Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada

Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República Islámica de Irán provenientes de Venezuela. Sus operaciones violaron las sanciones impuestas contra ese país por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

Esta semana el empresario iraní, propietario del banco Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad estuvo en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una audiencia donde se discutió la posibilidad que su caso cambie a manos de otro juez. ¿Por qué? El magistrado Andrew L. Carter. Jr. reveló que tiene acciones en el JP Morgan Chase bank y que su esposa trabaja en esa institución que aparece en la acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el millonario iraní como uno de los bancos que fueron víctimas de las conspiración de lavado de dinero y fraude bancario. Carter Jr. informó a la Fiscalía y a la defensa que por las razones expuestas estaba dispuesto a auto recusarse y a reasignar a otro juez del tribunal el expediente debido a un posible conflicto de intereses.

Durante la conferencia del lunes 29 de julio de 2019, el juez Carter Jr. proporcionó a la fiscalía y a la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad un cronograma de información para que las partes aborden el problema de su posible retiro del caso y ordenó que las respectivas respuestas fueran entregadas a la corte el martes 30 de julio, a la vez que anunció que habría una conferencia telefónica el jueves 1 de agosto.

Fiscalía dice que el juez debe quedarse

La fiscalía opinó en una comunicación (fechada el 30 de julio de 2019) que la decisión de un juez federal de recusarse a sí mismo, está "comprometida con la discreción del tribunal de distrito". Aclaró que no está de acuerdo con que el juez abandone el caso.

El oficio del gobierno está firmado por el Fiscal de los Estados Unidos, Geoffrey S. Berman y los fiscales asistentes, David W. Denton Jr., Jane Kim, Michael Krouse y Garrett Lynch.

La fiscalía sostiene que difiere de la evaluación de conflictos del Tribunal con respecto a la recusación y para argumentar su postura proporcionó a la corte detalles adicionales sobre la  participación de JPMorgan Chase & Co. uno de los bancos víctimas en este caso.

En un documento de 3 páginas, los fiscales sostienen que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario; lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

En la acusación hay una serie de bancos víctimas de la operación acusada que se mencionan colectivamente en este documento como los "bancos-víctimas".

Ali Sadr Hashemi Nejad participó en un proyecto de infraestructura en Venezuela, que fue dirigido por la compañía iraní del acusado, Stratus Group.

La acusación del gobierno estadounidense dice que Ali Sadr Hashemi Nejad junto a sus cómplices "idearon y ejecutaron un plan para evadir las sanciones económicas de los Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses, incluido JPMorgan Chase, al ocultar el papel de Irán y las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense".

El acusado y otros, utilizando varias entidades, realizaron una serie de transacciones financieras internacionales en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultó el nexo iraní a los pagos de, entre otros, los bancos de víctimas, en violación de las sanciones económicas de los Estados Unidos. 

Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, la subsidiaria venezolana, bajo la dirección del demandado y otros, enrutó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity usando cuentas corresponsales en los bancos- víctimas, por un total de aproximadamente $ 115 millones.

Ali Sadr Hashemi Nejad y otros "ordenaron que los pagos se transfirieran a través de los bancos-víctimas a las cuentas bancarias de Stratus Turkey o Clarity en una institución financiera en Suiza. La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que el demandado y otros habían incorporado en 2009". 

El 1 de febrero de 2012, Clarity transfirió directamente más de $ 2 millones en ganancias del Proyecto de viviendas de Venezuela a los Estados Unidos. "Esas ganancias se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California" dice la acusación.

La fiscalía sostiene que Ali Sadr Hashemi Nejad está acusado de defraudar a los bancos víctimas "engañándolos para que procesaran transacciones financieras en las que de otra manera no se habrían involucrado, y al hacerlo, se expusieron a la posibilidad de un daño sustancial". 

La fiscalía reveló que en en el juicio, el Gobierno planea llamar a testigos de algunos de los bancos-víctimas para declarar, entre otras cosas, sobre sus procesos de cumplimiento de sanciones, sus procedimientos al abrir cuentas para clientes y al autorizar ciertas transacciones, el daño causado a los bancos por el esquema de lavado del acusado, entre otros aspectos.

Los fiscales señalan que el Gobierno espera demostrar que el acusado tomó acciones específicamente diseñadas con el propósito particular de ocultar información material a los bancos-víctimas y para evadir los procesos que los bancos implementan ante las sanciones que prohíben las transacciones financieras en beneficio de las entidades iraníes. 

De los $115 millones en pagos denominados en dólares estadounidenses que están en el centro de este caso, JPMorgan Chase & Co. fue el banco corresponsal por aproximadamente $45 millones y, por lo tanto, desempeñará un papel central en la prueba en el juicio en este asunto, anunciaron los fiscales.

Asimismo, el Gobierno advirtió que probará que el demandado  ordenó que las transacciones se procesaran en beneficio de Clarity a través de JPMorgan Chase y que el acusado sabía que dicho banco había implementado procedimientos para bloquear transacciones de corresponsales para pagar a instituciones e individuos iraníes. 

Ali Sadr Hashemi Nejad habría diseñado un mecanismo de pago para ocultar información sobre los beneficiarios iraníes de las transacciones para inducir a los bancos-víctimas a procesar esas transacciones que de hecho fueron procesadas, en violación de las sanciones de EE. UU. y de las políticas de JPMorgan Chase que las prohíben.

Los fiscales sostuvieron en la conferencia del lunes 29 de octubre que tienen la intención de llamar al menos a un empleado de JPMorgan Chase como testigo en el juicio, lo cual ya ha sido discutido con los abogados de la oficina del Asesor General del mencionado banco.

Si el acusado es condenado, JPMorgan Chase tendrá, como víctima del delito, ciertos derechos. Por ejemplo, el banco podrá dirigirse al Tribunal en el momento de la sentencia y describir el daño que la conducta del acusado le causó. 

Del mismo modo, JPMorgan Chase tendrá derecho a la restitución obligatoria por cualquier pérdida pecuniaria que sufran, que incluye bienes perdidos como resultado del delito y "gastos incurridos durante la participación en la investigación o el enjuiciamiento del delito o la asistencia a los procedimientos relacionados con el delito.

Habla de la defensa

El demandado Ali Sadr Hashemi Nejad presentó su respuesta ante la divulgación del juez Carter Jr. con respecto a la propiedad de sus acciones en JP Morgan Chase y el empleo de su cónyuge en el banco, destacando que de acuerdo al Código de conducta para jueces de los Estados Unidos y la jurisprudencia sobre circunstancias análogas, el magistrado no está obligado a recusarse. 

