Narcosobrinos se oponen a decisión del gobierno de mantener ocultas identidades de los testigos confidenciales

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, ​​Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas enviaron una carta al juez Paul Crotty para oponerse a la solicitud del gobierno de los EEUU de mantener en secreto las identidades de los testigos confidenciales que contribuyeron a soportar la acusación en su contra por delitos de narcotráfico.

En un documento que envió la Fiscalía a la Corte, se informó al juez Crotty que no podrán develar la identidad de los testigos para no poner en peligro la seguridad de los informantes.

Campos Flores y Flores de Freitas informaron a la corte su desacuerdo con el gobierno de plegarse a un procedimiento legal unilateral y restringido, sin dar respuesta a la defensa sobre las peticiones hechas sobre esa materia el 02 de julio de 2016, y que representan un aspecto clave para la preparación de la estrategia que seguirán en el juicio. 

Los dos venezolanos, acusados de conspirar para transportar  800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, sostienen que el 5 de agosto de 2016 presentaron su respuesta a la negativa del gobierno de aceptar las mociones interpuestas por los demandados.

Campos Flores y Flores de Freitas señalan que en su respuesta a la fiscalía, explicaron con argumentos válidos, la necesidad que tiene la defensa de conocer de mano del Gobierno la identificación de todos los co-conspiradores que participaron en el caso que produjo la acusación contra los dos familiares del jefe de Estado venezolano.

Los sobrinos de la pareja presidencial, presos en Manhattan desde el 10 de noviembre de 2015, dijeron que hasta el momento "no han observado la presentación pública de ninguna información adicional por ellos solicitada", cuestión que a su juicio  "es una actitud impropia del gobierno norteamericano".

Los acusados se quejan que el gobierno pretenda responder a la moción de la defensa con una presentación conocida como  "ex parte"(unilateral, sin discusión) y sobre todo sin proporcionar una justificación pública para dicha presentación. 

La defensa de los primos Flores dice que con esa decisión "el gobierno de los EEUU estaría violando el debido proceso de los acusados".

Los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas rechazaron que el gobierno norteamericano haya optado por no divulgar la información argumentando que debía proteger la identidad de las personas catalogadas como "Testigos Confidenciales". 

Asimismo, mostraron su desacuerdo ante la decisión del gobierno de sellar las pruebas y no ampliar más la información entregada en la etapa de descubrimiento porque -según la fiscalía- la misma "es abundante y suficiente para preparar la estrategia de defensa para el juicio".

En el documento, los acusados hacen hincapié en que el gobierno no puede decidir -a motus propio- hacer una presentación ex parte, y en especial, el argumento según el cual identificar públicamente a los testigos confidenciales pondría en peligro la seguridad de dichas personas y la misma seguridad nacional.

Los primos Flores pidieron a la Corte no permitir que el gobierno haga una presentación ex parte y exigió que se obligue a la fiscalía a revelar de inmediato la identidad de los testigos.

La defensa dice que al aceptar la postura del gobierno, la corte contribuiría con la intención de la fiscalía de excluir al público de un proceso penal.

El documento está firmado por los abogados de los dos acusados, a saber: Radall W. Jackson y John T Zach de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP defensores de Campos Flores y David M. Rody Michael D. Mann Elizabeth Espinosa  de Sidley Austin LLP representantes de Flores de Freitas. 

Objeciones a la demanda de Diosdado Cabello contra WSJ serán consideradas en corte de NY el 12 de septiembre

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La audiencia para decidir las objeciones a la demanda interpuesta por el dirigente chavista, Diosdado Cabello Rondón contra el periódico norteamericano The Wall Street Journal tendrá lugar el viernes 12 de septiembre a las 2:30 pm en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, según señala una comunicación del juez de la causa John G. Koeltl.

La demanda interpuesta por el dirigente chavista el 5 de mayo de 2016, alega que son falsas las informaciones que sustentan un reportaje publicado por The Wall Street Journal el 18 de mayo de 2015, en el que se señala que Diosdado Cabello Rondón está vinculado a una investigación que está realizando el gobierno norteamericano sobre organizaciones ligadas al narcotráfico internacional. Según el demandante, la información divulgada es falsa y le acarreó enormes daños a su reputación y buen nombre y enormes pérdidas económicas.

¿Qué sucederá el 12 de septiembre en la audiencia ? 

En la cita estarán presentes el abogado de Diosdado Cabello, Gary S. Redish y los abogados de Dow Jones, Katherine M. Bolger y Jeremy A. Kutner y el juez John G. Koeltl. Allí las partes involucradas proceden a discutir y a decidir las mociones preliminares presentadas por las partes. La idea es avanzar con el caso aprobando las objeciones a las que haya lugar y disponer de ellas sin generar más gastos para el cliente y para la corte. Los abogados presentan una explicación breve de 3 páginas sobre lo que quieren objetar y por qué lo quieren hacer.

En la audiencia el oponente tiene oportunidad de responder a la objeción presentada por el demandante o demandado.  En este tipo de audiencias se puede decidir si un caso es desestimado o no. Según las estadísticas de la Corte del Distrito Sur de NY, las audiencias de mociones celebradas en 2015, 43 produjeron como resultado seguir con el caso y 18 resolvieron desestimar las demandas por faltas de pruebas o por inconsistencia en la presentación de la querella. 

Por lo general, este tipo de audiencias permite que los demandados y los demandantes tengan una idea clara de lo qué se trata el caso y hacia dónde se dirige.

El caso de Diosdado Cabello

El10 de agosto de 2016, el abogado de Diosdado Cabello Rondón presentó una comunicación a la corte donde informó que presentaría una demanda enmendada. Igualmente solicitó que se procediera con las conferencias programadas en la materia, que habían sido aplazadas para dar cabida a la modificación presentada, y que consistía en el retiro de la empresa News Corporation de la querella, dejando únicamente a Dow Jones como parte demandada.

Antecedentes

El 3 de agosto de 2016, Dow Jones presentó una carta solicitando una conferencia previa con antelación a una moción propuesta por la parte demandada para desestimar la reclamación como tal. 

En 5 de agosto de 2016, el juez Koeltl programó una conferencia previa a la propuesta de audiencia fijada para el 12 de agosto de 2016. 

