La trama de corrupción mediante la cual Diego Salazar y sus socios lavaron dinero en la BPA

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Parte del presupuesto de Petróleos de Venezuela se fue por el desaguadero que representaron un conjunto de cuentas abiertas por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez en la Banca Privada de Andorra, BPA. Un entramado de corrupción que permitió el cobro de comisiones milmillonarias a empresas extranjeras a cambio de contratos con la estatal venezolana. Un asunto que va para largo y amenaza con involucrar a muchos más de los que hasta ahora se han señalado como responsables. 

Desde sus privilegiadas posiciones e influencia política se propusieron como estrategia para hacerse de una gran fortuna el cobro de jugosas comisiones a las empresas que aspiraban contratar con Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales. El concepto por medio del cual enmascaraban estos pagos fraudulentos era el de hacerlos aparecer como servicios de asesoría. Lo siguiente era idear una trama que permitiera ingresar los millones de euros logrados a través de las coimas en un sistema financiero que les permitiera mantenerse lejos de las miradas escrutadoras de las autoridades. El Principado de Andorra en donde regía el secreto bancario resultó ser el lugar ideal para ocultar los fondos mal habidos. Lo siguiente fue escoger la entidad financiera para llevar a cabo las operaciones y la Banca Privada de Andorra resultó la entidad favorecida. La estrategia consistía en canalizar los pagos a través de una extensa red de empresas ubicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes.

Todo parecía perfecto, el lugar escogido era un sitio inimaginable para la mayoría de sus paisanos. De entre el venezolano común, muy pocos sabían de la existencia de ese país ubicado entre España y Francia que funcionaba como paraíso fiscal y era perfecto para ocultar el dinero timado al erario público del país. Para la mayoría, la mayor preocupación está centrada en vislumbrar cómo conseguir alimentos y medicinas, por lo que poco podría importarles indagar sobre aquel sitio. La jugada era maestra.

Pero contaron con que de entre los pocos que sabían de la existencia del Principado, había unos que se mantenían atentos, sobre todo desde 2010 cuando se descubrió que un excomisario de la policía científica venezolana, Norman Puerta, para mayores señas, se había valido de este punto de la geografía europea para legitimar capitales provenientes del narcotráfico. Para no todos, pues, el lugar pasaba desapercibido, sobre todo para la gente de la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y los acuciosos investigadores de la prensa española, quienes calladamente trataban en armar el rompecabezas que —eso sí— los audaces diseñadores del plan habían estructurado magistralmente para lavar el dinero producto de las coimas cobradas desde PDVSA por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez.

Todo explotó el 10 de marzo de 2015.

Ese día fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA)[1] por decisión del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) a raíz de la denuncia del Fincen que señalaba que un gerente de la BPA había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de papel que sirvieran para legitimar alrededor de unos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera venezolana. Las operaciones, en total, involucraban el manejo de 4.200 millones de dólares de Venezuela.

Una nota del ABC de España refiere que el ente regulador intervino la entidad financiera ante las denuncias del gobierno estadounidense que señalan a la BPA de “canalizar presuntamente fondos del crimen organizado”. La información agregaba que también Banco de España decidió intervenir el Banco de Madrid, propiedad de la BPA.

Del mismo modo indicó que el Departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos denunció que los directivos de BPA “habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos. El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EE. UU., el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov”, un mafioso ruso asentado en España.

Las autoridades fiscales estadounidenses informaron que altos funcionarios del gobierno venezolano, agentes panameños y un abogado de Andorra conformaban la trama de corrupción en la que también intervenía un oficial de negocios con la mafia rusa e, incluso, estaban ligados al narcotráfico mexicano a través del cártel de Sinaloa.

La directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), .Jennifer Shasky Calvery, señaló que la BPA estaba involucrada en el "lavado de dinero internacional" y mantenía  vinculaciones  con organizaciones criminales rusas al tiempo que participaba en la creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. "Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU", reza una nota de la agencia de noticias española EFE.

El despacho de prensa refiere que los ejecutivos de BPA diseñaron "servicios financieros a [la] medida" con el objetivo de que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran "enmascarar los orígenes del dinero" y por ello recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes.

Específicamente, el Fincen refirió que un gerente de BPA recibió "comisiones desorbitadas" de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de maletín que permitieran el lavado de, por lo menos, 2 mil millones de dólares de PDVSA[2].

El citado organismo norteamericano detalló que están involucrados altos funcionarios del Gobierno, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra. El gerente de BPA que trabajó para los venezolanos operaba junto a otro oficial encargado de negocios con la mafia rusa. Uno de los lavadores de dinero tenía conexiones con el mexicano cártel de Sinaloa.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del Principado de Andorra procedieron a la destitución del consejo y tres directivos de BPA, como lo recoge un reporte de Reuters que señala que un portavoz confirmó que el presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, le comunicó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la destitución del consejo. De la destitución de los tres directivos dio cuenta el Instituto Nacional de Finanzas Andorrano[3].

Las autoridades judiciales establecieron que gran parte de los sobornos se cancelaron utilizando para ello sociedades panameñas que estaban controladas por los protagonistas de este entramado de corrupción con cuentas en la Banca Privada de Andorra por las cuales habrían transitado más de 2 mil millones de euros.

El siguiente paso de las autoridades de Adorra fue el arresto de Joan Pau Miquel Prats, uno de siete miembros del consejo de administración de la BPA[4].

Entretanto, en Venezuela, el diputado Julio Montoya aseguró que lo ocurrido en el BPA había permitido que comenzaran "a aparecer los 25.000 millones de dólares de Cadivi" que el exministro de Planificación, Jorge Giordani había confesado que se otorgaron a empresas de maletín. El parlamentario agregó que el discurso con que el gobierno venezolano respondía a las acusaciones repitiendo los argumentos de la invasión de Estados Unidos eran solamente una estrategia con la que el chavismo buscaba tapar el escándalo de Andorra.

Fue así como se conocieron los nombres de los implicados: Diego Salazar, primo hermano del expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, dedicado a la venta de seguros y reaseguros; Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución.

Pero no solamente los señalados, sino también otros nombres salen a la luz, como lo refiere el Diario El Mundo de España en un Editorial en el que hace mención al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac), que indica que la “Constructora Hispánica, Cobra Instalaciones, CAF y Dimetronic habrían pagado unos 90 millones de dólares en comisiones al venezolano Carlos Luis Aguilera Borjas, a cambio de la adjudicación de obras millonarias en el Metro de Caracas. La mordida fue blanqueada en Banco Madrid, la filial de Banca Privada d'Andorra (BPA) intervenida por cooperar con organizaciones criminales en lavado de dinero. Cabe subrayar que Aguilera formaba parte de la 'guardia de corps' [guardia de honor-custodios] del presidente Chávez y fue nada menos que el jefe de los servicios de Inteligencia bolivarianos. El Sepblac ha accedido a los contratos de las empresas con Aguilera, fechados en 2008, un momento en el que, no lo olvidemos, el Gobierno español mimaba sus relaciones con el chavismo, lo que se tradujo en suculentas ventas de fragatas y material de Defensa por parte del ministerio que dirigía José Bono. De entrada, cabe exigir a la Justicia una investigación a fondo de la actuación de las citadas sociedades y aprovechar todas las vías legales para perseguir los hechos en nuestro país”[5].

El 20 de marzo de 2015 el diario El País develó el pago de comisiones multimillonarias por contratos públicos a funcionarios chavistas con cuentas en la filial de BPA en Madrid, lo cual se conoció por la publicación de más detalles del informe del Sepblac que precisó que dichos funcionarios figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despertaban sospechas por blanqueo de capitales. El reportaje destaca dos operaciones, primero, un contrato para el pago de una comisión del 5,5 por ciento de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de 1.500 millones de euros y, segundo, comisiones del 4,8 por ciento que varias empresas españolas pagaron por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de dólares.

