martes, 31 de enero de 2017

Fijan calendario procesal para atender petición de derecho de reconocimiento de Bariven como víctima en el esquema de sobornos Rincón-Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller anunció el calendario procesal para atender la solicitud hecha por Bariven, para ser reconocida como víctima del esquema de sobornos que llevaron a los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos están sido procesados en una corte federal de Houston acusados de haber pagado más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pdvsa para lograr jugosos contratos de Pdvsa. 

El juez informó que el siguiente calendario procesal se cumplirá para atender la moción de Bariven para que sean reconocidos sus derechos como víctima y derecho a la restitución del caso del esquema de corrupción ejecutado por Rincón, Shiera y otros.

1. La respuesta de todas las partes a la petición de Bariven deben presentarse el 20 de febrero, de 2017;

2. Respuesta de Bariven a las respuestas del Gobierno y de los demandados debe darse antes del 6 de marzo de 2017.

Después de revisar los argumentos presentados, el tribunal determinará si es necesaria una audiencia.

Dice además que Bariven puede proporcionar al Departamento de Libertad Condicional cualquier material que desee para que el mismo sea considerado.

La sentencia de los dos empresarios se tiene prevista para el mes de julio 2017, aunque la misma podría ser cambiada nuevamente por razones ligadas a los avances en 

Acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios chavistas piden permiso para viajar a Orlando

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Los dos hombres acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami, a través de una empresa que actúo ilegalmente como un banco en ciudad Doral, sometieron a consideración de la Corte del Distrito Sur de la Florida una moción para poder viajar a Orlando, donde deben cumplir compromisos empresariales y participar en una serie de subastas de materiales de construcción.

Luis Díaz y Luis Javier Díaz fueron arrestados el 21 de diciembre de 2016 acusados de blanquear más de 100 millones de dólares proveniente de las arcas del tesoro venezolano. El dinero fue movido desde Caracas a los Estados Unidos por funcionarios chavistas en colaboración con los empleados y asociados de los dos empresarios residentes de la Florida. Los nombres de los personeros ligados al gobierno de Nicolás Maduro no han sido dados a conocer hasta el momento por la fiscalía.

Una vez que dos sujetos, padre e hijo, fueron llevados a la audiencia de presentación inicial, el juez de la Florida les otorgó libertad bajo fianza, tras el pago de 250 mil dólares en propiedades personales y 25 mil dólares en colateral de bienes y raíces. Los acusados también fueron obligados a entregar sus pasaportes y se comprometieron acudir a las audiencias preliminares al juicio y a no vender o traspasar ninguna propiedad que se encuentre a su nombre. 

Por orden del juez, los dos acusados deben trasladarse desde el estado de la Florida a Nueva York, donde deben enfrentar los cargos impuestos por la Fiscalía del Distrito Sur a cargo de Preet Bharara.

Los abogados de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez que autorice a los acusados a viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. Dicen que las subastas ya empezaron y que concluyen el 11 de febrero de 2017.

En el documento se lee que las fechas y las direcciones de las subastas fueron remitidas al fiscal encargado del caso en la ciudad de Nueva York, Daniel Tracer, quien no se opuso a la modificación de las condiciones de restricción de los viajes de los dos acusados. Aseguran que el fiscal neoyorquino los autorizó a viajar a Orlando para atender sus compromisos. 

En el documento se explica que motivado a que los dos acusados no han hecho su primera aparición pública en el tribunal de Nueva York, es la corte de la Florida la que debe emitir la autorización de viaje de los dos sujetos a Orlando.

















lunes, 30 de enero de 2017

La historia no contada detrás de los ascensores de Caucaguita y Araguaney

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La corrupción y desidia chavista deja su impronta de diversas maneras y en todos los escenarios, uno de ellos los conjuntos residenciales populares del Estado Miranda, donde la Fundación Pro-Patria 2000 rescindió en 2013 el contrato otorgado a la empresa Yeltrac Power LLC para la instalación de 47 ascensores. Después de varios años dejó el negocio en manos de una empresa china que finalmente instalaron unos elevadores que, sencillamente, no funcionan. 
Inventario de las partes de los ascensores de Araguay y Caucaguita Yeltrac Power y Global Tardif tiene represados en  Canadá a la espera de ser enviados a Venezuela 
La esperanza de las personas que habitan en los edificios residenciales de los sectores populares de Caucagüita y Araguaney en el Estado Miranda de ver resuelto el problema que desde hace años los aqueja por la falta de ascensores cada vez es menor. Los habitantes de esas comunidades creyeron que con la firma del contrato No. FP-AB-2012-09-019 suscrito en el año 2012 por representantes de la empresa estadounidense Yeltrac Power LLC y la Fundación ProPatria 2000 para la instalación integral de 47 elevadores, comenzaba el fin del calvario que significa subir y bajar a diario por las escaleras de sus residencias, sobre todo cuando de personas de la tercera edad, enfermos y niños se trata. 








Se equivocaron. 
A la fecha han transcurrido más de tres años y ellos, los afectados, siguen en la misma situación.
¿La razón? 
Un entramado de corrupción en el que aparecen involucrados familiares de la primera dama venezolana, esta vez en las personas de Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, a la sazón, directivos —para la fecha— del citado ente estatal Fundación Pro-Patria 2000, junto a Ilich Lares, Daniel Tascón y Florentino Rodríguez.

Y es que mucha señales de fraude han salido a la luz a raíz de una demanda que cursa en la actualidad en la corte del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, de las cuales serían protagonistas de primera línea las empresas Yeltrac Power, Global Tardif y Seguros La Occidental, mientras que la Fundación Pro-Patria 2000 y sus directivos estarían en un segundo plano.

Las partes

Detengámonos un momentos para explicar qué es la Fundación Pro-Patria 2000.

Pues bien, la citada fundación fue creada bajo el gobierno del finado Hugo Chávez, mediante el decreto  1.007 el 4 de octubre de 2000 con adscripción al Ministerio de la Defensa para más adelante —el 30 de octubre del 2003— convertirse en el brazo ejecutor del Ministerio de Infraestructura.

Esta institución tiene como objetivo “atender los requerimientos de las comunidades en función del mejoramiento de sus espacios físicos, contribuyendo a su bienestar, financiando y ejecutando proyectos, de carácter social, asistencial y vial”.

Su Visión es “ser la organización modelo en la ejecución de proyectos de infraestructura, basados en estándares de eficacia, eficiencia y transparencia, que respondan a las necesidades de la comunidad, contribuyan a su progreso y a elevar su calidad de vida”. Y su Misión es “contribuir con el desarrollo sostenido de la comunidad. Planificando, administrando, financiando, ejecutando, controlando y promocionando proyectos de infraestructura que cumplan con los lineamientos del plan estratégico de la Nación, apoyados en nuestro talento humano, tecnología actualizada y estrictos controles de calidad”.

Años más tarde, específicamente el 1° de abril de 2013, el gobierno decidió adscribirla al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, según el decreto presidencial N° 9.444, publicado en Gaceta Oficial N° 40.137.

Según uno de los considerandos del decreto que establece la nueva adscripción, la decisión obedece a “Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo Nacional debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procure la satisfacción de los intereses colectivos”.

Entretanto, Yeltrac Power, L.l.c. (Limited Liability Company), es una compañía registrada en Georgia con el número 08074651, el 26 de septiembre de 2008, con domicilio en el 1010 Huntcliff NE, Suite 1350, Fulton, Atlanta, GA, 30350, USA, y cuyo representante legal es Francisco Yelamo.

Yeltrac Power, L.l.c. es representante para Latinoamérica de la empresa canadiense de ascensores Global Tardif  fundada en 1984 y se encuentra en Venezuela desde el año 2010, según relata su presidente, Francisco Yelamo-Rhode.

En agosto de 2012, la empresa Yeltrac Power recibió una invitación de la presidente de la Fundación ProPatria 2000, Vilma Rodríguez para ofertar el suministro de los ascensores, ante lo cual sostuvieron una reunión en Venezuela el Presidente y dueño de la Fábrica Global Tardif, Francois Tardif, el Jefe de Ingeniería de la Fábrica, Francois Martin y Francisco Yelamo.

Se quería que en los edificios de Caucagüita y Araguaney se instalaran los ascensores especiales de la marca Global Tardif, los cuales están especialmente diseñados para soportar alto tráfico (hasta 800 kilogramos) y cuentan con garantía anti vandalismo. El plazo de entrega era de 4 meses.  

