lunes, 1 de junio de 2020

Foro de Sao Paulo se propone la toma del poder en América Latina a través de la desestabilización

  En un encuentro virtual de  líderes del FSP, se delineó la estrategia a seguir luego de que termine la cuarentena por el COVID-19.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un informe independiente de inteligencia sobre el futuro de Colombia reveló los lineamientos del plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder continental—con especial prevalencia del caso colombiano— el cual tendrá como mecanismo de implementación la desestabilización general de los países de la región, aprovechando el escenario de debilidad que los gobiernos de América Latina tendrán a raíz de la pandemia del Covid-19.
  Se indica en el informe que, recientemente, tuvo lugar una reunión del Foro de Sao Paulo de carácter virtual —obligados por la pandemia del coronavirus—, en la que representantes de las FARC tuvieron una especial participación dado el énfasis que se dio a Colombia como una de las naciones en la izquierda debe actuar con rapidez para conquistar el poder.

   El encuentro se coordinó desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por elementos de la línea dura del FSP y participaron además del grupo terrorista colombiano y otros personeros de la izquierda. 

  La aparición de la pandemia del Covid-19 frenó el plan del Foro de Sao Paulo de toma y retoma del poder en América Latina. Sin embargo, serán las consecuencias de la pandemia las que el FSP aprovechará para ejecutar acciones dirigidas a conseguir el referido objetivo.

  Y es que, luego de que pase la cuarentena por la pandemia, la hambruna generada por esta, así como la difícil situación económica que atravesarán los países de la región a consecuencia de haber tenido que redirigir sus recursos a mitigar los efectos de la enfermedad, será utilizada por la izquierda internacional para acometer acciones encaminadas a lograr hacerse del poder en la región.

La desestabilización como estrategia

  La implementación del plan ideado por los líderes del Foro de Sao Paulo se sustenta en la desestabilización por lo que, la estrategia es crear un clima de protestas, exigencias populares y de manifestaciones callejeras en toda América Latina.

  En pocas palabras, el objetivo de la estrategia desestabilización es hacer que la gente salga con hambre a exigir una serie de reivindicaciones a los gobiernos no afines a la izquierda, los cuales, debilitados en razón de que la mayoría de los recursos habrían sido utilizados en la pandemia (subsidios, bonos, compra de insumos médicos y medicinas, etc.), no estarán en capacidad de otorgar. Esto dará a pie a un descontento generalizado que será el caldo de cultivo que la izquierda aprovechará para tratar de llegar al poder.

  Subraya el informe, que el socialismo van a aprovechar la crisis del coronavirus para atacar las democracias de América Latina.

El plan estratégico

  El informe expone los lineamientos del Plan Estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder regional, el cual comprende tres etapas.

  Algunos de los puntos del plan ya se han cumplido y otros están por instrumentarse en aquellos países donde ya, efectivamente, se encuentran en funciones de gobierno, como México y España.

 La primera etapa contempla, en primer lugar, generar movilizaciones masivas para la desestabilización e implementar programas de captación de votos.

  Una vez en el poder, es necesario crear las disposiciones legales para instaurar la guardia militar que proteja al presidente de la república y a todo su entorno leal.

  El siguiente paso es el sometimiento del poder legislativo y judicial, al ejecutivo.

  Sigue, modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y, asimismo, tener el manejo absoluto del presupuesto nacional de manera de hacerlo disponible para financiar toda la implementación de la revolución. Esto puede constatarse al revisar cómo han operado en aquellos países donde han conquistado el poder, tal es el caso de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro; en Ecuador, con Rafael Correa; en Bolivia con Evo Morales.

  Otro aspecto dentro del plan estratégico, se centra en el impulso a la equidad de género y erigirla como una de las formas de lucha. Advierte el exponente del informe que, aun cuando se esté de acuerdo con la equidad de género, esta no debe convertirse en una forma de confrontación, tal como lo pretende la izquierda internacional que la concibe como método efectivo para deslegitimar gobiernos que no acepten los términos de la equidad de género y los derechos LGBT.

  Del mismo modo se plantea la desmitificación de las religiones mediante su descrédito con hechos irrefutables, tales como la pederastia, los abusos sexuales, los escándalos internos de las iglesias y los fraudes económicos. Aunque, indudablemente, se trata de situaciones que hay que denunciar, la izquierda internacional busca convertirlo en una manera de acabar, literalmente hablando, con las religiones, dado que estas encauzan el pensamiento y evitan que las personas se dirijan a cometer acciones tendenciosas.

Otro aspecto del plan ligado al anterior, es impulsar sectas, grupos que se muestren como religiosos, tal es el caso de los movimientos esotéricos, para que se conviertan en otras alternativas de creencias. La idea es entrenar y formar a estos nuevos movimientos en la ideología y política revolucionaria. La libertad de culto se utilizará, por tanto, como medio para darle a todas estas sectas, la manera de instaurarse como alternativas religiosas manejables ideológicamente.

  El Foro de Sao Paulo propone el control de los medios de comunicación de manera progresiva y sostenido en el tiempo, con el objetivo de fortalecer la propaganda selectiva y luego masiva, sobre la campaña del culto al líder. En esto ya están trabajando en Colombia y se visualiza en el sesgo que muchos medios ya exhiben contra el gobierno y las fuerzas militares y contra todo aquel que se oponga a la “agenda progresista” propuesta por la izquierda internacional.

  Dicha agenda progresista está basada en la libertad del aborto libre, el cual debe ser financiado por el estado; la promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad; la relatividad de los valores, que es una teoría que plantea que todo es bueno y nada es malo, todo permitido y nada es prohibido y se hace para favorecer la revolución, es la inversión de todos los valores de la sociedad incluida la justicia; crear grandes proyectos que se conviertan en símbolos nacionales y fortalezcan el poder del partido revolucionario.

  En España, por ejemplo, el gobierno socialista sacó los restos de Francisco Franco del monumento del Valle de los Caídos para trasladarlos a un cementerio convencional. Esto lo han convertido el gobierno socialista en el máximo símbolo nacional. En Colombia se tiene el propósito de convertir a todos los casos de muertos en acciones violentas enterrados en diversas regiones del país como N.N. (víctimas de la violencia sin identificación posible), en falsos positivos para atacar a las fuerzas militares y al estado.

  También el Foro de Sao Paulo se plantea reformar la educación bajo el concepto de igualdad, de adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se asume desde la premisa marxista que establece que para “encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño”.

  Esta primera etapa se completa con la expansión de ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido de gobierno revolucionario, que a su vez estructure células de control ciudadano con autoridad localizada. Esto tiene un claro ejemplo en Venezuela cuando Hugo Chávez creó y fomento los llamados “Colectivos” y los “Consejos Comunales”. Estos grupos son financiados para que lleven a cabo movilizaciones, concentraciones, tomas, que deben ser coordinadas y articuladas por redes sociales y medios de comunicación afines al partido.

  El control político y social de la población mediante la activación de redes sociales y de partidos políticos satélites.

  Estos partidos satélites, es necesario haberlos creado previamente sin que, en apariencia exhiban afinidades ni se presenten como organizaciones de izquierda y como revolucionarios. Con ellos habrá de estructurarse una acción de masas visible y efectiva de control de la población que, posteriormente, manifestará su apoyo al partido revolucionario.

