lunes, 31 de julio de 2017

Departamento del Tesoro de los EEUU sanciona al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

@maibortpetit

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, en la lista de sancionados conocida como SDNT.

La orden ejecutiva autoriza sanciones contra funcionarios actuales o antiguos del Gobierno de Venezuela y otros que hayan socavado la democracia en Venezuela. 

Estas sanciones se producen un día después de que el gobierno de Maduro celebrara elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que aspira ilegítimamente usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, reescribir la constitución e imponer un régimen autoritario a través de la carta marga. 

La Asamblea Constituyente representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela. El gobierno de Maduro ha procedido con la elección de ANC a pesar que los venezolanos y los gobiernos democráticos de todo el mundo se han opuesto abrumadoramente, ya que representa un ataque fundamental a las libertades del pueblo venezolano. 

La creación de la ANC es un paso más de los esfuerzos de Maduro para socavar la democracia de Venezuela y el estado de derecho.

Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos están congelados, y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con él.

Las ilegítimas elecciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que no tiene en cuenta la voluntad del pueblo venezolano. Al sancionar a Nicolás Maduro, Estados Unidos deja en claro nuestra oposición a las políticas de su régimen y nuestro apoyo para el pueblo de Venezuela que buscan una democracia plena y próspera ", dijo el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. 

"Cualquiera que participe en la ilegítima ANC  podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por su papel en socavar los procesos e instituciones democráticas en Venezuela", dijo Mnuchin.

Nicolás Maduro fue elegido Presidente de Venezuela el 14 de abril de 2013, tras la muerte del ex presidente Hugo Chávez. Maduro ocupó cargos anteriores en el gobierno venezolano, incluyendo como Vicepresidente Ejecutivo y Ministro de Relaciones Exteriores.

Bajo el régimen de Maduro, el gobierno venezolano ha abusado deliberadamente y repetidamente de los derechos de los ciudadanos mediante el uso de la violencia, la represión y la criminalización de las manifestaciones. Bajo la dirección de Maduro, las fuerzas de seguridad del régimen han reprimido sistemáticamente y criminalizado a los partidos de oposición a través de detenciones arbitrarias, procesamiento militar de civiles y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Cualquier miembro de la oposición o crítico del régimen corre el riesgo de ser detenido, encarcelado, asaltado, torturado y asesinado.

Además de cometer abusos generalizados contra los derechos humanos, el régimen de Maduro ha manejado mal la economía y se ha involucrado en la corrupción sistémica. A pesar de tener entre las reservas de petróleo más grandes del mundo, decenas de millones de venezolanos están pasando hambre porque el gobierno se niega a importar alimentos suficientes para el pueblo venezolano, se dedica a la corrupción desenfrenada en moneda a través un régimen cambiario y, a su vez, rechaza las ofertas de ayuda humanitaria.

El Gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos democráticos de todo el mundo continúan pidiendo al gobierno venezolano que detenga el proceso del ANC y permita que los procesos e instituciones democráticas de Venezuela funcionen como estaba previsto. Instamos a aquellos que fueron elegidos a la Asamblea Constituyente a declinar tomar su cargo.

sábado, 29 de julio de 2017

Zapatero da como un hecho la instalación de la ANC del régimen y pide respetar "los principios de la República"

@maibortpetit

Un comunicado dado a conocer este sábado 29 de julio, expresa la posición del expresidente español, José Rodríguez Zapatero en relación a sus supuestas gestiones de mediación. En la misiva, Zapatero da como un hecho la instalación de la Asamblea Constituyente convocada por el régimen de Nicolás Maduro y expresa que dicho órgano, debe comprometerse "de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder; y asumir el compromiso de compartir la aprobación inmediata de medidas económicas y sociales, apelando también para ello a la colaboración externa".

He aquí el texto completo:


Comunicado de José Luis Rodríguez Zapatero
sobre la situación en Venezuela.

En las últimas semanas, he mantenido reuniones diversas, unas con actores del Gobierno y otras con representantes de la Oposición, en la búsqueda de una convivencia democrática y para la paz en Venezuela.

Después de lo sucedido en los últimos meses, después de la pérdida de más de un centenar de vidas, después de las conversaciones mantenidas... me reafirmo en que únicamente la negociación, la concertación y el acuerdo pueden dar una salida a la grave crisis que vive Venezuela, la salida acordada y pacífica que desean la inmensa mayoría de los venezolanos.

En las citadas conversaciones, he identificado los temas centrales sobre los que es necesario alcanzar una negociación y un acuerdo. Y entiendo que las posiciones del Gobierno y la Oposición permitirían, con voluntad de acercamiento y esfuerzo de flexibilidad, culminar ese proceso de concertación.

Las cuestiones a definir son: 

1) La fijación de un cronograma electoral con fechas precisas para elecciones a las alcaldías y presidenciales; 

2) Avanzar de manera urgente en la Comisión de la Verdad para tomar medidas amplias e inmediatas sobre liberaciones de presos; 

3) Acordar de manera asimismo urgente el procedimiento para poner fin al desacato de la Asamblea Nacional; 

4) Fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder; y asumir el compromiso de compartir la aprobación inmediata de medidas económicas y sociales, apelando también para ello a la colaboración externa. Todo ello apelando a la paz y al rechazo absoluto de cualquier género de violencia, con pleno respeto al ejercicio de los derechos democráticos de los venezolanos.

Porque el acuerdo debe ser nítida expresión de la soberanía del pueblo de Venezuela. Solo a los venezolanos, a sus líderes y a los representantes de los ciudadanos, compete la determinación de sus bases.

El proceso de concertación debería conducirse a través de la conformación de un Grupo con presencia junto a Gobierno y Oposición de países amigos y acompañantes, y adoptándose las garantías oportunas para su cumplimiento.

Hoy y mañana Venezuela vivirá horas trascendentales. Deben transcurrir en paz. Ese es el compromiso que me han trasladado los diversos responsables políticos.

El derecho a abstenerse, el rechazo a una consulta electoral, son tan incuestionables como el derecho a votar, pero el ejercicio de un derecho sólo es legítimo cuando es pacífico.

En el antagonismo irreductible no hay ni política ni salida de convivencia imaginable, menos aún en la violencia y en el uso público de la fuerza no proporcional. Las sanciones y las previsibles reacciones a las mismas solo empeorarán la situación. Del mismo modo que las propuestas unilaterales nunca propician salidas a los conflictos.

Pido, pues, que se pase de la dinámica de acumular fuerzas a la de hacer esfuerzos decididos de negociación.

