jueves, 15 de abril de 2021

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.
  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

Juez del caso Crystallex designó a un maestro especial para proceder con la venta de acciones de CITGO

Por Maibort Petit 

   El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, quien está al frente del pleito legal entre Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, designó a un abogado Roberto Pincus como maestro especial para que se encargue del proceso de venta de las acciones de CITGO para que la minera canadiense pueda cobrar la deuda de $1.200 millones de dólares más intereses por concepto de la expropiación de sus activos por parte del fallecido presidente, Hugo Chávez. 

  Pincus trabajó para el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y fue el custodio de TransPerfect Global Inc. El experimentando abogado será el encargado de vender las acciones que PDVSA tiene en PDV Holdings Inc. para satisfacer la deuda de Crystallex que fue aprobada por el Tribunal Internacional de Arreglos y Controversias en un fallo de 2016.

  La Corte de Delaware, donde se dirime este caso, consideró que PDVSA es el alter ego de Venezuela y por tanto de PDV Holdings.

 El juez Stark cumplió con una solicitud que Crystallex hizo en septiembre de 2020 y aprobó la venta de acciones de PDV Holdings justo antes de mediados de enero de 2021. PDV Holdings es la empresa matriz de la refinería CITGO Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

  Con la acción del juez Stark, Crystallex quiere hacer cumplir un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares contra Venezuela, luego de una disputa de una década sobre la nacionalización de Venezuela en 2008 de su mina de oro en el estado suroriental de Bolívar. El monto se compone de $ 1.2 mil millones, más $ 200 millones de intereses otorgados por un tribunal de arbitraje del CIADI en 2016.

  En su decisión, Stark nombró a Pincus como maestro especial para supervisar la venta, incluidos los requisitos mínimos de publicidad, exigiendo depósitos sustanciales de buena fe de los postores y solo vendiendo tantas acciones como sea necesario para satisfacer los juicios.

  El juez también rechazó una propuesta de que solo la petrolera nacional venezolana PDV podría administrar la venta, y consideró que cualquier conocimiento único pertinente a la venta debe obtenerse y utilizarse independientemente de la administración de PDV.

"Habiendo hecho que Crystallex emprenda una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su fallo, el tribunal no permitirá que un deudor del fallo sumamente recalcitrante lleve a cabo su propio proceso de venta sobre la objeción de su acreedor fallido repetidamente victorioso", Stark escribió en su decisión.

  A pesar de fallar a favor de Crystallex, Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Todas las partes están de acuerdo en que, según la ley y la política actuales, una venta de acciones de PDV Holding no se puede completar sin una licencia específica Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez. "Pero todos los pasos preparatorios que se pueden tomar sin dicha licencia pueden y deben tomarse".

  En una decisión anterior, Stark dijo que había considerado las sanciones que EE. UU. impuso contra PDVSA, y lo que representan en lo que respecta a la política venezolana. 

   En particular, afirmó que evaluó una carta que fue enviada por Elliott Abrams, el entonces representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al Fiscal General y al Departamento de Justicia. En la misiva, Abrams declaró que Crystallex no puede vender las acciones sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Y que aprobar la venta de acciones dañaría la política exterior de EE. UU. Y los intereses de seguridad nacional en Venezuela y dañaría el apoyo diplomático otorgado por la administración del expresidente Donald Trump  al gobierno interino venezolano liderado por el líder opositor Juan Guaidó.


miércoles, 14 de abril de 2021

Liquidación de AllBank Corp. revela cómo Víctor Vargas habría establecido una estructura fraudulenta en Panamá que involucra hasta a nobles españoles

  El banquero venezolano hacía rotar las reservas en más de cinco países, afectando los intereses de miles de ahorristas.

Por Maibort Petit

   Transcurrido poco más de un año de la liquidación forzada de Allbank Corp. ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se dan a conocer nuevos detalles acerca de la situación de entidad financiera perteneciente al Grupo BOD del banquero venezolanos, Víctor Vargas Irausquín, entre ellos, que la estructura bancaria estaba montada en más de cinco países que se rotaban reservas bancarias como un mecanismo para evadir a el monitoreo de sus operaciones que afectaban a miles de ahorristas privados.
  Ante el organismo panameño han llegado cientos de reclamos de clientes de AllBank por renovaciones de plazos fijos no autorizados, reestructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, lo cual revelaba la existencia de problemas de solvencia vigentes desde 2018, es decir, a solamente siete años de su apertura en la nación centroamericana.

