viernes, 20 de septiembre de 2019

Hugo Carvajal , "el ave" que se le escapó dos veces a la justicia de los Estados Unidos

Por tratarse de delitos militares y por sustentarse en razones políticas, España negó extradición del Pollo Carvajal a EE. UU. El gobierno norteamericano solicitó a España que apele la decisión de no extraditar al acusado de ser un narcotraficante. La defensa dice que está dispuesta a llegar hasta el Comité Europeo de Derechos Humanos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La decisión de la Audiencia Nacional advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, actuó bajo las órdenes o directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez Frías. El fallo se basó en los argumentos de la defensa y el rechazo al planteamiento hecho por la fiscalía española que alegaba que el país que estaba solicitando en extradición al acusado contaba con una de las democracias más modernas del mundo. Los alegatos de la fiscalía y los elementos enviados por el gobierno norteamericano no ejercieron ninguna influencia en el panel de jueces que se apegaron a lo expuesto por el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y por sus abogados.  
Por su condición de militar supeditado a las órdenes y directrices de la Presidencia de la República y a que su actuación se enmarcó como parte de la estrategia que el gobierno venezolano desplegó dentro de sus funciones militares y de contrainteligencia exceptuados por la legislación española, la Audiencia Nacional negó la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos al Reino de España, con relación a la persona de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, al no haberse cubierto las exigencias que permiten la aplicación del Tratado de Extradición entre ambos países.

Igualmente, el máximo órgano de justicia español adujo para justificar su decisión, que la solicitud estadounidense estaba sustentada en razones de tipo político.

El pasado 17 de septiembre del corriente año 2019, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara Marcos, Ángeles Barreiro Avellaneda y Clara E. Bayarri García, emitieron el fallo sobre la solicitud de extradición 0000021/2019, Rollo de Sala 20/2019 correspondiente al proceso de extradición contra el venezolano Hugo Carvajal a quien las instancias de EE. UU. reclamaban.

La ponencia con relación a quien se encontraba detenido desde 12 de abril de 2019 y cuya libertad condicional fue acordada por auto del 16 septiembre de 2019, estuvo a cargo de Alfonso Guevara Marcos.

Este conjunto de magistrados acordó “Denegar la extradición a los Estados Unidos de América del nacional venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, para su enjuiciamiento por los hechos-delitos comprendidos en la Acusación de Reemplazo del tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, de 15 de abril de 2019, en el Caso S1 11 Cr. 250 (AKH), y subsiguiente Orden de Aprehensión de igual fecha del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”.
En tal sentido, la decisión dejó sin efecto las medidas cautelares que hasta la fecha se habían adoptado respecto al reclamado y se comunicó al Ministerio de Justicia, específicamente a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a objeto de dejar constancia de lo acordado por la Audiencia Nacional y se diera a conocer el fallo a las autoridades de Estados Unidos y a la Interpol.

Exposición de antecedentes

Refiere la ponencia Guevara Marcos, en primer término, la providencia del Juzgado Central de Instrucción N° 6 de fecha 12 de abril de 2109, la cual permitió dar inicio al procedimiento de extradición número 21/2019, la cual el mismo día se comunicó a la Interpol la detención en Madrid de Adolfo José Mouriño Olsen, quien resultó ser Hugo Armando Carvajal Barrios cuando se le practicó un cotejo decadactilar, sobre quien recaía orden de aprehensión  CRIM 205 de 3 de agosto de 2011, emitida por el juez del Distrito Sur de Nueva York, por delito de tráfico de drogas.

Dado que Carvajal Barrios no consistió la extradición simplificada y no renunció al principio de especialidad, se acordó su prisión provisional e incondicional.

En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, remitió el 26 de abril de 2019 al Juzgado Central un conjunto de notas verbales habidas entre la Embajada de Estados Unidos y el despacho de gobierno, con el fin de que comenzaran a computarse los 45 días conforme al tratado bilateral y se participara sobre la solicitud formal de EE. UU. de extradición de Hugo Carvajal, alias “El Pollo”.

El 17 de junio de 2019, el Ministerio de Justicia le comunicó al Juzgado Central que por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 2019, se autorizó continuar el procedimiento por vía jurisdiccional, para lo cual se adjuntaron los documentos recibidos de Estados Unidos a través de su Embajada.

Tales documentos fueron la Nota Verbal de la Embajada de EE. UU. en España N° 360 de fecha 9 de mayo de 2019; la Declaración Jurada en apoyo de la Extradición; las Pruebas A (Copia de la Acusación formal), B (Copia de la Orden de Aprehensión), C (Folios 325 y siguientes relativos al Código de Estados Unidos) y D (Folios 335 y siguientes, relativos a la Declaración Jurada del agente especial de la DEA encargado de la investigación).

Carvajal no permite su extradición

Luego el magistrado de la Audiencia Nacional española hace una larga exposición sobre los términos de la acusación emitida por el Gran Jurado de los Estados Unidos contra Hugo Carvajal Barrios, detallando cada cargo y los sustentos jurídicos de los mismos, según la visión y legislación estadounidense.

Dichos cargos, a saber son, Conspiración de narcoterrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, Conspiración con otros para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Entonces, se procede a referir la negativa manifiesta de Hugo Carvajal de no consentir su extradición y su no renuncia al principio de especialidad. El juzgado dispuso elevar las actuaciones a la Sección tercera de la Sala de lo penal.

Para el día 12 de septiembre de 2019, durante la vista extradicional con presencia del Ministro Fiscal, Hugo Carvajal, reconoció su identidad y se opuso a ser entregado a los Estados Unidos por considerar que la demanda tiene una finalidad espuria pues las autoridades requirentes pretenden obtener información sobre Nicolás Maduro, dada su condición de exdirector de Inteligencia Militar en Venezuela. Refirió que sus contactos con miembros de las FARC lo fueron por orden de Hugo Chávez y el beneplácito de las autoridades colombianas en orden al proceso de paz. No renunció al principio de especialidad.