El primer responsable es el Gobierno, a él apelo para que la facilite con nuevos gestos, aunque sin la voluntad y la determinación de la Oposición nada será posible. 

Deseo expresar y agradecer la disposición cierta a abordar una salida pacífica y democrática que he podido comprobar en mis rondas de conversaciones. 

A partir de esta constatación, y con el máximo respeto al proceso político venezolano, exhorto a los diversos líderes y actores a que den una respuesta positiva a los anhelos de paz, democracia y convivencia de los ciudadanos de Venezuela.

miércoles, 26 de julio de 2017

Denuncian en el Senado de EEUU: Derwick contrató a Fusion GPS para silenciar el escándalo de corrupción en medios de comunicación norteamericanos

La firma Fusion GPS habría sido contratada por Derwick Associates para evitar que el escándalo de corrupción que envuelve la empresa, propiedad de los llamados "bolichicos", saliera desplegada en los medios de comunicación social de los EEUU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El caso de las supuestas prácticas ilícitas de la empresa Derwick Associates, acusada de varios casos de corrupción en Venezuela, salió a relucir durante una audiencia realizada este miércoles 26 de julio en la Comisión Judicial del Senador de los Estados Unidos, titulada: "Supervisión de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Tentativas de Influir en las Elecciones Estadounidenses: Lecciones Aprendidas de las Administraciones presentes y anteriores".

El objetivo de la audiencia -convocada por el presidente del Comité Judicial, Charles E. Grassley (R-Iowa)- era discutir las prácticas ilícitas de la empresa Fusion GPS, una firma de investigación  contratada por el partido demócrata que pagó al ex-espía MI6, Christopher Steele, para recopilar información sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia y la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El expediente de Steele contenía numerosas acusaciones sobre Donald Trump y la campaña, algunas de ellas sin fundamento. 

De acuerdo a la agenda del comité del Senado, la audiencia fue establecida para examinar el trabajo separado de la firma en un caso legal que involucra la Ley Magnitsky, una ley para castigar a los violadores rusos de derechos humanos. 

La firma Fusion GPS no está registrada bajo las normas establecidas por  la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)

Caso Derwick sale a relucir en audiencia del Senado sobre Fusion GPS

El presidente de la Fundación de Derechos Humanos HRF con sede en Nueva York, Thor Halvorssen fue invitado a participar en la audiencia en su calidad de defensor de los Derechos Humanos. Durante su testimonio frente a los miembros de la Comisión Judicial del Senado, el activista solicitó formalmente que se investiguen las supuestas actividades criminales de las empresas Derwick Associates y Fusion GPS.

En su exposición frente al presidente de la Comisión Judicial, senador(R) Chuck Grassley, la vicepresidente, senadora (D) Dianne Feinstein y el resto de los miembros presente en la audiencia, Halvorssen acusó a Derwick Associates y a Fusion GPS de pagar a varios periodistas para publicar pruebas infundadas contra las personas que se atrevieron a difundir información sobre las supuestas actividades delictivas cometidas por Derwick Associates, una empresa con sede en los Estados Unidos que consiguió una decena de contratos con el Estado venezolano en base al pago de millonarios sobornos a los funcionarios encargado de otorgar las licitaciones.

Halvorssen  explicó a los senadores norteamericanos que la empresa Fusion GPS cumple un rol fundamental en el multimillonario esquema de corrupción que beneficiaría al régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro, en abierta violación a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
El denunciante dijo que desde 2012 empezó a investigar el escándalo de corrupción protagonizado por Derwick Associates, una compañía creada por un grupo de jóvenes venezolanos ligado al gobierno de Hugo Chávez, cuyas actividades ilícitas se realizaron en suelo norteamericano.


De acuerdo a Halvorssen "el esquema de corrupción de Derwick incluyó bancos, empresas e incluso los tribunales de los Estados Unidos. Esta historia debería haber recibido una extensa exposición en las primeras páginas de los periódicos nacionales de Estados Unidos, sin embargo los responsables del esquema de corrupción contrataron a la empresa Fusion GPS para evitar que el caso fuera reseñado por los medios"


Halvorssen dijo que "Fusion GPS actuó como agente de relaciones públicas en nombre de un director extranjero pero dicha empresa nunca fue registrada bajo la ley FARA, lo que le permitió participar en nefastas actividades sin el escrutinio público".

Empresa sin experiencia



En su exposición, Halvorssen aseguró que "el gobierno venezolano (liderado para esa época por el fallecido presidente Hugo Chávez) adjudicó doce contratos de centrales eléctricas a Derwick Associates, una empresa registrada  en Barbados sin experiencia previa en adquisiciones y construcción".


- Los fundadores de Derwick son ciudadanos venezolanos de veintitantos años sin capital, sin ingeniería, sin antecedentes y sin ninguna experiencia de trabajo relevante. Con lo único que contaban era con una disposición a pagar cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Chávez.


Advirtió que "Derwick obtuvo las turbinas para las centrales eléctricas a través de un intermediario que recorrió los astilleros de salvamento alrededor del mundo, incluyendo en Tanzania, Qatar y China. Algunas partes vendidas al gobierno de Venezuela llegaron incluso de plantas de energía desmanteladas hace décadas en California y Mississippi".


En su testimonio frente al Senado norteamericano Halvorssen dijo que "Derwick sobrefacturó al gobierno venezolano por un equipo de segunda mano, cuyo costo superó inclusive al precio de uno nuevo y -además- contrató a otras compañías para hacer el trabajo de construcción. El sobreprecio fue de más de $ 2 mil millones de dólares".



Explicó que "los directores de Derwick, Leopoldo Betancourt-López, Pedro Trebbau-López, Francisco Convit-Guruceaga, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmán-López y Francisco D'Agostino Casado, tienen casas en los Estados Unidos, lavaron la mayor parte de los fondos robados al tesoro venezolano través del banco J.P. Morgan, y pagaron la mayoría de los sobornos por  medio de la Banca Privada d'Andorra, donde establecieron cuentas para cancelar las coimas a los funcionarios del gobierno venezolano en el gabinete de Chávez". 


Estas cuentas bancarias de Andorra -acota- se convirtieron posteriormente en el foco de una investigación. Recordó que la corrupción de Banca Privada d'Andorra produjo un escándalo público en España, a tales extremos que en 2015 el banco fue designado "Una preocupación principal de lavado de dinero" por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).



Aseguró que "los directores de Derwick continúan operando con impunidad en Venezuela y en los Estados Unidos". Asimismo, informó que "bajo los auspicios del gobierno de Maduro, el Estado venezolano provee un aparato de seguridad a Derwick, y que la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) les ha otorgado desde entonces importantes concesiones de petróleo y gas. 

