Tuvieron que transcurrir doce años de la muerte del Libertador, Simón Bolívar, para que se erigiera en 1842 el primer monumento en el mundo en su honor. Esto ocurrió a propósito del traslado de sus restos mortales desde Santa Marta, Colombia, a Caracas, el 17 de diciembre de dicho año.
La Columna a Bolívar —que así se denomina— se levanta en la Plazuela de Mucujún del Mérida, una iniciativa del entonces gobernador de la referida provincia, Gabriel Picón González, quien el 25 de julio de 1842, programó el homenaje en concordancia con el decreto del Ejecutivo nacional de fecha 30 de abril de 1842, relativo a la celebración de las exequias del Padre de la Patria.
Y entretanto al Libertador de cinco naciones se le rindió tributo transcurridas más de dos décadas de su fallecimiento, el ego del gobernador del central estado Carabobo en la actualidad, Rafael Lacava, le impuso a la ciudadanía de esa entidad el tener que rendirle culto en un complejo deportivo de la ciudad costera de Puerto Cabello, anteriormente gobernada por él y de la que también es oriundo.
No se trató de una sorpresa ni de un homenaje planificado por un tercero, sino de un mero acto de egocentrismo del propio mandatario regional quien, sin que se haya ofrecido explicación alguna acerca del origen de los fondos que pagaron tal ejercicio de egolatría.
Un acto catalogado por el dirigente del Movimiento Por la Democracia, Sergio Sánchez, como una “gravísima desviación en un gobernante. Creerse un prócer, líder que trasciende la historia y por tanto merecedor de una estatua en vida”.
Sánchez aseveró que se trata de una acción consecuencia del “ego patológico” del gobernador chavista.
La estatua está ubicada en el citado complejo deportivo rebautizado con el nombre del futbolista argentino, Diego Maradona, a quien, igualmente, se le erigió una efigie de 12 metros, un adefesio del peor gusto del que Lacava se jacta y promociona como el monumento más grande al atleta albiceleste en Latinoamérica.
Culto a la personalidad
Una de las características de los regímenes de autoritarios es el culto a la personalidad que en ellos se fomenta, llegando en ocasiones a la adoración y adulación excesiva del líder o caudillo carismático. Tal es el caso del finado expresidente Hugo Chávez, quien en vida vivió de la lisonja y después de muerto se ha convertido en imagen de culto e idolatría. El Cuartel de la Montaña se ha instituido como su centro de devoción.
Los líderes son elevados a tal extremo de que se convierten en figuras casi religiosas o sagradas. Un ejemplo patente de ello es el régimen de Corea del Norte donde los catalogados como líderes supremos ya fallecidos, Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il —abuelo y padre del actual mandatario Kim Jong-un— son idolatrados a límites inimaginables.
En esa nación oriental recientemente se llegó al extremo de prohibir durante once días la risa de los ciudadanos. Desde el 17 de diciembre, fecha del décimo aniversario de la muerte de Kim Jong-il, el régimen estableció la prohibición de reír, un luto emocional en el que nadie podía hacer bromas, reírse, tomar alcohol, festejar o disfrutar del solaz y el esparcimiento. La veneración, adoración mejor, de las estatuas e imágenes de dichos líderes supremos es un hecho común.
Muchos son los ejemplos en el mundo, pero el caso de Rafael Lacava en el estado Carabobo resulta patético, al ver cómo él mismo promueve su adulación. La estatua en su honor no responde a un homenaje de terceros o de alguna institución o movimiento civil, sino que fue una iniciativa del gobernador, ávido de culto y lambisconería.
El mandatario regional ha sido criticado por querer imponer su figura y su criterio a costa de lo que sea, un autoritarismo que Lacava esconde detrás de una imagen de aparente simpatía que recurre al chiste barato y la parodia de extremos caricaturescos y que ha convertido a “Drácula” en una marca política que identifica su imagen y su gestión. Una práctica que, según todo deja ver, está muy distante de desaparecer pues, el mandatario insiste en su autopromoción por todas las vías posibles, entre ellas las estatuas que pudieran comenzar a replicarse por toda la entidad bajo su égida.
A pesar de la continua crisis que ha experimentado en régimen venezolano desde 2013 hasta la actualidad, puede asegurarse que la administración de Nicolás Maduro sobrevivió al conflicto, gracias a una serie de factores, entre los cuales, destaca el apoyo externo que recibió de actores estatales malignos como Rusia y China .
En el Reporte de Defensa publicado por the American Foreign Policy Council, el investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, José Gustavo Arocha examina las operaciones militares rusas y chinas en Venezuela.
A continuación presentamos el informe del investigador, Arocha:
Con una inflación récord, millones de ciudadanos huyendo del país y una oposición política reconocida por la mayoría de las democracias occidentales como el gobierno legítimo de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro parecía estar al borde del colapso en 2019. Sin embargo, el gobierno de Maduro sobrevivió, gracias a una serie de factores, entre ellos el apoyo externo que recibió de actores estatales malignos como Rusia y China.
Moscú y Beijing nunca vacilaron en su apoyo político al régimen venezolano, o al propio Maduro, incluso al negarse a reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó por mandato constitucional. La mayoría de los análisis del apoyo de Rusia y China se han centrado en el apoyo político y económico brindado a Venezuela, incluida una estrecha cooperación en energía, industria, salud, finanzas y comercio. Pero el apoyo de los dos países ha ido mucho más allá de los ámbitos político y económico, y abarca la cooperación militar y de defensa que ha ayudado a endurecer la dictadura de Maduro y ha mejorado sus capacidades para causar caos con sus vecinos.
Una Alianza de defensa a largo plazo
Cuando Hugo Chávez ascendió a la presidencia de Venezuela hace veintidós años, Vladimir Putin de Rusia y Hu Jintao de China inmediatamente comenzaron a construir una relación de defensa con su régimen. Durante su mandato de 14 años, Chávez visitó Rusia nueve veces y China seis, en el proceso de establecer una alianza de seguridad y defensa que el régimen de Maduro mantiene hasta el día de hoy.
Rusia ha vendido más de $11.400 millones en equipo militar y armamento a Venezuela en los últimos veinte años, incluidos aviones de combate, helicópteros de ataque y transporte, plataformas navales y de defensa aérea, tanques, vehículos blindados de transporte de personal (APC), vehículos autónomos. artillería propulsada y varias armas pequeñas, incluidos misiles tierra-aire.
El floreciente comercio de armas con Rusia se complementa con el despliegue de dos bombarderos estratégicos con capacidad nuclear en Venezuela cada cinco años desde 2008. Los bombarderos Tu-160 pueden transportar misiles de crucero convencionales o nucleares y han sido probados en combate en Siria, donde lanzaron, por primera vez, misiles de crucero Kh-101 armados convencionalmente. Los bombarderos realizaron por última vez el vuelo de 6200 millas a Venezuela en 2018,4 lo que hace que 2023 sea el próximo despliegue esperado si Rusia mantiene su rotación de cinco años".