La contratación

Con el objeto de instalar 47 ascensores en los citados edificios de Caucagüita y Araguaney, la Fundación Pro-Patria 2000 contrató los servicios de Yeltrac Power LLC y, al momento de la suscripción la empresa recibió un anticipo de US$4.275.000,00 del total de Bs. 36.673.515,00., equivalentes a $8.500.000,00 que comprendía la totalidad de la negociación que ocurrió en 2012, siendo que la erogación del referido anticipo tuvo lugar mediante transferencia hecha por la Oficina Nacional Del Tesoro el día 13 de diciembre del ya mencionado año 2012.
Documento con la firma de Nicolás Maduro sobre la contratación de los ascensores 
Desde agosto las partes habían estado negociando y en representación de la contratante Fundación Pro-Patria 2000 figuraban para ese entonces Reyna Vilma Rodríguez, en funciones de presidente; Beatriz Torres, como directora legal; Daniel Camacho, director de ingeniería; José De Los Ángelo, director de administración; y Dadni Rubio, comunicador social.
Los ascensores fabricados por Global Tardif están almacenados en Canadá para ser enviados a Caracas.
El contrato N° FP-AB-2012-09-019 se firmó específicamente el 9 de octubre de 2012 para la “instalación integral de cuarenta y siete (47) ascensores en edificios residenciales de los sectores populares de Caucaguita y Araguaney del Estado Bolivariano Miranda”.  

Luego del anticipo del 50 por ciento, Yeltrac Power LLC debía recibir otro pago equivalente al 35 por ciento al momento de producirse la entrega de los equipos restantes (24 cabinas y 47 motores) en Puerto FOB Canadá; mientras que el saldo, es decir el 15 por ciento restante, se cancelaría  dividido por la cantidad de edificios y al culminar la instalación de los equipos en cada uno de ellos.

El 18 de octubre de 2012 se iniciaron los trabajos de obra civil, previos a la instalación de los  47 ascensores. 
Los desencuentros
Los documentos relacionados con este contrato refieren que en enero de 2013 se produjo un cambio en la directiva de la fundación y con ello iniciaron también los problemas con los que la empresa americana iba a tener que lidiar, incluyendo querellas en los tribunales de los EEUU.

Los funcionarios protagonistas de esta situación fueron los nuevos directivos de ProPatria 2000, a saber: Carlos Erick Malpica Flores, en funciones de director; Ilich Lares, asesor de la directiva; Daniel Tascón, presidente (desde enero 2013 hasta el 1° de octubre del mismo año); Rosana Campos, abogada; Florentino Rodríguez, y director de ingeniería: De octubre de 2013 hasta diciembre de 2015, Walter Jacob Gavidia Flores ocuparía la presidencia de la fundación estatal.
Los nuevos directivos
Al asumir la nueva directiva de la Fundación Pro-Patria 2000 en enero de 2013 comenzó a sentirse el cambio. Daniel Tascón asumió la presidencia de la institución entre enero y diciembre de 2013 y partir de esa fecha Walter Gavidia Flores —hijo de la primera dama venezolana, Cilia Flores— hasta diciembre de 2015, como ya hemos hecho referencia. 

Cabe destacar que el 16 de diciembre de 2012 habían tenido lugar las elecciones regionales en el país y en el estado Miranda resultó ganador el dirigente opositor, Henrique Capriles Radonsky, quien derrotó al abanderado del PSUV, Elías Jaua. 

El hecho de que la oposición le arrebatara el poder al oficialismo, parece haber marcado la pauta de las acciones a seguir por parte del chavismo. 

Este hecho llevó a que Daniel Tascón, inaugurara su gestión en Pro-Patria 2000 anulando el contrato con Yeltrac Power LLC para la compra de los 47 ascensores para los edificios de Caucagüita y Araguaney. Refirió el funcionario que ya no eran necesarios, dejando sentado que haberlos contratado respondía a una mera acción de carácter electoral. 

Tascón procedió a solicitar a Yeltrac Power el contrato original firmado y la devolución del anticipo. Francisco Yelamo-Rhode apuntó que, de paso, el nuevo presidente de la Fundación Pro-Patria 2000 hizo la exigencia de manera violenta. 

A pesar de ese evento, e 16 de enero de 2013, la empresa contratada notificó a la fundación que debía ejecutar los trabajos previos de la obra.

El 24 de abril de 2013, la Fundación Pro-Patria 2000 publicó un cartel para notificar a Yeltrac Power LLC la apertura de un Procedimiento Administrativo fechado el 18 de abril del referido año, a los fines de terminar la contratación y en la cual no quedaban claras las razones de tal decisión. Un hecho que, a juicio de la empresa, constituye una violación al derecho constitucional, al debido proceso, a la presunción de la inocencia y al derecho a ser notificado de los cargos que se le imputan en el proceso sancionatorio.

Francisco Yelamo-Rhode y su empresa aseguraron públicamente que el alegato de incumplimiento del contrato está muy lejos de ser considerado como una causa, por cuanto al momento de abrirse el procedimiento, Yeltrac Power LLC ya había ejecutado el 68 por ciento de la obras.

Las obras adelantadas y donaciones a la comunidad

Según informa la empresa Yeltrac Power LLC para el momento en que se emitió el procedimiento administrativo en su contra, se había ejecutado el 68, 09 por ciento de los trabajos que le correspondía realizar para la instalación de los 47 ascensores, los cuales 13 correspondían al conjunto residencial Araguaney y 19 a los edificios del sector Caucagüita.

Tal porcentaje se traduce efectivamente en el desmantelamiento de 32 de los 47 ascensores, lo cual se llevó a cabo en un poco más de cuatro meses, no obstante el plazo contractual era de 18 a 20 meses.

Sostiene Yeltrac Power que a la Fundación Pro-Patria 2000 le correspondía llevar a cabo una serie de obras civiles que no ejecutó y, por tanto, retrasó la labor de la compañía norteamericana. 

Según documentos legales, el contratante debía demoler y ejecutar los pilotes de las bases de los motores; iluminar todos los pozos de los ascensores; reparar todas las filtraciones hacia los pozos; cerrar las salas de máquinas y ventanas para que existiera una ventilación cruzada; iluminar y colocar puntos de electricidad para la sala de máquinas; instalar puertas de seguridad en los accesos a las salas de máquinas; e impermeabilizar las paredes de los pozos para evitar el exceso de humedad en los pozos. Nada de estos se realizó.

Refiere la empresa contratada que el 30 de enero 2013, Daniel Tascon y Florentino Rodríguez, notificaron de manera verbal la paralización total de la obra y el desmontaje de lo ejecutado. Ante la informalidad de la acción de la Fundación Pro-Patria 2000, Yeltrac Power decidió continuar con su trabajo hasta que el grupo armado Los Tupamaros los amenazó. Fueron estos hechos de violencia los que generaron retraso en la fabricación y envíos, dado el estado de alarma que existía tanto en la empresa contratante como en la fábrica Global Tardif en Canadá.

Yeltrac Power LLC y Global Tardif  solicitaron el 14 de marzo de 2013 a un Notario Público en Quebec, Canadá, certificar por medio de un documento debidamente apostillado, la existencia y ejecución del 83 por ciento de los 47 ascensores de forma integral. 

El 27 marzo de 2013 la empresa entregó a la Fundación Pro-Patria 2000, en presencia de las comunidades afectadas, la citada certificación, la guía marítima de los primeros 4 contenedores; los planos de ascensores, puertas, fosa y sala de máquinas; y el inventario físico de los materiales.

En esa misma fecha, Daniel Tascón prohibió la entrada de Francisco Yelamo a la sede de la Fundación Pro-Patria 2000 ubicada en Fuerte Tiuna.

El 15 de abril de 2013,  Yeltrac Power LLC notificó a la Fundación Pro-Patria 2000 la llegada al puerto de Puerto Cabello de 4 contenedores con todas las guías de rieles para los 47 ascensores contratados. En dicha terminal marítima también reposan ocho contenedores con los insumos imprescindibles para el avance de la obra. Estos cargamentos arribaron al país el 8 de abril de 2013 y 24 de abril de 2013.

Resulta curioso que habiendo estado como se ha señalado el trabajo con casi un 70 por ciento de ejecución y habiendo llegado a puerto parte del material, y constatado por certificación pública que los ascensores estaban culminados en 83 por ciento, los representantes de la Fundación Pro-Patria 2000 sólo hicieran hincapié en hacerse del dinero que se había cancelado como anticipo de los trabajos.

