jueves, 31 de agosto de 2017

Presidente de PDVSA pide bloquear a 10 empresas con antecedentes de corrupción para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino solicitó al vicepresidente de la petrolera, Simón Zerpa y al presidente de Bariven, Francisco Jiménez realizar un bloqueo preventivo inmediato de 10 empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluyendo colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

Del Pino argumenta que la decisión debe tomarse en el marco de una investigación que se realizó sobre la procura de la Faja Petrolífera donde se identificaron 10 empresas como "de alto riesgo a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato".

En la carta, el presidente de PDVSA exige que dichas empresas no sean consideradas en invitaciones a participar en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación.

Increíblemente, entre la lista de empresas se encuentra Tradequip CA, propiedad del empresario Roberto Rincón quien está siendo juzgado en Houston, Texas por encabezar un esquema multimillonario de pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos de proveeduría con abultado sobreprecio.
Roberto Enrique Rincón Fernández y su socio Abraham Shiera José Bastidas se declararon culpables de los delitos de pago de  soborno para lograr licitaciones con PDVSA y lavado de dinero.  Ambos empresarios se encuentran a la espera de las sentencias las cuales serán leídas en el mes de febrero de 2018 .

Roberto Enrique Rincón Fernández sigue siendo el presidente y fundador de la empresa TRADEQUIP, C.A., inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el N° 75, Tomo 62-A, del 21 de septiembre de 1988. A pesar del escándalo que generó el caso Rincón-Shiera a nivel internacional y de las enormes pérdidas económicas que generó el esquema de corrupción a PDVSA la empresa sigue activa y logró conseguir contratos en Pequiven, en la Faja Petrolífera del Orinoco, Petroboscan y Petróleo independiente. Ver detalles aquí.
Metro Emergencias Equipo Petroleros

Otra de las empresas que aparece en la lista para ser bloqueada del registro es Metro Emergencias Equipo Petroleros cuyo dueño es el empresario Franco Tortolani. Este hombre ha sido denunciado de haber pagado sobornos para lograr contratos millonarios en varios entes del Estado venezolano. Ver detalles aquí.

Otra de las empresas a quien se le pidió bloqueo es la Derwick Associates que ha sido acusada de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez para construir plantas de energía. 

Según una de las demandas desestimadas, durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses. Ver detalles aquí.

Constructora Urbano Fermín  Cuferca

Está empresa ha sido señalada de hechos de corrupción para lograr contratos con sobreprecio en Pdvsa. Su dueño principal es Carlos Enrique Urbano Fermín y aparecen como asociados Nelson Bustamante, Carlos Enrique Hernández Zamora y los hermanos Carlos Esteban y Carlos Eduardo Urbano Fermín. 

La empresa también ha recibido contratos otorgados por el alcalde de Guanta, Jhonathan Marín por varios millones de bolívares y apareció vinculada a un supuesto esquema de corrupción relacionado con un contrato de limpieza de coque del complejo criogénico de José (Petroanzoategui). 

Las otras empresas nombradas en la comunicación de Eulogio del Pino son las siguientes: 

-Nalco Venezuela SCA

-Cooperativa Servicios de Oriente que tiene sede en Sector avenida Miranda cruce con calle Sucre Casa #20 en el estado Anzoátegui en Puerto Piritu.

- Sumservi 2021 CA

_ Servicios, Constructores  y Mantenimiento Romana

_SDV Energía Infraestructura que según su página web su presidente en Colombia es Valentin Bagarella. Tiene sede en Venezuela, España, Chile, México y Perú. Dice que los encargados son Carlos Torres y Raúl Ledo.  

__ Capriservis CA 

miércoles, 30 de agosto de 2017

Se cierra el cerco financiero: Importante casa de compensación en Nueva York no liquidará más operaciones de bonos de Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El cerco financiero del régimen de Nicolás Maduro empieza a sentir las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Este miércoles una de las casas de compensación de valores más importante de los Estados Unidos, ubicada en Nueva York, informó que ya no liquidará  las operaciones de bonos de Venezuela, motivado a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone límites a las transacciones del régimen de Nicolás Maduro en el sistema financiero norteamericano.

La casa Depository Trust & Clearing Corp., publicó la decisión en relación a la suspensión de los servicios de liquidación de los instrumentos financieros del gobierno de Venezuela en su página web alegando que dicha política se debe a las sanciones. La noticia fue revelada por Julie Wernau en una nota para Foxbusiness. 

La casa Depository Trust & Clearing Corp., es una empresa estadounidense de servicios financieros post-comercio que ofrece servicios de compensación y liquidación a los mercados financieros. La DTCC (por sus siglas en inglés) opera en el área metropolitana de Nueva York y en múltiples lugares dentro y fuera de Estados Unidos.

La DTCC señaló en un comunicado que motivado a la una orden ejecutiva reciente firmada por el gobierno federal la empresa ha decido suspender los servicios de liquidación que permiten que los bonos venezolanos se transfieran de  tenedores, incluyendo los instrumentos financieros de Petróleos de Venezuela SA. 

Una casa de compensación es un intermediario entre compradores y vendedores de instrumentos financieros transables para intercambiar los pagos. Este tipo de empresas es crucial para el comercio de bonos.

La decisión de DTCC  representa el último escollo para los comerciantes de los bonos venezolanos que se han convertido en instrumentos financieros de alto riesgo en el mercado debido a la actual situación que vive Venezuela y las implicaciones de las sanciones tomadas por el gobierno de los EEUU. 

La falta de liquidez del régimen venezolano y los enormes problemas políticos, sociales y económicos han generado  una hola de preocupaciones en los tenedores de bonos que tendrán dificultades para encontrar compradores si deciden vender esos valores.

Los comerciantes de bonos dijeron que la mayoría de las operaciones de bonos de Venezuela se compensan a través de  las casas de compensación con sede en Europa, incluyendo Euroclear en Bruselas y Clearstream en Luxemburgo, pero que la decisión de la Depository Trust & Clearing Corp. generó mayores preocupaciones ya que es una señal que podría ser copiada por otras casas de compensación.


martes, 29 de agosto de 2017

Claves para entender la solicitud de cadena perpetua hecha por la fiscalía de NY en el caso de los narcosobrinos

La defensa de los acusados rechaza todos los argumentos de la fiscalía y de la Oficina de Libertad Condicional y pide al juez negarlos en su totalidad

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la corte del Distrito Sur de Nueva York condenar a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas a cadena perpetua exponiendo para tal petición, nueve alegatos que a juicio de los fiscales acreditan que los dos hombres sean sentenciados a prisión de por vida.
En los Estados Unidos la sentencia de los reos la decide el juez de la causa basada en una tabla de sentencia, en las conclusiones de la Oficina de Libertad Condicional y en las evidencias presentadas por la fiscalía de Distrito (que es la parte acusadora en los casos federales) en relación al caso.

