viernes, 28 de septiembre de 2018

Declaran a Francisco Convit y a sus socios como "fugitivos" de la justicia norteamericana y liberan orden de arresto

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La jueza de los Estados Unidos, Kathleen M. Williams declaró fugitivos de la justicia norteamericana a los acusados de haber lavado en el sistema financiero norteamericano y europeo más de US$1.200 millones provenientes de un presunto esquema de corrupción en Petróleos de Venezuela en los años 2014-2018.

Un oficio de la jueza Williams informa que el caso que involucra a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y un grupos de contratistas entre quienes se encuentran  los venezolanos: Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, aka, “Chente,”  Carmelo Urdaneta Aqui, Mario Enrique Bonilla Vallera, Abraham Eduardo Ortega y Hugo Andre Ramalho Gois,  ciudadano portgués y  el uruguayo Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara pasa a estatus de fugitivos porque los sujetos antes mencionados no se presentaron a las instancias de la  justicia norteamericana en el tiempo establecido. 

El caso

Este caso que tiene lugar en la Corte del Distrito Sur de la Florida   involucra a contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018). Los documentos revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.


En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull. El banquero se declaró culpable y decidió colaborar con los justicia estadounidense.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.


Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018).


Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.

Senadores de E.E. U.U. piden declarar al Régimen de Maduro como Estado patrocinador del terrorismo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de senadores estadounidenses pidieron al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeyo designar el régimen de Nicolás Maduro como un Estado patrocinador del terrorismo, en una carta entregada el 26 de septiembre de 2018.


Los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner alegan que existirían vínculos del gobierno de Maduro con organizaciones terroristas internacionales como las FARC, el ELN, ETA y Hezbollah para lo cual citan el último informe del Departamento de Estado sobre el terrorismo. 


"Patrocinadores estatales del terrorismo" es una designación aplicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los países que -según esa instancia- han "apoyado en repetidas ocasiones por actos de terrorismo internacional" La inclusión en la lista impone estrictas sanciones unilaterales.

Los países actualmente en la lista de "Patrocinadores estatales del terrorismo" son Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.


Los senadores estadounidenses argumentan que el régimen de Maduro no tomó medidas contra altos funcionarios del gobierno venezolano que están en la lista de las sanciones de Estados Unidos por ayudar a las actividades de tráfico de narcóticos del grupo terrorista FARC, una organización que hace más de cincuenta años libró una guerra de guerrillas contra el pueblo colombiano y alimentó sus actividades terroristas mediante el tráfico de armas y drogas.

Aseguran que no es una sorpresa que Maduro ayude a los terroristas y ponen, entre otros ejemplos, las vinculaciones del ex vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami con el grupo terrorista del Medio Oriente Hezbollah y quien fue declarado narcotraficante por el Departamento del Tesoro. Asimismo, reseñan que los sobrinos de Maduro fueron juzgados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.

El Departamento de Estado debe mantener la lista según la sección 6 (j) de la Ley de Administración de Exportaciones, la sección 40 de la Ley de Control de Exportación de Armas y la sección 620A de la Ley de Asistencia Extranjera. 



martes, 25 de septiembre de 2018

Una investigación revela que Luis Motta Domínguez usa Florida para lavar dinero de la corrupción a través de terceros

Millones de dólares habrían ingresado al sistema financiero de los Estados Unidos a través de un grupo de empresas y personas señaladas de ser presuntos asociados del actual ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, cuya gestión ha sido seriamente cuestionada en razón de la severa crisis eléctrica que enfrenta Venezuela.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Una investigación en torno al Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec arrojó que personas de su entorno, presuntamente, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas de las entidades dirigidas por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense.

Fuentes ligadas al caso informaron en calidad de anonimato que los señalados como prestanombres de Motta Domínguez habrían lavado millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, pero que las operaciones se incrementaron desde 2015 cuando el militar fue designado en los cargos antes descritos. Los   investigados participaron en un supuesto esquema de corrupción que permitía a empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia ganar contratos del estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales.

Los señalamientos contra Motta Domínguez no se limitan al tiempo actual en que ha ejercido la administración de la corporación eléctrica y la cartera ministerial de energía eléctrica, sino que comprenderían también su gestión en otros organismos públicos en los que se ha desempeñado.

Como referencia acerca de los montos manejados por la administración de Motta Domínguez, hacemos referencia al año 2015, a partir de la fecha de su nombramiento en Corpoelec —de acuerdo a una relación que poseemos— se firmaron contratos que aproximadamente suman Bs. 11.457.408.455,62 en su componente en cuando moneda nacional y unos USD1.129.968.275,02 en lo que respecta a moneda extranjera.  

Esquema investigado 

En el esquema investigado, los implicados solicitaron a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. Según dos testimonios tomados en la investigación, la negociación del pago de soborno se realizó presuntamente a través del General de División, Eustiquio José Lugo Gómez, Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del MPPEE, designado por instrucciones  Motta Domínguez "con el firme propósito de que con sus acciones se contribuya con el pueblo venezolano".

Lugo Gómez -dice el informe- está relacionado con Motta Domínguez desde hace muchos años y de acuerdo a la declaración de dos testigos involucrados en esas negociaciones sería este militar quien está presuntamente "encargado del cobro del 15 por ciento de comisiones por los contratos y las órdenes de compras emitidas por el MPPEE y Corpoelec a empresas contratistas". Uno de los testimonios que sustenta el informe dice que "Motta pecha a los empresarios través de su "encargado" de compras, (el general Eustiquio Lugo Gómez) a quienes imponen doblar el precio de modo que puedan pagarle el 50 por ciento de anticipo de las operaciones".

