lunes, 29 de abril de 2019

Fiscalía pide a la corte negar solicitud de un nuevo juicio de Joaquín "el Chapo" Guzmán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía de los Estados Unidos solicitó a la corte del Distrito Este de Nueva York denegar la solicitud hecha por la defensa de Joaquín 'el Chapo' Guzmán para que se realizara un nuevo juicio, alegando que algunos jurados habían violado las instrucciones dadas por el juez Bryan Cogan quien prohibió informarse sobre el caso a través de los medios de comunicación, redes sociales e internet, para evitar que su imparcialidad pudiese verse afectada a la hora de evaluar las evidencias presentadas contra el acusado.

En un documento de 99 páginas, la fiscalía explicó que el acusado, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien es considerado el co-líder del Cartel de Sinaloa y uno de los criminales más notorios del mundo, había pedido un nuevo juicio de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 33., basando su solicitud en un artículo anónimo, sin corroboración, publicado por  el portal estadounidense VICE News ocho días después del veredicto del jurado que lo declaró culpable de todos los cargos después de una prueba de 12 semana.

La fiscalía sostiene que en apoyo de su moción, el acusado cita como alegatos rumores no confirmados publicados en el artículo de VICE News realizado por un presunto jurado o jurado suplente  que alega que ciertos jurados participaron en una conversación de cinco minutos sobre la cobertura que hacían los medios de comunicación de alegaciones inadmisibles contra el acusado y que jurados mintieron a la Corte acerca no haber leído cobertura mediática del caso durante el juicio".

La fiscalía calificó las acusaciones de dudosas y señaló que  las mismas contradicen el registro del juicio. También destaca que el alegado jurado no llamó la atención de la Corte, a pesar de las numerosas oportunidad que tuvo para hacerlo.
Sostienen que el argumento expresado por la defensa no cumplen con el estricto estándar de “claro, fuerte, sustancial y evidencia incontrovertible ”requerida para una audiencia probatoria posterior al veredicto. 

El gobierno cita como argumentos una jurisprudencia que señala que política diseñada para evitar las "consecuencias perversas que probablemente resulten de las consultas posteriores al veredicto" y que recomienda encarecidamente que no se conceda una audiencia basándose en una muestra tan limitada.

En cualquier caso, incluso asumiendo la verdad de las acusaciones expuestas en el artículo, el acusado no tiene derecho a un nuevo juicio.

La fiscalía sostiene que un nuevo juicio es improcedente  bajo este supuesto, teniendo en cuenta que la naturaleza de la presunta exposición de los jurados a las versiones de los medios (que no se relacionaba con el cargo y los crímenes), y las supuestas violaciones de las repetidas instrucciones de la Corte sobre las consideraciones apropiadas del jurado, de haberse producido no perjudicaron al acusado, cuyo veredicto de culpabilidad se basó en la abrumadora evidencia en su contra. "No hay indicios de que algún jurado haya mentido a la Corte para ocultar cualquier presunto sesgo contra el acusado, de manera que la supuesta falsedad no ha perjudicado el acusado". 

Los fiscales afirmaron que, incluso, si las acusaciones expuestas en la nota periodística fueran verdaderas, el  tribunal aún debe negar la moción del acusado de un nuevo juicio sin una audiencia probatoria.

Como el artículo de VICE News no plantea la preocupación de que el acusado es inocente y que el jurado lo haya condenado por error, un nuevo juicio no está justificado por la Regla 33 acotó la fiscalía.

El gobierno tenía plazo hasta este 29 de abril de 2019, para presentar su oposición a la moción de la defensa donde se pedía un nuevo juicio.
Los abogados de Guzmán anunciaron que presentarán una respuesta y el Tribunal decidirá sobre la moción y cómo proceder en los términos acordados por el juez.

Colinas de San Francisco de Yare: El complejo habitacional de la Misión Vivienda detrás del cual operó un entramado de corrupción ligado a Pedro León

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En esta entrega presentamos la cronología de los hechos que conllevó la ejecución de los 37 edificios que comprendía la obra del gobierno nacional a cargo de la FPO. Una sucesión de hechos irregulares da cuenta del enrevesado proceso de negociación y ejecución de los trabajos, caracterizados por el sobreprecio, el incumplimiento y el incremento sucesivo del monto del contrato.

El 11 de marzo de 2012, el finado expresidente de la república, Hugo Chávez Frías, aprobó la construcción del Complejo Habitacional Colinas de San Francisco de Yare que formaba parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una obra que estaba bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Desde entonces, se operaron una serie de irregularidades que iban desde el incumplimiento del contrato, la subcontratación de otras compañías para llevar a cabo el trabajo, la suscripción de un contrato en dólares pese a que la empresa que finalmente llevó a cabo la obra era venezolana y laboraba con personal igualmente venezolano, la prórroga sucesiva de la fecha de culminación, sobreprecios y el incremento del precio del contrato en varias oportunidades.

Cabe destacar que todas las empresas que tuvieron que ver con la ejecución del contrato están ligadas a Pedro León, acusado y procesado por hechos de corrupción durante su gestión en la dirección ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El contrato inicial para la construcción del complejo que comprendía 37 edificios y 1.540 apartamentos fue estimado a mil dólares el metro cuadrado que incluían el urbanismo, pero no el presupuesto relativo al suministro de materiales, equipos y construcción con la empresa Energy Coal SPA que carecía de la experticia para hacerse cargo del trabajo, por lo que subcontrató a la firma Searleaf Limited Company que a su vez subcontrató a Inversiones Alfamaq, entre otros hechos irregulares que a continuación presentamos a la consideración de nuestros lectores.

Los sucesivos cambios en el contrato

Una presentación elaborada por la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” ante el Comité Ejecutivo de PDVSA en enero de 2016, explica los cambios que, según los exponentes se requerían implementar el contrato del Desarrollo Habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Subproyecto Piloto “Construcción de Viviendas Colinas de San Francisco de Yare”.
Se quería que el citado comité adjudicara el cambio en el Alcance N° 2 del contrato N° 4600056910 suscrito con la empresa Sarleaf Limited Company para la ejecución del citado desarrollo habitacional por un monto de USD 5.496.538,09, cifra que representaba un 8,94 por ciento sobre el monto original del citado contrato, elevando así el precio de la obra a USD 71.987.408,28, lo que representaba una variación neta de 17,08 por ciento por encima del monto original.  