  Seguidamente, se debe reforzar la “lucha por los pobres” y usar esta como un medio de convocatoria de masas. Se incluye aquí el fortalecimiento de las denuncias contra la corrupción como bandera efectiva de causa de movilización.

  En esta etapa se implementará el control total del internet. Se debe reglamentar y aplicar penas ejemplarizantes para quienes usen el internet y las redes sociales para el ataque al partido, las ideas y el proceso revolucionario. Es decir, se instauran se penaliza a cualquiera que piense algo contradictorio a la ideología revolucionaria y lo exponga a través de las redes sociales.

  Creación de milicias populares armadas, grupos armados de choque, grupos de acciones selectivas y estructuras paramilitares que evadan los derechos y humanos y puedan actuar disuasivamente sin vincular a agentes legítimos del estado y a miembros de la fuerza pública. Una acción selectiva, por ejemplo, es el asesinato de alguien que se oponga a las acciones de gobierno por parte de estos grupos, sin que se involucre en ello a los agentes estatales.

  El FSP plantea la geo-referenciación y perfilamiento de empresarios, líderes sociales, activistas, periodistas, blogueros, y todos los que no sean afines al partido revolucionario, de manera de marginarlos para que dejen de financiar y apoyar a la oposición. Se procede a buscar acciones legales legítimas para encarcelarlos o propender que se vayan del país.

  Vincular a líderes de todas las líneas políticas del partido revolucionario y partidos relacionados, sembrarlos en las estructuras del gobierno, creando nuevos cargos que actúen en paralelo hasta lograr copar los cargos estratégicos, sanado a los funcionarios que son afines al gobierno. Esto ya está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, en las fuerzas militares, en la contraloría, en la procuraduría.

  Crear estructuras paralelas dentro de los entes de control del estado que sigan los lineamientos del partido, esto con el objetivo de controlar gobernadores y alcaldes de todas las regiones hasta hacerlos afines al partido.

La segunda etapa

  Luego de haber configurado la plataforma revolucionaria mediante todas las acciones referidas anteriormente, se debe proceder con la segunda etapa del plan estratégico del FSP, que contempla en primer término, establecer mecanismos de control y tratabilidad del dinero vía tecnología.

   Es imprescindible la instauración del control de bancos, de las divisas, del cambio.

  Aquí se prevé también la incautación y bloqueo cuentas y rastreo a cualquier financiación que no sea afín al partido revolucionario.

Tercera etapa

  El Plan estratégico del Foro de Sao Paulo estipula que la tercera etapa corresponde a la consolidación del poder global.

  Aquí deben operarse expropiaciones masivas, tal como ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez.

  Luego vendrá el reparto de viviendas, propiedades, terrenos y empresas expropiadas, lo cual no será nominal, por cuanto el partido revolucionario será el auténtico propietario.

  Debe implementarse un escarmiento a la clase económica alta, convirtiendo la tenencia del dinero en un delito.

  Se debe llevar a cabo ahora un nuevo cambio en la Constitución con el objetivo de establecer la reelección indefinida. La permanencia en el poder se convierte así en un mandato supremo del pueblo.

   Hay que acotar que estas revoluciones llevan a cabo dos procesos de cambio constitucional, el primero, al llegar al poder cuando se establece una asamblea nacional constituyente que establece cambios fundamentales referidos al manejo del presupuesto nacional, de las fuerzas militares, la creación de guardia presidencial, la creación de los colectivos sociales, juntas comunales, etc. Luego, el segundo cambio en la Constitución es para reelegirse indefinidamente.

   En esta etapa los medios de producción pasan en su totalidad a ser propiedad del estado.

   En razón de que el trabajo ahora se desempeña en los medios de producción estatales, los sueldos pasan a tener un bajo costo, lo que es absolutamente empobrecedor. Los salarios nunca permitirán el escalamiento social.

En NYC: Profesor Bruce Bagley se declara culpable de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El Profesor de la Universidad de la Florida y autor de un libro sobre Crimen Organizado, Bruce Bagley se declaró culpable ante un juez de Nueva York de haber participado en una trama de lavado de dinero internacional de más de $ 2 millones derivados del pago de soborno y de actividades relacionadas con la corrupción en Venezuela.
   El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció que Bruce Bagley R se declaró culpable este lunes ante el juez de distrito, Jed S. Rakoff por dos cargos de lavado de dinero. Bagley usó cuentas bancarias en su nombre y de una compañía que creó en Florida para lavar más de $ 2 millones en ganancias de un esquema de soborno y corrupción de Venezuela en los Estados Unidos.

  Berman dijo que Bagley, quien se desempeñaba como profesor universitario y autor de un libro sobre narcotráfico y crimen organizado, a cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero.

  El fiscal sostuvo que el profesor Bagley admitió que lavaba dinero para ciudadanos extranjeros corruptos, que era producto del soborno y la corrupción. "Eran fondos robados a los ciudadanos de Venezuela", dijo Berman. 

Bagley ahora enfrenta la posibilidad de una larga permanencia en prisión.

La acusación

 En noviembre de 2016, Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales y autor del libro 'Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas',  abrió una cuenta bancaria (1) en nombre de una empresa (1) de su propiedad. 

  Entre noviembre de 2016 o alrededor de noviembre de 2017, la Cuenta-1 tuvo una actividad mínima, pero alrededor de noviembre de 2017, comenzó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. 

  Cada mes, Bagley recibiría un depósito de aproximadamente $ 200,000 de una de las cuentas en el extranjero en la cuenta-1. Posteriormente, retiraría aproximadamente el 90 por ciento de los fondos en forma de cheque de caja, pagadero a una cuenta en poder de otra persona. 

  Bagley enviaba el resto de los fondos a su cuenta personal. Entre noviembre de 2017 y alrededor de octubre de 2018, la cuenta 1 recibió aproximadamente $ 2.5 millones de las cuentas en el extranjero.
  
  Las cuentas en el extranjero pertenecían a un individuo colombiano (Alex Saab). En diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, la Persona-1 tuvo una conversación con Bagley sobre el hecho de que Bagley estaba trasladando los fondos de la Persona-2 a los Estados Unidos y que los fondos representaban los ingresos del soborno y la malversación de fondos extranjeros robados al pueblo venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2018, Bagley creó una nueva cuenta bancaria ("Cuenta-2") para transferir dinero adicional perteneciente a Individual-2.

    Bagley continuó recibiendo cientos de miles de dólares de las cuentas en el extranjero después de abrir la cuenta 2. Bagley transfirió la mayoría de estos fondos al Individuo-1 pero retuvo una comisión por sus servicios.

    El comunicado de la fiscalía, se señala que el acusado, de 73 años y residente de Coral Gables, Florida, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. 

  Bagley será sentenciado por el juez Rakoff el 1 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m.



Sinovensa: La empresa mixta devastada por las llamas y las irregularidades

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Este proyecto es el reflejo del fracaso de los planes de inversión de Venezuela y China, pues la mayoría de las metas se quedaron en el papel o nunca se completaron.
   Una reseña periodística firmada por Jeanfreddy Gutiérrez Torres[1] y publicada en el portal Diálogo Chino el 26 de mayo de 2020, para dar cuenta de un siniestro ocurrido el 26 de marzo de 2020 en el Complejo Operativo Morichal[2], estado Monagas, donde se procesa crudo proveniente de la Faja Petrolífera del venezolana, sirvió al autor para destacar el declive que ha experimentado el proyecto de inversión implementado por los gobiernos de Venezuela —primero con Hugo Chávez y, después, con su sucesor, Nicolás Maduro— y China. La nota, pues, se pasea de la devastación causada por las llamas, a la ocurrida en el seno de la principal industria del país y sus consecuencias económicas, a causa de los manejos irregulares que tienen lugar en la misma.

