jueves, 30 de noviembre de 2017

Fábrica de fusiles Kaláshnikov en Venezuela: Una empresa que levanta suspicacias en el mundo entero

Por Maibort Petit
@maibort petit

El anuncio del gobierno venezolano sobre la puesta en funcionamiento en 2018 de la una fábrica de fusiles Kaláshnikov, ha encendido las alarmas tanto al interior del país como fuera de sus fronteras, dada la suspicacia que despierta el destino del armamento que allí se produzca y los objetivos de una administración altamente cuestionada que insiste en afirmar que mantiene una política pacifista que a pocos termina de convencer.

Recientemente el vicepresidente del Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, informó que en 2018 Venezuela abrirá la primera fábrica de producción de fusiles Kaláshnikov, un anuncio que formuló luego de una reunión que sostuvo la comisión intergubernamental ruso-venezolana.

En tal sentido, catálogo este proyecto como uno de los principales que adelantados entre las dos naciones según reseñan varios medios venezolanos. De esta manera se concretaría una vieja aspiración que en su momento el fallecido expresidente, Hugo Chávez, perfiló al ampliar su política exterior en dirección al oriente mundial. De hecho, en 2006, un año antes de que muriera, el exmandatario le dispensó una visita al diseñador del citado fusil, Mijaíl Kaláshnikov.

Desde su llegada al poder, Chávez comenzó a profundizarse la relación bilateral con Rusia, la cual hasta ese entonces no había trascendido los tradicionales contactos diplomáticos entre naciones. En 1970 en el seno de la Organización de Naciones Unidas, ambos países intercambiaron comunicados en los que anunciaban el restablecimiento de dichas relaciones a nivel de las embajadas, pero el asunto no trascendió de las meras intenciones. Sin embargo era un primer paso dado luego de que en 1945 Venezuela reconociera a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, surgidas luego de la revolución bolchevique. Antes de eso había sido Francisco de Miranda quien había dado los primeros pasos en los años 1786 y 1787 cuando visitó Rusia y fue recibido con honores en la corte de Ekaterina II. Luego en 1856, el presidente para la época, José Tadeo Monagas en una carta al Emperador ruso Alejandro II, manifestó su interés por establecer relaciones amistosas con ese Imperio Ruso, una iniciativa que tuvo como respuesta que el 5 de febrero de 1857 — desde aquel lado del mundo — se reconociera a Venezuela como un país soberano e independiente.

Venía Chávez con un claro objetivo de virar las relaciones internacionales de Venezuela en un sentido que, hasta entonces, era impensable y entre sus primeras visitas como jefe de estado estuvo la que dispensó a Rusia en 2001, una ocasión que sirvió para firmar varios convenios de cooperación bilateral, así como un programa de intercambio cultural, educativo, científico y deportivo. También suscribió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una declaración conjunta en la que manifestaron su disposición a reforzar la cooperación constructiva, profundizar la confianza política y el diálogo en la solución de los problemas internacionales y regionales. El acuerdo comprendía, además, coordinar actividades en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en procura de mantener la paz y la seguridad globales.

Para fines de ese año, viajó a Venezuela el Jefe de Gobierno de la Federación de Rusia, Mijail Kasiyanov, y suscribió el acta de creación de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), de acción permanente entre Rusia y Venezuela, encargada de coordinar las consultas y la elaboración de planes integrales atinentes a la cooperación en materia política, económica, comercial, científica, cultural, académica y ambiental de ambos países. Este organismo comenzó a reunirse en 2004 y desde entonces lo hace ininterrumpidamente.

Chávez fue en dos ocasiones Rusia y, por primera vez, un presidente ruso, Dmitry Medvédev, visitó a Venezuela.

Había comenzado una nueva era en la que ambos países compartían la visión de instaurar un mundo multipolar, reformar la ONU y su Consejo de Seguridad. Venezuela se convirtió en socio y en lobista de los intereses latinoamericanos con Rusia.

Luego del golpe de estado de 2002–2003 la relación ruso- venezolana se afianzó cuando aprovechando el auge petrolero que tuvo lugar entre los años 2006 y 2010, se firmaron 21 acuerdos de cooperación en materia energética, tributaria, lucha contra el contrabando y otras formas de enriquecimiento ilícito. Entre PDVSA y Rosneft se profundizan las relaciones comerciales cuando Rusia ingresa en la Organización Mundial del Comercio.

Pero un aspecto que alcanzó especial realce en el contexto de las relaciones entre ambos países fue el relativo a la cooperación militar. De hecho, en 2008 tuvieron lugar las primeras maniobras militares entre los dos países cuando naves de la Armada Rusa llegaron a las costas venezolanas.

Por otra parte, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano comprador de armamento ruso. Un hecho que el fallecido Hugo Chávez destacó durante la presentación de la Memoria y Cuenta de la Asamblea Nacional en 2011, cuando afirmó que el país había alcanzado un gran poderío militar gracias a Rusia y a China.

Venezuela se apertrechó con una gran cantidad de aviones Su-30 y helicópteros y se crearon los centros de servicio postventa para equipos militares de Rusia.

A la muerte de Chávez, su sucesor, Nicolás Maduro, se impone una política desmedida de compra de armamento y equipos militares que los sectores críticos del país han catalogados de irregulares.

En varias oportunidades, el presidente Chávez anunció el proyecto de fabricación de fusiles Kaláshnikov Ak 101 hasta el 105, los cuales estarían adaptados a cartuchos de diversos calibres de acuerdo a los estándares de Rusia y la OTAN, pero el asunto no se concretó. Sin embargo, a través del acuerdo con Rosoboronexport e Izhmash, una de las principales fábricas de armas rusas, durante la administración del finado mandatario Venezuela recibió 100 mil rifles Kaláshnikov AK-103 a un costo de 5 mil millones de dólares. También adquirió armamento pesado por 2 mil 200 millones de dólares.

Así es el AK-47

El “Avtomat Kalashnikov”, modelo 1947, conocido simplemente como AK-47, es un fusil de asalto de fabricación soviética que debe su nombre al combatiente ruso de la II Guerra Mundial, Mijaíl Kaláshnikov.

Se constituyó esta arma, como el fusil oficial de la Unión Soviética entre los años 1951 y 1978, refiere Wikipedia, que añade que desde el año 2007 se le estima como el arma de fuego de mayor producción de la historia.

El AK-47 pesa 4.3 kilogramos, tiene una longitud de 870 milímetros, su cañón mide 415 mm, calibre de 7.62 mm. Su cadencia de tiro es de 600 disparos por minuto y tiene un cargador extraíble curvo con capacidad para 30 cartuchos.

Entre sus ventajas está el hecho de que se puede sumergir en el agua y en el barro sin que se afecte su seguridad y fiabilidad.

AK-47: La preferida de la guerrilla

Cabe destacar un dato que resulta altamente llamativo y es que el AK-47 se ha erigido como el arma favorita de los movimientos guerrilleros, terroristas, grupos insurgentes y narcotraficantes, dado que se trata de piezas de alta resistencia que, además, son fáciles de usar, reseña el portal Sipse.com en nota publicada el 24 de diciembre de 2013.

En una ocasión, Mijail Kalashnikov contó que durante la guerra de Vietnam, los soldados estadunidenses abandonaban sus fusiles M16 para tomar los AK-47 y las balas que los vietnamitas muertos dejaban.

Esta arma es conocida en México como Cuerno de Chivo, en razón de la forma curva de la parte delantera que sostiene el cargador.

“Su facilidad de uso en la selva o el desierto lo hicieron ideal para los insurgentes en países apoyados por la Unión Soviética, y Moscú no sólo lo distribuyó ampliamente sino que otorgó licencias para su fabricación a unos 30 países. El ‘Cuerno de chivo’ no es un fusil especialmente preciso, pero su resistencia y facilidad de uso son ejemplares: puede emplearse en la arena o la lluvia, mientras que armas más sofisticadas como el M16 estadunidense se atascan en esas condiciones”.

La figuración de esta arma se ha dejado sentir en eventos de ingrata recordación para la humanidad como los atentados terroristas de París en 2015.