El Ministerio Fiscal solicitó que se accediera a la demanda de extradición al cumplirse los preceptos del tratado bilateral España-EE. UU. y de la Ley de Extradición Pasiva. La defensa solicitó denegar la extradición.

Fundamentos jurídicos

La ponencia pasa a explicar los fundamentos jurídicos de su decisión y refiere, en primer término, que la extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos está amparada por la Constitución española, por el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y EE. UU. y el Tratado Suplementario de Extradición y por la Ley de Extradición Pasiva.

Se advierte en segundo lugar que no hay cuestionamiento en cuanto a la identidad del reclamado pese a que en principio portaba un pasaporte con otro nombre, el cual, según declaró, le fue otorgado conforme a la legislación venezolana.

Se hace referencia a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos a través de su embajada para procesar judicialmente a Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo” en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de asociación ilícita dolosa para involucrarse en el narcoterrorismo; asociación ilícita para importar una sustancia controlada dentro de EE. UU. y dentro del territorio de aduanas de los EE. UU. desde un lugar fuera del país, manufacturar y distribuir una sustancia controlada con intención y a sabiendas de que esa sustancia venía importada ilegalmente a los EE. UU.; uso o posesión de armas de fuego para cometer o posesión de armas durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos y participación en asociación ilícita para usar o poseer armas de fuego durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos.

Se establece que tal solicitud cumple formalmente y sin perjuicio con los requisitos legales, así como con las formalidades acostumbradas en este tipo de diligencias.

En cuarto lugar, se menciona que la defensa cuestionó la competencia del órgano judicial que emite la orden de aprehensión que determinó la detención de Carvajal, así como la que sustenta la reclamación extradicional, al considerar que en su caso los hechos objeto de la solicitud habrían acaecido fuera del territorio de EE. UU. y la aplicación de los establecido en el Código de los Estados Unidos llevaría a entender como competentes a los tribunales del Distrito de Columbia y no a los del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado ponente desestimó los alegatos por carecer de sustento.

En quinto lugar, para negar la demanda cursada por Estados Unidos para extraditar a Hugo Carvajal, la Audiencia Nacional estimó que aun cuando la presentación del caso por parte de los Estados Unidos se sustenta en su legislación para formular los cargos en contra del reclamado y para hacer la solicitud sobre la base de que los delitos imputados son considerados como tales por ambos países, el magistrado considera que no se aprecia en relación con el reclamado Hugo Carvajal Barrios.

“Tales preceptos llevan indudablemente a concluir que la doble incriminación debe referirse a los ‘hechos’ que provisionalmente y de manera justificada —sistema anglosajón que inspira el tratado entre el Reino de España y los Estados Unidos de América— se atribuyen a la persona cuya entrega extradicional se demanda. No basta una relación de hechos que, aun siendo subsumibles en determinados tipos delictivos, no describan la conducta concreta e individualizada que se atribuye al reclamado y que integre el delito o delitos objeto de solicitud extradicional”.

Se indica en el reclamo de los EE. UU., fuera de la afirmación de que Hugo Carvajal y otros miembros del Cártel de los Soles entre los que se cita a Hugo Chávez, a Tareck El Aissami y a Diosdado Cabello, usando la cocaína como arma contra los EE. UU. además de obtener el enriquecimiento propio, trabajan con terroristas y otros narcotraficantes de América del Sur para despachar miles de kilos de cocaína desde Venezuela para su importación a estados Unidos con protección armada del referido Cartel de los Soles y las FARC, no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo llevara a cabo el el reclamado a quien se identifica como subdirector y director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela (DIM) en diversas fechas bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como Cónsul y diputado, hay una descripción huérfana de determinación tanto local como temporalmente en relación con el reclamado.
En sexto lugar, el magistrado ponente estimó para negar la solicitud de extradición de Carvajal Barrios, que además de existir una “falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado”, la  solicitud debe negarse por aplicación del artículo V.A4 “cuando el delito sea estrictamente militar” y del artículo 4.2° de la LEP “Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislación española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por España”.

Luego de hacer varias referencias a lo establecido en las leyes españolas aplicables para determinar que se estaba en presencia de delitos militares cometidos por un militar, el magistrado determinó que “la conducta que las autoridades de Estados Unidos imputan a Hugo Carvajal Barrios se refieren ‘indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar’ del que fue subdirector y director, dentro de la estrategia dirigida desde la Presidencia de la República para, en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacar intereses de los EE. UU., mediante el transporte hacia los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína, proveyendo de armas a las FARC como pago de la sustancia o facilitando a los guerrilleros protección armamentística. 
Así, en el resumen de la investigación que hace el agente de la DEA (Prueba D de la solicitud extradicional) se refiere a Carvajal como, director de la agencia militar de Venezuela (División de Inteligencia Militar “DIM”), como uno de los altos funcionarios de Venezuela, miembro del denominado Cartel de los Soles, al que pertenecían el presidente Chávez y los vicepresidentes Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, que trabajaban con los cabecillas de las FARC coordinando actividades de tráfico de drogas en Venezuela y Colombia, como ‘arma contra los Estados Unidos’ según se reseña en el punto 2 del Cargo Uno de la acusación formal de reemplazo”.

La ponencia advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, no existen dudas de que las mismos los llevó a cabo bajo las órdenes u directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez frías, tal como lo declara el propio agente de la DEA.

Agrega que aun cuando se entienda que el reclamo de Carvajal Barrios por parte de Estados Unidos se sustente en unos hechos concretos y precisos constitutivos de delito, “lo que según hemos dicho no ocurre”, la conducta del reclamado debe calificarse como “delito militar”, lo que es causa obligatoria de denegación de la extradición a tenor de los establecido en las leyes. “La actuación del responsable de la inteligencia militar venezolana debe calificarse como militar en cuanto estrategia del gobierno que Hugo Armando Carvajal Barrios desplegaría dentro de sus funciones militares y de contra inteligencia”.