Las partes se reunieron y confirieron sobre la moción propuesta. El abogado de Diosdado Cabello informó a Dow Jones que tenía la intención de presentar una demanda enmendada.

El 1º de septiembre de 2016, Cabello Rondón deberá presentar el documento con la demanda enmendada.

Dow Jones tendrá hasta el 3 de octubre  de 2016 para presentar una respuesta a la demanda enmendada, en la forma de una respuesta para desestimar la moción.

Cabello Rondón tendrá hasta el 31 de Octubre de 2016 para oponerse a la petición de desestimación y Dow Jones tendrá hasta el 14 de noviembre de  2016 para responder.

Asimismo se acordó que la conferencia preliminar  prevista para el 7 de septiembre de 2016, se aplazara hasta después que Dow Jones responda a la queja presentada por la demanda o hasta después que se produzca una decisión sobre cualquier moción que se vaya a desestimar.

La demanda de Cabello

En la demanda que el diputado venezolano, Diosdado Cabello Rondón interpuso contra The Wall Street Journal exigió, resarcir los daños y perjuicios que ha sufrido en lo personal y lo económico, por la publicación de un artículo en su contra donde se le relaciona con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. En la reclamación no aparece un monto de dinero específico, aunque se establece que la suma será superior a los $75 mil dólares.

¿Quién es el teniente coronel venezolano que fue acusado de conspirar para traficar cocaína a los EEUU?

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El teniente coronel de la Guardia Bolivariana de Venezuela, Darry Francisco Fortoul Ochoa fue acusado en la Corte Federal del Este de Nueva York de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos. El militar se desempeñó entre el 2008-2009 como directivo de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

Fortoul Ochoa es acusado por el gobierno norteamericano de estar presuntamente vinculado al tráfico de cocaína desde Venezuela a los EEUU. Actualmente aparece residenciado en el Municipio Libertador, urbanización el Paraíso, en Caracas, Venezuela. No obstante, se especula que no ha vivido allí por dos años.

Fortoul Ochoa vivió en Tampa y en St. Petersburg en la Florida. En ese estado posee una propiedad que supera los 250 mil dólares.

La casa está ubicada en 11201 Village Brook Dr. City Riverview, Florida aparece a nombre de Darry F. Fortoul O. y Mcdermott Jacqueline L Fortoul.

De acuerdo al registro de propiedades de la Florida, Darry F Fortoul  O. y su esposa pagaron $257,500 por la residencia que tiene 4 habitaciones, 2 baños en un área de 1,825 pies cuadrados de espacio habitable más la tierra que incluye unos 10 mil pies cuadrados. Fue construida en 2004  y remodelada en 2008.

Los récords de bienes y raíces del estado de la Florida señalan que la propiedad tiene un lote de tierra valorada en $25,213. Asimismo, el valor de tasación de la propiedad es de  $112,181.

Acusado de Conducción temeraria

Durante su tiempo de residencia en los Estados Unidos, Darry Francisco Fortoul Ochoa fue acusado por las autoridades del Condado León del estado de la Florida, de Conducción Temeraria, manejar con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes. El cargo está registrado bajo el número 2003CT58230A, con fecha  03 de agosto de 2003. 

En la imagen que sigue pueden apreciar los cargos por los cuales fue acusado el militar venezolano. La imagen fue publicada por The mugshots, un portal donde se reseñan los criminales buscados en diversos estados de los EEUU.

El teniente coronel venezolano también estuvo residencia do por un tiempo en la capital del estado de la Florida, Tallahassee  en   1571 Stone Rd #5a. Tallahassee, FL 32303.

Asimismo sirvió como garante de la señora Peggy Stewart para la compra de un condominio en Tallahassee en 2005.

Su ascenso militar de 2011 fue vetado 
"por carecer de cualidad morales"

Un dato que llama la atención es que Darry Francisco Fortoul Ochoa fue excluído de la lista de ascensos militares en 2011, por una comisión de la Guardia Nacional, cuando Carlos José Mata Figueroa estaba a la cabeza del Ministerio Popular para la Defensa. El informe dice que el teniente coronel no podía ser ascendido por "no cumplir con las condiciones morales y cualidades potenciales para el ejercicio del mando o de las funciones inherentes a cargos en el grado inmediato superior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la LOFAN". 

El reporte de la Comisión  señala además que Fortoul Ochoa fue objeto de una investigación administrativa disciplinaria el 11 de octubre de 2011. El militar alegó que dicha sanción no podía tener un efecto retroactivo para incidir en el proceso de ascenso correspondiente al 5 de julio de 2011. Ver más detalles aquí.

Ante la decisión de la Comisión de Ascensos de la Guardia Nacional de excluirlo de la lista de ascensos, Fortoul Ochoa acudió al Juzgado de Sustanciación de Caracas el 15 de mayo de 2012 para pedir una acción de nulidad "por un silencio administrativo correspondiente a un recurso interpuesto por el militar con fecha 11 de agosto de 2011 ante el Ministro del Poder Popular para la Defensa de su exclusión de la lista del personal militar ascendido". Leer más aquí.

El caso AA40A2012000733 tuvo como ponente la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y no fue favorable para el demandante.

¿Arrimado o espiando a la oposición?

Fortoul Ochoa estuvo como testigo electoral en las elecciones de 2015 y fue designado como secretario de mesa en la Unidad Educativa Colegio Teresiano de Nuestra Señora de Coromoto en el Paraíso. Según consta en el presente documento publicado por Vente, el partido de la Libertad el militar estuvo presente en ese centro de votación.

Se le solicitó Fe de Vida en 2014

El 18 de noviembre de 2014 apareció en una lista de los miembros de la reserva militar activa que no habían consignado la fe de vida ante la instancia del gobierno bolivariano. Se les solicitó -privada y públicamente- someter ante las autoridades un documento para verificar que estaba vivo. Lea más aquí.
    
EEUU lo busca por delitos de narcotráfico en 2016                                             
        El una investigación realizada por las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos en los años 2008-2010, Darry Francisco Fortoul Ochoa aparece como parte de un grupo de militares venezolanos que colaboraron con los cárteles de la droga para facilitar el tránsito y los envíos de cocaína desde Venezuela a los EEUU.