Este hecho es corroborado también en una información del portal El Confidencia en una nota publicada el 25 de noviembre de 2015 en la que se subraya que el AK-47 es un arma de tal simplicidad que un niño puede ensamblarla sin inconvenientes y, por ello, es la que se entrega a los niños-soldados que recluta la insurgencia y los grupos guerrilleros y terroristas. “Es básicamente indestructible, el arma favorita de rebeldes, revolucionarios y asesinos, su forma característica es una declaración de intenciones y una amenaza; en sus vídeos, Osama Bin Laden siempre tenía uno en el encuadre. Vivimos en la era del AK-47, y padeceremos su existencia durante décadas, como desgraciadamente demuestran los atentados de París”.

Tal es su significación, refiere la página que su imagen aparecía en monedas de la URSS, así como en la bandera de Mozambique y se le ha entregado en versiones chapadas en oro a dictadores y narcotraficantes.

La nota destaca un parlamento del personaje Yuri Orlov interpretado por el actor Nicolás Cage en el película “El señor de la guerra” en la que este afirma: “De todas las armas del vasto arsenal soviético, nada más rentable que el Avtomat Kalashnikova modelo 1947, más conocido como AK-47 o kalashnikov. Es el fusil de asalto más popular del planeta, un arma que adoran todos los combatientes. Cuatro kilos de amalgama elegante y simple de acero forjado y madera que no se rompe, no se atasca ni se recalienta. Dispara cubierto de barro o lleno de arena. Es de manejo tan fácil que un niño puede usarlo, y lo hacen. Los soviets lo pusieron en una moneda, Mozambique lo puso en su bandera. Desde el fin de la Guerra Fría, el kalashnikov se ha convertido en la mayor exportación de Rusia, por delante del vodka, el caviar y los novelistas suicidas; lo que es seguro es que nadie hacía cola para comprar sus coches”.

Remata la información con la afirmación de que este fusil ha causado más muertes — 250 mil muertos al año — que las ocasionadas por la artillería, los ataques aéreos y los cohetes.

¿En manos de los colectivos?

Una información de “El Cooperante” de fecha 29 de noviembre de 2017 constituye una doble denuncia, al referir, por un lado, la desaparición desde hace 33 meses del dirigente de izquierda y funcionario de la Gobernación de Mérida, Alcedo Mora, de quien se desconoce su paradero luego de haber acusado graves hechos irregulares de “las mafias más corruptas del gobierno” en Petróleos de Venezuela. Y si bien las revelaciones de su hijo, Luis Mora, apuntan en primer término al expresidente de PDVSA y ahora ex-embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, igualmente señalan al entorno del vicepresidente ejecutivo de la república, Tareck El Aissami.

Sobre este último el hijo del dirigente izquierdista desaparecido dijo que cuando su padre formuló las denuncias de que a la llegada al país de varios fusiles AK-47, estos fueros recibidos por un primo de El Aissami, que para ese momento trabajaba en la Sala Situacional de la gobernación del estado Aragua, para ser distribuidas entre los grupos colectivos de esa entidad, el asunto disgustó a la alta dirigencia.

Las armas, según lo afirmado por Mora, iban a ser distribuidas entre los colectivos del estado Aragua para la época en que Tareck El Aissami era gobernador. “Cuando mi papá se enteró de eso se reunió con todo el mundo allá (en Aragua) y preguntó cómo era posible que se iban a entregar esas armas, que eso era masacrar pueblo contra pueblo”.

Luis Mora agrega que su padre, Alcedo Mora, divulgó estos hechos e, incluso, habló directamente con Tareck El Aissami, momento a partir del cual comenzaron los problemas pues comenzó a ser perseguido por una camioneta Hilux de color negro que luego descubrieron que la guardaban en la casa del papá del vicepresidente donde era custodiada por funcionarios del SEBIN. Cuando el hijo de Alcedo Mora le dio a conocer estas irregularidades a la fiscal que investigaba la desaparición de su padre, María Colombino, esta se negó a hacer las averiguaciones.

Venezuela compra más armas y levanta una ola de protestas

La información de Wilmar Castro Soteldo, sobre la construcción de la fábrica de producción de fusiles Kaláshnikov, vino acompañada por el anuncio de que el país había comprado un nuevo lote de este armamento, según reseñó El Nacional el 24 de noviembre de 2017.
“El país adquirió 100.000 nuevos fusiles AK-103 y suscribió un acuerdo con Rusia para la construcción de dos plantas para la fabricación de ese arma junto con su munición”, reza la nota.

Por el lado ruso la noticia ya había sido referida meses atrás por Anatoly Punchuk, subdirector del Servicio Federal para la Cooperación Militar y Técnica de Rusia, en reseña del portal Russian Construction citado por El Cooperante el 9 de abril de 2017.

En esa ocasión el funcionario ruso precisó que las empresas de su país “mantienen un ‘estrecho contacto’ con el Estado venezolano y se han ‘intensificado’ los esfuerzos para acelerar la construcción de estas plantas. Precisó que tanto constructoras rusas y venezolanas operan en el sitio”.

Tal noticias no fue bien recibida en el país que atraviesa una grave crisis humanitaria ante la escasez de alimentos y medicinas que han causado múltiples muertes por desnutrición en niños en los últimos meses, así como la reaparición de enfermedades endémicas que se daban por erradicadas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exgobernador del Estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, quien criticó que para el gobierno de Nicolás Maduro la prioridad ante la crisis que atraviesa el país, sea el producir fusiles. ‘’Venezuela sin alimentos y medicinas, millones de venezolanos pasando hambre y el Gobierno va a producir fusiles. Son ellos los que tienen que irse’’, se lee en información de El Nacional a la misma fecha del anuncio gubernamental.

El diputado a la Asamblea Nacional y secretario general del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, deploró esta decisión del gobierno de Maduro pues, a su juicio, refleja la irresponsabilidad del Ejecutivo que prefiere invertir en armas y no en insumos médicos y medicinas. “Régimen anuncia inauguración de fábrica Kalashnikov mientras que cardiólogos denuncian que laboratorios de hemodinamia están inoperantes a excepción del Pérez Carreño. Solo 30% pueden hacer electrocardiogramas y 85% no pueden darle ni una aspirina a pacientes infartados”, expresó Ramos en publicación del El Nacional.

Otra que manifestó su protesta fue la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, quien catalogó de “absurda e irresponsable” la decisión gubernamental de inversión en armas cuando la prioridad debería ser la atención de la crisis humanitaria que padece Venezuela, refiere El Cooperante.

“La grave crisis que enfrenta nuestro país, obliga a destinar todos los recursos a la producción de alimentos y medicinas”, afirmó Ortega.

Exsenador ruso condenado

Mientras en Venezuela poca información se tiene de los detalles de esta negociación, en Rusia el Tribunal de Distrito de Lefortovsky de Moscú sentenció en febrero a un exsenador a siete años de cárcel por malversar más de 1 mil millones de rublos — 17,4 millones de dólares — destinados a la construcción de plantas de fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela, anunció una nota de La Patilla que citaba información de agencias rusas.

La nota del 28 de febrero de 2017 refiere que el exsenador Sergey Popelnyukhov, había elaborado un plan criminal por robar dinero de los contratos en Venezuela. “De acuerdo con la Fiscalía General, Popelnyukhov malversó 1.100 millones de rublos (17,4 millones de dólares) que su empresa “Stroyinvestengineering Su-848” había recibido de Venezuela para construir plantas para la producción de fusiles de asalto Kalashnikov y municiones auxiliares. El acuerdo se hizo como parte del contrato marco con la empresa de comercio de armas Rosoboronexport”.

Al respecto, el diputado a la Asamblea Nacional, Antonio Barreto Sira, fustigó al gobierno de Nicolás Maduro por promover “una ‘alianza de la corrupción con rusos y chinos (…) Hoy Venezuela se ha convertido en el paraíso de los pillos y estafadores; el exsenador ruso SergeyPopelnyukhov, propietario de la empresa de Stroyinvestengineering Su-848, fabricante de los rifles Kalashnikov, fue señalado por la malversación de 17 millones de dólares”, dijo el parlamentario en reseña de La Patilla el 2 de marzo de 2017.

