martes, 22 de octubre de 2019

Joaquín Chaffardet: Canje de bonos de PDVSA viola legislación referente a bienes nacionales y operaciones de crédito público

   Es especialista alertó que un nuevo gobierno en Venezuela podría, actuando con apego a la ley, desconocer tanto los papeles, como la garantía ilegalmente otorgada en torno a ellos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  A criterio del abogado e internacionalista, Joaquín F. Chaffardet R., son ilegales las operaciones financieras llevadas a cabo por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mediante las cuales su filial PDV Holding Inc. realizó el canje de los Bonos PDVSA 2017 por los Bonos PDVSA 2020. De acuerdo al especialista dichas operaciones violan lo establecido en las leyes venezolanas referidas a los bienes nacionales y operaciones de crédito público. 
   A través de un informe, Chaffardet recordó que el canje se efectuó en razón de la crisis económica y financiera de Venezuela y, en particular, de la crítica situación financiera y operacional de PDVSA que llevaron a las autoridades venezolanas a tomar una decisión que evitara que el país entrara en un default en 2017 —específicamente en los meses de abril y noviembre— fecha en que se vencían los bonos PDVSA 2017.

El canje de los bonos

   Fue así como PDVSA emitió y colocó en el mercado los Bonos PDVSA 2020 con el objetivo de ser canjeados por los Bonos 2017, alargando de esta manera el plazo de vencimiento y evitar el impago que se temía.

   Pero la oferta resultó en fracaso, ello por el deteriorado crédito de PDVSA que mantuvo alejados a los compradores de los papeles.

  Las autoridades de la petrolera estatal decidieron entonces modificar la oferta e incrementaron la tasa de interés, pero los resultados siguieron siendo desalentadores.

     Fue así como para hacer los bonos apetecibles, la junta directiva de PDVSA decidió, con la anuencia del gobierno nacional, garantizar los nuevos bonos PDVSA 2020 con una “garantía prendaria de primer grado” sobre el 50,1 por ciento de las acciones de su empresa filial CITGO Holding Inc., propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de la petrolera venezolana en los Estados Unidos.

    La estimación de esta operación es que de USD 7.200 millones en Bonos PDVSA 2017, únicamente se canjearon USD 2.800 millones en Bonos PDVSA 2020. 

Venta prepagada de crudo con Rosneft

   A la par que se llevaba a cabo la operación anteriormente descrita, PDVSA contrató una venta prepagada de petróleo con la empresa estatal rusa Rosneft Trading S.A., la cual se llevó a cabo a través de su filial PDV Holding Inc.

   Esta operación ofreció como garantía prendaria el 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc., propietaria como ya hemos dicho del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

   Al momento de emitir este análisis, Joaquín Chaffardet alertó que PDVSA no había hecho público el monto de recibido de Rosneft Trading S.A. por la venta prepagada, como tampoco dio a conocer las condiciones de dicho contrato.

   Chaffardet refiere que, según fuentes bien informadas, se estima que el préstamo haya sido de USD 1.500 millones.

   Es que de acuerdo al especialista este contrato no es otra cosa que un préstamo que hace Rosneft Trading S.A. a PDVSA, el cual debe pagarse en especies, a saber petróleo.

  De tal manera que con esta operación se prendó lo que quedaba de acciones de CITGO.
Venta oculta

   Joaquín Chaffardet sostiene con estas dos operaciones el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, se encuentran gravadas.

 El abogado e internacionalista refiere que, de acuerdo a los analistas, lo que ocurrió en la práctica con estas operaciones financieras, fue una venta oculta y “a precio vil” de CITGO Petroleum Corporation, con el objetivo de obtener fondos y, fundamentalmente, hacer insolvente a la empresa en perjuicio de otros acreedores de la República.

  Las operaciones antes descritas, así como otras negociaciones emprendidas por PDVSA y sus filiales, han dado pie a un conjunto de acciones en los tribunales de los Estados Unidos que han emprendido potenciales acreedores de Venezuela que alegan que se trata de una transferencia fraudulenta de activos.

Análisis legal

   Joaquín Chaffardet echa mano, en primer lugar, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el cual en su artículo 5º, lista los entes que conforman el sector público.

   Cita en específico los numerales 8 y 9 del citado artículo que incluyen como entes del sector público, sujetos a las regulaciones de esa ley, a las “sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere este artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional”.

   También comprende a las “sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

   El análisis de Chaffardet indica que de conformidad con estas disposiciones de la ley, PDVSA —de acuerdo al numeral 8— es un ente del sector público y las filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation, por ser propiedad de la petrolera —de acuerdo al numeral 9— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de la referida ley.

   En segundo término se remite al artículo 80 del mismo Decreto-Ley, el cual define las “operaciones de crédito público” en sus numerales 1, 5 y 6, indicando primero, la “emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos”.
   También, “La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente” y “Las demás operaciones destinadas a obtener recursos que impliquen financiamiento reembolsable”.

    En tal sentido, Chaffardet considera que la emisión de los Bonos PDVSA 2020, así como el canje de los Bonos PDVSA 2017 por esos nuevos papeles, no son otra cosa que una forma de refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente, lo cual está previsto en los numerales 1 y 5 de la ley en cuestión.

   Por tanto, el abogado considera que el préstamo pagadero en petróleo contratado con Rosneft Trading S.A. forma parte de la clase de operaciones de crédito público contempladas en el numeral 6 del instrumento legislativo.

   Pasa a considerar entonces, en el contexto del mismo Decreto-Ley, el capítulo IV referido a las prohibiciones en materia de operaciones de crédito público, que en el artículo 105, prohíbe llevar a cabo operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. Esta prohibición “ha sido flagrantemente violada por Petróleos de Venezuela S.A. y sus filial PDV Holding Inc.”
— A pesar de esta prohibición de la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017, en abierta violación de las disposiciones legales señaladas, emitió dichos bonos con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales: el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

    Asimismo, Joaquín Chaffardet cree que igualmente el contrato de venta prepagada de petróleo suscrito con Rosneft, “no es otra cosa que un préstamo cuyo cumplimiento está igualmente garantizado ilegalmente con garantía prendaria sobre bienes públicos nacionales: el 49,9 por ciento de las acciones CITGO Holding Inc. que equivalen al 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation”.

