jueves, 8 de noviembre de 2018

Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show

La representación legal y algunos familiares de los implicados en el caso Solid Show denunciaron un conjunto de irregularidades habidas en el proceso judicial que, entre otras anomalías, se ha caracterizado por el retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados, entre otras.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A nuestra mesa de redacción llega una denuncia formulada por los familiares y la representación legal de Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto y Marifelx Manzanilla, imputadas por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso que se conoce ante la opinión pública como Solid Show[1].

Acusan retardos procesales injustificados, manipulación del expediente y la falta de una investigación seria del caso.

Carolina Pérez Barreto se desempeñaba como gerente de publicidad de Solid Show; Marifelx Manzanilla ejercía como gerente administrativa; mientras que Zoraimy Araujo de Torres era la gerente de producciones, además de representante legal de la empresa y hermana del propietario Juan Carlos Araujo Durán.

Este último está señalado de supuestamente ser uno de los cabecillas de la red que se encargaba de las operaciones de narcotráfico en la que Venezuela, de acuerdo a la versión manejada por el Ministerio Público, se constituyó como el punto de exportación y la República Dominicana como el punto de importación de los estupefacientes.  

La causa está identificada con el número MP21-P-2015-001139, la cual está radicada en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Territorial de los Valles del Tuy, Tribunal Primero de Juicio.

Los hechos

El 17 de marzo de 2015 se produjo el decomiso de 450 panelas de cocaína a bordo de una aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana, proveniente del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

Se trataría de un avión modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, de Venezuela[2].

Por este suceso el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, por estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Estos miembros de la FAN, así como Joseph Viera Betancourt (empleado de seguridad), fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas en la misma fecha en que se produjo la incautación de la droga.

Posteriormente, el sargento segundo Arango, fue detenido en virtud de una orden de aprehensión solicitada por las representantes del Ministerio Público y ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Lara.
La acusación fue formulada por las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, quienes imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir.

Los fiscales solicitaron al Tribunal 5° de Control de Miranda la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, así como medida privativa de libertad contra señalados guardias nacionales, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

También por este caso fue imputado Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show que tiene su sede en la calle Luis De Camoens, Edificio Centro Clover, piso 2, Oficina 2, Urbanización Zona Industrial La Trinidad, Caracas[3]. La página web de la compañía www.solidshow.com se encuentra desactivada. Los teléfonos que se conocen son (0212) 9410011, (0212) 9410122.

Araujo Durán fue detenido el 30 de marzo en Caracas.

Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras.

Ambos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

Del mismo modo, fueron detenidos “Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa)” a quienes se les privó de libertad por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

Además están acusados Joseph Viera Betancourt, quien labora en la empresa de seguridad ASEG; Pablo José Silva Loyo (sargento primero) y Junior Valera Arango (sargento segundo), señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

A las nueve personas detenidas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

En República Dominicana fueron detenidos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz, todos venezolanos.

Según informaron las autoridades, con el allanamiento de Solid Show se determinó la supuesta vinculación de Hurtado Arévalo, Araujo de Torres, Pérez Barreto y Manzanilla con el hecho[4].

Por el caso fueron aprehendidos los dos pilotos venezolanos, así como tres pasajeros (dos hombres y una mujer), y cinco militares dominicanos.

Los pilotos son Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34). Medina es del municipio Caroní, estado Bolívar, mientras a Velazco Tory se le ubica en Mérida.

Uno de los pasajeros es José Manuel Houtmam, de 38 años, comerciante establecido en la ciudad de Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. Los otros pasajeros son José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín.

Ante los hechos ocurridos, Solid Show emitió un comunicado el 23 de abril de 2015 para informar al público la cancelación de los eventos programados para esa fecha en varias ciudades de Venezuela, en razón de que estaba abocada “a las gestiones pertinentes que efectúa la empresa ante los tribunales por el juicio que se lleva a cabo y mantiene cerrada la empresa”[5].

En octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a cumplir 17 años de prisión, luego de haber admitido su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Según lo manejado en esa ocasión, al oficial  y a los sargentos Gil Loyo y Salcedo, les habría correspondido dentro de la operación, la revisión de la aeronave que partió de Charallave con destino al país caribeño con el alijo de drogas. A Richard Sánchez se le asignó como lugar de reclusión el Internado Judicial de El Rodeo II[6].

Los argumentos de la defensa

La abogada Érica Josefina Maraver Carpio, quien lleva la defensa ad honorem “porque soy defensora de los derechos humanos” —desde el 22 de diciembre de 2017—de Araujo de Torres, Pérez y Manzanilla, asegura, ante todo, que sus representados son inocentes. Estas personas prestaban sus servicios en la administración de la empresa de espectáculos. Los otros defendidos de la abogada son dos guardias nacionales, a saber, Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo.

Todas estas personas, sostiene, se encuentran bajo arresto de manera injustificada desde hace tres años y seis meses, “acusados de delitos que no han cometido y que no se han terminado de probar en vista de las terribles irregularidades que se han cometido en el caso desde sus inicios”.

Una y otra vez, Maraver Carpio, pregona la inocencia de sus representados y asegura que fueron vinculados magistralmente por los fiscales que conocieron del caso desde sus inicios, “por el simple hecho de haber constituido el domicilio de varias empresas que prestaban servicio a Solid Show y a otras empresas que pertenecen  al mismo grupo”.

Asevera que los auténticos responsables de los hechos, son el propietario de la avioneta y los guardias nacionales que armaron el expediente. Todas estas personas, indica, se encuentra fuera del país.
Al respecto, una investigación del portal Primicias 24 indica que las empresas Interstate Supply Corp, GMS Global Management , Real Broker Int , Medisec LLC y Pinhos Group Corp serían las propietarias del avión. De estas compañías figuran como directivos: Antonio José De Pinho Hernández, José G De Pinho Hernández, Lourdes Johnston y Ramón Arcay.

Inter State Supply C.A, Rif J3010824266 opera desde Venezuela y las otras en Estados Unidos. De Inter es directivo Víctor A Cairos, además de De Pinho Hernández. Su plataforma de operaciones es un PH en la Avenida Principal de Bello Campo, Edificio El Carmen PH-A Chacao, de acuerdo al portal.

“Inter State Supply, C.A le habría comprado la nave a la corporación ADP Aviation of Delaware INC en USA durante el año 2012. Este estaba registrado anteriormente bajo las siglas, N62DK, pero al ser nacionalizado en Venezuela pasó a  YV544T”[7].

Siguiendo con Maraver Carpio, esta refiere que el pasado 11 de octubre lograron la destitución del quien hasta ese momento figuró como juez de la causa, Jesús Eduardo Rodríguez Millán, quien —asegura— por más de dos años paralizó el expediente a través de la solicitud permisos y la presentación de frecuentes reposos médicos.

Explica que el 16 de julio de este año 2018, “cuando ya estábamos bastante adelantados en cuanto a la evacuación de las pruebas, después que de que mi persona y el abogado Eddy Rosales, exfiscal nacional quien es parte ahora de la defensa privada, organizáramos el voluminoso expediente (trescientas carpetas de anexos y 22 piezas), el juez de la causa suspendió nuevamente el juicio para iniciarlo de nuevo por tercera vez”. Fue entonces cuando ante este nuevo intento de dilación, procedió a elevar sus denuncias ante todas las instancias, entre ellas, la Asamblea Nacional, acciones estas con las que logró la remoción del juez “por retardo perjudicial”.

La abogada defensora insiste en que el Ministerio Público se centró en el señalamiento de supuestos culpables sin que para ello mediará una investigación seria.

Precisa que Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez y Marifelx Manzanilla acusadas por el delito de legitimación de capitales carecen de bienes de fortuna que justifiquen la imputación y agrega que muy por el contrario, se encuentran endeudadas en virtud de que al momento de producirse su arresto la empresa Solid Show “estaba prácticamente quebrada”.

