El expresidente, Donald Trump contrató al exfiscal neoyorquino, Emil J. Bove III, antiguo jefe de la Unidad de Crimen Organizado y Seguridad Nacional en la oficina del fiscal federal de Manhattan, para su defensa en los múltiples casos judiciales. Bove fue el abogado del gobierno de Estados Unidos que encausó a los narco-sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas por delitos de narcotráfico.
Asimismo, el exfiscal investigó y encauzó al exjefe de espías del régimen chavista, Hugo Armando Carvajal Barrios, a Clíver Alcalá Cordones, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Luciano Marín Arango alias “Ivan Marquez,” Seuxis Paucis Hernández Solarte apodado, “Jesús Santrich”, entre otros.
Emil Bove abandonó el Departamento de Justicia y pasó a ejercer el derecho privado. Bove y Kendra Wharton, una experimentada abogada defensora de casos de cuello blanco con vínculos en el Capitolio trabajarán en el equipo defensor del expresidente Trump, incluido el caso penal de Nueva York presentado por el fiscal de distrito de Manhattan, el izquierdista, Alvin Bragg, y los casos federales presentados por el fiscal especial demócrata, Jack Smith.
El bufete de abogados de Todd Blanche es uno de los más reputados en NY. Parte de equipo trabajó en la fiscalía federal de Manhattan, y ahora se ha convertido en el arquitecto de la batalla legal de múltiples frentes del presidente Trump. La entrada de Bove solidifica aún más la huella del despacho en algunos de los casos penales más importantes de la historia de Estados Unidos.
"Emil es un experto en litigios de cuello blanco y relacionados con CIPA y sus habilidades en juicios se encuentran entre las mejores en el negocio", dijo Blanche en un comunicado, haciendo referencia a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, la ley federal que rige el uso de documentos clasificados en casos penales.
"Estamos encantados y tenemos suerte de tenerlo en nuestro equipo defendiendo al presidente Trump y a todos nuestros demás clientes", dijo el bufete de abogados.
El ex-viceministro de Energía Eléctrica chavista, su mujer, Milagros Coromoto, y Alfonso Garrido Picón, fueron investigados en España en relación con el ingreso de unos fondos a su favor en la entidad española Banco de Madrid.
El gobierno de los Estados Unidos designó un Comisionado Especial para investigar los delitos de lavado de dinero del exfuncionario del PDVSA durante el régimen de Hugo Chávez —actualmente residenciado en España— Nervis Villalobos Cárdenas ante una solicitud del Principado de Liechtenstein.
La decisión —basada en el artículo 3112 del Código Penal de EE. UU.— autoriza al abogado litigante de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia, Dennis E. Robinson, a actuar como comisionado para recolectar pruebas y tomar cualquier otra acción que sea necesaria para ejecutar cualquier solicitud de Liechtenstein con el asunto penal contra Nervis Villalobos Cárdenas y de PDVSA.
Hechos relevantes
1. La Autoridad Central de Liechtenstein —el Ministerio de Justicia de Liechtenstein— presentó una solicitud de asistencia a los Estados Unidos, de conformidad con el Tratado entre los Estados Unidos de América y el Principado de Liechtenstein sobre acuerdos jurídicos mutuos.
El Tribunal de Justicia de Vaduz está investigando delitos de lavado de dinero, que ocurrieron entre enero de 2009 y diciembre o alrededor de esa fecha 2019, en violación del derecho penal de Liechtenstein, específicamente, el artículo 165(1) a (3) del Código Penal de Liechtenstein.
Según el Tratado, Estados Unidos está obligado a prestar asistencia al pequeño Principado europeo.
2. Las autoridades de Liechtenstein están investigando un esquema de blanqueo de dinero internacional que supuestamente involucra a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Según las autoridades de Liechtenstein, funcionarios de PDVSA explotaron una crisis energética y financiera en Venezuela para enriquecerse ilegalmente.
3. Liechtenstein tuvo conocimiento de las acusaciones a través de un recurso, presentado públicamente el 20 de agosto de 2017, en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, contra Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ex Viceministro de Energía de Venezuela.
En la acusación, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas alega, entre otras cosas, que Villalobos Cárdenas ayudó a establecer y facilitar el plan de enriquecimiento ilícito. Específicamente, alrededor de 2011, Villalobos Cárdenas, quien entonces era funcionario de PDVSA, se acercó a dos funcionarios estadounidenses que eran proveedores de PDVSA, para ofrecer prioridad de pago sobre otros proveedores de PDVSA.
Villalobos Cárdenas aseguró a esos contratistas que los proveedores con sede en Estados Unidos obtendrían al menos un pago parcial de sus facturas pendientes de PDVSA, a pesar de que Venezuela atravesaba una crisis de liquidez y no todos los proveedores de PDVSA estaban siendo pagados.