En al descripción del pago de sobornos se señala que la mayoría deben ser pagados por los contratistas en efectivo, lo que se dificulta por las limitaciones con la moneda estadounidense en  Venezuela (control de cambios). No obstante, "en ocaciones aceptaron los pagos de las coimas a través de una cuenta del banco  Banesco USA a nombre de la empresa Crash II identificada con el número XXXXXX9106, Aba 067015779", confirman dos testigos.

¿Quién es Luis Alfredo Motta Domínguez?

Luis Alfredo Motta Domínguez nació el 2 de julio de 1958 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-4.423.539. Tiene su domicilio en El Paraíso, municipio Libertador, Distrito Capital[1]. Es Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que ingresó al sistema el 16 de enero de 2012, en la actualidad se encuentra cesante, siendo que su última afiliación la tuvo a través del despacho del gobernador del estado Aragua, cuyo número patronal es A29908010. Su fecha de contingencia fue el 2 de julio de 2018. Acumula 156 semanas cotizadas y sus salarios cotizados suman Bs. 166.178,93[2]. No tiene pensión asociada.

Ejerce su derecho al voto en el Centro de Votación Socialista Ciudad Bendita, en la parroquia Turmero, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

El red social Twitter @LMOTTAD se presenta como “Soldado, bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y radicalmente chavista”[3].

Motta Domínguez fue designado ministro de Energía Eléctrica el 20 de agosto de 2015 en relevo de Jesse Chacón según la Gaceta Oficial N° 40.714 del 31 de julio de 2015[4]. Igualmente, el 3 de agosto de ese mismo año asumió la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cargo en el que fue ratificado en febrero de 2017. Venía de cumplir funciones como presidente de la Empresa Socialista de Carreteras de Aragua.

Con anterioridad a estas posiciones en la administración pública, Motta Domínguez se desempeñó como jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy.

En enero de 2014 fue intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, posición con la que fue reincorporado al servicio activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la categoría de efectivo. Antes también había sido ministro de Estado para la REDI Central.

Igualmente estuvo a cargo de la secretaría del despacho del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y fue presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti).

The Wall Street Journal informó el 18 de mayo de 2015 que una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales federales en Nueva York y Miami se encontraban investigando a un grupo de funcionarios venezolanos, entre quienes figuraba Luis Motta Domínguez. La nota del diario estadounidense indicaba que los investigados estaban “bajo sospecha” de convertir al país “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero“. La información firmada por  los periodistas Juan Forero y José de Córdoba dice que antiguos traficantes de droga e informantes cercanos a altos funcionarios del gobierno o de militares venezolanos eran las fuentes de la investigación[5].

Censurado

El informe final de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país emitido el 15 de enero de 2017, recoge el análisis realizado al sector eléctrico durante las gestiones de los presidente Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2016) y allí el ente legislativo recoge el análisis de las administraciones de los exministros Rafael Ramírez (MENPET), Alí Rodríguez (MPPEE), Jesse Chacón (MPPEE) y Luis Motta Domínguez (MPPEE), a quienes señaló de tener responsabilidad política en la referida crisis eléctrica en razón del incumplimiento de sus funciones como planificadores, fiscalizadores y reguladores del sector eléctrico, en concordancia con los marcos jurídicos vigentes a partir del 1999.

Estimaron los parlamentarios que la responsabilidad política de las autoridades señaladas se sustenta en la falta de fiscalización en la ejecución de la cartera de proyectos prevista por el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, así como también en la falta de fiscalización en los contratos otorgados entre 2005-2015.

En este sentido los diputados advirtieron que las obras eléctricas contratadas excedieron en 180 por ciento lo previsto por el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

Entre las recomendaciones de la comisión estuvo la aprobación de un voto de censura al Mayor General, Luis Motta Domínguez, en su carácter de ministro de Energía Eléctrica, debido a su responsabilidad en la crisis eléctrica ocurrida en el 2016 y al deplorable estado del sistema eléctrico nacional, así como por el incumplimiento de sus funciones como planificador, fiscalizador y regulador del sector eléctrico en concordancia establecido en el PDSEN para el lapso 2014-2016.

Motta Domínguez se rehusó a comparecer ante la comisión parlamentaria, razón que se sumó a las ya expuestas, así como también por “no tomar las medidas necesarias para adecuar y asegurar la disponibilidad de la generación térmica y garantizar el acceso a la energía eléctrica a la población durante la temporada seca”.

Asimismo, la comisión destacó la “opacidad y falta de transparencia: desde la desaparición de la página web informativa de OPSIS en 2010, ni el ministerio ni la empresa operadora Corpoelec ofrecen información oportuna acerca del estado del sistema eléctrico, su comportamiento histórico a través de los indicadores técnicos y de calidad así como los resultados de las investigaciones realizadas a raíz de fallas de gran magnitud. Los usuarios del servicio tienen derecho según la LOSSE a estar debidamente informados”.

Resaltaron los parlamentarios la negativa de Motta Domínguez a “informar sobre la situación técnica, financiera, administrativa y laboral del sector eléctrico durante su gestión. Atrasos en ejecución de obras contratadas. Falta de mantenimiento de termoeléctricas (Tacoa, Ramón Laguna, Rafael Urdaneta, Planta Centro)”.

La Asamblea Nacional emitió el 23 de febrero de 2017 un voto de censura contra Motta Domínguez[6].

Datos sobre Eustiquio José Lugo Gómez

El general de división, Eustiquio José Lugo Gómez, nació el 9 de marzo de 1964, es titular de la Cédula de Identidad N° V-8.435.812, se le ubica en la parroquia Pozuelos, del municipio Sotillo del estado Anzoátegui[7], de acuerdo a información suministrada por el portal Dateas.

