y 2018.

Los hechos, según Gómez

En esta sección del informe, Marisol Gómez refiere que paralelo a la Vicepresidencia de Recursos Humanos en CITGO, formó parte de varios comités, entre ellos el de cumplimiento de CITGO, el cual tenía como objetivo garantizar que la empresa mantenga los controles establecidos de modo garantizar que todos los empleados y directores sigan las políticas, procedimientos y las leyes.

Al respecto, indicó que entre 2014 y 2017, los miembros del citado comité de cumplimiento revisaron e investigaron varios casos relacionados con el incumplimiento de las políticas de la compañía que tenían que ver con la violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA, “entre otras prácticas poco éticas cometidas por terceros y directores, gerentes y empleados de CITGO/PDVSA”.

Dijo que ella y el resto de los miembros del comité de cumplimiento implementaron varios controles, entre ellos “el bloqueo de más de 700 entidades propias de ciudadanos venezolanos con fuertes vínculos con PDVSA o funcionarios del gobierno que arrancaron las ganancias de los activos de CITGO y PDVSA”.

Explicó que supuestamente estas entidades de terceros fueron introducidas en CITGO por Nelson Martínez y registradas ilegalmente en la lista maestra de proveedores de la filial sin control alguno, habiendo incurrido las mismas en cobro de significativos sobreprecios que rondaban del 200 a más del 1.000 por ciento en el material y el equipo adquirido por la filial en nombre de PDVSA. El comité de cumplimiento investigó y determinó que Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, Brian Paulson, Laymar Peña y otros agentes de adquisiciones, aprobaron transacciones-contratos y otras actividades ilegales.

La denuncia de Marisol Gómez sostiene que supuestamente Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, acometieron operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas.

Igualmente dijo que las violaciones del proceso de contratación fueron instrumentadas desde 2013 por Nelson Martínez valiéndose de su investidura como presidente de PDVSA para burlar los controles de recursos humanos de CITGO. En tal sentido, se habrían violado desde la alta gerencia los derechos de los empleados, al tiempo que se implementó el acoso y la aplicación de represalias como prácticas comunes en su administración.

Gómez se refirió también a un conjunto de transferencias, contrataciones y promociones que fueron rechazadas por ella cuando estuvo al frente de la vicepresidencia de recursos humanos. Indicó que ella y su equipo, sustentados en análisis técnicos, objetaron la transferencia o la contratación de varios empleados recomendados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, en razón de que los candidatos no tenían la experiencia, conocimiento técnico, ni la calificación para ocupar los puestos. A pesar de esto y del control interno, Martínez, Pereira y Cárdenas forzaron la contratación de estas personas y se crearon varios puestos de trabajo sin que existiera la necesidad operativa.

Los contratados irregularmente

De acuerdo a su narración de los hechos, Marisol Gómez explicó a la alta gerencia que estas situaciones estaban en contra de los procedimientos internos regulares, pero se impuso la presión de Martínez y Pereira a través de Gustavo Cárdenas, siendo el resultado la autorización de documentos de recursos humanos para contratar y promover a personas no calificadas en varias funciones de CITGO.

   Entre las personas contratadas de manera irregular bajo el procedimiento antes expuesto, habrían ingresado a la filial, en primer lugar, Melissa Martínez —hija de Nelson Martínez— quien fue designada vicepresidenta de la Fundación Simón Bolívar, la cual administraba USD 17 millones en donaciones de CITGO Petroleum Corporation al año. Marisol Gómez subrayó que Melissa Martínez carecía de la experiencia laboral necesaria para ocupar tal posición.

    Otro caso fue el de John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Marisol Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

    Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.

    Bajo esta modalidad igualmente habrían ingresado a CITGO, Juan Pacheco, Lilian Tenorio y Laymar Peña, quienes en la posición de contratistas de adquisiciones de proyectos especiales contratados por Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez se desempeñaron previamente en PDVSA Services (PSI) y con entidades intermediarias que persiguen contratos con CITGO. De acuerdo a Marisol Gómez, estos contratistas junto con Ramiro Rodríguez llevaron a cabo varias transacciones de adquisiciones fraudulentas en CITGO. Indicó que los resultados de una investigación realizada por una firma de abogados externa, solicitada por CITGO Legal, Recursos Humanos, Auditoría Interna y el grupo de contralores, muestra irregularidades en varias operaciones aprobadas por Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y Nelson Martínez.