En el caso de Campo Flores y Flores de Freitas las conclusiones presentadas por la Oficina de Libertad Condicional coinciden con el informe previo a la sentencia del caso presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

En gobierno sostiene que los sobrinos del presidente Nicolás Maduro deben ser condenados a cadena perpetua porque cumplen los requisitos establecidos en la regla de sentencias para la máxima pena. 

Entre los elementos mencionados en el informe destacan los siguientes:

1) Tráfico de cocaína superior a los 450 kilogramos.

La acusación contra los dos sujetos señala que conspiraron para transportar 800 kilos de la droga en un vuelo privado que saldría de Caracas a Honduras el 15 de noviembre de 2015. Ambos fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de ese mismo año y trasladados a Nueva York para ser procesados.

2)Los acusados estaban directamente envueltos con la sustancia controlada. 

El informe indica que Campo y Flores estaban comprometidos en conseguir la cocaína, trabajaron para ello,  indujeron, y procuraron conseguir la droga para hacer el envío. Ambos confesaron a los agentes de la DEA que eran ellos los que estaban a cargo del negocio, y que no había otros involucrados, sólo su equipo de seguridad.

3)Uso de un avión privado para el traslado de la droga.  

La fiscalía destaca para sostener este argumento las conversaciones y planes de vuelo presentados en el juicio como evidencia que los acusados participaron en la búsqueda de la aeronave para hacer el envío de cocaína a Honduras y cuyo destino final eran los EEUU. También señalan el vuelo hecho a Honduras en una aeronave privada piloteada por Marco Tulio Uzcategui Contreras.

4) Obstrucción a la justicia por parte de los acusados, atentando o impidiendo que la administración de justicia realizara la investigación correspondiente. 

La fiscalía sostiene que Campo y Flores mantuvieron una conducta obstructiva alegando sobre este punto el hecho de que  la corte declinó acreditar las declaraciones juradas de los acusados en relación a la moción antes del juicio.

5) Líderes de la conspiración que organizó la actividad criminal, para lo cual la regla establece que debe haber 5 o más participantes. 

El gobierno señala que Campo y Flores actuaron en calidad de líderes de la conspiración, gerenciando las actividades requeridas para cometer el delito. Mencionan a quienes supuestamente participaron en la conspiración, a saber: Pepero, Roberto de Jesús Soto García, Carlos González, el Gocho, Hamudi, Jesfrán Josnel Moreno Sojo (tortuga) junto al equipo de seguridad (Félix, Semilla y Neike), Gilson Barroeta Flores, César Orlando Daza Cardona y el piloto Marco Tulio Uzcategui Contreras.

Por el lado del gobierno aparecen: Carlos Amilcar Leiva Cabrera (El Sentado), CS-1 (José Santos Peña), CS-2 ( José Santos junio) y CS-3 (Juan Gómez)

6) Uso de armas de fuego en la conspiración.

La fiscalía sostiene este argumento con las comunicaciones obtenidas en los celulares de los dos acusados cuando conversaban  con Gilson Barroeta Flores sobre la supuesta compra de unas Mini Uzi  y otras armas en Miami.

7)El uso de la violencia en conexión con el delito juzgado.

El gobierno alega la supuesta participación de los Demandados en una trama violenta de cobro de deudas con traficantes de drogas y  la supuesta sugerencia de Campo de que secuestraría y pediría a CS-1( José Santos Peña) que asesinara a cualquiera que interfiriera con un envío de cocaína en una conversación sostenida el 26 de octubre de 2015.

El gobierno establece una conexión entre la trama de cobro de deudas y el delito juzgado. Refieren a un sujeto de nombre "Javier" como participante en la supuesta trama de cobro de deudas que estuvo involucrado en conductas violentas.

8) Pago de sobornos a autoridades extranjeras encargadas de la seguridad.

La fiscalía también sostiene que los acusados intentaron sobornar a la autoridad en aras de cometer el delito de conspiración, haciendo referencia al supuesto pago de sobornos a la policía del aeropuerto internacional de la isla  Roatán en Honduras,(Juan Manuel Gálvez International Airport) a donde llegaría el cargamento de droga en el vuelo planificado por los acusados para el domingo 15 de noviembre de 2015 en horas de la tarde.

La fiscalía sostiene que Campo y Flores intentaron  sobornar a un oficial de la ley para facilitar la comisión del delito relacionado en este caso a los agentes de la ley extranjeros (no en los EEUU)

La defensa alega que no hay ninguna evidencia de que los acusados hayan sobornado o intentado sobornar a un oficial de la ley estadounidense, ya que no tuvieron contacto con ninguno de los oficiales de la ley estadounidenses hasta el momento de su arresto en Haití. 

8) Asesinato o muertes

La fiscalía refiere que los dos acusados estarían involucrados en los asesinatos de dos personas y el descuartizamiento de los cuerpos ocurridos en Caracas en junio de 2015, para lo cual presenta unas serie de fotografía de cadáveres desmembrados acompañados de varios textos de la conversación sostenida entre Campo Flores Y Flores de Freitas. Ver detalles aquí.

9) Perjurio 

El gobierno sostiene que los acusados mintieron en las declaraciones juradas ofrecidas a los agentes de la DEA en el avión que los trasladó desde Haití a Nueva York el 10 de noviembre de 2015 y las presentadas por la defensa en marzo de 2016 donde se contradecían en la descripción de los eventos, y en la información presentada. También refieren a la declaraciones juradas sobre situación financiera de los acusados al momento de pedir abogados públicos por su incapacidad para pagar unos privados.

La defensa de Campo Flores y Flores de Freitas NIEGAN todos los argumentos de la fiscalía y de la Oficina de Libertad Condicional que coinciden en solicitar cadena perpetua para los dos familiares del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Para cobrar una deuda, narcosobrinos habrían asesinado a dos personas en Caracas en 2015

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas estarían vinculados al asesinato y desmembramiento de dos personas, sucesos ocurridos en junio de 2015 en Caracas, de acuerdo al informe previo a la sentencia entregado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al juez Paul Crotty.
El reporte del gobierno está basado en las conversaciones (chats) que Campo y Flores sostuvieron en junio de 2015, cuando ambos se enviaron una serie de fotografías de dos cadáveres desmembrados por la mensajería de blackberry junto a un texto en el que los acusados supuestamente discutían sobre los asesinatos cuyo móvil habría sido el cobro de una deuda.

La defensa rechazó los alegatos de la fiscalía y dijo que nada de estos mensajes establece remotamente que Flores o Campo estaban involucrados en el asesinato, sino que se limitan simplemente a discutir algo que recibieron de otros. 

Los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela argumentaron que el mero hecho de que los demandados intercambiaron fotos de partes del cuerpo desmembradas no demuestra que estuviesen involucrados en el crimen.