Del mismo modo, el magistrado Alfonso Guevara Marcos argumenta que las razones del reclamo tienen una motivación política, al demandarse la entrega del reclamado por su condición de exdirector de la DIM de Chávez y Maduro, “dentro de la estrategia estadounidense respecto a Venezuela”,  lo cual es “Causa de denegación por ‘razones políticas’ que el instrumento atribuye a la decisión del gobierno de la parte requerida”.

Estados Unidos contraataca

Una vez conocida la decisión a favor de Carvajal, representantes de la  diplomacia estadounidense solicitaron a las autoridades españolas apelar, así como también pidieron colaborar para facilitar la extradición del reclamado, acusado por delitos de narcotráfico y asociación con grupos criminales, terroristas.

Carrie Filipetti, vicesecretaria para Venezuela y Cuba del Departamento de Estado, recordó que a Carvajal se le acusa de traficar con cinco toneladas de cocaína y la manera en que los Estados Unidos trata con narcotraficantes es extremadamente clara. 

Dijo: "Creemos que deben ser llevados ante la justicia para rendir cuentas, independientemente de otros delitos que hayan podido cometer. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que podamos tener ese apoyo España para asegurarnos de que el acusado venga aquí y pueda responder a las acusaciones en su contra".

Advirtió que se estaban haciendo todas las diligencias para que la fiscalía española continúe sus gestiones frente a la Audiencia Nacional y los órganos de justicia superiores para que se procesa a la extradición del acusado.





Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20  personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.

En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.

Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Roberto Rincón y  Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020. 
Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron  acusados ​​de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades 

Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.

Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.

Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.

Los personajes de la trama criminal

Nervis Villalobos, alias el "Enano", trabajó para el gobierno de Venezuela y durante el período acusado era una persona clave en el proceso.

Alejandro Isturiz Chiesa, alias "el Piojo", ex empleados de Bariven y asistente del presidente de Bariven. Prófugo de la justicia.

Rafael Reiter, alias "Nadal", era empleado de PDVSA, y jefe de Prevención y Pérdidas. Está arrestado en Madrid peleando contra su extradición a Estados Unidos.

Javier Alvarado Ochoa, alias "eléctrico", fue a lo largo del tiempo que duró el esquema acusado, el presidente de Bariven.

Daisy Teresa Rafoi Bleuler era una socia de la empresa suiza que actuaba como agente de De León. y que des descrita  en el caso de huera y Rincón  en una compañía con sede e agente doméstico

Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta es un ciudadano portugués, y suizo, empleado de la empresa suiza y actuaba bajo las órdenes de De León, Shiera y Rincón en las compañía de Estados Unidos.

Luis Carlos De león Pérez, venezolano-americano fue empleado del gobierno de Venezuela pero no trabajaba para el momento de la conspiración en PDVSA. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
Compañías de gestión patrimonial suizas A y B, BES Banker 1, 2; 1 oficial B que era empleado relevante del gobierno de Venezuela, un oficial C también empleado del gobierno y en la acusación aparecen como funcionarios extranjeros.

Asimismo están acusados un bufete de abogados estadounidenses, una compañía de Producción y  otra firma de abogados (2).

Los cargos

A los siguientes individuos se les acusa de Conspiración para cometer lavado de dinero: Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado Ochoa, y Daisy teresa Rafoi Bleuler. A De León y César Rincón se les señala además de solicitar y ofrecer pago de sobornos. Los acusados prometieron a Rincón y Shiera y a otros, "conseguir el pago de las facturas de los contratos de PDVSA y asistencia para ganar nuevos contratos a cambio del pago de sobornos".

Los acusados solicitaron la asistencia de Rincón, Shiera y Rafoi para abrir cuentas bancarias, incluyendo unas en los bancos de suiza, para poder depositar los dineros provenientes de los sobornos que se hicieron a nombre de varias empresas de maletín.

De león y Villalobos participaron en reuniones con Rincón y Shiera para discutir los pagos en EEUU.

De León, Villalobos y Alvarado acordaron hacer las transacciones monetarias en varias cuentas abiertas para ese sentido, mientras que  Rafoi y César Rincón  crearon justificaciones falsas para los sobornos, incluyendo facturas de servicios que nunca se hicieron así como otros instrumentos para justificar los pagos.

Rincón y Shiera hicieron transferencias directas de los sobornos a las cuentas de banco que estaban a nombre de empresas que fueron creadas por los conspiradores y sus asociados para cometer el crimen.

En 2010, Venezuela experimentó una crisis de liquidez en sus finanzas y un significante baja de sus ganancias como resultado de la misma. Los ingresos petroleros no eran suficientes para pagar los gastos del gobierno. Esa crisis de liquidez no permitió pagar a los contratistas a tiempo y a la vez se se hacía presión para que se siguieran produciendo, dice la demanda.

En 2011, Rincón y Shiera  se acercaron a De León y Villalobos que actuaban a nombre de PDVSA y se hacían llamar el "Grupo de los Gerentes".

Las ganancias del esquema de corrupción descritas por los fiscales fueron lavadas a través de una cuenta en un banco ubicado en Curazao. 

Los acusados prometieron a Rincón y Shiera ayudarlos con la prioridad de pagos y poner sus compañías en la lista de de ganadores a cambio del pago de sobornos. Isturiz, Reiter y César Rincón pidieron pagos extras a los dos contratistas y que explicaron que esos pagos eran para repartirlos entre ellos y un oficial B de PDVSA. Rincón y Shiera acordaron pagar los sobornos y ellos garantizaron el pago del esquema de corrupción. 


jueves, 19 de septiembre de 2019

Gobierno estadounidense restituyó la propiedad de uno de los inmuebles decomisados a Raúl Gorrín en EE. UU.

La lujosa casa, que formó parte de las propiedades incautadas al dueño del canal Globovisión, está ubicada en Coral Gables y en la actualidad tiene un valor de USD 1.385.000, según algunas estimaciones de portales especializados.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Tribunal del Distrito Sur de la Florida concedió la restitución de la propiedad de uno de los bienes decomisados en noviembre de 2018 al empresario venezolano vinculado con el oficialismo, Raúl Gorrín Belisario. La restitución fue solicitada por la fiscalía.

