Decisión de un tribunal de Apelaciones de EE. UU. permite que Crystallex avance en su intención de subastar las acciones de CITGO

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó el lunes que  Crystallex International Corp pueda avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO, cuya orden de subasta había sido ordenado por el juez de un tribunal de Delaware.

La canadiense Crystallex había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

El juez del 3er Circuito, Thomas L. Ambro ordenó levantar la suspensión de la subasta de CITGO que había sido ordenada por la Corte del Distrito.

Un caso de larga data

En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.

Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de Citgo se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware.

En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela.

Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería «un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos».

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.

La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

REPSOL continúa realizando operaciones con Petróleos de Venezuela (DOCUMENTO)

Los envíos descritos en una comunicación interna de PDVSA emitida en el mes de septiembre 2019, dicen que se hacen bajo la modalidad de venta ocasional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La compañía petrolera española Repsol continúa realizando operaciones de crudo con Petróleos de Venezuela, la empresa estatal  venezolana sancionada por el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la estrategia usada por Washington para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder.

La firma petrolera española informó en abril de 2019, que continuaría con sus negocios con PDVSA, a la vez que anunció que había estado cobrando dividendos pendientes de sus proyectos en Venezuela mediante la recepción de crudo venezolano, que en parte intercambia por combustible enviado al país sudamericano. 


"El acuerdo convirtió este año a Repsol en uno de los principales proveedores de combustible de la nación miembro de la OPEP, junto con Rosneft de Rusia y Reliance Industries de India"(1) dijo una nota de Reuters basada en tres fuentes y datos de seguimiento de embarcaciones.

En abril, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams resaltó las relaciones de Repsol "por sus actividades en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro" (2).

Abrams dijo —en una visita a Madrid— que conocía los argumentos presentados por Repsol en Washington y que estaban "pensando las formas de afrontar la situación" que había descrito la empresa petrolera española.

Continúan los envíos de crudo

Un documento confidencial de Petróleos de Venezuela revela detalles de una transacción comercial entre PDVSA y REPSOL Trading S.A que involucra dos cargamentos de crudo [uno Merey 16 y otro de Special Hamaca Bland (SHB)] bajo la modalidad de venta ocasional.

La comunicación —firmada el 24 de septiembre de 2019— tiene como objetivo respaldar la venta de un cargamento de 500 Mbls. de crudo Merey 16 y otro cargamento de de 600 Mbls. de Special Hamaca Blend (SHB) para el cliente REPSOL Trading S.A. 

El oficio señala que "el 28 de enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos emitió siete sanciones en contra de Petróleos de Venezuela S.A, las cuales tienen como alcance restricciones a nivel comercial, suministro de materia prima, operativo y financieros entre otros".

"En atención a las sanciones impuestas por el gobierno de EE. UU. de fecha 20 de junio de 2019, la Gerencia General de Operaciones de Crudo y Residuales (G.C.O.C.R) emite el listado actualizado de los buques fondeados con carga sin autorización de zarpe y disponibles para la colocación comercial por parte de PDVSA", dice la comunicación.

Asimismo informa que "En fecha 28 de agosto de 2019, la G.G.C.C.R estableció como estrategia comercial ofrecer al cliente REPSOL Trading SA a través de correo electrónico en negociaciones directa, los cargamentos de Merey  16 ofrecidos por la G.G.O.C.R para la colocación comercial".

En los actuales momentos, "REPSOL es un cliente tradicional que ha mantenido la relación comercial con PDVSA post sanciones manifestando su disposición de levantamiento de crudo para el pago de financiamiento de la EM PETROQUIRIQUIRE S.A CARDON IV  y para el pago por compensación de Diésel", dice el oficio.

En la justificación se destaca que "en atención a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, anunciadas el pasado 28 de enero, se emitió la instrucción de atraque, carga SIN ZARPE en los buques destino EE.UU. Estos buques deben permanecer fondeados sin recibir documentación hasta que la Gerencia General de Crudos y Residuales de la Dirección General de Operaciones, adscritas a la vicepresidencia de Comercio  y Suministro de Petróleos de Venezuela envié por escrito la autorización de zarpe de los mismos, esta medida aplica a los buques de Chevron, CITGO y Valero"

En vista de lo  anterior, "se tiene la opción de realizar la venta y carga desde los barcos actualmente fondeados del cliente Chevron permitiendo la liberación  de los mismos en operaciones STS con el cliente REPSOL".