Señala que el asunto se deja a discreción del juez, en función de si sería razonable cuestionar su imparcialidad en estas circunstancias.

Sadr dijo que apreciaba que el juez haya señalado su potencial conflicto de intereses a las partes y entendía que según la divulgación del magistrado, depende de la discreción del Tribunal determinar si se debe recusar. 

Sadr afirmó que está dispuesto a renunciar a cualquier objeción al conflicto potencial revelado por el juez Carter Jr.

Hezbollah ha extendido sus operaciones en América Latina bajo el manto de la impunidad

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La lucha contra el terrorismo islámico es un asunto que no ha sido considerado como prioritario en América Latina a pesar de que su presencia ha sido avistada en varias oportunidades, y en muchos países, las autoridades han documentado su incursión de manera fehaciente. Joseph Humire, experto en contraterrorismo y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS), cree que luego de que Argentina designó a Hezbollah como grupo terrorista, otros países de Latinoamérica podrían hacer lo mismo, lo cual permitiría incrementar la lista de 58 naciones que actualmente luchan contra el terrorismo islámico. 

Durante el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, organizado por (SFS) en la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, Humire presentó a varios ponentes que explicaron los avances que se han dado en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio.

Entre los principales oradores estuvieron presentes el senador (R) Ted Cruz, Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan y el diputado al Congreso de Argentina, Luis Petri, entre otros.

Humire destacó que buena parte de los países latinoamericanos no han registrado a Hezbollah como una organización terrorista, a pesar de la amenaza que representa para la región.

El grupo chiíta ha estado vinculado a varias actividades ilegales en Latinoamérica para generar fondos que financien actividades terroristas en el Medio Oriente.

Estados Unidos y la Unión Europea y ahora Argentina han considerado al grupo chiíta del Líbano, Hezbollah, como una organización terrorista.

El gobierno estadounidense también designó a Irán como el principal partidario de Hezbollah, como estado patrocinador de terrorismo.

Humire dijo que la lucha contra el terrorismo no es un asunto únicamente de los Estados Unidos, la Unión Europea o el Medio Oriente, sino que el ataque a la Asociación Mutual Argentino-Israelí (AMIA) en 1994 y a la embajada de Israel en Argentina (1992), demostraron que la pelea es también contra los latinos.

"Estos eventos cambiaron las conversaciones de contraterrorismo en América Latina", acotó el experto.

— Por mucho tiempo —admitió— Latinoamérica se quedó atrás en la lucha contra el terrorismo porque no lo vio como un problema netamente de la región sino un problema del Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, pero lo ocurrido en 1994 con la AMIA y la explosión de la embajada de Israel en 1992, demostró que es un asunto que incluye toda la región.

Humire cree que a la lista de 58 países que a nivel mundial que ya tienen designado a Hezbollah como grupo terrorista se unirán algunas naciones latinoamericanas, que permitirán que sean entre 68 o 78 naciones que puedan luchar en conjunto contra el terrorismo. “Ahora se podrá realizar una conversación sobre terrorismo en nuestro vecindario, ya que si los grupos están operando en América Latina, significa que también están operando en Estados Unidos”.

"Esperamos que este sea un punto de inflexión para muchos países latinoamericanos", acotó.

"La mayoría de los latinoamericanos no ven el terrorismo islamista como una amenaza importante en su región y se ha ejercido poca presión pública sobre el establecimiento, la reforma o la mejora de las leyes antiterroristas débiles o inexistentes en toda la región. Como consecuencia, Hezbollah y otras redes islámicas se han extendido en Sudamérica con impunidad”, advierte.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Venezuela ha proporcionado un "entorno permisivo" que ha permitido que Hezbollah prospere en la región.

El año pasado, Michael Braun, un exjefe de operaciones de la DEA, dijo a los legisladores estadounidenses que Hezbollah está generando cientos de millones a partir de un "plan de lavado de dinero con cocaína" en América Latina que "proporciona una fuente de financiación interminable" para sus operaciones terroristas en Siria y en otra parte.

Argentina pasó a ser el primer país de la región en reconocer a Hezbollah como una organización terrorista. En el marco de la conmemoración del 25° aniversario del atentado terrorista de la AMIA, el presidente de esa nación, Mauricio Macri, anunció la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en el que se incluyó Hezbollah.

El diputado del Congreso de la República de Argentina, Luis Petri, participó en el foro organizado por SFS y en su exposición dijo que la medida de calificar a Hezbollah como grupo terrorista es una de las tantas que ha tomado la administración del presidente Macri.

Petri aseguró que entre las medidas a adoptar podría considerarse el aumento de los controles fronterizos para impedir que extranjeros con grandes prontuarios con pedidos de captura internacional, puedan ingresar a la República Argentina, además de la inclusión de dominio, el arrepentimiento o técnicas especiales. “Según la investigación también se aplican a causas vinculadas con el terrorismo y este registro es transcendental para congelar los activos de las organizaciones y de las personas, además de impedir su ingreso, y creemos que en este momento esta medida debe ser replicada por los países de la región”.

El parlamentario describió la historia de los hechos terroristas en la AMIA, y recordó el memorando firmado por la expresidenta, Cristina Fernández, con Irán, que fue catalogado como inconstitucional por toda la dirigencia política de oposición argentina y fue llevado a la justicia por la DAYA y la AMIA y se logró que así se declarara, más allá de que había sido aprobado por el congreso argentino en una lastimosa sesión un mes después de haber sido firmado por Irán,  donde nunca ese país ratificó ese memorando porque lo único que buscaba era la desaparición de las alertas rojas en Interpol.

Petri sostuvo que "Argentina considera a EE UU como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo internacional y el lavado de dinero. Somos agradecidos de todo su apoyo para derrotarlos".

"Ya nada será igual, nosotros no seremos iguales, tenemos la obligación de ser mejores, para garantizar la paz de las generaciones futuras para que no vivan el horror, la sangre, la violencia racial y religiosa que le tocó vivir a nuestra generación", destacó Petri.

Corte de Apelaciones de EE. UU. abona el terreno para que Crystallex se apodere de CITGO

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Una Corte federal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó un recurso apelación de Petróleos de Venezuela para anular una orden emitida por un tribunal de Delaware que permite que la transnacional minera canadiense Crystallex Internacional Corp. se apoderarse de acciones en la unidad de refinación de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo Petroleum Corp.

En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento 'Las Cristinas' lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia dijo este lunes, (29 de julio de 2019), que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal. 

Los abogados de la canadiense explicaron que, en base a la citada norma, “siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas”, con “la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado” en el condado de New Castle, la venta puede continuar.