La mera presencia de estas fotografías y textos en los teléfonos de los acusados no puede apoyar de manera creíble el argumento de que Campo y Flores cometieron asesinatos y desmembramientos, y mucho menos que lo hicieron "en relación con los esfuerzos para cobrar una deuda" o como parte del mismo curso de conducta como delito por el cual se les condena, alegaron los defensores.

La defensa considera "alarmante" que la Oficina de Libertad Condicional y el Gobierno piensen que hubo participación de los dos acusados en los asesinatos.

Destacan que no hubo pruebas en el juicio para apoyar una constatación de que los demandados estaban personalmente involucrados de alguna manera en la muerte de las personas en las fotografías. Tampoco existía evidencia de que los acusados participaron en ninguna otra muerte. El Gobierno no ofreció ninguna prueba, y la Corte no hizo ninguna constatación de una relación causal o de un nexo entre el fallecimiento y la conducta de cualquiera de las partes demandadas, acota la defensa en un informe presentado al tribunal el 25 de agosto de 2017, dicen los abogados en el memorando.

La defensa sostiene que la afirmación de que los demandados estuvieron involucrados en una trama de cobro de deudas violenta que resultó en la muerte "se basa en una combinación inverosímil de mensajes de texto elegidos y fotografías tomadas fuera de contexto para ajustarse a lo que evidentemente es la teoría ofrecida por el Gobierno".

_ Después de un examen detenido, estos textos y fotos no se acercan a establecer de manera creíble que los acusados estaban involucrados en cualquier muerte. A lo sumo, muestran que Campo y Flores eran conscientes de que ciertos asesinatos habían ocurrido en Venezuela, conocido como un lugar violento y peligroso. Por ejemplo, en un intercambio de WhatsApp del 21 de junio de 2015, Flores explicó que "ellos" -como otras partes- habían matado a alguien porque "ellos" sospechaban que la víctima había contado sobre ellos, señalan los abogados.


--La escasez de cualquier hallazgo relevante en el expediente del ensayo habla mucho. No se hizo ninguna mención durante el juicio de cualquier supuesto "complot violento de cobro de deudas". No se presentó evidencia, ni se produjo ningún testimonio, que involucrara tal complot, acotan.


Los hechos aquí no podrían ser más diferentes a la realidad y es que Campo y Flores no tienen antecedentes de delito o uso de violencia y el expediente no contiene evidencia creíble que indique que planeaban usar armas o cualquier otra forma de violencia en relación con el delito de convicción.

Cadáveres desmembrados en Caracas

En referencia a los señalamientos de la fiscalía consultamos las páginas de sucesos de las fechas mencionadas en el informes y coincide con reportes de prensa sobre dos cadáveres desmembrados aparecidos en la región capital. 

Las referencias periodísticas locales mencionan que un cadáver desmembrado fue hallado la madrugada del jueves 16 de junio de 2015 en el kilómetro 16 de la vía que comunica a Mamera con El Junquito, en Caracas y que las autoridades identificaron como Carlos Rafael Galindez Graterol, de 27 años, alias "Carlos Breaker". Detalles aquí.

El segundo cadáver fue hallado el 18 de junio de 2015 en la calle San Antonio con calle El Colegio en la parroquia El Recreo. Se trataba de un hombre de tez morena, contextura delgada, cabello corto ondulado negro, que vestía ropa deportiva oscura y zapatos deportivos oscuros. Su edad oscila entre 30 y 32 años, dice la reseña de prensa del diario El Universal.
Ver detalles aquí.
















domingo, 27 de agosto de 2017

Juez niega al gobierno de EEUU acceso a la declaración jurada de bienes de Flores de Freitas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no podrán tener acceso a la declaración jurada confidencial de bienes del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Franqui Francisco Flores de Freitas, de acuerdo a un dictamen del juez de distrito Paul Crotty quien falló a favor de una solicitud de la defensa que exponía que la intención del gobierno —que es la parte acusadora en este caso— de revisar dicha atestación para indagar los activos que posee el acusado en el exterior con el objetivo de fijar la sentencia de dinero que deberá pagar en su condena, no procede por cuanto va en contra de los establecido en la Ley de Justicia Criminal.

Además, la defensa de Flores de Freitas objetó dicha solicitud del gobierno de tener acceso a la referida declaración porque también viola la Quinta Enmienda de Constitución que garantiza el derecho de los acusados a la autoincriminación.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al tribunal que autorizara a revisar la declaración jurada para determinar cuántos y cuáles son los activos y propiedades de Flores de Freitas, quien será sentenciado el 12 de septiembre de 2017 por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras, en violación de las leyes antinarcóticos norteamericanas.

En una carta —firmada por los abogados David M. Rody y Michael D. Mann del bufete Sidley Austin LLP— se argumenta que a Flores de Freitas se le asignó un abogado público para que lo representara en la presentación inicial ante el juez el 12 de noviembre de 2015, y que la corte conoció en ese momento las múltiples preguntas que hizo el gobierno sobre la relación entre el entonces acusado y sus abogados asignados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny.

La defensa destaca que la moción del gobierno, presentada el 4 de octubre de 2016, buscaba constatar si los fondos y recursos federales asignados a los abogados designados por la corte habían sido usados. En ese sentido señala la defensa que quedó demostrado que dichos recursos del gobierno no fueron usados en ningún punto del juicio y en ningún evento significativo antes de este, ni para la litigación del caso.

Vale recordar que durante la presentación inicial del acusado en el tribunal neoyorquino, el juez James I. Cott, designó un abogado público cuyos honorarios son pagados con recursos federales. Franqui Francisco Flores de Freitas firmó una declaración donde juró que no tenía la capacidad financiera para pagar un defensor privado. Su primo y coacusado, Efraín Antonio Campo Flores, fue representado en ese momento por el costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs, que en diciembre de 2015 renunció a su defensa por supuesto conflicto de intereses.

En diciembre de 2015, los dos acusados —quienes son familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro— gozaron de la representación de abogados pagados por los contribuyentes norteamericanos. Ambos acusados aseguraron no poseer dinero para pagar una defensa privada.

En marzo de 2016, Efraín Campos Flores cambió su equipo de abogados públicos por un costoso bufete encabezado por Randall Jackson y John T. Zach, de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP. Asimismo, Flores de Freitas también abandonó en esa misma fecha a sus defensores públicos y contrató a su actual equipo de abogados liderado por David Rody del bufete  Sidley Austin LLP. Ambos equipos de abogado están siendo pagados por el empresario petrolero ligado al régimen encabezado por los tíos de los dos acusados, Wilmer Ruperti.

En la solicitud hecha por la defensa de Flores de Freitas, los abogados señalan que las directrices de la ley de Justicia Criminal (CJA, por sus siglas en inglés) prohíben expresamente preguntas sobre la elegibilidad de un acusado para recibir defensa pública como mecanismo para descubrir la habilidad financiera del acusado para pagar las penalidades que correspondan al delito como tal, ni para descubrir si el demandado tiene activos objeto de confiscación o si posee capacidad para pagar multas, hacer restituciones o compensar a otra persona que resulte beneficiada por la Ley de Protección de víctimas y testigos.