Este volumen permitirá cumplir con la colocación comercial parcial del cargamento a bordo del BT DIAMOND WAY del cliente Chevron fondeado con 950 MBls de SHN  desde el pasado mes de febrero 2019, según los términos y condiciones acá expuestas y dar respuesta al plan Merey 16 emitido por G.G.O.C.R.

La fórmula de precio para el Merey 16 se encuentra dentro  de los parámetros sugeridos por la Gerencia de Análisis Comercial para el mercado de North West Europe en +0.50 USD/BI para Merey 16 y +1.05 USD/BI  para el SHB.

Se solicita al comité C.I.C.S.Y.L respaldar la asignación de (1) cargamento de 500 MBls de Mey 16 con pago inicial de 217 MB a Petroquiriquire y el balance para la compensación de productos/caja PDVSA desde puerto  de JOSE, un (1) cargamento de 600 MBls. de SHB con pago parcial de 250 MB a Cardón IV y el balance de la compensación de prodcutos/caja PDVSA en operación STS con el BT, carguero DIAMOND WAY, (en ventana de carga 7-9 y 22-24) de septiembre de 2019 respectivamente, al cliente REPSOL Trading S.A bajo la modalidad de venta ocasional, según las condiciones y  términos que se encuentran en el presente documento.

Citas

1) https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-repsol-exclusive/exclusive-spains-repsol-suspended-swap-deal-for-venezuelan-oil-under-u-s-pressure-idUSKCN1RT2F1

2) https://www.moncloa.com/eeuu-repsol-sanciones-venezuela/

EE. UU.: Sentencian a cuatro años de cárcel a uno de los socios del expresidente de Corpoelec por delitos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de la Florida condenó a un contratista asociado al expresidente de la Corporación Eléctrica de Venezuela, general Luis Alfredo Motta Domínguez, a 51 meses de prisión y a una sentencia de dinero. Luis Alberto Chacín Haddad fue procesado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción, pago de sobornos y lavado de dinero vinculado a Corpoelec.

Chacín Haddad, (junto a otro contratista del Estado venezolano, Jesús Veroes), participó en un esquema de corrupción que incluyó a varias empresas ubicadas en el estado de Florida. Chacín Haddad y Veroes pagaron sobornos a funcionarios de Corpoelec, en particular al expresidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez. 

La defensa de Chacín Haddad había apelado a benevolencia del juez solicitando 18 meses de condena, pero el magistrado siguió la pauta de sentencias federales y lo sentenció a 51 meses, equivalente 4 años y 3 meses.

De acuerdo a los documentos del gobierno estadounidense, Luis Alberto Chacín Haddad pagó coimas a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, en particular al presidente de Corpoelec para obtener contratos de la empresa eléctrica por unos $ 60 millones a empresas ubicadas en el estado de la Florida.

La fiscalía sostuvo que Chacín Haddad violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por haber participado durante varios años en un esquema de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios extranjeros.

Los fiscales probaron que Chacín Haddad obtuvo, gracias al pago de los sobornos, múltiples contratos a través de los cuales ganó 11 millones de dólares. Las empresas usadas para esas contrataciones están ubicadas en territorio norteamericano y los fondos transferidos fueron movilizados en el sistema financiero estadounidense. 

La fiscalía advirtió que durante el esquema de corrupción Chacín Haddad y Jesús Verores obtuvieron cada uno $ 5,5 millones en ganancias.

El esquema de corrupción y pago de sobornos

Jesús Veroes y Luis Alberto Chacín fueron procesados por la justicia de los Estados Unidos por  conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, pagar sobornos a funcionarios públicos, malversación y robo de fondos públicos.

Veroes, un conocido contratista venezolano, fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 14 de marzo de 2019,  en Doral acusado por las negociaciones irregulares que mantenía con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cuyos fondos fueron lavados mediante operaciones orquestadas con Chacín Haddad en el sistema financiero de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense vinculó está trama de corrupción con el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, con quien Veroes mantiene una relación de compadrazgo y amistad de larga data. Motta Domínguez es uno de los funcionarios mencionados en los documentos que sirvieron para establecer la causa probable de su acusación por el sistema judicial estadounidense.

El proceso judicial contra Veroes y Chacín Haddad coincide con la agudización de la crisis que padece Venezuela, país que se mantiene prácticamente a oscuras en razón del colapso de su sistema eléctrico, pese a las grandes inversiones por contratos suscritos a lo largo de veinte años por las administraciones socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que en nada han traducido en la solución del grave problema.

Contratos como los que los documentos judiciales que a continuación se presentan son un ejemplo de la corrupción imperante en las instituciones venezolanas.