China, si bien vende significativamente menos armas a Venezuela que Rusia, participa en la formación de la próxima generación de líderes militares venezolanos a través de la educación en defensa y el entrenamiento en operaciones especiales. Desde 1999, el Grupo 76º del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) ha estado entrenando conjuntamente con las Fuerzas Especiales de Venezuela en operaciones de lenguaje, buceo, francotiradores y aterrizaje de helicópteros, cursos militares y colegios militares de guerra de China y la Universidad de Defensa Nacional PLA.
En los últimos diez años, China ha vendido más de $ 615 millones en armas a Venezuela, incluidos aviones de entrenamiento K-8, tanques ligeros VN-16, misiles antitanque y antibuque, morteros autopropulsados y el el infame vehículo blindado ligero de transporte de personal VN-4, apodado el “Rinoceronte”, que entró en acción en las calles de Venezuela cuando el régimen de Maduro sofocó las protestas en 2014, 2017 y hasta el día de hoy.
Además, los tres países han podido construir interoperabilidad y capacidades conjuntas asistiendo regularmente a los Juegos Internacionales del Ejército, un ejercicio militar multinacional anual organizado por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Su participación incluye entrenamiento militar conjunto para unidades de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina de Rusia, China, Irán, Venezuela y Bielorrusia. En los Juegos del Ejército Ruso de 2019.
El Ministro de Defensa de Venezuela, General Vladimir Padrino López, firmó un acuerdo naval estratégico con su homólogo ruso, General Sergei Shoigu, que rige las futuras visitas a puerto de los buques de guerra navales de los países.
Construyendo la guerra híbrida de Venezuela
El apoyo militar de Rusia y China a Venezuela combina el uso de equipo militar convencional con actores no estatales armados irregulares. Esta estrategia de guerra híbrida es consistente con estrategias similares empleadas en Siria, Ucrania y el conflicto de Nagorno-Karabaj. Y como en esos otros conflictos, el despliegue de empresas y contratistas militares rusos y chinos es fundamental para aumentar las capacidades de las fuerzas armadas del régimen de Maduro mientras se mantiene una negación plausible.
En 2019, según Reuters, se utilizaron contratistas militares privados (PMC) rusos con presuntos vínculos con el Kremlin para reforzar la seguridad de Nicolás Maduro y su régimen. También se ha informado que las PMC rusas usan uniformes militares venezolanos en la capital, Caracas, en la región oriental del país, rica en minerales, y a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos PMC rusos llegaron a Venezuela a bordo un avión de pasajeros de largo alcance Ilyushin Il-62M y un avión de carga Antonov An-124, y aviones de transporte de la Fuerza Aérea rusa que habían construido un puente aéreo estratégico de Moscú a Caracas.
Mientras tanto, las empresas de seguridad chinas (CSC) encabezan el desarrollo de capacidades de combate no convencionales en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela (FANB) y el aparato interno represivo del régimen de Maduro. En noviembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), un proveedor de servicios de los sistemas de defensa y seguridad social, por ayudar al gobierno de Maduro. socavar la democracia, incluso a través de “esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos”. Según OFAC, CEIEC suministró a Venezuela la comercialización versión del “Gran Cortafuegos” de China.
El uso de contratistas y empresas privadas con vínculos con el ejército permite a Rusia y China proteger sus inversiones en petróleo, minería e infraestructura mientras recopila inteligencia táctica y estratégica y, lo que es más importante, brinda al régimen de Maduro apoyo logístico militar y de inteligencia para administrar la mirada de organizaciones no estatales armadas y actores irregulares que operan en territorio venezolano.
El enfoque paramilitar se ve reforzado por la recopilación de inteligencia técnica de alto nivel que le permite al régimen de Maduro mejorar su espionaje interno y externo. En 2018, ZTE Corporation de China, una vez sancionada por su papel en el espionaje y los riesgos de seguridad cibernética, construyó un sistema de vigilancia venezolano que monitorea el comportamiento de los ciudadanos a través de la “tarjeta de la patria”, una nueva identificación nacional venezolana. El Ejército Popular de Liberación de China (EPL) tiene estrechos vínculos con dos empresas que son propietarias parciales de ZTE, que se ha vuelto fundamental para el complejo industrial militar del EPL.10 Esto incluye una rama del EPL en la base aérea militar Capitán Manuel Ríos en el estado Guárico de Venezuela que rastrea satélites en órbita operados por militares y construidos por China.
La mayoría de los análisis sobre el apoyo de Rusia y China se ha centrado en los aspectos políticos y apoyo económico brindado a Venezuela, incluida una estrecha cooperación en energía, industria, salud, finanzas y comercio. Pero el apoyo de los dos países mucho más allá de lo político y lo económico y abarca la cooperación militar y de defensa que ha ayudado a endurecer la dictadura de Maduro y ha mejorado sus capacidades para causar el caos con sus vecinos.
El apoyo técnico y paramilitar de Rusia y China ha beneficiado a muchos comandos militares venezolanos, pero a ninguno más que al Comando de Defensa Aeroespacial de Venezuela (CODAI). El CODAI tiene la misión de ejecutar operaciones aeroespaciales defensivas, y el radar móvil P-18 de Rusia y el radar electrónico 3D JY-11B de China han mejorado los sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia (C4I) que se utilizan activamente para monitorear y vigilar las fronteras de Venezuela.
Amenaza a los vecinos de Venezuela
Desde 2018, los aviones militares rusos han llegado a Venezuela de manera rutinaria, mientras que los asesores militares rusos aparecen regularmente en las instalaciones militares, realizan ejercicios de entrenamiento y brindan apoyo logístico a las fuerzas armadas del régimen de Maduro. China, por su parte, tiene una presencia sobre el terreno menos visible pero igualmente impactante, entrenando a las Fuerzas de Operaciones Especiales de Venezuela y gestionando tecnología militar. Combinados, estos "poderes globales" están convirtiendo a Venezuela en un frente serio para el conflicto de la zona gris, uno que ofrece un desafío estratégico y operativo para los socios de EE. UU. en la región, a saber, Colombia y Guyana.
En marzo de 2021, el régimen de Maduro lanzó una ofensiva en el estado Apure en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta ofensiva provocó un choque directo entre militares venezolanos y actores armados irregulares (una facción de las FARC) que operan en la frontera. El régimen de Maduro reaccionó desplegando una presencia militar más fuerte en el lado venezolano de la frontera, con aviones de combate K-8 de fabricación china y vehículos aéreos no tripulados Orlan 10 de fabricación rusa, que son drones de reconocimiento utilizados para la guerra electrónica.
Esto se complementó con una fuerte campaña de desinformación que buscaba establecer una equivalencia moral entre el gobierno elegido democráticamente de Iván Duque Márquez en Colombia y el régimen autoritario y antidemocrático de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia intervino elogiando los esfuerzos militares venezolanos para combatir contra el narcotráfico y la violencia en la frontera, e instó al gobierno colombiano a involucrar a sus contrapartes venezolanas para “resolver el conflicto fronterizo”.