A través de una notificación Lis Pendens, la corte dio aviso de la liberación del inmueble a la empresa Placetas Tenerife LLC, figura jurídica usada para representar la propiedad de un inmueble ubicado en el 1241 Placetas Avenue, Coral Gables, Florida 33146, la cual formaba parte del conjunto de los 24 bienes confiscados al propietario del canal de televisión Globovisión.
Gorrín es procesado en la Corte del Distrito Sur de la Florida al haber sido acusado por la fiscalía de delitos de corrupción y lavado de dinero, específicamente, se le señala de presuntamente haberse apropiado de miles de millones de dólares y de supuestamente pagar sobornos a funcionarios de las administraciones de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, a cambio de que no interfirieran en los negocios que mantenía con el estado venezolano.

La fiscalía acusó a Raúl Gorrín Belisario de haber pagado unos USD 94 millones para beneficiar a funcionarios de la administración venezolana entre los años 2011 y 2017, con el objetivo de llevar a cabo operaciones en divisas para el gobierno, habiendo enviado el dinero de tales acciones a cuentas de bancos en Suiza desde las cuales se redireccionaron al Sur de la Florida. La acusación señala al empresario de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El inmueble restituido a la empresa Placetas Tenerife LLC está ubicado en el Lote 9, en el Bloque 3, de Riviera Waterways, según el Plat. del mismo, como está registrado en el Libro 46 de Plat, en la Página 47, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

La notificación del tribunal se emite a objeto de que el público en general, de sentirse afectado, pueda presentar sus reclamos sobre el bien inmueble descrito. El aviso quedó registrado en la Oficina del Registrador del Condado de Miami-Dade el 30 de noviembre de 2018, en el Libro de Registro Oficial 31237, Páginas 2104-2105 de los Registros Públicos de Miami-Dade, Florida.


Placetas Tenerife LLC

El portal Sunbiz informa que Placetas Tenerife LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida el 6 de febrero de 2013, bajo el número L13000018874, FEI/EIN 46-2048375. Su estatus actual es activa, siendo su dirección el 220 Alhambra Circle, 11Th Floor, Coral Gables, FL 33134, que igualmente figura como dirección postal y domicilio del agente registrador y gerencia.

CTC Management Services LLC se presenta como el agente registrador y encargada de la gerencia[1].
Aquí pueden verse los estatutos electrónicos de la compañía[2]:

El último reporte anual presentado el 11 de enero de 2019[3] corrobora la constitución descrita anteriormente.

Sobre CTC Management Services LLC

Igualmente, Sunbiz informa que CTC Management Services LLC[4] fue registrada en el estado de la Florida el 10 de marzo de 2006 bajo el número L06000026317, FEI/EIN 74-3171097.

Su estatus actual es activo y su domicilio es el 220 Alhambra Circle, 2nd Floor, Coral Gables, Fl 33134 que también es la dirección postal y dirección del agente registrador y los directivos.

El agente registrador es Pedro R. Parra, mientras que la gerencia corresponde a Amerant Trust N.A.[5] como así lo indica su último reporte anual presentado el 2 de abril de 2019[6].
Los estatutos electrónicos de esta empresa[7] los podemos ver a continuación:

Papi Grill LLC

El inmueble había sido domicilio de otra compañía, a saber, Papi Grill LLC[8], la cual según el portal Sunbiz, es una empresa registrada en el estado de la Florida el 23 de noviembre de 2013 bajo el número L15000197275, cuyo estatus actual es inactivo al haberse disuelto voluntariamente el 30 de junio de 2016[9]. Su dirección era el 1241 Pacetas Ave, Coral Gables 33146 que igualmente se reportó como domicilio del agente registrador y directivos, además de indicarse como dirección postal.

Adriana C. Gorrín figuraba como agente registrador y gerente, cargo este último que también ocupaba Manuel Serrao.

Tales disposiciones anteriormente señaladas quedaron establecidas en los estatutos electrónicos de esta empresa de responsabilidad limitada[10].


La compra de Placetas Tenerife

A través del despacho de abogados Ernesto Martínez, Jr. P.A., el 14 de marzo de 2013, se realizó la adquisición de Placetas Tenerife LLC al matrimonio conformado por Majid Reza Momayezzadeh y Panta Atarod Momayezzadeh.

Se trataba de una empresa de Responsabilidad Limitada ubicada en el 220 Alhambra Circle, 11th Floor, Coral Gables, Fl 33134 del Condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida y que conformaba el Lote 9, en el Bloque 3, de Riviera Waterways, de acuerdo con Plat, según lo registrado en el Libro 46 de Plat, en la Página 47, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

La compra se efectuó en 2013 por USD 930.000, estimándose que al 30 de julio de 2019 tenga un valor de USD 1.385.000.


Los logros obtenidos hasta ahora por Gorrín

Aunque los fiscales acusaron a Gorrín de haber participado en un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que involucra oficiales del régimen de Nicolás Maduro, e inclusive a sus hijastros, las autoridades estadounidenses han ofrecido ciertos beneficios al demandado. El que más llamó la atención fue la decisión del Departamento del Tesoro, de marzo de 2019, cuando se excluyó de su lista negra a María Alexandra Perdomo, la esposa de Gorrín, sin revelar las razones detrás de la decisión.

El Departamento del Tesoro se limita a explicar que las inclusiones de personas en su lista negra pueden ser sometidas a revisión o eliminadas.  Perdomo había sido incluida en la lista junto con varias empresas registradas en Estados Unidos vinculadas con el empresario, que controlaba varias propiedades de lujo en Florida y Nueva York.

Raúl Gorrín contrató a la poderosa firma estadounidense de lobby Ballard Partners para que lo representara.