Además, Villalobos-Cárdenas ofreció proporcionar a las empresas con sede en Estados Unidos, asistencia para obtener futuros negocios con PDVSA a cambio de pagos de sobornos del diez por ciento del todos los pagos que recibieron de PDVSA.
4. Para facilitar el esquema y ocultar los pagos, Villalobos Cárdenas y otros co-demandados abrieron cuentas en bancos suizos en las que se podían recibir los sobornos.
Asimismo, Villalobos Cárdenas y sus socios orquestaron falsas justificaciones para los pagos.
Según las autoridades estadounidenses, Villalobos Cárdenas obtuvo personalmente más de 16 millones de dólares provenientes de este esquema ilegal.
5. Al conocer esta información, las autoridades de Liechtenstein iniciaron su propia investigación sobre la posibilidad de que Villalobos Cárdenas hubiera utilizado los recursos del sistema financiero de Liechtenstein para lavar dinero.
De acuerdo a las autoridades de Liechtenstein, el 7 de febrero de 2013, un empresa llamada Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en la Virgen Británica Islands, abrió una cuenta en Volksbank AG, un banco con sede en Liechtenstein. Villalobos Cárdenas fue el beneficiario financiero y único signatario autorizado del banco Volksbank AG.cuenta.
6. El 2 de diciembre de 2013 se transfirieron USD 1.000.000 desde una cuenta bancaria en Suiza a la cuenta bancaria del Volksbank AG.
7. Las autoridades de Liechtenstein llevaron a cabo una investigación financiera sobre los orígenes del fondos transferidos desde la cuenta del banco suizo para determinar si esos ingresos fueron derivados de actividades ilegales.
La investigación reveló que, el 11 de agosto de 2011, una consultora con sede en Estados Unidos transfirió 3.252.962 dólares a la cuenta del banco suizo. Antes de eso, el 12 de marzo de 2009, un titular desconocido de un número de cuenta de International Union Bank que termina en 0767, ubicado en los Estados Unidos, transfirió USD 4.000.000 a la cuenta de la mencionada firma.
Las autoridades de Liechtenstein sospechan que Villalobos Cárdenas, (o una empresa atribuible a él), ordenó la transferencia del dinero de una cuenta del International Union Bank a la consultora con sede en EE. UU. como parte del esquema de lavado de dinero.
8. Liechtenstein buscan determinar quién envió el dinero de la cuenta del International Union Bank, y verificar si los activos en la cuenta de Volksbank AG provienen de actos delictivos cometido por Villalobos Cárdenas. Es por ello que solicitaron a EE. UU. proporcionar registros bancarios pertenecientes al titular de la cuenta del International Union Bank.
Según las leyes de los Estados Unidos, el comisionado Dennis E. Robinson tiene autoridad para emitir una orden exigiendo que una persona comparezca y/o presente documentos u otras cosas, administrar los juramentos necesarios, entre otras acciones.
De acuerdo a fuentes familiarizadas con el caso, el venezolano podría lograr una sentencia menor a 60 meses de prisión contando con el tiempo servido.
Por Maibort Petit
El exmilitar venezolano, Cliver Alcalá Cordones será sentenciado en Nueva York, el próximo miércoles 4 de octubre, tras haberse declarado culpable de haber participado en una conspiración con las FARC. El acusado acordó colaborar con la justicia de los Estados Unidos, y será testigo clave en el caso en contra del exjefe de Inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal, alias "El Pollo", encauzado por narcotráfico en un expediente que incluye a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros miembros de la élite chavista.
Cliver Alcalá iba a ser juzgado en la corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración con el grupo rebelde colombiano FARC para enviar cocaína a Estados Unidos. No obstante, el militar se declaró culpable de los cargos de brindar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego en junio de 2023.
Se espera que su sentencia sea muy leve ya queexmilitar se encuentra colaborando con los fiscales en casos relacionados con exfuncionarios venezolanos. Su testimonio es crucial en el juicio por narcotráfico del exjefe de expías del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios.
El Pollo Carvajal fue extraditado de España a Estados Unidos en julio de 2023 para enfrentar cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. En su primera aparición en el tribunal se declaró no culpable y su equipo de defensa ha anunciado irá a juicio, aunque fuentes informaron a Venezuela Política que está negociando con los federales un posible acuerdo de culpabilidad.
Carvajal Barrios está siguiendo los pasos de su compañero de armas y de faena, Alcalá Cordones quien se declaró inocente de esos cargos imputados poco después de entregarse a agentes estadounidenses en Colombia en 2020. Luego de dos años y medios de negociaciones cambió su declaración a culpable de los cargos de brindar apoyo material a un grupo terrorista y transferencia ilícita de armas de fuego, según los registros judiciales.
La defensa de Alcalá Cordones dijo en comunicado en junio de 2023 que "El general aceptó un acuerdo de culpabilidad ampliamente negociado en el que se declaró culpable de delitos menores no contenidos en la acusación en su contra: brindar apoyo material a las FARC cuando era un general venezolano. Esta resolución no incluye ningún delito de narcóticos".