     Martínez también habría ordenado la contratación de su amiga personal, Bibi Albarrán, en el área de adquisiciones en un nuevo puesto creado especialmente para ella en Miami, Florida. Una posición en la que carecía de responsabilidades y no contaba con la supervisión de los gerentes de adquisiciones de CITGO, dado que la filial no tiene oficinas en esa ciudad. Como en los casos anteriores, Bibi Albarrán carecía de experiencia en adquisiciones.

     En su informe a Asdrúbal Chávez, Marisol Gómez denunció que el procedimiento de Recursos Humanos número 060-50 de CITGO, denominado “Proceso de selección y contratación de contratistas”, el cual proporciona pautas formales para la selección y contratación de contratistas fue violado por Nelson Martínez y otros directores-gerentes quienes pasaron por alto los controles internos a las personas contratadas de su preferencia, así como los requisitos para validar la experiencia laboral y los títulos educativos, los cuales fueron anulados por los gerentes que aprobaron la contratación.

    Refirió Gómez de Vergara que las prácticas de contratación de Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez no fueron adecuadas y carecían de la documentación necesaria para instrumentar un proceso de contratación justo y profesional, dado que los candidatos no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos para ocupar los puestos de trabajo. Narró que, por ejemplo, en varios casos, el gerente de contratación entrevistó a un solo candidato aun cuando había varios candidatos calificados, pasando además por alto el requisito de que un representante de Recursos Humanos participara en el proceso de la entrevista. Ante esta situación, Gómez habría solicitado una auditoría interna sobre este proceso de ingreso de los contratistas de adquisiciones, identificándose debilidades significativas que se informaron a la gerencia. Nelson Martínez y Ramiro Rodríguez evitaron tomar medidas disciplinarias contra los gerentes, empleados y contratistas de CITGO que eludieron los controles internos.

Represalias contra los directores

   De seguido, Marisol Gómez pasó a exponer que en 2017, Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano decidieron tomar represalias contra los directores, gerentes y otros empleados de CITGO que denunciaron conductas poco éticas y actos ilegales dirigidos por la administración de Martínez.

    Fue así —de acuerdo a la exposición de Gómez de Vergara— que habiendo sido designado José Pereira como CEO interino de CITGO y Nelson Martínez presidente de PDVSA, supuestamente se coludieron con Gustavo Cárdenas para terminar, transferir u obligar a la jubilación de directores, gerentes y empleados que pudieran interferir con sus planes ilegales.

   De este modo, tomaron represalias contra todos los directores clave que habían informado previamente las irregularidades, para así obtener el control de sus funciones. Fue así como todos los que denunciaron las irregularidades y transacciones fraudulentas cometidas presuntamente por Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, así como por los gerentes de compras de CITGO, entre ellos, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh, entre otros, fueron reprendidos.

    Marisol Gómez de Vergara informó a Asdrúbal Chávez de aumentos salariales no respaldados y cálculos de bonificaciones sin que siguieran los parámetros y cálculos técnicos de Recursos Humanos por parte de Nelson Martínez. Explicó que aquellos empleados que siguieran las directrices de Nelson Martínez para supuestamente cometer actividades comerciales fraudulentas y poco éticas, eran beneficiados con aumentos salariales y bonificaciones cuyas pautas eran dictadas directamente por Martínez sin regirse por las políticas aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

Quejas de los empleados

   Marisol Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que los empleados informaron confidencialmente las quejas relacionadas con comportamientos poco éticos de Nelson Martínez, Ramiro Rodríguez, Glenn Hilman y Brian Paulson.

   De este modo, dijo que Carlie Neubauer, Gerente de Adquisiciones Corporativas dio a conocer muchas prácticas de adquisición cuestionables por parte de los agentes de proyectos especiales, Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco, quienes fueron retirados de CITGO. Refirió que al momento de la comunicación otros de estos agentes seguían empleados en la filial. Marisol Gómez indicó que estas personas favorecieron a las entidades intermediarias, presentaron ofertas falsas, enviaron ofertas a los vendedores en diferentes días y les dieron a los vendedores tiempos de respuesta irrazonables.

    Gómez dice en el informe que Ramiro Rodríguez, José Luis Zambrano, Glenn Hilman, José Luis De Jongh, Laymar Peña, Juan Pacheco y otros agentes de compras fueron protegidos por Nelson Martínez. Agregó que el comité de cumplimiento formado por ella, Jeff Bednar (legal), John Butts (controlador) y Franklin Domond (Auditor General) fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez y José Pereira al haber implementado nuevos controles correctivos e investigar casos relacionados con el fraude cometidos en los Proyectos Especiales. Refirió que Carlie Neubauer fue objeto de represalias y discriminación por parte de Glenn Hilman y fue transferida a otro puesto no relacionado con sus muchos años de experiencia en adquisiciones. Neubauer se vio obligada a renunciar a CITGO.

