Piden abrir cargos por lavado de dinero contra directivos del Consorcio venezolano KCT en un tribunal de Nueva York

El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los dos hombres hallados culpables de lavar más de USD 100 millones a funcionarios y exfuncionarios del régimen venezolano, a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en el sur de la Florida, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York considerar acusar a los directivos principales del Consorcio KCT Cumaná Internacional III,  clientes de Miami Equipment & Export Company, la compañía usada por Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, para blanquear el dinero proveniente de contratos públicos del estado venezolano.

En un documento entregado por la defensa de los Díaz, dirigido al juez federal William H. Pauley III, donde se le exige al tribunal condenar a Luis Javier Díaz a libertad probatoria de por vida, se argumenta que la necesidad de evitar "disparidades injustificadas en la sentencia entre los acusados con registros similares que han sido declarados culpables de conducta similar". Los abogados sostienen que aunque no se ha condenado a otros acusados en este caso que les ocupa, la corte debería contemplar encauzar a quienes no están ante el tribunal: los principales directivos de KCT.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron la empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero y, además, se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (PDVSA y Cadafe).

Los abogados de los Díaz argumentaron que ninguno de los directivos de KCT ha sido acusado de un solo delito, a pesar de haber sido los dueños del mencionado consorcio venezolano quienes iniciaron las transferencias electrónicas a Miami Equipment & Export Company, se beneficiaron de las operaciones y los que prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela.

Asegura la defensa que Luis Javier Díaz y su padre, Luis Díaz Jr. que sus clientes son dos hombres de negocios que trabajan duro para mantener su empresa y ahora tendrán que pagar todas las consecuencias de las transacciones que forman parte de la conspiración por la que fueron juzgados.

KCT, consorcio conformado por Cielemca, Trimeca y KBT, es una contratista del Estado venezolano que fue denunciada por haber logrado contratos millonarios del régimen del fallecido Hugo Chávez a cambio del pago de sobornos a funcionarios que —para esa época— ocupaban cargos claves en el gobierno venezolano.

En un documento de la defensa se señala que encarcelar al Luis Díaz o su hijo Luis Javier crearía una disparidad injustificada entre ellos y, por ejemplo, Blas Herrera, quien se presentó como el director principal del consorcio KCT. 

De acuerdo con una solicitud de orden de cateo del gobierno, Blas Herrera fue interrogado por agentes del gobierno norteamericano en noviembre de 2015, y al hablar con esos agentes "con la esperanza de recibir indulgencia", admitió que haber usado  Miami Equipment para mover ilícitamente dinero a los Estados Unidos. "Ni el Sr. Herrera ni ninguno de los otros directores de KCT ha sido procesados. Debido a que esos perpetradores viven en el extranjero, tampoco es probable que sean castigados", acotan.

Durante el juicio de los Díaz fueron mencionados los siguientes nombres del Consorcio KCT:

—Enrique Padrella (KCT)

—Antonio Padrin  (KCT)

—Blas Herrera (KCT)

—Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT)

—Ariano Martín (KCT)

—Elisbert Becerra Guzmán (secretaria de Blas Herrera)

—José Miguel García (KCT)

—César Cardozo (Cielemca CA)

—José Garantón (Cielemca CA)

—Rodolfo Somani (EMA CA)

La defensa sostiene que Luis Díaz no ha negado que sabía que las facturas enviadas por KCT eran falsas "Según lo que le contaron sus clientes, creía que se estaban realizando servicios como consultoría para sus empresas, pero que sus clientes necesitaban representar lo contrario, para poder enviar dólares estadounidenses a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment, para pagar para esos servicios, dadas las restricciones de divisas en Venezuela".

Asegura que Luis Díaz Jr. creyó que en la palabra de Blas Herrera y sus otros clientes relacionados con KCT en lugar de sospechar que estaban cometiendo un delito, "no fue por mala intención, sino porque confió erróneamente en ellos y en su palabra".

Dice que si alguien cometió delito, esos fueron Blas Herrera y los demás interesados ​​en KCT, Antonio Padrín y Enrique Pradella, quienes conocían la ventaja de usar un negocio de "mamá y papá" como medio para realizar grandes transferencias electrónicas, y no un banco o agente de transferencia bancaria.

Comenta la defensa que el hermano de Herrera, Mario, y los demás, habían sido clientes de Miami Equipment durante casi dos décadas cuando presentaron a Luis Díaz a Blas Herrera y fue este último quien solicitó la ayuda de Díaz, incluso para pagar los pedidos de compra y las facturas en cuestión en este caso.

Aseveran que los tratos del Consorcio KCT en Venezuela, incluso con el gigante estatal de petróleo y gas PDVSA, también tuvieron un valor lo suficientemente grande como para que las cantidades que Herrera y sus empresas afirmaban que facturaban fueran creíbles.

Díaz estaba predispuesto, además, a ayudar a sus clientes (a quienes también consideraba amigos en ese momento), debido a la experiencia de su propia familia de haber confiscado todas sus propiedades en Cuba. Al ver a Venezuela convertirse en un régimen cada vez más autoritario, acelerando hacia la caída libre económica, Díaz simpatizó con lo que pensaba que eran los esfuerzos de sus clientes por retener y continuar utilizando el valor de sus fondos, en lugar de que esos fondos se vuelvan inútiles o inutilizables.

Aquellos que conocen tanto a Díaz como el negocio de exportar equipos a las mismas regiones atendidas por Miami Equipment, han intentado explicar cómo alguien de la integridad de Díaz podría haber incurrido en una conducta delictiva.

Con una serie de cartas de indulgencia escritas por amigos y familiares de Luis Díaz, la defensa destaca que las personas que lo conocen dan fe de que el demandado nunca rompería la ley o perjudicaría a su familia, y que Blas Herrera y sus asociados de KCT explotaron a Díaz.

