miércoles, 29 de mayo de 2019

José Manuel González Testino se declaró culpable por delitos de corrupción relacionados con PDVSA y CITGO

González Testino será sentenciado el 28 de agosto de 2019 en la ciudad de Houston.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino se declaró culpable de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de su filial en Estados Unidos CITGO Petroleum Corporation (ubicada en Houston-Texas) a cambio de  jugosos contratos de servicios.

González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba salir de los Estados Unidos para evitar ser procesado por los delitos que se le imputaron en la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston. En ese tribunal, el contratista venezolano-americano admitió su responsabilidad en la trama de corrupción de la petrolera venezolana PDVSA y su filial en Estados Unidos, CITGO.

González Testino, de 48 años, se declaró culpable por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la ley FCPA y un cargo por no haber reportado sus cuentas bancarias extranjeras. El juez de distrito de los EE. UU., Gray H. Miller, aceptó su declaración este miércoles 28 de mayo y estableció la sentencia para el 28 de agosto de 2019.

La información fue dada a conocer por el fiscal Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, y el fiscal de Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick. Los fiscales dijeron que González Testino es el acusado número 16 que se declara culpable de 21 individuos que han sido acusados por la justicia norteamericana de haber operado un enorme esquema de corrupción vinculado a PDVSA.


González Testino admitió haber realizado pagos de sobornos a varios empleados por CITGO. Aunque CITGO actuó principalmente como refinador, transportista y comercializador de productos derivados del petróleo, también adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de su grupo de Proyectos Especiales. 

El acusado admitió que él y sus co-conspiradores pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO en el grupo de Proyectos Especiales y le proporcionaron regalos y otras cosas de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus compañías a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información interna sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA y ayudó a González Testino a recibir la prioridad de pago para varias facturas pendientes de PDVSA. González Testino también admitió que tenía un interés financiero o una autoridad signataria sobre varias cuentas bancarias extranjeras y no presentó un informe de cuenta bancaria extranjera, o "FBAR", en 2017, dice el comunicado de la Fiscalía de Houston.

El entramado de corrupción

González Testino formó parte del entramado de corrupción y lavado de dinero que involucra a funcionarios del gobierno del finado presidente venezolano Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

De acuerdo a la documentación federal, González Testino y otro conspirador que no ha sido identificado, habrían pagado USD 629 mil en sobornos a un exfuncionario de PDVSA, con el objetivo de obtener contratos de la compañía estatal en favor de sus empresas.

A continuación presentamos la cronología de las acciones del proceso judicial que hasta la fecha han tenido lugar.

Declaración del agente que sustenta la acusación

La declaración jurada del agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos adscrito al Grupo contra el Fraude Financiero de la Oficina de Campo de Houston, Derek Matthews, emitida el 27 de julio de 2018, dio sustento a la denuncia penal formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y la orden de arresto librada contra José Manuel González Testino, por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

Matthews refirió que durante la investigación se obtuvo información de distintas fuentes, se recogieron declaraciones de testigos —entre ellos colaboradores—, así como documentos que incluyeron registros financieros y conversaciones sostenidas con otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Advierte que para la formulación de su declaración jurada menciona sólo aquellos hechos necesarios que permiten establecer una causa probable para señalar a González Testino de violar lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371, así como el Título 15, Sección 78dd-2 de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Refiere, por tanto, que su declaración no incluye la totalidad de los hechos investigados, sino aquellos que resultaron suficientes para establecer la causa probable para acusar y detener a González Testino.

El agente especial, que cuenta con una experiencia de diecinueve años, se especializa en hechos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración, lavado de dinero y otras violaciones criminales y de acuerdo a lo establecido en las leyes estadounidenses, está facultado para realizar investigaciones y arrestos por delitos federales.

Los delitos

En primer lugar se identifican las entidades e individuos que participan en la conspiración de la que se acusa a José Manuel González Testino, figurando en primer lugar, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa petrolera estatal controlada por el estado venezolano. Esta compañía, así como sus subsidiarias, serían responsables de la exploración, producción, refinación, transporte y comercio de recursos energéticos en Venezuela y proporcionan fondos para otras operaciones del gobierno venezolano. Por tanto, PDVSA y sus subsidiarias, encajan dentro de las definiciones sobre "instrumentos" de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2) (A).


Luego se señala a Bariven, S.A., subsidiaria de PDVSA responsable de la adquisición de bienes y servicios en nombre de la petrolera.