Veroes y Chacín Haddad —residenciados en Estados Unidos— vendieron a Corpoelec transformadores y equipos por millonarias sumas a pesar de que no eran compatibles con el sistema eléctrico venezolano sino con los de Cuba y Nicaragua, tal como lo refiere el primero de los imputados en una de las conversaciones grabadas por un testigo cooperante en el proceso de investigación que se le siguió y que desembocó en su detención.

Los documentos presentados para la acusación muestran cómo Veroes alardeaba de ser el responsable de conseguir los contratos en razón de su relación con altos funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec. De hecho, en algún momento de la conversación se refiere al funcionario venezolano como “ministro”. Se trata de cuatro contratos para vender a Corpoelec equipos por USD 6.429.000, por USD 9.789.250, por USD 893.713,89 dólares y otro que se suscribió entre la empresa venezolana la firma de un Co-Conspirador, quien preside una corporación de Florida con sede en Port St.

El caso

El 14 de marzo de 2019, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, la fiscal de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, presentó el caso N° 19-2352-JJO, en el que denunció que entre 2016 y 2017, en el condado de Miami-Dade en el Distrito Sur de Florida, el acusado Jesús Ramón Veroes, violó el la sección 18 del Código de los Estados Unidos (1956) al conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

Se presentó una declaración jurada del Agente Especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) asignado al Grupo de Trabajo de la Oficina de Campo de Miami, Área de Tráfico de Alta Intensidad de Drogas (HIDTA), Warren E. Rogers Jr., quien ha ejercido durante 17 años como agente del IRS, en la que manifestó que existe una causa probable para creer que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, conspiraron deliberadamente para para intentar participar en una transacción monetaria criminal por un valor mayor a los USD 10.000 derivada de una actividad ilegal que infringe la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y por cometer delitos a nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, todo ello en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a) y del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Rogers declaró que la información suministrada en su declaración jurada se formuló únicamente con el objetivo de establecer la causa probable que justifique el arresto de Veroes y Chacín Haddad por los delitos que se les imputan.

El agente especial del IRS advirtió que no incluyó en la declaración jurada todos y cada uno de los hechos y circunstancias conocidos, sino solo aquellos que estimó como suficientes para establecer causa probable para la acusación.

Rogers narró que como agente especial del IRS-CI, sus responsabilidades incluyen —aunque no se limitan— investigar las violaciones criminales del Título 26, Código de los Estados Unidos (USC) (Código de Ingresos Internos), Título 18, USC 1956, 1957, 1960, Título 31 USC , infracciones a la Ley de secreto bancario (BSA) y otros delitos relacionados. Precisó que durante los últimos cinco años fue asignado exclusivamente a la Fuerza de Tarea del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Sur de la Florida (HIDTA, por sus siglas en inglés), despacho que investiga los casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico de la Fuerza de Tarea contra la Droga (OCDETF).

Explicó que durante su permanencia en el HIDTA del sur de Florida, trabajó como agente principal en numerosas investigaciones de lavado de dinero de organizaciones de narcotraficantes (DTO) y de lavado de dinero, las cuales han involucrado violaciones del Título 18, Secciones 1956 de la USC, 1957, 1960, 1962 (RICO), así como otras operaciones de lavado de dinero relacionadas con el fraude federal, incluido el fraude por correo, el fraude electrónico y el fraude hipotecario. Agregó que también llevó a cabo y participó en investigaciones de decomiso de activos relacionadas con las Secciones 981 y 982 del Título 18 de la USC, con base a violaciones del Título 18 de la USC 1956, 1957 y 1960 en materia de lavado de dinero. Informó que a la fecha de su declaración se encontraba trabajando en el Equipo de lucha delitos financieros (Financial Investigative Strike Team) investigando operaciones comerciales relacionadas al lavado de dinero que tienen que ver con actividades en los sistemas de cambio de moneda del mercado negro.

Antecedentes

La declaración jurada de Warren Rogers Jr. refiere que Luis Alberto Chacín Haddad es un ciudadano venezolano residente de en los Estados Unidos donde administra negocios en la ciudad de Miami, a través de las que se identifican como Compañía 1 y Compañía 2, las cuales se encuentran registradas de acuerdo a las leyes del estado de la Florida. Estas empresas compran productos de todo el mundo para exportarlos a América Central y del Sur, siendo que la Compañía 1 posee una cuenta bancaria en Citibank (Miami, Florida) y la Compañía 2 tiene su cuenta en el Bank of America (Miami, Florida).