  Se remite la información a los inicios del gobierno de Hugo Chávez al término del siglo 20, cuando en procura de nuevas inversiones para Venezuela que diversificaran las relaciones comerciales venezolanas, el mandatario presentó a la administración china la orimulsión, una invención desarrollada por PDVSA-Intevep S.A. dirigida a permitir la explotación de los yacimientos de hidrocarburos extra pesados de la Faja del Orinoco. Además, este combustible se convirtió en la opción ideal para hacer funcionar las plantas termoeléctricas, dado que su precio es más bajo que el del carbón. La orimulsión fue ampliamente promovida por Chávez en los mercados de Europa y Asia durante las giras que llevó a cabo durante los primeros años de su gestión.

La orimulsión como promesa de crecimiento económico

  La orimulsión era un combustible de gran aceptación en Japón, Canadá e Italia, donde era utilizado en sus centrales eléctricas.

  En medio de este panorama, se suscribieron los acuerdos petroleros entre China y Venezuela en 1999. Para ese entonces, refiere la reseña, en razón de esta nueva alianza se formularon planes y proyectos de los que surgieron una serie de promesas de crecimiento económico. Chávez firmó en Pekín —durante su primera visita a China— un memorando que proyectaba la creación de un comité conjunto de energía, así como un tratado de protección de inversiones, puso sobre la mesa la primera línea de crédito a la exportación del Banco de Desarrollo de China, así como un acuerdo para construir viviendas.

  La mayoría de estas proyecciones se quedaron solamente en eso, en planes u obras inconclusas, concretándose únicamente Sinovensa, una empresa mixta Empresa Mixta constituida en sociedad entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y China National Petroleum Corporation (CNPC) y sobre la cual reposan hoy día las esperanzas de éxito de la alianza. Sin embargo, parecer cada vez más cuesta arriba, toda vez que la compañía, que producía 105 mil barriles de petróleo diarios, una séptima parte de la mermada producción de 700 barriles al día.

  Por otra parte, otros males hacen estragos en la empresa petrolera y en los acuerdos de China y Venezuela, tal como lo refiere un informe de la organización Transparencia Venezuela[3]. Refiere la nota que solamente las empresas mixtas Petroboscán y Sinovensa se erigieron como excepción en el conjunto de acuerdos con irregularidades.

  Una de las primeras acciones derivadas de los primeros acuerdos entre China y Venezuela, fue la creación de Orifuels Sinoven en 2001, empresa conjunta entre BITOR, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y su filial Petrochina Fuel, a la cual se le adjudicó un área de 11 kilómetros cuadrados en el campo Morichal, que le permitía la perforación de 75 pozos y la extracción de 90 mil barriles diarios. El crudo se transportaba por una tubería de 330 kilómetros hasta el Complejo Petroquímico Industrial José Antonio Anzoátegui (José), desde donde era embarcado a China.

  Para el año 2003, comenzó a construirse el segundo módulo de la Planta de Orimulsión José y la perspectiva era la producción de 125 mil barriles de combustible diarios, una cantidad que se hacía posible al agregar agua a los 90 mil barriles de crudos que se estaban produciendo. Esto significaba que China tendría orimulsión para su generación eléctrica y Venezuela obtendría ingresos por el orden de USD 2,2 mil millones en los primeros 20 años de la concesión.

  Pero tres años después, la situación cambió de manera radical en virtud de que Venezuela abandonó la producción de orimulsión con el alegato de que era un mal negocio para el país, de acuerdo al ministro del ramo para la época, Rafael Ramírez. El nuevo discurso sostenía era preferible y mas rentable mezclar los crudos extra pesados con otros más livianos, que utilizar el bitumen para la producción de la orimulsión. El detalle estaba en que una versión corrió, en la que se aseguraba que China había comprado la tecnología y continuaría pagando por su uso.

La nueva compañía

  El fracaso de los planes, llevó a la conformación de una nueva compañía producto de la sociedad de la estatal china CNPC con la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Nació así, la Empresa Mixta Petrolera Sinovensa, en la que la primera tendría el 40 por ciento de las acciones y la segunda el 60 por ciento y esta compañía se encargó desde entonces de continuar la explotación de los pozos petroleros asignados. La siguiente decisión fue invertir en una planta de mejoramiento del crudo extra pesado mediante la reducción de su acidez y viscosidad, lo cual facilita la producción de gasolina y gasóleo, así como su transporte a través de tuberías. En Merey 16 de la Faja Petrolífera del Orinoco se produce un crudo de alta demanda en las refinerías asiáticas.

   Pero, tampoco este cometido se cumplió, pues desde septiembre de 2019 se incumple con el envío diario de los 350 mil barriles de petróleo crudo que permitirían pagar los USD 50 mil millones. Y es que en la FPO están paralizados cuatro mejoradores y los incendios son una amenaza constante.

  Además, desde la misma fecha, septiembre 2019, la CNPC detuvo su producción en Venezuela en razón de las sanciones que Estados Unidos impuso a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al gobierno venezolano.

Gran endeudamiento

  La nota de Gutiérrez Torres refiere que en 2013, el Banco de Desarrollo de China (BDC) se comprometió al envío de USD 4 mil millones a una tasa variable entre 1 por ciento y 8,5 por ciento, más una tasa fija de 5,8 por ciento, que se destinarían al crecimiento y desarrollo de la planta de mejora de petróleo crudo José que operaba Sinovensa. Se buscaba incrementar la producción de crudo de 105 mil a 230 mil barriles diarios, una tarea que estaría en manos de la subsidiaria Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HCQ).

  Petróleos de Venezuela S.A. no ha dado a conocer más sus informes de deudas, ni sus estados financieros y estadísticas, siendo 2016 el último año en que se produjera la divulgación de estos datos.

  En dicha fecha, el informe de la deuda refirió que la petrolera venezolana había recibido USD 699 millones en 2015 y otros USD 1.3 millones en 2016 que estaban destinados a Sinovensa. Una deuda que se debía terminar de pagar en 2023.

  La reseña agrega que, en 2018, PDVSA decidió reducir su participación en Sinovensa a 54,35 por ciento y de esta manera honrar parte del financiamiento, pero se desconocen las cifras de estas transacciones. El presidente de CNPC, Zhang Jianjua, se trasladó a Venezuela para concretar la venta del 9,9 por ciento de las acciones.

  Cuando después de estos, la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, viajó a Pekín para participar en la XVI Reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel China-Venezuela, solicitó un nuevo empréstito por USD 5 mil millones.

  Subraya la nota que la vicepresidenta Rodríguez y el entonces presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, se atrevieron a decir que el suministro de petróleo de Venezuela a China estaba garantizado en razón del aumento de la producción de Sinovensa, obviando el objetivo que diez años antes se había establecida para este proyecto era el incremento de la producción diaria de crudo a 230 mil barriles.

  Ahora Zhang y Quevedo hablaban de una meta de incremento de las exportaciones totales de petróleo a China a 1 millón de barriles por día, llevando la producción de Sinovensa a 165 mil barriles. Un objetivo que nunca se alcanzó.