    En un documento, que permanece sellado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, los fiscales de Manhattan, Preet Bharara y de Brooklyn, Robert L. Capers señalan que el oficial venezolano cumplió órdenes del general Néstor Reverol, quien para la época (2008-2009) era director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y del subdirector de la misma agencia, Edilberto (Edylberto) Molina Molina para ayudar a los narcotraficantes a mover la droga sin ningún tipo de limitación por el territorio venezolano.

Darry Francisco Fortoul Ochoa es uno de los cuatro oficiales cuyos nombres aparecen involucrados en expedientes de militares venezolanos ligados al narcotráfico. Los nombres de los otros tres efectivos no han sido revelados hasta ahora, ya que forman parte de una investigación en curso. 

Se conoció que las autoridades norteamericanas hicieron las gestiones pertinentes para buscar al acusado y ponerlo bajo custodia de la justicia estadounidense desde inicios de 2016.

Esta historia continuará....
  

EEUU: Empresario Abraham José Shiera-Bastidas será sentenciado el 6 de enero de 2017

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El empresario zuliano,  Abraham José Shiera-Bastidas, (socio del magnate petrolero Roberto Rincón), quien se declaró culpable de participar en un esquema de sobornos para lograr contratos de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA, será sentenciado el 6 de enero de 2017, según consta en un documento de la Corte Federal de Houston, Texas, firmado por el juez, Gray Miller.

El nuevo calendario procesal aprobado por la corte señala que el caso estará completado el 23 de noviembre de 2016. Los abogados defensores de Shiera-Bastidas deben hacer las objeciones por escrito de los hechos y de la aplicación usada por el gobierno en la investigación el 9 de diciembre de 2016. El documento aclara que no podrá haber modificaciones en las declaraciones de culpabilidad.

La fiscalía deberá someter el reporte final en diciembre 30 de 2016 y la sentencia será leída el 6 de enero de 2017 at 10:00 a.m. Hasta ahora no se ha establecido el número de años que el empresario venezolano pasará tras las rejas, no obstante, se ha especulado que gracias a los acuerdos logrados, la pena sería muy por debajo de los 10 años de prisión y la entrega del dinero y los bienes provenientes de la actividad criminal por la cual será sentenciado.

El 22 de marzo de 2016, Abraham Shiera se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude a las leyes de los Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas. 

El caso del empresario Shiera-Bastidas incluyó en su investigación a otros individuos, entre quienes destacan:  Moisés Abraham Millán Escobar (Millán), de 32 años, procesado en Katy, Texas, y quien se declaró culpable de conspiración para violar las leyes norteamericanas (FCPA) por su papel en la trama de soborno PDVSA. 

Millán fue el ex empleado de Shiera. En diciembre de 2015, tres ex funcionarios de PDVSA, José Luis Ramos Castillo (Ramos), 38; Cristiano Javier Maldonado Barillas (Maldonado), 39; y Eliézer Alfonzo Gravina Muñoz (Gravina), de 53 años, también procesados en la corte de Texas, se declararon culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, Ramos, Maldonado y Gravina admitieron que siendo empleados de PDVSA o sus subsidiarias o filiales, aceptaron sobornos de Shiera y Rincón a cambio de tomar ciertas medidas para ayudar a las empresas propiedad de Shiera y Rincón en ganar contratos de energía con PDVSA. 

Ramos, Maldonado y Gravina también admitieron que conspiraron con Shiera y Rincón para ayudarlos a blanquear  el dinero producto del esquema de soborno.  

Perfil del empresario venezolano que se encuentra en custodia de las autoridades norteamericanas en el estado de Texas, acusado   junto a Roberto Rincón, de lavado de dinero, conspiración y fraude cometidos en territorio de Estados Unidos.

- Abraham Shiera está casado con Alexandra Shiera.

- Shiera se habría asociado con Rincón para facilitarle a este, contratos y licitaciones logrados fraudulentamente y mediante el pago de sobornos con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.

- Fue detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida el pasado 16 de diciembre de 2015.

- Shiera Bastidas es presidente en Venezuela la de la empresa Vertix Instrumentos. En dicha compañía es propietario de 51 por ciento de las acciones.

- Vertix Instrumentos S.A., se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos” .

- Vertix Instrumentos tiene sede en Maracaibo, en la avenida 3Y con calle 70, Edificio Vertix, oficina N° 69-68, en el sector Avenida San Martin, diagonal a la Residencia del Gobernador.

- En la junta directiva de Vertix Instrumentos Abraham José Shiera Bastidas, Cédula de identidad V-7.629.333, ejerce la presidencia; Ricardo José Ricardo Bravo, C.I. V-6.303.144, ejerce como Director, sin identificación de cargos también integran el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, C.I. V-6.303.144 y Noel Antonio Maestre González, C.I. V- 11.906.754.

- En la actualidad, Vertix Instrumentos se encuentra inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718.

- Los fiscales sustentan sus acusaciones contra Roberto Rincón y Abraham Shiera en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.

-El 22 de marzo de 2016 Abraham Shiera se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas. 

- Los otros cargos fueron desestimados, no porque se determinara la inocencia de Sheira, sino como producto de las negociaciones con la fiscalía. 

- Sheira aceptó entregar buena parte de su fortuna amasada y accedió a cooperar con a investigación suministrando detalles acerca de los detalles de la conspiración, a saber, nombres de las personas implicadas, cuentas bancarias. 

- Abraham Shiera pagará una condena menor a la estimada al inicio del proceso y se le permitirá mantener una parte del dinero.

- La acusación refiere que en 2010 Rincón y Shiera ayudados por un oficial abrieron en Panamá una cuenta bancaria para usarla en el pago de sobornos.

- El 15 de junio de 2010, Shiera envió a un funcionario de PDVSA un correo electrónico en el que explicaba el procedimiento para abrir una cuenta bancaria en Panamá.

- El 26 de mayo de 2010 PDVSA emitió una orden de compra por 2.648.148,20 dólares a una compañía de Shiera, Esta compañía al mismo tiempo transfirió 300 mil dólares a otra compañía de Shiera.