¿Quién es ?
El exfuncionario del régimen venezolano fue uno de los militares que acompañó a Hugo Chávez Frías en la asonada golpista con el gobierno de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Ocupó puestos claves en claves en la administración de Chávez, habiendo encabezado en 2002, la intervención de la Policía Metropolitana, entonces bajo el mando del alcalde Alfredo Peña. En 2008 fue jefe de la Guarnición de Valencia y después fue líder de la Guarnición de Maracay. Fue señalado por el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia, Eladio Aponte Aponte, de estar incurso en delitos de narcotráfico. En 2013 fue comandante general de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana).
La entrega
Cliver Alcalá se entregó ante la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia el 27 de marzo de 2020, un hecho que ocurrió luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo integrara a la lista de solicitados y ofreció USD 10 millones de recompensa por su captura.
La acusación original
El 26 de marzo de 2020, Cliver Alcalá Cordones, fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos por supuestamente participar, junto a Nicolás Maduro y otros altos jerarcas de su régimen y aliados ideológicos —Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Luciano Martín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”— de participar en delitos de narcotráfico.
En total, fueron acusados 14 funcionarios venezolanos, indicándose que Cliver Alcalá era uno de los lugartenientes de Maduro que actuaba —con todo el clan— para “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”, de acuerdo a lo argumentado por los fiscales.
Los cargos presentados contra Cliver Alcalá Cordones son:
(1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua en prisión;
(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua;
(3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una pena máxima de cadena perpetua; y
(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.
De socios a enemigos
De participar en la asonada militar y luego del oficialismo chavista que se instituyó en Venezuela desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, de compartir con su heredero, Nicolás Maduro, supuestamente, en actividades de narcotráfico a través del Cartel de los Soles, Alcalá Cordones se declaró enemigo del dictador venezolano.
Quien fuera uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, se habría deslindado de su sucesor a quien ahora combate desde todas las instancias.
De hecho, él y otros exministros de Hugo Chávez conformaron la “Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana” y se pronunciaron en contra de Maduro, advirtiendo el “avance gradual pero sostenido y permanente en la limitación y eliminación de los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del pueblo venezolano”.
Tras el deslinde con el régimen de Maduro, Cliver Alcalá huyó a Barranquilla, Colombia, donde vivió dos años hasta el 27 marzo de 2020, fecha en la que se entregó a las autoridades de ese país para ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces, acusó al mandatario de emprender una campaña de destrucción en su contra.
Los hechos y argumentos de la acusación
Las actividades de narcotráfico entre Alcalá Cordones y Nicolás Maduro habrían comenzado —de acuerdo a los documentos del tribunal— en 1999 y se extendieron hasta 2020, por lo que la supuesta ruptura con el mandatario tendría que haber ocurrido para esta última fecha.
Los imputados, según la acusación, participaron en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta de la que formaron parte el Cartel de los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este última se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína del mundo y perpetró actos de violencia contra ciudadanos y bienes de Estados Unidos. Entretanto, el Cartel de los Soles es una organización venezolana de narcotráfico compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango que corrompieron la institucionalidad para facilitar la importación de toneladas de cocaína a EE. UU.
Maduro, Alcalá Cordones, Carvajal barrios, Cabello Rondón actuaron como líderes y gerentes del referido Cartel de los Soles y la conspiración narcoterrorista de las FARC.
La acusación describe una serie de eventos desarrollados a partir de las instrucción que en 2005 el finado Hugo Chávez dictó a Nicolás Maduro, para entonces diputado de la Asamblea Nacional, así como a jueces —juez que se negara debía ser destituido—y otros altos funcionarios para que protegieran a las FARC. Ese año Venezuela finalizó su colaboración con la DEA.
En 2006 Chávez nombró a Maduro como Canciller y ese mismo año las FARC le pagaron a este USD 5 millones en ingresos provenientes de la droga, a través de un tercero, en relación con un esquema de lavado de dinero que formaba parte de la conspiración del narcoterrorismo. En 2008, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá acordaron en una reunión que este último asumiría funciones adicionales coordinando las actividades de narcotráfico del Cartel de Los Soles y las FARC.
Apoyo a Juan Guaidó
Dos días antes de su arresto en Colombia, las autoridades neogranadinas incautaron un arsenal de armas que, supuestamente, estaba destinado a una operación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Presuntamente, Cliver Alcalá Cordones participó en este movimiento en el que también formó parte Juan Guaidó quien con Juan José Rendón suscribió un contrato con un mercenario estadounidense para que comandara la operación de derrocamiento[1]. Juan Guaidó negó tener relación con Cliver Alcalá y el armamento en Colombia.
El Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein fijó la sentencia para el 4 de octubre de 2023. El exmilitar enfrenta una condena de más de 10 años de prisión pero la misma será menos severa debido a que el acusado está colaborando con la justicia de los Estados Unidos.