Acciones judiciales

La Fundación Pro-Patria 2000 solicitó el 29 de abril de 2014 ante Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar de embargo preventivo en contra Yeltrac Power LLC y la Compañía Anónima de Seguros La Occidental que actuó de fiadora principal pagadora de la empresa de Francisco Yelamo.

La Sala designó como ponente a la magistrada Mónica Misticchio Tortorella, quien declaró procedente la medida cautelar y, en consecuencia decretó el embargo sobre bienes muebles propiedad de la empresa y la aseguradora, por la cantidad de BS. 722.222.133,75 .

Más tarde, el 24 de junio de 2014, esa misma Sala y también actuando como ponente Misticchio Tortorella, declaró improcedente la solicitud de suspensión de la medida de embargo preventivo que la aseguradora había propuesto con relación a la decisión anterior.

También corrigió el quantum de la medida del referido embargo sobre los bienes de empresa La Occidental de Seguros, propiedad del banquero Víctor Vargas en su condición de fiadora y principal pagadora de Yeltrac Power LLC, por la cantidad de Bs. 144.495.000,00.

Yeltrac Power LLC dijo en aquella oportunidad que consideraba inadmisible la decisión en su contra, por cuanto estima que se violaron todos sus derechos. La compañía se negó a cancelar lo exigido en el embargo.

Seguidamente, el gobierno venezolano a través de un acción judicial interpuesta en contra de Yeltrac Power LLC en la Corte del Distrito Sur de Atlanta, Georgia, exigió que le sean entregados los estados financieros de la empresa en Venezuela con el objetivo de determinar el destino de los recursos entregados por parte de la Fundación Pro-Patria 2000 como anticipo para la fabricación e instalación de los 47 ascensores.

Francisco Yelamo se niega a esta solicitud y, en todo caso, estaría dispuesto a suministrar la información siempre y cuando esta no salga de jurisdicción de Atlanta, por cuanto se siente amenazado en Venezuela.

Seguros La Occidental se une al gobierno venezolano

La aseguradora, garante de la fianza usada por Yeltrac Power LLC para firmar el contrato demandó a la empresa norteamericana, a su presidente Francisco Yelamo y a Global Tardif Ascensor Manufacturing Group INC en la corte del Distrito Norte de Georgia. 

De acuerdo al documento presentado por los abogados, la representante judicial de La Occidental(CASLO), María Carolina Mogensen declaró que  en el año 2012 CASLO otorgó una fianza a Yeltrac Power para la firma del contrato con la fundación Propatria 2000.

Dice que durante las negociaciones, Francisco Yelamo y el Distribuidor Global Tardif se comprometieron personalmente a garantizar la obligación de Yeltrac de reembolsar a CASLO, en caso y en el momento que se hicieran exigibles las obligaciones de la Occidental, conforme a la fianza. 
Asegura que Yelamo, como fiador personal, asumiría la obligación contractual de pagar a CASLO -de inmediato y a primera vista- cualquier cantidad de dinero que resultase exigible en conexión con la fianza.

Asimismo, La Occidental alegó ante el tribunal norteamericano que el presidente de Global Tardif, Francoise Tardif prometió que avalaría personalmente las fianzas otorgadas por CASLO y mediante carta convenio de fecha 21 de noviembre de 2013, Global Tardif se obligó a pagar a la aseguradora cualquier obligación que surgiera de la fianza.

La Occidental dice que entregó tres fianza en base a las garantías, por medio de las cuales se garantizaba la entrega e instalación de por parte de Yeltrac de los ascensores de Global Tardif para la fundación.

Entre las fianzas se encontraba una del anticipo del 50 por ciento para pagarla a la fundación mediante el convenio, una fianza de fiel cumplimiento y una fianza laboral. Las fianzas fueron autenticadas en fecha 26 de noviembre de 2012.

La demanda de la corte asegura que el 13 de diciembre de 2012, Yeltrac recibió el 50 por ciento del anticipo US$4.272.000,00 garantizado por la fianza de La Occidental.

El 7 de junio de 2013, CASLO fue notificado, en su carácter de fiador, del procedimiento administrativo por incumplimiento de contrato contra Yeltrac por parte de la Fundación intentado el 18 de abril de 2013. Asegura que, luego de la revisión de los hechos, se halló culpable a Yeltrac de incumplimiento de contrato. El 18 de julio de ese mismo año, CASLO fue notificado que un recurso de apelación intentado por Yeltrac fue rechazado. 

El 9 de diciembre de 2013, CASLO fue informado que Yeltrac había intentado un nuevo recurso en contra de la decisión del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencial y de Seguimiento de la Gestión del Gobierno y que el mismo fue declarado inadmisible.

El documento destaca además que el 27 de marzo de 2014, la Fundación Propatria 2000 demandó a Yeltrac, incluyendo a CASLO como responsable de la fianza. 

Señala que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a La Occidental emitir una prensa sobre los bienes de CASLO por la suma demandada US$ 4.275.000,00 con el fin de levantar la prensa referida, para lo que la aseguradora adquirió una fianza por el monto embargado.

Asegura que CASLO solicitó que se cumplieran las garantías contractuales para remitir el pago y fue cuando se envió la solicitud, con fecha 11 de junio de 2013, a Yeltrac y Global Tardif y ambas corporaciones no respondieron a la petición, dice la declaración.

Agregan que motivado a que Yeltrac y Global Tardif rehusaron a cumplir con sus garantías personales, el 16 de junio de 2014, CASLO abrió un proceso contra ambas empresas en el Tribunal Décimo Primero de Caracas buscando un pago de US$ 5.557.500,00. Y a raíz de ese procedimiento, se emitió un embargo cautelar sobre bienes muebles de Yeltrac y Global Tardif, así como un exhorto a los EEUU y Canadá, con el fin de que realizaran el embargo de sus bienes muebles o dinero líquido.

El documento finaliza con la solicitud de CASLO ante el tribunal norteamericano para que proceda con el embargo. 

Hasta enero de 2017, el pleito legal sigue en la corte de Atlanta. La jueza encargada del caso solicitó a Yeltrac los estados financieros para satisfacer la demanda de La Occidental. Igualmente, la corte declaró sin lugar la petición de protección de Francisco Yelamo quien argumenta que si entrega los los estados financieros a la corte, para satisfacer la solicitud de La Occidental, los mismos caerían en manos de las autoridades venezolanas. 

Yelamo teme por su integridad física, y argumentó ante la jueza de Georgia que su empresa nunca incumplió el contrato sino que por el contrario ejecutó casi un 70 por ciento del mismo, en los términos acordados por la fundación en 2012. 

Yelamo declaró que los hechos que procedieron al cambio de la directiva de la fundación que se inició con la llegada de Daniel Tascón y, luego, de Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erick Malpica Flores pretendían obligar a la empresa norteamericana a entregar un dinero de un proyecto que ya había sido ejecutado. Ante la negativa de la devolución del adelanto se desató una cacería contra la empresa, que incluyó la manipulación del caso en los tribunales venezolanos, donde los demandantes tiene voz mandante y la toma de decisión garantizada.

Denuncia a ante la Asamblea Nacional

Ante los hechos ocurridos y la falta de respuestas coherentes por parte de la autoridades gubernamentales y judiciales de Venezuela, el presidente de Yeltrac Power LLC presentó una denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, por presuntas irregularidades administrativas en el manejo de fondos públicos por parte de la Fundación Pro-Patria 2000 en perjuicio de los residentes de los conjuntos residenciales populares de Caucagüita y Araguaney.

La comisión técnica designada por el ente parlamentario determinó, en el informe de fecha 31 de mayo de 2016 y que fue aprobado por la plenaria de la comisión el 1° de junio del mismo año, la existencia de elementos para hacer presumir que las irregularidades denunciadas deben ser objeto de investigación hasta su total esclarecimiento .

La comisión técnica estimó que el órgano contralor del Poder Legislativo debía abocarse a la averiguación del destino de los fondos públicos del anticipo cancelado para ejecución de los trabajos, la terminación anticipada del contrato por parte de la Fundación Pro-Patria 2000 en prejuicio de los sectores populares de Caucagüita y Araguaney en el estado Miranda. Igualmente recomendó remitir a la Comisión Permanente de Política Interior la solicitud del denunciante de declarar la nulidad absoluta del procedimiento contra la empresa Yeltrac Power LLC.