Mientras tanto, en la costa de Guyana, Exxon Mobil descubrió recientemente depósitos masivos de petróleo, reviviendo un histórico disputa fronteriza que supuestamente se resolvió en 1899. Ubicada al oeste del río Esequibo, la región en disputa consta de 61,600 millas cuadradas, y aunque el régimen de Maduro anteriormente no hizo casi nada
Para recuperar el territorio en disputa, ahora está desplegando buques de guerra venezolanos para realizar ejercicios navales en la zona fronteriza marítima. China está bien posicionada para explotar esta disputa fronteriza marítima, proporcionando misiles antibuque a la Armada venezolana. Si estalla un conflicto entre Venezuela y Guyana, es probable que China obtenga los beneficios aprovechando sus acuerdos bilaterales con ambos países para acceder a los florecientes recursos de petróleo y gas del Esequibo.
Matrimonio por conveniencia
Este siglo ha visto a Rusia y China crear y explotar conflictos de zona gris en Asia, Europa y Medio Oriente. Venezuela representa un ejemplo de esta misma estrategia en América Latina, una región con vastos recursos naturales estratégicos y cada vez más vitales para Rusia y Posicionamiento global de China.
Si bien no es una alianza natural, Rusia y China han encontró puntos en común en Venezuela al asociarse con el régimen de Maduro. Moscú proporciona las armas y la mano de obra, mientras que Beijing proporciona la tecnología militar al régimen de Maduro. Esta asistencia ayuda al hombre fuerte de Venezuela a persistir y continuar proyectando poder en toda América Latina y el Caribe.
Tal como lo ha venido haciendo en otros casos, la estatal petrolera venezolana recurre a terceros para garantizarse la operatividad de la empresa.
Por Maibort Petit
Desde que fuera objeto de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela y su empresa bandera, Petróleos de Venezuela S.A., han recurrido a terceros para procurar la colocación de crudo y otros productos en los mercados. Así, para realizar las ventas de petróleo a China —ahora su principal comprador— un conjunto de empresas de fachada ha permitido concretar las exportaciones. Entretanto, Irán ha sido la fuente de combustible y otros insumos para garantizarse tanto el consumo interno, como la operatividad de la empresa. En este mismo sentido se encuadran las “alianzas comerciales” instrumentadas por la estatal petrolera que son la razón de esta nota informativa.
Y es que, dado que la operatividad de la empresa se hace imposible sin una serie de insumos, servicios, materias primas y equipos, PDVSA recurre a las referidas alianzas comerciales para procurárselos y lograr mantener encendidos los motores de la empresa que ha logrado poner en funcionamiento últimamente, luego de un prolongado tiempo de inoperatividad.
De esto da cuenta la agencia Reuters que, en una información fechada en junio de 2021, refiere que, dado que las compañías estadounidenses y europeas han reducido su presencia en el país para cumplir con las restricciones o por evitar un posible castigo, PDVSA ha recurrido a las asociaciones con pequeñas empresas locales para detener la debacle definitiva de la petrolera y mantener la producción en niveles reducidos.
De este modo, la petrolera nacional se enfoca en delegar cada vez más tareas a contratistas locales bajo nuevos modelos de negocios “que han roto con décadas de ortodoxia socialista”, indica la nota que cita a Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risks que se enfoca en la región andina, quien estima que "La situación en el sector petrolero [venezolano] es tan grave que hay frutos al alcance de la mano" y “El régimen está tratando de aprovechar esas oportunidades con empresarios a quienes no les importa comprometerse con el gobierno bajo las sanciones actuales”[1].
En esta entrega presentamos una de estas alianzas comerciales, establecida la misma entre PDVSA Petróleo S.A. y la empresa Yogar C.A., la cual, según datos recabados por Venezuela Política está domiciliada en Morón, estado Carabobo, representada legalmente por José Yovanni García Tovar.
Refieren nuestras fuentes informativas que se trata de un empresario local que ha logrado diversas contrataciones y negocios a través de sus relaciones con el oficialismo chavista.
Entretanto, por la estatal petrolera, estampó su firma Ramón Curapiaca, gerente general de la Refinería El Palito (REP). La firma tuvo lugar en el año 2021.
De acuerdo a documentos en nuestro poder, para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, PDVSA recurre a mecanismos de los contratos que se firman con empresas asociadas y la interposición de un tercero, para garantizarse con estas alianzas, las diligencias y objetivos que directamente no puede procurar en razón de las sanciones.
Un punto fundamental para PDVSA es la confidencialidad, por lo que en los contratos se enfatiza el compromiso que los aliados comerciales establecen al llevar a cabo dichas alianzas.
En un contrato en nuestro poder, en la cláusula tres PDVSA establece una advertencia a sus asociados sobre las consecuencias de no cumplir con la obligatoriedad del silencio.
Los aliados comerciales se comprometen a mantener estricta confidencialidad de la información que le confía PDVSA. “El compromiso de confidencialidad es extensible a todas las personas que tengan acceso a la información. Por tales motivos, ‘La Aliada’ responderá por los actos de sus empleados, agentes y demás personas bajo su autoridad, sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera corresponder a cada individuo, toda vez que haya sido informado por ‘La Aliada’ de los términos y condiciones del contrato”.
El pago
En el caso de la alianza comercial entre PDVSA y Yogar C.A., son las cláusulas cuarta, quinta y sexta las que hacen las especificaciones relativas al pago.
En este sentido, el pago se hará previa definición de las actividades inherentes a la prestación de servicios o ejecución de obras a realizar por parte de La Aliada, así como del precio/inversión asociado con dichas actividades, en pro de los intereses de PDVSA. Se indica que la petrolera efectuará el pago del precio estipulado a la Aliada, conforme a una serie de requisitos y controles que son especificados en la cláusula quinta.
El pago por la prestación del servicio o ejecución de obras por parte de la Aliada, se efectuará en bolívares “con referencia en Euro a los efectos de cálculo como moneda de cuenta cuya obligación de pago será liberada al tipo de cambio vigente para la fecha de pago de la factura”.
Se advierte y con esto busca resguardarse PDVSA a objeto de que tal tarea sea cumplida en su totalidad por la Aliada que, los servicios o ejecución de obras “incluye entre otros, materiales, maquinarias, herramientas y equipos suministrados por La Aliada, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Alianza Comercial”.
En tal sentido, en el contrato queda sentado que “La Aliada declara que en la determinación del precio correspondiente, ha tomado en cuenta todas las condiciones, costos y gastos relacionados con El Servicio o Ejecución de Obras, que declara conocer, que declara conocer en todos los detalles, por lo cual La Aliada acepta que no tendrá derecho a reclamación alguna frente a PDVSA en razón de dificultades en la ejecución de El Servicio o Ejecución de Obras, siempre que dicha razón de dificultad sea imputable a La Aliada, con excepción de las modificaciones que pudieran introducirse en la Alianza Comercial por las variaciones en los montos por efecto de leyes, decretos, resoluciones y convenciones colectivos de trabajo, que incidan en forma directa y significativa sobre los costos de La Alianza, aprobadas dentro de la vigencia de La Alianza”.