Fuentes cercanas al caso informaron que el rango de sentencia que recibiría el militar estaría en un tiempo no mayor a los 60 meses de cárcel, debido a los niveles de colaboración que el acusado tiene con los fiscales federales.
REFERENCIAS
[1] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html
[2] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html
[3] Venezuela Política. “Clíver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html
[4] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Clíver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html
[5] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
[6] Policía Nacional de Colombia. “Incautamos un gran cargamento de armas de fuego”. 25 de Marzo de 2020. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-gran-cargamento-armas-fuego
[7] Infobae. “El general venezolano Clíver Alcalá Cordones se entregó en Colombia y será extraditado a los Estados Unidos”. 27 de marzo de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/03/27/el-general-venezolano-cliver-alcala-cordones-se-entrego-en-colombia-y-sera-extraditado-a-los-estados-unidos/
[8] El Nacional. “Juan Guaidó negó tener relación con Cliver Alcalá y el armamento en Colombia”. 29 de marzo de 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/juan-guaido-nego-tener-relacion-con-cliver-alcala-y-el-armamento-en-colombia/
[9] El Nacional. “Clíver Alcalá Cordones discute declararse culpable en Estados Unidos”. 17 de septiembre de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/cliver-alcala-cordones-discute-declararse-culpable-en-estados-unidos/
[10] El Nacional. “Clíver Alcalá Cordones no tiene intención de declararse culpable”. 27 de septiembre de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/cliver-alcala-cordones-no-tiene-intencion-de-declararse-culpable/
[11] Departamento del Tesoro de EEUU saca a Cliver Alcalá Cordones de la lista ‘capos del narcotráfico. 1 de diciembre de 2021. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1295.aspx
Este miércoles se realizará una audiencia en la corte para completar este procedimiento. Los fiscales escribieron al juez una carta donde plantean los señalamientos discutidos en la audiencia del 10 de agosto de 2023, sobre la naturaleza del reconocimiento de la responsabilidad basado en la teoría de la evitación consciente.
Por Maibort Petit
El piloto del expoderoso presidente de PDVSA y vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami se declaró culpable de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al dirigente chavista y su presunto testaferro, frente al juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según documentos judiciales.
Michols Orsini Quintero fue acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de haber trasladado a El Aissami y Samark López a varios países en una avión con matrícula estadounidense, a pesar de saber que los prominentes pasajeros estaban sancionados por la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.
Orsini Quintero presentó su declaración de culpabilidad y aceptó su responsabilidad en un cargo que incluye conspiración para participar y ayudar a Tareck El Aissami y a Samark López Bello a violar las sanciones interpuestas por la OFAC. El acusado enfrenta una condena máxima de 5 años de prisión. La defensa y los fiscales tramitan los últimos elementos sobre este caso.
El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado. Desde entonces vive en Miami, Florida.
La carta de la Fiscalía
En una carta enviada por al fiscalía al tribunal se señala que el procedimiento de declaración de culpabilidad del acusado Orsini Quintero, programado para ser concretado el 26 de septiembre de 2023, incluirá elementos sobre la discusión planteada en la anterior audiencia sobre la aplicación de la teoría de la evitación consciente en el contexto de la conspiración.
Destaca que el acusado participó conscientemente en una conspiración y afirma haber evitado el conocimiento específico del objeto ilegal de la conspiración, su evitación consciente del objeto ilegal de la conspiración sería una base adecuada para determinar que poseía los conocimientos necesarios para establecer su culpabilidad.
En este caso, el acusado expresó su declaración de culpabilidad de participar en una conspiración para violar y evadir la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (la “Ley Kingpin”) y las regulaciones de la Ley Kingpin, en relación con un plan para ayudar a Tareck Zaidan El Aissami. Maddah y Samark José López Bello violan y evaden las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al transportarlos en un avión pilotado por el acusado, según se acusa en el Primer Cargo de la Información.
Durante una audiencia de cambio de declaración celebrada anteriormente el 10 de agosto de 2023, el acusado afirmó a través de su abogado que, si bien había aceptado y transportó a El Aissami y López Bello, (1) no le “dijeron” en ese momento que habían sido sancionados, (2) sólo le dijeron que estaban siendo investigados por posibles sanciones, y (3) evitó conscientemente saber que en realidad estaban sancionados.
Tras una investigación adicional del Tribunal, el abogado defensor explicó que el acusado “le diría al Tribunal que, en el momento en que estas acciones [ es decir, transportar a El Aissami y López Bello]”, El Aissami y López Bello fueron de hecho designados bajo la Ley Kingpin, y que el acusado “le diría nuevamente a la Corte que en algún lugar recóndito de la mente [del acusado] lo hizo”. Lo sé, pero conscientemente evitó tener ese conocimiento de antemano".
Si las declaraciones del acusado durante una alocución de declaración de culpabilidad establecen que él conscientemente evitó saber que El Aissami y López Bello fueron sancionados cuando aceptó volarlos, esa evitación consciente del objeto ilegal de la conspiración – es decir, transportar a los sancionados.