   Subraya que las acciones de PDV Holding Inc., de CITGO Holding Inc. y de CITGO Petroleum Corporation, son bienes nacionales de conformidad con las disposiciones del Decreto-Ley que dispone en el artículo 5º que “Se consideran Bienes Públicos: 1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan (…) Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías: a. Bienes Nacionales: Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50 por ciento del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado”.
    Joaquín Chaffardet recordó que estas operaciones realizadas por PDVSA están expresamente prohibidas por la ley y pueden tener consecuencias nefastas para los intereses nacionales en el extranjero, en particular en los Estados Unidos donde Venezuela posee a CITGO Petroleum Corporation.

    Estima que habiendo sido CITGO hasta hace poco tiempo una empresa relativamente sana y solvente, se encuentra en la actualidad al borde de la quiebra dada la voracidad, la irresponsabilidad y la insolvencia del régimen que ha obrado para exponiéndola exprofeso para evitar el default y, fundamentalmente, vaciarla de activos de manera que otros potenciales acreedores no puedan hacer efectivas sus acreencias sobre los bienes de la empresa.

     Chaffardet advirtió que Decreto-Ley en su artículo 166 establece la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años a quienes celebren o autoricen operaciones de crédito en contravención de las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

    Igualmente el artículo 160 indica que, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas o disciplinarias en que incurran, “los funcionarios estarán obligados a indemnizar a la República o al ente del sector público afectado por los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones, por infracción de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa”.

   Finalmente, Joaquín Chaffardet alertó que los inversionistas corren el riesgo de que un nuevo gobierno venezolano, actuando con apego a la ley, desconozca no solamente la validez de la garantía ilegalmente otorgada, sino la validez de los bonos mismos. “Un riesgo bastante alto y costoso”.

Ex-Gerente Comercial de Asuntos Jurídicos demanda a CITGO por "discriminación por origen nacional"

La mujer, quien es actualmente la Gerente de Servicios Legales y de Asuntos Públicos Chevron Phillips Chemical Company aspira una compensación superior a los 25 mil dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La ex-Gerente Comercial de Asuntos Jurídicos de CITGO Petroleum Corporation demandó a la filial de PDVSA en Estados Unidos y a otras individuos por discriminación de origen nacional, acoso y represalias. El caso fue interpuesto en la Corte del Estado de Texas en el Condado de Harris el 1 de octubre de 2019.


La ex-gerente, Natasha Y. Williams demandó a otras personas  marcadas con la siglas DOES-1-100, que representa marcadores de posición para individuos y/o empresas que pueden estar incluidos en una querella pero que aún no han sido identificados.  El uso de "1-100" en un caso particular significa que hay hasta 100 partes adicionales (acusados ficticios) en la acción legal que aún no se conocen.


Williams —quien trabajó en CITGO por 11 años y 6 meses, y ocupó la Gerencia Comercial de Asuntos Jurídicos desde julio de 2013 hasta enero de 2019 —sostiene en la demanda que no está al tanto de los verdaderos nombres de los acusados y de la capacidad que tenían esas personas y entidades de negocios, vinculadas al acusado[CITGO] por lo que solicita a la corte que inserte los verdaderos nombres de tales entes en la acción legal.

  La querella civil acusa que Williams fue víctima de discriminación por Origen Nacional por parte de sus superiores venezolanos en CITGO, y que el trato discriminatorio violó su derecho a tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona independiente de su nacionalidad. 

     La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, tal su sigla en inglés) hace cumplir la prohibición de discriminar por origen nacional en el empleo conforme al Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Título VII se aplica a patronos con 15 o más empleados.

     La discriminación por origen nacional significa tratar a alguien de manera menos favorable porque él o ella provienen de un lugar en particular, por su grupo étnico o acento o porque se cree que tienen antecedentes étnicos particulares. 

   Williams alega que cuando estaba trabajando el CITGO fue tratada de manera discriminatoria y en un ambiente hostil por su superior, Judi Colbert quien seguía direcciones del Departamento de Asuntos Legales de CITGO, dependiente de la Vicepresidencia Asuntos Legales,  que ocupada el ciudadano venezolano, Alejandro Escarrá para el momento de la alegación presentada en corte.
   Explica la demanda que en el primer trimestre de 2015, Williams proveyó soporte y guía a la Gerente de Asuntos Paralegal y Consejera, Yolly Francis Castellano, quien es venezolana que actuaba como nueva supervisora del departamento.
   Sostiene Williams que su caso fue documentado en un Reporte Anual EDP de 2015 hasta 2018, hasta que la acusada se retiró de CITGO en enero de 2019.

    Entre los argumentos que se exponen en la demanda se señala que Williams no era tomada en cuenta de manera igualitaria para los trabajos de equipo; que el trabajo no se distribuía de manera equitativa entre los empleados;  que fue relegada de las tareas que debía cumplir por ser responsabilidad de su posición; de haber sido trasladada a una oficina sin ventanas entre otros alegatos por el hecho de no ser venezolana.

  La demandante sostiene que fue tratada diferente a sus compañeros de trabajo venezolanos, y que Judi Colbert le daba tratamiento preferencial para a los trabajadores provenientes de Venezuela para ganar prebendas con su jefe que también era venezolano. Este tipo de conductas ocurrió repetidamente desde 2015 a 2018, según los documentos de la corte.

  En la demanda aparece mencionadas otras empleadas de la Corporación, tales como: Liliana Torres, Jose De Jongh, Pavlova Brizuela, Sherry Kalas, entre otros.

   En las alegaciones se señala que Liliana Torres, prestaba ayuda administrativa al VP de Asuntos Legales, Edoardo Orsoni, era tratada diferente por ser venezolana.