El documento de la defensa dice que el gobierno no puede usar la información de la declaración financiera jurada firmada por Flores de Freitas para alegar perjurio, declaración falsa u otra declaración provista por el acusado en conexión con su solicitud de la asistencia de un abogado público. "El afidávit Financiero no es una prueba de falsa declaración o perjurio".

Asimismo, la defensa argumenta que la corte debe evitar el acceso del gobierno al afidávit financiero firmado por Flores de Freitas el 12 noviembre de 2015, puesto que dicha acción puede ser contraria a los derechos del acusado. La quinta enmienda de la constitución prevé protección contra la revelación de información financiera personal de manera coercitiva.
La defensa se refiere a una determinación hecha por la corte del Segundo circuito donde se estableció que no hay abuso de discrecionalidad cuando un tribunal de distrito niega una solicitud para levantar el sello a un affidavit financiero cuando el gobierno tiene otros mecanismos para averiguar la capacidad financiera del acusado. 

En el caso de Flores de Freitas —argumenta la defensa— el gobierno dispone de cientos de mensajes de texto y correos electrónicos extraídos de los teléfonos celulares y correos del acusado que contienen información detallada de la situación personal financiera de este. Sin embargo, ninguna evidencia que fue presentada en el juicio a partir de las pruebas aportadas por la parte acusadora, además de las provenientes de otras fuentes, incluidos los testigos, muestra que Flores de Freitas poseía riqueza y que parece una exageración que lo hagan ahora en víspera de la sentencia.

La información aportada por la fiscalía durante la etapa del descubrimiento no fue la única vía para saber la situación financiera del acusado, acota la defensa.

En la comunicación se informa al juez, que Flores de Freitas conversó con la Oficina de Probación de Prisiones sobre su situación económica y declaró que posee una vivienda en Venezuela cuyo costo en el mercado es de unos US$ 30 mil dólares, también dijo que tenía una cuenta en un banco de Panamá y una cuenta en el Banco del Caribe de Venezuela, pero no especificó el monto de dinero que tiene en esas cuentas, solo dijo que no era mucho dinero.

La defensa expone que han tratado de obtener documentos financieros de su defendido sin éxito y que los servicios de los abogados han sido pagados por un tercero, un hombre rico de Venezuela quien es viejo amigo de la abuela y de la tía del acusado, ninguna otra información fue proveída.

El juez, Paul Crotty, aprobó la solicitud hecha por el defensor de Flores de Freitas, acotando que si el gobierno no argumenta de mejor manera la moción donde solicita que se autorice a los fiscales a revisar la declaración financiera jurada y verificar cuáles son los activos propiedad del acusado para fijar la sentencia de dinero que deberá pagar como parte de la penalidad por los delitos cometidos, entonces la revisión no será procedente.

viernes, 25 de agosto de 2017

Caso Crystallex: Tribunal de EEUU embarga US$1200 millones que Venezuela iba a destinar para reparación de barcos del Ministerio de la Defensa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la transnacional canadiense Crystallex International Corporation en la querella que sostiene con el gobierno venezolano, logrando que el tribunal aprobara el embargo de unos US$1202 millones de dólares que la República Bolivariana de Venezuela tiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow.
El juez de distrito, Colleen McMahon envió la autorización a la oficina de Alguaciles (USA Marshal) para ejecutar el mandato de la corte y de inmediato tomar posesión del capital y de bienes muebles que la República Bolivariana de Venezuela, y sus órganos o subdivisiones, incluyendo a los Ministerios de Defensa y Finanzas de Venezuela.

Dice el documento que la orden de embargo incluye fondos en Depósito en el Banco de Nueva York Mellon, Cuenta No. 304314 cuyo monto es de $ 1,202,000,000.00.

El dinero perteneciente al Estado venezolano estaba destinado a reparar unos buques del Ministerio de la Defensa  y que serían pagados a la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc. 
Con esta decisión, el juez McMahon concluyó la querella interpuesta por Crystallex International Corporation contra el gobierno de Venezuela por la expropiación de sus bienes y activos en el territorio venezolano ordenado por el fallecido Hugo Chávez Frías.

Con la decisión el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos se otorga el derecho de recuperar los activos Crystallex International Corporation adeudados por la  República Bolivariana de Venezuela, dice la orden final. 


Señala la orden de ejecución que si no se encuentra suficiente propiedad de dicho deudor en el Distrito de Nueva York, Crystallex podrá embargar  otros bienes inmuebles que pertenezcan a la República Bolivariana de Venezuela.


En este caso, Crystallex estuvo representada por el abogado Jason W. Myatt del despacho Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
Myatt dijo en un documento entregado a la corte que 
Crystallex solicitó la reparación específica para embargar los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon en este Distrito como medida final ante la conducta fraudulenta demostrada por la parte demandada en otros tribunales. 

El 30 de junio de 2017, Crystallex había presentado una solicitud pidiendo la autorización del tribunal para emitir avisos de restricción dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesión de Nomura Bank International plc y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.

El 5 de julio de 2017, Crystallex presentó una solicitud similar pidiendo la autorización a la corte para emitir avisos de restricción dirigidos a los  activos comerciales venezolanos en posesión de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC. Esta petición fue otorgada el 5 de julio de 2017.

La empresa demandante había expresado al juez su temor que el gobierno venezolano tomara medidas inmediatas para transferir o retirar por otras vías los fondos y bienes ubicados en Nueva York y, posiblemente, de los Estados Unidos por ello pidió realizar el procedimiento sin que la corte notificara al deudor previamente a la orden de embargo.

Dice el documento que los fondos embargados en el banco de Nueva York correspondían a una oferta de deuda venezolana y estaban designados para fines comerciales, es decir, el mantenimiento y la reparación de buques pertenecientes al Ministerio de la Defensa venezolanos. "Crystallex argumentó que eran  Propiedad de Venezuela y actualmente en posesión de BNYM en Nueva York", acota el abogado en la petición. 

El Ciadi había dado un fallo arbitral por aproximadamente 1.400 millones de dólares a favor de Crystallex en abril de 2016, y desde esa fecha la empresa demandante no había podido ejecutar la medida motivado a varios recursos intentados por el gobierno de Venezuela en varios tribunales de los EEUU. 

Crystallex presentó dos acciones en el Distrito de Delaware contra las subsidiarias propiedad total de Venezuela, denominadas Petróleos de Venezuela, SA y  PDV Holding, Inc., alegando que Venezuela, a través de sus subsidiarias, transfirió fraudulentamente miles de millones de dólares en activos fuera de los Estados Unidos durante la pendencia de los procedimientos de arbitraje y confirmación del fallo a favor de Crystallex.