Entretanto, Jesús Ramón Veroes, es un venezolano que figura como presidente de la que se identifica en la investigación como Compañía 3, la cual tiene sede en Doral, Florida y está registrada de acuerdo a la legislación de este estado. Se indica que la Compañía 3 posee una cuenta bancaria en Bank of America, configurándose dicha empresa como una preocupación nacional tal como se define ese término en la FCPA.

Se refiere que el Funcionario extranjero N° 1 es un funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela y en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual es controlada por el gobierno venezolano, quien ejerce funciones en ese país, por lo que encaja en lo establecido en la FCPA para definir a dicho funcionario.

Por su parte, el Funcionario Extranjero N° 2 es un funcionario de alto nivel en adquisiciones en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Su identificación como tal atiende a lo establecido en la FCPA.

El testigo Confidencial 1 (CW-1, por las siglas en inglés de Confidential Witness) es un ciudadano con doble nacionalidad venezolana-estadounidense, quien reside en Miami, Florida. Este individuo se perfila como una preocupación doméstica, tal como se define ese término en la FCPA. Se indica sobre esta persona, que aproximadamente en 2010, participó en varias empresas comerciales con Chacín Haddad y junto a este ocupó oficinas conjuntas en un edificio ubicado en Doral, Florida.

CW-1 proporcionó información a la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

La conspiración

La declaración jurada del agente especial Rogers precisa que aproximadamente en febrero de 2016, Chacín Haddad informó a CW-1, mientras sostenían una conversación telefónica, que tenía conexiones comerciales en Venezuela a través de Jesús Ramón Veroes, en razón de la relación que este último mantenía con el funcionario extranjero 1.

Para mayo de 2016, Luis Alberto Chacín Haddad llamó a CW-1 cuando este se encontraba en China, para solicitarle que buscara unos transformadores que servirían para atender un contrato futuro con Corpoelec. Le refirió que la relación de Veroes con el Funcionario Extranjero N° 1 les permitiría obtener contratos de suministro de generadores y montacargas a Corpoelec. Chacín le refirió a CW-1 que el funcionario extranjero 1 había ordenado a Veroes que coordinara todo a través del funcionario extranjero número 2. Se advierte que a CW-1 no le fue posible conseguir en China un agente que le proporcionara los transformadores conforme a lo solicitado por Corpoelec.

La investigación estableció que en o alrededor del 15 de junio de 2016, CW-1 y Chacín Haddad se reunieron en sus oficinas en Doral, donde el segundo manifestó tener los siguientes contratos en su poder: Uno suscrito el 25 de mayo de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara montacargas a Corpoelec por USD 6.429.000; otro firmado el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara transformadores a Corpoelec por USD 9.789.250; un contrato suscrito el 3 de junio de 2016 para que la Compañía 1 proporcionara generadores a Corpoelec por USD 893.713,89. Tales contratos fueron firmados por el funcionario extranjero número 2.

Igualmente, Chacín Haddad también tenía pedidos de compra de Corpoelec para transformadores, generadores y otros equipos. Le manifestó a CW-1 que existía un cuarto contrato entre Corpoelec y Co-Conspirador 1, quien es presidente de una corporación de Florida con sede en Port St. Lucie, para proporcionar partes diversas a la Corporación Eléctrica Nacional.

Se informa de una reunión sostenida el 15 de junio de 2016 en Doral, Florida, donde Chacín Haddad discutió con CW-1 lo relativo al acuerdo entre todas las partes involucradas en los contratos de Corpoelec y lo atinente a la división de las ganancias. Al respecto, Chacín Haddad dijo que, en primer lugar, el funcionario extranjero Nº 1 recibiría un pago de USD 2.5 millones, mientras que él (Chacín), Veroes, Co-Conspirator-1 y CW-1, recibirían cada uno el 25 por ciento del beneficio restante. También Chacín dijo que Veroes se encontraba trabajando en la obtención de un bono privado en Venezuela para que Corpoelec liberara la mitad del dinero adeudado a la Compañía 1, esto en virtud de que los contratos se estructuraron de manera que Corpoelec pagara el 50 por ciento del precio del contrato por adelantado.

Veroes no pudo concretar el referido bono, pero posteriormente, CW-1 obtuvo bonos de un banco venezolano que cubren los contratos de montacargas, transformadores y generadores como resultado de la conexión con el propietario del banco.