-El 23 de junio de 2010 Shiera transfirió 100 mil dólares a una cuenta bancaria de otro funcionario de PDVSA que le servía de conexión para la obtención de los contratos con la estatal petrolera venezolana.

- El 18 de octubre de 2010, PDVSA le transfirió 5.545.560,01 dólares a una empresa de Shiera. Este a su vez transfirió 25 mil dólares a un funcionario de PDVSA.  

- El 28 de junio de 2011, Shiera transfirió 15 mil dólares a una cuenta en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.

- El 6 de junio de 2011 Shiera transfirió a una cuenta bancaria en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.

-El 6 de diciembre de 2011 Shiera envía un correo electrónico en el que hace una reservación para un funcionario de PDVSA por 14.502,29 dólares.

- Varios correos emitidos por funcionarios de PDVSA dirigidos a Rincón y Shiera les indican los conceptos por los cuales deben emitir las facturas correspondientes a pagos que les hará la petrolera a las empresas de los venezolanos.

- El 3 de junio de 2014, Shiera transfirió a una cuenta de un funcionario de PDVSA en un banco en Panamá por 15 mil dólares.

- El 7 de enero de 2014, Shiera transfirió a una cuenta a nombre de un funcionario de PDVSA en un banco de Panamá por un monto de 15 mil dólares.

-22 de marzo de 2016, Abraham José Shiera se declara culpable de haber pagar sobornos a varios funcionarios de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por 1.000 millones de dólares.

EEUU declara fugitivos de la justicia a militares venezolanos Néstor Reverol y Edylberto Molina Molina

Por Maibort Petit 
@maibortpetit 

El gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

Lynch trabaja este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

Congelación de bienes. La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

Motivado a que los dos acusados no están en custodia de Estados Unidos se espera que en los próximos días sus nombres, información y fotografías aparezcan en la lista de los fugitivos buscados y que tanto Interpol como los otros organismos de seguridad internacional tengan todos los elementos legales para proceder a su captura donde se encuentren.

En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

Solicitan a la AN investigación sobre cambio de identidad del General Hugo Carvajal Barrios

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Basado en documentos probatorios que indican que el general y actual diputado, Hugo Armando Carvajal cambió de nombre y pasó a llamarse Hugo Armando Peck Peck en diciembre de 2012, se solicitó a la Asamblea  Nacional abrir una investigación que permita conocer la veracidad de la denuncia y determinar la nulidad de la elección del actual parlamentario, quien habría utilizado un nombre para su candidatura que perdió validez al momento de la rectificación legal que se llevó, a cabo de manera irregular, en un registro del estado Anzoátegui.

En una misiva enviada por el abogado venezolano, Carlos Ramírez López al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup pidió la apertura de una investigación formal sobre hechos graves que comprometen la integridad de uno de los integrantes del parlamento nacional. 

Ramírez López asegura que el actual diputado Carvajal Barrios, fue electo en elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015 con el nombre de Hugo Armando Carvajal Barrios, no obstante, en documentos del registro Turen de la Parroquia Villa Bruzual, y en los registros del estado Anzoátegui aparece una rectificación y adopción de nombres del mencionado funcionario que dejan claro que Carvajal Barrios pasó a ser Hugo Armando Peck Peck según consta el anexo. Este cambio de nombre fue asentado en el registro el 19 de diciembre de 2012 y las elecciones tuvieron lugar en 2015.

El abogado denunciante señala que la elección ocurrida en diciembre de 2015 se basa en documentos de identificación nulos, ya que los mismos fueron rectificados y aceptados de manera legal en el año 2012, "cinco meses después que el actual parlamentario fuera arrestado en Aruba por autoridades de la isla, atendiendo una orden de detención emanada por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés" y que se basaba en una acusación de carácter criminal contra Carvajal Barrios emitida por una Corte Federal en Nueva York, donde se le acusa de tráfico de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos, y de colaborar con diversos cárteles de la droga, para beneficiar los envíos de estupefacientes a territorio norteamericano.

Ramírez López advierte que cuando Carvajal Barrios fue arrestado en Aruba se informó que tenía en su posesión 3 pasaportes, uno de ellos diplomático que lo acreditaba como Cónsul de Venezuela en la isla, y dos con diferentes identidades pero con su fotografía. Este evento nunca fue investigado por ninguna instancia en Venezuela.

Paralelamente, Ramírez López dice que Hugo Armando Carvajal Barrios cambió sus dos apellidos a los de Peck Peck según consta en sentencia dictada por el jurado primero del Municipio Simón Bolívar de Anzoátegui el 19 de diciembre de 2012, expediente #BP02-S-2012-002236 donde se ordenó rectificar las partidas de nacimiento de los siguientes miembros del grupo familiar:

1- Su hija Maireth Alejandra Carvajal Segovia quien pasó a llamarse Maireth Alejandra Peck Segovia.

2-Su hijo José Armando Carvajal Segovia quien pasó a llamarse José Armando Peck Segovia

3.-Su esposa Gladys Coromoto Segovia de Carvajal ahora Gladys Coromoto Segovia de Peck

4-La suya  propia  Hugo Armando Carvajal Barrios quien pasó a ser Hugo Armando Peck Peck.

El denunciante dice en su reporte que los cambios de apellidos del diputado Carvajal fueron irregulares, ya que ese tipo de rectificaciones corresponde a los juzgados de diferentes municipios, y en este caso el juzgado del Municipio Bolívar de Anzoátegui rectificó en un solo acto las cuatro actas antes especificadas aún cuando las mismas corresponden a otros estados y municipios, constituyendo  dicha falta, otra irregularidad.

Rodríguez López aseguró que la elección de Hugo Carvajal Barrios como parlamentario por el Circuito 2 del estado Monagas para las elecciones que se realizaron en diciembre 6 de 2015 resultan nulas, porque la identificación legal del candidato es inexistente y este hecho puede ser examinado por el Parlamento bajo la potestad que le asiste en el artículo 187.20 de la Constitución Nacional.

El abogado Rodríguez López pidió además abrir una investigación sobre las irregularidades cometidas en la actuación del juzgado que emitió ilegalmente las rectificaciones de las partidas.