En los Estados Unidos, según se informó el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, estos empresarios están siendo objeto de investigaciones federales por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),  el Departamento del Tesoro, el Fiscal de Distrito de Nueva York, y la Agencia Antidrogas Americana (DEA).

Según el denunciante, "Derwick ha robado diez veces más la cantidad involucrada en el infame escándalo de corrupción que envolvió a los directivos de la FIFA en  2015 y varias veces más que el robo de impuestos en Rusia que llevó al asesinato de Sergey Magnitsky. Sin embargo, no ha habido casi ninguna cobertura de los medios sobre el comunicación y las acciones judiciales se han paralizado"

"Uno de las razones por las cuales no hay cobertura mediática de este caso es el trabajo realizado por la empresa Fusion GPS", explicó.

En 2014, Fusion GPS comenzó a trabajar en nombre de Derwick para asegurar que la evidencia de sus crímenes y la narrativa de su espectacular robo nunca apareciera en los medios de comunicación de los EEUU.

Los medios de comunicación eran una amenaza significativa para Derwick porque, a pesar  que las autoridades tenían a Derwick en su radar, la exposición prominente de la prensa aceleraría una acusación formal.

Los cofundadores de Fusion GPS,  Glenn Simpson y Peter Fritsch  tenía un amplio conocimiento de cómo funcionan los medios, ya que habían trabajado en el Wall Street Journal por un período combinado de más de dos décadas. Durante su tiempo en ese medio, publicaron artículos que precedieron a investigaciones criminales, acusaciones y arrestos.

Halvorssen afirmó que "Fusion GPS entiende cómo funciona el medio, cómo matar una historia, cómo fabricar suficiente elementos para lanzar una investigación periodística, y lo que se necesita para descalificar a un periodista para que deje de escribir sobre una historia. Trabajando junto a su colega Tom Catan, consiguieron el objetivo que era garantizar que los denunciantes en el caso Derwick sufrieran grandes daños en su credibilidad y reputación". 

"Fusion GPS ideó campañas de difamación, preparó expedientes que incluyeran información falsa, noticias de calumnias cuidadosamente colocadas y posiblemente -incluso- organizó una ruptura en el hogar de uno de los principales denunciantes. Tengo conocimiento de primera mano sobre la amplitud y la intensidad de sus actividades porque personalmente experimenté la ira de Fusion GPS", aseguró Halvorssen.

"A finales de 2013, el Wall Street Journal asignó al periodista José de Córdoba, (corresponsal para asuntos Latinoamericanos) para investigar los supuestos crímenes de Derwick Associates. Después de varios meses de investigación, De Córdoba produjo una historia sobre Derwick tan convincente que estaba programada para publicarse en la primera página del periódico. Yo era una de las fuentes principales en ese artículo", dice el denunciante.

Antes de que apareciera la historia, el periodista De Córdoba fue invitado a visitar Venezuela junto a los directores de Derwick. El señor De Córdoba viajó a Caracas en julio de 2014, donde fue saludado en las oficinas de Derwick por  el directivo de Fusion GPS de Peter Fritsch, quien a su vez era el ex supervisor de De Córdoba. De Córdoba describió esta flagrante táctica de intimidación como algo que le hizo sentir incómodo".

"Fritsch envió a De Córdoba un expediente que contenía información falsa y despectiva sobre mí y sobre los otros denunciantes que habían llamado la atención sobre Derwick", afirmó Halvorssen.

"Fritsch también le dijo a De Córdoba que los denunciantes formaban parte de una campaña  de difamación pagada contra los acertados y honrados empresarios venezolanos. Irónicamente, en este cuento, Fritsch invirtió los papeles de su organización y la oposición que había sostenido contra Derwick", argumentó Halvorssen. 

"Fusion GPS fue responsable de la campaña de difamación cuyos objetivos fueron desacreditar un grupo de gente honesta que trataron de exponer la corrupción del régimen de Hugo Chávez y sus aliados de la empresa Derwick. De Córdoba me informó que la información contenida en el expediente sobre mí no era creíble", acotó el denunciante.

Después de su regreso a los Estados Unidos, los supervisores de De Córdoba en el periódico recibieron múltiples cartas  de amenaza enviadas por el abogado contratado por Derwick, Adam Kaufmann del bufete Baach, Robison & Lewis con sede en la ciudad de Nueva York.

Kaufmann tiene una relación de más de 20 años con los principales socios de Fusion GPS. Este abogado fue contratado por Derwick para pagar los honorarios de Fusion GPS y hacer los documentos, incluyendo todas las facturas de servicio que estarían cubiertas por el privilegio de abogado-cliente. 


El Wall Street Journal nunca publicó la historia sobre los crímenes de Derwick gracias a las acciones emprendidas por Fusion GPS. Múltiples historias en varios medios de comunicación también fueron torpedeadas por esa empresa antes de su publicación, incluyendo reportajes en prominentes  medios de comunicación como Bloomberg News y The Economist en Londres.

- Además de proteger a Derwick de los informes de investigación periodística en su contra, Fusion GPS también se dedicó a atacar a Alek Boyd, un prolífico periodista de investigación residenciado en Londres. Boyd había publicado en su blog personal extensos reportajes sobre la corrupción de Derwick. Fusión GPS diseñó una campaña de descalificación con falsas acusaciones en contra de Boyd a quien señaló de ser un notorio pedófilo, un narcotraficante convicto, un ladrón de coches y un extorsionista. 

Tras las acusaciones sin fundamento, Boyd incrementó las publicaciones en línea sobre Derwick y  aumentó su escrutinio sobre los directivos de la empresa. Semanas después de dichas publicaciones, en un crimen no resuelto, tres hombres irrumpieron en la casa del periodista en Londres, robaron su computadora y colocaron fotografías de sus hijas, tomadas con un teleobjetivo, en los bolsillos de su impermeable. 

Boyd recibió posteriormente una carta anónima manuscrita donde lo amenazaban que iban a violar a sus hijas.

Varios meses después de este hecho, Simpson y Fritsch continuaron contactando a periodistas que estuvieran escribiendo historias sobre  Derwick. Esta vez le tocó a Kenneth Silverstein,  a quien le proporcionaron un expediente similar al que le habían dado a De Córdoba. 