El informe del Sepblac refiere con respecto a Nervis Villalobos, que en 2011 el exviceministro de energía venezolano cedió a una sociedad suya un contrato anterior de Terca con la empresa española Duro Felguera celebrado en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento en “la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW”. A las autoridades les llamó la atención que Villalobos estipulara que “el contenido del asesoramiento objeto de este contrato será, generalmente, de forma oral”. Agrega el reportaje sobre esto que “en el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de dólares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicación de la planta. Según la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por más de 1.500 millones de euros. Con ello, la comisión habría sido de 83 millones de euros”[6].

El informe indica que para justificar los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid Villalobos presentó dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por él y su esposa que el Sepblac no son claros.

Esta era, grosso modo, la trama del asunto.

Veamos ahora otros detalles.

Rogatoria del Tribunal de Andorra

Documentos en nuestras manos emanados de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra a cargo de la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat, que constituyen una rogatoria internacional dirigida específicamente a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, informa a este último despacho que se encuentran en las diligencias previas que apuntan a indagar la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Diego Salazar Carreño.

La jueza se encontraba en una operación rastreo para determinar si la red de Salazar utilizó el conjunto de cuentas que maneja en la BPA para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que obtuvieron contratos milmillonarios con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Las investigaciones periodísticas indican en este sentido, que los protagonistas de esta trama llevaron a cabo maniobras financieras para enviar el dinero desde el Principado de Andorra a paraísos fiscales como Suiza o Belice, para lo cual se valían de una estructura diseñada para enmascarar fondos.

Piden información al Ministerio Público venezolano acerca de si existen investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa.

El oficio del Tribunal de Andorra identificado con el número 4103434/2012 precisa que las primeras diligencias realizadas indican que estas personas están involucrados en hechos de corrupción.

También sobre Luis de León Pérez, Julia Van Den Brule, Ingrid Sánchez Rosales, Antonio Salvador Lozano, Albino Ferreras Garza, Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Mariela Matheus Baptista, Fidel Ramírez Carreño, Hugo Bolívar Farías, Hercilio Rivas Sierra, José Ignacio de Oyeta, Leonardo Díaz Paruta, Eubén Figuera Olivari, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi, Eudomario Carruyo.

La solicitud se extiende a las empresas Gasehll International INC, Petroindependencia, S.A., Patrocarabobo, S.A., Administradora Atlantic 17107, Cartera de Activos Cho La Pass 190654, C.A., Welk Holding Limited, Vamshore Enterprises LTD., Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros i Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited.

La instancia judicial de Andorra también pidió al Ministerio Público de Venezuela determinar si el origen de los fondos ingresados en el Principado, responden a actividad empresarial lícita o, por el contrario, a servicios de intermediación que se limitan a conseguir contratos o condiciones mejores con empresas estatales a cambio de comisiones o beneficios que perciben autoridades o funcionarios públicos.

Esta solicitud, refiere la representante del Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra se formula de acuerdo a los efectos del artículo 18 de la Convención de Palermo, relativo a la asistencia judicial recíproca entre los estados parte del mismo.

Antecedentes del caso

Expone el tribunal que entre los años 2006 y 2012 se efectuaron una serie de operaciones financieras, a saber transferencias, que las investigaciones señalan que están relacionadas entre sí. Agrega que el denominador común era que todas las persones físicas son de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades utilizadas para llevar a cabo las transferencias de fondos del extranjero en el Principado de Andorra o viceversa, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas.

El sistema bancario andorrano está siendo utilizado para transferir a través de sus cuentas el dinero proveniente o destinado internacionalmente, con el objetivo de hacer difusa su procedencia real. Refiere el documento que para el momento —2012— el importe de las transacciones financieras hacia              Andorra sumaba unos 1.350 millones de euros que se movilizan tanto en la moneda europea como dólares estadounidenses.

Se presume que el dinero que circula internacionalmente tiene un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del estado venezolano, por lo que parte de los fondos también procederían presuntamente de contratos sobrevalorados en materia de seguros y de empresas públicas venezolanas.

Las personas físicas y jurídicas relacionadas con las investigaciones adelantadas por el tribunal andorrano se detectan en la Banca Privada de Andorra, BPA, en cuentas cuyos titulares son Diego Salazar Carreño, Nervis Villalobos, Omas Jesús Farías Luces, Luis Mariano Rodríguez Cabello, entre otros, quienes entre ellos mantienen relaciones personales y económicas globales.

Estas relaciones pueden darse, bien a través de las personas físicas, ya sea entre les personas jurídicas, o entre las cuentas bancarias de las persones siguientes: Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.

También a través de las cuentas de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros y Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Vamshore Enterprises LTD., Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited, Javier Alvarado Ochoa.

Expolio de PDVSA

Las investigaciones que ha seguido la juez Canòlic Mingorance dan a conocer la manera en que exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y sus testaferros expoliaron el presupuesto de Petróleos de Venezuela, mediante el pago del milmillonarios sobornos que abonaron entre los años 2007 y 2012 en un entramado de 37 cuentas suscritas por empresas de maletín inscritas en Panamá en la Banca Privada d’Andorra, que sirvieron para enmascarar la cruenta puñalada que habían asestado al erario de la petrolera. De allí, el dinero se redireccionaba a paraísos fiscales como Suiza o Belice.

Ante las autoridades bancarias, Nervis Villalobos y su sequito se presentaban como asesores que cobraban por sus servicios, pero la investigación demuestra que tales asesorías nunca se produjeron y los supuestos informes presentados por los involucrados para justificarse no pasaban de una hoja y media por los cuales cobraron cantidades millonarias.

La juez Mingorance estima que estas personas llegaron a cobrar comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a compañías extranjeras que eran favorecidas con contratos de PDVSA.

A pesar de tratarse de funcionarios públicos venezolanos, la BPA no tomó las previsiones del caso y solamente se limitó a abrir las cuentas bajo sospecha, pese a que la unidad de fiscalización interna advirtió de que se trataba de clientes en condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), término como se denomina a quienes han ocupado cargos públicos y deben ser sometidas a controles especiales para evitar la legitimación de capitales.

Nervis Villalobos es el funcionario sobre el cual la juez Mingorance ha centrado su atención al ubicarlo como el líder de la red. Este se encuentra detenido en Madrid y aguarda por una decisión  judicial de extradición en virtud de que es solicitado por las autoridades de Estados Unidos.

La policía de investigación de Andorra ha establecido que Villalobos constituyó 11 sociedades instrumentales y abrió 12 cuentas en la BPA que recibieron 124,2 millones de euros.

Entretanto, Javier Alvarado, manejó cinco cuentas y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros.

Diego José Salazar fue el titular de siete cuentas y seis sociedades que movilizaron 21,2 millones de euros.

Los depósitos de Oscar Farías Luces alcanzaron los 586 millones de euros.

Todas las personas investigadas lograron sacar sus fondos de la BPA antes de que la institución resultara intervenida.

Pero las investigaciones continúan y le siguen el rastro a los fondos, así como a los movimientos de cuentas de otras personas relacionadas con los protagonistas de la trama que figuran con un carácter secundario en la averiguación pero que podrían ser claves para determinar cómo sucedieron los hechos y conocer el destino del dinero.

Lo cierto es que en todas las investigaciones el nombre de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo siempre sale a relucir pese a no tener cuentas en la BPA ni figurar entre los directamente involucrados.

Las investigaciones a la cúpula de Petróleos de Venezuela en tiempo del gobierno de Hugo Chávez se han extendido y ahora también la Audiencia Nacional de España le puso la lupa a una querella presentada por la actual dirección de la estatal contra Rafael Ramírez  y otros exdirectivos por el  delito de blanqueo de capitales, refiere una nota de El Mundo[7].