     Marisol Gómez cita luego el caso de Robert B. Bailey, Gerente de CPC, quien informó que Rubén González, un empleado de CITGO, firmó un contrato en nombre de Petroleum Logistics junto con Nelson Martínez. Según lo narrado por Gómez de Vergara, Bailey también habría informado que los contratistas de adquisiciones trabajaban previamente con entidades intermediarias y estaban influyendo en los procesos de adquisición. La versión refiere que Nelson Martínez presuntamente no quería tomar ninguna medida contra Rubén González y los agentes de adquisiciones por las violaciones debido a conflictos de intereses.

   Entretanto, narró el caso de Ana Aguirre, Gerente de Adquisiciones de Lubricantes, quien dio a conocer a CITGO Legal los hallazgos y documentos de respaldo relacionados con las transacciones de adquisiciones para PDVSA donde solo dos entidades intermediarias estaban ganando ofertas mientras que todas las demás fueron descalificadas. Gómez refirió a Asdrúbal Chávez que estos reclamos fueron investigados por auditorías internas y abogados externos y los resultados arrojaron pruebas suficientes de que Juan Pacheco, Laymar Peña, Ramiro Rodríguez y otros agentes manipularon los procesos de adquisición. Agregó que Nelson Martínez supuestamente se opuso a la aplicación de cualquier acción disciplinaria a estos empleados. Ramiro Rodríguez recibió la orden de regresar a Venezuela y fue arrestado por otro caso de fraude.

     Según lo expuesto, los resultados de la investigación llevaron al comité de cumplimiento a decidir el rescindir el contrato de Juan Pacheco con CITGO, pero Nelson Martínez alegó que los señalamientos sólo respondían a los comentarios a Marisol Gómez y los miembros del comité.

    Destaca Marisol Gómez que luego del arresto de Nelson Martínez, José Luis Zambrano y José Pereira en Venezuela, Ana Aguirre supuestamente habría visto a Laymar Peña destruyendo evidencia de transacciones de compra realizadas por ella y Zambrano, lo cual es absolutamente ilegal. Según Ana Aguirre, Glenn Hilman y Brian Paulson desestimaron todas sus acusaciones contra Laymar Peña y no investigaron los reclamos y, por el contrario, fue protegida por los gerentes de adquisiciones, mientras que Aguirre fue objeto de acoso y acciones discriminatorias por parte de Brian Paulson. Ana Aguirre se habría visto obligada a renunciar a CITGO.

   A su vez, April Dickson, Paralegal Comercial, informó de actividades cuestionables cometidas supuestamente por Ramiro Rodríguez y Juan Pacheco en violación de la Política de Ética Comercial y Conflicto de Intereses de la Compañía. Estos empleados fueron protegidos por Nelson Martínez. Dickson, pese a la efectividad de su trabajo, fue discriminada por José Pereira por sus revelaciones acerca de muchos casos irregulares. Supuestamente, Dickson fue incluida en una lista negra por parte de la gerencia y quedó fuera del equipo de cumplimiento dirigido por Rick Esser.

Denuncias confidenciales y otros casos

   Por vía confidencial, otros empleados de CITGO presentaron quejas contra Nelson Martínez Ramiro Rodríguez, Juan Pacheco y otros directores de adquisiciones relacionados con malversación de fondos al "Otorgar negocios a proveedores por costos más altos y favorecer a empresas como Southern Procurement Services (SPS)".

    Igualmente refirieron violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dado que “El departamento de Compras parece estar realizando actividades sospechosas con el nuevo proyecto de compras que Ramiro está dirigiendo. Los empleados de PDVSA de Venezuela están tratando con muchos distribuidores y no creen que hayan sido provistos correctamente”.

   También denunciaron conflicto de intereses, debido a la "Contratación de contratistas de compras que fueron despedidos de PDVSA y PSI".

     Marisol Gómez llevó a cabo un trabajo conjunto —según expuso en el informe— con los miembros del Comité de Cumplimiento, Auditoría Interna, Legal y el departamento del controlador para abordar las reclamaciones y mejorar los procesos de la empresa, pero Nelson Martínez, José Pereira, Glenn Hilman y José Luis Zambrano habrían ignorado las acciones disciplinarias recomendadas contra los empleados que habían cometido irregularidades.