En aquel entonces, Barreto Sira manifestó que el escándalo del fabricante de Kalashnikov se sumaba a la crisis alrededor dela planta de producción de vehículos chinos en Valencia. “Por donde uno vea, observa corrupción, desfachatez e inmoralidad (…) La inmoralidad se extiende a todos los rincones dentro de Venezuela-continuó- y crea relaciones y negocios con otras naciones, es la internacionalización de la corrupción”.

Putin, el mayor líder mundial, según Maduro

Nicolás Maduro refirió el 23 de agosto de 2017 en declaraciones que recoge El Nacional el arribo al país “a tiempo” de material bélico ruso que, a su juicio, constituyen “los mejores sistemas de armas de Rusia, y ya nuestros soldados lo manejan”.

Aseguró que Venezuela cuenta con el absoluto apoyo de Rusia y anunció que el país continuaría profundizando estas relaciones con el presidente Vladimir Putin a quien no dudó de catalogar con el principal y más importante líder mundial por su promoción de la paz.

Preocupación por apertrechamiento bélico venezolano

Una carrera armamentista que no es vista con buenos ojos desde Estados Unidos, pues como reseña una información de Impacto CNA del 22 de mayo de 2017, el arsenal de misiles rusos en poder del gobierno venezolano es un asunto que causa preocupación en Washington.

La nota detalla que Venezuela posee 5 mil proyectiles de defensa aérea portátil tierra-aire Manpads SA-24, conocidos como Igla-S, de fabricación rusa, de acuerdo a documentos militares.

La información indica que “expertos en armas explicaron que desde hace tiempo se teme que los misiles puedan ser robados, vendidos o canalizados a manos equivocadas, preocupaciones exacerbadas por la actual ola de protestas contra el régimen de Maduro”.

Cita que el director de la CIA, Mike Pompeo, advirtió que los misiles de Venezuela representaban una amenaza de seguridad regional, una denuncia que se suma a la de políticos estadounidenses como el senador republicano Marco Rubio, quien acusó al gobierno de Nicolás Maduro “de colaborar con grupos terroristas, entre ellos la organización extremista libanesa Hezbollah y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Una preocupación que no puede ser tomada a la ligera por cuanto Venezuela acapara el 80 por ciento de los envíos de material bélico de Rusia a Latinoamérica, de acuerdo a un informe elaborado por Chatham House, un centro británico de análisis de asuntos internacionales, que señala que entre 2000 y 2016 los embarques rusos tuvieron como destino el país gobernado por Maduro, explica una nota Al Navío del 10 de mayo de 2017.

“Venezuela, que actualmente tiene el quinto mayor presupuesto de defensa en la región, adquirió en los últimos años una amplia gama de armas a Rusia, incluyendo vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y helicópteros. Sin embargo, para Chatham House, la arraigada posición rusa en el mercado venezolano se enfrenta a dos amenazas: la creciente competencia que supone China y el incierto futuro que se cierne sobre el presupuesto militar de la nación latinoamericana (…) Venezuela está experimentando una severa recesión que probablemente restrinja la capacidad del Gobierno para seguir gastando en adquisiciones militares”, se lee en la nota.

La misma información da cuenta de que Rosoboronexport, ya reseñada en estas líneas, afirmó en abril que en “los últimos 15 años América Latina les compró material por un valor que supera 10.000 millones de dólares (aproximadamente 9.164 millones de euros). Y aunque esto apenas suponga un 4,6% del total de sus exportaciones a nivel mundial, desde la agencia afirman que ‘están preparados para luchar por su cliente’, refiriéndose a la región. Dicen también que no se dejarán amedrentar por la competencia que suponen Estados Unidos y Europa, según recoge la publicación Russia Beyond The Headlines”.

Pero para Rusia tales preocupaciones, tanto de Washington como de otras agencias internacionales, no son asunto que les quite el sueño y califican de conjeturas los temores sobre uso indebido del armamento por parte de Venezuela, recoge una información publicada por Mundo el 2 de junio de 2017.

“Los servicios de inteligencia de EE. UU. no hacen más que suposiciones cuando dicen que existe la posibilidad de que, dada la inestabilidad política, caigan armas rusas en manos equivocadas en Venezuela, dijo el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Alexandr Schetinin”, reza la nota.

El funcionario subrayó que la cooperación entre Rusia y Venezuela, “incluido en el ámbito técnico y militar, se desarrolla en una base legal clara y transparente”.

Queda sólo esperar por la puesta en funcionamiento de la citada fábrica de fusiles AK-47 para comprobar quién tiene la razón en esta polémica, si la administración de Maduro que asegura mantener una política pacifista “pero armada” como no se cansó de repetirlo el finado Hugo Chávez, o la las voces que tanto en la región, Estados Unidos y el mundo se han levantado para advertir el destino y objetivos que una empresa de estas características puede tener en manos de un gobierno tan cuestionado como el venezolano.

FifaGate: Ante la Corte de Brooklyn un exempleado de T y C narró el modus operandi de los sobornos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La forma en que se llevó a cabo el pago de las coimas, tanto a exdirectivos del fútbol sudamericano como a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández, quedó develado con el testimonio de un exempleado de la empresa de Alejandro Burzaco, Torneos y Competencias. 

Ante la jueza Pamela Chen y los miembros del jurado en el juicio contra Juan Napout (Paraguay), Manuel Burga (Perú) y José Marín (Brasil), exdirectivos del fútbol mundial en la Corte del Distrito Este de Nueva York, le correspondió el turno a sentarse en el estrado en calidad de testigo al Eladio Rodríguez, ex empleado de Torneos y Competencias, quien dio a conocer la manera cómo se realizaban los sobornos.

Este hombre, manifestó que el pago de los sobornos era necesario "para mantener la relación fluida con la Conmebol y conseguir la voluntad de ellos para lograr la firma de contratos".

Contó acerca de la existencia de un “libro secreto” en el cual se llevaban los registros de las coimas a los distintos dirigentes del balompié suramericano, entre los cuales destacaba el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, y vicepresidente de la FIFA, el finado, Julio Grondona, cuyos pagos eran millonarios.

En dicho libro, los pagos realizados en beneficio de funcionarios públicos se identificaban como “Gobierno”. De este modo, los pagos dirigidos a los encargados del programa Fútbol para todos alcanzaron el monto de 3 millones 103 mil 592 dólares solamente entre el 1° de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014. Sin embargo, en los apartes de los registros de Torneos y Competencias no se hace distinción entre los pagos legales y los ilegales.

Precisó que los pagos, tanto a Grondona como al resto de directivos beneficiados, obedecían al interés de garantizarse la aprobación de contratos para la transmisión televisiva de los principales eventos y torneos futbolísticos más importantes. Rodríguez además refirió que las coimas también estuvieron dirigidas a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández encargados de regentar el programa Fútbol para todos.

Explicó que en el caso de las coimas canceladas a los funcionarios de Fútbol para todos, se usaban dos modalidades, durante la primera etapa TyC hacía los abonos a cambista que luego se encargaba de entregar el dinero a los beneficiarios. Ya durante los últimos años, el procedimiento se simplificó y el pago se hacía directamente a Jorge Delhon, quien era un abogado contratado por gabinete del gobierno de Cristina Fernández para encargarse del programa y quien se suicidó el 14 de noviembre después de haber sido señalado por el presidente de TyC, Alejandro Burzaco. El CEO de la empresa mediática dijo que Delhon y Pablo Paladino, coordinador de FPT, cobraron 4 millones de dólares en sobornos.

Eladio Rodríguez contó a los presentes en la Corte de Brooklyn que Julio Grondona "cobraba siempre en efectivo sobornos por derechos de TV de los partidos amistosos de la selección argentina, por los de eliminatorias para los mundiales, por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana". Agregó que hubo otros pagos para el dirigente, pero “no me acuerdo específicamente para qué eran".

Para ello se usaban casas de cambio con cuentas en el exterior en las que previamente se hacían los depósitos y luego de transcurridas 48 horas el dinero llegaba a la empresa a través de personas que Rodríguez denominó "transportadores de dinero".