 Citas

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Placetas Tenerife LLC. http://search.sunbiz.org./Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&serchNameOrder=PLACETASTENERIFE%20L130000188740&aggregateld=flal-l13000018874-0d0eda54-ab6d-412c-9b10d704d24385dd&serachTerm=Placetas%20Tenerife%2C%20LLC&listNameOrder=PLACETASTENERIFE%20L130000188740

[2] Sunbiz. Placetas Tenerife LLC. Estatutos electrónicos. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2013%5C0206%5C10413121.tif&documentNumber=L13000018874

[3] Sunbiz. Placetas Tenerife LLC. Reporte anual.  11 de enero de 2019.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l13000018874-0d0eda54-ab6d-412c-9b10-d704d24385dd&transactionId=l13000018874-da743c09-d87d-4312-b4b1-9ce36259fbf1&formatType=PDF

[4] Sunbiz. Division of Corporations. CTC Management Services LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CTCMANAGEMENTSERVICES%20L060000263170&aggregateId=flal-l06000026317-6a5825f5-c74a-4352-8558-6c97077db733&searchTerm=CTC%20Management%20Services%20LLC&listNameOrder=CTCMANAGEMENTSERVICES%20L060000263170

[5] Amerant. https://www.amerantbank.com/es/personal/

[6] Sunbiz. CTC Management Services LLC. Reporte anual a del 2 de abril de 2019.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=flal-l06000026317-6a5825f5-c74a-4352-8558-6c97077db733&transactionId=l06000026317-984a5d11-fb1a-45e3-8aeb-db1e0094bfda&formatType=PDF

[7] Sunbiz. CTC Management Services LLC. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company.

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2006%5C0322%5CH0065282.Tif&documentNumber=L06000026317

[8] Sunbiz. Division of Corporations. Papi Grill LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=PAPIGRILL%20L150001972750&aggregateId=flal-l15000197275-e5195959-3d30-458e-8291-056b22be7f16&searchTerm=Papi%20Grill%20LLC&listNameOrder=PAPIGRILL%20L150001972750

[9] Sunbiz. Papi Grill LLC. Disolución voluntaria. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0831%5C89715728.tif&documentNumber=L15000197275

[10] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company. Papi Grill LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2015%5C1130%5C90367169.tif&documentNumber=L15000197275

martes, 17 de septiembre de 2019

Tras bastidores el narcotráfico mueve las fichas del poder en Honduras

El caso que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se sigue a Tony Hernández, excongresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría puesto en evidencia las relaciones que desde el alto poder de la nación centroamericana se mantienen con la industria del tráfico de drogas.
Por Maibort Petit
@maibortpetit

El arresto en Miami y procesamiento judicial de Juan Antonio Hernández Alvarado —conocido como Tony Hernández— estaría poniendo de manifiesto los vínculos del narcotráfico con el poder político en Honduras, toda vez que a medida que se desarrolla este caso se estaría develando el importante papel que este flagelo juega en las altas esferas de la nación centroamericana. 

En las investigaciones el nombre del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández ha sido señalado como co-conspirador en el caso por tráfico de droga que se le sigue a su hermano en las instancias judiciales de los Estados Unidos. Acusaciones frente a las que el mandatario se defiende asegurando que se trata de venganza dado su activo papel para acabar con el narcotráfico[1].

De acuerdo a la documentación manejada en la corte neoyorquina, los hermanos Hernández Alvarado, junto a otros funcionarios de alto nivel entre quienes se señala también al expresidente Porfirio Lobo, usaron el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político.

Para Juan Orlando Hernández sólo se trata de “un ataque con un afán de venganza que buscan los narcotraficantes contra el único presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y es lógico esperar la reacción de estos criminales tratando de evitar que sigamos con nuestra lucha, pero no nos vamos a detener (…) Las acusaciones infundadas y sin pruebas que circulan son parte de una conspiración en contra de nuestro gobierno y lo quiero decir hoy desde Honduras para el mundo: son acciones que vienen en contra de la política que hemos impulsado para traerle paz y tranquilidad a Honduras".

Hay que aclarar que en los documentos de la fiscalía no se identifica al presidente de Honduras con nombre y apellido, ni tampoco se han presentado acusaciones en su contra, aludiéndose a su persona como CC-4, quien fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013". Según los papeles, se habrían destinado USD 1,5 millones a sobornos durante su campaña electoral con el objetivo de comprar favores políticos a cambio de protección.

Fuentes ligadas al caso han manifestado que el testigo cooperante que habría suministrado la información que implica a Juan Orlando Hernández, es Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, localidad cercana a la frontera con Guatemala, quien es identificado en la investigación como CW-3[2].

Los fiscales federales indican que el presidente Hernández formaría parte de un grupo de personas investigadas por la DEA desde 2013 por participar “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos“. Del mismo modo presentaron una solicitud formulada en 2015 para que Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL proporcionaran información de títulos de correos electrónicos pero no de su contenido. Al menos dos de estas cuentas de correos pertenecerían, supuestamente a Juan Orlando Hernández. “También se incluyen en la solicitud las cuentas de correos electrónico de la hermana del presidente, Hilda Hernández, ya fallecida, su asesor Ebal Díaz, su ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y cuatro miembros de la familia Rosenthal”[3].

Los representantes del gobierno de EE. UU. refieren en el escrito presentado ante el tribunal, que parte de las pruebas revelan a Honduras como un narcoestado, una situación que pone en entredicho los planes de la administración de Donald Trump de establecer una alianza con el mandatario centroamericano para combatir el tráfico de drogas.

Ya en mayo el presidente Hernández Alvarado admitió haber sido investigado junto a sus colaboradores por la DEA por su supuesto narcotráfico y lavado de dinero, pero advirtió que en estas averiguaciones “nunca se encontró evidencia” en su contra. Esto habría ocurrido en 2015, pero según la presidencia hondureña, se determinó que no había indicios para acusar al mandatario ni a sus colaboradores.

Pepe Lobo salpicado

El otro expresidente hondureño salpicado en la investigación, Porfirio “Pepe” Lobo, ha negado reiteradamente que haya recibido dinero de narcotraficantes, tal como lo señalan los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de Juan Antonio Hernández que lo involucraría en actividades relacionadas al tráfico de drogas.
Lobo, que instó a Hernández Alvarado a renunciar a la primera magistratura hondureña, aseguró que no recibió dinero de parte del exalcalde de El Paraíso, Alexander Ardón, como lo indican los documentos que, dicho sea de paso, no lo nombran directamente. Han sido las indagatorias de prensa las que han llevado a determinar que quien en el escrito de la fiscalía se identifica como CC-3, es el expresidente Porfirio Lobo.