   La demanda sostiene que los acusados y los empleados la discriminaron por su condición racial lo cual viola la ley y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1963.

   Las acciones de los empleados acusados fueron expuestas en diferentes ocasiones y como resultados de la discriminación la demandante sufrió serios daños y heridas por lo cual aspira a una compensación por un monto que excede los USD 25 mil.

     Hasta el momento CITGO no ha emitido comentarios sobre esta querella.









Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los tres hombres acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida. 

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.   

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.
 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.

La próxima audiencia del caso se realizará en la segunda semana de agosto donde se dará a conocer el cronograma para el juicio cuya fecha no se ha dado a conocer.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.


El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.


El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. Estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.

El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel "El Loco" Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.


lunes, 21 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)

La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la disputa que Crystallex International Corp. mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Holding Inc. para cobrar la acreencia que la primera de los demandados mantiene con la empresa canadiense por casi USD 1.400 millones que el Laudo Arbitral dictado por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó servirían para resarcir la expropiación de sus activos en el proyecto Las Cristinas  por parte del entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez, y que la minera aspira cobrarse con CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en EE. UU.

CITGO Petroleum tiene ingresos superiores a los USD 42 mil millones, así como ganancias de USD 1.8 mil millones solamente en 2013, por lo que es objetivo clave de los acreedores.

Pero sobre CITGO reposan también la mirada de un conjunto de acreedores que esperan los resultados del proceso judicial que se sigue en el país del norte, pues este sentaría la jurisprudencia sobre la cual ellos podrían actuar para cobrar las deudas que Venezuela mantiene con ellos.
Expectantes también se mantienen los tenedores de los denominados bonos PDVSA 2020, cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones deben cancelarse a finales de este mes de octubre, siendo el criterio de muchos observadores que se trata de una deuda imposible de pagar dada la iliquidez que presenta Venezuela y su principal industria, PDVSA. Lo grave del asunto es que 50.1 por ciento de las acciones de PDV Holding sobre Citgo Petroleum Corporation sirven de garantía de estos papeles, por lo que sus poseedores también podrían reclamar muy pronto la propiedad de los activos de la filial de PDVSA en EE. UU.

El origen de la deuda

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Crystallex ante el Tribunal de Distrito de Delaware, Venezuela instrumentó una serie de acciones para evitar pagarle a la minera y al resto de sus acreedores, entre ellas el intento de vender CITGO Petroleum Corporation para mover su valor fuera del territorio estadounidense.

Cuando esta iniciativa fracasó, entonces recurrieron a la monetización del interés de PDVSA en CITGO mediante una compleja oferta de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores. Tal manejo fue calificado por Crystallex como “Transferencia Fraudulenta 2015". En tal sentido, se canceló un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, por lo que también Crystallex procesa un reclamo de transferencia fraudulento contra los demandados en el mismo tribunal bajo el número de Acción Civil 15-1082-LPS.

Crystallex acusó que también que ante la expectativa de que el tribunal fallara en su contra, PDV Holding duplicó sus esfuerzos para obstaculizar el pago de las acreencias y decidió, a menos de un mes de que la corte le negara la moción, otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Por ello, Crystallex calificó a PDVSA como un cesionario de la transferencia fraudulenta instrumentada por PDVH.

Refiere la minera que el 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” y PDVSA concluyó un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

En sus alegatos ante la Corte, Crystallex expuso que PDVSA ordenó a PDV Holding que a su vez ordenara a CITGO Holding, la emisión de una deuda de USD 2.8 mil millones que fueron transferidos a PDVH como dividendo para accionistas.

CITGO Holding se habría visto obligada —según la exposición de Crystallex— a pagar una tasa de interés del 12 por ciento para pedir prestados los USD 2.8 mil millones y los bonos fueron calificados como bonos sin grado de inversión o "basura" por las tres principales agencias calificadoras desde el momento en que se emitieron. La canadiense sostuvo que la oferta de deuda no tenía un propósito comercial legítimo, pues al recibir estos fondos, PDVH pagó su propio dividendo igual a lo que recibió de CITGO Holding a PDVSA.

El resultado de estas operaciones habría sido que Venezuela —a través de PDVSA y sus subsidiarias— repatriara USD 2.8 mil millones en ganancias, dejando a su subsidiaria CITGO Holding, insolvente sobre una base contable.

Mecanismo de pérdida de independencia

Hasta ahora, el mecanismo utilizado era que el presidente de la república en Venezuela designa la junta directiva de PDVSA, la cual selecciona el directorio de PDVSA Holding en Delaware, la cual a su vez procede a nombrar a la directiva de CITGO Petroleum Corporation, una cadena que se rompió, a criterio de algunos expertos, al designar la Asamblea Nacional directamente las juntas directivas de PDVSA Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation.

Esta decisión vendría a sustentar el argumento de Crystallex de que CITGO es un "alter ego" del gobierno venezolano. Un error que fue aprovechado al máximo por la compañía minera canadiense.

Sobre el embajador de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Carlos Vecchio, también se levantan algunas voces críticas que lo cuestionan en razón de que durante largos años se desempeñó como abogado principal de ExxonMobil hasta que Chávez expulsó a la petrolera de Venezuela, por lo que se ponen en tela de juicio sus intereses en la posición que ahora ocupa y su defensa del procurador de la AN.

Luego de que el tribunal emitiera su decisión de denegar la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados de PDV procedieron a instrumentar lo que Crystallex cataloga como la segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH como una estrategia para esquivar a la minera canadiense y otros acreedores.

Fue así como en septiembre de 2016, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía. Al igual que la primera vez, la petrolera estatal venezolana intercambiaría más de USD 7 mil millones de bonos de PDVSA en circulación por “nuevos bonos”, con vencimiento en 2020, respaldados por el 50.1 por ciento del capital social de PDVH de CITGO Holding.