La misma página en internet refiere en cuanto al Directorio de Altos Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que Lugo Gómez fue Director de Planificación y Control de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, IngeFanb [8].
En el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional de Venezuela, Lugo Gómez reemplazó al general de División Miguel Vivas Landino[9].

Ejerce su derecho al voto en el Liceo Antonio Guzmán Blanco de la parroquia El Paraíso del municipio Libertador, Distrito Capital.

El 17 de septiembre de 2014, por resolución del Ministerio de Industrias se le designó como presidente de la Empresa “Matesi, Materiales Siderúrgicos, S.A.”, la cual posteriormente fue renombrada como Briquetera de Venezuela (Briqven). El nombramiento se registró en la Gaceta Oficial N° 40.499. Venía Lugo Gómez de ocupar la jefatura del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, posición que ostentó desde 2013. Sustituía en Matesi al general Pablo Mora Zoopi[10].

Con tan sólo dos semanas en el cargo los trabajadores de la empresa denunciaron que Lugo Gómez no se había presentado a la empresa, al tiempo que indicaron que el presidente saliente se había dedicado en este tiempo a un permanente saboteo[11].

El 29 de agosto de 2017, fue designado como encargado del Viceministerio de Finanzas, Inversiones y alianzas Estratégicas del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, de acuerdo a lo que registra el Decreto 3.050 de la Presidencia de la República publicado en la Gaceta Oficial N° 41.224[12].

Red de supuestos testaferros de Luis Motta y sus empresas

Atención: En la primera versión de este reporte, basado en los primeros documentos que cursan en los tribunales, se incluye el apellido Casadiego e información que no se correspondía al acusado Jesús Ramón Veroes. La aclaratoria se hace en virtud del derecho a réplica solicitado por homónimo mencionado y cuya información retiramos de este  reporte. El señor Jesús Ramón Veroes Casadiego, C.I. 7081369 no es la persona que actualmente está siendo procesado por la justicia de los Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. 

Entre los principales testaferros con que presuntamente cuenta el presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez se encuentra Jesús Ramón Veroes, alias “Negro Veroes”, quien es propietario, directamente o por interpuestas personas (sus hijos Jesús A. Veroes y Valentina Veroes), de más de una veintena de empresas que se han visto beneficiadas con millones de dólares del estado venezolano entre todas sus compañías —he aquí un ejemplo con su empresa Crash II[13].

Del mismo modo, procedemos a informar que la información correcta respecto al supuesto testaferro de Luis Motta Domínguez, de acuerdo a lo que indica el portal Dateas[1], es Jesús Ramón Veroes, quien nació el 12 de diciembre de 1950, es titular de la Cédula de Identidad número V-3.559.026 y se le ubica en la parroquia Pampatar, municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.

Igualmente, Jesús Ramón Veroes, no aparece registrado como asegurado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque sí figura como beneficiario de una pensión de Bs. 18.000 a través del programa Hogares de la patria.


Asimismo, Jesús Ramón Veroes ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Cristo del Buen Viaje, ubicado en la parroquia Pampatar, municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.


Igualmente, Veroes es propietario del famoso Restaurant Cinecitta C.A, RIF J-31108202-6, ubicado en la Isla de Margarita con sucursales en otras ciudades de Venezuela.


Jesús Ramón Veroes ha sido denunciado en múltiples oportunidades. En Margarita, un grupo de ciudadanos solicitó se abriera una investigación por legitimación de capitales.

Veroes supuestamente posee 20 mil máquinas de minar bitcoins que fueron operadas de manera ilegal, produciendo miles de millones de dólares de manera irregular que no fueron declarados ni invertidos en el país. Según la denuncia, los equipos tienen aproximadamente cuatro años en el proceso de minería[16].

De acuerdo a la información suministrada por una fuente que conoce al investigado, Jesús Ramón Veroes es compadre de Mota Domínguez y mantiene una estrecha relación desde que el actual presidente de Corpoelec exhibía el grado militar de teniente.

Entre las empresas de Veroes se encuentran las siguientes:

7414 The Reserve LLC[17], una empresa registrada el 8 de octubre de 2013 en el estado de la Florida, Estados Unidos) bajo el número L13000142250. En la actualidad mantiene un estatus activo y se encuentra domiciliada en el 3420 NW 84 th Ave Doral, FL 33122 que igualmente figura como buzón de correo.

Como agente registrador de la compañía aparece Jesús Veroes, quien también registra la misma dirección de la empresa. Como titulares de la empresa Jesús Ramón Veroes y Jesús Alejandro Veroes, todos con la misma dirección antes descrita. 

7414 The Reserve LLC figura como propietaria de un inmueble ubicado en 7414 NW 107TH CT, Doral, Fl 33178-6070, que en 2018 exhibe un valor de mercado de USD 335.000. 

Stereomobile Corporation[18], registrada en la Florida el 30 de mayo de 2002 bajo el número P02000060055. Refiere que su sede es en el 3301 Ponce de León Blvd. Ste 200 Coral Gables, FL 33134, que funciona también como la dirección postal.
El agente registrador fue Elizabeth C. Pines y como titulares aparecen Jesús A. Veroes y Jesús A Veroes. Todos con la citada dirección.

NV Oriental Trading Corp[19], empresa con estatus activo registrada en la Florida el 7 de mayo de 2015 bajo el número P15000041663 y con domicilio en el 7414 NW 107TH Court Doral, FL 33178, que igualmente funciona como dirección postal.
El agente registrador fue Barkovic Group LLC, cuya dirección es 373 Poinciana DR Sunny Isles  Beach, FL 33160 y como presidente titular figura Jesús A. Veroes, quien esta vez refiere como dirección el 6314 NW 104TH Path Medley, FL 33178.