Igualmente informó que se debe abrir una investigación sobre los casos que se le siguen a Hugo Carvajal en los tribunales norteamericanos por sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico.

Los casos criminales contra Hugo Armando Carvajal Barrios en EEUU y el cambio de identidad del acusado

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El general retirado y actual diputado a la Asamblea Nacional, Hugo Armando Carvajal Barrios está siendo requerido por dos instancias judiciales de los Estados Unidos. En la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York lo buscan por supuestamente haber violado las leyes antinarcóticos norteamericanas al "conspirar para traficar más de 5 mil 600 kilos de cocaína desde Venezuela a México para introducirla a territorio estadounidense en abril 10 de 2006".

El otro caso contra el general Carvajal Barrios está radicado en la corte del Distrito Sur de la Florida y lo involucra como cómplice de los cárteles colombianos de la droga, en especial con Wilber Varela, alias "Jabón". En la acusación que reposa en el tribunal de Miami se asegura que Carvajal Barrios "desde el 2004 hasta enero 29 de 2008 recibió dinero de Valera (Jabón) en conjunto con otros funcionarios de alto rango encargados de hacer cumplir la ley y militares para asistir a las actividades de narcotráfico de los grupos criminales ligado a capo colombiano". 

En cargo principal de esta acusación es Conspiración para distribuir cocaína con el conocimiento y la intención de que la droga iba a ser importada ilegalmente a los Estados Unidos.

La acusación del Gran Jurado de Miami dice que "Hugo Carvajal Barrios y otros agentes policiales y militares venezolanos de alto rango prestaron colaboración para permitir que los miembros de la facción de Varela exportaran cocaína desde Venezuela hacia EEUU". Igualmente es acusado de "proporcionar a los miembros de la facción de Varela la protección para evitar su captura y de suministrarles detalles sobre las actividades de las fuerzas armadas venezolanas y las fuerzas del orden".

En el caso de la Florida, el general Carvajal Barrios es acusado de violar el título 21 del Código de EEUU, secciones 963, 853. En el documento de la corte se señala que el antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar habría colaborado con los líderes del Cártel del Norte del Valle de Colombia para transportar por territorio venezolano cargas de cocaína cuyo destino final sería Estados Unidos.

En la acusación se habla del pago de sobornos que recibieron los funcionarios que debían hacer cumplir las leyes antinarcóticos en Venezuela.  Se destaca que alrededor de 2004, Varela, alias Jabón, y otros miembros de su organización criminal trasladaron su base de operaciones a Venezuela "por razones que incluía la amenaza de ser capturado por las autoridades policiales colombianas y la amenaza de violencia por parte de los narcotraficantes rivales".

En ese documento se asegura que "Jabón" pagó a Carvajal Barrios "El Pollo" desde el 2004 al 2008 miles de dólares para recibir su asistencia y la de otros  agentes policiales y militares.  Tras la muerte de Valera, las facciones ligadas al narcotraficante siguió pagando a Carvajal Barrios para recibir ayuda y protección.

Carvajal Barrios habría vendido cocaína 

La acusación del Gran Jurado de la Florida dice que además de asistencia, protección, y transporte el general "Hugo Armando Carvajal Barrios habría vendido cientos de kilos de cocaína a un miembro de la facción de Varela (Jabón)".

Dice que Carvajal Barrios "con conocimiento y de manera voluntaria se asoció para conspirar, confederarse con Wilber Varela, (a) "Jabón,” y con personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada de la Lista II, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia regulada sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (a) (1) y 959 (a) (2); todo ello en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963".

Fiscal Preet Bharara detrás de los pasos de Hugo Carvajal

Vale destacar que el fiscal de Nueva York, Preet Bharara (el mismo que encausó judicialmente a los sobrinos de Cilia Flores) es quien lleva la acusación contra el general Hugo Carvajal Barrios en Manhattan.  El caso en NY fue registrado bajo sello el 8 de marzo de 2011. 

El caso contra Carvajal Barrios en el estado de la Florida fue entregado a la corte bajo sello, el 16 de mayo de 2013. Ambos casos se mantienen abiertos y sin custodia.

¿Cambio de identidad ? Carvajal Barrios a Hugo Peak Peak

Tanto en Colombia como en México y otros países los narcotraficantes y sus familiares suelen acudir a cirugías plásticas, robo o cambio de documentos y suplantaciones  para cambiar su identidad. 

Son muchas las historias que dan fe de los cambios de identidad de delincuentes buscados internacionalmente, y de quienes se ha sabido que han pagado fortunas para cambiar su nombre legalmente. Recordemos el caso del ex militar y jefe del bloque Nordeste de las Auc Pablo Emilio Quintero Dodivo, alias 'Bedoya', quien pagó 15 millones de pesos para convertirse en Camilo Moncada, un hombre sin antecedentes penales. 

También es emblemático el caso del hijo de Pablo Escobar,  Juan Pablo Escobar Henao  quien se transformó en Sebastián Marroquín Santos, o el de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta' quien  se escudó en el nombre falso de Marcelo Javier Unzué para evadir la justicia internacional.

Hugo Armando Peak Peak

El caso del supuesto cambio de identidad del general Hugo Armando Carvajal Barrios, de sus dos hijos y el de su esposa fue revelado por el abogado venezolano, Carlos Ramírez López quien en su blog personal asegura que "Carvajal Barrios y un grupo de altos mandos militares y civiles del gobierno están construyendo vidas paralelas para irse a escondidas de Venezuela y escapar a la acción de la justicia nacional e internacional".

Ramírez López argumenta que Hugo Armando Carvajal Barrios pasó a llamarse Hugo Armando Peck Peck, su esposa Gladys Coromoto Segovia de Carvajal pasó a ser Gladys Coromoto Segovia de Peck. 

El abogado denunciante sostiene que el cambio de identidad se produjo el 19 de Diciembre de 2012 en el Juzgado Primero del Municipio Bolívar de Anzoátegui en expediente número BP02 –S-2012–002236 del 19–12–2012 donde se ordenó la rectificación judicial del acta de nacimiento del hijo de Carvajal Barrios de nombre José Armando Carvajal Segovia.