Sobre Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo —los guardias nacionales— dice que se trata de dos personas de condición humilde, cuyas cuentas bancarias no exhiben ningún movimiento que pueda considerarse sospechoso o que haya algo extraño en el manejo de sus cuentas, incluso, refiere que ella debe ayudarlos con sus artículos personales y comida debido a que “sus familias son muy pobres y viven en Táchira y Lara”.   

Sostiene que ni Silva Loyo ni Salcedo Gutiérrez participaron en la salida de la avioneta, puesto que el primero estaba de vacaciones y acudió al aeropuerto a visitar a sus compañeros y fue en ese momento en que recibió la llamada del testigo delator, mientras que Salcedo Gutiérrez, de guardia ese día, se mantenía en funciones bien definidas no vinculadas a la carga y salida de la avioneta. “Por el contrario, el acta de revisión de la avioneta fue levantada y falsificada las firmas después de que la avioneta salió del aeropuerto Caracas, fue montada por los superiores para librarse del caso, cuando ya estaban detenidos los tripulantes y pasajeros en República Dominicana y al estar lejos era imposible que pudieran reconocer sus firmas”.

Érica Josefina Maraver Carpio informa que los fiscales del caso son nuevos en la averiguación, toda vez que las primeras salieron del país junto a Luisa Ortega, mientras que a Marifer Arrechadera pasó a ocupar el cargo de Consultora Jurídica de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. Sobre esta última denuncia la irregularidad de haber exhibido parte de la ropa incautada a la esposa de Juan Carlos Araujo, mostrándola en la red social Instagram.

Lo que sostiene la familia de Araujo de Torres

El esposo de Zoraimy Araujo de Torres, Helton Alaín Torres Conner, narra que el día del arresto de su cónyuge —el 8 de abril de 2015— se enteraron a través de las redes sociales de que se iba a producir un allanamiento en el urbanismo donde reside con su familia —él, su mujer y su hijo quien para entonces contaba con 8 años— y al encontrarse ellos fuera del mismo se dirigieron al sitio para indagar de qué se trataba. Al llegar al lugar, refiere que le preguntaron a un par de guardias nacionales cuál apartamento sobre el cual recaía la medida de allanamiento y la respuesta fue preguntarle a su esposa su nombre quien enseguida lo suministró. De inmediato, los GN procedieron a llamar a la fiscal Yemina Marcano —ahora exfiscal asilada en Colombia— quien posteriormente le manifestó a Araujo de Torres que la jueza de Angélica María Velázquez —igualmente habría huido posteriormente a los Estados Unidos— había ordenado por teléfono la privativa de libertad porque, supuestamente, existían suficientes elementos de convicción  para dictar tal medida.

Torres Conner denuncia que durante el allanamiento quienes lo ejecutaron, además de llevarse papeles y carpetas, cargaron con teléfonos celulares y fijos inalámbricos, 60 mil bolívares en efectivo destinados al pago del personal que lo acompaña en las labores de transporte a que se dedica. “También se llevaron la Tablet de mi hijo“.

Prosigue su narración e indica que ante el anuncio de la fiscal decidieron no oponer resistencia y los acompañaron hasta el destacamento antidrogas ubicado en la avenida Victoria de Caracas donde, además, los guardias nacionales le dijeron que debía entregar su camioneta por órdenes de la fiscal. Refiere que luego de haber transcurrido tres años y siete meses de ello y de haber demostrado que había sido adquirida de manera lícita, no le han devuelto el vehículo.

“Los atropellos han sido aberrantes. Por medio de la Lopna, el tribunal del menor sentenció a mi favor y ordenó la entrega por seis meses de mi apartamento adquirido por vía de crédito inmobiliario a 15 años de los cuales al momento de su incautación habían transcurrido siete años. Ni a la fiscalía, ni al tribunal ni a la Oficina Nacional Antidrogas les importó que en el apartamento viviera un niño de ocho años de edad. Lo lógico que era que el tribunal dictara sobre el mismo una orden de prohibición de enajenarlo y gravarlo”.