    Martínez, Pereira y Cárdenas habrían tomado represalias contra Marisol Gómez, Jeff Bednar, Franklin Domond y John Butts por haber implementado controles internos para mitigar el fraude. Según Gómez, Nelson Martínez intimidó a estos directores en varias reuniones en su oficina por informar y abordar irregularidades, violaciones de controles internos y comportamientos poco éticos.

GFC Consultores LLC

      Nelson Martínez habría dispuesto la contratación de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto. Puntualiza Marisol Gómez que GFC Consultores LLC es una empresa registrada el 18 de julio de 2013, en Florida, por Gustavo Felice, un pariente de Nelson Martínez. La firma tiene direcciones registradas en Weston, FL 2800, Glades Cir Weston, FL 33327 y 4329 Vineyard Cir Weston, FL 33332.

     Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas —de acuerdo al informe— presionaron a Marisol Gómez y otros vicepresidentes de CITGO para que contrataran los servicios ofrecidos por la empresa de su familiar.

     Indica el reporte, que las facturas de GFC reflejan cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Los cargos de GFC incluyeron sobreprecios significativos.

    Los pagos a GFC Consultores LLC fueron autorizados por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas a través de las cuentas bancarias de PDV USA y CITGO, sin que se hubiese producido la revisión adecuada de los bienes y servicios cobrados por GFC. De este modo, bajo la administración de Martínez, GFC recibió pagos por USD 6.164.823 entre octubre de 2014 y noviembre de 2017; USD 4.576.784 de PDV USA y USD 1.588.039 de CITGO.

Cambios en el fondo de pensiones

   El reporte de Marisol Gómez remitido a Asdrúbal Chávez hace mención a los cambios “poco éticos” en el fondo de pensiones de CITGO, lo cual se instrumentó por decisión de Nelson Martínez, quien solicitó su modificación.

  La denunciante refiere que un estudio técnico realizado por Recursos Humanos y Finanzas de CITGO mostró resultados de que la filial tendría un enorme impacto financiero negativo a mediano plazo con la implementación del referido cambio.

   Tal modificación habría obedecido al deseo de Nelson Martínez de ser considerado como un empleado jubilado, al agregar siete años adicionales a todos los empleados de Venezuela —alrededor de 35 empleados— y para ello supuestamente presionó a Marisol Gómez a objeto de que presentara esta propuesta ante la Junta de Directores de PDVSA y así lograr que sus 40 años de servicio fueran considerados como todos desempeñados en CITGO. Gómez se habría opuesto alegando que tal modificación significaría la duplicación del beneficio, puesto que para la fecha ya Nelson Martínez estaba considerado dentro del sistema de jubilación de PDVSA. El grupo del contralor, John Butts y Bob Shoemaker prepararon una presentación para explicar a la alta gerencia por qué esto el cambio era negativo para CITGO.

   Por sus objeciones en este caso, Marisol Gómez habría sido objeto de hostigamiento adicional y acciones discriminatorias, incluidas amenazas, comentarios, hostilidad e intimidación por parte de Nelson Martínez.

    Finalmente, los servicios de Marisol Gómez fueron rescindidos en marzo de 2017, una decisión adoptada —según su punto de vista— por su oposición a seguir prácticas fraudulentas y poco éticas ordenadas por Nelson Martínez.

   En noviembre de 2017, José Luis Zambrano, José Pereira y Nelson Martínez fueron arrestados en Venezuela por conspiración para cometer un delito. Sólo este hecho impidió la implementación de los cambios pretendidos por Martínez en el fondo de pensiones de CITGO.

Retaliaciones contra los empleados y otras irregularidades

   Los empleados de CITGO también habrían sido objeto de retaliaciones por parte de Nelson Martínez y José Pereira, como medida para asegurarse que denunciaran sus irregularidades ante los nuevos miembros de la junta directiva de PDVSA.

   De este modo, Pereira y Cárdenas eliminaron el cargo de Vicepresidente de Recursos Humanos y dichas funciones pasaron a manos de José Luis Zambrano, Vicepresidente de Servicios Compartidos y quien, según el informe de Gómez, está involucrado en varias transacciones de adquisiciones fraudulentas para favorecer entidades intermediarias y la aprobación de sobreprecios significativos junto con Nelson Martínez, Glenn Hilman y Jose Luis De Jongh. De hecho, varias de las solicitudes de Martínez comenzaron a implementarse luego de que Zambrano asumió el cargo.