La Acción de Crystallex de 2015 alegaba que las subsidiarias indirectas del Estado venezolano PDV Holding Inc.  y CITGO Holding Inc adquirieron una deuda de $ 2.8 mil millones sin contraprestación alguna o legítima de un objetivo comercial, sino más bien para transferir los activos y capital anteriormente colocados a nombre de Venezuela y que  pagarán en forma de dividendos a la subsidiaria directa venezolana, Petróleos de Venezuela, SA fuera de los Estados Unidos.

Agrega que  PDVH gravó el 100% de sus activos primarios (sus participaciones en CITGO Holding ), sin contraprestación, para respaldar los bonos de deudas emitidos por la petrolera además de un préstamo emitido a PDVSA.

Los abogados de Crystallex dijeron en su alegaciones al juez que creían que Venezuela podía transferir o retirar los fondos depositados en el banco de Nueva York, sujetos al embargo, si se enteraban de la decisión de ejecución por parte de Crystallex de manera anticipada. Por esta razón pidieron que no los deudores no recibieran nota de aviso previo de la ejecución de la medida ordenada por el tribunal.


jueves, 24 de agosto de 2017

Supuesto jefe de finanzas de la FARC y socio salvadoreño de El Aissami transporta "bultos de contenido misterioso" en avión de Pdvsa

El avión YV-2040 propiedad de Petróleos de Venezuela está siendo monitoreado por estar supuestamente transportando "ilícitos" en complicidad con el gobierno de El Salvador.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


José Luis Merino, viceministro de Inversión Extranjera del gobierno salvadoreño y supuesto socio del vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, viajó en un avión propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) identificado con las siglas YV-2040, en un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional de El Salvador con destino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, el 8 de agosto de 2017, según confirmó el gobierno de El Salvador.
En un informe de monitoreo de la aeronave de Pdvsa siglas YV-2040 fechado el 1 de junio de 2017
aparecen las rutas Caracas-El Salvador y el Caribe Oriental. Los parlamentarios salvadoreños investigan la supuesta transportación de ilícitos en ese avión. 
  La prensa  salvadoreña asegura que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de ese país, Eugenio Chicas, afirmó que "el avión venezolano Dassault Falcon, de matrícula YV-2040, que el martes 8 de agosto de 2017 salió del país, transportaba al viceministro de Hacienda, Alejandro Rivera, y al viceministro para la Inversión Extranjera, José Luis Merino", este último aparece vinculado a El Aissami en supuestos negocios de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ver detalles de la vinculación de Merino y El Aissami aquí.

El alto funcionario del gobierno del país centroamericano dijo a la prensa que "ambos funcionarios venían en esa aeronave después de participar en la reunión de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), la cual se celebró el 8 de agosto en la capital venezolana".
El portal elsalvador.com publicó una nota donde cita un documento de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), donde se señala que "el 8 de agosto ese vuelo iba en dirección a Maiquetía y dos días después, el jueves 10, la misma aeronave volvió al país".

En medio asegura que el documento de Migración y Extranjería da cuenta que entre los pasajeros del avión YV-2040 estaban el viceministro de Ingresos (adscrito a Hacienda), Alejandro Rivera; junto al viceministro de Inversión y dirigente del FMLN, José Luis Merino; y Mario Ernesto García, quien labora en Cancillería.

El sospechoso avión de PDVSA 

Otro reportaje escrito por Eugenia Velásquez y publicada en el referido portal elsalvador.com, asegura que "un grupo de diputados del partido salvadoreño opositor ARENA aseguran que en un jet privado proveniente de Venezuela y que aterrizó en El Salvador en agosto 8 de 2017, pudieron ingresar al país ‘ilícitos’ en ‘complicidad’ con el gobierno del FMLN".

La nota dice que "esta es la teoría que barajan varios diputados de la bancada tricolor que se abocaron ayer a las oficinas de la Autoridad de Aviación Civil (A.C.C), para solicitar a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el itinerario del avión matrícula YV-2040 propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa)."

De acuerdo a la denuncia de la fracción de ARENA, ese jet privado descargó “varias cajas en total secretismo”, acción que habrían llevado a cabo personas que desembarcaron portando gorras de Venezuela y Cuba, quienes trasladaron esos “bultos” —cuyo contenido es un “misterio”— a la Embajada de Cuba de El Salvador.

Otra nota periodística del mismo portal asegura que en los últimos tres meses, el avión YV-2-40, propiedad de Petróleos de Venezuela, ha aterrizado tres veces en el Aeropuerto Internacional “Óscar Arnulfo Romero”.

La primera, proveniente de San Vicente y las Granadinas el 2 de mayo, donde estuvo poco menos de un día para luego partir a Venezuela.

La segunda, el 7 de agosto, con regreso a Caracas el día siguiente, cuando según registros de la DGME iban los funcionarios públicos Merino, Rivera y García.

La última llegada de la aeronave al país se registró el 10 de agosto, dos días después de la reunión del ALBA en Caracas. A una hora y media de este aterrizaje, el jet partió con destino al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, en Estados Unidos.

El reportaje señala que congresistas miembros del partido ARENA solicitaron a la Autoridad de Aviación Civil y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informar sobre la llegada de la aeronave YV-2040 al país, pues temen que esta pueda ingresar ilícitos en complicidad con el FMLN.

Asimismo, los legisladores expresaron sorpresa, pues el arribo de este avión en ambas fechas de agosto coincide con la semana en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió realizar una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para discutir la crisis de su país, dice el reporte de elsalvador.com.

Dentro de los vuelos denunciados por los parlamentarios opositores al FMLN no cuentan un viaje documentando en las gráficas que acompañan éste trabajo, donde se destaca que el jet YV-2040 fue a El Salvador en el mes de junio y aterrizó en una zona montañosa cerca del océano. (ver gráfica)

La aeronave también llevó a Jorge Rodríguez a México

Otro polémico viaje del avión de Pdvsa YV-2040 fue el realizado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para ir a visitar a su hijo quien —según medios mexicanos— estudia medicina en ese país.


El 19 de agosto a las 8:55 de la noche (hora local de México), aterrizó en el aeropuerto de Toluca el YV-2040 (proveniente de Caracas), de acuerdo a registros públicos disponibles. Opositores al régimen señalaron que en esa aeronave llegó el alcalde Rodríguez y sus acompañantes.

Pero, además, con el caso del alcalde Rodríguez —quien en el citado viaje sufrió un escrache cuando caminaba por las calles de la colonia mexicana de la Condesa— a juicio de los opositores queda al descubierto como la cúpula del régimen venezolano hace uso personal de la flota de aviones estatales.


El jet Falcon Dassault 900

La aeronave, registrada en los Estados Unidos a nombre de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), es un jet Falcon Dassault 900, con capacidad de transportar hasta 14 personas; y debido a su autonomía puede realizar vuelos transatlánticos o de largo alcance.