El caso, que se mantiene en secreto sumarial por la juez instructora, Carmen Lamela, indaga las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la PDVSA y transferencias de dinero —algunas provenientes de Estados Unidos— realizadas a España por los involucrados.

Mientras tanto en Venezuela, el fiscal Tarek William Saab, impuesto por la irrita Asamblea Nacional Constituyente, anunció que librará orden de captura contra Ramírez, en lo que parece, más que una lucha por la justicia, una guerra entre facciones del chavismo que, por ahora, se percibe como larga y encarnizada.

[1] ABC. “Intervenida la Banca Privada d'Andorra, investigada por EE UU”. 10 de marzo de 2015. http://www.abc.es/economia/20150310/rc-intervenida-banca-privada-andorra-201503101754.html

[2] EFE. “EEUU acusa a Banca Privada d'Andorra de lavado de dinero de Rusia y Venezuela”. 10 de marzo de 2015. https://www.efe.com/efe/usa/economia/eeuu-acusa-a-banca-privada-d-andorra-de-lavado-dinero-rusia-y-venezuela/50000106-2558038

[3] Reuters. “Autoridades andorranas destituyen a consejo y tres directivos de BPA”. 12 de marzo de 2015. https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN0M81J920150312

[4] Panorama. “Detienen a importante dirigente de entidad financiera andorrana BPA”. 14 de marzo de 2015. https://www.panorama.com.ve/mundo/-Detienen-a-importante-dirigente-de-entidad-financiera-andorrana-BPA-20150314-0007.html

[5] El Mundo. “Sobornos de empresas españolas, inadmisible sostén del chavismo”. 20 de marzo de 2015. http://www.elmundo.es/opinion/2015/03/20/550c7267ca474127708b4579.html

[6] El País. “Firmas españolas pactaron comisiones de 148 millones para cargos chavistas”. 20 de marzo de 2015. https://elpais.com/economia/2015/03/20/actualidad/1426844669_791081.html

[7] El Mundo. “La Audiencia Nacional investiga a la ex cúpula de Petróleos Venezuela por blanqueo de capitales”. 28 de enero de 2018. http://www.elmundo.es/internacional/2018/01/27/5a6b905e46163f493f8b463b.html

Sogebusa: La empresa sin experticia designada arbitrariamente para operar en Bolipuertos

Un sinnúmero de irregularidades habrían regido el proceso de designación de la empresa Sogebusa como operaria portuaria de estiba, sin contar con la experiencia necesaria ni los recursos para llevar a cabo la tarea asignada.

 Por Maibort Petit

@maibortpetit

Con la llegada del Mayor del Guardia Nacional Bolivariana, Abraham Escola, a la gerencia general de Bolivariana de Puertos S.A., los procesos operativos del puerto de Puerto Cabello —principal terminal marítimo de Venezuela— fueron cambiados de manera unilateral y discrecional por dicho oficial, en supuesta violación de la normativa establecida en la empresa estatal, trayendo esto consecuencia la afectación de las operaciones y el incremento de las mafias que allí se desempeñan. Tal empresa responde al nombre de Sogebusa C.A., inscrita en Bolipuertos en el año 2016 como agente aduanal y con muy poca operatividad durante 2017.

Las referencias obtenidas de diferentes fuentes de información nos hacen de conocimiento de que esta compañía no cumple con los requisitos mínimos exigidos en el mercado internacional para acometer las labores que se le han encomendado.

Fuentes ligadas a Bolipuertos, consultadas en calidad de anonimato, indican que el impacto financiero de tales acciones ha sido sumamente negativo para ese ente gubernamental, con la consecuente pérdida de credibilidad, confianza y transparencia de la empresa venezolana ante las líneas navieras.

Explican las fuentes que Bolipuertos cuenta desde el año 2017 con un proceso sistematizado para la solicitud de servicios portuarios (SSP), así como para la planificación administrativa relacionada con la operación de los buques, el cual se alimenta con datos suministrados por los clientes de la empresa.

Este sistema es el que da inicio a todos los procesos internos necesarios para que un buque pueda realizar las operaciones de carga y descarga en el puerto.

Ahora bien, a partir de julio de 2018, Abraham Escola presuntamente vulneró el citado proceso del SSP al implementar un rol de guardia que se rige por su criterio discrecional, lo cual genera molestias e incomodidades en las líneas navieras, además de vacíos y problemas administrativos, puesto que el militar procedió a incluir a la citada empresa, la cual no está registrada ante la administración portuaria y, supuestamente, no cuenta con la experticia necesaria para llevar a cabo tales gestiones.

Sogebusa tampoco habría presuntamente actualizado su inscripción y, sin embargo, llevaría a cabo operaciones de estiba por instrucciones del mayor Escola, sin cumplir con los procesos legales y administrativos para estar debidamente autorizado ante el administrador portuario de acuerdo ha establecido en la Ley General de Puertos.

Las labores las realizaría conjuntamente con la empresa Agencia Marítima Mundo Mar y presuntamente genera riesgos al no tener Sogebusa C.A. contrato de seguro ni ofrecer garantías suficientes en las operaciones. Al parecer tampoco cuenta con el personal calificado para realizar las funciones encomendadas, por lo que se valdría del recurso humano y maquinaria de Bolipuertos.

Por otra parte, debido a la falta de registro de Sogebusa, no existe trazabilidad en la facturación respectiva por lo que esta empresa supuestamente no ha cancelado de manera directa la Tasa de Derecho de Uso de Superficie establecido en la Ley de Tasas Portuarias, como tampoco la tarifa de uso de infraestructura establecida en el régimen tarifario vigente, manteniendo —según los informantes— una deuda de más de USD 172.000 y Bs. 6 millones.

Es necesario aclarar que desde octubre del presente año, se activó una alianza estratégica entre Bolipuertos S.A. y una empresa internacional de renombre en el mundo naviero cuyo objetivo es el desarrollo de un terminal de contenedores en el puerto de Puerto Cabello. Esta asociación convirtió a ambas partes en operadores portuarios de estiba para la atención de los buques portacontenedores que arriban a dicha terminal, por lo que la selección de los estibadores para cada buque debería realizarse en consenso, como también debían asignarse los recursos necesarios en la ejecución de la estiba.

Sin embargo, el mayor Escola impuso —como citamos líneas arriba— un roll de guardia a su discreción y estableció una tarifa a pagar a estos estibadores de USD 25, sin contar con la aprobación previa ni establecer el alcance de esta tarifa. La empresa aliada debe hacer el pago de inmediato a estos operadores, sin evaluar el flujo de caja y las afectaciones financieras y de rentabilidad para ella, ni las pérdidas que le genera a Bolipuertos S.A.

Igualmente se denuncia que Abraham Scola supuestamente desvía la carga de los contenedores a otros patios no asignados en el contexto de la alianza, generando grandes pérdidas.

Sobre Sogebusa

En Venezuela, Sogebusa C.A. posee el número de Registro de Información Fiscal, RIF, J-075770366.

Según la página web la empresa ofrece “asesoramiento y servicios para las operaciones aduaneras de importación, exportación, transito aduanero, ingreso bajo régimen in bond, AT, ATPA, así como para otras operaciones accesorias tales como re-importación reexportación entre otras”[1].

Tiene su sede en la Calle Guevara, local 17-62, planta baja, zona Casco Central de Puerto Cabello, y tiene el código postal 2050.

También, Sogebusa Service Corp es una empresa con estatus activo que fue registrada en el estado de la Florida, Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2016 bajo el número P16000092707, FEI/EIN 81-4501576.

Como su dirección se indicó el 2000 NE 135 Street, Apartamento N° 910, Miami, Fl 33181 que también figura como dirección postal.