Agregaron que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. “No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitara mucho más allá de los requisitos legales” dice la carta.

Crystallex -dijo en la mencionada la comunicación- que no tenía dudas de que la venta de las acciones se daría a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emitiera la orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

Crystallex aseguró en 2018 ante el tribunal que las acciones de Citgo se venderían a un “precio justo y adecuado”, que es “el precio de hecho” es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley.

PDVSA solicitó la suspensión de esa orden judicial sin pagar una fianza. Los abogados de Crystallex aseguraron en ese entonces que los argumentos de PDVSA “carecían de fundamento”, y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que “intencionalmente” han diseñado para “obstaculizar a los acreedores”.

Una vez que se realizaron los primeros trámites, de manera inesperada, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y los de Crystallex llegaron a un acuerdo, (cuyos términos se mantuvieron en secreto) que incluía el pago de la deuda por cuotas a finales de 2018. Venezuela pagó unos USD 500 millones, aproximadamente. No obstante,  en enero de 2019, se incumplieron los compromisos acordados por lo que las acciones legales se reiniciaron.

En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino con el apoyo de los Estados Unidos y de más de 50  países, bajo el argumento que las elecciones presidenciales celebradas el 10 de mayo de 2018, donde Nicolás Maduro se declaró ganador fueron fraudulentas.

La disputa legal por CITGO Petroleum Corporation se convirtió en una batalla política entre Guaidó y los representantes de Nicolás Maduro, quien mantiene el control de las instituciones del gobierno de Venezuela y de PDVSA, (que son los representantes legales de PDV Holding que a su vez es dueña de las acciones de CITGO), según consta en los registros de la empresa en Delaware. 

En febrero de 2019, Guaidó designó una junta directiva ad hoc que tomó el control de CITGO. Luisa Palacios fue designada como presidenta de la nueva junta que empezaron a operar la filial de PDVSA de inmediato.

En marzo de 2019, el tribunal de Delaware aprobó que representantes legales de Guaidó pudiesen intervenir en el caso Crystallex versus la República de Venezuela. 

Los abogados designados por Guaidó para la apelación, argumentaron frente al panel de jueces durante la audiencia del 15 de abril de 2019, que los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no tomaban en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano.

Los representantes legales de Guaidó sostuvieron que la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería "un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos".

De acuerdo a los récords legales, CITGO está valorada en USD 8 mil millones. En su estructura accionaria, la filial petrolera del estado venezolano está comprometida en un 50.1 por ciento con los bonos de PDVSA, y un 49.1 por ciento con la empresa rusa Rosneft.

El incumplimiento de los compromisos del estado venezolano con sus acreedores internacionales hizo que CITGO fuera vista como un mecanismo para lograr recuperar sus acreencias. Entre los acreedores se encuentran, (además de Crystallex), ConocoPhillips y Rusoro Mining Ltd. Houston, Estados Unidos y los poseedores de bonos de la república y de PDVSA.

Pago de intereses de bonos

En mayo de 2019 la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Guaidó, aprobó en el pago de intereses de USD 71 millones a los tenedores de los bonos PDVSA 2020 que tienen como garantía el 51.9 por ciento de las acciones de CITGO.  Los representantes de Guaidó argumentaron que el pago del bono se hizo para evitar la incautación de CITGO.  

La administración interina debe decidir sobre un nuevo el pago de intereses de los mencionados bonos que vence el 27 de octubre de 2019 y que equivale a unos USD 913 millones.

Hezbollah es una amenaza real para los Estados Unidos

Cronan dijo que para del Departamento de Justicia y el Gobierno de los Estados Unidos es una prioridad contrarrestar la amenaza de Hezbollah, para lo cual se están haciendo varios esfuerzos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

En 2019, la seguridad pública de los Estados Unidos sigue enfrentando complejas amenazas de carácter internacional, en particular la que representa el grupo terrorista Hezbollah, la cual continúa siendo muy real, dijo el Director General Adjunto del Departamento de Justicia, John P. Cronan, en el foro "Mejorando la cooperación contraterrorista tras una tragedia", celebrado en el Senado de los Estados Unidos, durante la conmemoración del 25 aniversario por el atentado terrorista contra la AMIA, organizada por el Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS).

SFS (por sus siglas en inglés) es un grupo de expertos en seguridad nacional que ha logrado influir positivamente en las políticas públicas en Washington DC. SFS the most important think tank washington dc
Cronan destacó en su exposición que Estados Unidos trabaja con sus socios internacionales para estar mejor posicionado para desmantelar las redes de apoyo de Hezbollah y neutralizar las acciones terroristas contra los intereses norteamericanos. "Hoy la cooperación internacional y la protección de la justicia para las víctimas es tan importante y oportuno".

El alto funcionario recalcó que cuando era supervisor de la Unidad de Seguridad Nacional en la oficina del Fiscal Federal en Manhattan, constató que la lucha contra el crimen transnacional es más efectiva cuando se trabaja a través de las fronteras.

Recordó que en sus funciones enjuició a un líder terrorista radicado en el Reino Unido que orquestó actos globales de terrorismo que impactaron directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos. "Algunas de nuestras pruebas más valiosas en el juicio provinieron de búsquedas realizadas por la policía británica y de las pruebas recuperadas en Pakistán", argumentó en su explicación sobre la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades de otros países.

Gracias a la asistencia internacional se ha logrado enjuiciar a narcotraficantes y criminales en Estados Unidos y, asimismo, la policía estadounidense ha brindado una asistencia vital a sus socios extranjeros, lo que ha permitido salvar vidas, frustrar planes terroristas, gracias al hecho de haber compartido la experiencia y conocimientos de los órganos de seguridad de EE. UU. con sus aliados.

Cronan destacó el valor de la cooperación internacional en su actual cargo, señalando que "La mayoría de los más de 600 abogados de la División Criminal tienen su sede en Washington, DC, pero muchos de ellos están estacionados en todo el mundo, incluso en regiones donde las redes de apoyo de Hezbollah prosperan. Esa cobertura internacional es hoy una necesidad práctica".

Explica que en la medida que las economías se han vuelto más globales, en esa misma medida se han ampliado los esquemas terroristas y criminales, por lo cual se convierte en un desafío la aplicación de la ley y los mecanismos usados por las autoridades para investigar y procesar de manera eficiente a los criminales.