Los abogados reconocieron que "Díaz cometió errores devastadores en el juicio, es indiscutible que desconocía la naturaleza ilegal o incluso ilícita de sus actos. Él no tenía la intención de dañar a nadie. Trágicamente, aceptó ayudar a clientes y amigos sin saber que no podía hacerlo, de conformidad con la ley".

La circunstancia de que fue el consorcio KCT, no Díaz, quien generó documentos falsos y creó y controló las compañías que solicitan las transferencias, también hace que sea inapropiado aplicar una condena por "medios sofisticados" de lavado de dinero, dicen los defensores.

Consorcio KCT

En los documentos dados a conocer por la fiscalía durante el juicio de Luis Díaz y Luis Javier Díaz se asegura que el 12 de julio de 2010, KCT compró una turbina (generador) para la Refinería Bajo Grande por USD 20.609.824,74. Para esa misma fecha, se denunció en Venezuela que KCT vendió a Bariven una unidad GE LMS 100 en USD 95,6 millones, cuando el precio referenciado es de USD 35,6 millones. De ser la misma pieza, se calcula un sobreprecio por el orden de 74 millones 990 mil 176 bolívares.

Según la defensa, la Oficina de Libertad Condicional, tras realizar entrevistas y diligencias recomendó una condena de cinco años de prisión para Luis Díaz Jr. de 76 años de edad. Sin embargo, la defensa considera que debido a que su cliente "no ha cometido ni cometerá ningún otro delito. De hecho, nunca habría cometido los crímenes de los que fue condenado, si hubiera tenido alguna idea de que estaba violando la ley o poniendo en peligro a su familia y debido a que el público no necesita estar protegido del Sr. Díaz, y sería un desperdicio de recursos para este hombre de 76 años ser encarcelado".

Afirman que el gobierno presentó pruebas documentales en el juicio de que Blas Herrera y el consorcio KCT controlado por él y sus asociados, entre ellas facturas a Díaz que representaban falsamente que se estaban realizando servicios para Miami Equipment o que representaban falsamente los servicios prestados.

Refieren que Díaz siempre sentirá dolor y pesar por no haber hecho más preguntas a sus antiguos clientes o por no haber buscado el consejo de abogados o contadores. Sin embargo, argumentan que ha aprendido la lección de la manera más difícil que se pueda imaginar, por lo que no haber actuado con más cuidado no debería ser el punto de inflexión para el encarcelamiento, por varias razones.

El otro acusado en este caso, Luis Javier Díaz pidió una sentencia probatoria de por vida al juez, alegando que el demandado no tiene récord criminal y una conducta incuestionable.

El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018 a las 3:30 p m.

Gobierno de E.E. U.U. negó reingresó a ejecutivos de CITGO a territorio norteamericano

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Tras haber salido de los Estados Unidos para participar en las elecciones realizadas el 20 de mayo de 2018 en Venezuela, las cuales fueron calificadas como fraudulentas por la comunidad internacional, el vicepresidente de Finanzas de CITGO, Calixto Ortega Sánchez y el vicepresidente de Asuntos jurídicos de esa petrolera, Alejandro Escarrá Gil, les habría negado el reingreso al territorio norteamericano, según informó una fuente ligada al caso.

Tanto Ortega Sánchez como Escarrá Gil son familiares de dos altos  funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y designados en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Calixto Ortega Ríos y Hermann Escarrá, respectivamente.

Además de ser familiares de dos sancionados, los dos vicepresidentes de CITGO habrían obtenido de manera irregular sus visas L1, relativas a la transferencias de ejecutivos de trasnacionales. Ni Ortega Sánchez ni Escarrá Gill habrían cumplido con los requerimientos exigidos por el Departamento de Estado norteamericano para  obtener este tipo de visado.

Ortega Sánchez y Escarrá Gil pretendían regresar a sus puestos de trabajo en los Estados Unidos el jueves 24 de mayo de 2018, dijo la fuente que pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

Se conoció este miércoles que el sustituto de Calixto Ortega Sánchez en la vicepresidencia de Finanzas sería un ejecutivo de carrera en CITGO, Curtis Rowe.

Rowe tiene más de 23 años trabajando en CITGO. Su nombre aparece entre los directivos de la empresa CITGO PRODUCTS PIPELINE COMPANY desde 1993.

De acuerdo a fuentes consultadas para esta nota, existe una total incertidumbre en la filial de PDVSA en los EE. UU. con sede en Houston por la medida tomada por las autoridades estadounidenses.
La fuente comentó el nerviosismo mostrado por otros ejecutivos de la filial petrolera, a saber: Rafael Gómez (vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Públicos); Simón Suárez, vicepresidente de  Comercio y Suministro y el Presidente Interino de CITGO, Asdrúbal Chávez.

Irregularidades en las visas L1

En este mismo blog publicamos una nota titulada: “Documentos confirman que designación de Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente de CITGO viola normas de PDVSA y la ley de los Estados Unidos”, donde se dieron a conocer una serie evidencias que mostraban que Calixto Ortega Sánchez, sobrino del magistrado sancionado por el Departamento del Tesoro, Calixto Ortega Ríos, fue designado como vicepresidente de Administración y Finanzas de CITGO en noviembre de 2017, a pesar de haber entrado a la nómina de PDVSA en agosto de ese mismo año. Su ingreso fue posible gracias a las gestiones realizadas por el también sancionado por la OFAC, Simón Alejandro Zerpa Delgado y de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En la nota en referencia, se advirtió que con dicho nombramiento se habrían violado —presuntamente— las normativas internas vigentes en Petróleos de Venezuela, al igual que los requisitos exigidos por el gobierno estadounidense a las empresas para la aprobación de las visas L1, relativas a la transferencias de ejecutivos de trasnacionales.

Información en nuestro poder también confirma que el gobierno de los Estados Unidos negó a Calixto Ortega Sánchez la visa H1, relativa a empleados especializados en el mismo 2017.