Tales variaciones se pagarán utilizando los procedimientos establecidos por PDVSA.
Se remata indicando que “si La Aliada incurre en cualesquiera gastos o costos por encima del precio acordado conforme con el procedimiento previsto en la cláusula quinta, La Aliada asumirá por su sola cuenta y cargos cualesquiera gastos o costos adicionales que se hubieren originado por la ejecución de El Servicio o Ejecución de Obras”.
Se otorgarán adelantos en calidad de anticipo contractual de hasta el 50 por ciento del monto del contrato sin tributos y un anticipo espacial de hasta el veinte por ciento del monto del contrato sin tributos y con las garantías necesarias para proteger la inversión del Estado, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas vigente.
La cláusula quinta establece el procedimiento a seguir para que los pagos tengan procedencia, mientras que la cláusula sexta rige lo relativo a los anticipos, los cuales “La Aliada deberá justificar ante PDVSA” mediante rendición de cuenta de los recursos recibidos, la que deberá ser presentada “en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la formalización de emisión de los recursos que se destinen para el desarrollo de las adquisiciones objeto de la presente alianza Comercial”.
Del mismo modo se estipula que “PDVSA podrá solicitar o ejecutar las verificaciones materiales y físicas de prestación de servicios, ejecución de obras o entrega de suministros de bienes objeto de la Alianza Comercial, pudiendo solicitar la información y/o documentación relacionada, con el destino, manejo y utilización de los recursos asignados”.
Los errores y garantías
PDVSA deja sentado que la Aliada será responsable de los daños y perjuicios que ocasione durante la ejecución de la alianza comercial, bien sea por errores, evicción, omisión o negligencia.
Por ello deberá tomar las previsiones necesarias para evitar la ocurrencia de daños a terceros, procurando proteger las propiedades y bienes de la República como de particulares y el ambiente en general.
La Alianza Comercial solamente puede ser modificada de mutuo acuerdo y ratificada con un contrato complementario.
Se prohíbe la cesión y traspaso de la alianza sin autorización de PDVSA.
Se advierte que PDVSA podrá exigir a la aliada comercial la presentación de fianzas o garantías. Asimismo, “PDVSA podrá en caso de existir pagos, aplicar las retenciones sobre cada pago que haga a Las Partes, hasta cubrir el monto de cobertura requerido como garantía de la idoneidad de la contratación necesarios para PDVSA (…)”.
Entre otras consideraciones, PDVSA deja sentado que no contraerá ninguna responsabilidad laboral con el personal que preste servicios a la aliada comercial, siendo única y exclusiva responsabilidad de la aliada, el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con dicho personal.
[1] Reuters. “Analysis: Venezuela adjusts as sanctions spur Western oil partners to retreat”. 1 de junio de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-adjusts-sanctions-spur-western-oil-partners-retreat-2021-06-01/b
El juez Lewis Kaplan negó la moción del príncipe Andrew para desestimar la demanda de Virginia Giuffre en su contra.
Por Maibort Petit
La decisión de un juez de Nueva York obligará al Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel de Inglaterra, hacerle frente a un juicio por una demanda civil por abuso sexual presentada por una de las mujeres que acusó a de Jeffrey Epstein, y al miembro de la realeza de haberla abusado cuando tenía 17 años.
El juez de Manhattan, Lewis Kaplan dictaminó este miércoles que el juicio puede seguir su curso en la Corte de Nueva York.
En una decisión de 46 páginas, Kaplan “negó en todos los aspectos” los numerosos intentos de la realeza de desestimar la demanda de Virginia Roberts Giuffre en su contra.
Los abogados del Príncipe Andrés habían argumentado que el acuerdo de conciliación de 2009 entre Giuffre y Epstein lo protegía de cualquier responsabilidad derivada de las acusaciones de mujer.
El juez Kaplan insistió en que el acuerdo de $500,000 de Giuffre con Epstein era demasiado “ambiguo” para cubrir a Duque de York, razonando que Epstein probablemente sólo había buscado protegerse a sí mismo.
El magistrado también desestimó la sugerencia "sin mérito" del Príncipe Andrés, que ha argumentado que la denuncia de Giuffre debía ser "más definitiva" ya que la misma es ambigua.
Kaplan señaló cómo la demanda de Giuffre alega que Andrew “participó en actos sexuales con” ella “sin su consentimiento, sabiendo su edad y sabiendo que era una víctima de tráfico sexual que se vio obligada a participar en esos actos”.
El magistrado sostuvo en su fallo que la queja de Giuffre no es ni 'ininteligible' ni 'vaga' como advierte la realeza sino que la demanda de la mujer tiene alegaciones detalladas que de ser ciertas, serían “reprensibles”.
El juez advirtió que Giuffre “Alega incidentes discretos de abuso sexual en circunstancias particulares en tres lugares identificables. señala a quién atribuye ese abuso sexual”.
La decisión que tomó el juez Kaplan obligaría al Príncipe Andrés hacer frente a un juicio en su contra en la corte federal de Manhattan, programado para finales de este año.
De acuerdo a la demanda interpuesta por Giuffre, el difunto financiero Jeffrey Epstein la traficó y la obligó a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el Príncipe Andrés, y que la realeza sabía que ella era menor de edad (17) en ese momento.
La mujer alega que el Duque de York abusó sexualmente de ella en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en su mansión en Manhattan y en la casa de su exnovia Ghislaine Maxwell en Londres.
El juez Kaplan estableció un calendario que establece hasta el 14 de julio de 2022 para que el Príncipe Andrés responda las preguntas sobre el caso bajo juramento, luego de un fallo emitido por el tribunal el año pasado.
De no resolverse el caso con los trámites previos, el Duque de York podría enfrentar una fecha de juicio en el último trimestre de 2022.
La abogada de Giuffre, Sigrid McCawley, dijo en un comunicado que el fallo del juez es "otro paso importante en la heroica y decidida búsqueda de justicia de Virginia como sobreviviente del tráfico sexual".
La demanda civil se deriva de las acusaciones que unas supuestas víctimas hicieron contra Epstein, un millonario que abusaba de menores y que habría creado una red de tráfico sexual que incluía a sus influyentes amigos.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Epstein de llevar a cabo un esquema de décadas de abuso sexual de niñas menores de edad, llevándolas en aviones privados a sus propiedades en Florida, Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Epstein se declaró culpable en 2008 de cargos estatales de prostitución y en julio de 2019 fue acusado de cargos federales de tráfico sexual. El depravado se suicidó en prisión en 2019 antes de que pudiera ser juzgado.
Por su parte, Ghislaine Maxwell, su ex novia y ex-empleada, fue declara culpable en diciembre por cinco cargos federales, incluido el tráfico sexual de menores y conspiración.