Se indica que aproximadamente a fines de julio de 2016, Veroes, Chacín Haddad, el hijo de este y CW-1, viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para visitar una compañía que vendía carretillas elevadoras donde, finalmente, la Compañía 1 compró 28 carretillas elevadoras de esta compañía, así como 13 carretillas elevadoras de otra compañía por aproximadamente USD 1.5 millones que totalizaron ambas operaciones. La Compañía 1 facturó a Corpoelec aproximadamente USD 6.429.000 por 40 de esos montacargas, lo que representa una ganancia de más del 300 por ciento.

Posteriormente, en 2016, Chacín Haddad y CW-1 tuvieron una caída relacionada con el contrato del transformador. El primero dejó de comunicarse con CW-1 y cortó los negocios compartidos con este. Luego, CW-1 obtuvo copias de documentos relacionados con los contratos de Corpoelec para los montacargas, transformadores y generadores de una secretaria que compartía con Chacín Haddad. El testigo confidencial proporcionó copias de estos documentos a la DEA.

Del mismo modo, a principios de 2018, CW-1 obtuvo un documento con el logotipo de Corpoelec que contiene una tabla con información sobre nueve contratos de dicha corporación en la que se enumeran cinco contratos entre la Compañía 1 y Corpoelec por un total de USD 23.198.663,90 donde estaban contemplados, entre otros, los contratos de montacargas, transformadores y generadores mencionados anteriormente. También tres contratos entre la Compañía 2 y Corpoelec, donde uno de estos era para el suministro de bombillas, por un total de USD 13.003.208. Igualmente, otro contrato entre la compañía de Co-Conspirator 1 y Corpoelec por USD 685.000. El precio total de estos contratos era de USD 36.886.871. La tabla refería que la mayoría de los contratos se habían designado como entregados y procesados en su totalidad.

Se refiere que en marzo de 2017, Jesús Veroes se reunió con CW-1 en la oficina del segundo en Doral, Florida y la conversación entre ambos fue grabada. El audio revela que Veroes dijo que Corpoelec no les había pagado porque la cuenta de Citibank de la Corporación Eléctrica Nacional estaba cerrada.

La conversación también da a conocer que Jesús Veroes dijo que existían dos nuevos acuerdos con Corpoelec e informó que no habían recibido el pago por esos contratos.

Veroes dijo que Chacín Haddad no sabía que él estaba llegando al total de CW-1 y que se encargaría de asegurar el pago del testigo confidencial por su parte de los contratos. Agregó que obtuvieron los contratos con Corpoelec debido a su conexión con el Funcionario Extranjero N° 1 y afirmó que Chacín Haddad o Co-Conspirator 1 nunca hubieran obtenido negocios de la empresa eléctrica a no ser por su contacto con dicho Funcionario Extranjero N° 1. Advirtió que si lo relacionado con los pagos no se resolvía pronto, le solicitaría al “ministro” —haciendo referencia al funcionario extranjero número 1— que se comunicara con otro funcionario para que lo ayudara a obtener el dinero. Veroes reiteró cómo se llevaría a cabo la división del dinero entre él, Chacín Haddad, Co-Conspirator 1 y CW-1. Informó que él sería el responsable de pagar al Oficial Extranjero N° 2 y al otro Corpoelec.

En otra reunión sostenida en marzo de 2017, Jesús Veroes declaró que había enviado 500 transformadores a Corpoelec, pero que estos equipos no podrían usarse en Venezuela porque solo eran compatibles con los sistemas eléctricos de Cuba y Nicaragua. Los transformadores —según dijo— estaban en un patio de almacenamiento de Corpoelec. La referida incompatibilidad no fue óbice para que Corpoelec enumerara el contrato del transformador como entregado y procesado en su totalidad de acuerdo con la tabla de contratos discutida anteriormente.

Se precisó que CW-1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec acordados por Chacín Haddad y Veroes.

Transferencias bancarias

Los registros reflejan una serie de transferencias bancarias de Corpoelec a cuentas asociadas con Luis Alberto Chacín Haddad y Jesús Ramón Veroes.

— El 12 de julio de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.211.286 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 4 de agosto de 2016 o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.894.226 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 8 de agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 446.210 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

— El 11 de octubre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.428.409 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

— El 16 de noviembre de 2016, o alrededor de esa fecha, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 981.352,48 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

— En o alrededor de diciembre de 2016, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 445.906 a la cuenta de Citibank de la Compañía 1.

—En o alrededor del 4 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 3.539.985,81 a la cuenta del Citibank de la Compañía 1.

Todas estas transferencias se efectuaron a la cuenta bancaria finalizada en los dígitos 1390.