Leer artículo completo en aquí.

Este documento fue publicado en el blog personal del abogado venezolano Carlos Ramírez
López https://medium.com/@carlosramirezlopez

De ser ciertas las denuncias del abogado Ramírez López estaríamos frente a un gran aporte a la justicia internacional, ya que el cambio de identidad de Carvajal Barrios y su familia conlleva a una posible repetición de esquemas por parte de los otros acusados de la justicia norteamericana, entre quienes se encuentra Néstor Reverol, actual ministro de justicia venezolano, y entre cuyas competencias se encuentra justamente el sistema de identificación del país.

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La Asamblea Nacional debería investigar la veracidad de lo expuesto por Carlos Ramírez y de ser cierto tomar las medidas requeridas para evitar que los acusados de narcotráfico evadan la justicia internacional arropados por identidades limpias y fuera de control.

A pesar de las evidencias del gobierno, defensa de sobrinos de CIlia Flores insiste en que les tendieron una trampa

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Los abogados defensores de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Nicolás Maduro y Cilia Flores, reiteraron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que los acusados fueron secuestrados por agentes de los Estados Unidos en Haití, ya que los agentes que actuaron en el operativo no se identificaron ni llevaron el arresto de acuerdo a lo establecido en las leyes. Asimismo, recalcaron que el gobierno norteamericano preparó un trampa para que los dos jóvenes pudieran ser enjuiciados por un delito que les fue inculcado.

En la respuesta de los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas a la fiscalía propusieron nuevamente que la corte realice una audiencia de prueba que les permita discutir ante el juez las mociones previas al juicio que buscan entre otras cosas eliminar de las pruebas obtenidas durante el arresto de los imputados.

La audiencia de prueba fue fijada a solicitud de la fiscalía el 8 y 9 de septiembre de 2016.

Para los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas es necesaria una explicación coherente acerca de la recopilación de pruebas por medio de las cuales se acusa a sus clientes, para poder tener una visión clara sobre los alegatos presentados por el gobierno y hacer una defensa efectiva de los acusados.

Igualmente, consideran que es inaceptable la actitud de la Fiscalía que pretende suministrar las traducciones y documentos en el momento en que ellos lo estimen oportuno, sin tomar en cuenta que el español es un idioma complejo por los numerosos giros idiomáticos que posee, los cuales hay que analizar con sumo cuidado, con el agravante que muchas pruebas provienen de grabaciones defectuosas y de mala calidad. 

Insisten en que necesitan de suficiente tiempo para analizar toda la documentación y evaluar las traducciones que conforman parte de la acusación.

También solicitan la supresión de la evidencia en base a una (expoliación) por parte del gobierno. Según los abogados los agentes de la DEA habrían eliminado la cocaína y los guantes de látex que supuestamente habría usado Efraín Antonio Campo Flores en una grabación sin haber sido examinados por un laboratorio. 

Del mismo modo, la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores quieren saber la identidad de los informantes confidenciales y que se proporcione más información basado en la solicitud del proyecto conocido como Ley de Particulares.

Los abogados defensores de Campo Flores y Flores de Freitas protestan la descontextualización de las circunstancias de los acusados, por ejemplo, limitándose a alegar que se trata de dos hombres jóvenes que gozan de buena salud, pero desestiman las denuncias de que habían sido sometidos a estar sin comida ni agua durante los largos interrogatorios. En este mismo sentido, refieren que la fiscalía sostiene que los acusados tienen altos niveles de educación, llegando Campo Flores a tener estudios en Derecho, pero no toman en cuenta que desconoce el funcionamiento del sistema judicial de Estados Unidos. 

La defensa argumenta que sus clientes fueron sometidos a coacción por parte de los agentes de la DEA al momento de hacer sus declaraciones iniciales durante el arresto en Haití y la misma no fue voluntaria, por lo que deben ser desestimadas. Apelan al caso United States vs. Taylor sobre las implicaciones que en estado mental de las personas tienen la coacción.

La defensa exige que se determine con exactitud previo inicio del juicio, cuándo fueron detenidos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas por la policía de Haití y en qué momento fueron transferidos a la custodia de la de DEA. Requieren que se determine si las autoridades haitianas actuaron bajo la dirección de la agencia antidrogas estadounidense. 

Asimismo, piden saber exactamente cuándo los acusados dieron su declaración a la DEA y por qué no fueron presentados ante el juez disponible más cercano en los plazos establecidos por la ley. Para la defensa fueron violados y alterados todas las prescripciones que hace la ley acerca de la presentación de los acusados ante las autoridades judiciales. Asimismo cuestionan los procedimientos que se siguieron para la detención de Campo Flores y Flores de Freitas, pues se violó lo que establece la ley al respecto. Tienen dudas también sobre el proceso de extradición desde Haití de los imputados. Sostienen que hay inconsistencias en la cronología de los acontecimientos presentada por la fiscalía.

La defensa de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro insiste en la necesidad de realizar una audiencia previa al juicio para establecer todos estos asuntos, al tiempo que alegan que sus defendidos han sido víctimas de expoliación informativa, algo que niega rotundamente el gobierno.

Para los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas es inaudito que uno de los principales testigos sea una persona conocida como “El Sentado”, quien fue asesinado en Honduras en diciembre de 2015.

Rematan que ese testigo cooperador actuó en el extranjero sin supervisión y sin el adecuado manejo de las pruebas. Ponen en tela de juicio la credibilidad de los tres informantes confidenciales a los que habría recurrido el gobierno para levantar el caso por narcotráfico contra los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Se cuestiona el proceso por el cual se inculpa a Campo Flores y Flores de Freitas toda vez que, a juicio de la defensa, no existe una prueba concreta que demuestre la culpabilidad los señalados que permita establecer una relación directa de la cocaína con los acusados. Y por ello, al parecer de los abogados, recurren a los informantes.

Insisten en la realización de una audiencia preliminar que les permita desestimar los alegatos del gobierno y establecer la validez de la carga de la prueba presentada por el gobierno.

La defensa quiere que se aclare en qué circunstancia murió el informante confidencial asesinado en Honduras en diciembre de 2015.