“¿Cómo construimos un caso criminal donde las pruebas y los testigos se encuentran en la mitad del mundo? ¿Cómo podemos rastrear, atraer y extraditar a los fugitivos más eficaz y eficientemente a través de las fronteras? ¿Cómo podemos procesar los casos en un tribunal público, mientras protegemos las acciones de nuestros servicios de inteligencia? Y cuando el proceso penal no es viable, ¿cómo podemos interrumpir y neutralizar las amenazas?”, se preguntó Cronan, quien advirtió que probablemente, "no haya una organización criminal para la cual estos desafíos sean más frecuentes y agudos que Hezbollah, cuyo alcance global y su ideología violenta ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y nuestros aliados".

Hasta cierto punto, Hezbollah ha evitado la notoriedad global lograda por Al Qaeda e ISIS, en gran parte por su sofisticación y el secretismo de sus actividades. Pero la capacidad de Hezbollah de evadir los titulares regulares de las portadas no disminuye de ninguna manera la amenaza que representa la organización terrorista, dijo el funcionario.

Hezbollah, que ha sido designado por los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera desde 1997, siempre ha representado una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Antes del 11 de septiembre, Hezbollah fue responsable de más muertes estadounidenses que cualquier otra organización terrorista extranjera, acciones que se remontan a la década de 1980, cuando la organización terrorista ejecutó múltiples bombardeos de objetivos estadounidenses en Beirut, matando a cientos de estadounidenses.

“Por supuesto, muchos de nuestros aliados también han experimentado la brutalidad asesina de Hezbollah. El ataque de Hezbollah hace 25 años en el centro comunitario de AMIA dejó 85 muertos inocentes y cientos de heridos, y marcó el segundo ataque mortal de Hezbollah en Buenos Aires en un período de dos años y medio”, comentó.

Cronan aplaudió a Argentina por haber dado el paso histórico de designar oficialmente a Hezbollah como una organización terrorista extranjera. "Esa designación marca la primera designación terrorista de Hezbollah en América Latina, y envía un mensaje claro e inequívoco de que no existe ninguna ambigüedad en lo que respecta a si Hezbollah es una organización terrorista", acotó.

— Aún hoy, 25 años después de los ataques de la AMIA, Hezbollah no se ha apartado de su disposición a recurrir a la violencia en todo el mundo para lograr sus objetivos. Irán sigue siendo el principal patrocinador estatal del terrorismo, y continúa participando en actividades relacionadas con el terrorismo y actividades desestabilizadoras a través de Hezbollah —dijo.

Cronan destacó que en reciente informe sobre terrorismo del Departamento de Estado, se explican que Irán y Hezbollah están emergiendo del conflicto de Siria envalentonado y con una valiosa experiencia en el campo de batalla que buscan aprovechar en todo el mundo.

Según ese informe, Irán ha proporcionado cientos de millones de dólares en apoyo a Hezbollah y ha entrenado a miles de sus combatientes en los campamentos en Irán. En gran parte gracias a que recibió un considerable apoyo financiero de Irán.

Hezbollah sigue siendo una de las organizaciones terroristas más peligrosas y capacitadas del mundo, en razón de que ha acumulado una gran cantidad de armas y continúa planeando ataques terroristas en todo el mundo.

Cronan dijo que para del Departamento de Justicia y el gobierno de los Estados Unidos es una prioridad contrarrestar la amenaza de Hezbollah para lo cual se están haciendo varios esfuerzos.

En enero de 2018, el entonces Fiscal General, Jeff Sessions, creó el Equipo de Financiamiento y Narcoterrorismo de Hezbollah, o HFNT liderado por Cronan. "La decisión de defender la HFNT reflejó un reconocimiento de la amenaza continua, sofisticada y global que Hezbollah plantea a los Estados Unidos, y que esta amenaza exige una respuesta agresiva y coordinada de las autoridades".

“A través del HFNT, estamos abrazando vigorosamente esa respuesta coordinada y agresiva, trabajando para llevar ante la justicia a quienes brindan apoyo a Hezbollah: apoyo financiero, mano de obra, armas o cualquier otra cosa. Hemos adoptado un enfoque múltiple”, lo cual ha implicado la coordinación entre los fiscales e investigadores federales en todo el país, la exploración de cargos de no terrorismo cuando sea apropiado para neutralizar el apoyo de Hezbollah, la coordinación entre varias agencias del gobierno de los EE. UU. , y estrecha colaboración con nuestros homólogos extranjeros.

“Este esfuerzo interinstitucional ha sido un tremendo éxito. Obviamente, no puedo discutir públicamente la mayoría del trabajo que hemos hecho y estamos haciendo, pero permítanme dar algunos ejemplos de lo que nuestro trabajo ha implicado”, refirió y de inmediato agregó:

— Primero, hemos estado facilitando y asegurando la coordinación entre los diversos oficiales de la ley y los fiscales que se dirigen a Hezbollah y sus redes de apoyo. Cuando varios fiscales, en diferentes oficinas en todo el país, se enfrentan a la misma amenaza, existe el riesgo de que se lleven a cabo investigaciones individuales. Pero ante una amenaza compleja y sofisticada como Hezbollah, los fiscales deben estar sincronizados y apoyarse en los esfuerzos de los demás.

"A través de la HFNT, hemos estado asegurando que eso esté sucediendo. Nos hemos estado reuniendo con fiscales y oficiales de la ley en todo el país para asegurarnos de que compartan pruebas, testigos e información, y que sus investigaciones y procesamientos relacionados con Hezbollah estén siendo priorizados, se estén moviendo de manera expedita y estén respaldados por recursos suficientes", afirma Cronan.

Seguidamente sostuvo: "Y nuestros juicios están teniendo un gran impacto. Hace aproximadamente dos años, recibimos un aleccionador recordatorio de la amenaza constante que Hezbollah sigue planteando a nuestro país cuando dos presuntos agentes de Hezbollah presuntamente entrenados que viven en territorio estadounidense, fueron arrestados".

En junio de 2017, Samer El Debek y Ali Khourani fueron arrestados por brindar apoyo material a Hezbollah, y su presunta conducta no es nada menos que escalofriante. Ambos acusados supuestamente se unieron a la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah, o ESO, que es la rama de ese grupo responsable de planificar, coordinar y ejecutar ataques terroristas fuera del Líbano. Supuestamente recibieron entrenamiento militar de parte de Hezbollah, recibieron tareas de esa organización y residieron en los Estados Unidos, esencialmente para ser agentes durmientes que esperan asignaciones de sus manejadores de Hezbollah.

Khourani fue condenado después de un juicio público en Manhattan en mayo de 2019 y gran parte de su conducta quedó al descubierto en una sala de tribunal de los Estados Unidos.