Asimismo, el testigo colaborador 1 (CW-1), es un ciudadano venezolano que entre 2011 y junio de 2013, se desempeñó como empleado por PDVSA. Ocupó varios cargos tanto en PDVSA como en Bariven y, finalmente, fue nombrado ejecutivo de alto nivel de esta última en enero de 2012 o alrededor de esa fecha. Tenía la responsabilidad de reunir y revisar las propuestas de pago semanales de Bariven a sus numerosos proveedores. CW-1 reúne las condiciones para ser tenido como "funcionario extranjero", de acuerdo a lo establecido sobre ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2) (A). CW-I se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar dinero y se encuentra cooperando con la justicia de los Estados Unidos.

A su vez, José Manuel González Testino es un ciudadano de los Estados Unidos y, por lo tanto, una "preocupación doméstica" tal como se usa ese término en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (I).

González Testino controlaba varias empresas de energía con sede en Estados Unidos y Panamá que proporcionaban equipos y servicios a PDVSA.

La "Compañía A", "Compañía B" y "Compañía C", son empresas registradas bajo las leyes de Panamá, las cuales eran controladas por González Testino y utilizadas por este para conseguir contratos con PDVSA y sus subsidiarias.

El "Co-Conspirator 1" es un ciudadano venezolano, residente de Miami, Florida, quien fue socio comercial de González Testino en la Compañía A y otras empresas.

La "Cuenta bancaria 1" está registrada en el Distrito Sur de Texas y a través de ella las compañías de González Testino, incluidas la Compañía A y la Compañía B, realizaron pagos de sobornos durante el curso de la conspiración.

La "Cuenta bancaria 2" está registrada en el Distrito Sur de Florida y a través de ella las compañías de González Testino, incluidas la Compañía A, la Compañía B y la Compañía C, realizaron pagos de sobornos durante el curso de la conspiración.

El soborno

En los interrogatorios que los agentes de HSI le formularon a CW-1 en múltiples ocasiones durante 2018, admitió que cuando se desempeñaba como gerente general de Bariven recibió pagos y otras cosas de valor de parte de José Manuel González Testino, a cambio de que realizara acciones y tomara decisiones con Bariven y PDVSA, así como también para influir en otros funcionarios extranjeros para favorecer a las empresas del demandado.

Los sobornos pagados por González Testino sirvieron para que se decidiera la aprobación de contratos en dólares estadounidenses, en lugar de bolívares venezolanos, en favor de las empresas del acusado.

Además, CW-1 ayudó a González Testino a preparar una presentación para la Junta Directiva de PDVSA e influyó para que esta fuera priorizada al momento de decidir la adjudicación de un contrato para la compra generadores de turbina a una de las compañías del acusado.

CW-1 dijo que mientras se reunía con González Testino con relación con la Compañía A y sus otras compañías, este último a menudo llamaba a Co-Conspirador 1 antes de tomar decisiones sobre sus negocios.

También CW-1 admitió que recibió sobornos de González Testino en dos cuentas bancarias en los Estados Unidos, a saber la Cuenta bancaria 1 y la Cuenta bancaria 2, las cuales estaban a nombre de una compañía propiedad de un familiar. Estas cuentas fueron utilizadas por CW-1 para aceptar pagos de sobornos de González Testino y otros entre 201 2 y 2013, cuando era un funcionario extranjero.

El agente especial Derek Matthews aseguró que la información proporcionada por CW-1 fue corroborada y sustentada con documentos. Refirió que los registros bancarios mostraron que las cuentas bancarias suizas a nombre de las Compañías A, B y C sirvieron para el pago de los sobornos dirigidos a la Cuenta Bancaria 1 y la Cuenta Bancaria 2.

El siguiente cuadro muestra algunos de los pagos de sobornos realizados por González Testino:

El Testigo colaborador 2 (CW-2) corroboró las afirmaciones de CW-1 con relación a que González Testino y el Co-Conspirador 1 controlaban las compañías A, B y C.

CW-2, quien se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA, declaraciones falsas de impuestos federales, era propietaria de varias compañías de energía con sede en los EE. UU.,  entre las que se incluyen empresas con sede en el Distrito Sur de Texas, las cuales suministraron equipos y servicios a PDVSA y residentes de Texas.

Los registros bancarios y otros documentos revelaron que, en total, González Testino pagó al menos USD 629.000 en sobornos a CW-1 a través de transferencias bancarias a las cuenta bancarias 1 y 2.