    José Pereira y José Luis Zambrano habrían contratado a parientes y allegados no calificados para ocupar puestos clave en CITGO, habiendo implementado aumentos de sueldos sin el apoyo de cálculos técnicos adecuados y promociones justificadas por méritos, así como bonificaciones que excedieron los parámetros aprobados por Junta Directiva de PDVSA. Para ello crearon un comité de compensación para aprobar salarios y bonificaciones fuera de los períodos regulares establecidos en las políticas de compensación de CITGO aprobadas por la junta directiva de PDVSA.

    Refiere Marisol Gómez que supuestamente el hostigamiento y las acciones discriminatorias se extendieron a los miembros cercanos a su equipo de trabajo, a saber Edgar Ordorica, Patricia Milano y Karie Oquinn, quienes fueron objeto de represalias por parte de Nelson Martínez, José Pereira y José Luis Zambrano. Estos trabajadores fueron transferidos a otros cargos.

    Asimismo, Iván Cordero, Freddy Gómez y Liz Aguilar fueron despedidos a pesar de haber tenido un buen desempeño. A la salida de Marisol Gómez en marzo de 2017, Jeff Bednar y Eduardo Assef se habrían visto obligados a retirarse, mientras que Franklin Domond fue despedido y John Butts fue transferido a un puesto inferior bajo las órdenes de un director con menos experiencia que él.

    Entre 2017 y 2018, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Rick Esser —sostiene Gómez de Vergara— supuestamente manipularon controles internos para satisfacer las exigencias de Nelson Martínez. Habrían desbloqueado entidades intermediarias y les asignaron contratos de adquisición y pagos por más de USD 60 millones.

    En 2018, las agencias policiales estadounidenses arrestaron a varios propietarios y empleados de estas entidades intermediarias con contratos importantes con CITGO y PDVSA.

   Aseguró Marisol Gómez de Vergara que fue despedida por Nelson Martínez aun cuando este no estaba facultado para ello, pues al haber sido designada por la junta directiva de PDVSA, sólo esta entidad tenía la potestad de removerla de su cargo.

    Subrayó que la ley federal penaliza las represalias o cualquier acción perjudicial contra los empleados, incluida la interferencia con el empleo legal o el sustento de cualquier persona por proporcionar información veraz relacionada con irregularidades o violaciones de las leyes federales. “Además, las políticas de CITGO prohíben las represalias y el acoso contra los empleados”.

     A pesar de haber negado vehementemente la aplicación de este tipo de políticas, Rick Esser como Oficial de Cumplimiento de CITGO no habría cumplido su palabra y evitó investigar las denuncias al respecto y la presunta conducta poco ética de Nelson Martínez.

   En tal sentido, Marisol Gómez instó a que Esser ponga en práctica las averiguaciones de acuerdo con las políticas corporativas de CITGO.

Conozca la irregular operación de intercambió deuda llevada a cabo por Bariven por 120 millones de dólares

Sin contar con la aprobación de la totalidad de los miembros de la junta directiva ni tener el aval de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la filial Bariven S.A. llevó a cabo una operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera por USD 120.000.009, a favor de la empresa Weatherford Latin America S.A.

Un tipo de negociación que revela el grado de emergencia financiera que atraviesa la principal industria venezolana, al tener que recurrir a este tipo de negociaciones por no poder hacer frente a sus obligaciones con los acreedores en el sector de servicios petroleros, es decir, por no poder cubrir los gastos que conllevan sus operaciones regulares debido a su iliquidez.

El 26 de mayo de 2016, Aldo Walindo, secretario de la junta directiva de Bariven S.A., remitió a Francisco Jiménez, presidente de la filial petrolera para la época, una comunicación confidencial relativa a la decisión adoptada por el directorio en su reunión número 09-2016 de autorizar la operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera de Petróleos de Venezuela S.A. y filiales mediante la emisión de pagaré a favor de la empresa Weatherford Latin America S.A.,

El comunicado instruía a la filial, a que adoptara las acciones necesarias para materializar la decisión de la junta directiva de intercambiar la deuda comercial que mantenía con el proveedor antes referido —Weatherford Latin America S.A.— en deuda financiera, mediante la emisión de un pagaré por parte de PDVSA por USD 120.000.0009 que sería intercambiados por facturas comerciales de Bariven S.A.