Khourani recibió más de una década de entrenamiento de parte de Hezbollah, incluso en oficios, tácticas militares y armas avanzadas, como rifles de asalto AK-47 y lanzadores de cohetes. A partir de 2003, Khourani comenzó a actuar como agente "durmiente" en los Estados Unidos. Bajo la dirección de su manejador de ESO, Kourani se naturalizó en 2009 y luego obtuvo un pasaporte de EE. UU.

Mientras se encontraba en territorio estadounidense, Khourani participó en comunicaciones secretas con su manejador de ESO y realizó numerosas tareas para Hezbollah. Realizó vigilancia física en múltiples objetivos en la ciudad de Nueva York, incluido un edificio de oficinas federales donde se encuentra el FBI, una instalación de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos y una Armería de un Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Cortar el apoyo financiero de Hezbollah también ha sido fundamental para nuestros esfuerzos. El dinero es el alma de cualquier organización terrorista, y Hezbollah no es diferente.

“En el lado de la fiscalía, este enfoque en el dinero se reflejó en nuestra reciente condena de Kassim Tajideen, quien presidió un imperio de envío de productos multimillonarios y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser un contribuyente financiero importante para Hezbollah”. En diciembre pasado, Tajideen se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero en relación con su violación de esas sanciones, y acordó ceder al gobierno de los Estados Unidos aproximadamente USD 50 millones.

HFNT también ha trabaja en estrecha colaboración con otras agencias para garantizar la máxima interrupción de las redes de apoyo financiero de Hezbollah. Probablemente el mejor ejemplo es el trabajo realizado por el Departamento del Tesoro.

Los esfuerzos del Departamento del Tesoro por desmantelar la red de apoyo de Hezbollah han sido extraordinarios e históricos. Desde 2017, esta instancia del gobierno estadounidense ha sancionado a más de 50 personas y entidades relacionadas con el grupo terrorista. El año pasado, el Tesoro emitió más designaciones relacionadas con Hezbollah que en cualquier otro año desde el inicio de su autoridad primaria contra el terrorismo.

Estas designaciones tienen un impacto poderoso en las redes de apoyo financiero de Hezbollah. Una designación del Tesoro congela cualquier activo de la persona o entidad designada que se basa en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE UU, y generalmente lesw prohíbe realizar transacciones con la persona o entidad designada.

El Departamento del Tesoro ha designado a varios miembros del Consejo Shurah de Hezbollah, incluido Hassan Nasrallah, el funcionario de más alto rango del grupo, así como a varias personas que supuestamente le han brindado apoyo clave, incluido un financiero llamado Mohammad Ibrahim Bazzi; el representante de Hezbollah en Irán, Abdallah Safi al-Din; Adham Husayn Tabaja, un financiero de Hezbollah con vínculos directos con altos funcionarios de Hezbollah y la ESO; y Muhammad Abdallah al-Amin, por proporcionar apoyo material a Tabaja. El Departamento del Tesoro también designó recientemente a dos miembros de Hezbollah del parlamento libanés por usar su cargo político como cobertura para actividades ilícitas y delictivas.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro designó a otro presunto líder clave de Hezbolá llamado Salman Raouf Salman, quien al parecer, desempeñó un papel destacado en el bombardeo del centro AMIA, es un líder de la ESO de Hezbollah y dirige y apoya las actividades terroristas en el hemisferio occidental. El mismo día de esa designación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta USD 7 millones por la información que conduzca a la identificación o ubicación de Salman.

— También hemos estado trabajando estrechamente con nuestros socios extranjeros en esta misión compartida contra Hezbollah. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha brindado asistencia a las autoridades peruanas en el nuevo juicio en curso del supuesto agente de Hezbollah, Muhammad Hamdar. Los fiscales del Departamento de Justicia han desarrollado una experiencia considerable en los procesos de seguridad nacional, y estamos ansiosos por compartir esas experiencias y ayudar a nuestros socios internacionales en todo lo que podamos.

“En diciembre, tuve el privilegio de participar en una Ministerial contra el Terrorismo del Hemisferio Occidental sobre la amenaza de Hezbollah en el Departamento de Estado con 11 socios internacionales clave. Esa reunión ministerial culminó con la publicación de un comunicado conjunto que describe un plan para mejorar la cooperación en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, así como para mejorar la capacidad de aplicación de la ley, el intercambio de información y la seguridad fronteriza. La semana pasada, Argentina fue sede de una reunión ministerial de seguimiento a la que asistieron altos miembros de la administración. Estas reuniones ministeriales han resaltado la importancia de fortalecer las capacidades regionales de contraterrorismo y mejorar la cooperación”.

Refiere que “Esas son cosas en las que necesitamos estar constantemente pensando. ¿Cómo podemos trabajar aún mejor con nuestros socios en todo el mundo? ¿Cómo podemos fortalecer las capacidades de esos socios? ¿Cómo podemos combatir más poderosamente la amenaza de Hezbolá que todos enfrentamos?”.

Para finalizar, John P. Cronan advierte que gran parte del trabajo realizado por el Departamento de Justicia no se puede discutir en este contexto. “Las investigaciones pueden ser encubiertas, los cargos pueden ser sellados, los acusados pueden estar cooperando, los partidarios de Hezbollah pueden enfrentar crímenes no terroristas mientras trabajamos para construir cargos por terrorismo. Pero no se equivoque: destruir a las redes de apoyo de Hezbollah y neutralizar la amenaza de Hezbollah es una de las principales prioridades de este Departamento de Justicia y continuará siéndolo”.

Conozca las operaciones irregulares entre PDVAL Anzoátegui y el Hotel Venetur Maremares

A través de una serie de documentos damos a conocer algunas de las negociaciones que tienen lugar en la sede oriental de PDVAL, donde el jefe de la misma en la entidad, Frank Gómez, vende los alimentos al hotel estatal y luego son revendidos a terceros con exorbitantes ganancias para los protagonistas de la trama.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

 

En la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL) en su sede del estado Anzoátegui, supuestamente se estarían cometiendo una serie de irregularidades al estar siendo desviados los alimentos y productos que deben destinarse al consumo de la población de esa entidad, hacia otros destinos, como el Hotel Venetur Maremares a través de negociaciones que, al parecer, no son del todo transparentes, para luego ser revendidos proporcionando grandes ganancias a los protagonistas de esta trama de corrupción.

A nuestra mesa de redacción llegó una nueva denuncia con relación a los presuntos manejos turbios que operan PDVAL a través del jefe de la estatal en Anzoátegui, Frank David Gómez Colmenares, quien en asociación con otros individuos habría desviados los objetivos de la empresa estatal en procura de obtener beneficios personales.