   Las novedades del caso revelan, como señala una nota del portal El Capital Financiero, el asunto salpica hasta a la realeza española, toda vez que la Fiscalía Adjunto Sección de Atención Primaria Segunda Subregional de Panamá admitió una querella penal interpuesta por Abdel Almengor por presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida agravada contra Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, entre otros representantes del AllBank. El último es hijo que Alfonso Borbón, duque de Cádiz en España, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco.
  Había encontrado el liquidador del banco, Rafael Moscarella Valladares, una serie de irregularidades que lo llevaron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá en contra de Vargas Irausquin y de los gerentes ejecutivos del banco al presumirse la comisión del ilícito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.

  El liquidador Moscarella advirtió la existencia de suficientes elementos de opacidad que sustentan la liquidación forzada del AllBank, entre ellos los reclamos que desde octubre de 2018 algunos clientes del banco por renovaciones de plazos fijos no autorizados, así como por órdenes de pago por montos importantes que no eran atendidas, lo cual revelaba un grave indicio de liquidez.

  Además de Vargas Irausquín y Luis Alfonso de Borbón Martínez, la acción penal incluye a toda la Junta Directiva de Allbank, a saber, Raúl Blatar Estevez, Jeffrey Poyo, Karla Mola González, Amalita Frías, Santos Ramos y Domingo Infante.

   Refiere la nota de El Capital Financiero que Luis Alfonso de Borbón Martínez no se encuentra por casualidad entre los integrantes de la directiva de AllBank Corp., toda vez que este está casado con la venezolana, María Margarita Vargas Santaella, hija de Víctor Vargas Irausquin.

  Ahora le corresponderá al noble español, responder ante la justicia panameña por los señalamientos que en la citada querella penal lo involucran como directivo de la entidad que habría afectado a Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval, las cuales reclaman perjuicios que superan los USD 30 millones, a causa de los supuestos manejos irregulares de AllBank.

  Refiere la reseña periodística que en agosto de 2019, el representante de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval solicitó a AllBank que le transfiriera fondos de cuenta a cuenta, “el cierre de la cuenta, la devolución de los fondos mediante cheque de gerencia, así como la explicación del motivo del no pago de cheque de su cuenta por $80,000, sin mediar explicación, así como la disposición irregular de fondos de sus cuentas”.

   También solicitaron que se le corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A, en virtud de que reflejaba un monto inferior a los USD 7 millones que poseía. Ninguno de los requerimientos fue satisfecho por la entidad bancaria.

   La querella penal señala que lo ocurrido constituye una negación a “que su propietario disponga de sus fondos, provocándose con ello una afectación en el giro de sus actividades empresariales, y de desarrollo comercial, sin explicación alguna por parte del custodio de estos dineros”[1].

  El diario Panamá América también da cuenta del hecho y recuerda que, además de AllBank Corp., Víctor Vargas abrió en octubre de 2011 en la nación centroamericana, la casa de valores Plus Capital Market, al tiempo que compró los derechos de un edificio al cual le daría el nombre de Torre AllBank, con el objetivo de revestir su inversión de gran prestigio.

   Pero estas operaciones, supuestamente, carecían de la transparencia debida, toda vez que el grupo financiero de Vargas Irausquín las coordinaba de tal manera que pudiera jugar con las reservas, como lo señaló el informe de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

  La nota periodística de Panamá América “explica que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra”.

   El resto de la estructura se encontraba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, así como en República Dominicana con el Banco América (también intervenido) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (igualmente bajo intervención).