Refiere que por información de sus vecinos se enteró que dicho apartamento ha sufrido remodelaciones y que, pese a lo ocurrido, él continuó pagando todos los servicios y las cuotas del banco, habiendo incluso logrado la cancelación total de la hipoteca en 2017. “El día 30 de octubre de 2018 el banco me firmó el finiquito de mi apartamento”.

De igual forma, Helton Alaín Torres Conner, denuncia una serie de irregularidades en el proceso judicial que se le sigue a Zoraimy Araujo de Torres, tales como más de treinta diferimientos de las audiencias, reposos del juez, traslados injustificados a distintos penales, entre otras.

También denuncia atropellos, maltratos, vejaciones, violaciones a los derechos humanos y tortura sicológica en contra de su esposa, cometidos tanto en la ONA como en el Inof.

Atroz injusticia

Por su parte, Adriana Pérez Barreto, hermana de Carolina Del Valle Pérez Barreto, sostiene que contra su familiar se ha cometido una “atroz injusticia”, por cuanto los delitos que se le imputan no han podido ser demostrados.

Indicó que cuando el 8 de abril de 2015 se allanaron las oficinas de Solid Show en el centro Clover, fueron encontrados los registros mercantiles, Rif y libros de varias compañías donde su hermana figuraba como socia. Posteriormente, en horas de la noche, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas y Criminalísticas, CICPC, procedió a allanar la vivienda de Medea Margot Barreto Román —madre de ambas— a solicitud de la fiscal auxiliar 3° del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena, Marifé Arrechedera; de Yemina Marcano, fiscal 27º del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en materia de Legitimación de Capitales; de Danger Fuentes, Fiscal Auxiliar 19º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; de Eylin C. Ruiz V, Fiscal Provisoria en la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico a Nivel Nacional con Competencia Plena; y de Gladys Valera, Fiscal Provisoria en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Publico del Estado Miranda.

La juez Angélica María Velásquez Jiménez habría emitido por vía telefónica la orden para la aprehensión de Carolina del Valle Pérez Barreto en la misma fecha. La captura se produjo en su residencia donde Pérez Barreto se encontraba con su hija de un año de nacida y su madre, la ya citada, Medea Barreto. Los delitos imputados fueron legitimación de capitales y asociación para delinquir, “solo por tener compañías registradas bajo el mismo domicilio fiscal”.

Asegura que en las investigaciones que se hicieron luego de estos hechos —pues, según refirió, no hubo una averiguación previa que confirmara los delitos imputados— no se le descubrieron movimientos bancarios fuera de lugar, así como tampoco se consiguieron drogas, dinero o joyas en los allanamientos. Agrega que, incluso, los fiscales del caso pudieron comprobar que, por el contrario, posee deudas bancarias y sobregiro en tarjetas de crédito. Tampoco pudieron incautarle bienes pues no los posee, siendo su lugar de residencia la vivienda de su madre.

Adriana Pérez Barreto refiere que el perfil financiero que se le practicó a sus cuentas nómina, indica que de 2002 a 2015 percibió ingresos por la cantidad de Bs. 622.527,70, es decir un promedio de Bs. 3.990,56 mensuales. De este periodo, los años comprendidos entre 2002 y 2004 corresponden a salarios devengados en otras empresas, por cuanto que para ese tiempo no pertenecía a la nómina ni de Mundo del Entretenimiento C.A., ni de Solid Show C.A.