La acusación original
Michols Orsini Quintero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y Samark López. El piloto logró su libertad bajo fianza, tras pagar $250.000 y argumentando que necesitaba 'tratamiento de salud mental, incluida la consejería'.
Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.
En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.
Detalles del caso
Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.
Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.
El Aissami y López Bello han sido miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante el Tribunal de NY por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
Orsini Quintero está acusados de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.
Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.
Los eventos
Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.
La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.
El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.
El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.
El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.
El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo
En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.
Dos ciudadanos venezolanos se declararon culpables de conspiración para distribuir cocaína a bordo de un buque en aguas internacionales.
Por Maibort Petit
Según los documentos judiciales, el 16 de mayo de 2023, Juan Milano, de 50 años, y Carlos Marcano, de 31, fueron encontrados junto a otras dos personas por un buque de la Armada estadounidense y su personal naval y de la Guardia Costera a bordo de una lancha rápida en aguas internacionales en posesión de más de 1400 kilogramos de cocaína. La embarcación rápida carecía de nacionalidad al igual que sus tripulantes y el pabellón de la embarcación, incluyendo a su capitán.
El juez de Distrito de Virginia, Douglas E. Miller leyó los cargos contra Carlos Marcano y Juan Milano y dictó prisión debido al alto riesgo de fuga del acusado.
Junto a los dos venezolanos acusados de delitos de narcotráfico, también está Edison Comtin y Jonathon Martínez.
Milano y Marcano podrían ser condenado el 14 y el 13 de diciembre de 2023, respectivamente. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Vale la pena destacar que las condenas efectivas por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez federal de distrito determinará la condena teniendo en cuenta las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.
El caso
Milano y Marcano fueron procesados en el marco de una colaboración interinstitucional entre la Guardia Costera de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, incluida la Administración para el Control de Drogas, el Departamento de Seguridad Nacional y determinadas fiscalías de Estados Unidos y sus territorios.
El Congreso de los Estados Unidos declaró que el tráfico de drogas en buques en aguas internacionales es un grave problema internacional universalmente condenado y que representa una amenaza específica para la seguridad y el bienestar social de EE. UU.
El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado. Se enfrenta a un rango de sentencia en prisión de 37 a 46 meses.
Por Maibort Petit
La fecha del juicio del piloto que fue acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Tareck El Aissami, a su presunto testaferro, Samark López y a Joselit Ramírez Camacho, ha sido cambiada varias veces ante la posibilidad que Michols Orsini Quintero concrete su declaración de culpabilidad. En una audiencia, que tuvo lugar el 10 de agosto de 2023 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el piloto iba hacerse responsable de los delitos pero la acción no se concretó, como ocurrió ya en otras ocasiones. Esta vez el juez ordenó a la defensa y a los fiscales retomar el caso el 18 de septiembre 2023, 'para que las partes diriman sus diferencias sobre las instrucciones que le darán al jurado' que definirá el futuro del ex-militar venezolano.
Son los varios los intentos frustrados de llegar a un acuerdo de culpabilidad. Lo ocurrido el 10 de agosto, ya había pasado el 27 de marzo de 2023, en la sala del juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, donde se tenía previsto que Michols Orsini Quintero cambiara su declaración de no culpable a culpable. Pero no ocurrió. La fecha se aplaza de manera recurrente ante la falta de consenso.
La defensa de Orsini Quintero introdujo una moción donde solicitaba al tribunal aplazar el convenio de culpabilidad, y consolidar la sentencia, pero el juez negó la petición alegando que era indeseable.
Hellerstein advirtió a Orsini Quintero que "la forma y el alcance de la alocución del acusado en una audiencia de declaración de culpabilidad es una consideración importante en la sentencia".
En la misma audiencia, el piloto le dijo al juez que no tenía dinero para pagar los gastos del viaje para su regreso a Florida, donde reside con su familia. El juez comentó que entendía que el Servicio de alguaciles llevará al acusado ante el tribunal para que pueda cambiar su declaración de culpabilidad, pero se negará a pagar el costo de su devolución a Miami.
El juez le ordenó a la abogado de oficio del acusado, designado por el Centro de Justicia y Responsabilidad [Center for Justice and Accountability (CJA)], que solicitara ayuda con los fondos a la Oficina de Defensores Federales.
Ese día el calendario volvió a correr. Se ordenaron los protocolos para que el acusado fuera a la corte y se fijó una nueva fecha para la conferencia el 14 de junio de 2023.
El magistrado reprogramó dos veces más de la audiencia para el 2 de agosto de 2023 y finalmente, para el 10 de agosto cuando se realizó, pero donde no se decidió la aceptación del acuerdo de culpabilidad, y por el contrario se avanzó hacia una fecha de juicio.