Igualmente se solicitaba autorizar en el Director Ejecutivo de Producción de la FPO, para que llevara a cabo todos los trámites administrativos y financieros relacionados al respectivo contrato.
Esta obra fue aprobada inicialmente por el fallecido expresidente de la república, Hugo Chávez, el 11 de marzo de 2012.

El 10 de febrero de 2014, el Comité Ejecutivo de PDVSA en su reunión N° 2014-06 aprobó la adjudicación directa del proyecto a la empresa Sarleaf Limited Company, por USD 61.488.158,20, trabajos que deberían haberse ejecutado en un año.

El 14 de marzo de 2014, se suscribió la adjudicación y la carta de autorización de trabajos preliminares.
En la misma fecha se firmó también el acta de inicio de la obra.


El 30 de mayo de 2014, Pedro León en representación de PDVSA Petróleo S.A., y Ramón Mariño por Sarleaf Limited Company, firmaron el contrato N° 4600056910.

El 6 de febrero de 2015, se suscribió la decisión de gerencia de aprobación del cambio en el alcance N°1 del contrato por USD 6.148.815,82 que representaba una variación de 10 por ciento del monto original, elevándose la cifra a USD 67.636.974,02.

El 2 de marzo de 2015 se firmó la decisión de gerencia de aprobación de la prórroga N° 1 que extendió la ejecución de la obra por 8 meses adicionales contados a partir del 15 de marzo de 2015.
El 7 de octubre de 2015 se firmó la decisión de gerencia de aprobación del cambio en cantidad N° 1 al contrato original por USD 5.494.880,14 que representaban una variación de 8,94 por ciento y una disminución N° 1 por USD 4.688.315,91 con una variación de -7,62 por ciento, lo que significaba una modificación neta de USD 806.564,23  (variación de 1,31 por ciento)  por encima del monto original del contrato, quedando el monto de la obra en USD 68.443.538,25, es decir un incremento de 11,32 por ciento por encima del precio inicial del contrato.

El 8 de octubre de 2015 se firmó la decisión de gerencia de aprobación del cambio en cantidad N° 1 al cambio en el alcance N° 1 que elevó en 8,14 por ciento el precio original del contrato a USD 66.490870,19.

El 11 de noviembre de 2015 se firmó la decisión de gerencia de aprobación de prórroga N° 2 por un periodo de tres meses adicionales contados a partir del 16 de noviembre de 2015 al 16 de febrero de 2016.
De este modo, el contrato N° 4600056910 para la construcción de las viviendas de Colina de San Francisco Yare fue modificado, en primer lugar con el Cambio en el Alcance N° 1 Aprobado por USD 6.148.815,82, un Aumento al Contrato Original N° 1 Aprobado de USD 5.494.880,14 y un Aumento Aprobado N° 1 al Cambio en el Alcance N° 1 de USD 614.347,96.

Asimismo, una Disminución al Contrato Original N° 1 Aprobada por USD 4.688.315,91 y una Disminución Aprobada N°1 al Cambio en el Alcance N° 1 de USD 2.567.016,02 para una Modificación de USD 66.490.870,19.

Adicionalmente se sometió un Cambio en el Alcance N° 2 por un monto de USD 5.496.538,09 que representaba una variación de 8,94 por ciento por encima del monto original del contrato, quedando el monto modificado del mismo en USD 71.987.408,28, lo que representaba una variación neta de 17,08 por ciento por encima del monto original del Contrato.  
Esta fue la solicitud que el director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, presentó ante el comité ejecutivo de PDVSA para que se procediera a la adjudicación del cambio en el alcance N° 2 que incrementó el precio del contrato suscrito entre la petrolera y la empresa Sarleaf Limited Company por USD 5.496.538,09, lo que representó un aumento del 8,94 por ciento del monto original y lo ubicó en USD 71.987.408,28, una variación de 17,08 por ciento por encima del precio inicial pautado para construir las viviendas de Colinas de San Francisco de Yare, como apuntamos líneas arriba.

Inspectores socialistas denuncias irregularidades

Un informe confidencial del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República sobre la IPC desarrollo Habitacional de la GMMVV. Construcción de Viviendas Colinas de San Francisco de Yare hace referencia al punto de cuenta aprobado por el expresidente Chávez el 11 de marzo de 2012.

Se indica que el ente ejecutor era PDVSA a través de la Dirección Ejecutiva de la FPO “Hugo Chávez”, mediante la modalidad de intercambio por COQUE. La obra comprendía 37 edificios de 40 apartamentos para un total de 1.480 apartamentos y 3 edificios de 20 apartamentos para un total de 60 apartamentos.

La empresa contratista era Energy Coal SPA con la que se suscribió el contrato N° 4600044463 y que se inició el 12 de marzo de 2012, estimándose que culminaría el 31 de marzo de 2013.

El precio original del contrato fue de USD 126.227.000 y el monto del contrato al cierre fue de USD 64.738.841,80.

Los inspectores refieren que aun cuando el contrato inicial contempló un precio de USD 1.000 por metro cuadrado de construcción que incluían el urbanismo, el presupuesto no preveía las partidas correspondientes al suministro de materiales, equipos y construcción de obra para el urbanismo.

Se agrega que se pagaron USD 64.738.841,80 por el suministro de 74 estructuras metálicas para edificios y los servicios profesionales para la elaboración de la ingeniería del urbanismo fue de USD 6.311.350, lo cuan constituía un elevado monto, además de no evidenciarse soporte en la valuación de los productos de ingeniería presentados, la revisión y aprobación del Departamento de Ingeniería de PDVSA, ni del gerente del proyecto, la valuación fue aprobada por el director ejecutivo de producción de la FPO, Pedro León.
Se informa que la empresa Energy Coal SPA no tenía la capacidad técnica ni la experiencia para ejecutar el urbanismo, por lo que subcontrató el 5 de mayo de 2012 a Searleaf Limited Company para que se encargara de los trabajos, es decir, tres días después de que esta última subcontratara a su vez a la empresa Inversiones Alfamaq, según contrato sin fecha del 8 de octubre de 2012 que establecía como premisas que la empresa no contaba con la capacidad y la experticia para hacer los trabajos.