El agente registrador fue Soraya Durán Bravo (misma dirección).

La presidencia de la compañía la ocupa Nordell José Gutiérrez Quintero, mientras que la secretaria es Soraya Durán Bravo, ambos con la misma dirección de la empresa[2].

El Registro Nacional de Contratistas refiere que Sogebusa C.A. es una empresa inhabilitada para contratar con el estado venezolano, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Contrataciones Públicas.

Su número de certificado RNC es el 1224108075770366169, donde fue inscrita el 20 de junio de 2017, venciéndose dicho registro el 30 de junio de 2018.

Esta compañía mantenía relaciones comerciales con la oficina de PDVSA en El Palito.

Los protagonistas

Nordell José Gutiérrez Quintero, titular de la cédula de identidad Número V-11.750.956, se le ubica en la parroquia Goaigoaza, del municipio Puerto Cabello, estado Carabobo[3].

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional Santa Cruz, parroquia Goaigoaza, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

Entretanto, Soraya Josefina Durán Bravo es titular de la cédula de identidad número V-8.611.843, se le ubica en la parroquia José G. Bastidas, municipio Palavecino, estado Lara[4].

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 4 de septiembre de 1997.  Su estatus actual es cesante, al haber egresado de la empresa Coma Carne C.A. (N° patronal O91044888) el 21 de octubre de 2014. Acumula 895 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 52.398,21[5].

Ejerce su derecho al voto en la Escuela Bolivariana Nacional “Doctor Juan de Dios Ponte”, de la parroquia José G. Bastidas, municipio Palavecino, estado Lara.

Fuentes informativas nos refieren que Nordell Gutiérrez tiene como socio estratégico al general de la Guardia Nacional Bolivariana, Edwuard Alexander Castellanos Jáuregui, quien fue agregado militar en la Embajada de Venezuela en China durante la permanencia de Nicolás Maduro Guerra (hijo del presidente Nicolás Maduro) en esa nación.

Castellanos Jáuregui es portado de la cédula de identidad número V-6.948.604. Se le ubica en la parroquia Catedral, municipio Libertad, Distrito Capital[6]. No está registrado como asegurado del IVSS.

Ejerce su derecho al voto en la Escuela Básica Estadal “Julio Morales Lara”, de la parroquia Madre María de San José, municipio Girardot, estado Aragua.

El 28 de julio de 2018, el general de brigada Edwuard Alexander Castellanos Jáuregui fue designado como nuevo comandante de la Zona 11 Zulia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en sustitución del general de División (GD) Juvenal Fernández López, según refiere una nota del diario Versión Final[7] que agrega que este efectivo castrense previamente ejerció como jefe de la Zona 41 Carabobo.

Por su parte, Abraham José Escola Román nació el 24 de septiembre de 1981, es titular de la cédula de identidad número V-15.824.533, se le ubica en la parroquia Madre María de San José, municipio Girardot, estado Aragua[8].

No figura como asegurado del IVSS.

Sufraga en el Colegio San Nicolás de Bari, parroquia Guarenas, municipio Plaza, estado Miranda.

Abraham Escola fue designado gerente general del puerto de Puerto Cabello, supuestamente por solicitud de Nicolás Maduro Guerra, (hijo del presidente Maduro), en razón de que habían trabajado juntos con anterioridad cuando el primero se desempeñó como ayudante del segundo durante su permanencia en China a donde fue enviado luego de, presuntamente, protagonizara varios escándalos en Venezuela.

Citas:

[1] Sogebusa. http://sogebusa.com.ve/

[2] Sunbiz. Division of Corporations. Sogebusa Service Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SOGEBUSASERVICE%20P160000927070&aggregateId=domp-p16000092707-e6eae452-4557-49a4-9331-c35fd20d8f20&searchTerm=Sogebusa%20service&listNameOrder=SOGEBUSASERVICE%20P160000927070

[3] Dateas. Gutiérrez Quintero, Nordell José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/gutierrez-quintero-nordell-jose-5450175

[4] Dateas. Durán Bravo, Soraya Josefina. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/duran-bravo-soraya-josefina-8366544

[5] IVSS. Cuenta individual. Durán Bravo, Soraya Josefina. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[6] Dateas. Castellanos Jáuregui, Edward Alexander. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/castellanos-jauregui-edward-alexander-117298

[7] Versión Final. “Guardia Nacional tiene nuevo comandante en la Zona 11 Zulia [+Tuit]”. 29 de julio de 2018. http://versionfinal.com.ve/sucesos/guardia-nacional-tiene-nuevo-comandante-en-la-zona-11-zulia-tuit/

[8] Dateas. Escola Román, Abraham José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/escola-roman-abraham-jose-2686561

Casos de corrupción ligados a PDVSA más destacados en Centroamérica

Por Maibort Petit

@maibortpetit

A continuación presentamos un resumen de los casos de corrupción ligados a Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado venezolano que han estado conectados con Centroamérica. 

1. Extraños cargamentos en aviones de PDVSA

En 2017 el Poder Legislativo de El Salvador investigó el itinerario de una aeronave propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) cuyas siglas eran YV-2040, la cual habría sido utilizada por el exviceministro de Inversión Extranjera del gobierno salvadoreño, José Luis Merino, supuestamente para transportar "ilícitos" en complicidad con el gobierno del FMLN. Los parlamentarios de la nación centroamericana pidieron a la Autoridad de Aviación Civil (A.C.C) una relación de los viajes del avión venezolano. Consideraron como altamente sospechosos los parlamentarios de ARENA el hecho de que de la nave se descargaron “varias cajas en total secretismo” que trasportaron personas con gorras de Cuba y Venezuela, quienes trasladaron los “bultos” a la Embajada de Cuba de El Salvador. Informes de prensa refieren que el avión aterrizó en tres ocasiones en el Aeropuerto Internacional “Óscar Arnulfo Romero”. Una, proveniente de San Vicente y las Granadinas el 2 de mayo, donde estuvo menos de un día para luego partir a Venezuela; dos, el 7 de agosto, con retorno a Caracas el día siguiente, teniendo como pasajeros a miembros del gobierno de El Salvador; tres, el 10 de agosto, dos días después de la reunión del ALBA en Caracas cuando después de una hora y media el jet despegó hacia el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, en Estados Unidos[1].

2. Congresistas de EE. UU. solicitaron investigar a José Luis Merino

Desde el Congreso de los Estados Unidos un grupo de parlamentarios, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, pidieron al Departamento del Tesoro investigar las actividades de José Luis Merino[2], al considerarlo como una posible amenaza para la seguridad de la nación norteamericana. Las solicitud se formuló el 19 de junio de 2017 a quien para le fecha era el titular del despacho de gobierno, a saber, Steven T. Mnuchin. A este le plantearon que los esfuerzos realizados para combatir el crimen y la violencia en Centroamérica no eran suficientes a pesar de la inversión de USD 1.4 billones. Las investigaciones federales a Merino destacan su relación con quien para entonces fungía como vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, sancionado por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional. De acuerdo a los diputados estadounidenses, la estructura financiera controlada por Merino le habría permitido legitimar cientos de millones de dólares provenientes del grupo terrorista colombiano las FARC, a funcionarios corruptos venezolanos y otros grupos criminales que procuran lavar sus capitales ilegítimos.

3. El vínculo entre Merino y El Aissami

Un informe de inteligencia elaborado en septiembre de 2017 por una firma panameña, así como una serie de investigaciones llevadas a cabo en los EE. UU. entre 2009 y 2015, refieren que José Luis Merino “está ligado a varias empresas financieras que facilitan el lavado de dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las empresas Yakima Trading Corporation, Alba Petróleo El Salvador y otras corporaciones asociadas”[3]. La primera de estas empresas fue sancionada por el Departamento del Tesoro. Las averiguaciones señalan que varios bancos centroamericanos y latinoamericanos permiten las operaciones de blanqueo los capitales de la FARC, guerrilla con la que el alto dirigente salvadoreño estaría asociado con las empresas propiedad del vicepresidente venezolano y sus socios entre las que se encuentra la referida Yakima. El informe sostiene que Merino y El Aissami utilizaron los servicios del despacho de abogados Mossack Fonseca, implicado en el escándalo de los Papeles de Panamá.