Giuffre no pudo testificar contra Ghislaine Maxwell porque los fiscales consideraban que su relato no era fácil de probar, y porque los hechos por ella alegados fueron cuando tenía 17 años, que en Nueva York es la edad del consentimiento.
Giuffre alegó que Andrew, Epstein y Maxwell “la obligaron a participar en actos sexuales mediante amenazas expresas o implícitas”, y ella “temía morir o sufrir lesiones físicas” si desobedecía.
Después de la decisión, otro de los abogados de Giuffre, David Boies, dijo que la acusadora estaba "complacida" de que "ahora se tomarán pruebas sobre sus reclamos contra él".
“Ella espera una determinación judicial de los méritos de esos reclamos”, dijo en un comunicado.
El barranquillero habría hecho imponer sus influencias políticas para librarse de la justicia en el Ecuador.
Por Maibort Petit
Caricatura cortesía del artista Fernando Pinilla
El Fondo Global de Constructores, la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido Vargas que sirvió para instrumentar el mecanismo de defraudación que operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador, tuvo que vérselas con la justicia ecuatoriana, pero el poder político se impuso y logró salir ilesa del proceso. Prosiguieron, entonces, la estafa y los operadores financieros del empresario colombiano lograron sacar mediante un entramado de empresas, al menos USD. 70 millones de dólares de los bancos ecuatorianos para enviarlos a cuentas en paraísos fiscales. La fiscalía formuló cargos por el delito de lavado de activos llevada a cabo el 22 de noviembre de 2013, vinculándose en los hechos a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.
Se trató del proceso penal número 09286-2015-02285, que se siguió en contra de Foglocons, la cual tenía en cuentas bancarias de Ecuador (Banco del Austro y Banco Amazonas) y la jueza de la causa como medida cautelar ordenó la retención de fondos por la cantidad de USD 56.300.000 depositados en los referidos bancos. Pesar de esto, en la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote, declaró la nulidad del caso. La Fiscalía apeló, pero fue negada por la Corte Provincial de Guayas.
Después, en junio de 2015, se celebró una nueva audiencia de formulación de cargos, pero en enero de 2016, la jueza María Lorena Jaramillo Hidalgo, emitió el sobreseimiento definitivo de los procesados y ordenó el desbloqueo de las cuentas y la devolución del dinero.
Para la comisión parlamentaria resultó inaudito y asombroso que se haya vinculado al proceso penal a Álvaro Pulido Vargas, quien falleció en el año 2005 en Miami, Estados Unidos. Cabe destacar que Pulido Vargas es en realidad Germán Rubio Salas, jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Estuvo en prisión en 2000 acusado de transportar a Europa 2 toneladas de cocaína y 17 kg de heroína. Se suicidó judicialmente y asumió el nombre de otro muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, también colombiano, fallecido en 2005, como ya dijimos en Fort Lauderdale. Con su nueva identidad conoció a Saab.
En Estados Unidos
Entretanto, la Fiscalía de la Florida asegura que, desde el mes de marzo de 2012 hasta finales del año 2014, Saab y Pulido han realizado transferencias por más de USD 350 millones desde Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos. Los beneficiarios han sido varios ecuatorianos.
Entre los beneficiarios dentro del Ecuador y en los Estados Unidos, la comisión parlamentaria destaca Miguel Ángel Loor Centeno, abogado asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Foglocons para que recibieran transferencias millonarias de los depósitos que habían sido devueltos por orden judicial en Ecuador.
A Prymera Asesores S.A. (Panamá) en la que Miguel Ángel Loor Centeno figura como director, Víctor Silva ordenó se le entregara USD 24 millones. Loor también recibió USD 2.580.000 el 29 de agosto de 2016, igual por instrucciones de Víctor Silva.
También fueron beneficiarios de los dineros que fueron retenidos y posteriormente liberados, Whangarei Asset Corp, Víctor Silva Sosa, Jorge Zabala Egas, Luis Esteban de Guzmán Ollague, Joel Espinoza, Víctor León, Oscar Farez, Gabriel Bonilla, Eduardo Yépez, Andrea Alonzo, Carlos Pesantez, Edwin Porro, Jorge Saltos, Néstor Molina, M&M Loor Investments LLC.
Refiere el informe que dos años después, el 6 de marzo de 2018, dos años después de haber sido devuelto el dinero a los presuntos representantes de Foglocons, sospechosamente, apareció un nuevo pedido suscrito por el abogado ecuatoriano, Cesar Villavicencio Solórzano, dirigido a Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador en el que, tras exponer el fallo de la jueza Jaramillo, solicitó nuevamente la devolución de USD 47.536.403,93.
César Villavicencio explicó a la Comisión que el pedido lo hizo por solicitud de Víctor Alfaro, abogado personal de Álex Saab Morán y, además, representante de la empresa española FGDC, una de las dueñas de Foglocons Ecuador. Luis Eduardo Sánchez Yánez informó que las acciones legales para la Foglocons en Ecuador las dirigió Víctor Alfaro Márquez desde Venezuela.
Piedad Córdoba y Álex Saab
Determinó la comisión a través de su presidente, que la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, estaría vinculada con Álex Saab, así como que sus visitas al Palacio Presidencial de Carondelet durante el mandato de Rafael Correa eran frecuentes.
Refiere que tal hecho lo confirma el periodista colombiano Gerardo Reyes en su libro “Álex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Allí se narra que Córdoba habría gestionado en la Secretaría de Finanzas de Venezuela, así como también en Cadivi para obtener beneficios económicos para Álex Saab Morán y otros personajes.
El mecanismo de extracción
El informe de la comisión de Fiscalización y Control Político obtuvo información acerca de cómo los operadores financieros lograron sacar, al menos USD. 70 millones de dólares de los bancos ecuatorianos para enviarlos a cuentas fuera del país.
Foglocons, desde sus cuentas en bancos locales, transfirió a la cuenta de la empresa Clever Financial Investment Services (CFIS), Casa de Valores de Panamá, USD 23.000.166,47; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá USD 20.000.000; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú, USD 11.000.000; a la filial de CFIS en Ecuador, USD 9.692.538,94; a Window World USD 6.723.937,39; a “Sin Beneficiario” USD 4.557.613,55; a Inconeg S.A. USD 4.285.710; incluso, a Miguel Centeno (relacionado con Muxidercorp S.A y tío de Miguel Ángel Loor) le transfirió USD 736.002, entre otros beneficiarios.
Los destinatarios del dinero de Álex Saab
Asimismo, un viaje que realizaron el 5 de marzo de 2013 a la ciudad de Cuenca Carlos Felipe Pérez Castro, Guillermo Alfredo Montefusco Lange, Carlos Francisco León Ponte, Luis Sánchez Yánez, Luis Gusti Lugo, Luis Gusti López, Álvaro Pulido Vargas y José Sánchez Borja a bordo de un Gulfstream GLF4 con matrícula N1459A procedente de Bogotá, permitió a la comisión parlamentaria conocer quienes eran los destinatarios del dinero de Álex Saab.