Compumanía C.A., INC[20], es una empresa que actualmente tiene estatus inactivo que fue registrada en la Florida el 24 de septiembre de 2013 bajo el número F13000004105. Tiene su sede en el 8775 NW 114 Place Doral, FL 33178 que también se indica como dirección postal.

El agente registrador fue John Alex Pérez Suárez quien igualmente es el presidente titular  junto a Jesús R, Veroes quien funge como vicepresidente, todos con la misma dirección de registrada para la compañía.

Crash USA Corp [21]es una empresa registrada el 22 de marzo de 2012 en el estado de la Florida bajo el número P12000028217 que a la fecha tiene estatus inactivo, con sede en el 5173 NW 105 CT, Doral, FL 33178.

El agente registrador fue el mismo Jesús Veroes quien igualmente figura como presidente titular de la empresa y ofrece como domicilio la misma dirección de la empresa.

Jesús Veroes es propietario de la Marca Crash asociada a joyería, bisutería y relojes, instrumentación, máquinas y equipos. El registro se encuentra a nombre de Crash Holding y Jesús Ramón Veroes[22].

En Panamá es propietario de la empresa Go Home S.A., registrada el 25 de enero de 2007 bajo el número 553118, una compañía que se encuentra vigente a la fecha. Como agente figura Arosemina, Abrego & Asociados.

El directorio de la compañía está conformado por Jesús Ramón Veroes como presidente y director; Jesús Alejandro Veroes como secretario y director; John Alex Pérez Suárez como tesorero y director; Giovany Abrego Pérez como suscriptor y Arturo Arosemina Bonilla como suscriptor[23].

Jesús Veroes también es propietario de un lote de terreno ubicado en Miami, específicamente en el 1900 N Bayshore Dr Unit # 4803 es un terreno ubicado en Miami, FL con un valor inicial de USD 204.780 en 2013 que en avalúos sucesivos se ha incrementado en 2014 a USD 255.980 y en 2015 a USD 276.460[24].

Los hijos y socios de Jesús Veroes

Otra persona asociada a Jesús Ramón Veres es su hijo Jesús Alejandro San Martín Veres D’Lima, quien nació el 29 de enero de 1981 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-16.337.313, con domicilio en la Parroquia Porlamar del municipio Mariño del estado Nueva Esparta[25].

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 1998. Su estatus es activo al encontrarse afiliado a través de la empresa Crash Technology C.A. con el número patronal O21431234. Su fecha de contingencia es el 29 de enero de 2041. Acumula 1.023 semanas cotizadas para un total de salarios cotizados de Bs. 14.779.303,93[26]. Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoíris de Porlamar.

Jesús Alejandro Veroes D’Lima sería el ahijado del Mayor general, Motta Rodríguez, añade la fuente. Y tendría una estrecha relación con el presidente de Corpoelec.

Entretanto, los récords del estado de la Florida muestran que la hija de Jesús Ramón Veroes, Valentina Veroes, tiene empresas en Miami y en la ciudad de Doral que fueron registradas en 2013, 2015 y 2017.

Otras propiedades de los Veroes

Los registros de propiedad del estado de la Florida nos ofrecen información sobre una obligación de garantía especial emitida el 31 de octubre de 2017, entre Flordade LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida con dirección postal 730 NW 107 Avenue, 3er Piso, Miami, FL 33172, da cuenta de que Valentina Veroes Lazo, cuya dirección postal es 7834 NW 105 Ct., Doral, FL 33178 tiene una propiedad en el Condado de Miami-Dade, estado de Florida, con la siguiente especificación: Lote 3, en el Bloque 16, de Grand Bay South Townhomes, según consta en el tomo 171, página 95, de los registros públicos del condado de Miami-Dada, Florida. 
Igualmente, un Informe Tributario del Condado de Miami Dade hace contar la propiedad  de Valentina Veroes Lazo ubicada en el 7834 NW 105TH CT, Miami, FL 33178-4647 cuyo fin es residencial. Se ofrece la misma ubicación como dirección postal.
Se trata de la misma descripción ofrecida anteriormente en Grand Bay South Townhomes PB, cuyo documento está insertado en el Tomo 171, página 95 T-23735 Lote 3 BLK 16 Lote. Tamaño 2125 SQ FT M/L FAU 35-3008-000-0010 0011 0015 y 0047.

Esta propiedad tenía un valor de mercado en 2017 de USD 60.562 y para 2018 de ubica en USD 320.000. El Valor imponible de la propiedad era en 2017 de USD 60.562, mientras que para 2018 alcanza los USD 270.000. El Importe total del impuesto en 2017 fue de USD 3.016,38. 


Los registros de propiedad del estado de la Florida también nos ofrecen información de una propiedad ubicada en el 3420 NW 84TH Ave, Miami, FL 33122-1099. Se trata de un inmueble de uso residencial con un valor de construcción para 2016 está valuado en UISD 676.970 y para 2017 se ubicaba en USD 617.290. Un precio del terreno que de USD 103.290 en 2013 pasó a USD 340.388 en 2018. Con un valor de mercado que en 2018 alcanza los USD 960.506. 
Este inmueble es propiedad de la empresa Oasis 3420 LLC, cuya sede es 7725 W 26 Ave, Suite 01, Hialeah, Fl 33016. El agente registrador de esta empresa fue Hage Boutros (misma dirección) de la que María Fernanda Veroes es titular (igual dirección).