La emisión del pagaré la haría Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por un monto de USD 120.000.009, pagadero a tres años con un año de gracia.

El capital y los intereses se pagarían trimestralmente a una tasa de interés de 6,50 por ciento anual.

La negociación se regiría por la ley de Nueva York y, por tanto, cualquier desacuerdo se resolvería en las cortes de dicha ciudad de los Estados Unidos.

PDVSA era el garante de la deuda en la que participaban la casa matriz, Bariven S.A., la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. y PDVSA Gas S.A.

El tenedor inicial de la nota era Weatherford Latin America S.A. mientras el agente administrativo de la operación sería Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH.

   La junta directiva de Bariven autorizó e instruyó a la filial para desplegar en PDVSA las sumas totales de la deuda que se mantenía con Weatherford Latin America S.A., correspondientes a las facturas comerciales que serían intercambiadas por deuda financiera.

   Asimismo, se ordenó a Bariven S.A. suscribir la documentación necesaria para instrumentar la operación, especialmente el Acuerdo de Asunción de Deuda y Novación (Debt Assumption and Novation Agreement).

  Orlando Chacín, Ana María España y Renny Bolívar fueron designados para suscribir en nombre de Bariven S.A. la documentación necesaria para llevar a cabo la operación.

   La decisión la firmaron Francisco Jiménez (presidente) y los directores Julio García, Daniel Chirinos y Valmore González. Se abstuvieron Jesús Sánchez, José Ávila y Osmel Molina.

La empresa

Weatherford Latin America S.A. es una empresa que opera principalmente en el sector de petróleo y gas, subsidiaria del grupo suizo Weatherford Switzerland Trading and Development GmbH igualmente dedicado al sector de los hidrocarburos.

El portal Pymes Venezuela informa que Weatherford Latin America S.A. tiene su dirección principal en la Avenida Blandín de La Castellana, centro San Ignacio, Torre Copérnico, piso 2, oficina 6, Municipio Chacao, estado miranda.

“La sociedad tiene por objeto la importación, venta, arrendamiento y mantenimiento de productos relacionados con la producción de petróleo, prestando a la industria y demás compañías de servicios petroleros, los servicios inherentes a dicha actividad, incluyendo, pero sin limitarse, a la prestación de los siguientes servicios y productos: corrida de revestidores y tubería de completación; alquiler de equipos automatizados para la corrida de revestidores y tuberías de completación; herramientas de pescas para perforación y rehabilitación de pozos; alquiler de herramientas, equipos y tuberías de perforación y completación (estabilizadores, ampliadores, roller reamers); alquiler de equipos para control de reventones (BOP‘S y accesorios), perforación direccional/horizontal de pozos; alquiler de motores de fondo; servicio y alquiler de equipos para perforación bajo balance (underbalance drilling), compresores, generadores de nitrógeno in situ, separadores de 2, 3 y 4 fases y accesorios; alquiler de martillos de perforación; alquiler de herramientas de through tubing, empacaduras inflables; herramientas para pozos de tecnología multilaterales y accesorio (casing exit systems); suministro de productos para cementación (zapatas, centralizadores, tapones no rotativos, stage tools); suministro de parches para revestidores y accesorios (casing patch) y cabezales rotatorios (rotating heads). Adicionalmente, la sociedad podrá realizar cualquiera actividad lícita, sea comercial o de otra naturaleza, para las cuales se constituyen las sociedades de comercio conforme a las leyes de la República de Venezuela”.

La firma cuenta con 137 trabajadores y sus teléfonos 0212-2656544, 0414-8415531, 0212-2674239. Correo electrónico: milagros.lezama@weatherford.com[1].

A través de una decisión de medida cautelar adoptada a su favor por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, conocemos que la empresa también tiene sede en la Carretera “K”, sector Barrio Libertad, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del estado Zulia y que su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-080350170 que mantiene contratos con PetroCumarebo S.A., PDVSA Servicios S.A., PDVSA Gas S.A. y Bariven S.A., entre otras[2].

 Citas

[1] Pymes Venezuela. Weatherford Latin America S.A. https://www.pymesvenezuela.com/ficha/weatherford-latin-america-sa-10841 

[2] V/lex. Decisión N° 364 de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de Zulia (Extensión Cabimas), del 7 de agosto de 2012. https://vlexvenezuela.co,/vid/weatherford-latin-america-ctor-garc-396519894