Se trataba del directorio de Fondo Global de Construcciones y un selecto grupo de empresarios financieros que tenían como objetivo manejar el dinero de Saab y ponerlo a buen recaudo en países como Suiza, Panamá, Islas Vírgenes.
Determinó la comisión que el empresario venezolano, Carlos León Ponte Soto-Roso, y su pareja, Micaela Lehrer Alarcón, manejaron alrededor de USD 46,1 millones de dólares de Álex Saab.
Se presume que León Ponte es un presunto operador de Saab y directivo de varias empresas de Panamá, tales como Clever Financial Investment Services CFIS S.A. Casa de Valores, inscrita en Panamá en noviembre de 2006. Un año después de esto, León Ponte tomó el control total de Foglocons y recibió USD 23 millones.
La explicación que se le dio a esto fue que el monto transferido estaba destinado a la apertura de una cuenta de inversión en esa casa de valores, desde la cual se pagaba a proveedores y negociaciones en el exterior de Fondo Global Ecuador. En mayo de 2013, Ponte León aseguró estar autorizado por Foglocons para transferir millones de dólares, desde Ecuador a Panamá. Entre ambas empresas se habría firmado un contrato de administración de inversiones y asesoría que, supuestamente, se ejecutó a través de la cuenta de inversiones, abierta el 10 de enero de 2013.
Se dijo que existía un contrato para prestarles USD 36 millones a Fondo Global Perú.
El mecanismo para mover el dinero incluía otras empresas, entre ellas CFIS S.A. Ecuador, filial de la casa de valores panameña, constituida en octubre de 2016 por María Alarcón Bastidas y Daniel Lehrer Cociovitch, padres de Micaela Lehrer Alarcón. Esta empresa recibió USD 9,6 millones de Foglocons. Carlos León Ponte también era representante legal en Ecuador CFIS.
Micaela Lehrer y su padre Daniel, además son accionistas de Inmobiliaria Comercial y de Negocios, Inconeg S.A. compañía que también recibió USD 4,2 millones de las cuentas de Fondo Global y USD 8.446.360,80 de la empresa Pifogardens, investigada por lavado de activos en el Sistema Sucre, ambas vinculadas a exportaciones ficticias. Entre estas y otras transferencias, Inconeg, recibió USD 13,5 millones que fueron enviados posteriormente a Andorra, las Antillas Holandesas, Suiza, Hong Kong, Panamá, Estados Unidos, Venezuela y a otras empresas.
Pifogardens, empresa dedicada a la “exportación de flores y otras especies vegetales, al cultivo, cría, producción, explotación, comercialización, intermediación, importación y exportación de productos agropecuarios, forestales, agrícolas, florícolas”, figuró exportando carbonato de calcio con sobreprecio. Quien realizaba el pago de estos valores desde Venezuela era la empresa Inversiones Delsati C.A. Los últimos accionistas de Pifogardens fueron Marco Haro Haro y Byron Padilla. Este último sentenciado a 9 años de prisión y al pago de una multa de USD 44 millones por el delito de lavado de activos cometido a través de las exportaciones fraudulentas a Venezuela.
Contra Micaela Lehrer pesa una orden de detención preventiva desde 2014, indiciada por los delitos de lavado de activos relacionados con las exportaciones ficticias.
Lehrer, ecuatoriana de padre argentino, figura como intermediaria de Colonsworth Estates Corporation, una firma creada en enero de 2013 en las Islas Vírgenes, según los Papeles de Panamá.
Está establecido que Micaela Leherer Alarcón aportó en dinero y especie a la campaña electoral de Rafael Correa con Jorge Glas en 2013.
Los fiscales federales aseguraron ante el tribunal que estaban dispuestos a retirarle los cargos pendiente por perjurio a la socialité británica, Ghislaine Maxwell si no se va nuevamente a juicio, es decir, que la ex-novia y ex-empleada de Jeffrey Epstein podría evitar una nueva acusación si acepta que su sentencia por delitos de tráfico sexual de menores se realice este año y no se insiste en buscar la nulidad de juicio que concluyó en diciembre de 2021.
El gobierno envió una comunicación a la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan este lunes. Ante la inusual oferta de los fiscales, la defensa de Maxwell dijo que los cargos por perjurio deben ser postergados hasta que el tribunal falle sobre la solicitud de un nuevo juicio debido a las denuncias de Scotty David, uno de los jurados que presuntamente cometió delitos de perjurio y prejuicio.
Scotty David reveló a la prensa inglesa que había influido en la opinión de otros miembros del jurado durante las deliberaciones de una semana, al relatar que fue abusado sexualmente cuando era niño. Tras narrar su historia, los jurados que no estaban convencidos con las evidencias (testimonios) de las acusadoras de Maxwell fueron persuadidos y finalmente cambiaron su opinión para declarar culpable a la acusada.
David afirmó que no se le preguntó sobre su historial de abuso sexual durante el proceso de selección del jurado. Pero, de hecho, a todos los posibles miembros del jurado se les hicieron múltiples preguntas sobre sus experiencias pasadas con el abuso sexual y se les advirtió que sus respuestas podrían tenerse en cuenta para determinar su capacidad para ser imparciales.
Ghislaine Maxwell, de 60 años, fue declarada culpable en diciembre de haber reclutado adolescentes entre 1994 y 2004 para que el delincuente Jeffrey Epstein las abusara sexualmente.
Los dos cargos de perjurio a los que se refieren los fiscales se encuentran en un caso por separado que se basa en la acusación en que Maxwell supuestamente mintió bajo juramento en una declaración jurada que dio en 2016 en un caso de difamación presentado en su contra por la acusadora de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, en el Distrito Sur de Nueva York.
Maxwell ha negado todos los cargos desde el inicio de su proceso, y sus abogados han afirmado que la mujer s se convirtió en el chivo expiatorio de los fiscales debido a que no lograron enjuiciar a Epstein por delitos sexuales debido a que el millonario se suicidó en la cárcel de Manhattan antes del juicio.
Los abogados de Maxwell solicitaron a la juez Nathan que declara nulo el juicio en el que el jurado la halló culpable de 5 de los 6 delitos por los cuales fue enjuiciada la socialité británica.
El miembro del jurado afirmó que no se le preguntó sobre su historial de abuso sexual durante el proceso de selección del jurado. Pero, de hecho, a los posibles miembros del jurado se les hicieron múltiples preguntas sobre sus experiencias pasadas con el abuso sexual y se les advirtió que sus respuestas podrían tenerse en cuenta para determinar su capacidad para ser imparciales.
En la petición para que se declare un juicio nulo, la defensa argumenta que el jurado mintió ante el panel que seleccionaba los miembros del jurado, al ocultar sus antecedentes relacionados con abuso sexual, con lo cual comprometió todo el proceso.
El gobierno de Estados Unidos apoyó la decisión del tribunal de investigar los hechos alegados en la prensa, incluyendo el ofrecimiento de servicio de representación legal para el miembro del jurado que podría ser señalado de delitos de perjurio y prejuicio. Igualmente, los fiscales han pedido a la juez Nathan que dije la fecha de la condena para la primavera.