El juez de Distrito, Alvin K. Hellerstein le advirtió a Michols Orsini Quintero que la condena por los delitos acusados acarrea entre 37 a 46 meses de prisión.
La polémica sobre la instrucción a los jurados
En el marco de la audiencia antes del juicio, los fiscales del caso argumentaron que el tribunal debe aprobar una instrucción de 'evitación consciente' que le permitirá al jurado determinar que el Orsini Quintero tenía conocimiento culpable de que estaba transportando a personas que estaban sancionados por Estados Unidos, y que la evidencia "muestra que el Acusado intencionalmente evitó confirmar el hecho".
La defensa rechaza que se incluya en las instrucciones de jurado la explicación del cargo de 'evitación consciente' porque su cliente no estaba al tanto que los pasajeros estaban sancionados.
Según la regla federal, la prueba de cuándo se permite un cargo de evasión consciente tiene dos vertientes:
1) el acusado debe alegar la falta de algún aspecto específico del conocimiento requerido para la condena.
2) debe haber un predicado fáctico apropiado para la acusación; la evidencia es tal que un jurado racional puede llegar a la conclusión, más allá de una duda razonable, de que el Demandado estaba al tanto de una alta probabilidad del hecho en disputa y conscientemente evitó confirmar ese hecho.
Los fiscales advierten que la corte debe autorizar una instrucción de 'evasión consciente', para evitar errores procesales en el futuro, esto a pesar de que el gobierno presentará ante el jurado pruebas abrumadoras para respaldar la conclusión de que el Demandado, tenía conocimiento real del hecho en cuestión y conscientemente evitó confirmar ese hecho.
La defensa debe probar que Orsini, cuando estaba piloteando el avión, 'no sabía que las personas que estaba transportando (Tareck El Aissami y Samark López) estaban en la lista OFAC, y por ende no confirmó el hecho. Pero la credibilidad del argumento es cuestionable porque para volar el piloto debe presentar los planes y registros de vuelo, y obviamente la lista de los pasajeros con identificación.
No obstante, los fiscales federales han dejado claro que Orsini si sabía y que por ende el acusado cometió un delito con intención específica, y ahora argumenta ignorancia deliberada, alegando desconocimiento del hecho intentando evadir su responsabilidad penal.
La audiencia fue interrumpida 15 minutos ante el desacuerdo de las partes por el tema en las instrucciones del jurado. El juez fijó para el 18 de septiembre de 2023, una nueva audiencia para continuar con los preparativos para el juicio.
La acusación
Michols Orsini Quintero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y Samark López. El piloto logró su libertad bajo fianza, tras pagar $250.000 y argumentando que necesitaba 'tratamiento de salud mental, incluida la consejería'.
Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.
En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.
La orden del juez para el viaje del acusado de Miami a NY
En una acción extraordinaria, el juez del caso, Alvin K. Hellerstein ordenó el 2 de agosto de 2023, que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos organizara el transporte sin custodia, a través de un boleto de ida en clase económica comercial para que el Acusado se trasladara desde Miami, Florida a Nueva York, antes de la audiencia que tuvo lugar el 10 de agosto de 2023.
La orden de magistrado incluyó que "el costo del viaje de regreso en autocar sea adelantado por un abogado".
Orsini Quintero ha sostenido en corte que no cuenta con los recursos para pagar los pasajes para trasladarse desde Miami a Nueva York para atender las citas procesales.
El juez de distrito ordenó que "el gasto del viaje de Orsini Quintero es un gasto razonable y necesario para evitar perjuicios al Demandado y para permitir que el Tribunal realice una asignación adecuada de la Regla 11".
Hellerstein dijo que "el caso es complicado y no se presta a una presencia virtual a través de teléfono o video. La comparecencia personal es requerida por ley".
En el fallo del juez, se autorizó el reembolso de gastos del viaje, según lo estipulado en el Título 18 del Código Penal 3006A(e).
Fue así como el tribunal argumentó que la defensora de Orsini, Sabrina Shoroff, adelantará el pago del pasaje aéreo de regreso a Miami del acusado y presentará un comprobante para el reembolso. "No se concederán aplazamientos", advirtió Hellerstein.
Eventos destacados de la acusación
Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.
Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.
El Aissami y López Bello han sido miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante el Tribunal de NY por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
Orsini Quintero está acusados de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.
Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.
Los eventos
Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.
La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.
El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.
El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.
El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.
El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo
En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.
Luego de 21 meses de detención en de MCC de Nueva York, Orsini Quintero fue puesto en libertad bajo fianza. Posteriormente, su abogada, Shroff logró que se le ampliaran los beneficios de libertad condicional alegando que "Mientras estaba en libertad bajo fianza, no podía dormir, tenía ansiedad y depresión y sufrió pérdida de peso".
Shroff dijo que Orsini Quintero, en lugar de aumentar de peso, perdió perdido 10 libras. Gracias a las gestiones de la defensa con el oficial de servicios previos al juicio, David Stwarka, se logró la liberación del piloto.