— Entre aproximadamente el 22 de agosto de 2016 y el 11 de mayo de 2017, Corpoelec transfirió aproximadamente USD 4.476.152 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 terminada en 8828). Las notas de la transferencia hacen referencia al anticipo del contrato NCO-PR-2016-135 suscrito entre Corpoelec y la Compañía para el suministro de bombillas cuyo precio fue de USD 5.799.000.

— Entre el 4 de abril de 2017 y el 11 de mayo de 2017, la cuenta del Bank of America de la Compañía 2 (terminada en 8828) transfirió USD 2.566.984 a la cuenta del Bank of America de la Compañía 3 (terminada en 1683), pago que tenía que ver con un avance del mismo contrato de bombillos referido en el párrafo anterior.

Por último, Warren E. Rogers. Jr. refiere que con base a todo lo expuesto en la declaración jurada, se determinó la existencia de una causa probable para presumir que Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad conspiraron para comprometerse o intentar realizar una transacción monetaria a sabiendas de que trataba de una operación criminal de un valor superior a USD 10.000 provenientes de actividades ilegales específicas.

A saber, Rogers hizo mención a infracciones por delitos graves contemplado en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3), y delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en contra del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 (a), violación total del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

La declaración jurada de Warren E. Rogers. Jr. fue emitida ante el juez John Sullivan, el 14 de marzo de 2019.

Sobre el sentenciado

Por su parte, Luis Alberto Chacín Haddad, nació el 7 de mayo de 1965, es portador de la Cédula de Identidad número V-6.403.812 y se le ubica en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta[4].

Sufraga en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoiris, ubicado en la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

No figura registrado en el IVSS.

Este empresario (contratista) de origen margariteño y residente en los Estados Unidos es señalado de ser uno de los presuntos testaferros de Motta Domínguez. Tiene varias propiedades en Miami y junto a su hijo, Luis David Chacín, participó en los negocios irregulares con el expresidente de Corpoelec. 

Conoce todo los detalle de la denuncia hecha por Colombia en la OEA sobre relaciones de “beneficio mutuo” entre la guerrilla y el régimen de Maduro

Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit 

@maibortpetit

Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.

El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.

La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.

Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.

En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.

Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.

En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.

En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.

Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.

En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.

En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.

En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.

El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.

Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.

El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.

Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.

Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.

¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?

El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.

Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.

El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.

Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.

Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.

Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.

Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.

Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).

Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.

El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.

Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.

Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.

La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.

El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.

La evolución del ELN en Venezuela

De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.

Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.

Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.

En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.

Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:

En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.

Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.

Grupos armados organizados-residuales en Venezuela

La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.

Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.

Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.

GAO-Residuales en Venezuela:

Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.

De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.

Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.

El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.

Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.

Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.

La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.

En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).

Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.

Márquez y Santrich en Venezuela

El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.

El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.

Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.

La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.

La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.

Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.

También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.

El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.

El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.

En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).

Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.

Consideraciones finales

Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.

Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.

El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.

Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.

Informe revela el escaso cumplimiento de las actividades planificadas por Intevep

La asistencia a las actividades de asistencia técnica convocadas por la institución es casi nula.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un reporte del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep) de Petróleos de Venezuela S.A. correspondiente a la semana 28 (8 al 14 de julio) revela el incumplimiento de las actividades planificadas por el organismo, una muestra más del deterioro que presenta PDVSA.

El reporte

En primer lugar, el reporte se refiere al Resumen de asistencias técnicas prestadas por Intevep en 2019, específicamente en la cita semana 28, en la cual se contrasta lo planificado con lo efectivamente realizado.

Se presenta el número de asistencias técnicas especializadas y el número de asistencias técnicas especializadas acumuladas. Así, en de las 12 planificadas en enero se iniciaron 7; en febrero se planificaron 16 y se iniciaron 12; en marzo se planificaron 60 y no se inició ninguna; en abril se planificaron 24 y se iniciaron 25; en mayo se programaron 20, se iniciaron 13 y se llevó a cabo una atención técnica no planificada; en junio se programaron 12, se iniciaron 10 y realizó una no planificada; en julio se planificaron 17 y se iniciaron 8; en agosto la planificación era de asistencias mientras que para septiembre era de 3.

Las asistencias técnicas planificadas fueron en total 167, de las cuales se iniciaron realmente 77.

Se refiere que de las 77 asistencias técnicas iniciadas, 75 fueron planificadas y dos fueron no planificadas.

De las asistencias técnicas iniciadas por Dirección Ejecutiva en la Faja del Orinoco se iniciaron efectivamente 23 de las 82 planificadas.