3. Investigación a Alba Petróleos

Douglas Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, pidió a la Comisión del Senado de los Estados Unidos para el Control Internacional de Narcóticos, investigar las operaciones financieras del ALBA Petróleos, así como el presunto lavado de dinero que se desarrolla en PDVSA. A juicio del experto, la petrolera venezolana es la principal estructura de lavado de dinero de las FARC, así como del gobierno de Nicolás Maduro y de grupos delictivos. Sostiene que ALBA Petróleos, filial de PDVSA en El Salvador, se erige como pieza clave de un programa multinacional de lavado de dinero instituido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA. Farah también hizo mención de Albanisa, filial de PDVSA en Nicaragua, supuestamente controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el presidente Daniel Ortega. Dijo que una serie de investigaciones periodísticas indicaron que hasta USD 4 millones fueron redirigidos para la "privatización" de los programas de desarrollo en Nicaragua, cuando en realidad, el dinero se usaba para campañas políticas y el enriquecimiento de funcionarios. Precisó que en El Salvador entre 2012 y 2016, ALBA Petróleos tuvo ganancias de USD 1.2 mil millones pero prestó más del 90 por ciento del dinero a otras compañías que sus líderes controlaban fuera del país.[4]

4. Albanisa como mecanismo de lavado de dinero de PDVSA

Altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de empresas estatales entre las que se encuentra PDVSA, supuestamente mantendrían un flujo millonario de recursos con Nicaragua a con Alba de Nicaragua S.A (Albanisa) como el mecanismo de las operaciones, lo que llevó a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, analice desde finales de 2017 la posibilidad de implementar la versión ampliada de la ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act para sancionar a dichos personeros. PDVSA fue sancionada en agosto de 2017 por el gobierno de Donald Trump, por lo que la orden ejecutiva pudiera incluir a Albanisa. Para las autoridades de EE. UU. la relación del gobierno nicaragüense con Albanisa deja ver falta de transparencia fiscal. Informes de prensa señalan el desvío de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana a canales privados ligados a los negocios de la familia presidencial nicaragüense[5]. Bancos nacionales en los que Albanisa tenía depósitos, pidieron a la empresa retirar sus fondos, los cuales se canalizaron a BanCorp manejado por operadores de los Ortega[6]. El exvicegerente general de Albanisa, Rodrigo Obregón Robles, dijo que la poca racionalidad del sistema contable de Albanisa hace suponer que pudiera estarse lavando dinero en la institución[7].

5. Los negocios de Simón Zerpa en Nicaragua

Simón Alejandro Zerpa Delgado, fue designado por el ejecutivo nacional como vicepresidente de finanzas de PDVSA el 29 de enero de 2017, fecha en la que también ocupaba  la presidencia del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). Seis meses después, el 26 de julio, el Departamento del Tesoro lo sancionó por corrupción y prohibió a los ciudadanos y empresas de la nación norteamericana negociar con él[8]. Entonces Nicolás Maduro lo removió del cargo, en razón de que las exportaciones de crudo se habían visto entorpecidas por este hecho[9]. Sin embargo Zerpa fue nombrado director externo de la petrolera[10]. Supuestamente diseñó un plan para desviar fondos públicos venezolanos junto con María Auxiliadora Díaz Gómez, con quien tenía o había tenido una relación amorosa y quien era Gerente País de la Oficina de Representación de Bandes en Nicaragua, ORBN[11]. Esta última es una institución financiera encargada de promocionar y financiar proyectos de interés social en Nicaragua con fondos del Alba y el Fondo para la Cooperación Internacional, FCI, mantenido por Venezuela en la nación centroamericana.

6. Los Flores en Panamá

Varios de los miembros de la familia de primera dama venezolana, Cilia Flores, han decidido asentarse en Panamá. Se trata del núcleo familiar de Carlos Erik Malpica Flores, quien ha ostentado cargos importantes en PDVSA y la administración pública, vicepresidente de finanzas de la primera y extesorero de la nación, en la segunda. Su nombre salió a relucir en Nueva York durante el proceso judicial por narcotráfico de sus primos Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, quien lo señalaron como posible ficha para lavar dinero del comercio de drogas en la estatal petrolera. Los portales Armando.info, El Pitazo, Poderopedia y Runrun.es refieren que Malpica Flores junto a otros miembros de su familia registraron 16 empresas en Panamá desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013. El capital inicial de cada empresa fue de USD 10 mil con nombres algunas de ellas que sugieren la conformación de un holding dedicado al transporte marítimo, casualmente uno de los ramos de Pdvsa: Seaside Services, Maritime Crews Inc., Oceanos Investors Corp, Marine Administration Panamá. Se advierte que Carlos Malpica Flores “no aparece con cargo alguno en la estructura gerencial de las empresas panameñas, lo cual parece una decisión cónsona con la voluntad de guardar las formas”[12]. El 27 de marzo de 2018 la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá sancionó a 55 funcionarios venezolanos a quienes considera de “alto riesgo” en lavado de activos, financiamiento de terrorismo y partícipe en la proliferación de armas de destrucción masiva y entre estos se encuentra Carlos Erik Malpica Flores, quien pasó a convertirse para la administración panameña, en una “Persona Expuesta Políticamente”[13].

7. Firma panameña relacionada con PDVSA en la mira de la justicia de Suiza

La empresa Helsinge con sede en Ginebra es objeto de investigación por corrupción por parte de la fiscalía de Suiza, un hecho ocurrido después de que PDVSA demandó a la compañía. Dos personas fueron detenidas[14]. Según fuentes relacionadas al caso, los ejecutivos de la empresa Helsinge Inc. fueron arrestados por sospecha de corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero[15]. La compañía existe en Panamá desde hace 14 años y mantiene también oficinas en Miami, Ginebra y la isla de Jersey, en el Canal Inglés. La firma sería el conducto mediante el cual clientes y proveedores de PDVSA “supuestamente obtuvieron información privilegiada sobre sus licitaciones de exportaciones de petróleo y compras de crudo liviano”. La estatal venezolana demandó a través de un fideicomiso constituido en Estados Unidos, a saber Pdvsa US Litigation Trust, a un conjunto de empresas intermediarias a las que acusa de participar en una millonaria trama de corrupción en dólares que involucra a funcionarios de la petrolera[16]. La demanda dice que supuestamente Helsinge Inc. logró obtener información privilegiada y términos de licitación fraudulentamente mediante sobornos otorgados a funcionarios de PDVSA.

8. Panamá como destino del dinero sucio de PDVSA

Una investigación periodística de El País de España, señala que Panamá sería el segundo destino preferido de quienes lavan dinero proveniente de la corrupción con el patrimonio de PDVSA. La nación centroamericana suele ser el lugar escogido para legitimar fondos producto de negociaciones irregulares de la petrolera venezolana y en las que altos funcionarios del gobierno y personajes importantes del chavismo estarían presuntamente involucrados. Se trata en la mayoría de las veces de comisiones obtenidas a cambio de la aprobación de millonarios contratos de la estatal. Se dice en la nota que cuando la jueza de instrucción de delitos económicos de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, Canòlic Mingorance, ordenó congelar las cuentas bancarias de la red en Andorra, Nervis Villalobos, Diego Salazar y Javier Alvarado Ochoa, entre otros involucrados, diseñaron una estrategia para seguir cobrando comisiones en otros paraísos fiscales, entre ellos Panamá. Los protagonistas de la trama esquilmaron a PDVSA 2 mil millones de euros[17] y pese a las medidas de la justicia andorrana lograron que en diciembre de 2012 empresas chinas beneficiadas con los contratos irregulares abonaran las comisiones en Panamá.

