domingo, 18 de noviembre de 2018

Denuncian EE. UU. corrupción de Odebrecht y deterioro del sistema judicial en República Dominicana

Las denuncias por los contratos de Odebrecht que suman $5,047,105,542.70 tocan a las administraciones de los presidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejías

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Un manejo "absolutamente irregular del caso Odebrecht por parte de la justicia de República Dominicana" fue denunciado antes varias instancias internacionales por una delegación del partido Revolucionario Moderno (PRM). La denuncia advierte que el Ministerio Público del país caribeño ha manejado el proceso con "claros ribetes políticos, que lejos de imponer verdadera justicia, solo busca descalificar a dirigentes fundamentales de la oposición”.
Los denunciantes de la supuesta irregularidad fueron recibidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC, donde entregaron evidencias de las irregularidades en las contrataciones del estado caribeño con la constructora brasileña Odebrecht. Entre la comitiva que viajaron se encuentran  el delegado ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Ejecutiva, Orlando Jorge Mera, y Sigmun Freund, director legal, quienes se hicieron acompañar de Manuel Conde, miembro del equipo legal del ex senador y ex secretario general de la organización, Jesús Vásquez Martínez, Chú. 

En un comunicado de prensa, los denunciantes informan que fueron recibidos por Jean Michel Arrighi, secretario de asuntos legales de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Gabriel Bidegaín, asesor del Secretario General de esta institución, Luis Almagro; y por ex embajador estadounidense, Roger Noriega. 

La denuncia hecha por el abogado Manuel Conde dice que en República Dominicana existen “graves violaciones al derecho de defensa y al debido proceso, como lo fue su inclusión sorpresiva e ilegal, directamente en la fase intermedia ante el Juez de la Instrucción, sin haberle informado previamente, en la fase preparatoria o inicial, que existía una investigación en su contra y sin notificarle previamente la prueba a cargo que había recabado en su contra y sin permitirle presentar la prueba a descargo, en dicha fase, como lo hicieron otros imputados que fueron excluidos del proceso”.

Conde justificó su comparecencia ante instancias internacionales, "al haber agotado las instancias jurídicas correspondientes en esta etapa preliminar del proceso, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazara el recurso de recusación sometido por su equipo, contra el Magistrado Francisco Ortega Polanco, aun cuando la propia segunda presidenta de la sala de casación penal, Magistrada Miriam Germán Brito expresó en su voto disidente, que Ortega Polanco ha demostrado ser un juez parcial en el proceso".

Los dirigentes del PRM advirtieron que el único interés de su partido es “que el proceso sea llevado respetando la ley y las garantías constitucionales, y que la justicia de manera libre y sin ningún tipo de presiones políticas por parte del gobierno dominicano, emita una decisión en la cual, estamos seguros, nuestros dirigentes saldrán favorecidos con un auto de no ha lugar, debido a la ausencia de pruebas en su contra”.

En Nueva York sostuvieron reuniones con Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Due Process of Law Foundation (DPLF) y Diálogo Interamericano (IAD).

Contratos de Odebrecht 

Dentro de los documentos presentados por la delegación, se entregó una relación de los contratos de la constructora Odebrecht desde marzo de 2002 hasta 2014.  En la suma sobre las obras adjudicadas a la compañía Odebrecht y los préstamos y contratos aprobados por un total de  $5,047,105,542.70 durante las administraciones de de los presidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejías

Destaca entre los señalamientos hechos por la delegación del partido Revolucionario Moderno con la autopista Del Coral que fue contratada por USD. 272,269,336.44 millones de dólares. Aseguran que el Congreso aprobó 163 millones con financiamiento externo, sin embargo, en el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF) se registran 454 millones de dólares pagados con crédito externo lo que prueba que hay 292 millones de dólares de préstamos sin aprobación del congreso.


Asimismo, se refieren a la Hidroeléctrica Pinalito, cuyo contrato de construcción fue aprobado por 131,721,080.00 millones de dólares,  pero que no se ha terminado y se han gastado más de 400 millones.