Los afectados y sus reclamos

Lo cierto que una vez la obra fue paralizada por orden de Daniel Tascón, las comunidades de Caucaguita no han parado de protestar hasta que el entonces presidente de la república, Hugo Chávez, anunció vía Twitter la aprobación de los recursos para acometer la obra con recursos provenientes de China. “Lucía: informó aprobación recursos para 57 ascensores en sectores Caucaguita y Araguaney, Edo. Miranda. Esto financiado por China (9MM$)!”, rezaba el tuit emitido por el fallecido mandatario.

La firma china Sanei Shanghai Trading Limited asumió el proyecto que inicialmente estaba contratado con Yeltrac Powe LLC por 47 ascensores y que en su versión original contemplaba el desmantelamiento y restitución de 30 nuevas cabinas para los edificios de los conjuntos residenciales en cuestión.

De los elevadores ofrecidos solamente se pusieron en funcionamiento 22 en agosto de 2016, es decir, cuatro años después de lo acordado con la empresa de Francisco Yelamo, cuyo contrato se anuló por supuestos retrasos, una total incongruencia. De estos ascensores, 7 no funcionaban para esa misma fecha.

Es por ello que los vecinos exigieron al gobierno restituir las garantías que Yeltrac Power LLC ofreció en el contrato original suscrito con la Fundación Pro-Patria 2000.

En su solicitud al gobierno nacional los habitantes de Caucagüita argumentaban para hacer tal planteamiento “que nos ofrecían el mantenimiento preventivo regular de los ascensores. Nosotros, como comunidad, hemos tenido que hacer las veces de bomberos para rescatar a los vecinos que se quedan encerrados en esas máquinas chinas que podrían decirse que son nuevas, porque tienen apenas dos años de instaladas. Por eso queremos que se retome el espíritu del convenio de la empresa anterior que, durante el poco tiempo de ejecución que logró a tener, hasta nos rehabilitaron la Casa Comunal Negro Primero y nos donaron los baños”, expresó un dirigente comunal.




miércoles, 25 de enero de 2017

El Chapo Guzmán ganó 14 billones de dólares con el tráfico de drogas en los EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán se declaró este viernes "no culpable" ante un la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue acusado de haber enviado más de 200 mil kilos de cocaína a los Estados Unidos.

Extraditado el 19 de enero de 2017 desde México, Guzmán fue inculpado de 17 cargos: el primero lo acusa de haber dirigido el poderoso Cártel de Sinaloa. La larga acusación solicita cadena perpetua para el de perpetrar crímenes violentos y de diversa naturaleza a lo largo de casi tres décadas de actividad en el mundo del narcotráfico.

Durante años, el Cártel de Sinaloa envió y distribuyó varios miles de toneladas de heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos.

Tras hacer el anuncio oficial de la presentación del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como  "El Chapo", la fiscal adjunta del Distrito Este de Nueva York, aseguró que el viernes 20 de enero de 2017 era un día muy importante para la justicia norteamericana "porque se sometería a juicio a uno de los criminales más peligrosos del planeta".

En el proceso judicial de Guzmán se van a ver cosas que sólo podían observarse en las películas, dijo el funcionario a la vez que aseguró que "estamos frente a uno de los narcotraficantes más ingeniosos que el mundo ha conocido".

Joaquín Guzmán, también conocido como "El Rapidito", "Shorty", "El Señor", "El Jefe", "Nana", "Apa", "Papa", "Inge" y "El Viejo" podría enfrentar una pena de cadena perpetua, según solicitud hecha por la Fiscalía del Distrito Este de NY y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. 

La acusación del Gran Jurado acusa a Guzmán de 17 cargos que van desde el tráfico de droga, asesinato, secuestro y tortura, entre otros.

Ángel Meléndez, jefe de Seguridad Nacional del estado de la Florida dijo que, lejos de observar la figura de un criminal tan notorio, Guzmán lucía como un hombre perplejo de enfrentar la fuerza de la justicia estadounidense.

Los cargos

Un gran jurado del Distrito Este de Nueva York aprobó la acusación contra Guzmán el 11 de mayo de 2016, que abarca más de dos décadas y media de conducta criminal del conocido narcotraficante, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, de los Artículos 848 (a), 848 (b) y 848 (c). 

Guzmán es acusado de haber participando en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, a sabiendas y con la intención de que los estupefacientes serían ilegalmente importados en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código estadounidense dijo la fiscal adjunta de los Estados Unidos para Sally Yates en una conferencia de prensa realizada en la mañana.

Yanes estuvo acompañada por representantes de las Fiscalías de Nueva York y Florida, la División Criminal del Departamento de Justicia, la DEA,  Inmigración , Aduanas y Seguridad Nacional, el FBI y la Policía de Nueva York.

EEUU acusa al líder del Cártel de Sinaloa de distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que los narcóticos se importaban ilegalmente a los EEUU. Se menciona que el tráfico superó los 200 mil kilos de cocaína.

Entre los 17 cargos que contienen la acusación formal contra el narcotraficante, destaca además el uso ilegal de armas de fuego para cumplimiento de sus crímenes de narcotráfico, secuestro, extorsión, tortura y de lavado de dinero.

El gobierno norteamericano advierte en la acusación que el decomiso penal relacionado con todos los delitos cometidos por Guzmán será por la cantidad de $14 billones de dólares, que representan los ingresos ilegales provenientes de sus actividades de narcotráfico.

Comentó que Guzmán ha trabajado para construir y mantener su imperio de drogas con los suplidores de Colombia, y con colaboradores de varios países latinoamericanos, entre los que mencionó a Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, México 

La fiscalía agradeció al gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto por su colaboración  para que se ejerza justicia en este caso, destacando que la extradición del narcotraficante se cumplió en los términos exigidos por la ley.

La próxima audiencia de Guzmán fue fijada para el 3 de febrero de 2017, aunque la fiscalía solicitó al juez que extendiera por dos semanas la cita, propuesta que fue aceptada por Guzmán y su defensor.  

La cita sería el 17 de febrero a las 9AM.

Lo que se dice de Venezuela en la acusación de EEUU contra "El Chapo" Guzmán

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Mucho se ha especulado sobre la mención que hizo el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela en la acusación formal contra el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más comúnmente conocido como "El Chapo Guzmán", principal dirigente de la organización internacional de tráfico de drogas, conocida como el Cártel de Sinaloa.

Sin especificar fechas ni nombres, la acusación contra El Chapo menciona dos veces a Venezuela. La primera, cuando se explica que el temido narcotraficante estableció relaciones con sus socios colombianos y venezolanos para mover la droga, y posteriormente, cuando se describe las actividades que Guzmán y sus aliados hicieron para ampliar su negocio, para lo cual crearon pistas clandestinas en Colombia, Venezuela y Ecuador, para sacar los vuelos llenos de cocaína que se trasladan a Centroamérica y a México, para luego ser introducidas a los Estados Unidos.
En la primera parte del documento, se afirma que el cártel de Sinaloa es, sin duda alguna, la organización de narcotráfico más grande y prolífica del mundo. Recuerdan -además- que Guzmán fue extraditado de México el 19 de enero de 2017, y que compareció ante la Corte el 20 de enero de 2017 donde se dió inicio al proceso judicial en su contra por 17 cargos que van desde el tráfico de drogas de una amplia variedad, uso de armas, secuestros y hasta asesinatos.

En la acusación aclaran que la detención de Guzmán Loera y otros se hace de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3142 (e).

Los cargos contra El Chapo

En el documento se afirma que un gran jurado convocado por el Distrito Este de Nueva York aprobó la acusación propuesta por la fiscalía el 11 de mayo de 2016. 

Explica que la investigación sobre el acusado abarca más de dos décadas y media de la conducta delictiva de Guzmán, y que el gobierno de los EEUU le imputa al narcotraficante mexicano el cargo de dirigir una Empresa Penal Continúa en violación del Título 21 de Estados Unidos 848 (a), 848 (b) y 848 (c), por su rol como líder del Cártel de Sinaloa. 

Igualmente, Guzmán es acusado de participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, a sabiendas que los estupefacientes serían importados ilegalmente a Estados Unidos, violando el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 960 (b) (1) (A), 960 (b) (1) (B) (ii), 960 (b) (1) (G), 960 (b) (1) (H) y 963. 

Asimismo, en la acusación se afirma que Guzmán es acusado de participar en una conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). La acusación proporciona a Guzmán una notificación de decomiso penal relacionada con todos los cargos en la cantidad de $ 14,000 millones, lo que representa el producto ilegal de sus actividades de narcotráfico.