Un informe de monitoreo de los aviones YV-2040 (Pdvsa) y YV-2565 (propiedad de Citgo Corporation) muestra que las dos aeronaves han hecho vuelos constantes entre abril, mayo y junio de 2017 a El Salvador.

Ese mismo informe —hecho por entes privados—destaca que el avión YV-2040 también viaja rutinariamente a Colombia (Norte de Santander), Honduras, Surinam, Montserrat, Haití, Santo Domingo, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y la isla de Dominica. 

En el mes de junio, el avión de Pdvsa aterrizó en las zonas selvática del Norte de Santander (Colombia) y las montañas de El Salvador, tal como muestran las imágenes.




















Vinculan a Tareck El Aissami con poderoso empresario salvadoreño José Luis Merino

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami aparece vinculado al poderoso empresario y político salvadoreño José Luis Merino en una investigación condensada en un informe de inteligencia elaborado por una firma privada en Panamá, con ayuda de investigadores norteamericanos. De acuerdo a la investigación, Merino está ligado a varias empresas financieras que facilitan el lavado de dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las empresas Yakima Trading Corporation, Alba Petróleo El Salvador y otras corporaciones asociadas.
José Luis Merino fue un jefe guerrillero del FMLN durante la guerra civil salvadoreña y era conocido como el Comandante Ramiro. Se asegura que Merino es asesor de las FARC y está encargado de manejar una parte de las finanzas del grupo terrorista. 

El informe dice que se usan varios bancos centroamericanos y latinoamericanos para blanquear los capitales de la FARC. 

El informe investiga -específicamente- las supuestas actividades de lavado de dinero realizadas por Merino y varios de sus asociados en bancos centroamericanos. 

La investigación se realizó desde el 2009 hasta el 2015 y tenía como objetivo indagar los movimientos del dinero de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sistema financiero internacional. Durante las averiguaciones, los investigaciones hallaron elementos que confirman la supuesta asociación de Merino con las empresas propiedad del vicepresidente venezolano, El Aissami y sus asociados.

En una parte del informe se señala que el vicepresidente "El Aissami, a través de asociados, maneja en Panamá una empresa de nombre Yakima Trading Corporation, que es un holding que controla otra empresa del mismo nombre en Inglaterra". Explica que "a través de esas empresas se manejan inversiones petroleras que se hacen en el mercado internacional, y a su vez realizan lavado de dinero proveniente de la empresa criminal".

Asimismo se señala que las empresas asociadas al poderoso político venezolano mantienen su dinero en bancos panameños, utilizando los servicios de Merino y sus socios.

Dice la investigación que Merino hizo varios viajes a Panamá durante el tiempo de la averiguación, usando en buena parte de los viajes pasaporte diplomático. En la parte del informe en nuestro poder no se revela el número de dicho documento de identificación.

El informe fechado en septiembre de 2016 asegura que tanto "Merino como El Aissami y asociados usaron los servicios legales del abogado a Ramón Fonseca Mora, fundado del bufete jurídico Mossack Fonseca, firma implicada en el escándalo de los Panama Papers. 

Fonseca Mora fue arrestado provisionalmente el 10 de febrero de 2017 junto con Jurgen Mossack, por estar supuestamente vinculado su despacho de abogados con la Operación Lava Jato en Brasil. Se les investiga por blanqueo de capitales. El 21 de abril de 2017 fue excarcelado al pagar una fianza de medio millón de balboas y cambio de medida a impedimento de salida del país sin autorización judicial, hasta concluir las investigaciones.

Fonseca habría colaborado con los investigados en el manejo legal para las inversiones millonarias en bienes inmuebles y otros negocios en Panamá. De acuerdo a los investigadores, "las inversiones sugieren la utilización del sistema financiero panameño y centroamericano para lavar activos provenientes de las FARC y de otras empresas criminales". Dice -además- que "la estructura organizada por Merino y sus asociados, ayuda a lavar dinero de otras organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica, y cárteles de la droga sudamericanos, además de recursos ilícitos de funcionarios civiles y militares del gobierno de Venezuela, muchos de los cuales ya han sido investigados por las autoridades federales de los Estados Unidos". 

En La Habana 

La investigación también hace referencia a unas supuestas conversaciones que tuvieron lugar en La Habana durante las negociaciones con las Farc, previas al acuerdo con el gobierno colombiano celebradas entre 2012-2014. Según el reporte, "Merino habría ofrecido facilitar el movimiento de dinero del grupo terrorista hacia los bancos asociado y el supuesto traslado de lingotes de oro que las Farc obtienen de la minería ilegal en Colombia".

Igualmente, destaca que Merino asesora a la guerrilla colombiana en asuntos políticos desde el inicio de las conversaciones de paz, y que apoyó la idea de crear un partido para legalizar la lucha por el poder. Se advierte la necesidad de invertir los recursos para sostener financieramente la lucha política  en Colombia.

Señala que las Farc estaban conscientes de que tenían que abandonar los negocios de las drogas para lograr entrar a la lucha política legal por lo cual se debían tomar precauciones. El informe  dice que entre 2010 y 2014, "los jefes de las Farc enviaban el oro que extraen del territorio colombiano a Suriname donde una refinadora de nombre Kaloti hacía el trabajo de conversión para que los asociados de Merino se encargaran de depositarlos en bancos y darle legalidad".

La refinadora Kaloti está localizada cerca del Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, anteriormente llamado Aeropuerto Internacional de Zanderij-Paramaribo en Suriname. "Allí llega el oro a través de Venezuela para ser refinado y posteriormente depositado en los bancos asociados a Merino", dice el reporte.

En el informe se hace referencia a un supuesto asociado a Tareck El Aissami en Panamá y Centroamérica,  de nombre "Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de inteligencia financiera de la policía secreta de Venezuela en el gobierno del fallecido Hugo Chávez. La policía de Estados Unidos considera a Martín Olivares como un actor importante en la floreciente industria del narcotráfico en Venezuela". 

Sospechan que Martín es un enlace clave entre los narcotraficantes y altos funcionarios militares de Venezuela, de los servicios de seguridad y del gobierno que protegen el comercio ilegal de drogas y que es el principal gestor financiero en el lavado los ingresos por narcotráfico de los altos funcionarios venezolanos. 

Martín fue acusado en abril de 2016. Ver aquí,

¿Quién es José Luis Merino?

Es uno de los máximos dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Partido político salvadoreño que tiene sus orígenes en el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Merino es miembro de la Comisión Política de dicho partido y el secretario de Organización. Para las elecciones de 2015 era aspirante por una diputación en el circuito San Salvador con su partido, sin embargo, la dirigencia anunció cambios y la candidatura de Merino no procedió.  Actualmente, José Luis Merino también se desempeña como asesor de la empresa de capital mixto ALBA Petróleos de El Salvador.

A Merino se le señala como agente de la guerrilla Colombia FARC en El Salvador, a decir de José R. Cárdenas en un artículo titulado “Para lograr la paz verdadera en Colombia”, publicado en la revista Foreign Policy. El articulista que hace el señalamiento, fue asistente interino para Latinoamérica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante la administración del presidente George W. Bush. 