El Oficial de Servicios Previos al Juicio Stwarka dijo que Orsini se beneficiaría de (i) una evaluación y tratamiento de salud mental y (ii) de asistir a una casa de culto ya que la religión y Dios son una fuente de consuelo para el Sr. Orsini".
La Corte del Distrito Este de Nueva York condenó al narcotraficante, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, exlíder del cártel del Norte del Valle en Colombia a 20 años de prisión luego de haberse declarado culpable de delitos de narcotráfico y de haber colaborado con los fiscales en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el marco de la audiencia en el tribunal de Brooklyn, el juez Brian Cogan admitió que el célebre narcotraficante, quien se desfiguró el rostro para no ser atrapado por la justicia, jugó un ro fundamental en los enjuiciamientos de casos muy importantes para Estados Unidos, Guzmán Loera y Jesús “El Rey” Zambada.
"Chupeta" estaba señalado de graves delitos como narcotráfico, dirigir una organización criminal, lavado de dinero a gran escala y homicidio.
El magistrado dijo que Ramírez Abadía había hecho una colaboración importante para la justicia dándole 11 puntos si se evalúa la escala de cooperación del 1 al 10.
Pero a pesar de su nivel de delación y colaboración, el juez Cogan dijo que su expediente criminal no se puede borrar, pero sí condujo con su ayuda a enmendar sus crímenes.
"Chupeta" traicionó al Chapo
En el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán, alias “Chupeta”, habló al jurado con un lenguaje directo y preciso. Con cada respuesta que daba el hombre de rostro desfigurado e implacable crueldad, despertaba emociones encontradas en los presentes en la corte.
Como si fuera de un hecho rutinario se tratara, el exlíder del cártel del Norte del Valle explicó cómo había ordenado asesinar a quienes estimaba lo habían traicionado y, sin reparo alguno, confesó que él mismo le había disparado con una pistola a uno de sus enemigos. El descarnado relato de este criminal que lleva preso en Estados Unidos más de 11 años, despertó la curiosidad de muchos y les cambió el semblante a los jurados que tendrán que emitir un veredicto de culpable o no culpable con relación a Guzmán Loera.
Ramírez Abadía brindó un testimonio desgarrador que dejó ver que los carteles de la droga no tienen límites en sus perversiones para lograr el cometido de vender sus productos en Estados Unidos. Los relatos de los testigos cooperantes han puesto en discusión la naturaleza de los acuerdos que el gobierno estadounidense establece con los delincuentes que deciden hablar “sapear” a los jefes de las organizaciones criminales para lograr una condena menor a la estipulada en las leyes antinarcóticos.
"Chupeta" fue sin duda alguna el testigo que más controversia causó en el juicio. Parecía un personaje de una película de terror. Vestido con abrigo de invierno, guantes y jeans, Ramírez Abadía lucía como si sufriera un resfriado. En el estrado tenía muchas servilletas, y solía toser frecuentemente. De vez en cuando corregía a los intérpretes que a todas luces no manejan los términos usados en Colombia y México. "Chupeta" se mostró implacable, duro y definía una línea entre su vida de criminal y la de testigo. Hablaba de un antes y de un ahora y respondía al abogado de la defensa, William Purpura, llegando incluso a desmentirlo en varias ocasiones y colocándolo contra las cuerdas.
Uno de los momentos en los que "Chupeta" desarmó a Purpura fue cuando el diligente abogado lo interrogó sobre unos libros de contabilidad que dejaban claras las finanzas del cártel del Norte del Valle.
Se hizo patente que Ramírez Abadía tenía conocimientos de economía. Ante una de las preguntas, el testigo le dijo a la defensa que en contabilidad una cosa eran los ingresos que llegaban a la caja mayor y otra eran los gastos, y con una explicación técnica el narcotraficante hizo que el togado cambiara su estrategia, que a todas luces era lograr que el cooperante confesara cuánto en total había pagado para matar a 150 de sus enemigos. "Chupeta "respondió que no tenía la cifra exacta en la cabeza, pero admitió que ciertamente había pagado miles de dólares por matar a sus enemigos.
Ramírez Abadía respondió afirmativamente cuando Púrpura le preguntó por unos asesinatos ocurridos en Brooklyn y Nueva Jersey, y por los cuales se declaró culpable. Primero refirió el homicidio de un sujeto llamado Vladimir Biegelman ocurrido en Brooklyn, Nueva York, en 1993 y que supuestamente habría estado relacionado con el cartel de "Chupeta".
Otra pareja fue asesinada en Nueva Jersey, muerte que habría sido ordenada por el ahora testigo de la fiscalía. El móvil del asesinato fue supuestamente el robo de mercancía (cocaína) que estaba en unas bodegas. También habría suministrado información a las autoridades norteamericanas. Purpura mencionó a otra víctima de "Chupeta" en Nueva York para la misma época.