9. México como centro de operaciones de Samark López

El hombre señalado de ser el supuesto testaferro del ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela Tareck El Aissami, Samark López, decidió escoger México como centro de operaciones de buena parte de sus negociaciones. López pasó de ser un empleado de la gobernación del estado Mérida en 2003, a un empresario destacado en el área de los alimentos, petróleo y la construcción, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela. Algunas de sus empresas figuran en el Registro Nacional de Contratistas. Estas firmas —inactivas en la actualidad— son Servicios Tecnológicos Industriales C.A., Profit Corporation y Sahect C.A. Al mismo tiempo, tres empresas registradas en Florida, Estados Unidos, MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC, tuvieron relaciones con Pdval en Venezuela[18]. Desde febrero, López preside una empresa panameña cuyo principal cliente es PDVSA. El Departamento del Tesoro determinó vinculaciones de López con Alfa One, C.A. (Venezuela); Grupo Sahect, C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnologia, C.A. (Venezuela); Yakima Oil Trading, LLP (Reino Unido): Yakima Trading Corporation (Panamá). Sahect fue denunciada en los años 2009 y 2010 por vender 720.000 toneladas de alimentos descompuestos a PDVAL. El empresario ha escogido México para proveer los alimentos que a través de la empresa Postar Intertrade Limited conforman las cajas distribuidas entre la población venezolana como parte del programa del Comité Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. En Panamá son empaquetados los alimentos. Desde la Asamblea Nacional se ha acusado a Samark López de vender con sobreprecio al estado venezolano[19].

10. Investigación involucra Diosdado Cabello en lavado de dinero en Costa Rica

A mediados de 2018 se conoció que una investigación desarrollada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de supuestamente lavar dinero en Costa Rica a través de la empresa de esa nación Alunasa. Se dijo que Cabello presuntamente ordenó al ejército venezolano a designar empleados en la fábrica Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), quienes se encargarían de supervisar la operación de legitimación de capitales fraudulentos que se habrían llevado a cabo bajo la dirección del exgobernador del Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez[20]. El despacho del gobierno norteamericano explicó que la estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) se valió de barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica. Sostienen que funcionarios venezolanos usan a Venalum y a Alunasa para blanquear capitales hacia Costa Rica y Rusia. Se indica que supuestamente Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez y sus socios accedieron ilegalmente a la explotación de minas de hierro el cual habrían exportado a través de Ferrominera del Orinoco. Estados Unidos asegura que, aun cuando esta última empresa es legal, Cabello y sus asociados mantenían dirigentes dentro de la compañía encargados de facilitar la extracción ilegal del hierro y su exportación.

[1] Venezuela Política. “Supuesto jefe de finanzas de la FARC y socio salvadoreño de El Aissami transporta "bultos de contenido misterioso" en avión de Pdvsa”. 24 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/supuesto-jefe-de-finanzas-de-la-farc-y.html

[2] Venezuela Política. “Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino”. 25 de junio de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/06/congresistas-de-eeuu-piden-investigar.html

[3] Venezuela Política. “Vinculan a Tareck El Aissami con poderoso empresario salvadoreño José Luis Merino”. 24 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/vinculan-tareck-el-aissami-con-poderoso.html

[4] El Mundo. “Piden a EE.UU. investigar ALBA Petróleos y PDVSA por lavado de dinero de FARC”. 13 de septiembre de 2017. https://elmundo.sv/piden-a-ee-uu-investigar-alba-petroleos-y-pdvsa-por-lavado-de-dinero-de-farc/

[5] Confidencial. “Temen sanciones de EE.UU. a Albanisa”. 4 de noviembre de 2017. https://confidencial.com.ni/temen-sanciones-ee-uu-albanisa/

[6] Confidencial. “EE.UU. mantiene sanciones contra Pdvsa-Albanisa”. 23 de marzo de 2018. https://confidencial.com.ni/ee-uu-mantiene-sanciones-contra-pdvsa-albanisa/

[7] La Prensa. “Rodrigo Obregón Robles: ‘Albanisa es la niña de los ojos de los Ortega’”. 4 de marzo de 2018. https://www.laprensa.com.ni/2018/03/04/politica/2385935-rodrigo-obregon-robles-albanisa-es-la-nina-de-los-ojos-de-los-ortega

[8] CNN en español. “EE.UU. sanciona a 13 funcionarios venezolanos, entre ellos el defensor del pueblo y la presidenta del Poder Electoral”. 26 de julio de 2017. http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/26/ee-uu-sanciona-a-mas-de-una-docena-de-funcionarios-venezolanos/

[9] Reuters. “Maduro remueve a sancionado vicepresidente de finanzas PDVSA”. 15 de febrero de 2018. https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1FZ25G-OUSLD

[10] Poderopedia. Simón Zerpa Delgado. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Simon_Zerpa_Delgado

[11] Venezuela Política. “Desvían millones de fondo de Bandes para lavarlos en Nicaragua”. 19 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/desvian-millones-de-fondo-de-bandes.html

[12] RunRun.es. “El sobrino favorito de Cilia Flores: El hombre detrás del tesoro”. 22 de noviembre de 2015. http://runrun.es/nacional/venezuela-2/236650/el-sobrino-favorito-de-cilia-flores-el-hombre-detras-del-tesoro.html

[13] El Estímulo. “Panamá sanciona a Maduro y otros 54 chavistas por “alto riesgo” en lavado de dinero”. 29 de marzo de 2018. http://elestimulo.com/elinteres/panama-sanciona-a-55-funcionarios-venezolanos-de-riesgo-en-lavado-de-dinero/

[14] Banca y Negocios. “Suiza abre procedimiento contra firma panameña demandada por Pdvsa”. 23 de Mayo de 2018. http://www.bancaynegocios.com/suiza-abre-procedimiento-contra-firma-panamena-demandada-por-pdvsa/

[15] Tal Cual Digital. “Arrestaron en Suiza a dos ejecutivos relacionados con corrupción en Pdvsa”. 12 de marzo de 2018. http://talcualdigital.com/index.php/2018/03/12/arrestaron-en-suiza-dos-ejecutivos-relacionados-con-corrupcion-en-pdvsa/

[16] Venezuela al día. “Entretelones de la demanda que podría complicar futuro de PDVSA”. 211 de marzo de 2018. http://www.venezuelaaldia.com/2018/03/11/entretelones-demanda-que-podria-complicar-futuro-de-pdvsa/

[17] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html

[18] Poderopedia. Samark López. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Samark_Lopez 

[19] Cuentas Claras Digital. “CASA habría pagado más de $206 millones a Samark López en sobreprecio por CLAP mexicanas”. 15 de junio de 2017. https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/06/casa-habria-pagado-mas-de-206-millones-a-samark-lopez-en-sobreprecio-por-clap-mexicanas/

[20] Nación. “Hombre fuerte de Venezuela usó a Alunasa para lavar dinero en Costa Rica, dice EE. UU.”. 15 de junio de 2018. https://www.nacion.com/el-pais/politica/hombre-fuerte-de-venezuela-uso-a-alunasa-para/OMYEPWI3NZAZRNAP326R53DHMI/story/?utm_source=website&utm_medium=feature-most-read&utm_campaign=metered

Juicio del Chapo: Juez prohibe abogada de Guzmán tener sus teléfonos en el tribunal

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juez Brian Cogan prohibió a una de las abogadas de Joaquín el Chapo Guzmán, Mariel Colón Miró tener su teléfono celular en la sala y en la corte del Distrito Este de Nueva York. La orden es una respuesta a la moción presentada por la fiscalía que buscaba una sanción más ejemplarizante a la defensora que fue señalada por haberle dado su celular a la esposa del acusado Emma Coronel para facilitar supuestamente la comunicación con su marido.