Silverstein procedió a escribir mensajes vituperantes en blog y en más de una docena de medios de comunicación social donde afirmaba -falsamente- que yo sufría de adicción a la heroína, que fui enviado a un centro de rehabilitación de drogas en Tennessee, y que Peter Thiel, una ex pareja romántica, había pagado por mi supuesta rehabilitación. También repitió la acusación contra Boyd y contra otros denunciantes. Silverstein me acusó falsamente de pedofilia y escribió sobre el mal uso de las donaciones hechas a la Fundación de Derechos Humanos (HRF) y que asistía a los eventos de trabajo drogado. 

Ninguna de estas terribles acusaciones tienen alguna base de hecho. Fusion GPS arregló para que estas versiones fueran publicadas y difundidas ampliamente para castigarme por ser uno de los principales denunciantes  de Derwick, poniendo de relieve mi credibilidad como defensor de los derechos humanos. 

"Aunque Silverstein ha declarado públicamente ser partidario de Hugo Chávez y de la dictadura de Venezuela, las evidencias también sugieren que Fritsch pagó a Silverstein y que ésta no sería su primera colaboración", aseguró.

"Como dijimos, más allá del señor Boyd y de mí, hay un puñado de otros periodistas involucrados en las denuncias del caso penal Derwick que también han sido sujetos de las tácticas de Fusión GPS", explicó.

Asimismo, Halvorssen citó el caso del ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, quien presentó una querella contra Derwick por difamación basada en la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act -RICO) en un tribunal de Nueva York. "Esta demanda fue recientemente desestimada por motivos jurisdiccionales, aunque los acusados ​​de Derwick han viajado más de cien veces a los Estados Unidos, poseen casas en Miami y Nueva York, el juez encontró que sus contactos con los Estados Unidos no eran suficientes para someterlos a la jurisdicción del tribunal". 

Continuó señalando que "Más allá de calificar a Derwick Asociados como una empresa criminal, prominentes abogados que se especializan en la Ley RICO me han sugerido que los directores de Fusion GPS están operando como una empresa criminal que
viola la Ley RICO por represalia contra los denunciantes que se han puesto en contacto con las agencias de aplicación de la ley".

Más allá de la conducta de sus clientes para vilipendiar y desacreditar a cualquier denunciante, Fusion GPS no ha podido registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), afirmó Halvorssen.

Dijo además que "Los directores de Derwick Asociados han sido investigados por el Departamento de Estado de los EEUU, en el Congreso de Estados Unidos, y en la Casa Blanca como merecedores de sanciones individuales y la imposición de una prohibición de visa".

Advirtió que "Fusion GPS, sin duda, ha intentado influir en la política en nombre de los directivos de Derwick, quienes son parte indistinguibles del gobierno de Venezuela y del abuso del aparato de seguridad venezolano, bases militares nacionales y aeropuertos restringidos; de los altos funcionarios gubernamentales, incluido el Presidente Nicolás Maduro y su familia, y de su capacidad para escapar del enjuiciamiento por sus múltiples crímenes en Venezuela.

Cualquier acto de corrupción en conjunción con la dictadura de Venezuela es por necesidad una acción que faculta a ese gobierno y le permite que siga ofendiendo la responsabilidad democrática y violando los derechos humanos con impunidad.

Los funcionarios corruptos de la dictadura serían impotentes si no tuvieran cómplices en el mundo de los negocios, y estos cómplices, a su vez, serían aliados inútiles sin facilitadores como Fusion GPS, empresa que  está dispuesta a blanquear y a beneficiarse de sus crímenes. 

Halvorssen dijo los siguiente: "Los que han optado por exponer estos abusos de poder no somos las únicas víctimas aquí. Consideren que ninguna de las plantas de energía construidas por Derwick en Venezuela están funcionando correctamente, lo que lleva consigo un enorme costo humano: los apagones ocurren diariamente en toda Venezuela; los hospitales no tienen electricidad y dependen de linternas y teléfonos celulares para encender sus quirófanos; las instalaciones de vivienda pública en edificios de gran altura requieren que los inquilinos ancianos suban múltiples escaleras porque los ascensores no tienen electricidad; en el caso de los alimentos (que es un recurso escaso en Venezuela) se pudren porque en millones de hogares los refrigeradores no funcionan; hay miles de accidentes de tráfico porque las calles y carreteras no tienen iluminación. Imagínese qué horrible debe ser vivir en un país donde durante, varias horas al día, todos los días, la población rural sufre apagones.

Más adelante concretó que "Fusion GPS no es una "investigación de la oposición" o una empresa de comunicaciones de crisis. Fusión GPS es un grupo de expertos -altamente remunerados- que funcionan como un accesorio de los crímenes cometido por Derwick Associates. Como tales, son en parte responsables de la injusticia y el sufrimiento provocados por las acciones de Derwick en Venezuela".

Halvorssen instó a los senadores a que investiguen las actividades de Fusion GPS y -especialmente- su disposición a pagar a los periodistas a cambio de la publicación de pruebas infundadas sobre algunas personas que representan un desafío para sus clientes.

¿Quién es el denunciante?

Thor Halvorssen es presidente de HRF, una organización internacional con 12 años de antigüedad en la defensa de los derechos civiles y políticos en los países autoritarios, integrada -además- por el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel; el presidente checo, Václav Havel; el embajador de las Naciones Unidas, Armando Valladares, y el campeón de ajedrez Garry Kasparov, entre otras personalidades. 

Asimismo, preside el Foro de Libertad de Oslo, una reunión internacional que lucha contra las dictaduras en todo el mundo. Es investigador y escritor especializado en materia de corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

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Fusion GPS está siendo acusada de hacer lobby en nombre del gobierno ruso sin registrarse como agente extranjero, lo cual violaría la Ley FARA. 









viernes, 21 de julio de 2017

PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos

   Aun en situación de crisis, la petrolera estatal continúa siendo el eje de los principales negocios que tienen lugar en el país, sean estos de carácter lícito o ilícito, estos últimos cometidos al amparo de funcionarios gubernamentales o de la empresa que, ávidos de dinero fácil, acuden a ella para amasar fortuna en desmedro de la economía nacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   De ser la otrora principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, pareciera haber devenido en la fuente de ingresos de funcionarios corruptos de la estatal, de la administración pública y sus allegados. Y es que mientras la austeridad se ha impuesto a la mayoría de los venezolanos por la merma de los ingresos petroleros, se han incrementado las riquezas inexplicables de quienes han tejido todo un entramado de corrupción en torno a la compañía que por vía de otorgamiento de contratos a empresas de maletín sin que medien para ello procesos licitatorios sino la voluntad de una gerencia deshonesta conectada a las redes de corrupción, ha configurado la manera de dirigir un gran porcentaje de los dineros que debieran destinarse a solucionar los problemas de la población, a las cuentas de inescrupulosos mercaderes de la industria y el gobierno. 
    Especialmente en el área oriental parecen concentrarse la mayoría de las operaciones fraudulentas en torno al auge que en los últimos años ha tomado la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor concentración de reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. En tal sentido, decenas de posibilidades de negocios han surgido alrededor de los 650 kilómetros de este a oeste y unos 70 kilómetros de norte a sur, que comprenden territorios de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