Merino fue nombrado el 20 octubre de 2016 titular del Viceministerio para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó Casa Presidencial de El Salvador en un comunicado. El ministerio fue creado especialmente para Merino.

Lavador de dinero del narcotráfico 

El senador estadounidense, Marco Rubio, dijo el 29 de junio de 2016, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que Merino es el encargado de lavar dinero de las FARC y lo acusó de ser traficante de armas. “Este tipo (José Luis Merino) es de primera categoría, un lavador de dinero de clase mundial, traficante de armas de las FARC… ¿Por qué este tipo no es sancionado?”.

Estas declaraciones de Marco Rubio tuvieron reacción en el seno del FMLN, que entonces desató una campaña en Estados Unidos en contra de la embajadora de esa nación en El Salvador, Jean Elizabeth Manes y en defensa de José Luis Merino.

El FMLN designó al diputado Roger Blandino Nerio, integrante de la comisión política y a Leonel Búcaro, diputado del Parlamento Centroamericano para “interceder, ante oficinas del Congreso, por José Luis Merino, el dirigente efemelenista vinculado a un empresario procesado por corrupción; y para cuestionar a la embajadora estadounidense en El Salvador.

Para los abogados efemelenistas, el senador Rubio ha hecho es un “argumento difamatorio” y se ha dedicado a andar “hablando cualquier tontera a nivel de medios”. Durante su visita, los diputados, también aprovecharon para mostrar su malestar en contra de la gestión que está realizando la embajadora en El Salvador, Jean Manes.

La negativa del partido en el gobierno de El Salvador a embajadores radicados en ese país se ha hecho evidente en los últimos meses. Ejemplo de ello son las constantes críticas que hubo hacia el diplomático alemán Heinrich Haupt.

El 4 de julio de 2016, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, dio a conocer que su despachó retomaría las acusaciones hechas por el referido senador estadounidense, Marco Rubio, contra el diputado del Parlacen y líder del partido FMLN, José Luis Merino, con el objeto de incluirlas en una investigación abierta por drogas y armas que data desde enero de 2014 en contra del citado funcionario.

El fiscal Meléndez refirió que decidió tomar en cuenta las acusaciones de Rubio pues “Viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país, y siendo el destinatario un político y funcionario de nuestro país, no se puede evitar investigar… Vamos a revisar toda esa información y la vamos a retomar si es necesario”.

Meléndez recordó que en enero de 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por el exdiputado de Arena, Roberto d'Aubuisson, la fiscalía abrió una investigación por drogas y armas contra Merino, el principal protagonista del FMLN en el entramado de las empresas Alba, que desde su nacimiento han enviado cerca de 300 millones de dólares a empresas offshore en Panamá. 

Meléndez hizo referencia a los posibles nexos de Merino con las FARC y criticó la inacción de su predecesor, Félix Garrid Safie. 

Además de las acusaciones de Rubio, hay que destacar que el nombre de Merino figuró en la computadora de Raúl Reyes rescatada durante un ataque del gobierno colombiano a un campamento de la guerrillera donde murió el segundo al mando del grupo terrorista colombiano.

Como todos los movimientos de izquierda latinoamericana mostró las simpatías del FMLN con Hugo Chávez, quien entre otras cosas, financió buena parte de sus actividades políticas. Durante los actos que se celebraron al primer aniversario del presidente venezolano, José Luis Merino,  diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), manifestó en presencia de Nora Uribe Trujillo, embajadora de Venezuela en El Salvador, que "Chávez siempre nos hizo sentir en familia y que nuestra lucha era su lucha. Encendió una luz de esperanza en América Latina, demostrando que los monstruos podían ser derrotados. Y hemos quedado impregnados de su valentía, de su capacidad de exigir respeto al mundo, marcando nuestras vidas y un camino nuevo para América Latina. Nuestra victoria, el domingo, será para el Comandante Eterno Hugo Chávez". Igualmente dio el "total y absoluto apoyo" del FMLN al gobierno de Nicolás Maduro.

El periódico español ABC a pocas semanas de las elecciones salvadoreñas en 2013 señaló a José Luis Merino de estar vinculado a actividades criminales y relacionó al FMLN con la guerrilla colombiana FARC y con actividades de narcotráfico.

“Según queda ahora al descubierto, cuando ocupaba el puesto de canciller venezolano, Nicolás Maduro medió para que el FMLN mejorara su acceso al tráfico de drogas. Un correo electrónico interceptado por personal de inteligencia extranjera muestra los trámites seguidos entre el despacho de Maduro y el de José Luis Merino, hombre fuerte del FMLN, para el viaje de un capo de la droga a la frontera de Venezuela con Colombia”.

Y agrega ABC: 

“Merino, conocido en el tiempo de la guerrilla como comandante Ramiro, ya ha sido vinculado en el pasado al narcotráfico por sus contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «Hay suficiente información que claramente presenta a Merino como alguien con fuertes conexiones con las FARC, de hecho su nombre apareció en el ordenador de un importante líder de las FARC, Raúl Reyes, cuando este fue matado en 2008», afirma Michael Braun, un experto en la lucha contra el narcotráfico por su previa experiencia en la DEA, la agencia estadounidense contra la droga. Braun recuerda que las FARC, además de grupo terrorista, son «el mayor productor y distribuidor de droga del mundo».

Según el periodista salvadoreño, Sergio Arauz, Merino “es el espía y el guardián de la seguridad de los dirigentes del Frente, una especie de policía que protege al partido. Y es el principal cerebro de las decisiones relacionadas con Seguridad Pública. Es el hombre que maneja a los hombres armados y quien decide cómo usa sus armas -políticas y de fuego- el Ejecutivo. Un hombre importante que tiene el poder de influir decididamente en la elección del próximo Fiscal General de la República. El hombre que parece decidido a reelegir a Luis Martínez” .

Una opinión que comparte James Bargent a escribir en PanamPost que “‘Ramiro’ es el nombre de guerra de José Luis Merino, un comandante de la guerrilla marxista convertido en mandarín político y jefe del submundo del presidente. 

Merino administra cientos de millones de petrodólares venezolanos por los cuales no debe rendir cuentas. Una combinación que lo convierte en un ‘creador de reyes’ en San Salvador, y eso tiene a mucha gente preocupada. Merino cuenta con una extensa red de contactos sospechosos en toda la región, lo cual lo convierte en el vínculo entre los funcionarios corruptos del gobierno y el mundo del hampa latinoamericano, con el potencial de socavar el proceso democrático en un país de América Central cuyo pasado es turbulento".

‘Es un elemento más que es capaz de llevar a cabo actividades criminales bajo el patrocinio o el control del Estado, y me parece muy preocupante’, dijo por su parte, Douglas Farah, escritor y analista de seguridad, quien testificó en febrero de este año sobre las actividades de Merino ante el Subcomité de Asuntos Exteriores sobre Terrorismo de la Cámara de Representantes del Congreso Estados Unidos”.