Los inspectores advierten que durante la ejecución del contrato ninguna de las tres empresas comenzó la construcción de los edificios, por lo que el 10 de marzo de 2014 se procedió al cierre del contrato suscrito entre PDVSA y Energy Coal Spa y se llevó a cabo una disminución de USD 61.488.158,20 con una variación de 48,71 por ciento.

El 30 de mayo de 2014, PDVSA firmó el contrato N° 4600056910 con la empresa Searleaf Limited Company para que se abocara a la construcción de los edificios, aun cuando en 2012 esta compañía había subcontratado a una firma venezolana para que efectuara los trabajos del complejo habitacional.

Al firmar el nuevo contrato no se previó en el urbanismo del complejo habitacional la planta de tratamiento, sistemas de aguas servidas, drenajes, acueducto, gas, electrificación, Cantv y vialidad. Por ello se aprobó el cambio de alcance N° 1 el 6 de febrero 2015 que incluía la procura de materiales requeridos y no se contemplaba la instalación de los mismos.

El reporte indica que PDVSA ejecutó el proyecto de gasificación nacional que debía garantizar que los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela contaran con las redes y líneas internas de distribución de gas y a pesar de contar con los materiales y equipos para ello, se contrató el suministro de los mismos, incrementado de este modo los costos del proyecto.

Se apunta que Searleaf Limited Company subcontrató a Inversiones Alfamaq.

Para la fecha del informe de los inspectores socialistas, estos indicaron que 37 edificios se encontraban en trabajo de acabado (friso, cerámica de piso en pasillo y escaleras, cableado y pintura), mientras que tres edificios tenían los trabajos de estructura metálica paralizados en virtud de que se habían hurtado los materiales (Losacero).

Igualmente, apunta el informe, que PDVSA contrató la construcción de la obra en moneda extranjera (dólares estadounidenses), aun cuando los trabajos los ejecutaba la empresa venezolana y personal igualmente venezolanos desde su inicio. Adicionalmente, el contrato incluía los servicios profesionales de ingeniería para urbanismo, pese a que habían sido pagados por USD 6.311.350 en el contrato con Energy Coal SPA.

Se reporta que ante la falta de planificación integral de la construcción del complejo habitacional, Corpomiranda S.A. estimó que los edificios no podían entregarse por no contar con los servicios básicos para su habitabilidad y contrató la construcción de los sistemas de aguas servidas, drenajes, acueducto, gas, electrificación, Cantv, vialidad y obras exteriores, con Inversiones Alfamaq, RIF J-30673502-0 por Bs. 266.389.775,86, trabajos que se iniciarían el 23 de diciembre de 2014 y debían culminar el 23 de octubre de 2015 (Contrato N° CD-CM-070-2014).

De dicho monto se canceló un anticipo del 50 por ciento, a saber, Bs. 133.194.887,93 y el restante 50 por ciento debía cancelarse al producirse las valuaciones por parte de Corpomiranda.

El reporte de los inspectores socialistas advirtió que a la fecha de la inspección la obra, presentaba tan sólo un avance físico de 35 por ciento asociados a la ejecución de trabajos de conformación de rasante vialidad, excavación de tierra para fundaciones de 6.000 metros cúbicos con el 28,15 por ciento, construcción de entibados en zanjas superior a 2 metros de profundidad de 1.410,44 metros cuadrados con 76,23 por ciento, colocación de tuberías PVC para colector con 30 por ciento, colocación de postes con 37,50 por ciento.

La conclusión fue que el Complejo Habitacional de la GMMVV Colinas de San Francisco de Yare tenía un costo de USD 132.375.815,82 y Bs 266.389.775,86, lo que representaba que cada apartamento costara USD 85.958,32, es decir unos Bs. 172.980,37 cuando se efectuaba la sumatoria de lo pagado en dólares y lo cancelado por Corpomiranda en bolívares por los 1.540 apartamentos.

Evaluación de las obras

El 8 de septiembre de 2015, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno emitió un informe relativo a una evaluación de seguimiento practicada al IPC Colinas de San Francisco de Yare ubicada en San Francisco de Yare, estado Miranda, bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Se estableció, respecto a la ejecución física de los edificios del complejo, que la obra presentaba un avance físico del 98 por ciento. Se advirtió que la última manzana V2 se encontraba en proceso de cerramiento, la cual había presentado algunas irregularidades que habían sido supuestamente resueltas.

En lo atinente a la ejecución física del urbanismo, se indicó que tenía un avance físico de 37 por ciento. Se advirtió que el colector de aguas servidas estaba en ejecución, pero presentaba retraso en lo que tenía que ver con las conexiones de las tuberías de aguas servidas pues no se conseguían las piezas de polietileno de alta densidad requeridas. Se acotó que no se habían iniciado los trabajos para la planta de tratamiento, ni de la subestación eléctrica. Igualmente requerían agregado para culminar las aceras, brocales, vialidad, etc.

Se advirtió que el ingeniero Alejandro Preciado había solicitado en varias oportunidades información sobre la ejecución financiera del proyecto habitacional y del urbanismo, sin que hasta la fecha de elaborado el informe, hubiera recibido tales datos.
Se solicitó que el ministro del poder popular de energía y minas designara un equipo técnico para evaluar los estados financieros y los contratos suscritos en la ejecución de la obra, a objeto de que se formularan las recomendaciones sobre las acciones a tomar en el cumplimiento contractual suscrito.

Las empresas

Energy Coal SPA es una empresa italiana con un capital social de € 9.000.000, cuyo domicilio es Via San Vincenzo, 2-16121 Genova, Italia. Sus teléfonos son +39 010 5479.1 y el fax +39 010 5479.200. El correo electrónico es info@energycoal.com, se informa la página web de la empresa[1].