En la orden del juez, dada a conocer este jueves, se señala que si bien no hay pruebas suficientes para probar la afirmación de los fiscales de que Colón facilitó el contacto entre Chapo y su esposa, la conducta de la abogada muestra "un flagrante desprecio por las reglas de la corte". 

En la moción,  los fiscales argumentaban que Colón Curiel las siguientes reglas:

(1)Violó las Medidas Administrativas Especiales ("SAM") impuestas en este caso; 

(2)violó la Regla Civil Local 1.8 (a), que prohíbe el uso no autorizado de teléfonos celulares en el juzgado; y

(3) mostró una falta de franqueza ante el Tribunal al abordar estas cuestiones. Todos los abogados defensores han respondido con una declaración jurada a la moción del Gobierno. Por los motivos que se analizan a continuación, la moción del Gobierno se concede en parte.

Los fiscales advirtieron al juez que luego de los procedimientos judiciales el 20 de noviembre de 2018, un oficial de seguridad de la corte (CSO) observó a la esposa del acusado, Emma Coronel Aispuro, usando un teléfono celular en el palacio de justicia. La CSO se acercó a la Sra. Coronel y le ordenó que no le permitieran tener un teléfono celular.

En ese momento, la fiscalía instó a la Corte a imponer diversas sanciones a Colón y luego modificó la solicitud para que el juez únicamente prohibiera que la abogada Colón tuviera los teléfonos celulares en el juzgado por el resto del juicio. 

Posteriormente, la modificación hecha por el gobierno estaba supeditada a que Colón reconociera la solicitud inminente de la fiscalía de modificar las reglas SAM  y "para prohibir que Colón se reúna o se comunique con el acusado fuera de la presencia o audiencia del abogado defensor designado".


Seguidamente, Emma Coronel respondió que su abogado le entregó el teléfono celular. La CSO luego informó a dos miembros del equipo de defensa,  Eduardo Balarezo  y William Purpura, que la CSO había observado a la Coronel en posesión de un teléfono celular. Balarezo "habló a las partes relevantes y les recordó que tal conducta no está permitida".

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos ("USMS") informó al Tribunal de este incidente y también reportó que se había observado que Colón llevaba cuatro teléfonos celulares a la sala del tribunal, los cuales estaba usando activamente durante los procedimientos del juicio. El Tribunal transmitió esta información a las partes durante una reunión con los abogados el 26 de noviembre de 2018.

Ese día el abogado defensor solicitó a la corte que Colón pudiera dirigirse directamente al juez. En su comunicación la abogada en cuestión dijo que otro miembro del equipo de defensa, Michael Lambert,  - en cuya firma de abogados está asociada la Sra. Colón, le dio a la Sra. Coronel su teléfono celular para usar Google Translate. 

Colón declaró que este hecho sucedió en la cafetería y que ella estuvo presente para ello. Posteriormente, el tribunal le preguntó a Colon: "¿No le dio un teléfono a la Sra. [Coronel]?", A lo que ella respondió: "No, no lo hice". Aseguró: "Sólo quería dejarlo claro. que no era mi celular ".

Seguidamente la fiscalía revisó las imágenes de seguridad del juzgado y encontró otro caso de uso no autorizado por parte de Coronel de un teléfono celular en el interior del tribunal, esta vez el 19 de noviembre de 2018. El video de seguridad muestra que, al mismo tiempo, Colón estaba sola con el acusado en la sala de conferencias. Por su parte, Coronel estaba sola en el tercer piso de la corte usando un teléfono celular. La grabación de seguridad también muestra que Colón y Coronel abandonaron el palacio de justicia.

EL juez argumenta que "No hubo imágenes de seguridad que corroboren la instancia del uso no autorizado de Coronel de un teléfono celular el 20 de noviembre de 2018, que es el incidente que observaron las OSC y el USMS informaron al Tribunal".

Juntos poco después, pero ninguno de ellos recuperó un teléfono celular desde el punto de registro en el vestíbulo.

Además, el 26 de noviembre de 2018, cuando se informó a Colon de que debido a un cambio temporal en la política, los abogados no podían llevar dispositivos electrónicos a la sala de conferencias, Colón en lugar de ir a la sala de conferencias sin su teléfono celular  para reunirse con el acusado. A la luz de esta conducta, el Gobierno procedió a presentar la moción instantánea.

Colón presentó dos declaraciones juradas en respuesta a la moción del Gobierno.  Una en respuesta a la moción de apertura del Gobierno y una segunda en respuesta a la respuesta de la fiscalía. En sus declaraciones juradas, cada miembro del equipo de defensa declaró que nunca ha violado las SAM, ni sabe de ningún otro miembro del equipo de defensa que haya violado las SAM.

El Tribunal dijo que no estaba de acuerdo con la conclusión del Gobierno y que la grabación de seguridad "es más coherente con una coincidencia que con un plan del abogado defensor para violar las SAM". Esto es especialmente cierto dados los promedios en que los abogados defensores no tienen servicio de teléfono celular o capacidades de internet inalámbrico en la sala de conferencias de abogados.

El juez negó que Colón haya violado las reglas SAM y anunció que no acusará a un miembro del equipo de defensa de haber violado deliberadamente dichas normas, lo que pone en peligro su participación en este caso, que están trabajando diligentemente para defender, sin más pruebas definitivas.

Asimismo, el juez comentó que había una intención del gobierno de pedir la autorización para modificar las normas SAM para prohibir que Colón se reúna sola con el acusado, fuera de la presencia del abogado defensor designado. 

Cogan se adelantó a informar que la corte no otorgará una solicitud de este tipo basada en este registro presentado y refirió que Colón en sus declaraciones juradas, explicó que se hacerlo eliminaría efectivamente su papel en el equipo de defensa. 

EL juez dice que Colón es uno de los únicos miembros del equipo de defensa que puede traducir entre inglés y español para el acusado. Ella se reúne con el acusado para revisar los materiales del § 3500 con él, así como con las pruebas, las transcripciones y las notas, mientras que otros abogados defensores se centran en la preparación del juicio. Si otro miembro del equipo de defensa debe estar presente con la Sra. Colon mientras hace este trabajo, desviaría su atención del juicio en curso, lo que podría resultar en un perjuicio innecesario para el caso del acusado.

Juicio del Chapo Guzmán: El acusado se descontrola y expresa su amor al ver a sus hijas gemelas en la corte

Por Maibort Petit

@maibortpetir

  La presencia de las hijas gemelas de Joaquín Guzmán Loera con su esposa Emma Coronel en la sala donde se realiza el juicio del supuesto ex líder del cártel de Sinaloa, mostró al jurado una faceta que aún no habían visto del acusado y es el amor que profesa a sus dos niñas de 7 años. Besos, gesto de cariño (pajaritos) y ojos llorosos fueron las mejores imágenes que dejó la sesión matutina que se celebró en corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York.

   Es la primera vez  que las niñas asisten al juicio y su presencia  fue apreciada por algunos de los presentes como un toque perfecto de la defensa para darle una pincelada de humanidad a Guzmán, quien ha sido descrito por los fiscales y testigos como uno de los criminales más peligrosos del mundo, y un hombre que ha actuado sin piedad y misericordia frente a sus enemigos y los allegados que lo han traicionado, supuestamente enviando a sus pistoleros para asesinarlos. 

          La defensa negó que la emocionalidad inyectada a la audiencia por la presencia de las hijas del acusado fuera parte de la estrategia planificada por su equipo de abogados, aunque obviamente estaban contentos con en ambiente positivo que se generó en la sala.