Las pruebas usadas para incriminar a los sobrinos de la pareja presidencial, según los abogados defensores, fueron manejadas inadecuadamente o son inconsistentes. Insisten en saber en qué circunstancias, patrones y esquemas de supervisión los informantes confidenciales manejaron la supuesta droga. 

Los abogados descalifican la supuesta manipulación de la droga que habría hecho Efraín Campo Flores.

Los abogados defensores refieren que Efraín Campo Flores manifestó no estar en capacidad de hacerse de la cantidad de droga que los informantes alegan que estos pretendía traficar, además de afirmar que dijo no tener los medios ni la experiencia necesaria en el tráfico de drogas para hacer una operación de la envergadura señalada por el gobierno.

A lo largo del escrito la defensa cuestiona permanentemente las pruebas gráficas como fotografías y grabaciones de audio y de video, bien por inexistentes, por inconsistentes, por defectuosas o por alteración de las mismas. 

Por otra parte, la defensa asegura que Campo Flores y Flores de Freitas no han sido debidamente informados y exigen les sea entregada una lista de los datos manejados por la acusación en contra de sus clientes. 

Cuestionan que al momento del juicio la fiscalía solo pretenda presentar una historia de los acontecimientos que supuestamente sucedieron según la versión del gobierno, sin que esto cuente con el respaldo debido que pruebe la culpabilidad de Campo Flores y Flores de Freitas. 

Por lo tanto, estiman que el gobierno debería ser obligado a proporcionar un informe de datos que describe con mayor precisión los cargos contra los acusados para que puedan prepararse debidamente y comprender las sanciones que pudieran enfrentar.

Sostienen que estos datos permitirán entender la naturaleza del caso, la teoría manejada por el gobierno que, a juicio de la defensa, luce sumamente turbia. Sostienen que es imprescindible determinar cuándo, dónde y con quien se produjo la supuesta conspiración de los acusados para importar narcóticos a los Estados Unidos. 

Los abogados exigen todos estos datos, documentos e información para poder sustentar la defensa de los acusados con todas las garantías otorgadas por la Constitución de los Estados Unidos y las leyes. 

Una y otra vez exigen las pruebas que sustentan la acusación del gobierno, toda información relacionada con la investigación, procesamiento o detención de los demandados, pormenores de las reuniones, las transcripciones manejadas por la fiscalía en donde, consideran, se pone de relieve la mala calidad de los videos y archivos de audio, usados para imputar a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

El "secuestro" de los sobrinos de Cilia Flores, una historia desmontada con las evidencias de la DEA

Por Maibort Pett
@maibortpetit

A sólo 6 días de que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en Puerto Príncipe y trasladados a Nueva York en un avión de la DEA, el entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó el hecho como un "secuestro de la DEA".Ver declaración aquí. 

"Yo no lo veo como una detención, en verdad, fue un avión a Haití, iba con seis personas y secuestraron a dos personas (…) el procedimiento fue totalmente irregular", dijo Cabello en aquella oportunidad en una entrevista en la cadena Globovisión.

Cabello dijo además que el caso era "un expediente normal" de la agencia antidrogas de EE.UU: "Secuestrar gente, ya lo han hecho y no nos extraña para nada".

Comentó que el arresto de los familiares de la primera dama buscaba "tratar de hacerle daño a la campaña electoral y a la revolución (bolivariana)".  Por ese tiempo, empezaba la campaña para las elecciones  parlamentarias del 6 de diciembre, donde la tía -mamá- de los acusados de haber cometido delitos de narcotráfico estaban compitiendo por un curul parlamentario. Los resultados de aquel proceso comicial fueron desfavorable al chavismo.

Cilia Flores repite la tesis de secuestro

El 12 de enero de 2016, dos meses después que sus sobrinos estaban bajo custodia de las autoridades norteamericanas, la primera dama venezolana y actual diputada, Cilia Flores repitió la tesis lanzada por el segundo hombre fuerte del chavismo en noviembre de 2015. Flores aseguró que tenía "pruebas en sus manos" que probaban que sus familiares habían sido secuestrados por la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos.

"Tenemos documentos, tenemos las fotos de quiénes son los funcionarios de la DEA que incurrieron en delito aquí en Venezuela en este caso que es de secuestro y venganza", comentó la primera dama venezolana.

Dijo además que esperaría los resultados de la justicia y que debían respetar los tiempos porque es un juicio."Allí están las partes. En respeto a la justicia que salga la verdad y se aclare toda esa situación del secuestro, lo de la violación de nuestro territorio por parte de la DEA. Se violentó la soberanía, eso forma parte de un juicio que uno tiene que respetar para no empañar. Creemos en la justicia, vamos a esperar".

—"Vamos a esperar que la justicia hable y después tendremos mucho para hablar. Sí tenemos muchas cosas que decir, pero tenemos que esperar por respeto a la justicia y no perturbar un proceso que debe transcurrir sin obstáculos ni perturbaciones" (..). comentó sobre el tema a un medio venezolano.

Abogado de oficio de Campos Flores niega tesis de secuestro

Kafahni Nkrumah fue el único abogado público de Efraín Antonio Campos Flores, hijastro de Nicolás Maduro. Fue designado el 17 de diciembre de 2015, cuando el acusado "despidió" al costoso escritorio jurídico Squire Patton Boggs, representantes legales de Citgo Corporation, Pdvsa y el BCV en los Estados Unidos.

En su primera y única aparición como abogado de Campos Flores, Kafahni dijo lo siguiente:“No tengo de las declaraciones de la Primera Dama. No he recibido nada aún. Así que no puedo hacer ningún comentario sobre ello”.

Destacó que no refutará las declaraciones de Flores pero admitió que la detención fue sospechosa. “No voy a refutar lo que la Primera Dama alega; la forma en la que sus sobrinos fueron arrestados es sospechosa, por decir lo menos. Pero tampoco puedo decir que fueron secuestrados sin revisar profundamente los tratados internacionales y todo lo demás”.

“No puedo comentar más sin revisar. Es decir, no puedo asegurar que hubo secuestro, pero sí que la detención es sospechosa”, agregó.