El portal Bloomberg[2] refiere que Energy Coal SPA “suministra, comercializa, distribuye y actualiza combustibles sólidos y productos de carbono de alto valor para la industria siderúrgica, para centrales eléctricas y para la producción de cemento”. Esta compañía anteriormente se conocía como Energy S.p.A. Fue fundada en 1987 y opera como una subsidiaria de I.C.E. Holding Srl.

Se indica que Paolo Ascheri es el director general, Augusto Ascheri el presidente, y Sergio Conta el director financiero.

Esta empresa acusó a PDVSA Petróleo S.A en 2015 por incumplimiento de contratos firmados para reparar los sistemas transportadores de coque en el Complejo de Jose, estado Anzoátegui. Sin embargo, la demanda se introdujo contra Citgo en una corte del distrito de Louisiana[3].

Asimismo, a esta empresa se la señala de no haber ejecutado los trabajos de restauración integral de las áreas de manejo de sólidos de los mejoradores que le contrataran Petroanzoategui, Petrocedeño y Petropiar a pesar de haberse iniciado los trabajos en 2012. Pedro León como única explicación a este hecho, dijo que Energy Coal SPA no tenía experiencia en el área petrolera y por ello recurrió a la subcontratación de dos empresas para realizar la ingeniería y trabajos de restauración que se le habían encomendado a ella, los cuales finalmente no se realizaron, reportamos en las páginas de Venezuela Política en 2017[4].

Searleaf Limited Company es una empresa señalada de mantener oscuros vínculos con Pedro León a través de negociaciones presuntamente irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco. Igualmente se la relaciona con Lázaro Báez, quien es acusado de ser testaferro y socio comercial de los expresidentes argentinos, Cristina y Néstor Kirchner. Como presidente de la empresa figura Alejandro Ceballos.

Sarleaf Limited tuvo entre sus presidentes al abogado Néstor Marcelo Ramos, en la actualidad prófugo de la justicia argentina. La firma fue parte de una cadena de subcontrataciones irregulares que terminaron con Inversiones Alfamaq, C.A., como contratista final, una operación que fue denunciada ante la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela en 2015.


Entretanto, Inversiones Alfamaq de Venezuela, según BN Americas[5] “es una empresa constructora que participa en proyectos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para los sectores residencial, industrial y comercial, así como en proyectos de infraestructura social como centros deportivos, centros de salud y establecimientos educativos. La empresa tiene su sede en Caracas”.

Su dirección es la avenida Las Mercedes entre calle Carabobo y Guaicaipuro, Edificio Forum, piso 8. El Rosal, Distrito Capital. Teléfonos: 0212-9538532/9538686, Fax 0212-9539323. Correo electrónico:

 
Notas citadas



[1] Energy Coal SPA. http://www.energycoal.com/

[3] El Estímulo. “Italiana Energy Coal demanda a Citgo por culpa de otra filial de Pdvsa”. 30 de abril de 2015. http://elestimulo.com/elinteres/energy-coal-demanda-a-citgo-por-incumplimiento-de-otra-filial-de-pdvsa/

[4] Venezuela Política. “Corrupción acaba con PDVSA: La Faja del Orinoco es un nido de manejos irregulares”. 23 de mayo de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/05/corrupcion-acaba-con-pdvsa-la-faja-del.html


miércoles, 24 de abril de 2019

No se debe desestimar capacidad de China y Rusia para intervenir en la solución del SEN pero sus intereses son meramente económicos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Expertos consultados advierten que la tecnología china surgida de la imitación y el robo, esta se ha ido perfeccionado y podría hacer algunos aportes —eso sí— solamente si de por medio se establece un jugoso contrato y se les garantiza el pago a tiempo.
La situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Venezuela es sumamente alarmante y así lo evidencian los mega apagones que ha sufrido el país en los últimos días, así como el racionamiento inmisericorde que deben padecer los venezolanos día tras día, sin que se vislumbre una solución en el corto y mediano plazo. A este panorama desolador que sólo anuncia un empeoramiento del problema, se agrega la falta de información creíble proveniente de fuentes confiables que conozcan la realidad del sector y, de este modo, puedan formularse propuestas dirigidas a su corrección.

Entre estos datos inexactos se encontraría un reportaje recientemente aparecido en el diario colombiano El Espectador[1] y en aras de ofrecer a nuestros lectores una información real y fidedigna, consultamos a un especialista que en condición de anonimato dio a conocer cómo se encuentra en verdad del SEN venezolano.

El experto refirió que en la actualidad Venezuela solamente cuenta con un auto transformador AT3 (765/400 kV) en la Central Hidroeléctrica del Guri, el cual es muy probable que colapse en virtud de la sobreexposición a la que está expuesto.

Recuerda la fuente que el equipo de trabajo que acompañó al recientemente despedido ministro de energía eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Luis Motta Domínguez, intentó recuperar el AT1 sin obtener éxito alguno, dejando al Guri con un solo banco.

Advierte el experto que la impericia y desconocimiento técnico característico de la gestión gubernamental durante los últimos veinte años significa en sí mismo un riesgo, toda vez que la improvisación con que actúan en cada evento que se sucede en el SEN, solamente contribuye a que la situación se agrave y los desperfectos existentes desencadenen en nuevas fallas. De hecho, uno de los recientes apagones generales fue consecuencia de la salida del referido AT3 en un intento de corregir una anomalía que lejos de solucionar, terminó haciendo más inestable el SEN.

Venezuela, pues, corre un gran peligro ante cada anuncio de acciones acometidas en el sistema dado el incremento de la inestabilidad que se genera con estas maniobras realizadas sin fundamento técnico alguno.

Aclara que no es como se ha dicho recientemente que los problemas con los AT se corrigen cambiando una de sus piezas, pues, lamentablemente, cuando uno de estos equipos explota simplemente “ya no sirve” y hay que sustituirlo por uno nuevo.

El especialista indica que si bien China posee muchas fábricas de transformadores, solamente dos de ellas estarían tiene la capacidad de construir el equipo y proveerlo. Pero advierte que no se puede subestimar la ingeniería china, que si bien por años se caracterizó por el robo de tecnología y la imitación, ha logrado experimentar algunos adelantos. El problema con estos proveedores se encuentra —alerta el experto— en que no ofrecerán una sola pieza si de por medio no existe un contrato y la garantía de que se pagará puntualmente la cantidad de dinero que exijan por su trabajo.