Si es declarado culpable de los cargos Guzmán enfrenta una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua.

Los antecedentes de la acusación

Cuando el gobierno de los Estados Unidos se refiere a Guzmán en la acusación, asegura que es  "el narcotraficante más notorio del mundo" y que la fiscalía tiene en su poder una serie de evidencias y más de 40 testigos disponibles para testificar en su contra.
Alijo de cocaína decomisado por la DEA al Cártel de Sinaloa.
El apoyo a la acusación abarca los casi treinta años de la actividad de tráfico de drogas de Guzmán que dio lugar a su liderazgo en el cártel de Sinaloa. 

Investigaciones de Estados Unidos

En el documento se aclara que la acusación sólo busca articular hechos suficientes para justificar la detención de Guzmán, pero no es una declaración completa de todas las pruebas que el gobierno conoce o tratará de introducir en el juicio.

Señala que la investigación fue realizada por la agencia de la Administración de Lucha contra las Drogas (DEA), el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación. Dichas autoridades se dedicaron a investigar cómo fue creciendo la industria de la cocaína desde su inicio hasta la actualidad en los Estados Unidos. 

El informe asegura que el devastador  impacto de la introducción de la cocaína en los Estados Unidos se sintió más fuerte en Nueva York y Miami en los años ochenta, cuando estas dos ciudades se convirtieron en centros de distribución de drogas y lavado de dinero. Junto con la proliferación de estupefacientes en las comunidades, vino un incremento del crimen violento, señalan los investigadores.

En los años ochenta, el tráfico de drogas en Nueva York y Miami fue controlado por cárteles colombianos, entre ellos el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, el Cártel de Cali y el Cártel de Norte Del Valle. Mientras los colombianos mantenían una infraestructura de distribución de cocaína en las ciudades de los Estados Unidos, dependían de los narcotraficantes mexicanos, que eran contrabandistas de marihuana y heroína por largo tiempo en los Estados Unidos, para transportar sus envíos de cocaína al norte de México y desde allí hacia Estados Unidos. 
Una prueba de las tantas que tiene el gobierno de los EEUU contra El Chapo Guzmán.
La cocaína salía de Colombia a México por avión. Los envíos aéreos a menudo consistían en un grupo de siete u ocho aviones, cada uno con aproximadamente 750 a 1.000 kilogramos de cocaína.

Guzmán rápidamente se distinguió de otros transportistas mexicanos por su eficiencia en transportar las drogas a los Estados Unidos, incluyendo California, Arizona y Texas, y devolviendo el producto de la droga a los colombianos en tiempo récord. Esta eficacia le valió el apodo de "El Rapido". 

A medida que su reputación y sus proezas crecieron, Guzmán pudo negociar directamente con miembros de los cárteles colombianos por mayores cuotas, que los colombianos estaban dispuestos a pagar. A finales de la década de 1980, a medida que la riqueza de Guzmán crecía, también lo hacía su poder dentro de México. 

Guzmán profundizó su relación con otros prominentes traficantes mexicanos, entre ellos, Héctor Palma, Juan José Esparragoza, Ignacio Coronel Villarreal, Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Beltrán Leyva e Ismael Zambada García, conocido como "Mayo". Compitió por el control de territorios dominados por otros cárteles. 

Una nueva alianza entre Guzmán y Mayo Zambada condujo a una sangrienta batalla con miembros de la organización del narcotraficante Arellano Félix por el control de la zona de Tijuana, en un evento que presagiaría la reciente violencia en México. Este conflicto condujo al asesinato en 1993 del cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un aluvión de disparos en un aeropuerto de Guadalajara, México.

A raíz de este asesinato, el gobierno mexicano emprendió su primera cacería a nivel nacional contra Guzmán, quien, al mismo tiempo que evadía la captura escapando a Guatemala, fue finalmente detenido en 1993. 

A pesar del encarcelamiento posterior de Guzmán en una prisión de máxima seguridad en México, continuó ampliando su negocio de narcóticos con la ayuda de su hermano, que condujo negocios desde fuera de la prisión mientras que Guzmán manejó su operación desde adentro. 

En 2001, Guzmán escapó de la cárcel, supuestamente en un carro de lavandería con la ayuda de funcionarios de la prisión a quienes había corrompido.

Después de este escape, Guzmán huyó a las montañas que rodean Culiacán, una ciudad en su estado natal de Sinaloa. Para frustrar los esfuerzos de la policía para recapturarlo, creó un ejército de cientos de guardias de cuerpo fuertemente armados y fortificó sus escondites con armas de grado militar. 

Guzmán también estableció una compleja red de comunicaciones para poder hablar encubiertamente con su creciente imperio, sin detección de la aplicación de la ley. Esto incluyó el uso de redes encriptadas, múltiples capas aislantes de intermediarios y métodos en constante cambio para comunicarse con sus trabajadores. 

Guzmán, a la vez que era protegido por los agentes responsables de la aplicación de la ley, comenzó un proceso de no sólo adaptar su método de operación, sino también de remodelar lo que se convertiría en el moderno Cártel de Sinaloa, en parte mediante el fortalecimiento de sus alianzas con otros traficantes mexicanos

En el momento de la fuga de Guzmán en 2001, el narcotráfico colombiano se estaba transformando. Guzmán aprovechó estos cambios para alimentar su dominio, así como el del Cártel de Sinaloa, no sólo en México, sino también en toda la región.

Una transformación crítica involucró los negocios de distribución de cocaína de los narcotraficantes colombianos en los Estados Unidos. En los años ochenta y noventa, los cárteles colombianos controlaron todos los aspectos del narcotráfico, incluyendo la distribución callejera en los Estados Unidos.

En los años 2000, con la aplicación de las leyes de extradición en Colombia y la aplicación extraterritorial de las leyes antidrogas de los Estados Unidos, los colombianos enfrentaron un mayor riesgo de ser procesados ​​por su actividad de narcotráfico en Estados Unidos. Como resultado, los colombianos comenzaron a abandonar sus negocios de distribución en norteamérica a favor de crear alianzas con traficantes mexicanos, en los cuales los mexicanos podían invertir en los envíos de cocaína a un precio mayorista.

Como consecuencia de esos cambios, los traficantes mexicanos asumieron un papel más integral en el traslado de la cocaína de Colombia a los Estados Unidos.

Los mexicanos establecieron redes de distribución en los Estados Unidos, incluyendo, pero no limitado a, en Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Illinois, Texas y California. 

Esto fue evidenciado por las incautaciones de drogas derivadas del Cártel de Sinaloa en todo Estados Unidos, incluyendo una incautación de 511 kilogramos de cocaína de un vehículo de motor en Patterson, Nueva Jersey, una incautación de 1,997 kilogramos de cocaína de un almacén en Queens, Nueva York; Una captura de 1.925 kilogramos de cocaína de un vehículo de motor y un almacén en las cercanías de Chicago, Illinois; Una incautación de 1,923 kilogramos de cocaína de un vehículo de motor y un almacén en Brooklyn, Nueva York; Y una incautación de 1.100 kilogramos de cocaína de un vehículo de motor y un almacén en El Paso, Texas. 

Estas redes de distribución también apoyaron esfuerzos masivos de lavado de dinero que entregaron miles de millones de dólares en beneficios ilegales, generados por las ventas de cocaína en los Estados Unidos, a los traficantes mexicanos y a sus socios colombianos.

Estos cambios permitieron a Guzmán aumentar exponencialmente sus beneficios a niveles asombrosos. En consecuencia, Guzmán utilizó esta riqueza para aumentar su poder y la huella de Cartel de Sinaloa en el mundo del narcotráfico.

Dentro de México, Guzmán amplió su control de los puertos Atlántico y Pacífico. También amplió su control de las ciudades fronterizas, no sólo entre la frontera entre Estados Unidos y México, sino también entre la frontera entre México y Guatemala. 

Guzmán y los miembros del Cártel de Sinaloa se infiltraron en otros países centroamericanos, entre ellos Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Los trabajadores de Guzmán en estos países aceptaron la entrega de los envíos de cocaína que habían sido transportados en remolques o por otros métodos de transporte terrestre. Algunos de estos países también fueron utilizados para establecer pistas de aterrizaje clandestinas que facilitaron el uso de pequeños aviones para el transporte de drogas. 

Finalmente, los colombianos y mexicanos invirtieron en la construcción de semi-sumergibles Submarinos capaces de transportar hasta seis toneladas de cocaína para el tráfico de agua.