   La corrupción ha alcanzado tales extremos, que ya hasta portales oficialistas como Aporrea se han visto en la obligación de denunciar los hechos, entre ellos los supuestamente cometidos por el empresario y alcalde Jhonnathan Marín en la Faja del Orinoco. En una nota publicada el 22 de septiembre del corriente 2017, se cita el caso de este hombre quien accidentalmente terminó convertido en alcalde de Guanta, municipio aledaño a Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, y que se ha convertido, según afirma la página en “instrumento para la corrupción petrolera en el oriente del país”[1].

   Jhonnathan Marín habría logrado amasar una gran fortuna luego de haber conformado las denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta, las cuales le permitieron construir su red al derivar los contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA.

  Pues bien, refiere Aporrea que Urbano Fermín y sus hermanos pasaron de ser propietarios de un “camión volteo que ’sacaba arena’, a ser los accionistas del grupo empresarial de más rápido crecimiento de la región y tal vez del país”. En 2009 esta empresa resultó favorecida de los contratos para la gasificación de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta y luego de otras contrataciones de gran magnitud en la Faja Petrolífera del Orinoco, “todo esto de la mano de Marín”, reseña Aporrea.

   Marín es familiar directo del exalcalde de Barcelona, José Gregorio “Goyo” Salazar, quien huyó a Miami luego de desfalcar a la municipalidad. En dicha ciudad del Estado de la Florida, también residen la esposa y los hijos de Jhonnathan Marín. Según los movimiento de migración se estableció que solamente durante el mes de agosto viajó en cinco oportunidades al país del norte.

“Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esteiny Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA”.

   Pero Jhonnathan Marín no solamente hace negocios con Cuferca, sino también con el empresario Constantino Bonaduce —quien también es procesado por corrupción— a quien otorgó una concesión de aeropuerto, “que le ha permitido convertirse en dueño y operador de una especie de puerto aéreo en Barcelona llamado Aerocentro. En esa contratación estuvo metida la mano y la firma del general prófugo y confidente del gobierno de EEUU, Hebert García Plaza”, agrega Aporrea.

El caso de Malik Souki

  Aunque se trata de un clan familiar, el nombre de Malik Souki, resuena entre todos ellos pues desde hace muchos años se le relaciona con múltiples casos de corrupción.

   Esta familia de origen árabe residenciada en Anaco, es propietaria de Militarek, empresa ampliamente favorecida por la gerencia de Petróleos de Venezuela a la hora de la adjudicación de contratos.

Ya en 2011, específicamente el 13 de noviembre, también Aporrea se hacía eco de las denuncias que en contra de esta contratista de PDVSA formulaban los trabajadores de los pozos petroleros a los que Militarek hacía servicio en la ciudad de El Tigre. Acusaban en ese entonces una serie de irregularidades y violaciones que comenzaban con el hecho de estar suspendido del Registro Nacional de Contratistas y, sin embargo, siguió siendo contratada, habiéndose comprobado ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, que presentó ante la petrolera una solvencia laboral falsa por lo cual no recibió sanción alguna.

   La referida nota de Aporrea advertía que ni PDVSA ni las autoridades competentes acometieron una investigación respecto a los innumerables accidentes laborales y condiciones inseguras de trabajo a que estaban sometido quienes se desempeñaban en Militarek. Denunciaban las páginas oficialistas la inmutabilidad, incluso, ante las muertes ocurridas por las precarias condiciones de trabajo.

  Se explicaba que los 8 taladros con los que trabajan a lo largo de los diferentes campos petroleras estaban en pésimas condiciones y subrayaban que “el dueño de esta empresa, Sr. Malik Hassib Souki El Lara, no acata ni respeta las leyes venezolanas, actualmente se encuentra fuera del país, esto debido a un problema que mantendría con unos supuestos motores y partes de taladro que serían de dudosa procedencia. Su esposa estuvo detenida y su finca intervenida. En los diferentes taladros que se revisaron y requisaron por parte de los militares, hay un silencio y secreto a voces. Todos los que de alguna manera se han atrevido a denunciar este cúmulo de situaciones los amenazan a ellos y a sus familias más cercanas”[2].

Al haberse comprobado el forjamiento de documentos, Malik Souki, de quien se dice es primo de Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular, fue objeto el 13 de marzo de 2012 de una medida cautelar sustitutiva de libertad por parte del Tribunal de Control de Barcelona a cargo de la jueza María Caraballo Español, un acto que no se cumplió pues el imputado huyó a Panamá.

  Y es que, a pesar de todas las denuncias en su contra, la empresa Militarek seguía siendo amparada por funcionarios gubernamentales y de Petróleos de Venezuela, tal es el caso del gerente de consultoría jurídica de PDVSA Servicios, Alexis Moreno, y de quien años más tarde resultó imputado por corrupción, José Luis Parada, el encargado de firmar los convenios con Souki, refiere el portal Anonymous Democrático que muestra toda la documentación que sustenta las denuncias en contra de la citada empresa[3], tales como los contratos; las constancia que evidencia la falsedad de las solvencias; escrito en los que se afirma que Tarek William Saab, para entonces gobernador del Estado Anzoátegui, respalda la corrupción de Miltarek; pruebas de la insolvencia de la empresa con el Ministerio del Trabajo y el IVSS; así como órdenes de pago a favor de la empresa con la venia de Rafael Ramírez, exministro petrolero y expresidente de PDVSA.


   La turbidez de los asuntos relacionados con Malik Souki han llegado al extremo de que en mayo del presente 2017 se corrió el rumor de que su cuerpo había sido encontrado sin vida, un hecho que no fue confirmado ni por la familia ni por autoridad alguna. La ola de rumores insiste en decir que Souki, por múltiples amenazas de muerte y su condición de prófugo, entra y sale constantemente del país escoltado por guardaespaldas e, incluso, por militares, por lo que se estima que la especie corrió sólo como una medida de protección para el empresario. Sin embargo, debemos aclarar que todo esto entra solamente en el terreno de las especulaciones y sólo hacemos mención de ello como una manera de ilustrar el nada transparente entorno de este hombre y sus empresas contratistas de la estatal petrolera nacional.