Corrupción en Sinovensa

  Muy poco tiempo había transcurrido desde la visita de la junta china a Venezuela, cuando el presidente de dicha empresa, Alberto Bockh, fue arrestado por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Igual suerte corrieron parte de los gerentes de la empresa. Se les acusó de malversación de fondos, conspiración de funcionarios con contratistas, falsificación de procedimientos de licitación o hacer acusaciones falsas y conspirar para desviar fondos y falsificar contratos en la Faja del Orinoco.

   Un informe de Transparencia Venezuela refiere que de los USD 25 mil millones que China prestó a Venezuela para desarrollar proyectos conjuntos, USD 15 mil millones fueron desviados para otros fines, tal como la importación de bolsas CLAP, el programa de alimentación implementado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Tal hecho ha creado desconfianza en China acerca del manejo de los fondos y ha derivado en la supervisión directa de los proyectos.

  Alberto Bockh se había comprometido en abril de 2019 con el fundador de Orifuel Sinoven y vicepresidente ejecutivo para las Américas en la CNPC, Chen Jintao, a incrementar la supervisión por parte del ejército pues ocurrían muchos robos que retrasaban la producción, pero las irregularidades continuaron, como lo revelaron las quejas de los sindicalistas que aseguraron que los militares participaban en la comisión de estos delitos.

Los incendios

  A la situación descrita, el reporte de prensa agrega los efectos que los incendios causan en el Complejo Morichal.

  Así, por ejemplo, el sindicalista Eudis Girot refirió que en fecha 27 de abril de 2020, se produjo un gran incendio cuando una chispa de material de soldadura cayó sobre un arbusto sin cortar alrededor del complejo.

  Los trabajadores debieron ser evacuados y cuatro kilómetros de tuberías quedaron destruidos, como también resultaron afectados varios tanques de almacenamiento. Toda esta situación ocasionó fallas eléctricas que paralizaron el transporte de petróleo crudo desde la FPO. El evento afectó, además de los pozos petroleros, a las plantas donde el crudo se separa de la arena y la sal.

  Se especifica en la información, que como los tanques no podían bombear el crudo extraído a la planta, hubo un desbordamiento por cuatro días, advirtiendo el sindicalista que de ninguna manera este podría calificarse como hecho fortuito, por cuanto era algo se ocurría muy a menudo.

  Finaliza la nota de Jeanfreddy Gutiérrez Torres refiriendo que la agencia de noticias Reuters corroboró la información el 4 de mayo y subrayó que los incendios afectaron los pozos petroleros de Chevron, Repsol y Sinovensa y remata con el hecho de que la producción petrolera venezolana continúa disminuyendo.

CITAS

[1] Diálogo Chino. “Fire devastates key China–Venezuela oil Project”. 26 de mayo de 2020. https://dialogochino.net/en/extractive-industries/35547-fire-devastates-iconic-china-venezuela-oil-friendship-project/

[2] ACN. “Incendios cierran campos y producción de petróleo sigue en picada”. 5 de mayo de 2020. https://www.acn.com.ve/incendios-cierran-campos-y-produccion-de-petroleo-sigue-en-picada/



[3] Transparencia Venezuela. VENDATA | Información sobre acuerdos suscritos entre Venezuela y China es escasa. https://transparencia.org.ve/vendata-informacion-sobre-acuerdos-suscritos-entre-venezuela-y-china-es-escasa/

domingo, 31 de mayo de 2020

La carta que Franklin D. Durán le envió a Hugo Chávez por el caso del maletín de Antonini Wilson

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario Franklin Durán, quien estuvo en prisión en los Estados Unidos por su  asociación con el episodio del maletín de Guido Antonini Wilson, y quien fue arrestado en Venezuela, por supuestamente haber financiado la Operación Gedeón que encabezó ex-boina verde  estadounidense, Jordan Goudreau, envió una comunicación a Hugo Chávez para aclararle la situación con el hecho que lo llevó a permanecer en una cárcel federal de EE. UU.
     Durán estuvo detenido por casi cuatro años por tratar de ocultar pagos clandestinos en efectivo a sus asociados, en relación al polémico caso Antonini Wilson. 
  
 Guido Antonini Wilson es un empresario venezolano-estadounidense, que llegó a Argentina, el 4 de agosto de 2007, con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados por las autoridades. El caso tuvo una amplia repercusión mediática porque coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández.

  A Durán, se le vincula con participar como financista de la Operación Gedeón.

Un poco de historia


  Franklin D. Durán envió a Hugo Chávez Frías el 28 de noviembre de 2008, en la que explica que ni él ni sus empresas "tienen vinculación con la maleta de Antonini Wilson". 


  Durán fue relacionado en el caso de la valija que fue enviadoa desde Venezuela hasta Argentina con la colaboración de Antonini Wilson, para supuestamente financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner.


  En la misiva, Durán le aclara a Chávez que fue Mario Silva quien relacionó a Pedro Durán y a su empres Venoco con el hecho. 

  Sostiene que  después del 31 de agosto de 2008, sostuvo una reunión con Henry Rangel Silva, en la DIS, y que éste le señaló que Moisés Maionica se iba a encargar del caso. 


  Durán agrega que en noviembre de 2007, una de sus empresas tuvo problema en PDVSA porque supuestamente querían perjudicar a Rafael Ramírez.


   Sostiene que  Henry Rangel Silva "le pidió un favor en 2007, que era entregar unos recibos por 800 mil dólares y llevarle 2 millones de dólares para sus gastos de abogados. Yo acepté pensando que todo se estaba haciendo con abogados en EE. UU. y fue cuando se enteró que Maionica estaba junto con Antoni robando y extorsionando al gobierno de Venezuela y nunca actuó como abogado sino como un vulgar ladrón y a penas nos arrestaron se cuadró con el FBI para hacer el Indictment". Aquí está la carta.



miércoles, 27 de mayo de 2020

Trinidad y Tobago niega haber violado el TIAR tras visita de Delcy Rodríguez a la isla, reafirma que el gobierno sigue apoyando a Maduro


   De acuerdo a una nota publicada por el portal Trinidad Express, el Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago y de la CARICOM, Dennis Moses, respondió a los Estados Unidos que su país reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y no a Juan Guaidó, y que no está obligado a cumplir con la resolución de restricción de viaje contra el vicepresidente venezolano Delcy Rodríguez que impone el Tratado de Río.
Dennis Moses




 El portal reseña que el 18 de mayo, el embajador de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph Mondello, emitió una declaración sin precedentes que revela que, en una conversación el 6 de mayo con el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, se expresó su preocupación ante el ministro sobre la coherencia de la visita de Rodríguez a Puerto España, debido a las obligaciones que el Tratado de Río impone a los países miembros, entre los cuales está Trinidad y Tobago. 

  El Embajador señaló que el Artículo 20 del Tratado de Río deja en claro "inequívocamente" que todas las medidas impuestas por el Órgano de Consulta, como las restricciones de viaje a la Sra. Rodríguez, son vinculantes para todas las partes del tratado, independientemente de si votaron a favor o no por tales medidas

  Después de esta declaración, el miércoles pasado un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el primer ministro, el Dr. Keith Rowley, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young y Moses, tuvieron una discusión con Mondello.

 El portal Trinidad Express fue informado de que fue una teleconferencia. 