Esta expansión continuó hacia el sur, dice el documento y señala que, "mientras que anteriormente los cárteles colombianos eran los únicos intermediarios de poder con las fuentes de abastecimiento, pero Guzmán pronto integró al Cártel de Sinaloa en países de origen sudamericano, incluyendo no sólo a Colombia, sino también a Ecuador y Venezuela, para negociar directamente con los traficantes de la cadena de suministro". 

Esta expansión se evidencia por una incautación de 12.000 kilogramos de cocaína de un buque pesquero en el Pacífico Oriental; otra incautación de cocaína de 1.302 kilogramos de un submarino semi-sumergible en el Pacífico Oriental; una incautación de 373 kilogramos de cocaína de un pequeño avión en Ecuador; una incautación de 1.000 kilogramos de cocaína de una pequeña embarcación frente a la costa de Baja California; una incautación de 4.716 kilogramos de cocaína procedente de un vehículo semisumergible en el Pacífico oriental; Una incautación de 19.000 kilogramos de cocaína de un buque marítimo en ruta de Colombia a México; Y la incautación de cocaína, un avión, RPG y municiones en Colombia.

Guzmán también se propuso diversificar los tipos de drogas vendidas en Estados Unidos por el Cártel de Sinaloa. Mientras el acusado comenzó en el comercio de drogas, distribuyendo marihuana y heroína, los años 2000 condujeron a la introducción de metanfetamina en el flujo de drogas hacia el norte de los Estados Unidos. Como resultado, Guzmán estableció fuentes de suministro para los precursores químicos y para la producción de metanfetamina en África y Asia, incluso en China y la India.

Guzmán aseguró el éxito de su operación internacional, así como los de otros miembros del Cártel de Sinaloa, consolidando aún más su poder dentro de México. 

Una piedra angular de la estrategia de Guzmán fue la corrupción de funcionarios de todos los niveles de gobierno local, municipal, estatal, nacional y extranjero, a quienes se les pagó dinero en efectivo para asegurarse de que él y el Cártel de Sinaloa tuvieran libertad para traer toneladas de cocaína de América del Sur y moverla libremente a los Estados Unidos. 

Los pagos garantizaban que los envíos de drogas serían recibidos con seguridad dentro de México y escoltados por las fuerzas de la ley a medida que los envíos fueran transportados a través de México a las ciudades en la frontera entre Estados Unidos y México. Estos pagos también aseguraron que los miembros del Cártel de Sinaloa estuvieran protegidos contra la detención y que las disputas territoriales se resolvieran en favor del cártel. 

El la acusación dice que el cártel de Guzmán pagó hasta un millón de dólares en sobornos monetarios a las fuerzas del orden para asegurar el paso seguro de un solo envío de drogas a través de México.

Otro aspecto esencial del método de control de Guzmán fue la fuerza brutal y la intimidación. 

Guzmán ejerció violencia para castigar la deslealtad y hacer cumplir la disciplina entre los miembros del Cártel. Como se mencionó anteriormente, Guzmán y el Cártel de Sinaloa tenían un verdadero ejército, listo para la guerra con los competidores y cualquier persona que Guzmán considerara un traidor. Algunos de estos guardias armados fueron encargados de la protección personal de Guzmán. 

Además de su cuadro de guardias armados, el propio Guzmán era conocido por llevar un AK-47 con chapa dorada y una pistola de oro de 45 mm de diamantes. Guzmán también empleó "sicarios", o "asesinos", que llevaron a cabo miles de actos de violencia, incluyendo asesinatos, asaltos, secuestros, torturas y asesinatos a su dirección, para promover y mejorar su prestigio, reputación y posición dentro del Cártel de Sinaloa. 

Para proteger al Cártel contra los retos de sus rivales, los sicarios fueron desplegados para silenciar a posibles testigos y tomar represalias contra cualquiera que asistiera a las autoridades policiales contra los intereses de la organización criminal de Sinaloa.

Con la amplia expansión de Guzmán en la esfera de influencia del Cártel de Sinaloa, los conflictos armados con los competidores y las disputas internas dentro del Cártel comenzaron a dominar el paisaje mexicano. Las causas de estas guerras pueden atribuirse, en parte, a la provocación de Guzmán.

A principios de los años 2000, Guzmán, el Cártel de Sinaloa y sus aliados se involucraron en una guerra abierta con el Cártel del Golfo y Los Zetas. En ese momento, Los Zetas era la facción armada del Cártel del Golfo y se hicieron notorios por estar formados por ex miembros de las fuerzas especiales militares mexicanas. 

La erupción de la violencia ganó la atención internacional que generó un impacto horrible en México, especialmente en las demostraciones públicas de las víctimas decapitadas. 

En 2007, Guzmán envió a sus sicarios para perpetrar una guerra con el líder del cártel Vicente Carrillo Fuentes, que se libró en las calles de Juárez, México. Estos sicarios secuestraron y torturaron a sus víctimas, con frecuencia, antes de asesinarlos brutalmente y posteriormente se jactaban de sus hazañas a través de videos espantosos que publicaron en Internet. 

En 2008, la organización Beltrán Leyva, que en otro tiempo fue un fuerte aliado y socio del Cártel de Sinaloa, fracturó esa alianza y se involucró en un conflicto armado contra el Cártel de Sinaloa que todavía se siente en México hasta el día de hoy. 

Estos conflictos violentos a menudo se derramaron en los Estados Unidos, poniendo en peligro a miembros de las fuerzas del orden público que trabajan en la frontera y las familias que viven en ciudades cercanas.

A principios de 2014, las fuerzas especiales mexicanas siguieron a Guzmán hasta una casa en Culiacán, pero fueron frustrados en su intento de capturarlo cuando Guzmán huyó a través de una escotilla de escape escondida debajo de una bañera y en un laberinto elaborado que Guzmán había construido dentro del alcantarillado de la ciudad. 

El 22 de febrero de 2014, después de meses de cacería nacional, Guzmán finalmente fue arrestado en un complejo de apartamentos en Mazatlán, Sinaloa, México. En el momento del arresto, Guzmán tenía el control de la mayor parte de la red de transporte y distribución de cocaína del hemisferio occidental desde América del Sur hasta el norte de Canadá.

Después de su arresto de 2014, Guzmán fue encarcelado en una prisión mexicana de máxima seguridad. Sin embargo, Guzmán escapó el 11 de julio de 2015. Después de más de un año de planificación bien orquestada, sus trabajadores cavaron un túnel desde una casa aparentemente abandonada, situada a más de un kilómetro de la prisión, directamente en la ducha en su celda de prisión. 

Guzmán se puede ver en un video -bien publicitado- descender tranquilamente una escalera en el túnel, donde una motocicleta lo estaba esperando. Este escape ejemplificó el poder del imperio de la droga de Guzmán y su control sobre los funcionarios del gobierno, incluso, mientras estaba encarcelado.

Después de la segunda huída de la prisión de Guzmán, se produjo un intenso esfuerzo para reconquistarlo. El 8 de enero de 2016, Guzmán fue capturado en Los Mochis, Sinaloa, México. El ejército mexicano había asaltado un apartamento sólo para encontrar que Guzmán había utilizado una vez más una ruta de escape escondida fuera del edificio.

Una batalla armada asegurada entre los guardias de Guzmán y las autoridades mexicanas produjo varias muertes. 

Guzmán fue perseguido a través del sistema de alcantarillado de la ciudad hasta que fue forzado a subir a la superficie, donde fue detenido por la policía federal mexicana. Guzmán ha estado detenido bajo medidas extraordinarias de seguridad en una prisión de máxima seguridad de México.

Las hazañas de Guzmán lo convirtieron en una celebridad, que le mereció culto en su estado natal de Sinaloa. Fue visto como un moderno Robin Hood, popular entre los pisoteados y fue homenajeado con canciones populares. Hubo disturbios civiles y protestas populares en la calle de México, condenando a las autoridades mexicanas por sus valientes esfuerzos en su captura. 

Guzmán es famoso en el mundo

La fama del narcotraficante lo llevó a ser seleccionado en las listas de personas más poderosas y ricas del mundo de la revista Forbes. Estas últimas décadas ha quedado demostrado que la influencia de Guzmán no conoce límites.

Desde su captura en 2016, Guzmán luchó enérgicamente contra su extradición a los Estados Unidos, inclusive hasta el momento en que fue enviado a Nueva York el 19 de enero de 2017.