La juez Nathan aún no ha dado respuesta a la petición de la defensa pero se comprometió a realizar una investigación sobre la posible mala conducta del jurado.
Los fiscales advirtieron que en caso de que “ denieguen las mociones posteriores al juicio de la acusada, el gobierno está preparado para desestimar los cargos de perjurio por separado en el momento de la sentencia, a la luz de los importantes intereses de las víctimas en cerrar este asunto y evitar el trauma de testificar nuevamente”.
A todas luces se observa que los fiscales no quieren ir nuevamente a juicio, aunque expertos han señalado que es muy posible que el argumento de la defensa pueda conllevar a la que la juez Nathan decida anular el juicio y evitar que sea la corte de Apelaciones la que declare el derecho a un nuevo proceso.
Ghislaine Maxwell enfrenta dos cargos por presuntamente mentir bajo juramento en una declaración jurada que dio en 2016 en un caso de difamación presentado en su contra por la acusadora de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, en el Distrito Sur de Nueva York
Maxwell enfrenta una condena máxima de hasta 65 años de prisión.
Las conclusiones de la investigación desarrollada por una Comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador determinaron que el sistema de compensación creado por Hugo Chávez y Rafael Correa únicamente fue un mecanismo defraudación.
Por Maibort Petit
Paradójicamente el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, creado por los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Rafael Correa para combatir la hegemonía del dólar del tan aborrecible para ellos imperio de los Estados Unidos, encontró en la propia moneda el atractivo para poner en funcionamiento dicho sistema de pago y llevar a cabo el gran cúmulo de irregularidades y corruptelas que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador ha evidenciado en una investigación cuyos resultados están contenidos en un informe publicado el 13 de diciembre de 2021. Y es que, para los artífices de su instrumentación, las operaciones únicamente tenían atractivo si se llevaban a cabo con la moneda estadounidense que circula en el sistema financiero ecuatoriano.
Así lo refiere el ente parlamentario en las conclusiones del informe final de la investigación que establece que las presuntas irregularidades que pudiesen haberse cometido en las diferentes modalidades de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, bajo el sistema Sucre, “se tornaron atractivas por el uso de una moneda sólida como es el dólar, la misma que es de curso legal en nuestro país”.
Se determinó, igualmente, que la mayor parte de las operaciones de exportación de productos desde Ecuador hacia Venezuela, estaban sobrevaloradas y, en su mayoría, eran ficticias. Se comprobó que, por todas las transacciones comerciales internacionales, ya habían mediado los valores compensatorios que, sin lugar a dudas, eran los dólares que circulaban en el sistema financiero ecuatoriano. El propio subdirector del Servicio de Rentas Internas del Ecuador así lo reconoció en su comparecencia ante la comisión parlamentaria.
En pocas palabras, el enemigo a combatir se convirtió en la razón de su implementación a través de una trama de corrupción que involucró la creación de empresas de maletín detrás de las cuales estaría quien es señalado de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab —actualmente en proceso judicial en una corte de la Florida por lavado de dinero— y su socio, Álvaro Pulido.
Todo deja ver que se constituyeron empresas en Venezuela exclusivamente para importar desde Venezuela a través del Fondo Global de Construcción (Foglocons). De nada importó que las compañías involucradas carecieran de la experiencia y credenciales necesarias para llevar a cabo las tareas para las que se les contrató.
Señala informe que las compañías no tenían siquiera “antecedentes mínimos en el comercio exterior y peor aún en el uso y manejo de recursos económicos que sustenten la viabilidad financiera de tales actividades. La empresa Thermo Group, tiene como objeto social, comercializar productos para cabello; y, la empresa ELM Import, carecía de experiencia en temas de construcción”.
Refiere el informe parlamentario que el mayor volumen de requerimientos de materiales-órdenes de importación tuvieron como origen Venezuela, a través de la compañía ELM Import. Se trataba de órdenes de compra de materiales para la construcción de casas prefabricadas destinadas a las clases más necesitadas en Venezuela. El gobierno venezolano suscribió para ello un contrato con la citada empresa cuyo representante legal es Héctor David Sirit Rodríguez, quien también firmó el contrato para construir 5.600 viviendas multifamiliares. El precio del contrato fueron USD 435 millones.
Acota el informe que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, solicitó el 28 de febrero de 2013 al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT) de Venezuela, José David Cabello Rondón, información detallada de todas las importaciones realizadas por ELM Import, Thermo Group C.A. y cualquier otra compañía que hubiera declarado como proveedor extranjero a la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcciones (Foglocons) entre octubre de 2012 a la fecha de la solicitud, sin que se haya atendido la solicitud por el funcionario venezolano.
Destaca el informe de la comisión de la AN del Ecuador el conocimiento público que se tiene de que las referidas ELM Import y Thermo Group C.A. tienen vínculos con el señor Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. Asimismo, de que José David Cabello Rondón, quien dirigía y controlaba las importaciones y exportaciones en Venezuela, es hermano de Diosdado Cabello, uno de los funcionarios más poderosos del régimen chavista.
No escapó a la comisión parlamentaria la responsabilidad que también tenía, por su reincidente accionar de carácter omisivo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), cuyos funcionarios pudieran tener responsabilidades administrativas y/o presuntamente penales, por el posible incumplimiento en sus funciones.
Otra irregularidad detectada fue el hecho de que varias empresas domiciliadas en España, Colombia, Holanda, Estados Unidos, los cuales no eran estados miembros y/o beneficiarios del Sistema Sucre y, sin embargo, “se les permitió favorecerse de dichos mecanismos con la anuencia de las autoridades aduaneras ecuatorianas, presumiéndose la participación de estos funcionarios dentro de una organización delictiva”.
Apunta el informe que, presumiblemente, se habría querido ocultar deliberadamente la presencia o participación de Foglocons de Venezuela, cuando en determinados actos de comercio exterior entre Ecuador y Venezuela, se encontraban etiquetadas de la empresa, a pesar de tener otro destino que era la Red de Abastos Bicentenario S.A.
Para los parlamentarios es evidente que funcionarios del SENAE buscaban ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza o procedencia de los bienes objeto de las exportaciones y su destino.
Las relaciones de Saab y Pulido con el régimen venezolano
Las conclusiones del informe parlamentario sobre el Sistema Sucre refieren que es público y notorio el vínculo existente entre Álex Saab Morán y el gobierno venezolano.
Una relación que, incluso, tenía carácter legal y formal, en razón del contrato suscrito entre la administración de Hugo Chávez y el empresario colombiano para la construcción de unidades habitacionales para el programa gubernamental “Gran Misión Vivienda”.
Las empresas de papel
La investigación desarrollada por la comisión determinó que se habría conformado una estructura jerárquicamente organizada que constituyó “aproximadamente 308 empresas, muchas de las cuales, prestaron sus nombres tanto para ordenar pedidos de materiales de construcción de viviendas y otros productos, como para exportarlos desde los países de origen requeridos, como es en el presente caso entre Venezuela y Ecuador respectivamente”.