En vista de que la oferta no generó interés en el mercado, PDVSA anunció el 27 de septiembre de 2016 el aumento de la contraprestación pagada a los tenedores de bonos en el canje propuesto y extendió el plazo de licitación anticipado al 6 de octubre de 2016. PDVSA —refirió Crystallex ante la corte— ofreció una consideración de 1.17 veces o 1.22 veces el valor nominal de sus notas existentes de abril de 2017 y noviembre de 2017, respectivamente, a cambio de las notas de mayor vencimiento. “Luego de un nuevo retraso, PDVSA anunció que su canje de deuda había concluido el 24 de octubre de 2016. 

Finalmente, los acreedores que representan bonos por un valor de USD 2.8 mil millones con vencimiento en 2017 presentaron sus pagarés por aproximadamente USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020”.
Glas America fue el agente colateral y a modo de ver de Crystallex, el cesionario de la Transferencia Fraudulenta de Intercambio de Bonos, de acuerdo con la oferta original para los nuevos tenedores de bonos 2020.

También Rosnet

Crystallex acusa una nueva transacción fraudulenta ocurrida en noviembre de 2016, cuando PDVH gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a la rusa Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en la segunda.

Por esta operación, PDVSA y no PDVH recibió USD 1.5 mil millones en concepto de préstamos.

PDVSA reconoció a través de un comunicado de prensa que era el destinatario de los fondos del préstamo de Rosneft. Refirió que como propietaria de CITGO, utilizó el citado porcentaje de acciones para recaudar nuevos fondos.

El peligro de perder CITGO

Ante tales circunstancias, Venezuela podría perder su activo más valioso en el extranjero a finales de este mes de octubre, cuando las acciones de la filial pudieran quedar en manos de Rosneft y de otros financistas del gobierno de Nicolás Maduro, alerta una nota de El Nuevo Herald [1].

“La transferencia de propiedad será provocada por el esperado incumplimiento en el pago de $ 913 millones de dólares de un bono de Petróleos de Venezuela que vence el 27 de octubre. Los tenedores de deuda tienen el derecho de asumir control del 50,1% de las acciones de CITGO colocado en garantía por Maduro para esa emisión (el bono 2020 de PDVSA), gracias a una licencia que les libra de las restricciones que representan las sanciones”, reza la nota.

Agrega que esta licencia fue otorgada por el Departamento Tesoro con el objetivo de acorralar financieramente a la administración de Maduro, pero estando en la actualidad el gobierno interino de Juan Guaidó al control de CITGO, la medida solamente amenaza la propiedad de una compañía vista como vital para la futura recuperación de la quebrada Venezuela.

La nota advierte que si bien el bono 2020 de PDVSA tiene como garantía el 50,1 por ciento de la compañía, todas las acciones de CITGO se verían afectadas por un incumplimiento el 27, en razón de que Nicolás Maduro, como ya se dijo, también otorgó como garantía el resto del capital accionario de la filial en el préstamo de USD 1.500 millones que obtuvo de Rosneft.

Igualmente, la presidenta de la junta directiva ad hoc de CITGO, Luisa Palacios, estima que el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es vital en toda esta trama para que Venezuela mantenga el control de la filial y en tal sentido dijo que el mandatario estadounidense “debería evitar que los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA tomen control de CITGO, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior”.

— Después del apoyo brindado para salvar a CITGO, me parece contradictorio que el mismo esfuerzo no se haga aquí para salvar a CITGO de los tenedores de bonos[2].

También los exiliados venezolanos asociados en la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, pidieron al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, que retire la licencia que permite a los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA asumir el control accionario de la refinadora.

Es de “vital importancia para la recuperación económica del país, una vez se logre la salida del dictador del poder (…) EE. UU. ha sido el principal aliado del pueblo venezolano en esta lucha por recuperar su democracia y libertad. Es desesperadamente necesario que se pueda tomar esta medida que garantizaría a la sociedad y a las generaciones de relevo en Venezuela preservar una empresa que sería el corazón económico de la nueva república”, dijo el presidente de Veppex, José Colina[3].

AN pagó intereses en mayo

Entre las medidas adoptadas por la junta directiva ad hoc de CITGO nombrada por Guaidó que encabeza Luisa Palacios, estuvo el pago de intereses sobre el vencimiento de sus bonos en 2020, con el objetivo de retrasar cualquier acción en represalia del activo venezolano en Estados Unidos, toda vez que se trata de una emisión de papeles respaldados con acciones de la de la refinería de la filial de PDVSA. En tal sentido, se cancelaron USD 71 millones a los tenedores de bonos.

Pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre CITGO, cuando el 27 de octubre próximo deba pagar intereses por el orden de USD 913 millones y no todos son optimistas acerca de las posibilidades reales de cancelar tal erogación, como Torino Economics que publicó que "Vemos el pago de octubre de USD 913 millones como improbable en ausencia de cambios políticos"[4].

Esa, a juicio del Procurador Especial, José Ignacio Hernández, era la única manera de proteger los activos del estado venezolano y colocar al gobierno encargado del presidente de la AN en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública.

A través de un comunicado, Hernández recordó que cuando el Bono 2020 fue emitido en 2016 la Asamblea Nacional cuestionó la operación de canje que llevó a su emisión por considerar desfavorables para la república sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., empresa de control de CITGO Petroleum Corporation.

Refería Hernández que aun cuando por las leyes de Nueva York la negociación era válida a pesar del cuestionamiento del Poder Legislativo venezolano, PDVSA debía pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generaría un incumplimiento y los tenedores de los papeles podían tomar control sobre CITGO Holding.

Agregó que desde su nombramiento había agotado todas las opciones para lograr diferir el pago de PDVSA sin éxito, como tampoco había logrado que se dictara una medida que proteja debidamente a CITGO en caso de incumplimiento del pago de intereses.

Explicó que el pago de intereses se haría con “recursos que, de otra forma, deberían quedar congelados debido a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Esto implica que, en realidad, no hay un costo de oportunidad por el uso de estos recursos, pues estos solo podrían utilizarse para el pago de intereses”.