“48 a 72 horas después de hacer una transferencia, se entregaba el efectivo a Torneos, y después Torneos contaba el dinero. A veces, se entregaba en el departamento de Grondona. Pero lo más típico era que el chofer de Don Julio lo buscara en las oficinas nuestras", especificó.

Igualmente aseguró que en 2013 Julio Grondona recibió pagos de sobornos que alcanzaron los 4 millones 575 mil dólares.

Y mientras Grondona prefería los pagos en dinero contante y sonante, los pagos destinados a ex-titulares de las federaciones de fútbol de Brasil, Perú y Paraguay se llevaban a cabo a través de transferencias electrónicas a sociedades offshore.

Este empleado de TyC de 71 años que comenzó a trabajar en la empresa en 1993 y fue designado por Alejandro Burzaco como el encargado de todos los asuntos relativos a los pagos de sobornos a dirigentes del fútbol y funcionarios de gobierno, firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en marzo.

Rodríguez dijo que los pagos efectuados a Grondona, Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo, Eduardo DeLuca y José Luis Meiszner se hicieron directamente desde la empresa Torneos y Competencias.

De acuerdo a lo testificado por Rodríguez, los sobornos destinados a favorecer al llamado “Grupo de los 6” conformado por el expresidente de Conmebol, Juan Ángel Napout y los representantes de las federaciones de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, fueron responsabilidad de la empresa Full Play, propiedad de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis (padre e hijo, respectivamente).

Eladio Rodríguez dijo que en este caso, las transferencias las realizaba el grupo T&T, una sociedad formada por Torneos y Competencias junto a la brasileña Traffic en las Islas Caimán. El procedimiento era que T&T pagaba a sociedades offshore de Full Play y esta realizaba los pagos a los exdirigentes de las federaciones.
En medio de su testimonio, Eladio Rodríguez dijo que T&T le vendió sus derechos a una empresa de nombre T&T Netherlands a un bajo precio y esta hizo una reventa de los derechos de la Copa Libertadores a la televisora brasileña Globo por una gran cantidad de dinero. El propósito de T&T Netherlands era vender los derechos y luego hacer pagos secretos con parte de las ganancias obtenidas.
Por otra parte, el testigo dijo que los brasileños José María Marín y Marco Polo del Nero cobraron de TyC en 2013, coimas por 3 millones de dólares relativos a los contratos de la Copa América.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

FifaGate: Luis Bedoya sufre ataque de amnesia y olvida nombre de funcionario de Nike que le ofreció soborno

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante el segundo día de testimonio ante la Corte de Brooklyn el exdirectivo de la federación colombiana de futbol evitó a toda costa comprometer a su esposa, de manera de poder garantizar que esta pueda viajar a los Estados Unidos sin verse involucrada en el juicio.


Ante la jueza de la causa, Pamela Chen, y los miembros del jurado, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, siguió ofreciendo su testimonio en la Corte del Distrito este de Nueva York pero, curiosamente, manifestó haber olvidado el nombre del funcionario de la multinacional Nike que ofreció sobornos para que la firma obtuviera el patrocinio de la selección de Colombia, así como el monto que este le habría ofrecido.
Bedoya se sentó nuevamente en el estrado de la corte de Brooklyn para seguir haciendo revelaciones en el juicio que en ese tribunal se sigue en contra de Juan Napout (Paraguay), Manuel Burga (Perú) y José Marín (Brasil), esta vez para ser contrainterrogado por los abogados de la defensa, quienes tratan, a como dé lugar, de descalificarlo al intentar demostrar que miente en sus declaraciones.
Los abogados quisieron que el exdirectivo del futbol colombiano ofreciera detalles acerca de los señalamientos contra Nike, pero Bedoya refirió no recordar nada sobre el asunto, o por lo menos los detalles más significativos, como el nombre del oferente de la coima y el monto de la misma.
Igualmente se mostró dudoso cuando las preguntas hicieron mención a su esposa. Quiso la defensa conocer si Martha Herrera estaba al tanto de que él mantenía una cuenta bancaria secreta en Suiza, algo que el exdirigente deportivo negó rotundamente.
Tal requerimiento de los abogados defensores de los acusados obedece al hecho de que los representantes legales de Bedoya solicitaron un visado especial para Herrera que le permita permanecer en Estados Unidos después de que quede en libertad por haber colaborado con la justicia norteamericana.
El exdirigente del balompié colombiano se declaró culpable en diciembre del 2015 de todas las acusaciones que se le formularon. Llegó a un acuerdo con la fiscalía de Nueva York según el cual prestaría colaboración para aclarar el caso y hacer revelaciones sobre otros implicados. Acordó entregar todo el dinero recibido a cambio de no ir a prisión.
En la actualidad, Bedoya vive en un departamento de dos habitaciones y dos baños cuyo alquiler es pagado por el Gobierno de Estados Unidos.
Mientras estuvo en Colombia, Luis Bedoya negó una y otra vez poseer cuentas en el exterior, pero cuando se declaró culpable ante la justicia estadounidense a cambio de prestar colaboración y ser eximido de pagar condena carcelaria, admitió ante la jueza Chen tener una cuenta en Suiza.
"Manuel Burga, Juan Ángel Napout y Luis Chiriboga sabían de la cuenta", dijo, pero su familia, ni su esposa.
La abogada de Juan Napout de manera incisiva, entonces le preguntó:
— ¿Entonces confiaba más e Burga, Napout, y Chiriboga que en su propia mujer?
— Por supuesto. En este tema, sí—fue la respuesta de Bedoya.
— Y si hubiera muerto, ¿habría millones de dólares en una cuenta suiza y ella no sabría nada?
A lo que el colombiano respondió:
— Correcto.
El testigo refirió que Napout se había manifestado extremadamente contento cundo se enteró de que recibirían un millón de dólares por aprobar el contrato de la empresa Full Play para trasmitir las copas suramericanas. Sin embargo, aclaró que no llegó a confirmar con los otros acusados si habían cobrado o no los sobornos.
Previo a estas declaraciones, Luis Bedoya reconoció ante la Corte del Distrito Este de Nueva York que entre los años 2007 y 2015, cuando estaba al frente de la entidad de la federación colombiana, había recibido sobornos para favorecer a las empresas acusadas, a saber, Torneo y Competencias, Full Play y Traffic.
Allanan sede de TyC
Mientras esto sucedía en la Corte de Brooklyn, en Argentina la justicia ordenó un nuevo allanamiento a la sede de la empresa de Alejandro Brzaco, Torneos y Competencias, TyC.
EL fiscal encargado de la investigación en el país austral, Gerardo Pollicita, requirió a la Policía Federal intervenir el local, una solicitud a la que el juez argentino, Daniel Rafecas, le dio el visto bueno.
Las averiguaciones están dirigidas a establecer si el gobierno de Argentina pagó 33 millones de dólares a TyC por derechos televisivos de diferentes campeonatos y partidos amistosos y si el fallecido Jorge Delhon y el excoordinador del programa gubernamental Fútbol Para Todos, Pablo Paladino, recibieron una coima de 4 millones de dólares como lo aseguró Alejandro Burzaco en la Corte de Brooklyn.
La orden del juez Rafecas a la Policía Federal fue indagar en los libros de contabilidad de Torneos y Competencias desde 2005 a 2013, así como buscar balances y otros documentos referidos a las sociedades satélites que mantenía la empresa hasta que explotó el FifaGate.

martes, 28 de noviembre de 2017

FifaGate: Ex directivo colombiano admite cobro de sobornos y hace revelaciones sobre el corrupto manejo del fútbol mundial

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El estrado de la Corte Este de Nueva York se ha convertido en un lugar en el que se dan a conocer grandes sorpresas. El último en sacarlas a la luz pública fue el colombiano, Luis Bedoya, quien confesó haber cobrado coimas durante nueve años de parte de las empresas acusadas en el juicio. Contó el santo y seña del “grupo de los seis”, conjunto de dirigentes de países que hicieron todo tipo de manejos para tomar el control de la Copa América.