La Prensa de Honduras[4], citando a Univisión refiere que “Alexander Ardón, a quien Tony Hernández le dijo a CW-3 que podrían formar una asociación exitosa basada en la protección de CC-3 (Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) si ganaban en las elecciones de 2009. También que creía que CC-4 seguiría a CC-3 como presidente de Honduras y ‘continuaría protegiéndolos’”.

Ardón y Lobo presuntamente habrían sostenido una reunión en 2009 —fecha de las elecciones hondureñas— en la que el primero le solicitó al exmandatario Lobo “apoyo financiero y logístico” para su campaña y la de Juan Orlando Hernández. “A cambio de ello, se ofreció protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político, y según los fiscales, se acordó proporcionar millones de dólares”.

Hay que recordar, además, que Fabio Porfirio Lobo, hijo de Porfirio Lobo, se declaró culpable en una corte federal de Manhattan de conspiración para ingresar cocaína a Estados Unidos[5].

El arresto y los cargos a Tony Hernández

El 23 de noviembre de 2018, fue apresado en Miami Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido por el alias de "Tony Hernández", acusado por los delitos de 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales, formulados en su contra. El juez de la causa es Peter Kevin Castel, titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Sobre el exdiputado y hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pesaba una orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses en virtud de que la acusación federal en su contra sostiene que participó junto a organizaciones criminales de la nación centroamericana, desde 2004 hasta 2016, para introducir droga a territorio de los Estados Unidos.
Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
La noticia se difundió por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales, quienes precisaron que aun cuando el caso de Hernández tiene su asiento en Manhattan, debía rendir declaración en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia por haber sido detenido en la ciudad de Miami.

Raymond Donovan, agente especial de la DEA, manifestó en ese entonces que "El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos".

El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, refirió que Hernández “estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.". Para llevar a cabo tal tarea, “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.

En específico, la acusación indica que entre 2004 y 2016, supuestamente Hernández conspiró con organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares para trasladar droga por rutas aéreas y marítimas desde Colombia a Honduras y de allí, a través de la frontera con Guatemala, llevarla a los Estados Unidos.

Las investigaciones de la DEA precisaron que los narcotraficantes sobornaron a funcionarios públicos, entre ellos diputados hondureños, con el objetivo de que estos les brindaran protección, evitaran la interferencia de organismos de seguridad y facilitaran el paso seguro de los narcóticos por territorio hondureño.

Los documentos acusatorios señalan a Juan Antonio Hernández Alvarado como un presunto narcotraficante a gran escala que trabajó con otros criminales de Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos.

“Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo ‘TH’, es decir, las iniciales de ‘Tony Hernández’, el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras”[6].

La acusación narra que Hernández Alvarado, en febrero de 2014, mantuvo una reunión en  Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de la organización de narcotraficantes hondureña conocida bajo la denominación de los “Cachiros”, un encuentro que fue registrado en audio y video en los que el hermano del mandatario centroamericano aceptó ayudar a Rivera Maradiaga con el cobro de una deuda que el gobierno hondureño mantenía con empresas destinadas a lavado de dinero proveniente de la banda criminal, a cambio de pagos sobornos de Rivera Maradiaga, quien habría cancelado USD 50 mil a Tony Hernández en la referida entrevista.

Se declara no culpable

El 20 de diciembre de 2018, el hermano del presidente de Honduras se declaró no culpable de los delitos que se le imputan ante el tribunal de Nueva York, según lo dio a conocer su defensa luego de una sesión que se prolongó por 25 minutos, en los que el fiscal federal, Geoffrey Berman, lo acusó de estar involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de Honduras hasta los EE. UU.

Previamente, el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aseguró diez propiedades de Hernández Alvarado, los cuales quedaron bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)[7].

El juez Peter Kevin Castel fijó el inicio del juicio para 30 de septiembre de 2019 —posteriormente se reprogramó para el 2 de octubre de 2019— habiendo sido presentado ante la Corte que lleva el caso el 29 de marzo de 2019, fecha en la que juez fijó el calendario para la preparación del juicio. El 10 de mayo de 2019 se pautó la presentación de las mociones del caso, mientras que para el 6 de mayo la defensa del acusado debía dar respuesta a las mismas. La fiscalía debía hacerlo el 28 de mayo.

Juan Antonio Hernández Alvarado está siendo defendido por Omar Malone y los fiscales del caso son Matthew Laroche, Emil Bove III[8].

El juez Kevin Castel decidió el 13 de septiembre que la identidad de los doce miembros del jurado y seis alternos se mantenga en el anonimato y sólo serán conocidos por la fiscalía y los abogados de la defensa. "Se identificarán con números", dijo el magistrado[9].

Juicio de Hernández no evalúa política hondureña

Aunque el parentesco consanguíneo de Juan Antonio "Tony" Hernández con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, es un hecho de amplia resonancia noticiosa, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York advirtió que el juicio no puede interpretarse como un "referéndum sobre la política hondureña".

Sin embargo, admitió existen evidencias que muestran que Tony Hernández y sus cómplices se valieron del producto de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno de Honduras.

Descrito en las acusaciones de los fiscales federales de Nueva York como "un narcotraficante a gran escala", los señalamientos en su contra han arrojado una sombra sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado.

Honduras es un importante centro de tránsito para la cocaína.

La fiscalía entregó un documento al tribunal en el que se citan una serie de nombres que convocarán durante el juicio por estimarse que están involucrados en la conspiración por la cual se encausa a “Tony” Hernández. El gobierno considera que hay suficientes pruebas que dejan clara la complicidad y el uso del poder político del acusado para facilitar el tráfico de drogas. Incluso, se dice que el hermano del acusado y actual presidente de Honduras habría usado dinero de las drogas para pagar su campaña a cambio de dar protección cuando este era presidente del Congreso Nacional y luego cuando fue electo presidente.