Recomendó que el pago se hiciera bajo protesto, “a los fines de permitir a la Asamblea Nacional continuar la investigación sobre la emisión del Bono 2020 que inició en 2016 y que no pudo continuar por el acoso al cual la Asamblea fue sometida por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Tanto el procurador de Guaidó como la Asamblea Nacional estimaron que el pago de los intereses permitiría que Venezuela estuviera en mejores condiciones de renegociar la deuda[5].

Entretanto, la expectativa se mantiene sobre qué sucederá el próximo 27 de octubre, fecha en que deba producirse el pago por parte de Venezuela de los USD 913 millones de interés a los tenedores de los bonos PDVSA 2020.





[1] Panorama. “Venezuela corre el riesgo de perder Citgo a finales de mes: Nuevo Herald”. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-corre-el-riesgo-de-perder-Citgo-a-finales-de-mes-Nuevo-Herald--20191010-0018.html

[2] Reuters. “Guaidó necesita ‘apoyo’ de Trump para mantener control de Citgo: presidenta”. 2 de octubre de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-citgo-idLTAKBN1WH1PB-OUSLT

[3] El Nuevo Herald. “Exiliados piden al Tesoro de EEUU evitar que Venezuela pierda a Citgo”. 10 de octubre de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article235987523.html

[4] Reuters. “Venezuela's ad-hoc PDVSA board begins payment on Citgo-backed 2020 bond”. 16 de mayo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-bonds/venezuelas-ad-hoc-pdvsa-board-begins-payment-on-citgo-backed-2020-bond-idUSKCN1SM1KH

[5] Descifrado. “Comunicado: Pago de intereses del Bono 2020 es la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano”. 8 de mayo de 2019. http://www.descifrado.com/2019/05/08/comunicado-del-procurador-especial-sobre-el-pago-de-intereses-del-bono-2020/


domingo, 20 de octubre de 2019

Gobierno consideró expropiar activos de Repsol en represalia a la posición crítica de Rajoy frente a Maduro

Eulogio Del Pino planteó terminar las relaciones comerciales que Venezuela y España mantienen a través de las empresas mixtas con PDVSA y las licencias de explotación de gas, en razón de las presiones y críticas que desde el gobierno de Mariano Rajoy se ejercieron frente a la administración de Nicolás Maduro.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Nicolás Maduro consideró expropiar activos de la empresa española Repsol y excluirla de los negocios que mantenía con Petróleos de Venezuela como represalia por la posición crítica que la administración de Mariano Rajoy mantuvo frente al con el gobierno venezolano.

Tal posibilidad se planteó en un punto de cuenta que el entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, presentó a Maduro a mediados del año 2015.

La gestión del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, frente a Venezuela, se caracterizó por la severa crítica ante el carácter autoritario del gobierno de Maduro, por la falta de división de los poderes públicos y las políticas implementadas por chavismo en contra del pueblo y en detrimento de la democracia.

El punto de cuenta

Un punto de cuenta fechado el 5 de mayo de 2015, dirigido por el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. para fecha, Eulogio Del Pino, al presidente de la república, daba cuenta a Nicolás Maduro de la evaluación estratégica del posicionamiento de la empresa petrolera española Repsol en Venezuela.
En el documento se refiere que Repsol está conformada mayoritariamente por capital privado español, siendo sus principales accionistas el Banco Catalán La Caixa (con el 11,59 por ciento) y la empresa de construcción civil española SACYR (con el 8,89 por ciento). Entre sus accionistas minoritarios se cuenta la empresa mexicana PEMEX (5 por ciento), mientras que resto de las acciones se cotiza mayoritariamente en los mercados de valores, especialmente el español. Entretanto, el estado español posee una acción dorada que le permite confirmar al presidente de la empresa —sin su aprobación no se puede nombrar— siendo que desde el año 2004, su presidente ha sido Antonio Brufau, quién viene de trabajar en La Caixa y se ha mantenido en su cargo tanto en gobiernos del PSOE como del Partido Popular, esto en razón de su cercanía con la monarquía española a quién continuamente hace favores y acompaña en visitas oficiales.

     Se refirió que la producción de petróleo media de Repsol en 2014 fue de 354.500 barriles diarios, la cual disminuyó después que el 16 de abril del 2012 la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó la producción que esta empresa tenía en el país suramericano y que representaba una producción equivalente a unos 300.000 barriles por día, con lo cual su patrimonio se redujo prácticamente a la mitad. La nacionalización se fundamentó en la desinversión que Repsol adelantó en Argentina, al punto de tener que importar hidrocarburos por primera vez en mucho tiempo.

      En 2013, la empresa llegó a un acuerdo de compensación con el gobierno argentino por USD 5.000 millones que junto a la venta de sus activos en la planta de Gas Natural Licuado en Trinidad y Tobago, les hizo reunir una cantidad de efectivo que los llevó a comprar a mediados de 2014 la empresa canadiense Talismán por USD 12.000 millones, convirtiéndose esta en su primer activo a nivel mundial.

     En Venezuela Repsol es propietaria de cinco negocios petroleros y gasíferos, de los cuales 4 son en sociedad con PDVSA, a saber, la Empresa Mixta Petroquiriquire (60 por ciento PDVSA y 40 por ciento Repsol) con una producción para la fecha de 50 mil barriles diarios; la Empresa Mixta Petrocarabobo (71 por ciento PDVSA, 11 por ciento Repsol, 18 por ciento empresas indias) con una producción diaria de 15 mil barriles; la Licencia de Gas Cardón IV (49,5 por ciento Repsol, 49,5 por ciento la italiana ENI, 1 por ciento PDVSA) con una producción a final de año 450 millones de pies cúbicos por día; la  Licencia de Gas Quiriquire Gas (40 por ciento PDVSA, 60 por ciento Repsol) con una producción de 200 millones de pies cúbicos por día; la Licencia de Gas Yucal Placer (69,5 por ciento la francesa TOTAL, 15 por ciento Repsol, 10,2 por ciento de la venezolana privada Inepetrol, 5,3 por ciento de la venezolana OTEPI) con una producción de 185 millones de pies cúbicos por día.