  La nota de Panamá América refiere que AllBank manejaba en Panamá USD 175 millones, de los cuales USD 100.7 millones son de particulares que tenían USD 38.1 millones en depósitos a la vista y USD 51.7 millones en plazos fijos. Esta información difiere de los datos manejados por Venezuela Política que el 15 de diciembre de 2019 dio a conocer los detalles de la Resolución de Intervención en razón que de estábamos en poder del documento emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El documento en cuestión revelaba que los administradores interinos del banco establecieron que el Allbank Corp mantenía “USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad”.

   Agregaba el documento que dimos en conocer en aquel entonces que “la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5 millones de los cuales, USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7 millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico”.

   La SBP determinó que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank se encontraban en el Banco Orinoco de Curazao, entidad intervenida, como ya lo hemos referido, desde septiembre de 2019.

La decisión de liquidar el AllBank

  El 8 de noviembre de 2019, el Superintendente de Bancos de la República de Panamá, Ricardo G. Fernández, decidió, luego de conocer el informe presentado por el Administrador Interino en el que se revelaba la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de la institución, la liquidación forzosa de Allbank Corp, entidad perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.

  La entidad había llegado a manejar más de USD 180 millones en activos líquidos y USD 175 millones en depósitos.

  La referida superintendencia tomó la resolución para proteger los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, entidad beneficiaria de su único accionista, Allbank Corp.

  Los detalles de la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, los dimos a conocer en Venezuela Política[2], la cual indicaba que el Allbank Corp es una sociedad anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.

   Informamos en este entonces que en una decisión previa adoptada a través de la resolución SBP-0169-2019 del 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Banco de Panamá tomó el control administrativo y operativo del Allbank Corp luego de que el tribunal de Primera Instancia de Curazao adoptara el 5 de septiembre de 2019 una "medida de emergencia" para el Banco del Orinoco N.V., “beneficiario principal a quien, a su vez, es el único accionista de Allbank Corp. Los efectos directos de esta medida establecían que ‘(…) el Banco del Orinoco no podrá ser obligado a cumplir sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos’".

  La SBP alertó sus dudas sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que contaba la entidad, la liquidez, el débil gobierno corporativo y gestión de riesgos, la baja calidad de la cartera de préstamos, la deficiente gestión de activos, entre otras falencias.

  El organismo panameño advirtió el alto grado de debilidad en la viabilidad financiera y gestión corporativa de Allbank en razón de la falta de un plan de negocios viable para la sostenibilidad de las operaciones de la institución, así como por sus controles internos no adecuados y las condiciones de la cartera de crédito.

  Por todo ello, la Superintendencia de Bancos decidió tomar el control de Allbank Corp sobre la base de lo establecido en las causales 2 y 4 del artículo 132 de la Ley Bancaria, las cuales estipulan que el banco no puede proseguir operando sin que corran peligro los intereses de los depositantes y sobre el incumplimiento por parte de la institución bancaria de los requisitos exigidos por la SBP de acuerdo al artículo 130 de la misma Ley Bancaria.

La cartera de préstamo neta ascendía a USD 64.6 millones.

  Para el momento de redacción de su informe, los administradores interinos concluyeron que no habían logrado completar el análisis de valor de los activos porque no habían recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les había solicitado. Este incumplimiento impedía conocer en detalle los montos de las colocaciones de las realmente se disponía.

  Se desconocía igualmente en aquella fecha, la existencia y valor de cada uno de los títulos valores reportados en la cartera de inversión de aproximadamente USD 107.3 millones. “Se tenía un estimado de lo existente en el Banco del Orinoco y en el Plus Capital Market Inc., pero no había certeza de los títulos valores allí custodiados, lo que impedía conocer fidedignamente la situación financiera del Allbank Corp”.

REFERENCIAS

[1] El Capital Financiero. “La liquidación de AllBank en Panamá toca a la realeza española”. 13 de abril de 2021. https://elcapitalfinanciero.com/la-liquidacion-de-allbank-en-panama-toca-a-la-realeza-espanola/?doing_wp_cron=1618323601.8909530639648437500000


[2] Venezuela Política. “Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá”. 15 de diciembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/12/conozca-los-detalles-de-la-liquidacion.html




martes, 13 de abril de 2021

Experto: Con el gobierno interino se mantiene el carácter de alter ego de PDVSA respecto a Venezuela

  La llegada de Guaidó al escenario político en 2019 y su lucha contra el régimen de Maduro por el control de PDVSA, no solo mantuvo su condición de alter ego frente a Venezuela, sino que la profundizó aún más, sostiene.