Del mismo modo, Jesús Alejandro Veroes D‘Lima figura como propietario de un inmueble en el 6314 NW 104TH Path, Miami, Fl 33178-3054. Es una casa de uso residencial con un valor de mercado  que creció de USD 55.000 en 2015 a USD 360.001 en 2018. 
Una obligación de garantía especial emitida el 16 de junio de 2008 refiere que Jesús Veroes tiene una propiedad en el Condado de Miami-Dade, Florida, a saber la parcela de condominio N° 4803 en Quantum on the Bay, Condominio N° uno registrado el 21 de diciembre de 2007 en el Libro de Registros Oficiales 26121, en la página 4375 de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. 
Del mismo modo, Jesús Veroes es dueño de un inmueble en 1900 N Bayshore DR APT 4803, Miami, Fl 33132-3026, un condominio de tipo residencial cuyo valor de mercado en 2018 es de USD 214.000. 
Los registros de propiedad de la Florida permiten certificar la existencia de otra obligación de garantía emitida el 23 de enero de 2015 de los esposos entre Jannette Montalvo y Oniel E. Toledo,  cuya dirección postal es 18489 NW 88 Place, Hialeah, FL 33018 y Nautica Water Sport, Inc., empresa registrada en el estado de la Florida con el número P00000009263. En este acto la corporación ofrece como dirección 2392 W 80 ST. # 5, Hialeah, FL 33016. 

Sin embargo, en los registros empresariales indica que su sede es el 7725 W 26 Ave # 1, Hialeah, FlL 33016. El agente registrador es Hage Boutros, quien también es directivo titular[32].  El mismo referido líneas arriba como agente registrador de otra de las empresas de los Veroes y relacionado con estos.

Otro hombre asociado a Motta: Luis  Gilberto Duarte

En el informe sobre Motta Dominguez aparece otro sujeto llamado 
Luis Gilberto Duarte Freitas, nacido el 13 de septiembre de 1955, es titular de la C.I. V-4.350.363. Su fecha de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el 27 abril de 2001 cuando ingresó a la Almacenadora Mercaduana C.A. con el número patronal C7200284 de la que egresó el 25 de marzo de 2002. Acumuló 115 semanas de cotización equivalentes a Bs. 11.242,29. Su fecha de contingencia fue el 13 de septiembre de 2015, pero no presenta pensión asociada[27].

El Registro Electoral Permanente da cuenta de que ejerce el derecho al voto en el Colegio San José La Salle de Puerto Cabello. 

Se le señala de supuestamente ser parte de la red de testaferros con los que el presidente de Corpoelec, Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, cuenta en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Duarte Freitas aparece como propietario de un conjunto de empresas de las que damos cuenta a continuación:

G. & Duarte Corp. Con el número de registro K23514, en fecha 13 de mayo de 1988 en el estado de la Florida. Su domicilio principal es el 12195 SW 80TH Stret, Miami, Florida. Como agente registrador figura José García, cuyo domicilio es el mismo descrito anteriormente. Como titular de la empresa parece registrado Luis Duarte que también refiere poseer la misma dirección[28].


N390AJ LLC. Con el número de registro L12000130503, en fecha 12 de octubre de 20121988 en el estado de la Florida. Su domicilio es el 2400 E. Hallandale Beach Blvd. Ste. 710, Hallandale, FL 33009. Como agente registrador figura Miami Corporate Systems LLC, cuya dirección es el 283 Catalonia Avenue, 2ND Floor, Coral Gables, FL 33134. Como titulares de la empresa figuran Cristina Ferrer (3705 N.E. 214TH Street) y Luis Duarte (4381 S.W. 144TH Place Miami, FL 33175)[29].

Mercaduana LLC. Registrada bajo el número L16000105295, en fecha 31 de mayo de 2016 en el estado de la Florida. Su domicilio es el 6155 SW 120 AV Miami, FL 33183. Como agente registrado figura Luis Duarte, quien también ejerce como presidente titular de la organización[30]

Cocoa Premium International LLC. Registrada en el estado de la Florida con el número L16000221781 el día 7 de diciembre de 2016. La dirección de la empresa es el 10570 NW 27TH Street, Suite H-101, Miami, FL 33172. El agente registrador fue José Betancourt (con la misma dirección) Como titulares figuran, José Betancourt y Luis Duarte[31].

Hacienda Royal Inc. En el estado de la Florida se registró esta organización con el número P08000038751, el día 16 de abril de 2008. La dirección es 6155 SW 120 AVE Miami, FL 33183. El agente registrador fue Luis Duarte, quien también aparece como presidente titular de la empresa[32].

JM Duarte Investments Inc. Registrada en el estado de la Florida con el número P08000046294 el 7 de mayo de 2008. El domicilio es 6155 SW 120 AVE Miami, FL 33183. Agente registrador Luis Duarte. Presidente titular, Luis Duarte. Vicepresidenta, Evelyn Duarte[33].

CQ Integral Solutions Inc. Inscrita en el estado de la Florida con el número P10000018603, el día 2 de marzo de 2010. Su domicilio es 6155 SW 120TH AVE Miami, FL 33183. El agente registrador fue Luis Duarte, quien también es el presidente titular de la organización[34].

Mercalogistics Inc. En el estado de la Florida se registró esta empresa con el número P10000067706 el 17 de agosto de 2010. La dirección es 6155 SW 120 AVE. Miami, FL 33183. El agente registrador fue Luis Duarte. Como presidente de la organización aparece Luis Duarte[35].

Inversiones Aprendis de Colores Inc. Registrada en el estado de la Florida con el número P10000068329 el día 19 de agosto de 2010. Se indica como dirección 6155 SW 120 AVE Miami, FL 33183. El agente registrador es Luis Duarte, quien también aparece como director junto a Carlos Silva[36].

6000 Investment Corp. Se registró en el estado de la Florida con el número P10000070685 el día 27 de agosto de 2010. El domicilio de la empresa es el 6155 SW 120 AV Miami, FL 33183. Agente registrador: Luis Duarte, quien también figura como directivo titular[37].