Remitiéndose a una información del Diario El Comercio a través de YouTube[1], indican que el representante legal de Foglocons en Colombia, era Álex Naim Saab Morán, quien suscribió de manera pública dicho convenio con el ministro de Industria de Venezuela, Ricardo Menéndez, ante la presencia del finado Hugo Chávez Frías, del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos; y, del entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro Moro, el día 28 de noviembre de 2011. Dicha empresa se había conformado apenas cuatro días antes de la firma del contrato, por lo que se le estaba asignando la responsabilidad a una compañía recién creada, sin ninguna experiencia en el campo de la construcción y sin el historial financiero necesario para llevar a cabo un multimillonario proyecto social de vivienda.
Deja sentado el informe que es evidente que la única intención de un convenio binacional entre Venezuela y Colombia, país este último que no integra el Sistema Sucre, solamente tenía por objetivo, “integrar al esquema preconcebido, a la empresa Foglocons, y a sus dos principales operadores, también de nacionalidad colombiana: Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes liderarían las actividades desde Venezuela”.
Entretanto, Fondo Global de Construcción-Foglocons (Ecuador), fue constituida el 19 de septiembre de 2012, ante la Notaria Trigésima Séptima encargada del cantón Guayaquil dirigida por Wendy María Vera Ríos. Los socios propietarios de esta persona jurídica eran Álvaro Enrique Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez.
Este último compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador durante la fase investigativa. Esto ocurrió el 10 de noviembre de 2021, cuando Sánchez Yánez manifestó que conoció a Pulido Vargas en agosto de 2011, durante una reunión social en la que conversaron sobre el proyecto “Misión Vivienda” en el que Álex Naim Saab Morán, firmó el convenio antes mencionado. En aquel entonces, Nicolás Maduro fungía como canciller venezolano. Dijo que, en enero de 2012, se reunió con Álvaro Pulido Vargas en Venezuela, en donde conversaron respecto de su contratación, y reconoce la existencia de la empresa Foglocons.
Luis Sánchez Yánez informó a la comisión que Foglocons operaba en Venezuela, Colombia y Ecuador, constituyéndose un holding de empresas, “una estructura corporativa o un velo desde Malta, con empresas españolas, para que a futuro absorbieran las acciones de las compañías anteriormente referidas. Por información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se desprende que los accionistas de Foglocons actuales, son de origen español y se denominan: Fondo Global Petrolero SL; y, Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitada, “tomando en consideración que los socios de las referidas empresas españolas, son los mismos integrantes del paquete accionario en ambas personas jurídicas”.
Sánchez Yánez confirmó su sociedad con Álvaro Pulido Vargas y que además conoció a Álex Saab Morán, como parte del proceso de constitución del holding empresarial que tenía sucursales en España, Colombia, Venezuela y Ecuador. También informó que viajó varias veces a Ecuador en aviones privados propiedad de Saab y Pulido Vargas.
Dijo que Foglocons con sede en Ecuador se constituyó en septiembre de 2012, fecha en que no ingresó a Ecuador, según información obtenida del Ministerio de Gobierno y manifestó que, posiblemente, firmó el documento de creación en Venezuela. Sin embargo, en el informe de la notaria Wendy Vera Ríos, se dice que comparecieron personalmente. Entretanto, los registros migratorios dan cuenta de que en la fecha de la suscripción de la escritura de constitución de Foglocons, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, no estaban en Ecuador.
Aunque Luis Eduardo Sánchez Yánez negó tener otros negocios o relaciones comerciales con Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab Morán, al siguiente día de la constitución de Foglocons, en la misma notaría, constituyó la Constructora Jaar S.A. (CONSJARSE) en la que figuran como socios Pulido Vargas y Sánchez Yánez. Se trata de una con el mismo nombre de otra domiciliada en Caracas-Venezuela, ubicada en el 9no piso de la torre Marriott, en la misma oficina, donde opera la empresa ELM Import, en la que laboraba Álvaro Pulido Vargas.
Los beneficios del diferencial cambiario
Se advierte que con el sistema de control cambiario que operaba en Venezuela, las empresas venezolanas que ordenaban supuestas importaciones del Ecuador, obtuvieron millonarios beneficios y recursos monetarios a través de ese diferencial cambiario.
Tal situación ocasionaba al mismo tiempo una afectación a la circulación propia del dólar en el territorio ecuatoriano, en razón de que se recibían tales cuantías de las exportaciones fantasmas, estos recursos eran enviados a paraísos fiscales e, inclusive, a los propios Estados Unidos.
Se indica que el SENAE certificó que las recién creadas empresas exportadoras de material de construcción, casi en su totalidad, nunca llegaron a realizar dichas operaciones comerciales internacionales. Agregan que llegaron a una situación que se agravó cuando también evadieron el pago de los tributos que le corresponderían al estado ecuatoriano.
Los vínculos con Rafael Correa
Los vínculos de Saab y Pulido con el gobierno de Rafael correa estarían dados por Luis Sánchez Yánez, cuyo hermano Jaime Sánchez Yánez, fue asesor del mandatario ecuatoriano.
Ante la comisión parlamentaria, el exgerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, informó que Jaime Sánchez Yánez, visitó al presidente del directorio del BCE, Diego Martínez Vinueza, para hablar sobre el sistema de compensación Sucre.
Villalba refirió que, tras la visita de Jaime Sánchez Yánez, Martínez, elevó el caso a conocimiento del secretario de la Presidencia de la República Omar Simons.
Del mismo modo, Mateo Villalba relató que, por información del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, conoció que algunos de los socios de Foglocons podían tener antecedentes de narcotráfico y con medidas de seguridad. Se trataba de Álvaro Pulido, quien vivía “rodeado de policías y guardaespaldas armados, tenía guardias en su casa, en los fines de semana, e inclusive cuando viajaba a Venezuela a las reuniones del Consejo Monetario Regional en Caracas, era con escolta armada, por eso para él fue bien difícil olvidarse de este evento porque fue muy traumático".
Lo expuesto por Villalba ante la comisión parlamentaria, deja sentado que la máxima autoridad penal del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, conocía que los socios de Foglocons estaban vinculados al narcotráfico, lo cual además fue confirmado a través del informe suscrito por el Agente Especial de la DEA-Embajada Americana, con sede en Bogotá, Edward Martínez, de fecha 26 de marzo de 2018, así como otros informes de la justicia estadounidense del mismo año, en los que se identifica a Álvaro Pulido Vargas, “con operaciones de narcotráfico, hecho que se encuentra relatado en la investigación realizada por el periodista Gerardo Reyes”.
REFERENCIAS
[1] YouTube. Diario el Comercio Videos. “¿Quién es ALEX SAAB y cómo se enriqueció con el régimen de NICOLÁS MADURO?”. S/F. https://www.youtube.com/watch?v=G29yyvJvf18