PDVAL fue constituida el 6 de enero de 2008 por el entonces presidente de la república, Hugo Chávez Frías, “con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los alimentos”, tal como lo manifiesta su página web[1], donde además se asegura que busca enfrentar al sector de los alimentos “altamente concentrado en capitales foráneos y está altamente dominado por el sector privado”, con lo que lo denunciado en estas páginas contravendría, igualmente, el propósito antes expuesto.

Nacida inicialmente como una filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVAL pasó a estar adscrita desde el 27 de julio de 2010 al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, luego del escándalo que tuvo lugar en dicho año, por el hallazgo de miles de toneladas de alimentos descompuestos en diferentes almacenes en todo el país.

Ahora, según la denuncia, la gestión de Frank Gómez Colmenares ha convertido a PDVAL en un ente donde supuestamente reina la corrupción y la desidia, la cual ha transformado catorce locales destinados a la venta de comida en cascarones inservible que dan cuenta de un objetivo no cumplido, pues solamente tres de estas estructuras estaría medianamente funcionando en el estado Anzoátegui.

Cabe destacar que el Hotel Venetur Maremares fue entregado para su supuesta rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura, a JPEC Inversora C.A.[2], la cual ha sido denunciada como una empresa de maletín constituida rápidamente entre diciembre de 2016 y abril de 2017, solamente para cumplir con el objetivo de lograr la administración del hotel y convertirlo en un instrumento para llevar a cabo negociaciones irregulares en las cuales, el gerente general del hotel, Jesús Enrique Quijada Suárez, es pieza clave y el cómplice necesario para cumplir tal cometido. Con este último, Frank Gómez habría estructurado una alianza mediante la cual el hospedaje compra comida y productos a PDVAL para, presuntamente, revenderlos posteriormente a precios muy superiores, obteniendo así millonarias ganancias que no están destinadas a las arcas estatales, sino a los bolsillos de los denunciados, de acuerdo a lo que refieren los informantes. De tales negociaciones presentamos a nuestros lectores en las próximas líneas algunos documentos que probarían lo expuesto.

Fuentes internas consultadas subrayan que entre Jesús Quijada y Frank Gómez fue designado Freddy Gómez Colmenares —hermano del primero— quien actúa como mano derecha del administrador del hotel y funge de intermediario en las negociaciones.

Freddy José Gómez Colmenares ingresó como funcionario de la Gobernación del estado Anzoátegui durante la administración de Tarek William Saab. Para esa época ya Frank Gómez trabajaba en el área de mercadeo y distribución de alimentos de PDVAL y, aprovechando tal posición, supuestamente habría sustraído sellos y falsificado documentos para pedir que su hermano, Freddy Gómez, fuera trasladado en comisión de servicios a PDVAL.

Por ejemplo, en una comunicación fechada el 28 de agosto de 2009, Frank Gómez solicitó a Josué Maica, a cargo de la Dirección de Personal de la Gobernación de Anzoátegui, la comisión de servicios de su hermano, Freddy José Gómez Colmenares, al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y Venezolana de Alimentación (Venalcasa), para desempeñarse en Fruticola de Monagas (Fruticasa), ubicada en Aragua de Maturín, estado Monagas.

Acotan las fuentes que para esa fecha, Frank Gómez, se desempeñaba en PDVAL y no en el estado Monagas, pues su ingreso a la primera habría ocurrido en julio de 2008 a través de las consultoras Serproca y Propetrol. Es decir, según los informantes, Gómez habría usurpado funciones que no le correspondían al suscribir la comunicación como gerente de planta de PDVAL.

Aseguran las fuentes que Frank Gómez nunca trabajó en Fruticola Monagas

La siguiente comunicación fechada el 29 de septiembre de 2013 habría sido falsificada, según informan nuestras fuentes, la firma no corresponde al gerente para la época. Refieren los informantes, que los Gómez debieron recurrir a este recurso de la falsificación en razón del cambio de las autoridades que facilitaban la renovación de la comisión de servicios.

Tales irregularidades fueron investigadas determinándose que Freddy Gómez Colmenares estando en comisión de servicios en PDVAL mantuvo su remuneración en la gobernación de Anzoátegui, es decir fue ingresado como empleado fijo en ambas dependencias violando así las disposiciones legales que lo prohíben.

Además, el 26 de septiembre de 2012 fue abierta una averiguación administrativa que estableció que Freddy Gómez Colmenares se valió de dos partidas de nacimiento falsas para justificar el pago de bonos por nacimiento, guardería y juguetes que la Gobernación del estado Anzoátegui cancelaba a sus empleados con hijos.

Las fuentes internas refieren que Freddy Gómez presentó unas partidas de nacimiento de unos supuestos hijos mellizos, Ignacio y Freddy, nacidos en la parroquia Caigua de Barcelona, de acuerdo a los documentos fraudulentos.

A continuación mostramos el oficio que dio inicio a la investigación administrativa de este hecho:

Aquí las partidas de nacimiento falsificadas de “Ignacio José” y “Freddy José”:

Pero lejos de ser castigados por estas irregularidades, los hermanos Gómez Colmenares continuaron desempeñando en la administración pública en el estado Anzoátegui, Frank Gómez fue designado jefe estatal de PDVAL, mientras que Freddy Gómez Colmenares fue enviado al Hotel Venetur Maremares, gracias a las gestiones del primero que lo ingresa al hospedaje donde su amigo, Jesús Enrique Quijada, ejerce como gerente general.

Cotizaciones

El 21 de agosto de 2018, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación envió al Hotel Maremare la cotización N° 001-2018.

En dicha cotización se informaba sobre las condiciones de venta de 175 bultos contentivos c/u de 20 unidades de 1 kg de harina de trigo Familiar, cuyo precio de venta unitario sin IVA era de Bs. 14.000,00, que al ser un producto exento del pago del impuesto mantenía su precio en Bs. 14.000,00, el precio del bulto era de Bs. 280.000,00 para un total en bolívares fuertes de Bs. 49.000.000,00 que en bolívares soberanos equivalían a Bs. 490,00.

Se cotizaron también 70 bultos de manteca vegetal de 15 kg c/u que tenían un precio sin IVA de Bs. 3.463.108,57 más Bs. 277.048,69 de IVA, para un total de Bs. 3.740.157,26 por unidad. El precio en bolívares fuertes sin IVA era de Bs. 242.417.599,90; el precio del bulto con IVA en bolívares fuertes era de Bs. 261.811.007,89; el precio de venta por bulto sin IVA en bolívares fuertes era de Bs. 242.417.599,90 que en bolívares soberanos era de Bs. 2.424,18.