        Algunos miembros del jurado se veían conmovidos por la escena que tenían ante sus ojos y algunos de ellos inclusive no prestaban atención al testigo sino a los gestos y miradas de amor que el acusado expresaba a las gemelas que lucían vestían chaquetas blancas que combinan con adornos en la cabeza. Las niñas se notaban por ratos aburridas y en algún momento hasta se acostaron en a lo largo de la banca.  La prensa por su lado, que ocupa la primera fila se apartó para que Guzmán pudiera tener una visión más completa del panorama que no es usual en un juicio criminal de esta envergadura.

    Guzmán estaba tan emocionado que llegó un momento que se levantó para ver mejor a las niñas y un aguacil le llamó la atención y le pidió sentarse y seguir atento a los testigos y al juez. 

      El acusado se estrujó los ojos llorosos de la emoción y no ha dado muestras de estar concentrado en la testificación de los agentes  de la ley en su contra.

    De acuerdo a informaciones que se han venido dando a conocer por la defensa, Guzmán Loera ha podido ver a sus hijas, Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel, en las instalaciones de la cárcel en Manhattan, no así a su esposa u otros miembros inmediatos de su familia. Durante las visitas familiares los prisioneros no pueden tener contacto físico con los visitantes.

Seguiremos informando.

Testigo del gobierno explica cómo ayudó a la DEA a "cazar" a varios miembros del cártel de Joaquín Guzmán Loera

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Durante la comparecencia del testigo de la fiscalía y ex narcotraficante, Pedro Flores se conocieron las estrategias utilizadas por el entonces distribuidor de drogas de Joaquín Guzmán en las principales ciudades de Estados Unidos. Flores, quien fue condenado a 14 años de prisión tras firmar un acuerdo de colaboración del gobierno, informó que había usado unos aparatos nada sofisticados comprados en RadioShack para grabar sus conversaciones que sostuvo con el Chapo y otras cabecillas del cártel. 

Los papeles presentados por la fiscalía muestran números telefónicos que usaba Flores para evidenciar la actividad criminal de Guzmán. Entre los números citados está 312-588-2300 correspondiente a una compañía de alfombras de Chicago, llamada Empire.

En su testimonio, Flores, quien junto a su hermano  gemelo Margarito, creó un imperio de distribución de cocaína y heroína de Guzmán y su socio Ismael el Mayo Zambada en Chicago. Dijo que se fue de su ciudad natal a México en 2004 y en 2008, en Gualadajara tomó la decisión de cooperar.

Los fiscales mostraron al jurado una llamada que develaba uno de los acuerdos requería que se recogieran 18 kilogramos de heroína en un a discoteca cerca de llamada "Mannheim and Lake" que quedaba cerca del aeropuerto Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago.

El convenio con los agentes de la DEA estaban usando este envío para sorprender con las manos en la masa a la red e distribución de droga y para evidenciar la criminalidad de los jefes del cártel de Sinaloa. Flores dijo (y se escuchó en la grabación) que su mensajero iba a ser un agente encubierto del gobierno norteamericano.

Flores destacó que cuando le entregaron la heroína en el aeropuerto había dos kilos demás a lo acordado ( 18 kilos) y según la explicación del testigo el cartel solía hacerlo para probar la honestidad de sus distribuidores y advertía que había llegado droga extra y pagaba su costo. "Nunca se sabe cuándo van a ponerte a prueba y ver si eres honesto" sostuvo el testigo en su testimonio frente al jurado.

En una de las llamadas que se escucharon Flores reportó que le habían enviado dos kilos demás. Esta advertencia la hizo cuando estaba colaborando con la DEA y en la estrategia exitosa estaba justamente atraer al Chapo y lograr que lo llamara para registrar su voz en una negociación.

Flores logró que el Chapo lo llamara a un teléfono especial que tenía para comunicarse con "el Señor", hecho ocurrido 15 de noviembre de 2008. 

Flores explicó que al momento de recibir la primera llamada del Chapo estaba acompañado y tuvo dificultades de colocar el sistema que había comprado para registrar la llamada al celular. Era -comentó- una diminuta grabadora digital. Dos minutos después, regresó la llamada a Guzmán y logró registrar la conversación.

Flores y Guzmán discutieron un acuerdo y consiguió que el acusado le rebaja USD5.000 por kilo de heroína cuyo precio había sido fijado en USD 55.000,00. Flores quiso pagar $ 50,000. El Chapo aceptó el trato y Flores aceptó pagar el monto total de inmediato. Le preguntó a Guzmán si quería que le llevara el dinero a México o que lo recogieran en Chicago.

El Chapo le dió el descuento y el breve le dijo que mandaría a un mensajero a recoger el dinero. "Alguien te va a dar el número del muchacho que está en Chicago", dijo Guzmán, y le dijo a Flores que saludara a su hermano.

Contra interrogatorio de la defensa

El abogado de Guzmán, William Purpura realizó el contra interrogatorio de Flores. Desde el inicio, el defensor buscó vincular a Flores con la muerte en 2003 del jefe del Rey Latino, Rudy Rangel Jr., quien fue asesinado a tiros en una barbería ubicada en Little Village de Chicago. 

Púrpura señaló que Flores había descrito previamente a Rangel, a quien conocía en el vecindario, como un ladrón que robaría a los narcotraficantes.

Púrpura destacó que luego que Rangel fue asesinado, su esposa se casó con Margarito Flores, hermano gemelo del testigo. El abogado mostró la foto de Rangel y dijo que tenía un tatuaje de su nombre en su pecho.

El testigo negó rotundamente los señalamientos de la defensa que    preguntó si el asesino había sido contrato ordenado por él. ¿La muerte fue por la mujer o  por 200 kilogramos?" preguntó.

"No", respondió Flores.

Púrpura también buscó mostrar a Flores como un criminal que mentía y era capaz de todo para no pasar el resto de vida en la cárcel.  Mostró tres fotografías de personas en cuyos casos el testigo había colaborado. "Entregaste a todos y cada uno de ellos, ¿verdad?", Preguntó Purpura.

"Si Tenía que hacerlo, sí", dijo Flores, explicando que el gobierno había dejado en claro que podía renunciar a todos o pasar el resto de su vida en prisión.

“¿Cómo llaman a eso en la calle?”, Le preguntó Purpura.

"Soplón", respondió el testigo.

Seguidamente, Púrpura preguntó sobre los beneficios de su colaboración y el Flores respondió que ya había logrado una sentencia muy reducida, inmunidad para su esposa y un par de visas S  para su padre mexicano y un hermano que le permiten permanecer  temporal en Estados Unidos.

En el interrogatorio se develó que Flores no era muy buenos cumpliendo con las reglas de la prisión, ya que había cometido ciertas felonías como abusar del teléfono de la cárcel para llamar a su esposa después de haber agotado sus minutos mensuales, haber  pagado a unos presos para colocar un aviso de amor para su mujer y en dos oportunidades haber violado el beneficio de dos horas para ver a su esposa “la seguí al baño mientras los agentes estaban descuidados, y quedó embarazada. En realidad, fue idea de mi esposa", sostuvo Flores.

Más adelante explicó que supuestamente habían ido a limpiar los biberones en una visita de dos horas que ocurrió en una oficina donde él y su hermano gemelo estaban siendo interrogados por agentes de la DEA. " No estaba pensando con claridad", acotó mientras la audiencia y el jurado reían.

Mientras Flores prestaba su testimonio, el Chapo lo miraba fijamente, tomaba notas y conversaba con sus abogados. Probablemente no fue era lo que se esperaba, porque a pesar del verbo agresivo y el humor irresistible de su defensor, Púrpura, el jurado pareció simpatizar con Flores y con las travesuras que contó haber realizado por amor a su esposa.