Caribean Trading Seafood Inc. Registrada con el número S29168 en el estado de la florida el 1° de febrero de 1991. Indicándose como su dirección el 8346 N.W. 68TH ST. Miami, FL 33166. Agente registrador: Zaida Pereira. Figura como presidente Luis Duarte y como vicepresidente José Prado.

Veneoil Corporation con el número F23834 fue registrada esta empresa en el estado de la Florida el 13 de marzo de 1981. Domiciliada en el % Luis Gilberto Duarte 6201 SW 8TH ST, Miami, FL. El agente registrado fue Luis Duarte, quien aparece como su presidente (9941 SW 115TH AVE Miami, FL), mientras que como vicepresidente indica a Francisco Salazar (6834 SW 127TH Place, Miami, FL). Como directivo también figura Luis Emilio Salazar (6834 SW 127TH Place, Miami, FL)[38].

Siete de las doce empresas suministraron como dirección el 6155 SW 120 AV Miami, FL 33183.

Otro señalado: Luis Alberto Chacín

Fuentes informativas refieren también que existe otro individuo investigado por los Estados Unidos, a saber, Luis Alberto Chacín Haddad, un empresario margariteño que también actuaría como prestanombres de Luis Motta Domínguez, quien tendrá varias propiedades en Miami y participaría junto a su hijo, Luis David Chacín, en los negocios con el funcionario venezolano (Motta Domínguez).

Aparece en las propiedades María Auxiliadora Haddad de Chacín[39] madre de Chacín Haddad quien mantienen una relación con Motta Dominguez, según los documentos en nuestro poder.

María Auxiadora Haddad de Chacín figura en una obligación de garantía emitida el 28 de octubre de 2014, en la que Bellagio Lennar LLC, una empresa de la Florida registrada con el número L12000084251, que vende una de sus propiedades a Haddad de Chacín, cuya dirección postal es 8910 W 35 Court, Hialeah, EL 33018. Se trata de un lote identificado con el número 5 en Bellagio Villas, inscrita en el tomo 170, página 31, en los registros públicos de Miami-Dade. 

John Pérez, a quien vimos como agente registrador y presidente de Compumanía C.A., INC, una de las empresas de Jesús Veroes, figura en una obligación de garantía emitida el 27 de septiembre de 2012 en la que Lennar Homes LLC, empresa registrada en la Florida con el número L06000114706 vendió una propiedad a Pérez y su esposa Maria L. Perez, cuya dirección postal es 8775 NW 114 Place, Doral FL 33178.mi Condado de Miami-Dade, Florida.

Se trata de un Lote identificado con el número 2, en el Bloque 2, de ST. Moritz Estates, inscrito en el tomo 169, página 31, de los registros públicos del condado de Miami-Dade, Florida.


Disclaimer

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. También llamamos al números que aparecen listado pero hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.


Si alguna de las empresas o personas mencionas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que  se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.




lunes, 24 de septiembre de 2018

Gobierno de E.E. U.U. pide que se prohiba difusión de fotografías y bocetos de los testigos que atestiguarán en el juicio contra "El Chapo" Guzmán

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York solicitó al juez federal Brian Cogan que prohiba la difusión de fotografías y bocetos de los testigos cooperantes que atestiguarán a favor del gobierno de los Estados Unidos en el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán que se iniciará en noviembre de 2018 y que se prevé culmine en enero de 2019.

Los fiscales pidieron autorización a la corte para presentar evidencias directas de los crímenes imputados contra Guzmán, que incluyen pruebas relacionadas con los actos de violencia del acusado tales como tortura, secuestro, amenazas y asalto, y ciertas actividades de narcotráfico.

Un documento de más de 101 páginas, que contiene las llamadas mociones in limine de la fiscalía, dice que es necesario que el jurado conozca, por ejemplo, que Guzmán se escapó de la cárcel y de otras instancias de la justicia "como hechos judicialmente notables de las acusaciones de E.E. U.U. contra el acusado".

Asimismo, los fiscales federales alegan que se deben aceptar como evidencias las pruebas obtenidas por parte de las personas que recibieron recompensas por información y que condujeron a su arresto, así como las declaraciones voluntarias e incriminatorias del acusado a  los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) mientras estuvo en prisión en 1998.

La Fiscalía pide que se acepten como evidencias las cartas escritas por Guzmán como "declaraciones contra uno de sus adversarios;  libros escritos bajo la dirección del acusado como declaraciones de un oponente partidario; declaraciones de un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa a su familiar como declaraciones de co conspirador y las declaraciones contra intereses penales; y ciertas declaraciones en la evidencia de video del gobierno".

Los fiscales solicitaron al juez Cogan "prohibir la diseminación de fotografías y bocetos de los testigos que cooperarán con el gobierno durante el juicio" y especialmente "impedir que el acusado obtenga información relacionada con la participación de testigos que cooperaron en el Programa de Seguridad de Testigos e información relacionada con los familiares de esos testigos". 

La fiscalía pide que los verdaderos nombres de los testigos no sean escritos en las transcripciones y traducciones del juicio y argumentan que la corte debe excluir cualquier evidencia y argumento que alegue el enjuiciamiento selectivo argumentado por el acusado. 

Entre las mociones solicitadas destacan que la corte debe impedir la admisión de pruebas o argumentos por parte del demandado con respecto a una serie de temas que son irrelevantes o que podrían confundir los asuntos, confundir al jurado o resultar en perjuicio injusto para el gobierno.