Entre los asesinatos detallados en el juicio, Ramírez Abadía respondió afirmativamente cuando se le preguntó por la muerte de uno de sus enemigos en Colombia, quien fue asesinado por los sicarios de "Chupeta" junto a 12 de sus sicarios, tras ser convocados por el exlíder del cártel del Norte del Valle a una finca para tratar asuntos relacionados con el narcotráfico.
"Chupeta" contó que había vivido en Estados Unidos y había montado su estructura en varias ciudades, entre las que mencionó Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y Houston. En un momento de su testimonio hizo reír a la audiencia cuando sostuvo que en los años ‘80 había vivido en Miami y había estudiado inglés "no recuerdo si era un college o universidad" y aprovechó "para tratar de vender cocaína".
Otro asunto que hizo sonreír al jurado fue cuando se le preguntó si era ingeniero y había construido los submarinos con los cuales había enviado toneladas de cocaína a México. "Chupeta" le aclaró a Purpura que él no era quien había construido los sumergibles, "no soy ingeniero, lo que yo cree fue el método para usar submarinos para transportar mi cocaína desde Colombia a México".
Según las cuentas de mismo "Chupeta", se habría transportado unas 40 mil toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos, para lo cual habían usado al cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas, entre las cuales estaba el cártel de los Arellano Félix.
"Chupeta" explicó por etapas cómo había enviado su cocaína a los mexicanos. Entre los transportes utilizados destacó los aviones pequeños, lanchas rápidas, submarinos y embarcaciones camaroneras y atuneras, trenes y camiones.
Con detalles asombrosos, reseñó que manejaba el mercado y manipulaba la ley de la oferta y de la demanda. Cuando veía que la cocaína bajaba de precio en Nueva York, escondía la droga en sus bodegas y esperaba que los consumidores aumentaran sus solicitudes para vender con un precio más alto. Alardeó de que su cocaína era la mejor, con una óptima calidad.
Una de las cosas que se pudieron apreciar fue la petulancia con la que habla "Chupeta" de sus hazañas. Dijo, por ejemplo, que fue el primer narcotraficante a quien se le ocurrió enviar cocaína a México en un submarino, en usar las lanchas rápidas e, inclusive, en usar la ruta del Pacífico sur y hacer entregas de drogas en altamar.
Ramírez Abadía aseguró ante el jurado que había sostenido una larga relación comercial con Joaquín Guzmán Loera, la cual comenzó en la década de los ’90. Indicó que le había pagado un porcentaje superior al que pagó a otros carteles por el hecho que el Chapo era más rápido y más eficaz. De hecho, comentó que había quedado impresionado cuando negoció con el acusado los primeros envíos, por el profesionalismo con el que atravesaba la frontera y llevaba su cocaína a Los Ángeles.
“Chupeta” se logró convertir en un hombre muy rico. Su fortuna superó los 1.800 millones de dólares, cantidad esta que en su integridad había sido lograda con la venta y producción de cocaína (400 toneladas).
"Chupeta" confirmó que donó más de medio millón de dólares para la campaña presidencial de Ernesto Samper, a modo de asegurar que durante su gobierno no fuera extraditado a Estados Unidos.
Asimismo, respondió positivamente cuando el abogado del Chapo le preguntó si había sobornado a periodistas colombianos de "televisión, periódicos" para que no publicaran información que le perjudicara. "Correcto. Hacía pagos de corrupción a la prensa", acotó.
Igualmente dijo que había dado obsequios a los agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en Colombia. Según Ramírez Abadía les enviaba prostitutas y regalos, incluidos apartamentos, a través de policías colombianos y de unos agentes de la Unidad Especial de Investigación SIU-DIJIN que trabajaban con los federales. "Los agentes estadounidenses nunca recibieron dinero", aclaró.
Ramírez Abadía explicó cómo funcionaba el cártel del Norte Del Valle. En su larga exposición, el testigo comentó que había trabajado directamente con Guzmán Loera y que también había proveído droga a otros carteles, incluyendo el cártel de los hermanos Arellano Félix contra quien Guzmán y la organización criminal sinaloense habían librado una cruenta guerra que dejó varios muertos.
Las Juanitas
Igualmente, Juan Carlos Ramírez Abadía hizo referencia a la manera cómo había organizado 10 operaciones que denominó "Juanitas", las cuales tuvieron lugar entre 2002 y 2005. Explicó que esos envíos se registraron en un libro de contabilidad que fue mostrado por los fiscales al jurado este lunes. Dichas evidencias fueron aceptadas por el juez Brian Cogan, a pesar de la protesta de la defensa que había solicitado durante la mañana una moción para que en el juicio de Guzmán no entraran testimonios de operaciones a ocurridas después del año 2004.
En las planillas mostradas por los fiscales aparecen los registros de ganancias de cada operación, quiénes eran los responsables de la inversión y del recibimiento de la mercancía. El cártel de Sinaloa y Guzmán aparecían repetidamente en las planillas.
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