Una declaración del propio Tony Hernández destacó la corrupción política como modus operandi del narcotráfico. "Siempre intentan involucrar a alguien para poder estar en el… tener algo del estado. Ya sea información, ya sea logística o algo así, atraer a alguien o comprometer al gobierno para que lo ayude. Eso siempre ha sucedido, siempre. Es un modus operandi con el narcotráfico… y crimen organizado".

El gobierno echará mano durante el juicio de declaraciones de los supuestos cómplices del acusado formuladas a testigos cooperantes del caso, pues estima que lo dicho por estas personas promovieron la conspiración acusada en el primer cargo, así como también una conspiración relacionada para apalancar el tráfico de drogas para mantener y mejorar su poder político y el control del Partido Nacional en Honduras.

Tony Hernández solicitó excluir las evidencias relacionadas con la corrupción política, pero los fiscales insistieron que hay evidencia que muestra que Hernández y sus cómplices usaron dinero de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno hondureño y en promoción del narcotráfico.

“El Gobierno dice que establecerá que Hernández ayudó a escoltar los envíos de drogas, transmitió información confidencial de las fuerzas del orden desde la sede de la Policía Nacional de Honduras a los conspiradores, y guardó una de las propiedades del acusado en San Pedro Sula, Honduras, donde cooperaba con ametralladoras y dispositivos destructivos, y asesinatos. También sostiene que hay evidencias que prueban que el acusado y sus cómplices buscaron protección adicional mediante ‘el uso de las ganancias de las drogas para financiar parcialmente las campañas políticas del Partido Nacionales’”.

Para los fiscales es fundamental demostrar cómo el narcotráfico influyó en la política[10].

Finalmente, el juez aprobó que expertos testifiquen sobre armas, drogas y política hondureña, mientras la defensa pidió que estos testimonios no se extralimiten, especialmente en lo relacionado con la geopolítica de Honduras, puesto ya que podrían ejercer un efecto negativo en la imagen del acusado frente al jurado.

El magistrado también aceptó que la fiscalía presente al jurado las evidencias de dos asesinatos de dos hombres vinculados a la supuesta organización criminal de Hernández. Igualmente permitió que los fiscales presenten el testimonio de expertos admisibles, pero se reservó la posibilidad de regularlos, si los mismos llegaran a extralimitarse de los elementos que forman parte de la conspiración.

Más familia implicada

En el proceso judicial a Juan Antonio Hernández Alvarado han salido a relucir otros hechos, entre ellos la implicación de otro familiar del acusado que se desempeñaba como agente de la Policía Nacional de Honduras y quien fue acusado de ser coconspirador.

Se trata de Mauricio Hernández Pineda, primo de Tony y Juan Orlando Hernández, quien es señalado por el gobierno de conspirar con Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández" y otros, para importar toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos.

Nombrado como CC-6 en la investigación, Mauricio Hernández Pineda habría supuestamente ayudado al acusado en lo atinente al transporte de la cocaína a los Estados Unidos.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, y la Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy Woolcock, informaron que Hernández Pineda fue acusado de conspirar para importar cocaína a los EE. UU. y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. “Mauricio Hernández Pineda traicionó sus obligaciones como oficial de policía de hacer cumplir las leyes de su país y evitar el tráfico a través de su país, y en su lugar facilitó los envíos de toneladas de cocaína que eventualmente llegaron a los Estados Unidos. Hernández Pineda pronto tendrá que responder por sus presuntos delitos en un tribunal de los Estados Unidos", manifestó el fiscal.

Mauricio Hernández Pineda, un alto rango de la Policía Nacional de Honduras, habría proporcionado protección armada durante los envíos de cocaína desde Honduras y proporcionó información confidencial a sus co-conspiradores sobre las fuerzas del orden público, de manera que pudieran evadir ser descubiertos y detenidos. Por ello, Hernández Pineda supuestamente recibió miles de dólares provenientes de las ganancias de las operaciones de narcotráfico.

Los cargos contra Mauricio Hernández Pineda son (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua[11].

La investigación salpica al presidente hondureño

En los documentos desclasificados del caso en fecha el 2 de agosto de 2019, la fiscalía refirió que Mauricio Hernández (CC-6), Juan Orlando Hernández (CC-4) y Juan Antonio Hernández, conspiraron para importar cocaína hacia Estados Unidos.

El gobierno aspira establecer que CC-3, CC-4, CC-5, y CC-6 complotaron con Tony Hernández en las operaciones de narcotráfico. Igualmente hubo un complot para a través del tráfico de drogas mantener y aumentar su poder político y control del Partido Nacional de Honduras.

La documentación de la fiscalía sostiene que en 2008, Mauricio Hernández (CC-6), le manifestó a CW-4 que Tony Hernández protegía a CW-1 a cambio de pagos de ingresos de drogas.

En 2010, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que “(i) quería acceso información sensible de los órganos de aplicación de justicia para ayudar a proteger los envíos de drogas que involucraban a Tony Hernández y Alexander Ardón, (ii) Alexander Ardón estaba usando el dinero producto de la droga para pagar Tony, que estaba usando parte de ese dinero para ayudar a financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, y (iii) Tony Hernández y Juan Orlando Hernández protegerían a CW-4 y le pagarían y le ayudaría con promociones a cambio de información”.

En 2012, Mauricio Hernández le expresó a CW-4 que “(i) la nueva ley de extradición hondureña seria promulgada en respuesta a la presión de los Estados Unidos y destinada a apaciguar al gobierno de los Estados Unidos, y (ii) Tony Hernández le dijo a Mauricio Hernández CC-6 que si bien podría haber extradición disponible en teoría, ellos no serían extraditados”.

En 2013 o 2014, Mauricio Hernández le habría dicho a CW-4 que hablaría con Tony Hernández para lograr que Juan Orlando Hernández ayudara a CW-4 a obtener una promoción.

En 2014, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que Juan Orlando Hernández CC-4 estaba considerando eliminar la extradición, porque le preocupaba que Estados Unidos solicitara la extradición contra Tony Hernández.