Se destacó —en el referido reportaje— el testimonio de una fuente  que señaló que "ante la imposibilidad de obtener la visa H1, Ortega Sánchez solicitó a Delcy Rodríguez ejercer sus influencias para que fuera designado en el cargo de vicepresidente en CITGO, para lo cual se procedió a incluirlo en la nómina de PDVSA. Ortega Sánchez es uno de los hombres de mayor confianza de Simón Alejandro Zerpa Delgado, quien para ese entonces era el vicepresidente de Finanzas en PDVSA".

De acuerdo a la fuente "Simón Zerpa perdió poder en Citgo cuando fue sancionado por el Departamento del Tesoro. En cumplimiento a lo establecido en las sanciones de la OFAC, los empleados de CITGO —una empresa que se rige por las leyes estadounidenses— no podían recibir llamadas ni correos de Zerpa Delgado.

La fuente aseguró que "ante la insistencia de mantener el control del CITGO, Zerpa Delgado no paró de enviar comunicaciones a los ejecutivos, razón por la cual fue bloqueado permanentemente en el servidor de la filial estadounidense de PDVSA. Ante esa situación, Zerpa Delgado gestionó de manera fraudulenta todos los "requisitos legales" para que Ortega Sánchez lograra la aprobación de la visa L1 establecida para la Transferencia de Ejecutivos de Multinacionales".

Uno de los requisitos de la visa L1 es que el portador debe trabajar en una empresa y ser transferido desde la misma hacia otra sede en EE. UU. El beneficiario debe ser un ejecutivo en la empresa matriz y tener amplia y probada experiencia en el cargo que va a desempeñar en los Estados Unidos. Para cumplir con el perfil solicitado por las leyes de inmigración norteamericanas, el currículo de Calixto Ortega Sánchez fue modificado, al igual que fue creado un expediente interno en PDVSA, para que apareciera como un funcionario petrolero que había ocupado posiciones anteriores similares al que iba a ejercer en CITGO. Hasta octubre de 2017, Ortega Sánchez se había desempeñado en cargos diplomáticos en representación del país que nada tenían que ver con la empresa petrolera.

El testimonio señala que Delcy Rodríguez y Simón Zerpa lograron forjar los datos de Ortega Sánchez en el Departamento de Recursos Humanos de PDVSA para "crearle experiencia de varios años atrás en la empresa petrolera".
Leer más aquí.

Alejandro Escarrá Gil tampoco cumple con los requisitos de visado
El nombramiento de Alejandro Escarrá Gil como vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO también habría incurrido en la violación de la normativa, puesto que este abogado ingresó a la nómina de PDVSA el 14 de abril de 2014, y en junio de ese mismo año habría logrado obtener la visa L1 relativa a la transferencias de ejecutivos de trasnacionales con años de experiencia en la empresa que transfiere. 

Escarrá Gil al igual que Calixto Ortega Sánchez gozaban de un salario superior a los USD 750 mil dólares.

Se conoció que los abogados de CITGO se encuentran trabajando desde el pasado jueves 24 de mayo de 2018 para tratar de resolver los problemas de visado de los ejecutivos mencionados.
Seguiremos informando...

Juez de NY niega petición de nuevo juicio a los dos hombres culpables de blanquear más de US$100 millones a funcionarios chavistas

En este caso aparecen como beneficiarios del dinero transmitido por Miami Equipment los exfuncionarios del gobierno venezolano, Nervis Villalobos, Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño) y Enrique Rafael Cid Montes asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón, entre otros. El Consorcio KCT era el principal cliente de la empresa usada para efectuar el blanqueo.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Uno de los hombres que fueron hallados culpables por un jurado en Nueva York de haber usado una empresa de materiales de construcción en Miami para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pidió a un juez que se realizara un nuevo juicio alegando que en el realizado el octubre de 2017 la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad.  Luis Javier Díaz alegó que tiene derecho a ser absuelto, o a un nuevo juicio porque fue perjudicado por el interrogatorio incorrecto que el gobierno federal aplicó a su padre, Luis Díaz Jr.

Los abogados del acusado aseguraron que el jurado fue corrompido por una "exhibición incendiaria" que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó de elementos que implicaban a los dos acusados, Luis Javier Díaz (el hijo) y Luis Díaz Jr. (el padre) en la comisión de crímenes no relacionados con los cargos el caso.

La corte del Distrito Sur de Nueva York negó la petición y anunció que se siguen los procedimientos pertinentes para fijar nuevamente la fecha de la sentencia que estaba prevista para el 27 de abril de 2018 y que se prorrogó debido a la solicitud de mociones hechas por los equipos de defensa de los dos demandados.

La defensa alega, además, que al ser las ofensas de condena delitos de Clase C y D —violaciones de los que hallado culpable Luis Javier— lo hacen elegible legalmente para una sentencia de libertad condicional. "Luis Javier es un candidato particularmente bueno para tener éxito en libertad condicional, ya que no tiene antecedentes penales y cumplió con sus condiciones de fianza durante 17 meses, sin incidentes, lo que demuestra su voluntad y capacidad de seguir las reglas y restricciones de la Corte".

La Oficina de Libertad Condicional recomienda un rango de pautas de 151-188 meses. Luis Javier sostiene que el rango de las pautas no debería ser superior a 15-21 meses.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americanos que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Los dos hombres fueron juzgados por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50), fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

Objeciones presentadas por la defensa

En un documento presentado a la corte del Distrito Sur de Nueva York por la defensa de Luis Javier Díaz objetan los cálculos de las pautas recomendados por la Oficina de Libertad Condicional en el Informe de Presencia ("PSR"). Dicen que esta presentación también incorpora la solicitud de Luis Javier en una disminución de la pena de acuerdo lo establecido en las normas de los EE. UU. que establece que la conducta delictiva en este caso está "fuera del corazón" del lavado de dinero típico.

Entre las objetivaciones presentadas, los defensores destacan que en el informe del PSR establece un nivel de ofensa base de 30 al responsabilizar a Luis Javier por USD 100 millones como el "valor de los fondos".  Dicen los abogados que Luis Javier Díaz fue condenado por violar 18 U.S.C. §1956. PSR, ¶71 y el PSR aplica un aumento de dos niveles para el "lavado sofisticado", delito por el cual se recomienda una sentencia de entre 151 y 188 meses si el acusado tiene antecedentes penales.