El 27 de septiembre de 2018, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se remitió la Cotización N° 023-2018 a Inversiones Hotel Mare Mares de 142 pollos enteros que tenían precio de venta por unidad sin IVA de Bs. 78,00; al ser un producto exento del pago de IVA tenía un precio total por bulto de Bs. 11.076,00.

Se sumaba a la cotización 71 unidades de aceite de oleína de palma “Fryt” de 18 Ml que tenían un precio unitario sin IVA de Bs. 45,74. Por ser un producto exento del pago de IVA su precio total era de Bs. 3.247,54.

Se cotizaron también 51 cartones de huevos de 30 unidades c/u Cuspal, cuyo precio de venta por unidad sin IVA era de Bs. 7,00; por ser un producto exento del pago de IVA su precio total era de Bs. 357,00.

El total de cotización con los tres rubros sumó Bs. 14.680,54.

El 28 de septiembre de 2018, desde el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se remitió la Cotización N° 025-2018 a Inversiones Hotel Maremares, consistente en el pedido de 15 sacos de azúcar de uso industrial (50 kg c/u) cuyo precio de venta unitario sin IVA era de Bs. 1.379,31; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) era de Bs. 220,69; el precio de venta por unidad con IVA era de Bs. 1.600,00; el precio del bulto sin IVA era de Bs. 20.689,65; el precio del bulto con IVA era de Bs. 24.000,00; el precio de venta total con IVA era de Bs. 24.000,00; el precio total a pagar sin IVA era de Bs. 20.689,65; el IVA era de Bs. 3.310,35; el total a pagar con IVA fue de Bs. 24.000,00.

Las condiciones expuestas referían que: 1) El servicio logístico y empaquetado era de carácter opcional, por lo que si el cliente no requería de dicho servicio realizar el retiro de los productos en el Centro de Distribución indicado, en su presentación caja/bulto/saco, (según fuera el caso). 2) Después de remitida la cotización el cliente contaba son dos luego de su recepción para emitir el pago correspondiente. 3) El tiempo de entrega derivaba de la certificación de que se hiciera el depósito o transferencia bancaria a través del comprobante de pago. 4) Los precios unitarios de cada producto estaban sujetos a cambios. 5) Las cotizaciones se emitían de acuerdo a disponibilidad del producto. 6) La entrega se llevaba a cabo en el lugar acordado previamente. 7) El servicio de caleta y transporte corría por cuenta del cliente. 8) Los pagos en transferencia se debían hacer únicamente a través de la cuenta del Banco de Venezuela, en efectivo, a nombre de Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A, G-200100249, cuenta corriente N° 0102-0552-22-00 00032667.

El 1° de septiembre de 2018, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación envió al Hotel Maremares la cotización identificada con el número 014-2018.

Los productos cotizados en esta oportunidad fueron 12 unidades de aceite oleína de palma “Fryt” de 18 ML c/u, cuyo precio de venta por unidad sin IVA era de Bs. 4.574.449,28 que equivalían 45,74 bolívares soberanos. Al ser un producto exento del pago de IVA su precio se mantenía para sumar en total Bs. 54.893.391,36 (Bs. S 548,93).

Despachos de mercancía

Una Guía de Despacho fechada el 10 de diciembre de 2018 e identificada con el código S-002-11146, da cuenta de la entrega por parte de PDVAL al Hotel Venetur Maremares S.A., número de Registro de Información Fiscal (RIF) G200102683, de 13 bultos contentivos de 20 kilos de fororo NA “Laura”, cuyo precio con IVA era de Bs. 16,32 c/u que totalizaban Bs. 212,16. Este producto estaba identificado con el código 7596503000058.

Igualmente se despacharon 129 paquetes de arroz blanco Cuspal de 1 kg c/u. esta cantidad estaba distribuida en 6 bultos de 20 paquetes y 9 unidades sueltas. El código de identificación de este producto era 2600012119431. El precio con IVA de cada paquete era de Bs. 42,00 que en total sumaban Bs. 5.418,00.

El total del importe de los dos productos era de Bs. 5.630,16.

El 3 de abril de 2019, una guía de despacho de PDVAL identificada con el código S-002-11812, daba cuenta de la entrega al Hotel Maremares de 8 bultos de 20 paquetes c/u de azúcar refinada “Acarigua Portuguesa” de un 1 kg cada una. Igualmente de 8 unidades sueltas que tenían un precio con IVA de Bs. 2.300,00 y totalizaban Bs. 18.400,00. El código del producto era 7593204000028.

También se despacharon 9 bultos de 24 unidades de margarina La Estancia de 250 gramos c/u. El precio unitario con IVA era de Bs. 33,01 para totalizar Bs. 297,09. El código del producto era 7591632000924.

Igualmente, 19 bultos de 24 unidades c/u de arroz blanco tipo I “Doña Alicia” de 1 kg cada uno. El precio con IVA por bulto era de Bs. 1.780,00 para un total de Bs. 33.820,00. El código del producto era 7592316000063.

4 bultos de 12 cartones de huevos contentivos de 30 unidades c/u, cuyo precio con IVA era de Bs. 5.000,00 que totalizaban Bs. 20.000,00. El código del producto era 2600012119042.

13 bultos de 15 unidades c/u de sardinas en aceite vegetal Lina de 270 gr. El código del producto era 7592219000603.

1 bulto de 12 unidades de pasta alimenticia de sémola durum Premium Gisela, cuyo precio con IVA era de Bs. 3.750,00 que totalizaban Bs. 3.750,00. EL código del producto era 7591428299990.

El precio total del despacho fue de Bs. 83.556,06.

En la misma fecha 9 de abril de 2019, la guía número S-002-11813, informaba de la entrega de un complemento despacho al Hotel Venetur Maremares.

Se trataba de 126 bultos de 20 unidades de harina de maíz blanco con arroz “la Lucha” de 1 kg c/u. El código del producto era 7591827031214. El precio con IVA era de Bs. 3.900,00 para totalizar Bs. 101.400,00.

Guía de Seguimiento y Control

El 11 de julio de 2018, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) adscrita a la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía Alimentaria del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, emitió la Guía de Seguimiento y Control de Productos Alimenticios Terminados N° 95127007 que daba cuenta del despacho por parte del Centro de Distribución de Barcelona de PDVAL de 1,500 TM de manteca vegetal destinadas al Hotel Venetur Maremares S.A. ubicado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. La guía tenía fecha de vencimiento el 14 de julio de 2019.

Esta guía es la que permitía la movilización de los productos allí descritos desde el sitio de origen descrito, a saber el Centro de Distribución Barcelona de PDVAL, hasta su destino en el territorio venezolano, a saber el Hotel Venetur Maremares S.A.