Yakima Trading Corporation

La empresa nombrada en el informe de inteligencia, Yakima Trading Corporation fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según la página web de la firma http://yakimatd.com/contact.html es una “corporación con una diversidad de productos y marcas que ofrece soluciones a importantes empresas del sector petrolero, petroquímico, industrial y de construcción particularmente en Venezuela y la Región”.
La empresa ofrece:
+Servicios de comercialización de crudo y sus derivados, materiales y equipos de construcción a gran escala para la industria petrolera, el sector industrial y construcción (Pública y Privada).
+Equipo comercial y logístico con atención especializada de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada cliente.
+Modalidades de compras ajustadas a las necesidades y preferencias del cliente.
+Convenios, órdenes de compra o contratos marco para el suministro de líneas de productos.

Pese a que como expresa sus productos están dirigidos principalmente al mercado venezolano su sede principal se encuentra en Panamá, a saber:
OCEAN BUSINESS PLAZA (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria)
Ciudad de Panamá - Panamá
InfoTELÉFONO-FAX: +507-214 7683 
InfoEMAIL: info@yakimatd.com

Según la página Dato Capital https://www.datocapital.com/pa/empresas/Yakima-Trading-Corporation.html 
la empresa Yakima Trading Corp., fue constituida el lunes 18 de febrero de 2002, con escrituras registradas en la notaría de Décima del Circuito, con actividad en Panamá, Panamá, está declarada como una empresa de forma jurídica corporation. La empresa en su constitución nombró a un Suscriptor, un Tesorero, un Director, un Secretario, un Presidente y un Agente Residente y fue visitada últimamente veintiséis veces en el último año, veintidós veces en los últimos ocho meses y una vez en la última semana desde seis países distintos.
Detalles
Tipo de empresa Corporation, null
Fecha de constitución lunes 18 de febrero de 2002 (hace 2 decenios)
Fecha de última actualización miércoles 19 de abril de 2017 03H48' UTC
Domicilio Fiscal Calle Beatriz M. De Cabal Panamá

En la página http://tururutururu.com/, la periodista Berenice Gómez refiere que Samark José López Bello, señalado como socio y testaferro de Tareck El Aissami, fue designado presidente de Yakima Trading Corp el 5 de febrero de 2014.

El día siguiente, el 6 de febrero, la compañía fue registrada en Gran Bretaña.
YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Número de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido) [SDNTK]. 

Tanto las dos empresas como Tareck El Aissami y su socio (testaferro) Samark José López Bello fueron sancionados por Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y movimientos extremistas del Medio Oriente. El vicepresidente de Venezuela, además, fue incluido en la lista negra del referido despacho gubernamental estadounidense, lo cual anula inmediatamente su visa y congela sus activos en territorio de Estados Unidos en febrero de 2017. En la actualidad,  Yakima Trading Corp. forma parte de estos activos congelados por el gobierno norteamericano.


Kaloti Metals & Logistics (KML)


Otra empresa mencionada en el informe fue Kaloti Metals & Logistics (KML) fue establecida en 2010 en Miami, Estados Unidos, especializada en transacciones de metales preciosos nacionales e internacionales, así como de servicios de logística para los clientes de volumen en Norteamérica, Suramérica y el Caribe.

https://www.kalotimetals.com/inicio 

Kaloti estableció en Suriname la Casa de la Moneda Kaloti Suriname, una refinería que se ha convertido en una de las primeras de la nación suramericana con la expectativa de producir 60 toneladas de oro refinado cuando alcance su máxima capacidad operativa.

Igualmente aspira aumentar la oferta de oro a Dubai donde Kaloti construye una refinería con una inversión de 60 millones de dólares .

Una investigación realizada por OjoPúblico señala que Kaloti, Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation (RMC), de EE.UU., Italpreziosi de Italia “son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de presunto origen ilegal que han sido enviadas por exportadoras sudamericanas dirigidas por operadores de esta actividad ilícita vinculados al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal”.

“Los documentos judiciales sobre las millonarias operaciones revelan que estas corporaciones negociaron la compra de oro amazónico con capos de la minería ilegal, acopiadores del crimen organizado, propietarios de exportadoras fantasmas y testaferros que fingen ser empresarios. Además con traficantes de dinero y socios de casas de cambio, controvertidos inversionistas rusos y chinos, contrabandistas peruanos, bolivianos y brasileños, directivos de empresas en paraísos fiscales del Caribe y hasta personajes investigados por la DEA.  

“Cuatro de las seis compañías compradoras de oro integran directamente el London Bullion Market; mientras que las otras dos: NTR Metals y Kaloti forman parte de grupos comerciales (la refinería Ohio Precious Metal de EE.UU. y el Dubái Multicommodities Centre, ubicado en dicho emirato) que sí están incluidos en este gremio. Todas centralizaron sus operaciones en Lima en los últimos años, pero además compran a un grupo de exportadoras sospechosas de La Paz, a donde llega el metal del altiplano y la Amazonía boliviana en la frontera con Brasil; de Medellín, ciudad de acopio de mineral de los bosques tropicales colombianos dominados por las FARC; y de la frontera entre Ecuador y Perú”. 

Alba Petróleos El Salvador

La otra empresa nombrada en el informe de inteligencia es Alba Petróleos, en la cual Merino ejerce funciones de asesor.

Según la página web http://albapetroleos.com.sv/, “ALBA Petróleos de El Salvador S.E.M de C.V. es la primera empresa de almacenamiento y distribución de diésel y gasolinas en El Salvador con finalidad social. Asimismo, la empresa comercializa lubricantes de la marca PDV y otros derivados de hidrocarburos importados provenientes de PDVSA (Petróleos de Venezuela), que cuenta con la segunda refinería más grande del mundo y las reservas certificadas de petróleo más grandes del planeta”.

Se trata de una empresa semipública creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el objetivo de importar combustible subsidiado desde Venezuela. La estatal petrolera venezolana es propietaria del 60 por ciento de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el FMLN poseen el 40 por ciento restante.

Alba Petróleos compra combustible subsidiado a Venezuela en virtud del compromiso de las municipalidades salvadoreñas de pagar la deuda con PDVSA que ya en el año 2014 se ubicaba en 943.4 millones de dólares. 

“El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas. Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas”.

Las ganancias de Alba Petróleos estarían financiando el nacimiento de una veintena de empresas manejadas por familiares, socios y abogados relacionados con José Luis Merino.

Alba Petróleos ha utilizado su dinero para montar ocho empresas en Panamá: Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el Desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, Subes Panamá, Alba Refining Company Latin América, Apalsa Marítima y Apes Inc. 

En estas compañías figuran como directivos o apoderados familiares, socios y abogados relacionados de José Luis Merino.