La defensa alega que Luis Javier Díaz se ubica en el nivel de delito base de 30 por el "valor de los fondos" y la mejora de dos niveles por "lavado sofisticado", es por ello que piden al tribunal  un ajuste a la baja para mitigar el papel en la ofensa, de conformidad con lo establecido en la norma USSG §3B1.2.

Asimismo, los abogados objetan el valor de los fondos, señalando que el PSR recomienda que Luis Javier Díaz sea responsable de los aproximadamente USD 100 millones en transmisiones por cable que involucran al Consorcio KCT Cumaná Internacional III. Estas transacciones KCT fueron manejadas de manera independiente por su padre, Luis Díaz, Jr., razón por la cual la corte debería rechazar la recomendación del PSR y apoyar la objeción de Luis Javier Díaz.

Argumenta la defensa que Luis Javier Díaz fue absuelto de los cargos 1 y 3, expuestos en la conspiración. Por su veredicto, el jurado —necesariamente— encontró que Luis Javier no conspiró o acordó con su padre para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia o para cometer un lavado de dinero internacional.

"La única forma lógica de explicar los veredictos es que el jurado no estaba convencido de que Luis Javier participara conjuntamente con su padre en las transacciones de KCT", dice la defensa.

Señalan que las evidencias del juicio demostraron que Luis Díaz, Jr., manejó todas las transacciones que involucraban a KCT.  Aseguran que los correos electrónicos entre la empresa de los acusados y el Consorcio KCT fueron transferencias electrónicas dirigidas a Luis Díaz, Jr., quien coordinaría las transferencias electrónicas con el banco.

Aseguran los abogados que Luis Javier defendió el caso sobre la base de que no tenía nada que ver con las transacciones del Consorcio KCT. "Si el jurado hubiese encontrado más allá de toda duda razonable que las transacciones de KCT formaban parte de una "actividad delictiva conjunta" entre Luis Javier y Luis Díaz, Jr., el jurado indudablemente habría condenado a Luis Javier por la conspiración".

Entre los elementos que exponen ante el tribunal, afirman que la evidencia directa perteneciente a Luis Javier en el juicio, se refería a su participación (sin su padre) en Miami Equipment al recibir una transferencia bancaria de USD 69.975,00 el 30 de septiembre de 2013, de una cuenta bancaria a nombre de Taller e Importaciones en Venezuela. Dos días después, Luis Javier recibió un correo electrónico de un representante de Taller con instrucciones de enviar USD 67.875,75 a la cuenta de Taller en Mercantile Commerce Bank en Florida. Se preparó una factura de Miami Equipment por la diferencia, que establece lo siguiente: "recibió USD 2.099,25, tarifa de procesamiento, 3 por ciento de USD 69.975.". La transacción de Taller no estaba relacionada con KCT; de hecho, era la única transmisión por cable que involucraba directamente a Luis Javier por la cual se cobraba una tarifa. La transacción de Taller formó la base de las condenas de Luis Javier en los condes 2 y 4, los cargos sustantivos de violación de 18 U.S.C. §1960 y §1956 (a) (2) (A).

En consecuencia, Luis Javier sostiene que el valor de los fondos debería ser de USD 69.975; el aumento de 6 niveles da como resultado un nivel de ofensa base de 12, piden los abogados.

La pequeña "comisión" para las transacciones con tarjeta de crédito referenciadas por el gobierno en este caso, claramente no era una tarifa de transferencia bancaria; más bien, implicó el reembolso a Miami Equipment por la comisión deducida por la compañía de la tarjeta de crédito para procesar esas transacciones, acotaron.

Aunque Díaz Jr. y Javier Díaz llevan a cabo mociones distintas después del juicio, los argumentos se superponen y se tratan de manera coextensiva con el fin de resolver dichos movimientos.

La defensa plantea cuatro desafíos principales al veredicto del jurado:

1) En primer lugar, argumentan que el Distrito Sur de Nueva York no era el lugar apropiado para este enjuiciamiento porque Miami Equipment solo operaba el presunto negocio de transmisión de dinero sin licencia en Florida.

2) En segundo lugar, Javier Díaz sostiene que las pruebas aducidas en el juicio fueron insuficientes para respaldar una determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional.

3) En tercer lugar, los demandados sostienen que el Tribunal denegó erróneamente la solicitud de los acusados y sostienen que dicho tribunal denegó erróneamente su solicitud de una instrucción que hace referencia a la excepción del corredor de bolsa a la definición de "transmisor de dinero" en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN").

4) Finalmente, Javier Díaz afirma que fue injustamente perjudicado por el interrogatorio del gobierno a Díaz Jr.

La corte niega todas las mociones

En una orden del juez Pauley III sobre el caso firmado el 4 de mayo de 2018, el magistrado niega todas las mociones de los demandados para la absolución o un nuevo juicio.

Entre los argumentos presentados por los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr. para pedir un nuevo juicio estaba el supuesto hecho de que "las preguntas hechas por el Gobierno a Luis Díaz Jr. (padre de Luis Javier) causaron prejuicio y habrían tenido un efecto devastador en el jurado.

Sobre este aspecto, el juez señaló que cuando el acusado Díaz Jr. testificó en el estrado, dijo que Miami Equipment no era un negocio de transmisión de dinero, el gobierno introdujo registros de cuentas de Wells Fargo que enumeraban varios depósitos en efectivo en varios lugares, incluida Nueva York, por individuos a quienes Díaz Jr. profesaba no conocer. Además de plantear preguntas sobre por qué Díaz Jr. no se daba cuenta de los depósitos aleatorios de partes desconocidas en una cuenta bancaria que él controlaba. Con ello, el gobierno buscó conectar el uso de esa cuenta de Wells Fargo con las actividades de transmisión de dinero de Miami Equipment.