De igual manera pasa con Rusia, agrega el entrevistado, quien deja sentado que estos países supuestamente aliados del gobierno de Nicolás Maduro no procederán a intervenir en favor del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, sin que medie una jugosa negociación. Mas no por no estar en capacidad de hacerlo.

Con respecto a la Central Hidroeléctrica del Guri que surte de electricidad a Venezuela en estos momentos, el especialista refiere que los AT del Patio de Distribución Guri (PDG), según la concepción original, fueron concebidos para que la Casa de Máquinas 2 Guri (CM2-G) generara 765 kV que serían transportados hacia el centro occidente del país, basados en la tecnología de extra alta tensión que para la época —años ’60 y ’70— se manejaba.

Era, refiere, la tecnología más avanzada para el momento, razón por la cual el sistema de 765 kV del Guri fue considerado por años entre los más grande del mundo y agrega que existen proyectos para desarrollar el alto potencial que aún conserva el estado Bolívar para generar electricidad —la puesta en funcionamiento de una CM-3—, por lo que no es correcto tampoco afirmar que el sistema Guri se encuentra agotado.

Continúa su explicación y recordó que la energía generada de la CM2-G se planificó para enviar 765 kV hacia el centro occidente del país y para ello se construyó el patio de 400 kV "B", de modo que a partir de los AT's se pudiera transportar energía también hacia Guayana "B" (además del anillo con Caruachi y Macagua en 400 kV), suministrando así electricidad a las empresas básicas de Guayana. Al mismo tiempo se previó que el sistema de 400 kV sirviera como auxiliar en caso de surgiera cualquier eventualidad en el sistema principal.

Esto, en las actuales circunstancias sería una alternativa de solución, pero la impericia y el desastre generado por quienes se encuentran a cargo de Corpoelec, lo impide. Y es que a su juicio, el problema es de tal envergadura, que en estos momentos las máquinas pares de la CM2-G se encuentran fuera de servicio, lo que representa unos 3.500 MW que no se están generando ni transportando al centro occidente del país.

Si a esto se suma que Planta Centro no genera los 2.000 MW que debería generar, entonces el panorama empeora.

Corpoelec intentó pasar energía a través del sistema de 400 kV al de 765 kV por medio de los AT's, con la energía generada en la CM-1G y las generadas en Caruachi y Macagua, pero no fue posible.

Refiere que el banco de autotransformadores que conforman el AT3 apenas puede manejar 1.500 MW (los tres bancos generarían 4.500 MW), de allí lo delicado de la situación si llegara a fallar, pues dichos 1.500 MW quedarían fuera como ya lo están los 3.000 MW de AT1 y AT2.

Otras voces

Pero la de nuestros especialistas consultados no fue la única voz que se levantó para advertir sobre las inexactitudes del reportaje de El Espectador, pues el portal El Pitazo[2] recoge la opinión de algunos expertos que rebaten la información del periódico colombiano, entre ellos el ingeniero y consultor internacional, José Aguilar, quien refiere que si bien reconoce que un falla en el AT actualmente en funcionamiento en el Guri generaría un nuevo apagón, tal evento estaría lejos de ser el descrito en la nota que asegura que este será definitivo y duraría unos 39 días.

Aguilar estima que de producirse dicho apagón, con nuevas operaciones se podría restablecer el servicio, aunque este presentaría una mayor restricción de energía. En tal sentido, el ingeniero considera como indispensable recuperar los equipos generadores de la Casa de Máquina 2 de Guri.

Igualmente, niega que dos de tres transformadores del Guri hayan colapsado, pues en la Central Hidroeléctrica  hay muchos más de estos aparatos, solamente que “estos son claves en estos momentos, porque se está dependiendo de ellos que son realmente el respaldo, cuando esa no es su función primaria… ¿Y por qué ocurre esto? Porque la vía natural para alimentar el sistema de las tres líneas de 765 kV, responsables de 80 % de la energía del Centro y Occidente de Venezuela, no puede funcionar adecuadamente, ya que entre 6 y 7 de las 10 máquinas de generación en Casa de Máquinas 2 de Guri (capacidad instalada total de 7.580 MW), están indisponibles a causa de los daños causados por falta de mantenimiento y de las maniobras irresponsables producto de los apagones al recuperar la carga después del 7 de marzo”, refiere Aguilar en el citado portal.

Aguilar precisa que el reportaje confunde un autotransformador con un generador, aun cuando son dos aparatos diferentes.

A diferencia de nuestro experto, Aguilar considera que los chinos y rusos no cuentan con la experticia necesaria para ayudar a resolver el problema eléctrico venezolano. “La tecnología del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela se basa en los estándares de ingeniería del mundo occidental, que son muy diferentes a los de esos países”, le comentó al portal.

Del mismo modo indicó que la empresa austriaca Andritz no tiene nada que ver en este tema eléctrico, pues son fabricantes de turbinas hidroeléctricas.

“Lo que se requiere es la recuperación del AT2 o el AT1, (lo que sea más conveniente y rápido), pero tienen que hacerse adaptaciones y cuentan con todas las piezas necesarias en el país, además de hacerle mantenimiento al AT3. El problema es que, aparentemente, carecen del ‘know how’ (del conocimiento) para hacerlo, sumado al ambiente hostil dentro de la empresa, por lo que si algo sale mal, los trabajadores y técnicos puedan ser torturados y hasta perecer”.

Aguilar refiere que los fabricantes de los AT son Westinghouse (actualmente Siemens para el AT1), General Electric para el AT2 y Alstom para el AT3.

Finaliza José Aguilar catalogando como “locura” la supuesta pretensión del gobierno venezolano de hacer una reconversión de los sistemas para adaptarlos a tecnologías chinas o rusas, y recomienda “recortar la carga en el AT 3. Recuperar unidades indisponibles en la Casa de Máquinas 2 de Guri y resolver la situación causada por la misma negligencia de ellos con el AT1 o AT2. Por último, deben pedir un nuevo banco con su reserva. Este último paso llevaría de dos a dos años y medio”.