  Entre los funcionarios de la petrolera que apadrinan a Militarek figura, Emeterio Marcano, actual vicepresidente de PDVSA servicios en Oriente, quien este año contrató a la empresa Sundrill International, S.A., subsidiaria de la empresa rusa Newtech Services, para la perforación de pozos en la faja del Orinoco. Igualmente, Sundrill está registrada en Houston bajo el nombre de Sundrill Energy Services, cuyos propietarios son:Mark Sadykhov, 
Sergey Malygin y Matt S. Pond.
  Entre las condiciones impuestas para el otorgamiento del contrato de PDVSA a esta empresa estuvo la imposición de Alonzo Zacarías como gerente general en Venezuela. Este hombre mantiene una relación de compadrazgo con Emeterio Marcano y es una persona muy cercana a otros altos directivos, gerentes y ejecutivos de la petrolera nacional dijo una fuente ligada a PDVSA que pidió mantener en el anonimato por su seguridad. En el manejo de este contrato y en las operaciones se estarían violando una serie de cláusulas y leyes con respecto a pagos de servicios, compras y aprobación de transacciones.

Exigencias rusas de limpieza en PDVSA

El grado de corrupción en PDVSA ha llegado a tal extremo que desde Rusia —país al que ha recurrido en los últimos años el gobierno venezolano para obtener financiamiento ante la quiebra de la principal industria del país— han exigido a la administración de Nicolás Maduro una limpieza exhaustiva en el estatal de tal manera de garantizar sus inversiones.

Es el caso de Gazprombank Latin America Ventures B.V., la cual es una empresa socia de PDVSA en Petrozamora que, al encenderse las alarmas con la detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de un grupo de gerentes de la empresa, a cuya cabeza se encontraba Gustavo Malavé(Ver detalles aquí), por el caso de la compra de los desemulsionantes para la empresa mixta Petrozamora, usada para negocios irregulares, procedió a poner sobre la mesa una serie de exigencias que le permitan resguardarse y evitar ver afectado su patrimonio, refiere el portal Verdades y Rumores en fecha 28 de septiembre de 2017[4]

  Las presiones de Gazprombank Latin America Ventures B.V. permitieron desarticular la irregular operación que afectó a decenas de cargamentos de crudo y generó daños patrimoniales de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Indica la publicación que la intermediación de petroleros internos y externos ha resultado infructuosa frente a las demandas de los rusos.

  Inicialmente la gerencia de PDVSA quería hacer una operación de maquillaje, de modo de no afectar a los involucrados, borrando todas las huellas de hechos irregulares, pero los rusos en un afán de salvaguarda, enviaron una comisión de expertos para hacer todas las indagaciones que sean pertinentes y que actúa en la petrolera con asistencia del Sebin para destapar todos los ilícitos e implementar soluciones a dichos entuertos, se lee en Verdades y Rumores[5].

Farándula inmiscuida

   De los escenarios, actores y cantantes venezolanos han decidido pasar a establecer negocios con la PDVSA, sólo que en lugar de hacerlo de manera honesta, su figuración ha sido irregular adquiriendo por ello tanta o más fama que pos sus interpretaciones.
Tal es el caso del actor Manuel “Coco” Sosa, detenido el pasado 4 de octubre en Las Mercedes por una acusación por fraude emitida por la Fiscalía General de la República.

Sosa habría desfalcado, a través de sus empresas, a la Faja Petrolífera del Orinoco, reseña Globovisión[5][5].

El fiscal general de la Republica designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Sosa fue presentado el ante el tribunal 22 de Caracas imputado por contratos irregulares que alcanzan los 27 millones de dólares.

Saab indicó que “la investigación asciende a la evaluación de 10 contratos ‘por un monto con sobreprecio del 200% lo que suma unos  27 millones de dólares’. Entre los contratos vinculados con el caso, se destaca la a adquisición de equipos de comunicación, material para la fabricación de líneas de agua, impresoras, aceite hidráulico, piezas de taladro, bebidas y alimentos, cartuchos de impresora, cascos para soldaduras, bolsas de polietileno y materiales diversos”, refiere El Universal [6] en nota publicada el 6 de octubre de 2017.

Tales contratos involucrarían, por lo menos, a ocho gerentes de Petropiar quienes también son investigados por el Ministerio Publico.

Manuel Sosa es señalado por mantener una vida de dispendio y lujos, poco cónsona con su nivel de ingresos. El portal Lechuguinos refiere que el actor es propietario de empresas, camionetas de lujo, aviones y yates.

Indica la página que Sosa participa como accionista, en aproximadamente nueve compañías, que están  inscritas en el estado de Florida en los Estados Unidos. Tres en Doral: Suministros Gramal, Spearkon y Samanna. Allí también operan otras cuatro compañías bajo la dirección de Irina Lucena, quien figura como secretaria de las empresas donde el actor es el presidente.

“Las empresas de Manuel  Coco Sosa, fueron fundadas las primeras en el año 2012 dentro de ellas Queen Supply junto a Helmuud David Castrillón, la cual se encuentra inactiva actualmente y la más reciente el año 2016 registró Monica Spear Foundation Inc, en Pembroke Pines”[7].

También el cantante Roberto Antonio, manifiesto simpatizante del oficialismo, está señalado de mantener relaciones contractuales con la estatal PDVSA. En 2010 a Roberto Antonio le asignaron la concesión de una estación radial en Anzoátegui a la que llamó “Marejada”[8], informó la página Noticias al día para la fecha.

El cantante supuestamente compra en Houston, Estados Unidos, equipos y materiales petroleros que posteriormente revende con sobreprecio a PDVSA sin que para ello medien procesos licitatorios, sino que los obtiene por adjudicación directa. En la ciudad norteamericana, participa en reuniones con otros venezolanos, entre ellos Iván Natera vinculado al contratista petrolero, Pietro Micale. A este último el 16 de marzo de este año 2017 le allanaron su residencia ubicada en la urbanización Las Villas de Lechería, estado Anzoátegui. Esta acción se llevó a cabo dentro del proceso de investigación de presuntos hechos de corrupción en desmedro de las arcas de PDVSA. El portal Noticias al día refiere el 19 de marzo de 2017 que Micale “dio sus primeros pasos comerciales como vendedor de la llamada lotería de animalitos en el Oriente venezolano y luego gerenciando una casa de chicas y entretenimiento para adultos en la ciudad de Anaco. Posteriormente participó en negocios de PDVSA como el del coque en la Faja Petrolífera del Orinoco, a la par con el grupo empresarial Urbano Fermín”[9].