Petición de la fiscalía de sellar el caso

El 27 de julio de 2018, el Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick, y la jefe interino de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sandra Moser, solicitaron a la Corte del Distrito Sur de Texas, sellar la demanda penal, la orden de detención, la declaración jurada del agente del HSI que sirve de sustento de la acusación contra José Manuel González Testino, de manera de proteger la integridad de la investigación y evitar que el demandado y los implicados en el caso destruyan las pruebas y puedan huir de la jurisdicción.

También firmaron la solicitud los fiscales auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson, así como los abogados litigantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jeremy R. Sanders y Sarah E. Edwards.

Orden de sello del caso

En la misma fecha, 27 de julio de 2018, la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, ordenó sellar la moción de solicitada por la fiscalía sobre la demanda criminal contra José Manuel González Testino y dispuso que la Oficina del Secretario del Distrito proporcionara copias de los documentos al despacho del Fiscal de los Estados Unidos.


El acusado invoca su derecho al silencio

El 1° de agosto de 2018, el defensor público federal, Michael Caruso, a través de su asistente, Vanessa L. Chen, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Florida un documento en el que José Manuel González Testino invocó su derecho al silencio y a obtener asesoría legal con respecto a todos y cada uno de los interrogatorios, independientemente de la materia que estos versaran. Tales interrogatorios incluyen los asuntos relacionados con el arresto, las búsquedas y confiscaciones, libertad bajo fianza, libertad preventiva o detención preventiva, pruebas en el juicio, culpabilidad o inocencia, decomisos, que pudieran ser relevante para la sentencia, castigos mejorados, factores aplicables según las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, restitución, estatus migratorio o consecuencias resultantes de la detención o condena, así como apelaciones u otros procedimientos posteriores al juicio, que se emitan en su contra.

Se advierte que cualquier asunto relacionado con el acusado o contacto que se quiera establecer con este, deberá hacerse a través del abogado que el acusado designe para defensa de sus derechos.


Designación de abogado de la defensa

El 3 de agosto de 2018, Daniel Marcet, de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos informó a la Corte del Distrito Sur de la Florida que Edward R. Shohat y la firma de Jones Walker LLP, fueron designados como abogados de José Manuel González Testino, con relación a los procedimientos que en contra del demandado se seguían en ese tribunal. Esta designación no abarcaba la representación del demandado ante la Corte del Distrito Sur de Texas.

Exclusión del tiempo de presentación de la acusación

El 3 de agosto de 2018, González Testino luego de haber sido informado de su derecho a una audiencia o examen preliminar sobre la causa probable, y de haber rechazado y suspendido un examen preliminar hasta el 17 de agosto de 2018, aceptó que se excluirá del cálculo del tiempo dentro del cual se debe presentar una acusación o información, según 18 U .S .C. Sección 3161 ante la Corte del Distrito Sur dela Florida.

El juez, Lauren Louis, ordenó que el examen preliminar no se aplicara sino hasta el 17 de agosto de 2018, periodo que excluía del cálculo del tiempo dentro del cual se debe presentar una acusación o información en virtud de lo establecido en la ley.

Solicitud para posponer las audiencias

El 14 de agosto de 2018, la abogada judicial del Departamento de Justicia, Sarah Edwards, Rob Johnson y el demandado, José Manuel González Testino, a través de su abogado Edward R. Shohat, solicitaron al tribunal posponer las audiencias de expulsión y detención programadas para el 17 de agosto hasta el 29 de agosto de 2018.

El argumento para la solicitud fue el poder disponer de más tiempo para prepararse para dicha audiencia en virtud de los complicados hechos y cuestiones financieras que esta involucraba.

Esta moción fue concedida por el tribunal el 14 de agosto de 2018.

Renuncia a las audiencias

El 20 de agosto de 2018, José Manuel González Testino presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida y ante la Fiscalía, a través de su abogado, Edward R. Shohat, su renuncia a la audiencia preliminar de conformidad con las Reglas 5.1 y 5 (c) (3) (C) de la Fed. R. Crim. PAG.; a la a la audiencia de expulsión de conformidad con la Regla 5 (c) (3) (D) de la Fed. R. Crim. PAG.; y a la audiencia de detención preventiva de conformidad con 18 U.S.C. § 3142.


Renuncia a un juicio rápido

El 21 de agosto de 2018, José Manuel González Testino renunció a su derecho a someterse a un juicio rápido garantizado en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y pautado para iniciarse el 29 de agosto en la Corte del Distrito Sur de Texas.


Orden de traslado

El 29 de agosto de 2018, la Corte del Distrito Sur de la Florida emitió un orden para trasladar al acusado, José Manuel González Testino, al Distrito Texas donde estaba siendo acusado por la Corte de dicha jurisdicción.


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