También el profesor de Ingeniería en Electricidad de la Universidad de Los Andes, Pedro Mora, fue consultado por El Pitazo corroboró que la Casa de Máquinas 2 del Guri tiene 10 transformadores de 20/765 KV, y no uno como asegura el diario colombiano, agregando que en estos momentos de dicha decena funcionan cuatro.

Otro experto consultado y que permanece en anonimato alertó de la importancia de vigilar que las decisiones políticas no prevalezcan por encima de las técnicas al momento de intentar solucionar la situación reinante en el SEN.

 Citas 

[1] El Espectador. “Venezuela: a días de apagarse totalmente”. 20 de abril de 2019. https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/venezuela-dias-de-apagarse-totalmente-articulo-851316

[2] El Pitazo. “Expertos refutan el reportaje de El Espectador de Colombia sobre el sistema eléctrico venezolano”. 22 de abril de 2019. https://elpitazo.net/politica/expertos-refutan-el-reportaje-de-el-espectador-de-colombia-sobre-el-sistema-electrico-venezolano/


sábado, 20 de abril de 2019

Abogados de CITGO no convencieron al Juez para desestimar demanda millonaria de ex ejecutiva despedida por negarse aprobar pagos fraudulentos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los representantes de CITGO Petroleum Corporation no lograron convencer al juez de la corte del Distrito Judicial 215Th del condado de Harris, Texas, para que desestimara una demanda en contra de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos interpuesta por la exempleada de la refinadora, quien busca una compensación económica millonaria alegando que fue despedida luego de rechazar órdenes de sus superiores para cometer fraude.
La orden de la corte informa que fue denegada la petición hecha por los abogados de CITGO para desestimar el caso de Marisol Gómez, exvicepresidenta de Recursos Humanos de la refinadora venezolana bajo control de la administración del presidente interino, Juan Guaidó, por la decisión del gobierno de los Estados Unidos. 

La demandante alega que durante un período de sus servicios en CITGO, observó irregularidades cometidas por sus superiores, entre quienes menciona a el ex presidente de la filial, fallecido bajo la custodia del estado venezolano, Nelson Martínez en diciembre de 2018. 

Gómez habría reportado frecuentemente los malos manejos de Martínez, los cuales se concretaron con el visto bueno o sin oposición de varios funcionarios de CITGO — que actualmente forman parte de la nueva directiva de la filial estadounidense de la petrolera designada por el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó tras la decisión de los Estados Unidos de entregarle el control de la petrolera  y que para el período denunciado tenían cargos administrativo, entre ellos Rick Esser, Glenn Hilman y Gina Coon. 

Expone la demanda que por los llamados de alerta sobre las irregularidades, la asignación de Gómez en CITGO fue dada por terminada en marzo de 2017. Por su negativa aprobar las operaciones fraudulentas—argumenta— fue despedida sin que se le cancelaran los bonos de actuación, razón esta por la cual la exempleada acudió ante las instancias judiciales demandando a la corporación.

De acuerdo a las fuentes ligadas al caso, la admisión de esta demanda conlleva a posibles nuevas querellas legales y financieras contra CITGO, puesto que los muchos acreedores de la corporación seguirán tratando de arrebatar los activos de petrolera.

Si Marisol Gómez, logra demostrar que los ejecutivos de CITGO cometieron fraude y actos de corrupción en la empresa, podría obtener una compensación de varios millones de dólares.

En la demanda presentada por Gómez en febrero 2019, se alega que la mujer trabajó en la industria petrolera en Venezuela por 25 años y que luego fue transferida en 2014 a la sede de Houston de CITGO para ejercer como vicepresidente de Recursos Humanos.

En los documentos de la corte se alega que el exjefe de Gómez, Nelson Martínez, quien ejerció como presidente de CITGO, suscribió contratos fraudulentos con la empresa llamada GFC Consultores LLC.

En la demanda se destaca que la corporación de Florida, era propiedad del hijo de Nelson Martínez con uno de sus amigos que actúa como agente registrador. Dicha compañía habría sido supuestamente contratada para realizar servicios de relaciones públicas y recursos humanos para CITGO. Los documentos sostienen que la filial del Estado venezolano en Estado Unidos, presuntamente, pagó millones de dólares a GFC por gastos no vinculados a la corporación.

Los reportes dados por Gómez reseñan que existen facturas de pago de CITGO a GFC Consultores LLC por un orden de USD 6.1 millones, durante un período de tres años, incluidos USD 4.5 millones, pagados por PDV USA y USD 1.6 millones, pagados por CITGO entre octubre de 2014 y noviembre de 2017.

Según los documentos, los pagos incluyeron recibos de eventos, banquetes, obsequios, comidas y hasta reparaciones de las casas (residencias personales) de varios empleados que salían de las arcas de PDVSA y de CITGO.

Entre los argumentos expuestos en la demanda se destaca el hecho que Gómez, supuestamente se opuso a la ejecución de esos pagos que estaban previamente autorizados por Martínez, quien era el CEO de la corporación.

Las operaciones irregulares también habrían sido autorizadas por el expresidente de la filial, José Pereira, y por el exvicepresidente, Gustavo Cárdenas, quienes se encuentran arrestados en Caracas desde noviembre de 2017.

Por medio de esta demanda Gómez pretende obtener una compensación millonaria.



viernes, 19 de abril de 2019

Las estrategias y acciones de Crystallex para apropiarse de CITGO

A raíz de que fuera expropiada de sus bienes en Venezuela por el fallecido expresidente Hugo Chávez, la empresa minera canadiense Crystallex emprendió una batalla para cobrar el premio que le concediera el CIADI por las pérdidas sufridas. Desde entonces, una serie de eventos han tenido lugar, entre ellos la aparición en escena de Juan Guaidó, quien lucha por evitar que el país sea despojado su activo más valioso en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
El futuro del principal activo de Venezuela en el exterior, a saber, CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela S.A., se debate en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de los Estados Unidos en Filadelfia, donde los jueces Anthony Scirca, Joseph Greenway y Thomas Ambro, titulares del caso, deliberan acerca de la pertinencia o no de tomar en cuenta la grave crisis que atraviesa el país suramericano, a la hora de decidir sobre el reclamo que mantiene Crystallex International Corp. sobre los bienes de la empresa en territorio estadounidense como forma de pago de la acreencia de la nación derivada de la expropiación que sufriera a manos del gobierno del finado expresidente, Hugo Chávez.