Durante los días en que los testigos han rendido testimonio en el caso que se ha dado llamar el “FifaGate” y que tiene lugar en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, también conocida como la Corte de Brooklyn, se han hecho importantes revelaciones sobre el manejo corrupto imperante en los organismos regentes del futbol mundial.

La saga comenzó con las confesiones de quien se convirtió en el testigo estrella, el CEO de la empresa Torneos y Competencia, TyC, Alejandro Burzaco, quien hizo importantes revelaciones que dejaron al descubierto el entramado de irregularidades reinante en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por las siglas en francés de Fédération Internationale de Football Association​), la Concacaf y la Conmebol. En este proceso en que como acusados figuran José María Marín (Brasil), Manuel Burga (Perú) y el ex-vicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout (Paraguay), se han conocido los mecanismos por medio de los cuales estos jerarcas del balompié y otros que han optado por declararse culpables o están en fase de investigación, cobraron jugosos sobornos a las empresas interesadas en obtener contratos millonarios para la transmisión televisiva de los eventos, torneos y competencias bajo tutela de estas instituciones que dejaron, al parecer el fomento del deporte del lado, para dedicarse a actividades de tipo comercial nada ajustadas a la legalidad.

Entre los últimos en ocupar el estrado de la Corte de Brooklyn estuvo el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, quien admitió haber recibido sobornos entre los años 2007 y 2015 por parte de las empresas acusadas.

Del mismo modo, dijo que en el año 2008 se conformó el “grupo de los seis”, el cual integraban dirigentes de seis países que tenía el propósito de tomar el control de la Copa América, una acción que llevarían a cabo en connivencia con Mariano Jinkis, uno de los dueños de Full Play.

La estrategia consistía en sacar de la jugada a la empresa brasileña Traffic que controlaba los derechos de la Copa América.

Bedoya dijo que Jinkis le informó que cada presidente de confederación recibiría un millón de dólares que serían cancelados en dos cuotas de 500 mil dólares. “Era la primera vez que iba a ver un millón de dólares juntos".

Los abogados defensores del exdirigente de futbol colombiano a cambio de testificar devolver el dinero, Luis Bedoya no pagaría cárcel.

También dijo ante la jueza y el jurado que los organizadores de la candidatura de Qatar para el mundial 2022 ofrecieron pagar entre 10 y 15 millones de dólares a él, al representante de la federación ecuatoriana, Luis Chiriboga, y a otro dirigente del que no se supo el nombre, a cambio de su apoyo. A este acuerdo habrían llegado en Madrid en 2010, en momentos en que se celebraba la final de la Liga de Campeones.

Indicó que fue Mariano Jinkis quien los puso en contacto con el enviado del comité organizador de Qatar.

Agregó que después del encuentro con el catarí, Jinkis le dijo que podía pedir entre 10 y 15 millones de dólares por los votos de los presidentes de seis federaciones: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Aclaró que la oferta no se concretó y él apoyó a Estados Unidos que igualmente quería organizar el mundial de 2022.

Por otra parte, Bedoya informó que un ejecutivo de multinacional de implementos deportivos le ofreció dinero para convertirse en patrocinador oficial de la Selección Colombia. Esto tampoco se concretó y se escogió a Adidas sin que mediara soborno alguno.
Luis Bedoya dijo que por los derechos de la Copa Libertadores, los presidentes de las seis federaciones recibieron 400 mil dólares al año de Alejandro Burzaco.

Informó que los sobornos los recibía a través de una empresa de maletín en Uruguay, de una cuenta en un banco en Miami y luego en una cuenta en Suiza. En una ocasión pidió el dinero en efectivo y Jinkis le entregó 96 mil dólares en un hotel en Buenos Aires.

Beboya comentó que durante 36 años Julio Humberto Grondona manejó férreamente las finanzas del fútbol argentino, al tiempo que impuso su estilo personalista a la FIFA, donde ejerció como vicepresidente. El colombiano refirió que más que respeto lo que había en torno a la figura del argentino era miedo.

Cuando la abogada de Juan Ángel Napout, Silvia Piñera, le preguntó:

— ¿Todo el mundo quería ser amado por Grondona?
La respuesta de Bedoya no pudo ser más contundente:
— Al menos no tenerlo de enemigo.

Y es que de acuerdo a lo narrado por Luis Bedoya, Grondona hizo lo que quiso en la Conmebol. Era imposible cambiar algo sin su consentimiento. Como ejemplo refirió que cuando en 2007 quisieron cambiar el calendario de los partidos eliminatorios para el Mundial, para lo cual ya contaban con la mayoría de los votos, el presidente de la federación de Bolivia se paró para ir al baño y luego lo siguió Eduardo Deluca, quien era secretario general de la Conmebol, "cuando regresaron del baño ya no éramos mayoría, se terminó el calendario".

Salpicaduras por todos lados

En el proceso han salido salpicados gigantes de la televisión que hasta ahora eran intocables, así como figuras del deporte tenidas por ídolos que no han quedado muy bien parados con las revelaciones hechas por Burzaco. Por ejemplo, ya al final de sus maratónicas declaraciones, el expresidente de TyC dijo que esa empresa hizo “pagos extras” a Boca Juniors por su participación en la los juegos de la Copa Libertadores de América aunque, al parecer, no habría sido el único, sino que “otros” también resultaron beneficiados. "Hubo algunos clubes que recibieron una tarifa adicional de aparición porque estaban entre los equipos más relevantes para esas competiciones", manifestó. De cualquier manera, serán las autoridades judiciales las que tengan la última palabra respecto a estos pagos, pues por lo pronto no ha habido señalamientos concretos sobre la ilegalidad de los mismos.

El testimonio de Burzaco, además de revelador ha resultado dramático, toda vez que en dos ocasiones terminó ahogado en llanto, una de ellas por una supuesta amenaza de muerte proferida gestualmente por Manuel Burga, quien pasándose la mano por el cuello le habría advertido al empresario que sería degollado.

Igualmente advirtió que si bien él acordaba las coimas con los directivos de los organismos del futbol, de las transferencias, manejo de cuentas y mecanismos financieros y legales, eufemísticamente llamados por él como “vehículos”, se encargaba Eladio Rodríguez, quien era su  mano derecha en Torneos y Competencias que él presidía.

Burzaco refirió también que algunos pagos estuvieron bajo la responsabilidad de Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, declaración que acompañó de una advertencia: "Yo confiaba mucho más en Hugo Jinkis que en Mariano Jinkis, que era más mentiroso". Como comentario al margen, dijo que Julio Humberto Grondona, difunto expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y una de las figuras más influyentes y con poder de decisión, tampoco confiaba en ellos.

Bruce Udolf, abogado defensor del peruano Manuel Burga, se anotó un punto durante el interrogatorio a Burzaco cuando a la pregunta de si el testigo había pagado directamente a su defendido, bien en efectivo o a través de cheques, la respuesta fue negativa.

Burzaco, quien se declaró culpable de tres delitos federales en Estados Unidos y ahora colabora con la justicia, dijo que en dos ocasiones se reunió para cenar con Burga en 2011, en el hotel Hilton y en Puerto Madero y aprovechó para acotar que bebía mucho vino "y cada vez que tomaba demasiado vino, hablaba como no hablaba en circunstancias normales en las que era más cuidadoso. Y él me mostró gratitud y, como, vamos, estamos muy contentos con esto, tiene que continuar para siempre".

Por otra parte, esta vez en referencia a Juan Ángel Napout, dijo que este —dada la cercanía de Burzaco con Grondona— durante el mundial en Brasil le pidió que intercediera por él ante el influyente directivo argentino para garantizarle la presidencia de la Conmebol.
La ocasión en el estrado sirvió para que Burzaco manifestara su fanatismo por el equipo argentino River Plate, al que no dudó en calificar como "el mejor club del mundo" al tiempo en que catalogó al futbol como "un negocio integral con tres patas, que son la política, la económica, y el deporte en sí mismo, la competencia. Y para ser un buen hombre de negocios, uno debe cultivar relaciones en las tres áreas del negocio, en las tres patas del deporte".