Sin derecho a fianza

Bajo la Ley de Reforma de Fianza, 18 U.S.C. § 3142, en los casos en que un demandado es acusado de "un delito por el cual se prevé una pena máxima de prisión de diez años o más de acuerdo a la Ley de Sustancias Controladas", un tribunal debe presumir que el acusado no tienen ninguna condición o combinación de condiciones que aseguren su aparición en el tribunal cuando sea requerido. Asimismo, debe considerarse que el acusado atenta contra la seguridad de la comunidad.

La Ley de reforma de la fianza enumera cuatro factores que deben tenerse en cuenta en el análisis de la detención, ya sea por riesgo de fuga o peligrosidad: 1) la naturaleza y las circunstancias del delito imputado; 
(2) la historia y las características del acusado;
 3) la gravedad del peligro que representa la liberación del acusado; 
Y (4) la evidencia de la culpabilidad del acusado. 

Debido a las circunstancias de los crímenes de los que se le acusa a Guzmán y de la naturaleza virulenta de su actividad delictiva Guzmán debe estar bajo detención.

Como se detalla en la acusación,  el Cártel de Sinaloa es directamente responsable de una gran parte de la cocaína, la heroína, la metanfetamina y la marihuana que inundan las calles de los Estados Unidos y causan miles de muertes cada año.

Además de las toneladas de cocaína que obtiene de los proveedores colombianos, Guzmán fábrica heroína, metanfetamina y marihuana  para su distribución en los Estados Unidos. Asimismo, Guzmán supervisa una vasta infraestructura de transporte de cocaína en América del Sur y Central y dentro de México para traer la cocaína a la frontera norte de México con Estados Unidos. 

También mantiene una infraestructura de transporte igualmente formidable, que incluye el uso de túneles, para introducir clandestinamente cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en la frontera mexicano-estadounidense.

Guzmán posee una red de distribución de drogas en el Distrito Este de Nueva York, para vender cocaína y obtener miles de millones en beneficios en efectivo. También supervisa un gran aparato de lavado de dinero que devuelve los beneficios ilícitos a Guzmán y sus socios colombianos.

Guzmán controla a funcionarios gubernamentales corruptos en todos los niveles de México y otros gobiernos extranjeros a través del soborno. Estos pagos protegen sus envíos de drogas a medida que son transportados a través de México hacia las ciudades fronterizas del norte de EEUU y aseguran el paso seguro de estos embarques a través de los cruces fronterizos hacia los Estados Unidos.

Guzmán tiene un arsenal de armas de grado militar para protegerse a sí mismo y su imperio de la droga. Sus fuerzas armadas de seguridad, fuertemente armadas, se utilizan no sólo como guardaespaldas personal de Guzmán, sino también como protección para los envíos de drogas a medida que se mueven por todo México. 

Guzmán mantiene un grupo de sicariato que lleva a cabo horribles asesinatos, destinados a mantener la disciplina dentro de su organización, protegiéndose de los retos de sus rivales y silenciando a quienes podrían cooperar con la aplicación de la ley en contra de sus intereses.

COn el uso de la violencia por parte de Guzmán, al tiempo que aplica la disciplina y lucha por territorio, su organización criminal ha matado a miles de personas. Así, basándose en la amplitud del imperio internacional del narcotráfico de Guzmán, su capacidad para frustrar los esfuerzos del gobierno y la aplicación de la ley para interrumpir su actividad criminal y su uso irrestricto de la violencia, la naturaleza y las circunstancias de los delitos justifican la detención de Guzmán como un peligro para nuestra comunidad.

El peso de la evidencia

El peso de la evidencia contra Guzmán apoya abrumadoramente la detención. Las acusaciones en la Acusación se demostrarán con una variedad de pruebas adquiridas a través de investigaciones en profundidad sobre Guzmán y el Cártel de Sinaloa, no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el hemisferio occidental.

Testigos Cooperantes

El gobierno se basará en el testimonio de una gran camarilla de Testigos, entre ellos decenas de personas que han tenido relaciones cara a cara con Guzmán, para demostrar el poder de Guzmán, la corrupción y la violencia dentro del cártel de Sinaloa. 

Durante todo el período de tiempo de la conducta acusada, estos testigos darán testimonio de todos los aspectos de la organización de Guzmán desde sus inicios a finales de los años ochenta a través de la construcción de una organización internacional, incluyendo su expansión en América Central y del Sur y la apertura de centros de distribución de drogas en los Estados Unidos.

Se espera que numerosos líderes de los carteles colombianos y otros proveedores testifiquen acerca de las varias toneladas de cocaína enviadas por  Guzmán, incluyendo los detalles de la inversión del acusado en las drogas. También testificarán sobre el uso de rutas aéreas, marítimas y terrestres para transportar cocaína a México. Por último, se cuantifican los sorprendentes beneficios ilegales que Guzmán hizo de la venta de las drogas.

Se espera que los transportistas colombianos y mexicanos suministren más detalles sobre los medios y métodos de Guzmán y su cártel para transportar envíos de drogas a lo largo de la cadena de distribución de Guzmán desde América Central y del Sur, a través de México y de la frontera mexicano-estadounidense a Estados Unidos. 

Por ejemplo, algunos transportistas discutirán el uso de aviones cargados de cocaína, que volaron de pistas de aterrizaje clandestinas en Colombia y Venezuela a otras ubicadas en Centroamérica y México. 

Otros discutirán el uso de camiones cisterna que transportan combustible para disuadir la inspección por parte de las fuerzas del orden, mientras que transportan cocaína desde Centroamérica, a través de México y hacia las ciudades fronterizas del norte de México. 

Finalmente, los transportistas discutirán esquemas de contrabando de drogas a través de la frontera México-América, incluyendo la utilización de vehículos automotores con compartimientos secretos, camiones con cargas de cubierta y túneles excavados bajo las fronteras. 

Se espera que los distribuidores con sede en Estados Unidos testifiquen sobre los centros de distribución de Guzmán y el cártel de Sinaloa a través de los Estados Unidos y la Transporte de drogas desde allí a todas las partes del territorio norteamericano.

Estos testigos discutirán también los embarques y las incautaciones específicas que pueden vincularse directamente con Guzmán y el Cártel de Sinaloa, al igual que identificarán la manera en que sus redes recolectaron los ingresos ilegales en efectivo y facilitaron el aparato masivo de lavado de dinero de Guzmán en el transporte de envíos de efectivo a granel de vuelta a través de la frontera.

Se espera que muchos testigos testifiquen sobre el pago de sobornos por parte de Guzmán a políticos y miembros de la policía para asegurar que las leyes penales mexicanas no se apliquen. Por ejemplo, se espera que un ex miembro de la policía local de Juárez, México, testifique que se le pagan cientos de dólares al mes para liberar a los miembros del cártel de Sinaloa que fueron arrestados, quitar los bloques de carreteras de los camiones que contienen los envíos de drogas y proporcionar escoltas armadas para los camiones cargados de drogas que estaban pasando por su área.

Finalmente, se espera que otros testigos den testimonio sobre la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad armadas y los sicarios de Guzmán. Se detallarán los asesinatos específicos llevados a cabo bajo las órdenes de Guzmán, incluyendo el de los miembros del Cártel de Sinaloa, miembros de cárteles rivales y también funcionarios del gobierno y de la ley. Por ejemplo, Guzmán, junto con los inversores en envíos de drogas afiliados al Cártel de Sinaloa, ordenó el asesinato de Julio Beltrán, un traficante acusado de realizar transacciones privadas de cocaína en contra de los intereses de los inversionistas. 

Varios testigos darán testimonio de las guerras contra las fuerzas de los cárteles Arellano Félix, Golfo, Los Zetas, Vicente Carrillo y Beltrán Leyva. Se espera que un testigo testifique de las actividades de uno de los sicarios de Guzmán, Vicente Carrillo en Juárez, incluyendo el uso de una casa especialmente equipada para asesinar a 20 víctimas. La casa tenía sábanas de plástico sobre las paredes para atrapar los chorros de sangre y un drenaje en el piso para facilitar el drenaje de sangre. Se espera también que otros testigos discutan la compra de armas para ser usadas por las fuerzas de seguridad de Guzmán y los sicarios.

Evidencias físicas

El gobierno también demostrará su caso contra Guzmán a través de evidencias. El gobierno recuperó los libros de contabilidad de narcotraficantes colombianos y proveedores, los cuales detallan los acuerdos financieros entre Guzmán y los proveedores para varios envíos de drogas. También habrá evidencia producida a través de numerosas vigilancias físicas en los Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental.