Y es que mientras los ejecutivos de Crystallex reclaman que los bienes de CITGO sean subastados para cobrar el premio de USD 1.400 millones que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó en 2016 que Venezuela debía cancelar a la transnacional como mecanismo de compensación por el arrebatamiento de sus bienes por parte de la administración chavista, ahora en manos de Nicolás Maduro, un nuevo actor ha entrado en escena con la intención de detener que la refinería pasé a manos de la transnacional: Juan Guaidó, el presidente encargado de la Venezuela, quien el 23 de enero de 2019 asumió la primera magistratura ante un cabildo abierto y fue reconocido como tal por la administración de Donald Trump y más de cincuenta países en el mundo.

Entre las primeras decisiones de gobierno, Guaidó designó el 13 de febrero una nueva junta directiva de CITGO integrada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. “Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”, manifestó el líder opositor[1].

Esta designación contó con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que les otorgó a Juan Guaidó y a su equipo el control de CITGO en territorio norteamericano. El Departamento del Tesoro extendió la licencia que permite a CITGO Petroleum Corp. mantener operaciones en el mercado, aun cuando sostiene una serie de sanciones en contra de la PDVSA en manos de Maduro. “Esta extensión autorizará por más tiempo las actuales operaciones de CITGO al tiempo que prohibirá que cualquier beneficio regrese al régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro”, dijo un portavoz del Tesoro en condición de anonimato[2].

Tal situación ha puesto ante una decisión difícil a los jueces, quienes ahora deben evaluar no solo los considerandos de Crystallex y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, sino también la posición de quienes aspiran restablecer la democracia en Venezuela y de la administración de Trump que los apoya. Y es precisamente esto último el principal argumento esgrimido por Guaidó y sus abogados, quienes advierten a la Corte de Apelaciones del tercer circuito de Filadelfia ante la cual PDVSA acudió para que se reconsidere el fallo de un juez en Delaware que concedió a Crystallex anexarse activos de PDV Holding para resarcir la deuda que con ella mantiene Venezuela, que advirtió que la política exterior de Trump estaría en peligro al impedir la habilidad de Guaidó para completar la transición de la república [de Venezuela] a la democracia, dicen los documentos legales[3].

Pero ante tal posición el juez Anthony Scirca advirtió durante la audiencia que “Podríamos estar en la misma situación que tenemos ahora dentro de un año”, una posición en línea con los argumentos de Crystallex, cuyo abogado, Miguel Estrada, refirió en un escrito que “Quien controla Venezuela hoy y lo que quieran o no quieran hacer en el futuro es irrelevante respecto si a Crystallex le corresponder recaudar su laudo”.

Para la representación legal de Crystallex, tanto PDVSA como el gobierno interino de Guaidó mantienen una posición similar que afecta los intereses de la minera despojada de la Las Cristinas por Hugo Chávez.

Crystallex batalla por excluir a Guaidó

Para la canadiense Crystallex es fundamental evitar que Juan Guaidó y su representación legal como presidente encargado de Venezuela se incorporen al litigio y, en tal sentido, ha enfilado sus baterías.

También quiere sacar del juego a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, quienes procuran evitar la subasta de la petrolera para así no ver afectados sus intereses de cobro al vencimiento de los papeles.

Para unos la subasta significaría la destrucción del valor de los activos de CITGO y para otros la posibilidad de no recibir pago por su inversión[4].

La representación judicial de la administración de Juan Guaidó solicitó a la Corte de Apelaciones revocar el fallo que concedió a Crystallex hacerse de los activos de CITGO en los Estados Unidos.

Guaidó lucha por preservar los bienes venezolanos y quieren que el tribunal considere la situación política de Venezuela. “Tal subasta no sólo sería impropia. Sería peligrosa, socavaría la política exterior de los Estados Unidos al obstaculizar la capacidad del presidente interino Guaidó para completar la transición de la república a una democracia”, dijeron los abogados del bufete Arnold & Porter en un documento presentado en la corte el 3 de abril a la corte[5].

Para Juan Guaidó resulta fundamental evitar la venta de los bienes de la filial petrolera en Estados Unidos sobre los cuales el gobierno de Donald Trump le ha otorgado absoluto control.

Nicolás Maduro, enfrentado a Guaidó —a la sazón también presidente de la Asamblea Nacional— ha acusado al opositor querer robarse CITGO, pero un fallo de la Corte de Apelaciones emitido el 20 de marzo le concedió al parlamentario y mandatario interino, intervenir en el litigio a través de sus representantes legales.

La decisión del tribunal dio a pie a que los abogados de Juan Guaidó argumentaran su solicitud de que suspenda la subasta por la que Crystallex cobraría sus acreencias por USD 1.400 millones en decisión concedida por el CIADI. 

"Le concedemos a la República de Venezuela la moción de intervenir", dijo el juez Thomas Ambro, quien otorgó 120 días para que el gobierno interino venezolano presentara sus alegatos, al estimar que era un "tiempo suficiente para evaluar su posición en este y otros casos”[6].

La representación legal de Guaidó dijo el 15 de abril de 2019 durante la audiencia que “los intentos de Crystallex de cobrar los pagos adicionales establecidos por el acuerdo con la república de Venezuela, no toman en cuenta la realidad económica y la aguda crisis humanitaria que vive en estos momentos el país suramericano” y, además, sostuvieron que “la entrega de las acciones de CITGO a Crystallex y otros acreedores para que las mismas sean subastadas y así pagar las deudas, sería un mecanismo de alteración de la política exterior de Estados Unidos”[7].

Interesados en una tajada 

Sobre los bienes de CITGO acosan no solamente Crystallex, sino otros acreedores con los que Venezuela mantiene más de 150 mil millones de dólares en deudas.