  Asimismo reseña que en la sesión del Senado de este martes, la senadora de la oposición, Anita Haynes, presentó una moción que exige al Gobierno responder las preguntas por su incumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 73 años, también conocido como el Tratado de Río, teniendo como base la declaración del embajador estadounidense.

  Moses dijo que Trinidad y Tobago no está obligado por el Tratado de Río y cuestionó aún más la "distorsión" del Tratado.

 "Señora Presidenta, la distorsión del Tratado de Río, un pacto colectivo de autodefensa para tratar los asuntos internos de Venezuela sin preocupación o solicitud de ese país es cuestionable y no se ajusta bien a los propósitos previstos con el Tratado. De hecho, el Tratado de Río no informa, explícitamente, que ninguna de sus disposiciones que se interpretarán como un menoscabo de los derechos y obligaciones de las altas partes contratantes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Trinidad y Tobago toma la posición de que no está obligado, por estas decisiones recientes del TIAR que incluye las restricciones de viaje impuestas por el Vicepresidente de Venezuela ", dijo Moses.

  Dijo que Trinidad y Tobago dejó en claro su posición ante la Organización de Estados Americanos (OEA) desde junio de 2019 en la 49a sesión de la asamblea general de la OEA en Columbia.

  "Trinidad y Tobago se reservó su derecho a no estar obligado por la resolución AG / CG / document7 / 17, adoptada en la reunión sobre la situación de Venezuela y por cualquier decisión tomada por la OEA, que se basa principalmente en un cierre o de cualquier otra manera implica la participación de los representantes del señor Juan Guaidó supuestamente sentados como representantes permanentes de la República Bolivariana de Venezuela ", dijo.

  Moses sostuvo que el Ministro de Relaciones Exteriores representó a Trinidad y Tobago en la reunión del Tratado de Río el 23 de septiembre de 2019.

  En esa reunión se adoptó la resolución que fue revisada posteriormente para incluir la reserva de Trinidad y Tobago.

   El alto funcionario comentó que durante la votación sobre la resolución que Trinidad y Tobago se abstuvo, Uruguay votó en contra y Cuba estuvo ausente.

  Moses señaló que 16 Estados miembros votaron a favor de la resolución que invoca las disposiciones del Tratado de Río y sentó las bases para tomar medidas punitivas contra Venezuela.

   Estos 16 Estados miembros incluyen Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y las naciones europeas.

"Una vez más, Trinidad y Tobago reafirmó que se reserva el derecho de no estar obligado por ninguna decisión adoptada en esta resolución en la 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que actúan como órgano consultivo en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que implica la participación de los representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela supuestamente sentados como representantes permanentes de la República Bolivariana de Venezuela, o reconocer esta resolución como no válida o considerarse obligada por las disposiciones aprobadas en dicha fecha del 23 de septiembre de 2019, "dijo Moses.

  Moses acotó que Trinidad y Tobago fue invitado a participar en otra reunión del Tratado de Río en Colombia el 3 de diciembre de 2019, pero optó por no asistir.

 "El propósito de la reunión era tomar medidas punitivas contra Venezuela. Trinidad y Tobago decidió no participar en la reunión", dijo.

  "Las decisiones del Tratado de Río en esa reunión incluyeron restricciones de viaje impuestas contra el vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez", agregó.

 Moses agregó que, a pesar de las dificultades dentro de Venezuela, Trinidad y Tobago se encuentra en "terreno firme" para estar en armonía con la posición de las Naciones Unidas y la posición declarada de Caricom al reconocer al Gobierno liderado por Maduro como el Gobierno legítimo de Venezuela.

"Dada nuestra comprensión de la Carta de las Naciones Unidas, Trinidad y Tobago no reconoce a Juan Guaidó como el Presidente de Venezuela. Por el contrario, irá en contra de las posiciones declaradas de Caricom y las Naciones Unidas", dijo.

  Moses afirmó que el Primer Ministro Dr. Keith Rowley, como parte de una delegación de Caricom de Primeros Ministros, visitó los Estados Unidos y participó en conversaciones con el secretario general de las Naciones Unidas el 28 de enero de 2019.

"El secretario general confirmó que el Gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro sigue siendo el único gobierno legítimo reconocido y asentado en las Naciones Unidas", añadió.

  Dijo que Rowley también participó en otra reunión en Uruguay en febrero de 2019, que se convocó para tratar los problemas internos de Venezuela.

   Moses afirmó que estas iniciativas eran parte de la respuesta de Caricom frente a la realidad entonces aumentada de que "se estaban intentando intervenir militarmente en Venezuela e instalar un nuevo Gobierno".

  Manifestó que la posición declarada de Trinidad y Tobago y Caricom era y sigue siendo que la situación dentro de Venezuela debe resolverse mediante el diálogo entre las partes contendientes y no mediante la intervención externa de terceros.

  Aseguró que Caricom también ofreció sus oficinas para reunir a las partes para tratar el problema.

"Los estados de Trinidad y Tobago y Caricom tienen interés en mantener el Caricom como una zona de paz dadas las consecuencias potencialmente catastróficas del conflicto armado en la vecina Venezuela", dijo.

Críticas de Haynes:

Por su parte, la senadora de la oposición, Anita Haynes, presentó la moción pidiendo al Gobierno que explicara su desprecio por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 73 años, también conocido como el "Tratado de Río", cuando facilitó la visita de Rodríguez.

"Esta Administración, por sus acciones voluntarias e imprudentes, ha puesto en peligro las relaciones exteriores y diplomáticas de Trinidad y Tobago con aliados clave", dijo.

 Haynes también hizo referencia a una nota diplomática enviada por la Embajada de los Estados Unidos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago el 16 de diciembre de 2019.

  La senadora comentó que la nota decía: "La embajada de los Estados Unidos de América tiene el honor de informar al Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre la resolución adoptada por el órgano de consulta en la reunión del  TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), que impone restricciones de viaje a 29 personas asociadas con el antiguo régimen de Maduro.

  La Embajada de los Estados Unidos de América tiene el honor de destacar que según el artículo 20 del Tratado Interamericano de Asistencia recíproca, la resolución es vinculante para todas las partes en dicho Tratado ".

  Haynes dijo "simple y llanamente" al permitir que Delcy Rodríguez ingrese a T&T el 27 de marzo, tres meses completos después de la votación para prohibir su viaje y después de que la Embajada de los Estados Unidos le recordó al gobierno que estaba prohibida, -T & T violó el artículo 20 del TIAR.

  Haynes dijo que aún está por verse cómo los miembros del Tratado de Río responderán a las acciones groseras de T&T la próxima vez que se reúnan.

"Esta es una sorprendente omisión de nuestras obligaciones internacionales, o es un fracaso monumental del Gobierno. De cualquier manera, alguien debe ser responsable de poner en peligro la seguridad y la estabilidad del pueblo de Trinidad y Tobago de esta manera impactante", dijo.

  Haynes señaló además que la Embajada de los Estados Unidos confirmó que Rodríguez está sujeto a sanciones de viaje que son vinculantes para todas las partes del Tratado de Río.

  La senadora dijo que Trinidad y Tobago es parte del tratado, por lo tanto, las acciones de la Administración Rowley el 27 de marzo de 2020, para otorgar una exención para que Rodríguez no solo aterrice en Trinidad, sino también para facilitar una reunión con el Primer Ministro y los miembros principales del Gabinete , "es una grave violación de nuestras obligaciones internacionales".