Por Maibort Petit

   No ha habido variación alguna en el carácter de “alter ego” que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mantiene con respecto a Venezuela con el gobierno interino en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, argumento que podría ayudar a reforzar la venta de las acciones de los activos de la república para dar cumplimiento a las obligaciones que no se han pagado.

  El 19 de febrero de 2021, Manuel A. Gómez, profesor de Derecho y Decano Asociado de Estudios de Posgrado y Compromiso Global en la Universidad Internacional de Florida con experiencia en la resolución de disputas transnacionales de derecho internacional y comparado, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en apoyo a la Moción de reparación presentada por Northrop Grumman Ship Systems Inc. en contra del Ministerio de Defensa de Venezuela.

   Refiere Gómez en su declaración que contratado por el abogado de Northrop Grumman Ship Systems Inc., antes conocida como Ingalls Shipbuilding Incorporated y ahora conocido como Huntington Ingalls Incorporated, con el objetivo de analizar ciertos asuntos relacionados con Venezuela en apoyo de una orden judicial de apego fieri facias relacionada con las acciones de PDV Holding Inc. (PDVH), una corporación de Delaware propiedad en su totalidad de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), petrolera estatal y alter ego deudor de Venezuela.

  Explica que se trata de su opinión profesional basada en su conocimiento y familiaridad con el sistema legal venezolano y su realidad política actual; el análisis de los hechos y circunstancias del caso con base en la revisión de una serie de documentos; y en su análisis de las leyes y otras regulaciones, informes gubernamentales, decisiones judiciales, artículos de noticias y publicaciones académicas.

  Seguidamente cita las dos preguntas que le solicitaron responder y que, a saber, son:

a) Si PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela —como determinó esta Corte en agosto de 2018— de manera que los activos de PDVSA en Estados Unidos aún están sujetos al control generalizado de Venezuela.

b) Si las circunstancias del análisis alter ego de la Corte con respecto a PDVSA han cambiado desde la decisión de Estados Unidos en enero de 2019 de trasladar su reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela que encabeza Juan Guaidó en lugar de Nicolás Maduro.

  Aclara que su opinión no está sujeta a ninguna influencia externa, presión o interés en el resultado de ninguna disputa, potencial o presente, entre cualquiera y todas las partes involucradas en el caso. Las consideraciones y conclusiones expresadas en este informe plasman mi opinión profesional sobre materias específicas a las que se refieren.

  En tal sentido refiere, en primer lugar que de acuerdo a su criterio profesional, primero, PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela y sus activos e intereses en los Estados Unidos todavía están sujetos al control generalizado de los líderes políticos de Venezuela; y segundo, las circunstancias consideradas por la Corte para considerar a PDVSA como el alter ego de Venezuela se han acentuado en relación con el amplio control que ejercen los líderes políticos del país desde que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019.

Venezuela y PDVSA como una sola durante las últimas dos décadas

  Recuerda que PDVSA fue creada originalmente en 1975 como un holding estatal para llevar a cabo las políticas gubernamentales en materia de distribución y comercialización de hidrocarburos en Venezuela. Sin embargo, advierte que, a pesar de haber sido constituida como corporación comercial privada sujeta a las leyes y regulaciones aplicables a todas las firmas comerciales, la petrolera está bajo el control y fiscalización del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minería.

   Subrayó que la forma corporativa le dio a PDVSA cierto grado de flexibilidad e independencia operativa, mientras que Venezuela, como único accionista, mantuvo cierto nivel de supervisión. 

  Agregó que siendo los hidrocarburos el principal pilar de la economía venezolana, PDVSA siempre ha tenido una importancia estratégica para el gobierno. Advirtió que, al menos hasta principios de la década de 2000, el nivel de intervención gubernamental en las operaciones de PDVSA se limitó a lo requerido por los diferentes estatutos y regulaciones gubernamentales, siendo mínima la interferencia política en las entidades controladoras.