La venta de almohadas

El 10 de diciembre de 2018, la analista de finanzas de PDVAL, Bárbara Loreto, emitió un informe sobre la venta de 415 almohadas estándar Latinflex, código 2600012120225, que habían sido despachadas el 23 de noviembre del referido año, al Hotel Venetur Puerto La Cruz, número de RIF G200104473.

La venta fue por Bs. 157.700,00, según la factura N° 56831.

El monto de la venta realizada bajo la modalidad de productos no alimenticios fue transferido a la cuenta 32667 de ventas a terceros y el número de referencia de la transferencia bancaria fue 191224858 del Banco Nacional de Crédito.

La venta se había realizado de acuerdo a las cotizaciones número 041 por 350 unidades y 053 por 65 unidades.

Igualmente, la cotización 058 por 13 almohadas, cuyo monto era de Bs. 4.940,00.

En una explicación un tanto confusa, Bárbara Loreto dijo que cuando se le remitió la cotización N° 058 al cliente por la cantidad de 13 almohadas que totalizaban Bs. 4.940,00, se le informó que hiciera el pago a la cuenta 32667, habiendo realizado la transferencia a la cuenta 42398 de Pdval Hogar por un monto de Bs. 67.280,00 al banco Banesco, número de referencia 10497542317.

Loreto pidió que se instruyera acerca de si la segunda venta se realizaría a través de almacén o por Pdval Hogar. Solicitó se le indicara cuál número de cuenta se tomaría en consideración “para vaciar la información en el correlativo y libro de venta semanal, de igual forma me informen que se hará con el excedente del pago del cliente”.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado por nuestras fuentes, estas almohadas que habían sido enviadas por la empresa estatal para ser donadas a los trabajadores, fueron vendidas al Hotel Venetur Maremares por orden de Frank Gómez.

El 21 de noviembre de 2018, Darwing Plaza remitió un correo electrónico dirigido a Morabia Virginia Flores Cabello, con copia a Helen Franquiz, Manuel Rodríguez y Finanzas PDVAL, que versaba sobre la “Solicitud de certificación de pago de cotización Hotel Venetur PLC Almohadas N° 041/26-10-2018.

Flores Cabello había pedido que se certificara el pago de Bs. 157.873 que se había realizado a través de una transferencia bancaria realizada desde el Banco Nacional de Crédito el día 19 de noviembre de 2018.

El 6 de diciembre de 2018, Bárbara Loreto solicitó a Darwing Plaza, con copia a Finanzas PDVAL, Omarín González, Gladys Estevez y Carlos Salazar, la certificación del pago realizado por el Hotel Venetur PLC por un monto de Bs. 67.280,00.

El pago se efectuó a través de una transferencia bancaria de Banesco llevada a cabo el 5 de diciembre de 2018.

También el Hotel Venetur Puerto La Cruz

Las operaciones llevadas a cabo entre PDVAL y el Hotel Venetur Maremares se replicarían también con el Hotel Venetur Puerto La Cruz, ahora bajo administración privada Hotel Paradise Puerto La Cruz.

Nuestras fuentes nos hacen llegar unos documentos de finanzas en los que pueden apreciarse las operaciones de PDVAL con ambos hoteles durante el primer semestre de 2018.

Aquí el consolidado de finanzas del Hotel Venetur Maremares:

Y aquí el consolidado de finanzas del Hotel Venetur Puerto La Cruz:

Sobre los protagonistas de la trama

En primer término tenemos a Frank David Gómez Colmenares, quien de acuerdo al portal Dateas, nació el 28 de agosto de 1977, es titular de la Cédula de Identidad número V-13.935.534 y se le ubica en la parroquia El Morr, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui[3].

Ejerce su derecho al sufragio en el Colegio Humboldt, parroquia El Morro, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informa que ingresó al sistema el 1° de septiembre de 2008, su fecha de contingencia será el 28 de agosto de 2037. Su estatus actual es activo al estar registrado como trabajador de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), número patronal O71059532, a la que ingresó el 29 de julio de 2014. Acumula 284 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 16.420,51.

Entretanto, Freddy José Gómez Colmenares nació el 14 de julio de 1975, según refiere Dateas, que agrega que es portador de la Cédula de Identidad número V-11.907.844 y se le ubica en la parroquia Pozuelos, municipio Sotillo, estado Anzoátegui[4].

Ejerce el voto en la Unidad Educativa Doctor Andrés María Hernández Caballero, parroquia Pozuelos, municipio Sotillo, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de febrero de 2003, su fecha de contigencia será el 14- de julio de 2035, su estatus actual es activo al estar registrado como trabajador de JPEC Inversora C.A., número patronal O71754480, a la que ingresó el 4 de junio de 2018. Acumula 617 semanas cotizadas y un total de salario cotizados de Bs. 143.656,95.

Por su parte, de Jesús Enrique Quijada Suárez informa que nació el 2 de abril de 1972, que es titular de la Cédula de Identidad número V-11.655.395 y se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[5].

Ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Pedro Centeno Vallenilla Cristo de Jose, parroquia El Carmen, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 29 de mayo de 1992, su fecha de contingencia será el 2 de abril de 2032, su estatus actual es activo al aparecer registrado como trabajador de JPEC Inversora C.A, número patronal O71754480, empresa a la que ingresó el 14 de agosto de 2017. Acumula 957 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 150.952,59.

A su vez, Josué Benjamín Maica Vivenes —refiere Dateas— nació el 30 de agosto de 1959, es portador de la Cédula de Identidad número V-5.194.154 y se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[6].

Ejerce el voto en el Conjunto Residencial Doral Beach Villas, parroquia Puerto La Cruz, municipio Sotillo, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1980, su fecha de contingencia será el 30 de agosto de 2019, su estatus actual es cesante al haber egresado el 11 de febrero de 2019 del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, número patronal D19885184. Acumula 1.390 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 44.145,37.

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[1] PDVAL. http://www.pdval.gob.ve/portal/nosotros.php 

[2] Panorama. “Gobierno nacional recuperará red de hoteles Venetur con inversión privada”. 9 de mayo de 2017. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Gobierno-nacional-recuperara-red-de-hoteles-Venetur-con-inversion-privada-20170509-0031.html

[3] Dateas. Gómez Colmenares, Frank David. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/gomez-colmenares-frank-david-1618812

[4] Dateas. Gómez Colmenares, Freddy José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/gomez-colmenares-freddy-jose-2260454

[5] Dateas. Quijada Suárez, Jesús Enrique. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/quijada-suarez-jesus-enrique-1627419

[6] Dateas. Maica Vivenes, Josué Benjamín. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/maica-vivenes-josue-benjamin-1626877