 "El Gobierno debe ser consciente de que, a pesar de su defensa rutinaria de que la ONU reconoce al régimen de Maduro, esto no anula ningún tratado que tengamos con nuestros aliados internacionales ni niega ninguna acción que viole estos tratados", dijo.

Esta nota fue publicada por Trinidad Express, haga click para leer  el artículo original.

martes, 26 de mayo de 2020

CITGO demandó a José Manuel González Testino y a una de sus [muchas] empresas que recibió contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU.

   La querella por incumplimiento de contrato, fraude y demandas civiles en virtud de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO)  surge de una conspiración de soborno ilegal y otros actos criminales perpetrados por González Testino, otras personas, PLS y otras entidades bajo el control y la propiedad indirecta del demandado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  CITGO informó que demandó al contratista José Manuel González Testino y a su empresa  Petroleum Logistic Services Corp, por haber obsequiado [sobornado] a los funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos con regalos, joyas, obras de arte, viajes y hasta un apartamento a cambio de recibir contratos fraudulentos con sobreprecios por más de $ 20 millones, en una trama de corrupción que ocurrió entre 2014 y 2018.
   CITGO emitió un comunicado este martes a las 8:20PM, firmado por el CEO de la corporación Carlos Jordá y la presidenta de la Junta Directiva, Luisa Palacios, en el cual informó que interpuso una demanda contra el contratista José Manuel González Testino, quien actualmente está siendo procesado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por otro caso de corrupción y lavado de dinero, y por el cual será sentenciado en agosto de 2020. Ver detalles aquí.
   Llama la atención que la demanda contra González Testino es sólamente contra la empresa Petroleum Logistics Services Corp.. Los récords internos muestran que el acusado consiguió contratos millonarios con otras de las empresas que tenían registradas en CITGO y por los cuales pagó sobornos a funcionarios de CITGO, algunos de los cuales aún permanecen trabajando en la corporación con sede en Houston, Texas.

  El comunicado de CITGO del 26 de mayo de 2020,  informa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado investigando a la filial de PDVSA en Estados Unidos por más de una década. 

  José Manuel González Testino ha recibido contratos en CITGO para varias de sus empresas, entre las que se destacan, [además de Petroleum Logistics Service USA, Inc.], Drill Corp, Stand Industries, Lexington Tech, EcoWire, Petequip y SGL Technic. 

  Documentos en poder de Venezuela Política reflejan que durante las gestiones de Glenn Hilman y José Luis Zambrano (bajo arresto en Caracas por cargos de corrupción) se le asignaron contratos corruptos a las empresas de José Manuel González Testino, principalmente las anteriormente mencionadas: Drill Corp, Stand Industries, Lexington Tech International, LLC, EcoWire, Petroleum Equipment Petequip, Corp. y SGL Technic por más de 70 millones de dólares. 

   En la demanda civil interpuesta por CITGO en Houston aparece involucrado un funcionario (E) que de acuerdo a la descripción fue un alto ejecutivo de CITGO entre los años que duró la conspiración y que era el encargado de velar por el cumplimiento de los procedimientos en la petrolera.  Según la querella, ese funcionario habría recibido los sobornos de José Manuel González Testino, entre los cuales se destacan obras de arte, viajes en avión privado, y hasta un inmueble en la ciudad de Houston. 

  Una fuente citada por AP dice que el funcionario sería José Pereira arrestado en Caracas desde 2017, por acusaciones relacionadas con otro caso de corrupción relacionado con un plan que no se ejecutó para lograr un refinanciamiento de CITGO por unos  $ 4 mil millones en bonos que ofrecían una participación del 50% en la compañía como garantía. Otra fuente consultada dijo que el funcionario que vivió en Galleria no era José Pereira sino Nelson Martínez aunque sostuvo que Pereira era una pieza clave de Martínez.

   Venezuela Política publicó en octubre de 2019 un informe que fue entregado a las autoridades de CITGO designadas por el presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó en que se describieron las prácticas corruptas de José Manuel González Testino para obtener contratos con sobreprecio en CITGO.

    La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa. 

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

    Marisol Gómez denunció a varias personas, entre quienes destaca,  John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

    Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.



   Las empresas de José Manuel González Testinos fueron bloqueadas en 2016 como resultado de una investigación en la que se determinó que los contratos habían sido entregados de manera fraudulenta. No obstante, después de Junio 2017, José Pereira, Jennifer Moos y otros funcionarios que formaban parte del entramado de corrupción, desbloqueron las entidades el acusado.

   Dos fuentes internas de CITGO dijeron a Venezuela Política, bajo compromiso de anonimato por temor a represalias, que en 2017 Glenn Hilman y José Luis Zambrano asignaron más de 70 millones en contratos adicionales a José Manuel González Testino.

    Como se informó más adelante, Luisa Palacios, Carlos Jordá y el resto de los nuevos directivos de CITGO conocían desde el inicio de su gestión[hace más de 15 meses] las irregularidades cometidas en la corporación con varios contratistas y funcionarios de la corporación. 

   La base a la demanda anunciada hoy por CITGO contra González Testino, junto a la realizó en contra del excongresista de la Florida, David Rivera, [y otras que no se han hecho], forma parte de las auditorías e investigaciones que se hicieron en CITGO desde el 2014 al 2017 y que fueron entregadas a la actual directiva a principios de 2019.

  De acuerdo a la normativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando una empresa investigada por violación de la Ley de Prácticas Corruptas y otras leyes federales, realiza demandas de este tipo, en aras de mejorar su conducta, son consideradas por los jueces al momento de calcular las penalidades que se imponen a las corporaciones luego que concluyan las investigaciones federales y se determina la responsabilidad corporativa en casos relacionados con fraude, corrupción, etc.


Empresas que recibieron contratos con sobreprecios de CITGO

  Petroleum Logistics Service USA, Inc. es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 20 de diciembre de 02016,  en la dirección 1519 NW 82ND Avenue, Doral, FL, 33126. Aparece como presidente y agente registrador, Javier Aurrecoechea.

  Lexington Tech International, LLC es una empresa activa registrada en Delaware el 16 de septiembre de 2013. En los récords aparece la siguiente dirección:3411 Silverside RD #104 Rodney Building, Wilmington, New Castle, DE, 19810. El agente registrador es otra empresa de nombre Corporate Creations Network Inc. Asimismo, Lexington Tech International, LLC está registrada en Houston,  el 8 de noviembre de 2013, con la dirección fiscal en 11530 Legend Manor Dr., Houston, Texas, 77082. La agente es Deborah Kwon.

   Petroleum Equipment Petequip, Corp.  es una empresa registrada en  Panamá el 8 de agosto de 2014, en el Distrito de Panamá. Las siguientes personas aparecen entre los directivos de la firma: Alba Daniza (tesorero); Gabriel Martínez (Presidente, Secretario y Suscriptor); Keila Castro(Suscriptor) y Xcynthian Alona Araya Tejada  (Apoderada). Escobar, Della, Togna, Icaza & Jurado es el agente registrador.