El gobierno también se basará en la evidencia obtenida a través de numerosas armas de fuego que fueron aprehendidas. 

El gobierno también producirá evidencia de una incautación en El Paso, Texas, de un cargamento de armas de Guzmán, que contenía numerosos rifles AK-47 y .50mm. Como se mencionó anteriormente, el gobierno producirá evidencia de la incautación de numerosos envíos de drogas en los Estados Unidos y México, así como en toda América Central y del Sur.

Dicho todo esto, las violaciones establecidas en la acusación incorporan 200 toneladas métricas -o 200.000 kilogramos- de cocaína que fueron incautadas por las fuerzas del orden y vinculadas a Guzmán y al Cártel de Sinaloa.

Vigilancia electrónica

La culpabilidad de Guzmán también se demostrará mediante registros consensuados, conversaciones de Guzmán durante las cuales él discute las transacciones específicas de la droga, así como la otra vigilancia electrónica autorizada por el tribunal, que detalla la actividad -en tiempo real- del tráfico de la droga de Guzmán y sus colaboradores.

Dicela acusación que las autoridades policiales interceptaron y registraron comunicaciones estableciendo que Guzmán organizaba y dirigía envíos de cocaína que fueron interceptados por las autoridades policiales. Tales incautaciones incluyen: 

(1) Aproximadamente 373 kilogramos de cocaína hacia el 15 de enero de 2014, o por esa fecha, por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; 
(2) aproximadamente 25 kilogramos de cocaína en o alrededor del 27 de septiembre de 2013, por las autoridades policiales de los Estados Unidos; 

Y (3) aproximadamente 456 kilogramos de cocaína hacia o alrededor del 6 de junio de 2013, por las autoridades ecuatorianas.

Por lo tanto, el peso de la evidencia confirma a Guzmán como el jefe del cartel más prolífico del narcotráfico en el mundo, que usó la corrupción y la violencia para mantener su poder. En consecuencia, la evidencia demostrará que Guzmán es un peligro extremo para la comunidad.

La Historia y las Características del Demandado

Guzmán empezó como un adolescente cultivando marihuana y cultivando amapolas para la producción de heroína, que vendió para ganarse la vida. 

Durante los siguientes cuarenta años, Guzmán dedicó sus esfuerzos a incrementar su organización y aumentar el poder del Cártel de Sinaloa, a menudo a través de la tortura y el asesinato.

Como líder del Cártel de Sinaloa, Guzmán operaba con impunidad un cártel, al más alto nivel del mundo del narcotráfico mexicano, al mismo tiempo que se asegura de su continuo éxito y seguridad de su arresto a través del pago de sobornos al gobierno. 

Con el fin de preservar la integridad y confidencialidad de la investigación del gobierno, y debido a la naturaleza del encarcelamiento del acusado en un país extranjero, la notificación al acusado de las interceptaciones de escuchas telefónicas antes de su detención no era factible. El gobierno, sin embargo, no se basa en información específica de ese material para los propósitos de la propuesta de hecho en apoyo de esta moción.

Impulsado por el poder insaciable y la codicia, la historia personal de Guzmán y sus características exigen detención para evitar que sea un peligro para la comunidad.

Naturaleza y gravedad del peligro planteado por la liberación

El imperio violento, internacional y multimillonario de tráfico de drogas de Guzmán continúa bombardeando miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en los Estados Unidos para su distribución en nuestras comunidades. 

Sin lugar a dudas, Guzmán seguirá siendo un peligro para la comunidad si fuera liberado de la cárcel. La complejidad y amplitud de la organización criminal de Guzmán requiere su habilidad única para orquestar y llevar a cabo sus metas, lo que obligará a Guzmán a reasumir su trono de liderazgo si es liberado de la custodia.

Incluso durante encarcelamientos previos, el acusado siguió administrando sus operaciones de narcotráfico y con éxito planeó fugas de la cárcel. Una vez libre, Guzmán no se detuvo y siguió supervisando las actividades de su imperio del narcotráfico. Dado el historial anterior de Guzmán, a menos que Guzmán esté encarcelado bajo los más estrictos arreglos de seguridad, el riesgo de su actividad criminal continua siendo cierta.

Como se detalla más arriba, Guzmán es extremadamente violento y mantiene escondites de armas para ser usadas para protección y para castigar a quienes actúan contra los intereses de Guzmán. Por otra parte, Guzmán tiene una historia de asesinato de individuos que él percibió como haber proporcionado información a la aplicación de la ley. Por lo tanto, los testigos del gobierno y sus familias, muchos de los cuales todavía residen en México sin protección, estarían en grave peligro, daños físicos o incluso la muerte como represalia por su cooperación con el gobierno.

Mantener a Guzmán bajo custodia hasta la disposición de su caso reducirá drásticamente el riesgo de que pueda orquestar represalias contra testigos del gobierno y sus familias.

Liberación de Guzmán plantea una garantía de vuelo

Del mismo modo, Guzmán no puede superar la presunción de que es un riesgo de fuga. Primero, el hecho de que Guzmán escapó dos veces de las cárceles de máxima seguridad en México dice mucho sobre su disposición y su capacidad para evitar el enjuiciamiento a toda costa. Si Guzmán fuera liberado de la custodia, se basaría en su casi ilimitada riqueza, no revelada, para orquestar su huida de la jurisdicción y mantenerse en la clandestinidad, como lo ha hecho dos veces antes. 

Además, su imperio del narcotráfico le proporcionaría un flujo de ingresos continuo si fuera necesario. Finalmente, la riqueza masiva de Guzmán le proporciona la capacidad de tentar a todos -excepto a los individuos más fuertes- con grandes sobornos en efectivo para ayudarlo en su huida.

En segundo lugar, si es condenado por operar una empresa criminal continua, Guzmán se enfrenta a cadena perpetua obligatoria. 

Cada delito sustantivo de tráfico de drogas imputado en la Acusación conlleva una pena mínima de 10 años de encarcelamiento y, si es declarado culpable del uso de una carga de armas de fuego, se impondrá una sentencia mínima obligatoria de diez años consecutivos. 

En cualquier caso, una sola frase de las Directrices para los crímenes sustantivos de tráfico de drogas dictará una pena de prisión perpetua. Por lo tanto, Guzmán tiene todos los incentivos para huir de la acusación y, habiendo escapado dos veces de las cárceles de máxima seguridad en México cuando se enfrenta a encarcelamiento, tiene un historial probado de elegir el vuelo en lugar de ser procesado.

En tercer lugar, incluso si Guzmán prevalece en el presente caso, enfrenta cargos en muchas otras jurisdicciones de los Estados Unidos, incluyendo el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Sur de California, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de Nueva York Y el Distrito de New Hampshire. Estos casos proporcionan a Guzmán un incentivo aún mayor para huir. El hecho de que Guzmán luchara recientemente en cada uno de los procedimientos en México para su extradición a los Estados Unidos, ilustra su deseo de evitar el enjuiciamiento. 

En cuarto lugar, como se mencionó anteriormente, Guzmán utiliza la corrupción a gran escala para controlar a los funcionarios gubernamentales clave para proteger su actividad criminal y la del Cártel Sinaloa. Este comportamiento representa a un individuo que no tiene respeto por la autoridad pública y el estado de derecho. 

Por lo tanto, no hay razón para creer que Guzmán obedecería las órdenes o condiciones de liberación del Tribunal si se concediera libertad bajo fianza.

Como se detalla anteriormente, Guzmán mantiene redes de distribución de drogas sustanciales en los Estados Unidos, incluyendo el área de Nueva York. Por lo tanto, aunque es un ciudadano de México, Guzmán tiene miembros de su organización cerca, dispuestos a ayudarle a huir de la jurisdicción de la Corte. 

Guzmán fue admitido en los Estados Unidos con el único propósito de ser procesado. Por lo tanto, no tiene estatus legal en el condado. Por otra parte, no se sabe que tenga ninguna conexión sustancial con los Estados Unidos aparte de su actividad del narcotráfico.

El documento fue firmado el 20 de enero de 2017, 
en Brooklyn, NY por el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Robert L. Capers, Arthur G. Wyatt, Jefe de la Unidad de Narcóticos y Drogas peligrosas del Departamento de Justicia de los EEUU y Wilfredo A Ferrer, Fiscal del Distrito Sur de la Florida.