  En su declaración a la Corte de Delaware, Manuel A. Gómez precisa que 2003 fue el año que se constituyó como el punto de ruptura en la relación entre Venezuela y PDVSA, dando comienzo a una nueva relación entre los dos, caracterizada por la erosión que el primero comenzó a ocasionar en la independencia de PDVSA. Tras una huelga petrolera nacional que paralizó la industria y la economía del país en febrero de dicho año, el gobierno de Hugo Chávez tomó la dramática decisión de despedir sumariamente a unos 18.000 empleados que constituían el 40 por ciento de la fuerza laboral de la empresa.

  Desde entonces, refiere Gómez, PDVSA se convirtió cada vez más en un instrumento político del gobierno chavista y las vacantes dejadas por los despidos fueron llenadas con simpatizantes políticos del partido de Chávez.

  Sostiene que, en términos económicos, PDVSA se convirtió en el principal financiador de programas y actividades gubernamentales que, incluso, en muchos casos son ajenos al negocio de comercialización de hidrocarburos.

   Del mismo modo, indicó que, tal como se reveló más tarde, PDVSA se convirtió en un fondo de sobornos del gobierno chavista para financiar campañas políticas, comprar votos y lograr prominencia geopolítica en todo el mundo a través de una serie de programas sociales denominados Misiones Bolivarianas

  Gómez advierte que el cambio de amplio control gubernamental no se limitó a PDVSA y sus afiliadas, sino a todos los activos, independientemente de si estaban ubicados en el país o en el extranjero.

  Sostiene que la administración de Nicolás Maduro ha seguido tratando abiertamente a PDVSA y sus afiliadas como un apéndice del gobierno venezolano.

  Recuerda que el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, prestó juramento como presidente interino del país ante la crisis constitucional generada por la negativa del presidente Maduro a dimitir a pesar de la expiración de su mandato. Un nombramiento sustentado en una interpretación del artículo 233 de la Constitución. Esto en razón de que las elecciones de 2018 fueron ilegítimas en parte porque los partidos de la oposición fueron descalificados para participar. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó como presidente interino y ha prometido apoyar sus esfuerzos para presionar a Maduro para que renuncie, para que se puedan celebrar elecciones libres y justas y el país pueda recuperar su estabilidad institucional.

   Pero a pesar del repudio por parte de muchos gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales, Maduro y sus funcionarios permanecen en el cargo y en control efectivo del gobierno y el territorio. Guaidó, por su parte, ha hecho designaciones claves —la mayoría de personas que se encuentran fuera de Venezuela— que trabajan ad honorem en áreas críticas como relaciones exteriores, desarrollo económico, reestructuración de deuda, recuperación de activos, representación legal, así como en la gestión de entidades estatales como PDVSA y afiliadas.

  Acota que, durante más de un año, la tensión entre Guaidó y Maduro ha creado un tira y afloja institucional sin precedentes, con dos presidencias, dos legislaturas y dos Cortes Supremas. Ambos han utilizado su influencia política para mantener un amplio control sobre todos los activos extranjeros en poder de las entidades de propiedad de Venezuela, especialmente PDVSA y sus afiliadas y no han tenido reparos en tratar esos activos como propiedad directa de Venezuela.

Se intensifica control político de Venezuela sobre PDVSA

   De acuerdo a Manuel A. Gómez, apunta que uno de los primeros actos oficiales de la Asamblea Nacional, luego de la toma de posesión de Juan Guaidó como presidente interino, fue la emisión de un acto de emergencia, el 5 de febrero de 2019, denominado “Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, conocido como Estatuto de Transición que, en su artículo 34, anuló expresamente el régimen societario ordinario de PDVSA al facultar al presidente interino para designar una Junta Directiva especial que ejerza  sus derechos como accionista de PDV Holding, incluida la selección de los miembros de su junta directiva, de CITGO y otras afiliadas. Este estatuto fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro.

   El desafío legal continuó con una acción presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware por seis exfuncionarios corporativos de PDVSA y entidades relacionadas contra los designados por Guaidó de conformidad con el estatuto de Transición. La Corte tomó como válida la reconstitución del directorio de PDVSA resultante de la decisión de Guaidó y el estatuto.