Mociones entregadas previamente

En las primeras mociones in limine, el gobierno estadounidense presentó las pruebas en el juicio: 

(1) los actos de violencia y ciertas actividades de tráfico de drogas del acusado como evidencia directa de los delitos imputados y / o de conformidad con la Regla 404 (b); 

(2) el acusado escapa de la cárcel y otras instancias de fuga de la justicia como evidencia directa de los crímenes imputados y /o la evidencia de la Regla 404 (b);

(3) ciertas comunicaciones electrónicas y por cable interceptadas y grabadas, así como evidencia de video;

(4) partes relevantes de una entrevista grabada en video del acusado publicada por un medio de comunicación; 

(5) fotografías satelitales; 

(6) registros de medicamentos y 

(7) registros de pagos de abogados. 

El gobierno también solicitó al juez permitir la participaron de un testigo del gobierno cuya identidad permanece bajo anonimato.

Con la solicitud de la admisión de evidencias el gobierno espera probar en el juicio a través de testimonios de testigos, así como pruebas físicas, documentales y de otro tipo la culpabilidad de Joaquín Guzmán en los delitos alegados. 

En el documento dice que "el gobierno no se ha esforzado por exponer todos los hechos que espera probar en el juicio".




miércoles, 19 de septiembre de 2018

Fiscalía alega que nuevo abogado de "El Chapo" Guzmán conversó con uno de los testigos cooperantes del caso

La defensa de "El Chapo" podría solicitar un nuevo aplazamiento del juicio aunque la fiscalía se opuso a esa posibilidad.

Por Maibort Petit
@maibortepetit

La fiscalía solicitó a la corte del Distrito Este de Nueva York realizar una audiencia curcio para que examinar el nuevo abogado de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", Jeffrey Lichtman quien según los fiscales sostuvo un encuentro en 2007 con uno de los testigos cooperantes que testificará durante su juicio.
En una de las comunicaciones enviadas por los fiscales al juez Brian M. Cogan se piden datos adicionales que aclaren la posible relación de abogado-cliente de un testigo cooperante con Jeffrey Lichtman.

Según el gobierno, existe información que debe ser aclarada con respeto a la representación del abogado Lichtman con el testigo cooperante CW # 1 (cuya identidad no ha sido revelada públicamente) y que según el expediente fue visitado por Lichtman  en la cárcel en dos oportunidades para discutir los términos del contrato para su defensa.

Dicen los fiscales que existe una nota diplomática donde uno de los abogados del ahora testigo cooperante solicitó información sobre su caso en los Estados Unidos durante  su arresto, que incluía una descripción de las acusaciones pendientes y un resumen del expediente. El abogado en el exterior le recomendó a su cliente que fuera  Lichtman quien se desempeñara como su representante en los Estados Unidos, y en septiembre de 2007,  Lichtman viajó y pasó varios días esperando el permiso para visitar CW # 1 en prisión. 

En el documento de la fiscalía se señala que Lichtman visitó CW # 1 dos veces durante aquel tiempo. En una ocasión -dice- Lichtman y CW # 1 se reunieron en un pequeño cubículo donde hablaron por teléfono durante aproximadamente una hora. La segunda reunión entre CW # 1 y Lichtman duró alrededor de dos horas y estuvieron en una sala de conferencias de la prisión en presencia de varios oficiales de correccionales. 

Los fiscales  dicen que durante las dos reuniones con CW # 1 habló en términos generales con Lichtman sobre la acusación que el gobierno norteamericano tenía en su contra según la cual es responsable de haber introducido a los Estados Unidos toneladas de cocaína  y varios otros cargos. 

Aunque no se ha dado a conocer el nombre del testigo, los documentos informan que la identidad de CW#1 fue revelada previamente a la corte y las partes interesadas.


De acuerdo a lo expresado por la fiscalía, Lichtman dijo en el 2007 que defendería CW # 1 enérgicamente, pero que si el acusado iba a juicio, probablemente perdería y sería sentenciado a la máxima pena permitida bajo el Tratado de los Estados Unidos. 

Agrega que CW # 1 informó a Lichtman que quería cooperar y que  tenía "buena información" para proporcionar al gobierno norteamericano pero  que CW # 1 no entró en detalles específicos ni proporcionó nombres de coconspiradores. 

Según CW # 1, Lichtman estuvo de acuerdo con el siguiente enfoque: Si el gobierno de los Estados Unidos ofrecía un buen acuerdo para declararse culpable, considerarían esta opción, pero si no, estarían preparados para ir a juicio. Lichtman le dijo a CW # 1 que necesitaba un pago inicial por sus servicios y los de su equipo legal, y CW # 1 instruyó a Lichtman para que discutiera los detalles con su abogado local.

Posteriormente, con el permiso de CW # 1,  Lichtman y el otro abogado establecieron una reunión con las Fiscalías de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Distrito Sur de Nueva York. "Es entendimiento de CW # 1 que Lichtman representó sus intereses en esta reunión con el gobierno de los Estados Unidos como su defensor".

De acuerdo con CW # 1, el abogado local  informó a CW # 1 que las reuniones con Lichtman en los Estados Unidos fueron bien, pero que su caso probablemente iría a juicio. CW # 1 quedó insatisfecho con esta noticia y decidió contratar a otro defensor. Los fiscales aseguran que CW # 1 decidió cambiar su representante legal.

En el documento se argumenta que CW # 1 consideró a Lichtman como su abogado, a pesar de la falta de un informe completo. "Discutieron las tarifas y se hizo un pago para que Lichtman comenzara a trabajar en su caso" acotan.


Asimismo, señalan que CW#1 indicó que estaría dispuesto a renunciar a este conflicto de intereses, y que prefería que Lichtman no realice su contrainterrogatorio en el juicio. 