La defensa dijo que el gobierno tenía una base de buena fe para explorar la actividad en la cuenta de Wells Fargo. Más importante aún, en vista de otra evidencia que sugiere que los demandados habían estado operando un negocio de transmisión de dinero, la fiscalía no tenía una base para preguntarle a Diaz Jr. si se había pagado una comisión por esas transacciones de Wells Fargo, dijo Pauley.

Los demandados argumentan que las transacciones de la cuenta de Wells Fargo fueron diferentes a las transacciones por cable que Miami Equipment realizó en nombre de sus clientes. Pero la desautorización categórica de Díaz Jr. de la práctica de cobrar una tarifa, o de administrar un negocio de transmisión de dinero, abrió la puerta para que el gobierno explorara la actividad inusual que rodea una cuenta que él controlaba. El gobierno tenía derecho a explorar si estas transacciones particulares eran parte del negocio de transmisión de dinero de los demandados dijo el magistrado.

La corte también negó los desafíos de los acusados, señalando lo siguiente:

1) Nueva York es el lugar apropiado en cualquier distrito en el que se cometa un delito. Dijo que el locus de Nueva York de muchas cuentas bancarias en cuestión en este caso también establece, por una preponderancia de la evidencia, que el lugar en el Distrito Sur de Nueva York era apropiado para los cargos internacionales de lavado de dinero.

2) Las pruebas aducidas en el juicio si fueron suficientes para respaldar la determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional. El delito de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia implica "transferir fondos en nombre del público por cualquier medio" sin una licencia.

El Gobierno presentó evidencia de que los demandados, por una tarifa, autorizaron la transferencia de millones de dólares de cuentas bancarias en Florida a cuentas bancarias en Nueva York en nombre de sus clientes.

3) El juez alegó que el tribunal no denegó erróneamente la solicitud de Luis Javier de exceptuar al corredor de bolsa de la definición de “transmisor de dinero” en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN"), cuando dio las instrucciones a los miembros del jurado.

4) Javier Díaz no fue injustamente perjudicado por el interrogatorio que el gobierno hizo a su padre Díaz Jr.

Un complejo escenario enfrenta demanda de fideicomiso de PDVSA en EEUU contra 44 empresas por 10 billones de dólares

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La inusual y hasta ahora misteriosa demanda entablada en la corte del Distrito Sur de la Florida por el fideicomiso denominado Pdvsa US Litigation Trust contra 44 acusados —entre los cuales se encuentran grandes trasnacionales del petróleo como Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy y otras 15 personas— se vislumbra con un complejo panorama que sugiere un largo proceso  caracterizado por un sin número de obstáculos procedimentales, y una serie de argumentos contradictorios que hacen que la querella esté muy lejos de lograr los objetivos aspirados por el demandante [PDVSA] que es lograr una compensación por más de 10 mil millones de dólares.

La demanda civil del Fideicomiso (The U.S. PDVSA Litigation Trust) fue introducida el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pueda significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA. 

Uno de los obstáculos planteados con la querella es la oposición de los acusados a las principales argumentos de la demanda. Los demandados ya han hecho saber que tiene previsto presentar mociones para desestimar las diversas causas de la acción interpuesta por Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP. La primera es una firma de abogados que tiene en su historial una amplia representación de casos ligados al Estado venezolano y, en particular, a la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Varios de los equipos de defensa cuestionan en el hecho de que la constitución del Fideicomiso presenta lagunas que no han sido aclaradas, por lo que alegan que la creación de PDVSA US Litigation Trust no pareciera poseer real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. Este asunto ha sido explicado claramente por varios expertos del tema, entre quienes destacan los litigantes neoyorquinos, Richard J. Cooper y Boaz S. Morag, de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ambos abogados han escrito varios artículos especializados sobre esta demanda, en los cuales han hecho hincapié en la poca claridad que hay en los estatutos de limitación aplicables en la creación del fideicomiso y, si dicha figura, podría obtener la cooperación de PDVSA necesaria para responder a solicitudes de descubrimiento de este caso.

Cooper y Morag explican en un artículo titulado Actualización sobre PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al., que el caso plantea preguntas sobre si la acción legal "tendrá implicaciones para los acreedores financieros de PDVSA e, incluso, para los acreedores de la República de Venezuela, que pueden reclamar el valor económico de la demanda del Fideicomiso o cualquier recuperación, sobre la teoría de que el Fideicomiso persigue los reclamos para el único beneficio de PDVSA". 

La querella

La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

La trama se conoció en marzo del presente año 2018, cuando el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust acudió al citado tribunal para denunciar la acción de dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

En una audiencia en Miami en el mes de abril, la magistrada federal, Alicia Otazo-Reyes, concedió la moción de los acusados de anular las numerosas citaciones de un fideicomiso relacionado con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. y, también, dijo que permitiría un descubrimiento limitado sobre la cuestión de si la compañía tiene derecho a reclamar.

El principal acusado del caso, Francisco Morillo, ha movido sus piezas afincándose en el argumento que el Fideicomiso tiene graves fallas. De hecho, el acusado presentó el 26 de marzo de 2018 a la corte  una copia del "Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU." del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento. 

Según destacan estos papeles, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, muestra que el Fideicomiso nombra un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época, como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes es Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llama la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017. 

En el documento denominado Acuerdo del Fideicomiso dice que dicha figura fue creada "por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA". Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust. 

Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La demanda

Los demandantes aspiran encausar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, de supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello han presentado un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales que tienen lugar en diversas fiscalías de los Estados Unidos contra la petrolera venezolana por delitos de corrupción y lavado de dinero provenientes de la industria criminal.

La demanda civil que fue presentada específicamente el 5 de marzo de 2018 —fue enmendada— está dirigida a la procura del resarcimiento de los daños supuestamente ocasionados por los demandados al patrimonio de PDVSA.

Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspira obtener unos diez billones de dólares, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual ha levantado muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no hay claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se deja firmemente establecido que PDVSA sea el accionante.

Existen dudas acerca de quién será el beneficiario de la querella y para muchos venezolanos en el exilio resulta inaceptable que el despacho de abogados termine dándole entrada a millones de dólares a su caja registradora, pero el país, Venezuela —la esquilmada, robada y saboteada— no vea un solo centavo de esta demanda.

Ante estas dudas, el despacho de abogados, a través de Davis Boies, en una entrevista aseguró que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y dejó establecido que fue Petróleos de Venezuela, S.A. la que constituyó el mandato.

Sostuvo el abogado que el beneficiario de los 10 billones de dólares a que aspiran, más el pago triple por daños, será PDVSA Casa Matriz en Caracas.

Agregó Boies que ningún acreedor de la petrolera podrá intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso dado a que “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”[2].

Intimidación y soborno

Sostienen los abogados en la demanda que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

Refieren que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

El sello que mantenía oculta la demanda civil fue levantado por el juez federal del estado de la Florida, Darrin P. Gayles, lo que permitió conocer que la documentación que avala la averiguación revela que los acusados habrían establecido un esquema para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia. Todo ello a través del robo de información clasificada de PDVSA mediante la clonación de los servidores informáticos de la principal empresa venezolana.

La operación

Se conoció, que la operación fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Motivos de la demanda

La motivación de la demanda no parece estar lo suficientemente clara en razón, supuestamente, a que intereses distintos a la obtención de justicia pudieran estar empujando esta acción legal.

Se ha elucubrado que Wilmer Ruperti, empresario chavista que no contaba con la simpatía de Rafael Ramírez, pudiera estar intentando materializar una venganza.

Ruperti y Morillo mantuvieron una larga relación hace más de veinte años, el segundo fue un alto ejecutivo de Trafigure de Venezuela de la cual el primero era representante en esa época. Obtenía información privilegiada de PDVSA y desde esa posición logró importantes contratos en el área petrolera y energética, por los cuales obtenía generosos bonos y porcentajes de las ganancias.

Sin embargo, estos beneficios no resultaron suficientes para Morillo, quien decidió montar tienda aparte e, incluso, poner fin a la amistad que lo unía con Ruperti.

Morillo asumió el negocio para su propio beneficio y Ruperti perdió ascendencia en Petróleos de Venezuela, S.A. dada su mala relación con Rafael Ramírez, lo contrario a Morillo, quien logró acercarse otrora zar petrolero a través del cuñado de este, Baldo Sansó.

Pero cuando la mala racha tocó la puerta de Rafael Ramírez en 2017, Wilmer Ruperti habría entrado en acción y volvió a obtener contratos con PDVSA.

Francisco Morillo —establece la demanda— diseñó un supuesto esquema de corrupción en el que habrían participado varias trasnacionales que actuaron para ganar grandes dividendos en prejuicio de PDVSA, la cual debió afrontar pérdidas mil millonarias.

Así que no pocos estiman que la mano de Wilmer Ruperti se encuentra metida en este asunto y sería el motor de la demanda civil del fideicomiso de Petróleos de Venezuela, S.A. en contra de 40 demandados.

Para asegurar que se trata de una venganza de Ruperti contra Morrillo, los que así lo sostienen alegan que ambos supuestamente mantienen una verdadera guerra desde que rompieron relaciones; la existencia de una supuesta relación entre exesposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman con Ruperti; el nexo entre Ruperti y la firma de abogados Boies Schiller Flexner LLP; y la estrecha relación de Ruperti con Cilia Flores y Nicolás Maduro, que lo llevó a pagar los gastos de representación legal de los sobrinos de la pareja presidencial en el juicio en el que resultaron culpables por delitos de narcotráfico.

Sobre Vanessa Acosta Friedman hay que apuntar que la participación de esta fue fundamental en la demanda, pues ella aportó importantes elementos que revelan la trama y la naturaleza de los negocios de Francisco Morillo de quien obtuvo copia de los archivos contenidos en su computadora y los aportó a los autores de la demanda.

El informático clonador

Detrás de estos hechos estaría un personaje supuestamente responsable, de acuerdo a lo que establece la demanda, de ser el brazo ejecutor de la clonación.

Su nombre es Luis Liendo, quien se desempeñó durante dos décadas en Petróleos de Venezuela, S.A. hasta mayo del año 2015. Allí llegó a ser Administrador de Plataforma y de acuerdo al texto de la acusación presentada por el fideicomiso PDVSA Litigation Trust, fue quien llevó a cabo la clonación del servidor de la unidad de Comercio y Suministro de la empresa.

En la actualidad reside en la comunidad de MetroWest de Orlando, en el estado de Florida, donde se desempeña en la prestación de servicios de soporte en sistemas y como conductor de empresas de delivery y correo.

Luis Liendo, de 41 años, habría instalado un clon del servidor que permitiera el acceso en tiempo real a la información confidencial de la estatal petrolera[3].

En su página web, Liendo asegura que después de laborar por 18 años en PDVSA, se vio forzado a escapar de Venezuela debido a presiones por no estar de acuerdo con las políticas oficialistas. Refiere que decidió mudarse a Miami en razón de haber sido tildado de traidor por el chavismo y temía por su seguridad personal y la de su familia[4].

Sin embargo, los abogados de Boies Schiller Flexner LLP sostienen que Morillo y Baquero contrataron a Luis Liendo y lo trasladaron a Miami para que llevara a cabo la clonación del servidor de PDVSA en unas computadoras propiedad de los demandados.

Otras acciones

Aparte de la demanda de la que hemos dado cuenta en estas líneas, Petróleos de Venezuela, S.A. también presentó una acción judicial contra los ejecutivos de Helsinge Limited, Saint-Hélier cuya sede es Ginebra.

La demanda es por los mismos delitos supuestamente cometidos por los acusados, es decir, legitimación de capitales, soborno a funcionarios públicos extranjeros y los delitos de resta de datos.