El en este mismo blog se reseñó un informe de una investigación federal sobre se informa que Petro Micale figura entre los socios del empresario, Franco Tortolani, señalados “por la comisión de hechos de corrupción, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, entre quienes figuran otros contratistas, así como funcionarios y exfuncionarios de la industria petrolera venezolana”[10].

También en el terreno de las especulaciones a Roberto Antonio se le señala de ser testaferro de funcionarios del gobierno, incluidos militares y directivos de PDVSA. Ver detalles.

Roberto Antonio sería socio de Johanna Torres con quien sería propietario, a partes iguales, de Sublibarbara, C.A., RIF J- 402043198[11] y la cual se mantiene activa en el Registro Nacional de Contratistas, RNC [11].

Esta empresa se dedica a “prestar servicios para la ejecución de obras; suministro o el mantenimiento de bienes y servicios para el sector público nacional, estatal, y municipal, o de cualquiera de sus empresas o institutos, así como las industrias de hidrocarburos, petróleo, gas, metalúrgica, mecánica, minera, petroquímica, textil, construcción, telecomunicaciones, aeronáutica, aeroespacial y agroindustrial, y al sector privado, etc.[12]”, se lee en el portal Noticias Candela.

Las operaciones las harían a través de su esposa, Norma Sampere, quien figura como propietaria de New wave Productions CAEntretanto, Gabriela Montanari es la esposa de Iván Natera, además de amiga y allegada de Norma Sanpere, quienes en conjunto mantienen vínculos con el anteriormente citado, Pietro Micale y la familia Souki, señalados como ya se ha apuntado casos de corrupción.

Como puede observarse, Petróleos de Venezuela, S.A., aun por muy depauperada que se encuentre, continúa siendo el centro de los principales negocios del país, sean estos origen lícito o ilícito. A ella acuden con premura quienes anhelan amasar fortunas sin que para ello medien la honradez y el trabajo, sino el amparo a la sombra de los negociados corruptos.

lunes, 17 de julio de 2017

Roberto Rincón y Abraham Shiera serán sentenciados en febrero de 2018

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una vez más la Corte del Distrito Sur de Texas aplazó para el 8 de febrero de 2018, la fecha de lectura de la sentencia de los empresarios  venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de participar en un esquema de corrupción para conseguir contrato de Pdvsa, para lo cual pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.
La fecha de la sentencia ha sido cambiada en varias oportunidades motivado a una serie de mociones presentadas por la defensa y el gobierno. La sentencia estaba prevista para el 14 de julio de 2017. El juez Gray Miller dió a conocer la nueva fecha para el próximo año. 

Se conoció que la información entregada por la fiscalía de Suiza a los Estados Unidos incluye información relacionada con este caso que envuelve pagos de sobornos millonarios a funcionarios de Pdvsa y trabajadores de esa empresa.


Narcotráfico: Fabio Lobo, hijo de expresidente de Honduras, fue sentenciado a pagar a los EEUU $266.667

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, fue condenado por un tribunal en Nueva York a pagar $266.667 dólares al fisco norteamericano como consecuencia del delito de conspirar para traficar cocaína a los EEUU, por el cual se declaró culpable el 16 de mayo de 2016.
El 18 de marzo de 2015, Fabio Porfirio Lobo fue acusado de violar el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963. En la acusación en su contra, la justicia estadounidense incluyó alegaciones de confiscación del dinero proveniente de actividades de narcotráfico, en concordancia del Título 21 del Código de los Estados Unidos, las Secciones 853 y 970.

En los EEUU, la ley establece que cuando un acusado ha obtenido dinero o bienes de manera directa o indirecta como resultado del delito imputado, el gobierno decomisará cualquiera y todos los bienes provenientes de la actividad criminal.

Las  Reglas Federales de Procedimiento Penal no requieren un procedimiento auxiliar para ejecutar la medida en el que el decomiso de dinero en un juicio.

El tribunal neoyorquino ordenó que como resultado de la declaración de culpabilidad el demandado sería condenado a  una sentencia de dinero por la cantidad de $266,667 en lugar de la cifra que originalmente se dió a conocer que eran $ 326.667. Esta orden se dicta de conformidad con la Regla 32.2 (b) y (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de los EEUU.

El memorando firmado por la juez Lorna G. Schofield dice que la orden de confiscación o sentencia de dinero es definitiva y se considerará parte de la condena del demandado, por lo cual se incorporará en el juicio de convicción.

Gobierno se opone a la reducción de sentencia de dinero

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon  H. Kim, conjuntamente con los sub-fiscales del caso Emil J. Bove III y Matthew J. Laroche se opusieron al dictamen dado a conocer por la Corte de 30 de junio de 2017 donde se ordenó retirar las objeciones hechas a la reducción del monto de droga en los que el acusado está involucrado. 

El fiscal observa que en el memorando de la corte no se discuten los efectos de la determinación de la condena que, de acuerdo a las evidencias presentadas por individuos que actuaban bajo la dirección de la DEA, Fabio Lobo Lobo estaría vinculado a un  envío de 2.500 kilogramos de cocaína. "El demandado entendió en el momento de su detención que el cargamento implicaba un total de tres toneladas de cocaína", dice en referencia a una grabación de fecha 17 de mayo de 2014.

Asimismo señalan que el acusado indicó en abril de 2015 que "su 10% del envío" consistía en "300" kilogramos, relativo al envío de "3.000 kilogramos de cocaína".








Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas ciudades estadounidenses un nicho para que las mafias y organizaciones criminales las prefieran para darle a su dinero sucio, visos de legalidad.


Ocupar los primeros lugares no siempre es bueno, sobre todo si, como en el caso de Miami y Nueva York, se ubican a la cabeza de las ciudades preferidas por las mafias y la industria criminal, para lavar el dinero proveniente de su actividad delictiva. 
En el caso de la ciudad ubicada al sur del estado de la Florida, los ranking la señalan como un destino preferente de los capitales mal habidos para legitimarlos través de operaciones en el sector inmobiliario y diversas actividades del sistema productivo de la zona.

El lavado o blanqueo de capitales comprende tres etapas, según explican los especialistas en la materia, a saber, la colocación, la estratificación y la integración al sistema financiero.

La colocación

Así tenemos que la referida primera etapa de colocación comprende el traslado o movilización del dinero desde su fuente base que es la actividad delictiva, al destino que servirá para la legitimación. Este movimiento se hace de manera camuflada, es decir mediante una operación aparentemente legal que lleva el dinero a instituciones financieras, establecimientos comerciales, casinos, casas de cambio o cualquier otro tipo de negocios.