Los negocios de Repsol en Venezuela

     Las inversiones de Repsol en Venezuela hasta el 2014 tenían un valor de unos USD 1.920 millones, teniéndose para ese entonces planes de inversión por aproximadamente USD 5.031 millones, que ubicarían los negocios de la empresa española en el país en unos USD 2.813 millones. Además, Repsol tenía dividendos y ganancias retenidas en los distintos negocios por un monto de USD 854 millones.

      Se advirtió en el punto de cuenta que en caso de una disputa legal, si se reconocieran sólo las inversiones realizadas y dividendos por pagar, a Repsol había que compensarla por unos USD 2.420 millones. En caso de un reclamo en tribunales arbitrales, Repsol podría reclamar el valor futuro del negocio más las ganancias retenidas, uno monto que podía estimarse en unos USD 3.700 millones.

     En Venezuela Repsol poseía dos de sus principales activos a nivel mundial: Petrocarabobo con 11 por ciento uno de los mejores campos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, con una producción estimada en 400 mil barriles diarios en 4 años siguientes a la fecha del punto de cuenta y que, para el momento, exhibía una producción temprana de 15.000 barriles por día. El otro activo era el Campo Cardón IV considerado el mayor descubrimiento de gas costa afuera en Venezuela, el cual permitiría producir hasta 1.200 millones de pies cúbicos en los siguientes tres años, exhibiendo para la fecha una producción de 450 millones de pies cúbicos por día.

      Estratégicamente, esta era la inversión más importante del país, puesto que permitiría incorporar una cantidad de gas que balancearía el Sistema Nacional de Producción de Gas para la Generación Termoeléctrica y la Petroquímica que en el occidente del país depende de la producción de este gas. Al momento de emitir el punto de cuenta el proyecto se encontraba a medio camino con una producción inicial de 450 millones de pies cúbicos para ese 2015 a final del mes de junio, el cual se había realizado con una inversión totalmente a cargo de ENI (50 por ciento) y Repsol (50 por ciento), en virtud de que PDVSA no había participado por la necesidad de usar los recursos para cumplir con obligaciones con el estado.

     Se alertó que en caso de que se produjera una expropiación de activos de Repsol en Venezuela, el mayor riesgo sería asumir las inversiones remanentes de este proyecto que es crítico para el balance de gas del país, mientras que el resto de los proyectos podrían ser asumidos por PDVSA con posible impacto en el ritmo de avance de la producción al requerir mayor demanda del flujo de caja que le sería requerido a la estatal venezolana.

    Se indica que una vez asumida la expropiación habría posibilidades de encontrar socios que asumieran la participación expropiada a Repsol, pero con un potencial menor valor de negociación por el incremento de riesgo financiero que sería percibido.

     En el punto de cuenta se hace referencia a la situación reinante para ese momento, la cual estaba “caracterizada por una política sistemática de agresividad hacia el gobierno nacional por parte de miembros del gobierno y organizaciones del estamento político español, así como figuras destacadas de partidos y otras organizaciones no gubernamentales de España”, por lo cual lo mejor era buscar una salida de carácter político que harían “cesar las tensiones derivadas, o de naturaleza corporativa, a efectos de liquidar las participaciones de REPSOL en negocios de hidrocarburos en el país mediante la venta por parte de esta de sus acciones en Empresas Mixtas y Licencias de Gas, ya sea a PDVSA y a otras empresas aceptables para el Estado Venezolano”, sin que esto significara excluir otras opciones que Venezuela pudiera activar en protección de sus intereses.

Las opciones planteadas

Dado el panorama planteado, en el punto de cuenta que Eulogio Del Pino presentó a Nicolás Maduro, las opciones que podían considerarse eran:     

— Intervenir a Repsol: Esta alternativa se planteó en virtud de la influencia de Antonio Brufau ante el gobierno español, intervenir a Repsol y condicionar la continuidad de las inversiones de esa empresa en Venezuela al cese de las agresiones y amenazas de la administración española y sus representantes directos e indirectos hacia el gobierno de venezolano.

— Comprar la participación de Repsol en las Empresas Mixtas y Licencias de Gas: En este caso la opción planteada era acordar la compra de las acciones clase B de la empresa española en las empresas mixtas y participaciones en Licencias de Gas por parte de PDVSA. La estatal venezolana podría diluir luego su participación a través de la venta de un porcentaje de las acciones adquiridas a otra empresa internacional con capacidad de sostener el ritmo de las inversiones. Otra alternativa era colocar dichas acciones en la constitución de un Fondo de Inversiones u otros esquemas de financiamiento que permitieran recuperar el capital invertido con una rentabilidad.

— Permitir a Repsol transferir sus acciones a una empresa aceptable para el gobierno Venezolano: Si bien este mecanismo está planteado en los contratos de empresas mixtas, en este caso PDVSA desistiría de ejercer su derecho de preferencia en la compra de las acciones. Entonces, el Ministerio de Petróleo y Minería procedería a aprobar previamente y por escrito la empresa a la cual Repsol propondría hacer la transferencia de acciones.

— Revocatoria de Licencias de Gas y del derecho de ejercer las actividades primarias de la empresa mixta: esta alternativa consistía en invocar el derecho del gobierno venezolano de revocar los derechos a ejercer las actividades primarias que se le otorgan a una empresa mixta a través de un Decreto de Transferencia que se aplique si la empresa socia no cumpliera con el Plan de Desarrollo y Compromiso de Responsabilidad Social y demás términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Acuerdo de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo Nacional también tiene la potestad de revocar —a través del MPPPM— una Licencia de Gas en caso de incumplimiento del Plan de Desarrollo o de otras condiciones de la licencia.