  Refiere Gómez que en virtud del régimen legal excepcional creado por la Asamblea Nacional a través del estatuto de Transición y otros actos formales, cuya legitimidad ha sido reafirmada ante tribunales extranjeros, el presidente interino Guaidó ha otorgado a sus designados, facultades ilimitadas para ejercer un control considerable sobre PDVSA, PDV Holding y CITGO.

  De hecho, sostiene que Guaidó solo ha podido ejercer su poder y tomar decisiones sobre los activos ubicados en el exterior.

  Cita que el 2 de abril de 2019, la Asamblea Nacional emitió un “Acuerdo para ampliar los poderes conferidos y el número de miembros ad-hoc de PDVSA” que amplió aún más el control de Guaidó sobre PDVSA al permitirle emitir un decreto para ampliar la autoridad del directorio de PDVSA, cualquiera mediante la suspensión de todos los derechos y facultades conferidos a la Asamblea de Accionistas, el directorio y la presidencia de PDVSA y sus afiliadas.

  Estima el experto que el sometimiento de los activos propios de PDVSA al control extraordinario del gobierno interino de Juan Guaidó y su tratamiento como propiedad del Estado venezolano, también se refleja en la limitación impuesta por el artículo 36 del Estatuto de Transición que excluye el uso de cualquier fondo perteneciente a PDVSA o cualquier otra entidad estatal hasta después de que el régimen de Nicolás Maduro ceda el poder.

   Pero además de los actos jurídicos antes mencionados, el gobierno interino de Juan Guaidó ha emitido reiteradas declaraciones públicas en las que asegura que los activos de PDVSA, PDV Holding y CITGO son propiedad de Venezuela y del pueblo venezolano, y que la designación de los miembros del directorio especial de PDVSA y entidades relacionadas y otras medidas tomadas son parte de la estrategia para preservar la propiedad de todos los venezolanos.

  Es así como con base a lo expuesto, Manuel A. Gómez considera que es claro que PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela, de manera que los activos de la estatal petrolera en los Estados Unidos están aún sujetos al control generalizado de Venezuela. Un control que se ha intensificado desde la decisión de los Estados Unidos de reconocer como gobierno legítimo de Venezuela, al que encabeza Juan Guaidó y no el de Nicolás Maduro.

lunes, 12 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones confirma decisión que concedió laudo arbitral a Huntington Ingalls por repotenciación de dos barcos de armada venezolana

   La corte estableció que, efectivamente como lo había determinado el tribunal de distrito de Mississippi, un arbitraje sobre el asunto en Venezuela era impracticable dada la situación política del país.

Por Maibort Petit

   El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó decisión del Tribunal de Distrito Federal de Mississippi, el cual reconoció y ejecutó un laudo emitido por un tribunal arbitral.
   Esto se refiere a una decisión del 19 de febrero de 2018 adoptada por un tribunal arbitral que emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457, 27 sin incluir los intereses posteriores a dicho laudo. Posteriormente, el 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte le concedió el 31 de marzo de 2020. La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43[1].

   La sentencia de la Corte de apelaciones recapitula en su decisión que poco más de un año antes de que Hugo Chávez llegara asumiera la presidencia de Venezuela, la empresa Huntington Ingalls Incorporated —anteriormente conocida como Northrop Grumman Ship Systems Inc. e Ingalls Shipbuilding Inc.— un contratista con sede en Estados Unidos, acordó renovar dos buques de guerra para el Ministerio de Defensa de la República de Venezuela. Un par de años más tarde, con Chávez ya en el poder, la empresa buscó arbitrar una disputa por sobrecostos con el referido despacho gubernamental venezolano.