La presentación legal de la estatal petrolera en la nación helvética está en manos del bufete suizo Canónica Valticos de Preux (CVP), el cual habría presentado la querella ante el tribunal el 13 de febrero de 2018.

Por esta acusación, las autoridades han emprendido el registro de las oficinas de la empresa el día 2 de marzo, así como el arresto de dos empleados, uno de ellos que trabaja desde Caracas y había viajado a Suiza para una reunión de trabajo, fue liberado luego de dos días de interrogatorios.

El otro empleado es un consultor, quien permaneció por once días tras las rejas en Champ-Dollon.

Ambos manifestaron su deseo de colaborar en la investigación.

Por cierto, fuentes ligadas a las averiguaciones del caso, informaron que supuestamente también Francisco Morillo y Leonardo Baquero han decidido colaborar con las autoridades[5].

Rechazo de la Asamblea Nacional

Ante estos hechos la Asamblea Nacional se pronunció y advirtió que el Poder Legislativo es el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”[7].

Unos sí y otros no

Por otra parte, resulta sumamente curioso el hecho de que la demanda entablada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust se establezca contra las transnacionales petroleras —Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy— así como a quince personas encabezados por Francisco Morillo y Leonardo Baquero, seguidos de otros directivos de las petroleras, pero no acuse a los funcionarios que habrían recibido los sobornos y que habrían permitido realizar las operaciones fraudulentas.

La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP está dirigida a:

Del Grupo Morillo incluye a Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan.

Mientras que las empresas demandadas son: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

Entretanto, los ejecutivos de las empresas acusados son: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paul Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez, Campo Elias Páez[7].

Seguiremos informando...

Notas

[1] Update on PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al. https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/trust-litigation-update-article-4-10-18-pdf.pdf

[2] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 11 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[3] Aporrea. “Informático que clonó servidor para fraude comercial en PDVSA es activista opositor, vive en Florida y trabaja como repartidor de encomiendas”. 12 de marzo de 2018. https://www.aporrea.org/contraloria/n322138.html

[4] Luis Liendo. It tech & amateur photographer. http://luisliendo.com/

[5] Venezuela Política. “Principales acusados en demanda civil de Pdvsa en Miami dispuestos a colaborar con justicia norteamericana”. 14 de marzo de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/03/principales-acusados-en-demanda-civil.html?platform=hootsuite

[6] Cuentas Claras Digital. “Caso Pdvsa US Litigation Trust | Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio de Pdvsa en EEUU”. 5 de abril de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/caso-pdvsa-us-litigation-trust-asamblea-rechazo-la-cesion-de-derechos-de-litigio-de-pdvsa-en-eeuu/

[7] Cuentas Claras Digital. “El extraño caso del fideicomiso de PDVSA en EEUU: La petrolera demanda a estafadores y trasnacionales pero no a los funcionarios que aceptaron sobornos”. 22 de abril de 2018. https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/04/el-extrano-caso-del-fideicomiso-de-pdvsa-en-eeuu-la-petrolera-demanda-a-estafadores-y-trasnacionales-pero-no-a-los-funcionarios-que-aceptaron-sobornos/

Demandan por daños y perjuicios a los "Bolichicos" en una corte de Nueva York

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Una nueva demanda, esta vez por daños y perjuicios, fue interpuesta en Nueva York contra los dueños de la empresa Derwick Associates Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López, todos de nacionalidad venezolana y conocidos en la prensa como los "Bolichicos". Asimismo, la querella incluye a dos norteamericanos, Glenn R. Simpson y Peter Fritsch.

La demanda fue presentada el 10 de mayo de 2018 en la Corte del Distrito Este de Nueva York de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales', conocida como "RICO".  Este tribunal tiene jurisdicción en la totalidad de los condados de Long Island y Staten Island.

El demandante es el activista de derechos humanos, Thor Halvorssen quien acusa a los contratistas venezolanos de haber  incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra  por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por los propietarios de Derwick ante las autoridades federales. 

Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton.

Según el documento legal, Halvorssen tiene una trayectoria como activista de derechos humanos y como defensor de la transparencia en el gobierno y contra la corrupción, es especial en su natal Venezuela. Debido a su posición, ha denunciado los negocios ilícitos de Derwick Associates, una empresa contratista supuestamente dedicada a la construcción de plantas de energía eléctrica. 

Dice la demanda que Derwick es propiedad de Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López y que dichos individuos tomaron represalias contra Harvorssen luego que éste denunciara que los venezolanos habían  supuestamente cometido numerosos crímenes federales junto con Derwick.

Destaca la querella que los demandados contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un  expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights  con sede en Nueva York.  Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO.

La acusación argumenta que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción general sobre Simpson y Fritsch como ciudadanos de los EE. UU. y que la conspiración demandada se inició y se llevó a cabo en el distrito este de Nueva York. Asimismo, alega que la corte también tiene jurisdicción específica sobre los venezolanos en base a que todos poseen contactos significativos con los EE. UU.
En la demanda contra la contratista eléctrica venezolana, Halvorssen asegura que posee una grabación donde Francisco D’Agostino-Casado asegura que es accionista de Derwick.

En lo que respecta a GPS Fusion, el demandante sostiene que D’Agostino contrató a esta empresa perteneciente a Glenn R. Simpson y Peter Fristch, para que desarrollaran una campaña de desprestigio en perjuicio de Thor Halvorseen en razón de que este había dado a conocer informaciones relacionadas a los hechos de corrupción supuestamente cometidos por los directivos de Derwick.
Pero la campaña de desprestigio supuestamente orquestada por Derwick y puesta en marcha por GPS Fusion, no solamente estaría dirigida afectar al presidente de Human Rights Foundation, sino también al comunicador Alek Boyd  , ampliamente conocido por sus denuncias de casos de corrupción. 