En este caso la justicia de los Estados Unidos venía investigando desde 2011 hasta que reventó cual bombazo el 27 de mayo de 2015, cuando la exfiscal general, Loretta Lynch, coordinó con la autoridades de Suiza el arresto de siete altos dirigentes de la FIFA en el Hotel Baur Au Lac de Zúrich, que luego fueron extraditados a territorio estadounidense para ser procesados judicialmente. En esa ocasión se celebraban en la ciudad suiza el 65° Congreso de la FIFA y lejos de recordarse por las decisiones que en él se tomasen respecto al deporte rey, pasó a ser célebre cuando se conoció que la alta plana directiva de estos organismos había cobrado más de 150 millones de dólares en sobornos a cambio de la aprobación de contratos para la transmisión televisiva de los eventos deportivos por ellos regentados.

Todas estas actividades fraudulentas habían logrado mantenerse en secreto gracias a la vigencia de la Ley 1070 que revestía de inmunidad a la Conmebol. Se trataba de un instrumento legislativo vigente desde 1997 que frenaba a jueces y policías de ingresar a revisar la sede de la Confederación. Fue gracias a la acción del presidente paraguayo, Horacio Cartes, que en 2015 terminó esta prebenda, que se pudieron conocer los secretos del organismo cuando se derogó ese privilegio al ente del fútbol suramericano.

La venta de Full Play

Un exempleado de Hugo y Mariano Jinkis en Full Play, Santiago Peña, confirmó el pago de los sobornos. Full Play forma parte de Datisa, una empresa que monopoliza los derechos televisivos y comerciales del futbol en Occidente. Peña aseguró que esa empresa le pagó a Napout un millón de dólares por la concesión de los derechos de la Copa América 2015.

Datisa es un conglomerado conformado por Full Play, Torneos y Competencias y Traffic Sports, con sede en Estados Unidos, una empresa fundada por al experiodista brasileño, José Hawilla. Datisa se había adjudicado los derechos de televisación y comercial de las competencias más importantes coordinadas por Concacaf y Conmebol. Adquirieron todos los paquetes hasta la Copa América 2016.

Peña, quien específicamente cumplió funciones como gerente administrativo de Full Play hasta 2015, dijo que en las oficinas de la empresa se aseguraba en los pasillos que Mariano Jinkis —a la sazón hijo de Hugo Jinkis—  mantenía importantes vínculos y relaciones de negocios con prácticamente todo el mundo futbolístico. Estos rumores se confirmaron durante el juicio al conocerse que Nasser Al-Kelaifi —actual presidente de Paris Saint Germain (Francia), de Qatar Tennis Federation, de Bein Sports (Al Jazeera Sports), vicepresidente de Asian Tennis Federation. Igualmente, Al-Khelaifi preside Qatar Sports Investments (QSI), negocio financiero qatarí dedicado a comprar activos fuera del país— también formó parte de los socios de los Jinkis.

El exempleado de Full Play dijo que hasta el 27 de mayo de 2015 los Jinkis se mantenían en negociaciones para vender el 51 por ciento de las acciones de la empresa por 212 millones de dólares. Esta operación se llevaba a cabo en el más absoluto secreto bajo el nombre clave de "Operación Nueva York", en razón de que 212 es el código telefónico de la ciudad estadounidense. Las conversaciones adelantadas preveían que los qataríes adquirieran el 19 por ciento de la empresa. Los detalles de la operación sólo los conocían Peña, los Jinkis y otro ejecutivo de la empresa.

Bein Sports invirtió una buena cantidad en una campaña de marqueting para ingresar al mercado de Estados Unidos, algo que logró gracias a los partidos futbol de las principales selecciones suramericanas. Peña precisa que comenzaron firmando con Ecuador, luego la primera división del fútbol argentino cuyos derechos estaban en manos de TyC de Burzaco. La dinámica consistía en que Full Play compraba a Torneos y Competencias los derechos y luego los vendía en Estados Unidos, entre otros mercados extranjeros, a través de la intermediación de una tercera empresa, a saber, Pitch International, con sede en Londres.

Esta última empresa, Pitch, firmó en 2012 con la Confederación Brasileña de Fútbol un acuerdo para organizar y comercializar los partidos amistosos del seleccionado hasta 2022, cuando el evento tendría lugar en Qatar.

En Suiza, la fiscalía acusó a Al-Khelaifi de sobornar al exsecretario general de la FIFA, Jérome Valcke, con el objetivo de comprar los derechos de transmisión televisiva de varios mundiales.

Identificadas más de 1.700 transferencias de las empresas acusadas
Ante el jurado y la jueza de la causa, Pamela Chen, también testificó llamado por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Richard Pepitone, del Bank Of America, quien al tiempo que presentó un CD como prueba, en el que se recoge la recopilación hecha por la institución financiera en su base de datos, dio a conocer las operaciones de las empresas acusadas en este caso en su institución financiera.

Esta averiguación del banco se llevó a cabo a solicitud del gobierno estadounidense cuyo representante en el interrogatorio de Pepitone le requirió informar al jurado y a la corte el número de transferencias contenidas en el disco, a lo que banquero precisó que hay “más de 1.700”.

En específico se recogen los datos de las operaciones realizadas por Full Play, T&T (Torneos y Traffic (filial de Fox International Channel) y Datisa (conglomerado conformado por Traffic, TyC y Full Play).

También la información contiene registros de operaciones a nombre de Fútbol Para Todos, un programa gubernamental de la administración de la expresidenta Cristina Fernández, así  como de otras cuentas como “Viaje de apoyo” y el “Grupo Bayan”.

El banquero también precisó que todas las operaciones se efectuaron vía Estados Unidos, siendo que la empresa que más transferencias hizo fue Full Play, con 944 operaciones.

El origen del escándalo

Todo este embrollo tuvo su origen en una investigación de tipo tributario y su protagonista fue el vicepresidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Chuck Blazer, quien al no poder justificar su estilo de vida en comparación con sus ingresos oficiales, terminó convertido en un agente del FBI.

Blazer era propietario de dos apartamentos en la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York —uno de los apartamentos lo tenía destinado a sus gatos— por lo que al ser conminado por el FBI a justificar sus ingresos y no poder hacerlo, estos le plantearon colaborar con ellos o irse directo a la cárcel.

Blazer, quien era delegado en el Comité Ejecutivo de la FIFA por la Concacaf, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, tenía acceso a tarjetas corporativas y pasajes a los mundiales y todo tipo de eventos.

Cuando en 2013 admitió haber aceptado coimas para favorecer la concesión del Mundial 2010 a Sudáfrica se convirtió en agente secreto del FBI y logró grabar conversaciones comprometedoras que sirvieron de base a la investigación. Blazer murió ese mismo año a causa de una enfermedad.

Todos estos eventos condujeron a la bomba que significó el FifaGate, la cual al estallar en 2015 llevó a la renuncia de renuncia de Joseph Blatter de la presidencia de la FIFA, después de haber permanecido a su frente por casi veinte años. Él y otros directivos, como Michel Platini fueron suspendidos por ocho años de toda actividad referente al fútbol. Y es que el Comité de Ética de la FIFA determinó que en la concesión del Mundial 1998, cuando Platini era consejero de Blatter había indicios de pago de sobornos.

La batuta de las investigaciones las asume Estados Unidos en virtud de que los pagos irregulares se llevaron a cabo en su territorio y se había usado el sistema financiero y bancario del país.

Exigen explicaciones a Burzaco

Pero mientras Alejandro Bruzaco dejaba al descubierto en Nueva York los pormenores del FifaGate, en Argentina la Oficina Anticorrupción le exigió al secretario de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Eugenio Burzaco, hermano del primero, aclarar su participación en una cuenta en el Merrill Lynch.

La referida cuenta pertenece a su hermano, Alejandro, y en ella la fiscalía estadounidense determinó que este recibió en 2008 un giro por 4,2 millones de dólares, aunque el expresidente de TyC aseguró que sólo tiene 1,5 millones de dólares y su hermano aparece "porque en caso de que yo muera es necesario que alguien se haga responsable por esos fondos".