Con la colocación, los criminales lo que buscan es deshacerse a la mayor brevedad del dinero en efectivo.

Para llevar a cabo esta actividad, sus protagonistas requieren del concurso y complicidad de las instituciones financieras o bancos, que les dé entrada al dinero sin activar los mecanismos de seguridad pertinentes que permitirían detectar la operación fraudulenta. El contrabando de divisas mediante instrumentos monetarios,  suele ser una de las formas predilectas de hacer colocaciones por parte de los agentes del crimen organizado.

Para la colocación, el intercambio de divisas también es una vía que sirve para cumplir con este cometido que es llevado a cabo en economías que transitan momentos de transición hacia la liberalización de los mercados.

Otra forma son los agentes de valores, quienes facilitan las operaciones de lavado mediante de grandes depósitos de dinero en efectivo que sirven para ocultar el origen de los fondos.

Y es que el dinero mal habido se oculta con suma facilidad entre grandes cantidades. Así mezclado el capital legítimo con el ilegítimo, puede burlar los controles y darle ingreso a instituciones financieras donde adquieren apariencia legal. Destinar el dinero ilegítimo a la constitución de empresas de maletín o de fachada es también una estrategia para colocar el dinero sucio.

Obviamente, la compra de activos nunca se descarta como vía para la legitimación de capitales, operaciones que con frecuencia se hacen con dinero en efectivo con el objetivo de hacer cambiar de apariencia al capital ilícito y darle una fachada con visos de legalidad y menos ostensible que el dinero contante y sonante.

La estratificación

La segunda etapa, la de estratificación, tiene como fin ocultar el dinero dentro de un entramado y complejo conjunto de operaciones segmentadas que generan confusión e impiden la visualización de la actividad irregular, haciendo más dificultoso su rastreo.

Una manera de hacer esto puede ser el cambio o transformación de instrumentos monetarios en varias sumas pequeñas. Aquí la operación consiste en tomar el dinero previamente colocado en el sistema financiero y transformarlo en cualquiera de los instrumentos monetarios de que dispone la banca como giros bancarios o postales.

Adquirir bienes materiales que luego son revendidos es también una forma de estratificación.

La integración

La tercera etapa del proceso de lavado de dinero es la integración, la cual persigue ofrecer una apariencia de legalidad y legitimidad a los fondos ilícitos a través de su reingreso en el sistema económico mediante la realización de operaciones, sean personales o comerciales, que se tienen como cotidianas en el mercado.

El dinero adquiere la apariencia de una ganancia normal de trabajo al ser reinsertado en la economía. Compra de bienes raíces, de objetos suntuosos o inversión en proyectos comerciales, entre otras actividades.

Aunque guarda similitud, no debe confundirse con la estratificación.

Durante esta etapa de integración el lavador de dinero tiene la oportunidad de obtener ganancias y hacer incrementar el capital proveniente del delito. 

Los métodos conocidos que suelen usarse para la integración son la venta de las propiedades, la constitución de empresas fachada, los préstamos falsos.

La banca extranjera es una vía muy utilizada para estas actividades y para ello la complicidad de los funcionarios de gobierno es vital.

Llevar a cabo importaciones justificadas mediante facturas falsas por parte de las empresas de importación y exportación que se alían con las mafias y logran integrar así las ganancias ilegales a la economía, es igualmente una vía para concretar la integración. 

El entramado

En los distintos mercados de Estados Unidos es posible palpar la tendencia especulativa imperante y que se dirige principalmente hacia las propiedades comerciales. 

Los grandes flujos de inversión que tienen lugar entre Estados Unidos y China es ejemplo de lo anterior.
Son operaciones perfectas para este tipo de actividad delictivas y que se llevan a cabo a través de empresas fachada, cuyos propietarios son muy difíciles de identificar, incluso para los investigadores del FBI.

Estados Unidos ha mantenido una política que prioriza y favorece la inversión extranjera en su territorio, siendo la compra de bienes raíces una de las principales maneras de que dicha inversión tenga lugar.

Pero del mismo modo en que el mercado inmobiliario es atractivo para los inversionistas legales, también lo es para los lavadores de dinero. Así, los bienes raíces son especialmente tentadores para los inversionistas sombríos. Además, este tipo de inversión contribuye al alza de los precios de las viviendas, por ejemplo, especialmente en aquellas ciudades con restricciones de oferta.

Para el economista inmobiliario, John Roussel, obligar a la divulgación de la identidad de los propietarios contribuiría enormemente a la reducción de los precios de los inmuebles.

En ciudades como Nueva York la renta media se ha incrementado en 20 por ciento en el último quinquenio, este problema se agudiza aún más y el déficit de vivienda empuja la inflación. 

Como dato curioso, por ejemplo, está el hecho de que las compra de bienes raíces por parte de extranjeros en lujosos barrios hace que se incremente el problema de la escasez de viviendas pero con el agravante de que los condominios que se muestran agotados, se encuentran vacíos, nadie vive en ellos. Se trata de inmuebles comprados como inversión y no para destinarlos para vivienda.

El problema se agrava cuando se comprueba que también la actividad terrorista busca destinar sus capitales al mercado de bienes raíces usando para ello empresas fachada. Algunas iniciativas legislativas, por tanto, están apuntando a tratar de regular esta situación obligando a las empresas compradoras a presentar información sobre la identidad de los beneficiarios de las operaciones al Departamento del Tesoro.

Sin embargo, los agentes de lavado de dinero y la corrupción pueden evadir todos estos mecanismos al hacer sus adquisiciones en dinero en efectivo.

Una alternativa para desestimular las inversiones en bienes raíces destinadas a legitimar capitales, pudiera ser la imposición de impuestos a las propiedades desocupadas.

Las compañías anónimas son, según lo ha denunciado el Grupo de Acción Financiera que agrupa a varios gobiernos en el combate del lavado de dinero, una figura que en Estados Unidos favorece esta actividad ilícita que también se ve incentivada por los fuertes derechos de privacidad que la ley otorga a las empresas en esa nación. 

La acción del estado debe dirigirse, por tanto, a mantener el prestigio de Estados Unidos como lugar idóneo para las inversiones y al mismo tiempo garantizar que dicha buena fama no se vea enturbiada por las facilidades que permiten que el dinero ilícito encuentre cabida para legitimarse. La transparencia, estiman los expertos, contribuirá a mantener el buen nombre de la nación estadounidense al mantener distantes a los capitales sombríos.