En el libelo judicial, Thor Halvorseen exige ser una indemnización de, al menos, USD 15 millones. También demanda que contra Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López se emita orden judicial dirigida a evitar que continúen violando la Ley Rico. Y es que Halvorssen considera que estar involucrado Boyd, quien está radicado en el Reino Unido, los acusados incurren en la violación de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) al estar en presencia de una confabulación entre empresas internacionales con una compañía estadounidense orquestando así un esquema criminal.

Expone Thor Halvorseen que los dirigentes políticos venezolanos, Diosdado Cabello y Henry Ramos Allup —quien es cuñado de Francisco D’Agostino— habrían sido informados por los demandados para que estos también le atacaran desde Venezuela a través de los medios de comunicación. 

La intención de los acusados habría sido evitar que Halvorseen continuara denunciando las supuestas prácticas y esquemas de corrupción en que son señalados los primeros.

Halvorseen aseguró el gobierno de Venezuela supuestamente pagó 2 mil millones de dólares los propietarios de Derwick por unas plantas eléctricas que solamente resultaron ser chatarra obtenida en varios países. Los equipos se habrían comprado entonces, no solamente con sobreprecio, sino siendo estos inservibles.

El caso de los llamados “bolichicos” involucró la suscripción de doce contratos con empresas públicas venezolanas —PDVSA, Sidor, Corpoelec— sin que la empresa contratada, Derwick, tuviera experiencia alguna en el ramo eléctrico. La milmillonaria inversión en nada contribuyó, por tanto, a mejorar la grave crisis eléctrica que padece Venezuela y cuya atención, en aquel momento,  llevó al gobierno a decretar la emergencia y, con ello, permitió la contratación por vía de adjudicación directa sin que se recurriera a procesos de licitación como exige la ley. Hallvorseen dijo que tal inexperiencia quedó en evidencia cuando Derwick recurrió a la subcontratación de la empresa ProEnergy.

Todos estos elementos son utilizados por Halvorseen en la demanda en la que señala que los sujetos objeto de su acusación se valieron de sus influencias y conexiones políticas para la obtención de los contratos para los que no estaban calificados, los cuales les permitieron hacerse de la noche a la mañana de una gran fortuna. 
Según Halvorseen, los empresarios venezolanos supuestamente estructuraron su riqueza a través de ventas con sobreprecio al estado venezolano y lograron hacerse de los referidos contratos mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno responsables de las empresas estatales.

Otras demandas contra los acusados

En 2013,  el exembajador Otto Reich acusó a tres de los empresarios demandados en esta nueva querella por Harvorssen, a saber, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D'Agostino, por haber pagado coimas a funcionarios venezolanos. A cambio, dice la demanda, obtuvieron al menos una decena de contratos en el sector eléctrico valorados en unos USD 1.000 millones. Luego de una larga batalla legal, en 2017, tanto un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Manhattan, como la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, desestimaron la demanda alegando que el tribunal carecía de jurisdicción para tomar el caso. Ver detalles aquí y en este otro enlace.

Esta nueva querella, cuenta un equipo de abogados expertos en la conocida Ley RICO. Fuentes de la corte neoyorquina informaron a esta reportera que el caso es asesorado por quien fuera el autor de la  mencionada legislación y quien actuara como asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, G. Robert Blakey.

"El Chapo" Guzmán se enfrenta a una 'tortura psicológica', según su defensor

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La defensa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán dijo que debido a las condiciones de 'tortura psicológica' en las que se encuentra su cliente, no está seguro que el narcotraficante esté en condiciones para ser juzgado en septiembre de 2018.

El abogado, Eduardo Balarezo ha denunciado  en varias oportunidades ante la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York, que el régimen de aislamiento al que está sometido su cliente en el Centro Correccional de Manhattan ha deteriorado su salud.

Balarezo denunció que Guzmán no recibe visitas de sus familiares, sólo de sus abogados y asistentes legales. 

El tribunal ha negado en varias oportunidades la solicitud de la defensa de cambiar las condiciones de encarcelamiento del narcotraficante alegando que capo tiene una amplia conducta criminal y que se ha escapado varias veces de cárceles de máxima seguridad en México.

La próxima audiencia del caso Guzmán tendrá lugar el 26 de junio de 2018, según el calendario anunciado por el juez Brian Cogan. Esta cita estaba prevista inicialmente para el 30 de mayo. 

Balarezo denunció que Guzmán está aislado en su celda por 23 horas al día y sólo tiene una hora para hacer ejercicios, y que algunas ocasiones la seguridad no le permite salir. 

La defensa sostiene que la rigurosidad de las condiciones de detención pueden ser contraproducentes para el acusado quien será sometido a una segunda evaluación sicológica en los próximos días. 

Evidencias 

El 17 de abril de 2018, los fiscales federales informaron al juez la dificultades que han tenido para obtener todas las evidencias que deben entregarse al tribunal antes del juicio del célebre narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, motivado a que muchas de las pruebas vienen del extranjero. 

Cogan fijó como fecha límite para la consignación de los documentos el 19 de mayo de 2018. La defensa pidió al tribunal limitar la cantidad de nuevas pruebas que los fiscales podrían presentar en el caso antes del juicio, diciendo que no las entregaron con la prontitud deseada.

"Según ellos, han estado investigando al Sr. Guzmán desde los años 80", dijo Balarezo, quien advirtió que era ya el tiempo de poner todo lo que tienen sobre la mesa. 

Cogan también informó que tenía previsto convocar entre 800 a 1,000 personas para seleccionar los potenciales jurados para el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El proceso durará al menos tres meses y se prevé que el mismo sea complejo y extremadamente polémico.

En relación con el jurado, el juez advirtió que el proceso de selección será cuidadoso, que se realizará en las próximas tres semanas y que los potenciales jurados llegarían a la corte a fines de julio y principios de agosto para recibir los respectivos cuestionarios. 

El juicio se iniciará en el mes de septiembre de 2018.

El juez explicó que el elevado número de personas a integrar el jurado se debe a la necesidad de seleccionar las personas idóneas para atender un caso de la magnitud del de Joaquín Guzmán Loera.