Pero el despacho anticorrupción quiere aclarar el rol de Eugenio Burzaco, toda vez que la cuenta no figura en la declaración jurada del funcionario, algo que no será irregular si se establece que sólo tenía el papel de albacea.

También en Argentina, la justicia solicitó a los Estados Unidos la información que se maneje en torno a los exintegrantes del gabinete de gobierno de Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto, y su participación o no en el pago de sobreprecios por los derechos de comercialización de los mundiales 2014 y 2015, de los Sub 20 y partidos de la Copa América, en los que la administración del país austral desembolsó 33 millones de dólares mediante el programa gubernamental “Fútbol para Todos”.

La fiscalía argentina solicitó a sus homólogos en Brooklyn una copia certificada de la transcripción de la declaración que prestó Alejandro Burzzaco y en la que aseguró que cancelaron coimas a los exdirectivos de la Asociación del Fútbol Argentino.

También pidieron a Paraguay copia de los contratos suscritos por la Conmebol para comercializar los derechos de difusión de la Copa América de 2011 y 2015, así como de la Copa América Centenario.
Sin embargo, el juez federal argentino, Daniel Rafecas, descartó por los momentos interrogar a los exfuncionarios kirchneristas, aunque manifestó "tener presente" la petición de la fiscalía respecto a Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino.

"Resulta necesario efectuar un análisis pormenorizado de la imputación formulada y su sustento probatorio a fin evaluar la concurrencia actual en autos del estado de sospecha, así como la pertinencia de las medidas cautelares requeridas", dijo el juez Rafecas.

viernes, 24 de noviembre de 2017

Crystallex llega a acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre la deuda de $ 1.2 mil millones de dólares

La cruenta batalla legal y por todos los flancos, sostenida entre la empresa canadiense que en 2002 había obtenido los derechos de explotación de la mina “Las Cristinas” y el estado venezolano, parece haber llegado a su fin en virtud de que las partes habrían llegado a un acuerdo de conciliación cuyos términos son un absoluto secreto. Parte de lo convenido es que con la suscripción del trato, Crystallex debe desistir de todas las acciones legales que ha emprendido contra el gobierno venezolano para la recuperación de sus activos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Bajo términos que nadie conoce, pues permanecen en el más estricto secreto sembrando más dudas que las que despejan, la firma canadiense Crystallex International y el gobierno de Venezuela llegaron a un acuerdo para resolver una disputa de $ 1.2 mil millones generados por la nacionalización de los activos de la empresa en Venezuela.

El juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto Glenn Hainey aprobó el acuerdo el viernes después de que fuera anunciado dos días antes a través de representaciones en Canadá. Las partes del acuerdo permanecen selladas, incluido el monto a pagar.

Crystallex que reclamaba el pago de 1 mil 400 millones de dólares por concepto de la expropiación a su filial minera en Venezuela por la explotación de la mina “Las Cristinas” en oriental Estado Bolívar, luego de que una corte de los Estados Unidos confirmara el fallo de un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) que estableció que el gobierno venezolano debía indemnizar a la empresa por el despojo sufrido en 2008.

El consorcio había obtenido en 2002 los permisos para explotar la mina de oro “Las Cristinas”, un yacimiento con reservas de oro por el orden de los 464 millones de toneladas, estimado como uno de los depósitos más grandes del mundo. Sin embargo la medida adoptada por el gobierno de Hugo Chávez significó el inicio de una pugna que se ha mantenido hasta la fecha. Cabe destacar que luego de haberle retirado los derechos de explotación a la empresa canadiense, Venezuela anunció en 2012 un acuerdo con la estatal china Citic Group.

El misterioso acuerdo

Al trato habrían llegado las partes el pasado 15 de noviembre, cuando Crystallex —por intermedio de Counsel—  y el gobierno venezolano establecieron los términos del acuerdo de conciliación que ahora sus abogados presentan ante un tribunal Superior de Ontario para su aprobación.

Fueron meses de conversaciones y negociaciones que concluyeron cuando el 20 de noviembre, el director de Crystallex, Harry Near, recibió la versión oficial firmada y sellada del Acuerdo.

Near manifestó su beneplácito pues "la cantidad de recuperación que Crystallex alcanzará en virtud del acuerdo de conciliación es extraordinaria en comparación con el monto de la compensación, y entiendo que este puede ser el acuerdo más grande que Venezuela haya acordado en relación con un laudo arbitral".

Lo que se ha podido conocer es que el gobierno de Venezuela pagará a Crystallex una cantidad específica de la compensación más intereses, los cuales serán cancelados en cuotas, la inicial, seguida de unas mensuales, para luego pagar unas cuotas anuales hasta que se haya cubierto totalmente el monto de liquidación.

No se pudo conocer cuándo sería la fecha exacta de la primera cuota a cancelar, sólo que esto procederá únicamente cuando se hayan cumplido algunas condiciones del acuerdo, tras lo cual Crystallex deberá suspender todas las acciones y procedimientos legales que haya iniciado para hacer cumplir el Laudo, comprometiéndose a no tomar nuevas acciones relativas al mismo.

Eso sí, para que esto se cumpla de esta manera, el gobierno venezolano deberá cumplir al pie de la letra sus obligaciones de pago tal como quedaron establecidas en el acuerdo de conciliación, pues de no hacerlo Crystallex recuperaría sus derechos y podría reiniciar todas las acciones legales suspendidas por el referido  acuerdo, así como a comenzar nuevos procedimientos tendentes a lograr el cumplimiento, advirtió Near.

Más allá de estas generalidades ha sido imposible conocer más detalles sobre el acuerdo de conciliación, toda vez que el mismo contiene un conjunto de normas de confidencialidad que deben cumplirse estrictamente e impiden la divulgación de los pormenores de las negociaciones que condujeron al acuerdo y a los términos del mismo.

Venezuela ha tratado de blindarse con todas estas normas de confidencialidad, puesto que aún enfrenta reclamos por cientos de miles de dólares en acreencias.

El secreto ha quedado refrendado con el sello y conformidad de un tribunal que ha emitido una orden de mantener en la reserva las singularidades relativas a la liquidación, las cuales no podrán hacerse públicas por ningún concepto.

Del Acuerdo de liquidación sólo es conocido por las partes interesadas, sus representantes legales y se ha dado a conocer a los titulares de los bonos de la Sociedad y a los accionistas, de conformidad con los términos de los acuerdos de confidencialidad establecidos.

La política agresiva de Crystallex

Crystallex ha mantenido una agresiva política y estrategia contra Venezuela en reclamo de sus acreencias. Sus abogados demandaron en agosto a Venezuela. Petróleos de Venezuela y a Citgo.

La empresa canadiense demandó a PDVSA en una corte de Estados Unidos donde exigió que la estatal petrolera venezolana le cancelara la promesa de colocar las acciones de la filial Citgo como colateral de la emisión de bonos 2020.

Cristalex International venía de ganar el juicio arbitral que la hizo adjudicataria de 1,4 millardos de dólares y acudió a una corte distrital en el estado de Delaware, ante la cual argumentó que la promesa de PDVSA de ofrecer 50,1 por ciento de la acciones de Citgo como garantía del nuevo bono era una transferencia fraudulenta.

Crystallex había decidido ampliar sus acciones contra Venezuela al introducir una demanda colectiva contra Petróleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, acusando que la estatal petrolera venezolana llevaba a cabo un conjunto de transacciones fraudulentas  y movimientos accionarios de Citgo para, de esta manera, evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense como consecuencia de la nacionalización de los activos de la compañía en Venezuela.

En la demanda, Crystallex alega que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advertía que sus acciones legales continuarían en los Estados Unidos hasta que  lograra cobrar las deudas mil millonarias que el gobierno venezolano mantenía con la compañía, resultado del fallo emitido en su favor por el Ciadi por 1 mil 400 millones de dólares.

En virtud del incumplimiento por parte de Venezuela, Crystallex decidió ampliar sus acciones legales con miras a cobrarse a través apoderarse de la refinería de petróleo que el país posee en Estados Unidos, a saber, Citgo.