Concluye el documento indicando que si se revocara el derecho de ejercer actividades primarias de una Empresa Mixta o la Licencia de una Licenciataria de Gas, la Empresa Mixta o Licenciataria quedaría imposibilitada de cumplir su objeto, lo cual pudiera conducir a una salida negociada con Repsol.

Si la salida negociada no fuera factible en el corto plazo, se llevaría a cabo al inicio de uno o más arbitrajes por parte de Repsol contra Venezuela.


sábado, 19 de octubre de 2019

CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro

Entre los funcionarios del régimen venezolano que se beneficiaron del esquema de corrupción está la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, cuando ocupaba el cargo de canciller en 2017.

Por Maibort Petit

El régimen de Nicolás Maduro utilizó dinero proveniente de CITGO y PDV USA, Inc para pagar los costes de sus actividades políticas en territorio norteamericano, usando empresas de fachada. Esta nota explica cómo Caribbean Style, Inc prestó su nombre para que la filial de PDVSA en Estados Unidos pudiese pagar los viajes y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana.
Durante los años 2014 al 2017 se ejecutó un esquema de corrupción que involucró a la mencionada empresa intermediaria (Caribbean Style, Inc.) entre otras firmas, para ocultar el patrocinio de CITGO. a las actividades políticas del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

Entre los personajes que protagonizan estas irregularidades destacan las personas claves de la administración de Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del Estado en diciembre 2018), José Pereira y Gustavo Cárdenas, en colusión con otros empleados de CITGO que se prestaron para encubrir el delito y darle apariencia lícita. 
Los récords señalan que Caribbean Style, Inc. es una corporación registrada en Texas el 2 de noviembre de 2001 por Modesto Lucas Díaz y William Yee. 

Desde agosto de 2014 hasta noviembre de 2017, José Pereira y Gustavo Cárdenas, dos altos directivos de CITGO, aprobaron pagos a Caribbean Style, Inc. por un total de USD 6,047,507.18. 

La trama de corrupción

El esquema fraudulento ejecutado por la gerencia de CITGO para financiar propaganda política y otros gastos en los que incurrieron los funcionarios del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluyó el uso de PDV USA, Inc., una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, TX, y Caribbean Style, Inc. una entidad intermediaria como fachada para poder proporcionar servicios de logística al personal del consulado venezolano y representantes diplomáticos venezolanos en las Naciones Unidas en Nueva York. 

Una de las comunicaciones, correspondiente a enero 2017, identificada como Proyecto: Apoyo logístico de PDVSA VP Asuntos Internacionales y Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez da cuenta de la aprobación de USD. 200.000,00. para pagar los gastos de los viajes de la actual vicepresidente a Nueva York.

En la descripción de la solicitud hecha a PDV USA, Inc., dice que los fondos son para la logística y los gastos de viaje  la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales de PDVSA y Cancillería de Venezuela, Delcy Rodríguez y otros diplomáticos en su visita a la ciudad de Nueva York y otras de los Estados Unidos con objetivos de negocios por USD. 200,000.

El soporte logístico para los gastos de viaje de Delcy Rodríguez fue solicitado por Rafael Gómez, y aprobado por Gustavo Cárdenas de la Oficina de Soporte Ejecutivo de la Presidencia, la requisición aparece firmada por Daniel Addison del departamento legal, y Kate O'Brien y Gina Coon de Tesorería. La transacción fue aprobada por José Pereira el 22 de mayo de 2017.
La cantidad de $200,000 fueron transferido por una tarjeta de crédito (purchasing card) para el uso de Delcy Rodríguez, el detalle de los gastos incurridos no fue reportado.

Aviso en The New York Times

Los costos descritos en las facturas de Caribbean Style, Inc. a CITGO, incluyeron gastos de viaje, alojamiento, transporte, recepciones políticas, entradas a conciertos, exposiciones, anuncios políticos en periódicos locales. Por ejemplo, un anuncio de una página completa en el periódico New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" por un costo de USD 210,244.
EL 10 de abril de 2015, José Pereira envió un correo a Claudia R. Thomas, Richard López, Patricia Milano, Gustavo Cárdenas y Gina Coon en el cual se ordenaba que se procediera a pagar la factura del aviso del periódico The New York Times.


 Aquí pueden ver la factura que la empresa de Modesto Díaz presentó a PDV USA Inc. para justificar el pago del aviso publicado por el régimen de Nicolás Maduro en el The New York Times.


En aquí está la solicitud de pago de PDV USA, Inc a favor de Caribbean Style, Inc.



Violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero

El  esquema de corrupción expuesto deja claro que los gastos de viajes a funcionarios de un gobierno extranjero y los correspondientes a la propaganda de los régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no se corresponden con los costos operativos normales para mantener las refinerías de CITGO en los Estados Unidos. 

Estas transacciones y los funcionarios que las ejecutaron explica un experto interno que fue consultado en condición de anonimato podrían estar involucrados con prácticas corruptas y violaciones de otras leyes federales como conspiración, lavado de dinero, comercio interestatal y extranjero a través de un patrón de actividad de crimen organizado, más comúnmente conocido como ley RICO en los Estados Unidos (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act conspiracy), en español Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, y la ley FCPA de Prácticas de Corrupción en el Extranjero. 


Nelson Martínez y José Pereira leales al régimen

Las transacciones de CITGO a través de PDV Holding, Inc. fueron manejadas —confidencialmente por un grupo de empleados leales a Nelson Martínez y José Pereira, según revelan los documentos revisados y confirmados por las fuentes consultadas para esta nota.

Las evidencias prueban que los empleados de CITGO y funcionarios del gobierno venezolano utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos, los activos y recursos de CITGO, y los ingresos de provenientes de las ventas de petróleo venezolano para financiar propaganda política y otros gastos de oficiales del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. 

Entre los empleados que incurrieron en las irregularidades se encuentrán: Rafael Gómez, Gustavo Cárdenas, Claudia Thomas, Gina Coon (Tesorera) y otros funcionarios de CITGO, ciudadanos venezolanos y estadounidenses, quienes autorizaron y procesaron las transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc. para encubrir los pagos de la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez y otros altos jerarcas del régimen de Nicolás Maduro.