   Refiere la sentencia que, aunque el contrato de las partes designaba a Venezuela como el foro arbitral exclusivo, el tribunal de distrito de Mississippi ordenó el arbitraje fuera de este país, toda vez que la acción sería impracticable en razón del entorno político hostil reinante en la nación caribeña, pues los tribunales venezolanos se pondrían del lado del Ministerio de Defensa de manera injusta. Tras la determinación de impracticabilidad del tribunal de distrito, la causa se trasladó el arbitraje a Brasil, donde se otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones. Luego, el tribunal de distrito hizo cumplir el laudo arbitral y dictó sentencia a favor de Huntington Ingalls.

 Se concluyó que el tribunal de distrito no había ignorado manifiestamente el acuerdo de las partes ni la ley, por lo cual se afirma la sentencia.

Los antecedentes

  Este casio surge en 1997, cuando Huntington Ingalls celebró un contrato de USD 315 millones con el Ministerio de Defensa de Venezuela para reparar dos fragatas de la Armada venezolana, a saber la ARV Mariscal Sucre y la ARV Almirante Brión, tarea que se llevaría a cabo en el astillero de Huntington Ingalls en Pascagoula, Mississippi. Entre otras disposiciones, se establecía en el contrato que el arbitraje , en caso de controversia, se llevaría a cabo en Caracas, Venezuela.

  En 2002, las partes tuvieron un desacuerdo sustancial sobre los sobrecostos y en vista de que Huntington Ingalls no logró que el Ministerio de Defensa pagar por los trabajos, presentó una demanda en el Distrito Sur de Mississippi, buscando daños, medidas cautelares y arbitraje obligatorio. El Ministerio no se presentó y el secretario del tribunal lo declaró en rebeldía.

   A partir de entonces se inició una disputa con relación al arbitraje, toda vez que Huntington Ingalls estimaba que las circunstancias políticas imperantes en venezuela impedían la realización de un proceso justo. Se acotó la dependencia del poder judicial venezolano del poder ejecutivo, dado que la mayoría de los jueces del país tenían carácter provisorio y estaban sujetos a los dictámenes del gobierno.

  El tribunal de distrito aceptó la moción de Huntington Ingalls y ordenó el arbitraje en Mississippi con el argumento de que "la situación política violentamente inestable en Venezuela ha convertido a ese país en un foro inadecuado en este momento". El tribunal arbitral designado, a su vez, trasladó el procedimiento a la Ciudad de México, México "para asegurar la mayor igualdad entre las partes".

   Dado de que antes de que se cumpliera el arbitraje, el Ministerio compareció ante el tribunal de distrito y procedió a anular la orden de arbitraje o, alternativamente, a suspenderlo, lo cual fue concedido por la corte, pero antes de que hubiera un pronunciamiento, el abogado de la demandada ofreció a Huntington Ingalls USD 70 millones para resolver el caso y esta aceptó. Por ello, el tribunal de distrito emitió una orden desestimando el caso con prejuicio.

  Ocurrió que el Ministerio no había autorizado a su abogado a llegar a un acuerdo sino simplemente a negociarlo y procedió a contratar a un nuevo abogado y a anular la orden de despido del tribunal de distrito. El tribunal de distrito rechazó la moción del Ministerio y aplicó el acuerdo de conciliación.

  El procedimiento de arbitraje de la Ciudad de México finalmente terminó sin una decisión en 2008.

 El Ministerio apeló, impugnando tanto la decisión del tribunal de distrito de hacer cumplir el acuerdo de conciliación como la negativa anterior de obligar al arbitraje en Venezuela.

  Después de escuchar a expertos se determinó la impracticabilidad de realizar el arbitraje en Venezuela. Luego las partes informaron al tribunal de distrito que acordaron someterse a un arbitraje en Washington, DC., pero el Ministerio advirtió que lo solo aceptó el arbitraje en DC "bajo protesta". La corte razonó que el incumplimiento del Ministerio de arbitrar en Washington había eliminado efectivamente cualquier acuerdo sobre el foro arbitral.

  Fue así que, luego de un proceso de judicial de siete días y numerosas rondas informativas, el tribunal otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones en compensación, intereses previos al laudo y costos.

   Por ello, Huntington Ingalls se movió para hacer cumplir ese premio en el Distrito Sur de Mississippi, donde el tribunal de distrito aceptó la moción y rechazó los argumentos del Ministerio de que el tribunal se había equivocado al ordenar el arbitraje fuera de Venezuela, así como sus argumentos de que el tribunal, a su vez, se había equivocado al trasladar el arbitraje a Brasil. El Ministerio apeló oportunamente.