He aquí la lista de las obras:



Justicia viciada

A continuación presentamos el cuadro de los puntos claves expresados por Jesús Antonio Vásquez Martínez (Chú Vásquez) en los encuentros:

1. Evidenciar que el proceso judicial que sigue la Procuraduría General de la República en el denominado “Caso Odebrecht” en República Dominicana, presenta una serie de vicios procesales y vulneraciones al debido proceso que atentan específicamente contra los derechos fundamentales del Sr. Jesús Antonio Vásquez, entre los que destaca el no haber sido informado debidamente de su condición de imputado durante la fase preparatoria, y haber sido abruptamente incorporado en condición de acusado en la petición formal de apertura de juicio.

2. El Sr. Chú Vásquez fue enterado de su abrupta incorporación como acusado en el caso, durante la alocución pública hecha por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a través de medios de comunicación en fecha 7 de junio de 2018.

3. Destacar el interés particular del Ministerio Público de ocultar pruebas y evidencias, negándose a entregar a los representantes legales del Sr. Chú Vásquez, la totalidad de documentos que conforman el expediente del caso.

4. No existe ni una sola evidencia en el proceso que demuestre la supuesta culpabilidad del señor Jesús Antonio Vásquez.

5. Las supuestas pruebas utilizadas en contra de Chú Vásquez por parte del Ministerio Público son completamente falsas o interpretadas de una manera interesada para incriminar a Jesús Antonio Vázquez Martínez.

6. Siendo un caso que tuvo su origen en investigaciones basadas fundamentalmente en las delaciones de ejecutivos de la empresa Odebrecht, resulta difícil entender que estén implicando al Sr. Chú Vásquez, cuando su nombre no es mencionado por ninguno de los delatores.

7. Demostrar el marcado interés del Ministerio Público de excluir del proceso a un grupo de miembros de la alta dirección del partido de Gobierno, siendo sustituidos de manera absolutamente irregular por dos de los más destacados dirigentes del principal partido opositor, simplemente por sostener una línea dura de denuncias y críticas al actual gobierno.

8. Evidenciar la alevosa falta de independencia del Ministerio Público y su parcializada y arbitraria actuación, al separar de este proceso el expediente relativo a la planta termoeléctrica Punta Catalina, obra de mayor cuantía construida por la cuestionada empresa Odebrecht, a pesar de los serios cuestionamientos por sobrevaluación y sobornos, que señalan directamente al actual gobierno.

Desarrollo del relato:

El proceso que lleva adelante el Ministerio Público consiste de manera general, en una acción penal por concepto de supuesto soborno y otros delitos relacionados, en contra de un grupo de personalidades del mundo político dominicano, abogados, empresarios, funcionarios y ex funcionarios del Estado, por parte de la empresa constructora de origen brasileño, Norberto Odebrecht, en la que a pesar de haber sido señalados en una primera fase, un total de 14 posibles imputados, solo fueron ratificados 6 de ellos en la solicitud formal de apertura de juicio, destacando de manera evidente la exoneración del grupo de miembros de la cúpula partidista del gobierno, sustituidos por el secretario general del principal partido opositor para ese momento, el Sr. Jesús Chú Vasquez.

Este proceso, que forma parte del escándalo de corrupción más grande develado en toda la historia en América Latina en diciembre de 2016, a partir del reconocimiento por parte de la empresa ante autoridades de los Estados Unidos, de haber ejecutado durante años, una operación estructurada de sobornos a funcionarios latinoamericanos para el otorgamiento de cuantiosos contratos de construcción de obras.

En el caso particular de República Dominicana, se percibió de manera clara, que el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones, debido fundamentalmente a la presión popular a través de las acciones del denominado movimiento Marcha Verde y otras voces detractoras del Gobierno Nacional y el PLD, partido al frente del Ejecutivo Nacional, durante 18 de los 22 años investigados.

Destaca la exclusión injustificada de ocho personas que fueron imputadas en la fase de preparación, sin pruebas que sustentara dicha exoneración, siendo el único dato relevante y de conocimiento público, con el cual se desmarcan de los demás acusados, su pertenencia al Comité Político del PLD, actual partido de gobierno al que pertenece el funcionario de turno a cargo del Ministerio Público y una buena parte de sus subalternos.