La Fiscalía destaca que contraria a la afirmación hecha por Lichtman en la carta enviada la Corte el 13 de septiembre de 2018, en conversaciones separadas con tres Fiscales Federales Auxiliares diferentes,  Lichtman afirmó que no iba a contrainterrogar a CW # 1.

Lichtman niega parte del informe de fiscalía

En una carta de Lichtman al juez Cogan afirma que hay errores en el reporte del gobierno sobre su relación con el testigo cooperante #1 y que no quiere que el tribunal realice una audiencia para discutir ese tema. En ese sentido, aclaró que enviaría a un abogado adjunto a realizar los interrogatorios del mencionado testigo.

Lichtman aclaró que no viajó  en septiembre de 2008 para reunirse con CW # 1 sino que esperó varios días para obtener permiso para visitarlo en prisión. "Como se corroboró en mis registros de viaje me reuní con CW # 1 a principios de noviembre de 2007 y me fui a casa al día siguiente. Permiso para la visita desde la prisión me fue concedido antes de irme en el viaje".

Lichtman dice que no hablo dos veces con CW # 1 en ese viaje. Admitió que como sólo tenía una ventana pequeña para verlo antes de viajar al aeropuerto, se reunió con él una vez en la prisión. "No hablé con CW # 1 en un pequeño cubículo por teléfono durante aproximadamente una hora, ya que no hablo su idioma. Requerí un intérprete para hablarle y por lo tanto, la única vez que conversé con él fue en una sala de reuniones de la prisión con mi traductor y varios funcionarios de correccionales que estuvieron presentes". 

Manifestó que jamás  le dijo a CW # l que era probable que perdiera en el juicio. "Nunca le digo algo así a un cliente potencial,  sobre todo teniendo en cuenta que todavía tenía que ver una sola pieza de evidencia en el caso".

Negó que le hayan pagado para comenzar a trabajar en el caso de CW # 1 después de esta reunión o en cualquier momento. "Me pagaron semanas antes de mi visita, solo por el tiempo que pasé viajando hacia y desde la prisión en cuál CW # 1 se localizó, para discutir la representación posible. "El calendario de estos pagos se corrobora en mis registros bancarios a partir de octubre de 2007".

Finalmente dijo que no recordaba haber sostenido una reunión con fiscales del Distrito Este y del Distrito Sur de Nueva York en nombre de CW # 1 después de haberlo visitarlo y que espera que  el gobierno corrobore al menos esta afirmación fáctica en su carta. 

Acotó que nunca ingresó a una representación oficial del referido caso ni solicitó parte de las evidencias al gobierno como abogado de CW # 1. Por lo tanto, nunca hubo ninguna razón para que CW # 1 "cambiara de abogado" como se señala en la declaración del gobierno.

La audiencia curcio

El gobierno de los Estados Unidos solicitó una audiencia curcio para evaluar el conflicto de intereses que se presenta con Litchman y el testigo cooperante. 

En un oficio, firmado por el fiscal federal Richard P. Donoghue, se explica que de acuerdo a lo ordenado por ese tribunal en la conferencia efectuada el 14 de agosto de 2018 se presenta la siguiente agenda:

1) Una audiencia Curcio que fue discutida por las partes el 29 de agosto de 2018, el 10 de septiembre de 2018, y el 13 de septiembre de 2018.  para conocer los detalles respecto a la representación del demandado por parte del abogado Jeffrey Lichtman.

Por su parte, Guzmán Loera solicitó la confirmación del cronograma de prueba a la corte. Los fiscales expresan sus dudas sí la defensa tiene la intención de buscar otro aplazamiento de
el juicio. De ser así, el gobierno se opone a cualquier prórroga adicional de dicho juicio.

Este jueves 20 de septiembre se realizará una audiencia donde el juez decidirá sobre estos temas.


sábado, 15 de septiembre de 2018

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante la inminente ventas de sus acciones

Como si se tratara de una piñata, cuando se conoció la orden del juez para subastar las acciones de Citgo como pago a las deudas que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la canadiense Crystallex, Rosneft Trading S.A., Citgo y los titulares de los bonos venezolanos presentaron al tribunal una solicitud para que fueran declarados "interventores propuestos". La defensa de Crystallex dice que la República Bolivariana de Venezuela busca "saquear a PDV Holding y sus filiales y quitarle valor" antes de que se produzca la venta de las acciones de la filial por parte de los aguaciles de los Estados Unidos. He aquí la historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Leonard P. Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.


El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 


CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

El documento dice que "PDVSA no ofrece en su recurso ninguna razón legítima por la que Crystallex, que ya pasó años esperando que Venezuela satisfaga la sentencia y el laudo arbitral a su favor,   tenga que dar más tiempo a PDVSA y Venezuela para despojar aún más a sus subsidiarias de los EE. UU. del valor que poseen en este momento". 

Piden que la moción de PDVSA sea negada de inmediato por el juez Stark.

Nuevos acreedores tras el botín de CITGO

Esta semana también llegaron a la corte tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

Antecedentes de este caso


1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Además, sostienen que PDVSA y Venezuela tienen un historial de participar en esquemas para obstaculizar y evadir a sus acreedores, incluso mediante el saqueo de los activos de sus subsidiarias en Delaware. Ahora, más que nunca, PDVSA tiene un incentivo para tomar medidas que pueden destruir el valor de las acciones de PDVH. Cualquier acción de ese tipo despojaría a Crystallex del beneficio de la Orden de esta Corte y perjudicaría irreparablemente su capacidad de cobrar la sentencia de $ 1,200 millones (más intereses) que Venezuela le adeuda. 

Asegura que PDVSA y los Interventores Propuestos no muestran ninguna prueba de que sean irreparablemente perjudicados por la ejecución de la venta de las acciones.