En 2016, Mauricio Hernández le dijo a CW-4 que “(i) Juan Orlando Hernández CC-4 estaba trabajando para prevenir que Tony Hernández fuera extraditado, pero no pudo proteger a CW-4 debido al interés de Juan Orlando Hernández de buscar la reelección, y (ii) CW-4 no podía hablar sobre el Tony Hernández, Juan Orlando Hernández o Mauricio Hernández CC-6 en los Estados Unidos”.

La fiscalía se propone establecer que Tony Hernández y Mauricio Hernández co-conspiraron a través del testimonio de CW-1, Ardón y CW-4, para aprovechar el tráfico de drogas con el propósito de mantener y mejorar su poder político y el poder del Partido Nacional en Honduras[12].

Congresista de EE. UU. acusa al mandatario

Pero no solamente en los documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de New York se habrían formulado acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, en materia de narcotráfico, sino que otras voces desde el Congreso de los Estados Unidos lo habrían señalado como tal.

Es el caso de Norma Torres, congresista por el estado de California, quien cuestionó los acuerdos promovidos por la administración de Donald Trump con el mandatario centroamericano, a quien se refirió como un "narcotraficante acusado".

Torres se refería a la posibilidad de que EE. UU. y Honduras firmaran un acuerdo para convertir a esa nación centroamericana en un "‘Tercer país seguro’, al igual que Guatemala y México, en donde los solicitantes de asilo tendrían que acudir, antes de viajar a la frontera entre México y Estados Unidos”.

Para la congresista esta es una estrategia urdida por el mandatario centroamericano para sumar simpatía con la administración de Trump y así ganar tiempo ante las investigaciones que están en curso en su contra en la Corte del Distrito Sur de New York[13].

Sobre este asunto, InSight Crime llevó a cabo un análisis[14] en el que refiere que estas circunstancias podrían poner fin a esta alianza en la que la administración Trump ofrece apoyo a Hernández a cambio de que este frene el flujo de migrantes que buscan entrar a territorio estadounidense.

“Las más recientes acusaciones debilitan la relación de Estados Unidos con Honduras en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Es claro que a los fiscales no les tiembla la mano para señalar al presidente en el caso contra su hermano, y es muy probable que Hernández siga tomando esto como una afrenta personal”.

Refiere InSight Crime que en virtud de que el gobierno de Trump “ha demostrado ser más transaccional que política, las relaciones bilaterales quizá dependan ahora de la voluntad de Hernández de detener el flujo de migrantes”.

Las averiguaciones de la institución sostienen que un exfuncionario del Ejército de Honduras involucrado en investigaciones antidrogas considera que la presión de la embajada de Estados Unidos fue la única causa de las detenciones de narcotraficantes y sus aliados con consentimiento de Hernández.







[1] Univisión. “Presidente de Honduras implicado en una conspiración para usar U$1.5 millones del narcotráfico en sus campañas”. 3 de agosto de 2019. https://www.univision.com/noticias/america-latina/presidente-de-honduras-implicado-en-una-conspiracion-para-usar-u-1-5-millones-del-narcotrafico-en-sus-campanas

[2] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/america/politica/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/20000035-4036843#

[3] CNN. “Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, investigado por supuesto narcotráfico”. 31 de mayo de 2019. https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/31/presidente-de-honduras-juan-orlando-hernandez-investigado-por-supuesto-narcotrafico/

[4] La Prensa. “Pepe Lobo vuelve a negar que recibió dinero de narcotraficantes”. 4 de agosto de 2019. https://www.laprensa.hn/honduras/1307320-410/pepe-porfirio-lobo-nego-recibio-dinero-narcotraficantes-narcotrafico-corte-eeuu-nueva-york

[5] Univisión. “Hijo del expresidente hondureño Lobo se declara culpable de narcotráfico en EEUU”. 16 de mayo de 2016. https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/hijo-del-expresidente-hondureno-lobo-se-declara-culpable-de-narcotrafico-en-eeuu

[6] Venezuela Política. “Conoce por qué la DEA arrestó al hermano del presidente de Honduras por cargos de narcotráfico”. 26 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/la-dea-arresto-al-hermano-del.html

[7] El Pulso. “Tony Hernández se declaró no culpable de cargos por narcotráfico en Estados Unidos”. 20 de diciembre de 2018. https://www.elheraldo.hn/pais/1244002-466/tony-hern%C3%A1ndez-se-declar%C3%B3-no-culpable-de-cargos-por-narcotr%C3%A1fico-en-estados

[8] Venezuela Política. “Hermano del presidente de Honduras acusado por EE. UU. de delitos de narcotráfico irá juicio en NY”. 5 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/hermano-del-presidente-de-honduras.html

[9] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena que los jurados del juicio de Tony Hernández sean anónimos”. 13 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/juez-de-nueva-york-ordena-que-los.html

[10] Venezuela Política. “Fiscalía de NY: Juicio por narcotráfico contra ‘Tony’ Hernández no es un ‘referéndum sobre la política hondureña’". 29 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/fiscalia-de-ny-juicio-por-narcotrafico.html

[11] Pro Honduras Network. “Estados Unidos levanta cargos contra primo de Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda alias CC-6”. 4 de septiembre de 2019. https://www.prohondurasnetwork.com/l/a43/

[12] Pro Honduras Network. “Acusación contra Mauricio Hernández pineda (CC-6) alerta a Juan Orlando Hernández de posible orden de extradición”. 5 de septiembre de 2019. https://www.prohondurasnetwork.com/l/a44/

[13] Pro Honduras Network. “Congresista Norma Torres se refiere a Juan Orlando Hernández como un narcotraficante y cuestiona el acuerdo para convertir a Honduras en tercer país seguro”. 11 de septiembre de 2019. https://www.prohondurasnetwork.com/l/a45/

[14] InSight Crime. “Denuncias de narcotráfico podrían poner fin a ayuda de EE. UU. a presidente de Honduras”. 5 de agosto de 2019. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/denuncias-de-narcotrafico-podrian-poner-fin-a-ayuda-de-ee-uu-a-presidente-de-honduras/