En Occidente, de las 46 planificadas se iniciaron realmente 23.

En Oriente, de las 5 atenciones técnicas planificadas se iniciaron efectivamente 2.

En la Costa Afuera de las 11 asistencias planificadas se iniciaron 6 y una correspondió a otros negocios.

En PDVSA Gas, de las 23 planificadas se iniciaron 10.

La discriminación por proceso informa que por Confiabilidad de las 28 las planificadas fueron 28 y realmente se iniciaron 15.

Por Productividad, se planificaron 25 y se realizaron 8.

De las asistencias técnicas en Ambiente se planificaron 13 y se llevaron a cabo 4.

Las relativas a Construcción de pozos se planificaron 29 y se realizaron 10.

Por mejoramiento se planificaron 15 asistencias técnicas y se realizaron realmente 6.

En Infraestructura, de las 11 planificadas se iniciaron 6.

En el área de Gas se planificaron 8 asistencias técnicas y se iniciaron realmente 5.

Se planificaron 38 asistencias técnicas relativas a los Estados de yacimiento y se iniciaron 23.

Seguidamente se informa que se tenía planificado ejecutar 87 acciones de formación especializadas con 60 facilitadores en un total de 2.609 horas.

Hasta el mes de mayo no se había  cumplido el cometido y solamente comenzaron 3 en abril y 4 en mayo. Se entiende que a la fecha del reporte los cursos iniciados no estaban concluidos.

La planificación refería que en enero se dictaría un curso, en febrero 7, en marzo 12, en abril 7, en mayo 10.

En junio se preveían 13, en julio 7, en agosto 1, en septiembre 8, en octubre 10, en noviembre 10, en diciembre 1.

De los 63 profesionales convocados por Intevep asistieron efectivamente 59 personas.

La discriminación de esta asistencia refiere que en Construcción de pozos, de los 25 profesionales convocados asistieron 23; en Infraestructura y Confiabilidad de los 15 profesionales convocados asistieron 13; para los cursos convocados en el área de Yacimientos asistieron los 23 profesionales convocados.

Se indica que al 27 de mayo, la dirección ejecutiva de Intevep planificó un “Estudio de los factores geomecánicos para la optimización de la perforación y completación de pozos en Petrovictoria”

En esta actividad —indica el reporte— se unificó y clasificó la información del campo Cerro Negro.

Igualmente se comenzó a crear la base de datos para generar los mapas de propiedades mecánicas de las rocas, realizando el análisis estadístico de los Pozos CN-200 y CN-16.

“Se creó el proyecto en el software Predict, cargando 6 pozos de la EM [empresa mixta] PetroVictoria y 5 Pozos de apoyo operados por las EEMM [empresas mixtas] Petromonagas y Petroindependencia”.

Se inició la estimación de las geopresiones logrando culminar los cálculos del Pozo CN-165.

El impacto de esta actividad se tradujo en la reducción de los tiempos no productivos durante la perforación y en “mitigar la producción diferida asociada a problemas de estabilidad de hoyo y a producción de arena en el campo Cerro Negro. Los pozos en el área de estudio poseen una producción óptima de 800 BNPD”.

Se realizó la unificación y clasificación de la información del campo Cerro Negro.

El personal de Geociencias de Petrovictoria informó a Intevep sobre los pozos productores y pozos de apoyo (pozos de bloques vecinos) para fortalecer el estudio estadístico.

Al evaluar el respaldo de las actividades planificadas, Intevep refiere que en el área de construcción de pozos en enero y febrero no hubo actividades planificadas y, por tanto, tampoco actividades iniciadas. En marzo, de las 10 actividades planificadas no se inició ninguna; en abril de 5 se iniciaron 2; en mayo de 7 se iniciaron 2; en junio se planificó una pero se iniciaron 2; en julio de las 5 planificadas se iniciaron 4. De este modo, se resume que se iniciaron 4 actividades a la fecha del reporte, 9 estaban en progreso, se cerró una, siendo la relación entre lo planificado y lo iniciado 29-10.

En el área de Productividad para el mes de enero se planificó una actividad y se iniciaron 2; en febrero se planificaron 3 y se iniciaron 2; en marzo se planificaron 12 actividades y no se inició ninguna; en abril de 2 actividades planificadas no se inició ninguna; en mayo se planificaron 2 actividades y se realizaron 3; en junio se planificó una actividad la cual efectivamente se inició; en julio de 2 planificación no se inició ninguna; para agosto estaba planificada una actividad. De octubre a diciembre no hay planificación de actividades. En la semana 28 no se inició ninguna actividad, 7 actividades estaban programación; una actividad fue cerrada; la relación entre lo planificado y lo iniciado fue de 25-8.