Adicionalmente es importante destacar que el nombre del Sr. Chú Vásquez NO figura en ninguna de las denominadas delaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa Odebrecht.

El Sr. Chú Vásquez fue enterado sorpresivamente de su abrupta incorporación como acusado en el caso, al igual que la opinión pública en general, durante la alocución hecha por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a través de medios de comunicación en fecha 7 de junio de 2018.

Esto representa un evidente vicio procesal y una vulneración al debido proceso que atentan específicamente contra los derechos fundamentales del Sr. Jesús Antonio Vásquez, al no ser debidamente informado de su condición de imputado durante la fase preparatoria, y abruptamente incorporado en condición de acusado en la petición formal de apertura de juicio, lo cual es inaceptable.

Es necesario recordar las palabras con las que el Procurador General cerró su intervención pública ante medios de comunicación del 29 de mayo, asegurando que la población dominicana podía estar segura de que en ese grupo de 14 imputados “están todos los que son y son todos los que están”, por lo cual no se entienden ni existe ningún argumento legal que justifique exclusiones y mucho menos, la inclusión sorpresiva de un nuevo imputado durante la mencionada fase.

Genera gran preocupación el secretismo con que se ha manejado la prueba en el proceso, habiendo trascendido la tozuda y reiterada negativa de entregar la totalidad de la prueba -tanto a cargo como a descargo- a la que tienen derecho los acusados conforme lo establecen los artículos 259 y 260 del Código Procesal Penal.

Con respecto a este punto el Ministerio Público ha incurrido en falsas declaraciones al afirmar que todas las pruebas que ese Despacho recogió en su investigación las depositó con su acusación, las cuales además no fueron puestas a disposición de Jesús Vásquez no obstante haberlas reclamado de manera directa al Ministerio Publico y jurisdiccional al Juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco.

La acusación del Ministerio Público se basa fundamentalmente en lo que ellos llaman hallazgo de fondos del Sr. Chú Vásquez, que exceden los 20 millones de pesos, que según la Procuraduría es su único ingreso a lo largo de la trayectoria de Vásquez como funcionario público. Y esto es completamente absurdo y la mejor demostración de que el Ministerio Público ni siquiera se tomó el tiempo de hacer una investigación seria, pues de haberla hecho, hubiera encontrado que los ingresos totales del Sr. Jesús Vásquez incluyen los generados por su actividad agropecuaria, los cuales superan con creces el monto de 20 millones de pesos, superando incluso los 100 millones. Todo debidamente reportado a lo largo de los años, ante la Dirección General de Impuestos Internos.

No se entiende cuál es el temor del Ministerio Público en entregar el 100% de las pruebas que forman parte del expediente, salvo su convencimiento de que, al revelarlas, quedaría develada la participación de otras figuras más prominentes del Ejecutivo Nacional.

El día miércoles 5 de septiembre, se depositó el escrito de defensa en el cual solicitamos la solicitud de nulidad o declaración de no ha lugar de la acusación en contra del Sr. Jesús Vásquez, fundamentalmente porque con su inclusión sorpresiva y a última hora, se le ha violado su derecho de defensa al no informarle que en su contra existía una investigación, así como por ausencia de formulación precisa de cargos y otras irregularidades graves.

Adicionalmente se solicitaron una serie de pruebas testimoniales en las personas de los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, así como del actual presidente de la República, Danilo Medina. Estamos convencidos de que sus declaraciones podrían ofrecer mucha claridad en cuanto a los distintos procesos de aprobación de los contratos de obras que se investigan. Debemos recordar que, en las aprobaciones de obras, quien envía a aprobación del Congreso, el contrato ya firmado con la empresa constructora, es el presidente de la república.

Esperamos el absoluto apego a las Leyes del Juez de la instrucción especial, Magistrado Francisco Ortega Polanco, para que no se convierta en otro cómplice del titular del Ministerio Público, quien ha incurrido en evidentes violaciones del ordenamiento jurídico, pareciera que con el único interés de encubrir a los verdaderos responsables de estos condenables hechos.

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