CITAS

1) http://eltiempolatino.com/news/2019/oct/29/informe-revela-presuntas-practicas-fraudulentas-y-/

2) https://apnews.com/bc0e245e0d74ff3ae90bf6f477491017

3) https://www.venezuelapolitica.info/tag/jose-manuel-gonzalez-testino/

4) https://www.maibortpetit.info/2019/10/informe-de-gerencia-revela-presuntas.html


Empresarios vinculados al chavismo y a Evo Morales se presentan como 'simpatizantes' de la oposición en Bolivia y Venezuela

    Ignacio Bedoya y Leonor Montiel, un matrimonio relacionado al empresario Carlos Gill, Evo Morales y el chavismo, ahora se desmarca del socialismo del siglo XXI y se presentan como opositores. La relación de la pareja con exmandatario boliviano, Gill y el chavismo está ampliamente documentada.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  En la trama de corrupción supuestamente encabezada por el venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, denunciada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz Antelo, el nombre de Leonor Montiel Parra adquiere significación toda vez que formaría parte del grupo de personas que integran el círculo de acción del empresario, bien por sus vinculaciones económicas como políticas. Montiel Parra es esposa de Ricardo Ignacio Bedoya, expresidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB), miembro del directorio de Ferroviaria Oriental y líder de dos proyectos inmobiliarios en los que participa el Grupo Carlos Gill Ramírez bajo la empresa OCM Trading tiene significativa participación.

  Relaciones y vinculaciones que en realidad, según arrojan averiguaciones del senador Óscar Ortiz, forman parte de un mecanismo —el de la subcontrataciones o las adjudicaciones directas— es utilizado para favorecer siempre a empresarios ligados al MAS y entre quienes destaca Gill Ramírez, quien representa a grandes compañías extranjeras  que suscriben los millonarios contratos con el estado boliviano, que luego retornan al señalado empresario cuando mediante las subcontrataciones se integran empresas nacionales en las que Gill Ramírez declara tener participación.

  Las vinculaciones de Gill Ramírez al MAS en Bolivia y al chavismo en Venezuela quedaron demostradas en la serie de notas que recientemente publicamos en estas páginas, a saber, “Denuncian en Bolivia contrataciones irregulares del empresario venezolano ligado al chavismo, Carlos Gill Ramírez”, “Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez”, “El conglomerado de empresas de Carlos Gill Ramírez que desataron las acusaciones del senador boliviano Óscar Ortiz”, “Las empresas de Carlos Gill Ramírez en Bolivia: Las irregulares negociaciones de Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. (III)”, “Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas”, “Denuncian que en la embajada de Venezuela en Bolivia se mantienen operando personas ligadas a Evo Morales y la corrupción”.

   Pero la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia parece haber marcado el cambio que Bedoya y Montiel exhiben ahora, mostrándose el primero, en Bolivia, como partidario de Carlos Mesa y, en Venezuela, apoyando a Juan Guaidó.

Sobre Leonor Montiel

  Leonor Josefina Montiel Parra es una venezolana casada con Ricardo Ignacio Bedoya, un alto ejecutivo bancario.

  Una consulta realizada ante el registro de Comercio de Bolivia revela que Leonor Josefina Montiel Parra figura como socio capitalista —en sociedad con su esposo— de la empresa Bedmont Investment Funds S.R.L. y como representante legal de Constructora Gómez Núñez S.A.
  Por una modificación parcial de la escritura pública de constitución de la sociedad Bedmont Investment Funds S.R.L. de fecha 13 de junio de 2017, identificada como el Testimonio Instrumento Nº. 1712/2017, conocemos que esta empresa fue inscrita el 15 de abril de 2016 en el Registro de Comercio de Bolivia, mediante Instrumento Público Nº 614/2016 de Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, protocolizada ante la Notaría de Fe Pública Nº 76, de Primera Clase, del Distrito Judicial de Santa Cruz a cargo de Elda A. Richter Colosetti y que también fue inscrita en el Registro de Comercio en FUNDEMPRESA bajo la matrícula Nº. 00348683 de fecha 10 de mayo de 2016 y que posee el número de NIT 313988029[1].

  En la página web de Bedmont Investment Funds S.R.L., Montiel Parra se presenta como “Abogada, Master en Leyes y Diplomacia de Fletcher School of Law and Diplomacy, Massachussets-USA. Más de 20 años en el sector petrolero. Ejerció como Asesora Legal y/o Gerente Legal PDVSA, SINCOR, PETROCEDEÑO, TOTAL E&P Sucursales Bolivia y Venezuela. A lo largo de su carrera ha acumulado más de USD 1.500 MM en emisiones de deuda para financiamiento de actividades petroleras”[2].

 Esta empresa boliviana que se define como especializada en la estructuración, ejecución y administración de proyectos de inversión fue inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 5 de mayo de 2017, tal como lo informa el portal Open Corporates que agrega que el número de registro es el 00348683[3].

  De acuerdo a las investigaciones del senador Oscar Ortiz, hasta el 21 de febrero de 2020, Montiel Parra también figura como representante legal de Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. y como directora titular de la Empresa Ferroviaria Andina. Igualmente, Montiel Parra representaba legalmente a PDVSA en Bolivia.

  El informe de fiscalización del senador[4] cita la página web de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), en la que se informa que Carlos Gill Ramírez fue nombrado presidente del directorio de Ferroviaria Andina el 8 de septiembre de 2015, mientras que como vicepresidente fungía Julio Montes Prado. A su vez, el síndico titular era el exministro de Defensa del expresidente, Evo Morales Ayma, y Walker San Miguel Rodríguez, ex-cónsul boliviano en Chile entre 2010 y 2011. En la nómina de directorios de la empresa para las gestiones 2017, 2018 y 2019 aparecen Carlos Enrique Gill Ramírez con su suplente César Rodríguez Gómez; Mauricio Etienne Solares y su suplente Carlos Jorge Gómez Nuñez; Leonor Montiel Parra; Enrique Abreu Anselmi y Mauricio Costa Du Rels como suplente de Dubraska Elena Inojosa Avellanada.

Las sociedades

  Aunque ya no está disponible la información en la página web, la Memoria y cuenta de Ferroviaria Oriental S.A. para año 2018, Ignacio Bedoya aparecía como director y miembro de la junta directiva. También Leonor Montie habría integrado la directiva de esta compañía en varias oportunidades.

  Sin embargo, la tarjeta de registro de Ferroviaria Oriental S.A. en la página de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), permite comprobar que en directorio figuran, tanto Carlos Gill como Ignacio Bedoya, el primero como director titular y presidente y el segundo como director titular y secretario[5].
  Igualmente, en la empresa Materiales Trading S.R.L. O.C.M. Trading S.R.L., también figuran como socios Carlos Gill y Ricardo Ignacio Bedoya, tal como lo revela una transferencia de cuotas de capital celebrada en diciembre de 2016[6].

  En una nota del portal Economy refiere que Carlos Gill es propietario de siete empresas en Bolivia, afirmación que viene de su propia boca cuando dijo que dichas compañías son Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon), además de un fondo de inversiones en el sector ganadero.

   La reseña indica que “Ignacio Bedoya, expresidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB) y secretario del Directorio de Ferroviaria Oriental, es quien lidera en Bolivia dos proyectos inmobiliarios en los que participa el Grupo Carlos Gill Ramírez bajo la empresa OCM Trading. Bedoya dijo que se encarga de hacer la estructuración financiera y de conseguir los fondos a través de la banca nacional y de fondos internacionales que invierten en distintos tipos proyectos”[7].