Luego Crystallex presentó otra demanda contra PDV Holding Inc. —intermediario entre las compañías— para revertir una oferta de bonos basura que hizo el gobierno venezolano en un intento de restarle valor a Citgo. Estos procedimientos violan la ley de Delaware.

Sostenía Crystallex que las transacciones de PDVSA y PDVH comprometieron todo el valor de Citgo Holding para evadir la posibilidad que las autoridades puedan actuar sobre Citgo, y que Crystallex y sus otros acreedores puedan cobrar las deudas ordenadas por el laudo.

La demanda enmendada asegura que los estados financieros presentados por la empresa en el tribunal de Delaware demostraban que GLAS America LLC —firma que representa a los tenedores de bonos— acordó dar a PDVSA tres años más para pagar 7 mil millones de dólares en deuda, por lo cual recibió un gravamen sobre el 50.1 por ciento de las acciones de Citgo, mientras que Rosneft Trading SA recibió un gravamen sobre el 49,9 por ciento restante.

Anterior a esto, Crystallex había demandado Citgo en 2015, exigiéndole la devolución de 2,8 millardos de dólares. Reclamaron lo que estimaron un procedimiento poco claro por parte de la refinería al traspasarle a PDVSA dividendos especiales. La decisión del tribunal fue desestimar el reclamo a Citgo, pero permitió que el procedimiento se redireccionara a Petróleos de Venezuela.

Para Crystallex el canje de bonos constituye un fraude, toda vez que al momento de hacerlo aún estaba activa la demanda hecha contra PDVSA. La operación consistía en la transferencia de mil millones de dólares de activos de Citgo a la petrolera estatal rusa.
Una investigación permitió establecer que Venezuela había hipotecado el 49,9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un préstamo de 1 mil 500 millones de dólares.

Los abogados de Crystallex solicitaron una orden que les permitiera apoderarse de PDV Holding, matriz de la unidad Citgo de Venezuela en los Estados Unidos.

El 9 de junio de 2016 el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC, el mismo que confirmó y registró el laudo de arbitraje de 1.4 mil millones de dólares en contra de Venezuela, otorgó a Crystallex la capacidad de iniciar acciones para hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

El tribunal negó en agosto a Venezuela un pedido para suspender la ejecución de la ley pendiente de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

Ya en 2017, específicamente el 25 de marzo, el Tribunal Federal en Washington DC confirmó y registró la adjudicación de 1.4 mil millones dólares en contra de Venezuela, pues estimó que los argumentos presentados por el gobierno venezolano son suficientes para anular o modificar el laudo emitido por la Convención de Nueva York.

El antecedente: El juicio del CIADI del Banco Mundial

A raíz de la expropiación de los activos de Crystallex instrumentada por el gobierno del finado, Hugo Chávez, la empresa acudió a las instancias internacionales y en abril de 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial falló a su favor.

El Ciadi decidió que al haber recibido Crystallex un trato injusto por parte de la administración venezolana y la expropiación de sus bienes y la inversión en el proyecto minero “Las Cristinas”, se hacía merecedora del pago de 1 mil 202 millones de dólares más intereses.

Consideró el Ciadi, órgano ante el cual Crystallex acudió el 16 de febrero de 2011, que Venezuela violó un Tratado suscrito entre los gobiernos de Canadá y el país suramericano relativo a la promoción y protección de inversiones.

En tal sentido, la orden del Ciadi fue que Venezuela pagara a Crystallex 1 mil 386 millones de dólares correspondientes a la inversión de 1 mil 202 millones de dólares en la mina el 13 de abril de 2008, fecha cuando el gobierno venezolano negó el permiso ambiental, más daños e intereses anteriores y posteriores a la adjudicación.

El organismo del Banco Mundial consideró que el Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela incurrió en una conducta "arbitraria", "no transparente e incoherente" al negar el permiso a Crystallex.

Estos permisos eran clave para que Crystallex para comenzar las labores de explotación en “Las Cristinas” que la empresa había obtenido en 2002.

Por todos los frentes

Crytallex estaba dispuesta a atacar por todos los frentes al gobierno venezolano con tal de lograr recuperar su dinero.

En tal sentido, en agosto de 2017 consiguió que la Corte del Distrito Sur de Nueva York fallara a su favor al aprobar el embargo de aproximadamente 1 mil 202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela mantiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Se trata de unos fondos que Venezuela tenía destinados a reparar unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

En consecuencia, el juez de distrito, Colleen McMahon, remitió a la oficina de Alguaciles (USA Marshal), la autorización a para ejecutar el mandato de la corte y, así, tomar posesión de inmediato del capital y los bienes muebles de la República Bolivariana de Venezuela y sus órganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

De este modo, el magistrado puso fin a la querella interpuesta por Crystallex International Corporation contra el gobierno venezolano por la expropiación de sus activos en Venezuela por orden de Hugo Chávez Frías.

La decisión advertía que de no encontrarse en Nueva York suficientes bienes venezolanos que poder embargar, Crystallex podía recurrir a procurar otros activos de la República Bolivariana de Venezuela que pudieran ser embargables. La empresa del Canadá quería la reparación específica para embargar los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Con este mismo propósito, Crystallex había pedido a la corte el 30 de junio, autorización para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International plc y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.
Solicitud similar presentó el 5 de julio para emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Como medida preventiva, Crystallex solicitó al tribunal realizar el procedimiento sin que se le participara al deudor previamente a la orden de embargo, para evitar que el gobierno venezolano tomara medidas para transferir o retirar por otras vías los fondos y bienes ubicados en Nueva York y de los Estados Unidos, en general.
Pero…
A pesar de la decisión judicial, Crystallex no logró confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dados los enrevesados trámites administrativos que suponen estos asuntos en los EE. UU.

Los fondos del estado venezolano estaban depósitos en el banco Nueva York Mellon desde 1992 destinados a pagar un contrato de 315 millones de dólares suscrito con la empresa Ingalls Ship building, ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, para el mantenimiento y reparación de fragatas navales.

Cabe destacar que también Ingalls demandó a Venezuela en un tribunal en Mississippi, lugar donde debieron realizarse las obras del citado contrato de mantenimiento y reparación. De hecho, en 2002, había obtenido una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela.

Entonces Crystallex volvió a actuar en virtud de la tardanza de Venezuela en pagar su deuda y por ello pidió a un Tribunal de Primera Instancia determinar si había transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y, de ser así, se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la moción de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017. En consecuencia registró la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Crystallex pidió a la Corte la autorización para proceder a la ejecución contra las propiedades de  Venezuela en el Banco Nueva York Mellon.

El 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia denegó a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, una decisión que abrió la puerta para la ejecución de la orden de confiscar los fondos colocados por el Estado venezolano en el mencionado banco, los cuales pertenecen al  Ministerio de Defensa de la República de Venezuela e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Pero Venezuela no se ha quedado cruzada de brazos y ha alegado que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a través de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobación de la República, según un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco.

Según los estatutos de la cuenta, la República de Venezuela es el único beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Venezuela ha querido establecer una diferenciación entre la República de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, pero la empresa se opone alegando que la República es un todo y como tal debe tenerse. Igualmente sostiene que Crystallex pasa por alto el amplio lenguaje legal que otorga inmunidad a los activos utilizados o destinados a ser utilizados con fines militares. El Ministerio de la Defensa pidió al tribunal desestimar la petición de Crystallex.

Por su parte, Crystallex sostiene que los fondos son única y exclusivamente propiedad del deudor, que en este caso es el Estado venezolano y que la cuenta se creó con un propósito comercial. Asegura que la cuenta está sujeta a ejecución bajo lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

Lo cierto es que tomando en cuenta el nuevo convenio comentado al principio de esta líneas y a lo poco que se conoce respecto a este acuerdo de conciliación alcanzado entre Crystallex y el gobierno venezolano, todas estas acciones legales quedan paralizadas, dado a que ese fue uno de los compromisos de la empresa canadiense. Solamente queda por esperar que Venezuela cumpla con su parte, pues de no hacerlo se expone a que Crystallex retome todas las acciones legales emprendidas para recuperar sus activos.