La detención de los acusados a cargo del gobierno de Haití

En la mañana del 10 de noviembre de 2015, los acusados y otros cuatro hombres (incluidos los pilotos) volaron en el avión privado siglas YV2030 desde Caracas hasta Port-au-Prince, Haití. Campos Flores y Flores de Freitas acudieron a una reunión con el supuesto socio (calificado por la DEA como CS-1) quien debía entregar a los demandados los millones de dólares acordados para movilizar el cargamento de drogas cuyo destino final sería los Estados Unidos. La idea de los sobrinos de la pareja presidencial era proceder con el envío de la droga el domingo 15 de noviembre en horas de la mañana.

El hecho 

Campos Flores y Flores de Freitas llegaron acompañados por sus "socios" al restaurante de un hotel cercano al aeropuerto de la capital haitiana. En ese encuentro, el agente de la DEA (CS-1) describió la ruta de importación de la droga a través de Miami y aseguró que era en los EEUU donde estaba y se movía el negocio, a lo que los acusados respondieron que "ya [tenían] todo listo" y que la primera carga de la cocaína se enviaría al aeropuerto el 15 de noviembre de 2015.

Un reporte del fiscal de Nueva York, Preet Bharara deja claro que durante aquel encuentro entre los socios y confidentes de la DEA, Campos Flores y Flores de Freitas fueron arrestado por los agentes de la Oficina de Lucha contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes ("BLTS"), quienes "entraron en el restaurante, se identificaron y se llevaron a los acusados en custodia". 

El fiscal aclara en su informe, entregado a la corte el 22 de julio de 2016, que "los agentes haitianos se identificaron antes de proceder al arresto, cumpliendo con lo establecido en las leyes de ese país".  

Señala además que "Parte del personal de BLTS, presentes durante la detención llevaban cascos, mascarillas (para proteger su identidad por razones de seguridad) pero sus uniformes contenían parches oficiales y varios de ellos también llevaban placas de pecho con la palabra "policía", como se muestra en la siguiente fotografía que se tomó tras la detención el 10 de noviembre de 2015:

Después de haber sido detenidos por los BLTS, los acusados fueron entregados a la DEA, cumpliendo lo establecido en los tratados internacionales y basado en una solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades de la isla expulsaron esa misma tarde a Campos Flores y Flores de Freitas de su territorio según consta en el memorando del Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití y que atendía a una orden de detención contra los dos acusados emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva actualmente esta causa. 

Los acusados fueron posteriormente entregados a la DEA y trasladados al aeropuerto internacional del condado de Westchester en White Plains, Nueva York. Así, dice el fiscal, no hubo secuestro sino un arresto que cumplió con lo establecido en la legislación norteamericana y en la haitiana respectivamente.

Los abogados defensores plantean tesis del secuestro

El 2 de julio de 2016, los dos abogados de Campos Flores, Randall Jackson y John T. Zach, asociados a la firma Boies, Schiller & Flexner conjuntamente con los defensores Michael D. Mann y David M. Rody de la firma Sidley Austin LLP presentaron a la corte una solicitud para la supresión de mociones que la fiscalía incluyó en el expediente para ser usadas durante el juicio.

Los abogados aseguraron que una serie de evidencias  habrían sido obtenidas mediante métodos ilegales. En esa misma entrega de documentos, los defensores se plegaron a la tesis de secuestro difundida a principios del caso por Diosdado Cabello, otrora expresidente de la Asamblea Nacional y por la madre-tía de los acusados, Cilia Flores.

En las audiencias de pruebas, previstas para el 8 y 9 de septiembre de 2016, se podrá observar con mayor detalle las evidencias de la fiscalía para terminar de descartar la tesis de secuestro, que fue denegada por Bharara y por los agentes de la DEA encargados de la operación.  Ahora tiene la palabra el Juez Paul Crotty.

Sentencia del empresario chavista Roberto Rincón fue fijada para el 6 de enero de 2017

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller fijó la lectura de la sentencia del empresario venezolano, Roberto Rincón Fernández para el 6 de enero de 2017 a las 10AM.  En magnate petrolero, ligado al gobierno venezolano, fue acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de participar en un esquema de negocios corrupto, que implicó el pago de sobornos para obtener contratos millonarios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En un documento de la corte, se informa que el calendario para proceder en la condena del demandado se restablece de la siguiente manera:

1. El informe de investigación -que precede la acusación del gobierno- se pondrá a disposición  de la parte demandada 23 de de noviembre de 2016.

2. El abogado defensor debe oponerse por escrito a los hechos argumentados por la fiscalía y a la aplicación de la directrices, o por el contrario, declarar que no hay ninguna objeción el 9 de diciembre 2016.

3. El acusado permanecerá en libertad condicional  y sus abogados deberán presentar ante juez un informe previo definitivo con las pruebas impugnadas el 30 de diciembre 2016.

4. Todas las mociones de sentencia, memorandos y cartas de apoyo serán presentada, a más tardar, el lunes antes de la sentencia para que las personas encargadas puedan considerarlas en la conclusión del proceso judicial.

5. La sentencia se llevará a cabo el 6 de enero de 2017 a 10 a.m.

La acusación 

Roberto Rincón Fernández  fue arrestado el pasado 16 de diciembre en Houston y trasladado a la cárcel de Harris County, en la ciudad de Texas, por pagar más de $1.000 millones en sobornos para obtener contratos con Pdvsa entre 2008 y 2014.

Rincón Fernández reconoció que en su declaración de impuestos americanos omitió más de $6 millones en dividendos recibidos por parte de una empresa de su propiedad en Venezuela.

El empresario chavista logró un acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano que le permitió reducir la sentencia que inicialmente fue calculada en 100 años de cárcel. Tras suministrar información sobre el esquema de corrupción y sobre algunos personeros del gobierno, Rincón logró bajar la pena a 13 años de cárcel. De acuerdo a informaciones de la corte, es probable que consiga una reducción de otros 6 años en prisión. 

La sentencia incluye además el pago de una multa la cual aún no ha sido determinada. 

El pasado 2 de agosto recibió el beneficio de libertad condicional, luego de haber pagado 5 millones de dólares de una fianza que le permitirá permanecer en su casa hasta la fecha de la sentencia definitiva.