  En un artículo de opinión titulado “Gill no es un gil”, publicado el 13 de enero de 2017, Lupe Cajías afirma que Leonor Montiel Parra de Bedoya es socia de Carlos Gill, al tiempo que hace mención a que esta es “esposa de un alto ejecutivo bancario y representante de Pdvsa (Etienne declaraba hace años que ese banco y el Banco de la Unión lo ayudan en sus millonarias exportaciones)”. Del mismo modo se dice en la nota que “Gill y Montiel Bedoya aparecen como socios de una empresa constructora paraguaya Gómez Núñez, contratada por Thales Air Systems para construir las torres para los radares que el Ministerio de Defensa compró a Francia en 2016”, haciendo mención al hecho de la empresa fue inscrita tan sólo cinco días antes de firmar un contrato por 23 millones de euros[8], operación que detallaremos más adelante.

El modus operandi

   La Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. fue subcontratada el 16 de noviembre de 2016 por la empresa Thales Air Systems encargada de la instalación de unos radares que el Ministerio de Defensa de Bolivia compró a Francia en el citado año. Thales pagó a la constructora USD 24.902.116 por los trabajos de obras civiles que esta última llevaría a cabo en el proceso de instalación.

   Hay que acotar que si bien en comprobable, como lo hemos visto hasta ahora, la vinculación de Leonor Montiel Parra y de su esposo Ignacio Bedoya con el chavismo en Venezuela y con Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, ahora Bedoya se exhibe en su cuenta en la red social Twitter[9] como simpatizante del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de Carlos Mesa en Bolivia, lo que claramente revela un reacomodo de acuerdo a sus intereses.

El informe de Óscar Ortiz

   El informe del senador Ortiz Antelo precisa que el 20 de diciembre de 2016, la Constructora Gómez Núñez S.A. “firmó contrato con su filial en Bolivia, Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. y le autorizó subcontratar a la empresa Constructora Etienne S.A.-Cotienne S.A.

  La Empresa Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. se constituyó en Bolivia el 15 de agosto de 2016 —poco más de cuatro meses antes de la firma del contrato— cuando los miembros de la Sociedad Boliviana de Generación S.A. (BOGEN S.A.) suscribieron la modificación del testimonio de constitución de la empresa por cambio de denominación y objeto social. BOGEN se constituyó en 2009 con un capital de mil bolivianos para dedicarse a las operaciones de la industria eléctrica. Por la modificación, BOGEN S.A. pasó a llamarse Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. (CGN S.A.). Como socios de la empresa figuraban Mauricio Costa du Rels Flores, Karla Wurth Pino Ichazo y Carlos Jorge Gómez Núñez (paraguayo).

   Así tenemos, que la filial boliviana se inscribió 5 días antes de suscribir el millonario contrato, pese a ser una empresa con un capital de apenas mil bolivianos y que no llevó a cabo los trabajos encomendados, sino que subcontrató a Mauricio Etienne (Cottiene S.A.). Esto es, al parecer, una constante, de acuerdo a lo apuntado en el informe de fiscalización de Ortiz Antelo, quien subraya como llamativo que se haya subcontratado a una empresa paraguaya cuya filial boliviana se constituye poco tiempo antes de que el Estado Boliviano firmara contrato con la Empresa Thales Air System S.A.S. para la adquisición de los radares y ésta a la vez contrate a la Constructora Etienne S.A.

  Además, advierte que la adquisición de los radares de última generación de Thales Air Systems S.A.S. es parte de la constante de que un conjunto de empresas sea sucesivamente subcontratado hasta concluir beneficiando a la empresa Cotienne S.A.

   La negociación se concretó el 23 de agosto de 2016, cuando el representante legal de Thales Air System S.A.S., el uruguayo Rubén Rodríguez Lazo, suscribió el contrato para la adquisición de los 13 radares que formarían parte de un sistema integrado civil y militar destinado a la protección de la soberanía aérea y fortalecimiento de la lucha contra ilícitos como el narcotráfico y el contrabando.

  Pero en la visión e investigaciones del senador Ortiz, esta contratación en realidad era el mecanismo —el de la subcontrataciones o las adjudicaciones directas— que favorecen siempre a empresarios ligados al MAS y entre quienes destaca Carlos Gill Ramírez, quien representa a grandes compañías extranjeras  que suscriben los millonarios contratos con el estado boliviano y que luego retornan al señalado empresario  cuando mediante las subcontrataciones  se integran empresas nacionales en las que Gill Ramírez  declara tener participación.

Ferroviaria Andina

  Según a lo que informa la Bolsa de Boliviana de Valores (BBV)[10], al 30 de abril de 2020, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., “tiene por objeto principal realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.

  Como accionistas de la empresa figuran Inversiones Bolivian Railways S.A. con 50.0038 por ciento; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 24.9644 por ciento; AFP Previsión BBVA S.A., con 24.9644 por ciento; Otros, con 0.0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa, con 0.0038 por ciento; Víctor Ibáñez Oblitas, con 0.0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0.0008 por ciento; José Cáceres Choque, con 0.0008 por ciento; René Torrico Sempertegui, con 0.0005 por ciento; Augusto Oblitas García, con 0.0005 por ciento; y Anna Monje Estrada, con 0.0005 por ciento.

  El directorio de la compañía lo conforman como directores titulares, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez,  Jorge Mauricio Galindo Canedo y Leonor Montiel Parra.

  Son directores suplentes, José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodríguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo y Carlos Jorge Gómez Núñez.

  Como síndicos aparecen Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pérez; Fernando Palacios es síndico suplente.
   La figuración de Leonor Montiel en el directorio de esta empresa sería en alternancia con la de su esposo, Ricardo Ignacio Bedoya.

    Venezuela Política solicitó una entrevista al empresario Carlos Gill pero respondió que no podía dar declaraciones hasta que no concluyan sus causas legales. Asimismo, intentamos comunicarnos con Leonor Montiel e Ignacio Bedoya, y hasta el cierre de esta nota no logramos establecer contacto ni recibir respuestas. Si algunas de las personas mencionadas en esta nota desea expresar su posición sobre los señalamientos hechos en esta página, les pedimos por favor enviarlos a nuestro correo electrónico con las evidencias si así lo considera conveniente. venezuelapoliticablog@gmail.com

CITA 

[1] Edictos. Testimonio Instrumento Nº 1712/2017. 13 de junio de 2017. https://www.edictos.bo/testimonio-instrumento-no-1712-2017/

[2] Bedmont Investment Funds. http://bif.com.bo/index.php/quienes-somos

[3] Open Corporates. Bedmont Investment Funds S.R.L. https://opencorporates.com/companies/bo/00348683

[4] Ortiz Antelo, Oscar. “Carlos Gill Ramírez: El empresario favorito del MAS”. Informe de fiscalización. http://oscarortiz.com.bo/wp-content/uploads/2019/10/Gill-el-Empresario-favorito-del-MAS-1.pdf

[5] ASFI. Ferroviaria Oriental S.A. Tarjeta de Registro. https://appweb.asfi.gob.bo/Reportes_asp/rmi/tarjeta.asp?c=51808&t=2

[6] Edictos. Testimonio. 28 de diciembre de 2016. https://www.edictos.bo/74587-2/

[7] Economy. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-%20uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-%20us-320-millones

[8] Los Tiempos. Cajías, Lupe, “Gill no es un gil”. 13 de octubre de 2017. https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171013/columna/gill-no-es-gil

[9] Twitter. Ignacio Bedoya. @BedoyaIgnacio. https://twitter.com/BedoyaIgnacio

[10] Bolsa Boliviana de Valores. Empresa Ferroviaria Andina S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/FCA_CAR.pdf