Refiere que su hermana ha sido víctima de constantes violaciones a sus derechos humanos, como también lo ha sido su sobrina, Valentina del Valle Pérez Barreto —ahora de 4 años y seis meses—, quien solamente puede ver a su madre una vez al mes por solamente cinco horas. La menor, informa, sufre de ataques de ansiedad y lo único que recuerda de su madre es que “siempre viste de fucsia y tiene el cabello largo. Durante 3 años y 6 meses después de cada visita al INOF llega llorando preguntando qué cuanto falta para que su mamá deje de trabajar, pues se le ha dicho que ella trabaja allí haciendo carteras, que debe arreglar también unos papeles, etc.”.

Por todo esto la niña ha tenido que ser sometida a tratamiento sicológico y a terapias para controlar la ansiedad.

Como los familiares de Zoraimy Araujo de Torres, Adriana Pérez Barreto Barreto denuncia paralización del juicio, retardos procesales, más de 37 audiencias diferidas, cuatro reposos médicos consecutivos del juez de la causa, problemas de traslado de los penales, falta de luz, etc.

Manifiesta que toda la familia ha sufrido las consecuencias de esta esta cruel situación, toda vez que su madre, Medea Barreto también presenta un severo episodio depresivo generado por todo este drama que les ha tocado padecer.

Asimismo, Adriana Pérez Barreto reveló que la familia entera ha sido víctima del sistema judicial en razón de que han tenido que vender todos sus bienes para hacerle frente a los gastos que el proceso y el presidio de su hermana conllevan. “¿Quién nos devuelve estos años de agonía y dolor? ¿Quién es el responsable de que se haga justicia?”. 

Pérez Barreto asegura que tanto la fiscal, Yemina Marcano, como la jueza de control, Angélica María Velázquez Jiménez, han admitido la inocencia de los acusados pero descaradamente han manifestado que les tocará demostrarlo en el juicio, dejando de lado la presunción de la inocencia a que obliga el sistema penal venezolano.

Finalmente, Adriana Pérez Barreto expresó que en virtud de que las autoridades competentes han hecho oídos sordos de todas las demandas por ellos formuladas prosiguiendo adelante con este juicio al que no dudan en catalogar de viciado y vacío de pruebas, decidieron acudir a los medios de comunicación para hacer pública su denuncia. “Ya perdimos el miedo. Ese miedo se convirtió en ímpetu para ya esclarecer esta situación”, concluyó.

Notas citadas

[1] Globovisión. “Privan de libertad a empleados de Solid Show por tráfico de drogas”. 11 de abril de 2015. http://archivo.globovision.com/privan-de-libertad-a-empleados-de-solid-show-por-trafico-de-drogas/

[2] La Tabla. “Presos otro accionista y ejecutivas de Solid Show por caso de droga decomisada en República Dominicana”. Sin fecha. http://la-tabla.blogspot.com/2015/04/presos-otro-accionista-y-ejecutivas-de.html

[3] Planet Venezuela. Producciones Solid Show en Caracas Distrito Capital. https://www.planetavenezuela.com.ve/producciones-solid-show-F1606C9071C

[4] El Impulso. “MP acusó a dos GNB tras decomiso de 450 panelas de cocaína en República Dominicana”. 1° de mayo de 2015. https://www.elimpulso.com/2015/05/01/mp-acuso-a-dos-gnb-tras-decomiso-de-450-panelas-de-cocaina-en-republica-dominicana/

[5] MSC Noticias. “Comunicado de Prensa Oficial de la empresa SOLID SHOW”. 24 de abril de 2015. https://www.mscnoticias.com.ve/2015/04/comunicado-de-prensa-oficial-de-la-empresa-solid-show/

[6] La Verdad. “Cárcel para teniente de la GNB por tráfico de drogas”. 11 de octubre de 2016. http://www.laverdad.com/sucesos/107040-carcel-para-teniente-de-la-gnb-por-trafico-de-drogas.html

[7] Primicias 24. “Conozca los propietarios del avión que transportó droga a República Dominicana “Caso Solid Show“. 6 de mayo de 2015. https://www.primicias24.com/primicias-nacionales/conozca-los-propietarios-del-avion-que-transporto-droga-a-republica-dominicana-caso-solid-show/

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