En el área de Ambiente en enero se planificó una actividad y no se inició ninguna; en febrero de 2 actividades planificadas se inició una; en marzo de 6 actividades planificadas no se inició ninguna; en abril las 2 actividades planificadas no se iniciaron; en mayo tampoco se inició la única actividad planificada; en junio se planificaron 2 actividades y se iniciaron 3; en julio no se inició la actividad planificada. De septiembre a diciembre no hay actividad planificada. En la semana 28 no se inició ninguna actividad, 5 estaban en progreso y la relación entre actividades planificadas y actividades iniciadas fue de 8-5.

En el área de Confiabilidad en enero se iniciaron las 2 actividades que estaban planificadas; en febrero de 3 planificadas se inició 1; en marzo de 10 actividades planificadas no se inició ninguna; en abril se planificaron 6 actividades y se iniciaron 7; en mayo se planificaron 2 actividades y se iniciaron 4; en junio se planificaron 3 actividades y se inició 1; en julio estaban planificadas 2 actividades de las cuales no se inició ninguna. De agosto a diciembre no hay actividades planificadas. En la semana 28 no se iniciaron actividades, 5 estaban en progreso; 1 actividad fue cerrada. La relación entre las actividades planificadas y las iniciadas fue de 28-15.

En el área de Infraestructura en enero se planificó una actividad que no se inició; en febrero se planificaron 3 y se iniciaron 2; en marzo no se inició ninguna de las 6 actividades planificadas; en abril se planificó una actividad y se iniciaron 4. De mayo a diciembre no hay actividades planificadas. En la semana 28 no se iniciaron actividades, 5 estaban en progreso, una actividad fue cerrada. La relación entre actividades planificadas e iniciadas fue de 11-6.

En el área de Estudios de yacimientos en enero se planificaron 3 actividades y se iniciaron 2; en febrero se iniciaron las 5 actividades que se planificaron; en marzo de las 9 actividades planificadas no se realizó ninguna; en abril se planificaron 7 actividades y se iniciaron 11; en mayo de 4 actividades planificadas se inició 1; en junio de 3 actividades no se inició ninguna; en julio de 6 actividades planificadas se iniciaron 4; de agosto a diciembre hay una actividad planificada para octubre. En la semana 28 se iniciaron 4 actividades, 23 estaban en progreso. La relación entre actividades planificadas y actividades iniciadas fue 38-23.

En el área de Mejoramiento, en enero se inició una actividad de las 4 planificadas; en febrero no hubo planificación; en marzo no se inició ninguna actividad de las 5 planificadas; en abril se planificó una actividad que no se llevó a cabo; en mayo se planificó una actividad y se iniciaron 4; en junio de 2 actividades planificadas se inició una; en julio no hubo planificación; en agosto y septiembre hay una actividad planificada. De octubre a diciembre no hay actividades planificadas. En la semana 28 no se inició ninguna actividad, 6 estaban progreso. La relación entre planificación y realización fue 15-6.

Resumiendo el respaldo recibido, se pone de en evidencia el pobre desempeño de Intevep, estableciéndose que en la Cartera de cursos por esfuerzo propio hubo una planificación de 87 actividades de las cuales solamente se llevaron a cabo 3, es decir, un 5 por ciento de ejecución. De 1.432 personas convocadas, asistieron 59.

En Exploración y Estudios de yacimientos, se planificaron 20 actividades y se realizaron solamente, es decir, un 10 por ciento de ejecución. Se convocaron 304 personas y asistieron efectivamente 23.

En Geociencias se planificaron 8 actividades de las que no se realizó ninguna, es decir, un 0 Por ciento de ejecución.

En Yacimientos, se planificaron 67 actividades y se efectivamente se realizaron 2, lo que revela un 3 por ciento de ejecución. De 304 personas convocadas asistieron únicamente 23.

En Producción, se planificaron 67 actividades y se realizaron 2 de las mismas, es decir, 3 por ciento de ejecución. Se convocaron 1.128 personas y asistieron 36.

En Construcción de pozos se planificaron 16 actividades de las cuales no se inició ninguna, revelando un 0 por ciento de ejecución.

En Infraestructura y Confiabilidad se planificaron 38 actividades y se ejecutó solo una, lo que se traduce en un 3 por ciento de ejecución. De 208 personas convocadas asistieron 13 personas.