Entre quienes formulan estos reclamos figura un muy poco conocido fondo de inversión estadounidense, a saber Tenor Capital Management, el cual aspira a obtener una tajada de USD 800 millones de CITGO, en virtud de que desde 2012 invirtió USD 76 millones en Crystallex International Corp para financiar la demanda contra Venezuela. Así lo dio a conocer una reseña de Reuters[8] que refiere que con su aporte, Tenor facilitó forzar la minera canadiense el cobro a Venezuela.

La inversión de Tenor entre 2012 y 2016 experimentó un crecimiento de 40 por ciento al año y se espera que supere los USD 2.000 millones en 2021. Para las empresas de financiamiento de litigios un objetivo fundamental es obtener retornos de tres a 10 veces su inversión inicial.

La minera estableció otorgar a Tenor Capital Management alrededor de un 70 por ciento de los pagos que obtuviera por parte de Venezuela. En noviembre de 2018, Crystallex llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro que le habría permitido haber recibido USD 500 millones, pero a las pocas semanas acusó al país de incumplir los términos del referido acuerdo.

Sobre Tenor Capital Management Company, L.P., el portal Bloomberg informa que se trata de “un administrador de inversiones de propiedad privada. La firma presta principalmente sus servicios a vehículos de inversión conjunta. También abastece a corporaciones y empresas. La firma gestiona carteras de renta fija y renta variable centradas en el cliente. También lanza y gestiona fondos de cobertura para sus clientes. La firma invierte en los mercados públicos de renta fija y renta variable en todo el mundo. Por lo general, utiliza un arbitraje convertible, un arbitraje de la estructura de capital, la volatilidad y el valor relativo del crédito, y operaciones de situaciones especiales para realizar sus inversiones. Para sus inversiones de capital, la empresa invierte en acciones de capitalización media con una capitalización de $ 500 millones a $ 5 mil millones. Emplea investigación externa e interna para hacer sus inversiones. Tenor Capital Management Company, L.P. fue fundada en julio de 2004 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York”[9].

Sobre el misteriosos acuerdo entre Maduro y Crystallex

Como se dijo líneas arriba, entre la administración de Nicolás Maduro y Crystallex, privilegiando las acreencia de la canadiense por encima del resto de los acreedores, se firmó una negociación que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, requisito indispensable de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para dar validez a los convenios suscritos por la nación.

El procurador de la república designado írritamente sin el consentimiento parlamentario, Reinaldo Muñoz Pedraza, suscribió el acuerdo en el que hubo alteraciones en el texto, los cuales significaron la afectación de los intereses de Venezuela.

La negociación secreta tuvo lugar el 10 de septiembre de 2018 y de esta manera se modificaron los términos de la transacción anterior firmada en 2017, lo que permitió a Crystallex obtener un pago de USD 425 millones, el cual sería el primero hasta completar el pago de la deuda.

Si Venezuela no cumplía con los pagos acordados, Crystallex podía reiniciar sus acciones legales.

No existe información oficial acerca de los pagos hechos por Venezuela a Crystallex, pero el precipitado acuerdo que evitaría la confiscación de CITGO contemplaría que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, otorgando así a la empresa minera los derechos sobre la petrolera en territorio estadounidense.

El acuerdo contempla dos tipos de pagos, uno inicial de USD 425.000.000, mientras que el saldo restante de USD 814.632.217, sería dividido en 34 cuotas que habrían de comenzar a cancelar el 1° de febrero 2019, concluyendo las erogaciones el 28 de enero del 2021. La suma de la cuotas realizadas y las por hacer suman USD 1.314.271.214,43, lo cual representa USD 112.271.214,43 millones por encima de lo concedido por el CIADI.

El acuerdo también establece que Venezuela mantendría en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”[10].

Por ahora se mantiene el suspenso acerca de cuál será el desenlace final de esta novela por entrega que tiene lugar desde que Hugo Chávez decidiera expropiar a Crystallex pero, sobre todo, la expectativa con relación al papel que Juan Guaidó jugará en este litigio.

Citas:

[1] El Nuevo Herald. “Guaidó aprieta las tuercas a Maduro con filial petrolera en EEUU”. 13 de febrero de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article226224465.html


[2] PanamPost. “EEUU otorga licencia a CITGO para seguir operando pero en manos de Guaidó”. 15 de marzo de 2019. https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/03/15/eeuu-otorga-licencia-a-citgo-para-seguir-operando-pero-en-manos-de-guaido/?cn-reloaded=1

[3] Documento de la Corte de Apelaciones del Distrito Tercero, PA. 

[4] Banca y Negocios. “Crystallex quiere excluir argumentos de abogados de Guaidó en caso contra Citgo”. 19 de marzo de 2019. http://www.bancaynegocios.com/crystallex-quiere-excluir-argumentos-de-abogados-de-guaido-en-caso-contra-citgo/

[5] Notiamerica. “Venezuela.- Abogados de Guaidó piden a una corte de EEUU que revoque un fallo para que Crystallex incaute parte de Citgo”. 6 de abril de 2019. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-abogados-guaido-piden-corte-eeuu-revoque-fallo-crystallex-incaute-parte-citgo-20190406070741.html

[6] Reuters. “La corte de los Estados Unidos permite que el venezolano Guaido discuta en el caso Crystallex”. 21 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-crystallex/u-s-court-allows-venezuelas-guaido-to-argue-in-crystallex-case-idUSKCN1R22C4

[7] Venezuela Política. “CITGO sigue siendo el centro de disputa entre Crystallex y la república de Venezuela”. 16 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/citgo-sigue-siendo-el-centro-de-disputa.html


[8] Reuters. “A FONDO-¿Quiere demandar a Venezuela? Varias firmas pueden ayudar... por un precio”. 21 de diciembre de 2018. https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

[9] Bloomberg. Company Overview of Tenor Capital Management Company, L.P. https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=9301922

[10] Venezuela Política. “Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro”. 12 de abril de 2019. http://maibortpetit.blogspot.com/2019/04/conoce-la-misteriosa-del-acuerdo.html