Las normas corporativas de CITGO también fueron violadas por los empleados de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos que estuvieron a cargo de coordinar la publicación de propaganda política del régimen de Venezuela en periódicos como The New York Times.

Expertos legales consultados señalan que los mencionados funcionarios  aprobaron y diligenciaron las transferencias con pleno conocimiento y sin realizar la debida diligencia, entre quienes destacan el CEO de CITGO para la época, Nelson Martínez, presidente encargado de CITGO, José Pereira; VP de relaciones estratégicas con los accionistas, Gustavo Cárdenas y empleados actuales de CITGO que coludieron para seleccionar, aprobar y procesar transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc.

Las solicitudes de pago fueron procesadas por Claudia Thomas, ciudadana venezolana y empleada de CITGO quien gestionó y procesó de manera confidencial las transacciones de CITGO y PDV USA, Inc. con Caribbean Style, Inc. desde las oficinas de CITGO en Houston, TX. Otros gerentes de los departamentos de Tesorería y Legal de CITGO, no aplicaron procedimientos de revisión y controles anticorrupción para evaluar las transacciones y pagos a Caribbean Style, Inc. 

Luego que Nelson Martínez fue transferido a Venezuela para ejercer como Ministro de Petróleo, continuó solicitando y aprobando gastos para publicaciones y eventos políticos financiados por CITGO, "lo cual es una violación al velo corporativo que debe existir entre CITGO y su accionista", acota nuestra fuente.

Caribbean Style, Inc. y las irregularidades de CITGO


La empresa de fachada, Caribbean Style, Inc. es una entidad registrada por Modesto Lucas Díaz, un ciudadano de República Dominicana que estaba residenciado en Houston, porque su padre fue Cónsul de RD en Houston, Texas. Luego del fallecimiento de Modesto Díaz Montaño (padre), la hermana del dueño de Caribbean Style, Inc., Ana María Díaz lo reemplazó en el cargo diplomático. 
Modesto Díaz (hijo) tuvo un cargo en el Consulado dominicano en el área de Relaciones Públicas. Actualmente, Modesto Díaz vive en Santo Domingo a donde se mudó desde hace 2 años aproximadamente.

Una fuente interna asegura que Modesto Díaz fue un hombre cercano a Alejandro Granado cuando éste era presidente de CITGO y a Rafael Gómez cuando ocupaba el cargo de Vicepresidente de Asuntos Públicos de la corporación.

La relación entre Modesto Díaz con CITGO está vinculada con Nelson Martínez, José Pereira, Gustavo Cárdenas, Rafael Ramírez, Alejandro Granado y otros empleados del alto y medio nivel.

Fuentes señalan que Mariela Guzmán (Eventos Especiales CITGO) y su esposo, (quien fue asistente personal de Alejandro Granado cuando era CEO de CITGO), se beneficiaron financieramente de la empresa de Modesto Díaz.

Un informante interno nos señaló que tanto "Granado como Rafael Gómez usaron a Díaz  al máximo, y que fue en ese período en que la empresa de Modesto Díaz empezó a ser usada como fachada en CITGO".  Asegura que "hubo una época en que Granado llevó a Daniel Cortez a CITGO y posteriormente fue reemplazó a Gómez, quien recuperó su cargo años después".

Quienes trabajaron en CITGO para ese tiempo, sostienen que Modesto Díaz adulaba y complacía a Granado.

Asimismo señalaron que un familiar cercano a Mariela Guzmán trabajaba en el Palacio de Miraflores y "ella manejaba directamente la cuenta de Modesto Díaz en CITGO". 

Como parte del esquema, la gerencia de CITGO y los empleados facilitadores del proceso, utilizaron a Caribbean Style, Inc. como entidad intermediaria con el objetivo de ocultar la participación directa de CITGO en estas transacciones y poder facilitar los pagos de propaganda del régimen en periódicos estadounidenses y otros gastos de políticos venezolanos en Estados Unidos.

El Balance 

Del 2014 a 2017, Caribbean Style, Inc. emitió 28 facturas por un total de USD 6,047,507.18 procesadas y pagadas por empleados de CITGO en Houston, TX a través de las cuentas de PDV USA, Inc. Los montos de pago oscilaron entre USD 120,000 y USD 925,000, según las facturas, incluyen una comisión del 20% para Caribbean Style, Inc. 

Gina Coon, Tesorera de CITGO, realizó transferencias bancarias directas a las cuentas bancarias de Caribbean Style, Inc. en IBERIA Bank y Bank of America; Dirección del BofA: 11288 Wertheimer Rd. Houston, TX 77042. La dirección comercial que aparece en las facturas de Caribbean Style, Inc. es 1929 Johnson Street, un apartamento residencial en Houston, TX.


Las transacciones y pagos de CITGO a Caribbean Style, Inc. finalizaron en noviembre de 2017, el mismo mes en que José Pereira, Nelson Martínez, Gustavo Cárdenas y otros directores de CITGO fueron arrestados en Venezuela por cargos de corrupción, conspiración y malversación de fondos, el estado legal actual de Caribbean Style, Inc. es inactivo. 

Fuentes de CITGO señalan que la actual junta directiva y los costosos bufetes de abogados externos continúan ocultando los resultados de las investigaciones internas y amenazan a empleados honestos que han reportado transacciones fraudulentas. 

Asimismo, señalan que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente Interino por más de 50 países, Juan Guaidó continúa protegiendo algunos directores y gerentes como Glenn Hilman y muchos otros en varias áreas de la corporación que apoyaron la conducta fraudulenta de la gerencia anterior.

En la próxima entrega les contaré cómo el esquema de corrupción descrito con la empresa de fachada Caribbean Style se repitió con otras empresas que aún  siguen recibiendo beneficios. 

Seguiremos denunciando...

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