  Huntington Ingalls primero intentó hacer cumplir el laudo en el Distrito del Distrito de Columbia, pero ese tribunal desestimó la moción de Huntington Ingalls a la luz de la continua jurisdicción del Distrito Sur de Mississippi sobre el caso.

Las consideraciones del caso

  El tribunal de apelaciones refirió, en primer lugar, que el asunto de la impracticabilidad del arbitraje ya había sido considerado y decidido por otro panel en ocasión anterior, esto ya es ley del caso no revisable.

  Advierte la sentencia que esto sólo sería revisable si: (1) se presentaron al tribunal de distrito pruebas "sustancialmente diferentes" en prisión preventiva; (2) la autoridad de control ha cambiado la ley aplicable a la emisión; o (3) las decisiones del panel anterior eran claramente erróneas, de modo que su aplicación continua daría lugar a una "injusticia manifiesta". Dado que ninguno de estos casos se aplica, el tribunal de apelaciones determinó que el panel anterior no decidió erróneamente al concluir que la impracticabilidad está disponible como defensa ante los arbitrajes comprendidos en la Convención de Panamá.

  El Tribunal había establecido tanto la jurisdicción del tribunal de distrito bajo el Código de Estados Unidos, bajo la Ley Federal de Arbitraje, 9 USC §§ 203, 302, que codifica la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá), la cual rige generalmente los arbitrajes internacionales en América.

  Por ello, el tribunal rechazó la invitación del Ministerio a reconsiderar si el análisis de impracticabilidad previo al arbitraje de las cláusulas del foro arbitral es apropiado en virtud de la Convención de Panamá o si el tribunal de distrito estaba obligado a abordar la divisibilidad en prisión preventiva.

   Por otra parte, el tribunal de apelaciones concluyó que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que las condiciones políticas hacían impracticable el arbitraje en Venezuela y que tales condiciones eran imprevisibles para Huntington Ingalls en el momento en que firmó el contrato.

  El tribunal de distrito concluyó que las condiciones en Venezuela se elevaron a ese nivel. Al hacerlo, el tribunal de distrito aparentemente acreditó la opinión de Gómez de que "el arbitraje en Caracas no sería factible" y la opinión de Canova González de que litigar contra el gobierno venezolano en el país "no daría como resultado un resultado justo, ya que el sistema legal dentro de Venezuela favorece juicios para el gobierno ".

  Refiere la sentencia que la corte concluyó que el tribunal de distrito no incurrió en error al considerar impracticable la aplicación de la cláusula del foro arbitral, una decisión en la se sustentó en la opinión de expertos y evidencias que indicaban que el arbitraje de las partes en Venezuela probablemente se vería afectado por la influencia política y que Huntington Ingalls probablemente se vería afectado.

  Por todo ello, el tribunal de apelaciones consideró que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que sería impracticable que Huntington Ingalls arbitrara el caso en Venezuela.

  Igualmente, determinó que no era previsible que Huntington Ingalls pudiera prever que una situación como esa pudiera ocurrir cuando firmó el contrato con el ministerio.

  El tribunal de apelaciones refiere que consideró ampliamente el contrato y la ley venezolana incorporados al mismo.

  Sin embargo, evaluó que lo allí establecido quedó efectivamente inoperante por la anterior decisión de impracticabilidad del tribunal de distrito y, por separado, por el acuerdo de las partes de arbitrar en Washington, algo que que el tribunal razonó que el Ministerio no podía incumplir.

  Del mismo modo, el tribunal razonó que el acuerdo de las partes sobre Washington también había fracasado porque el Ministerio seguía presionando por el arbitraje en Caracas. Sin una cláusula de foro arbitral viable y en ausencia de otro acuerdo efectivo, el tribunal razonó que la disposición de elección de la ley del contrato requería que el propio tribunal determinara el foro arbitral apropiado según la ley venezolana. Ejerciendo esa autoridad, el tribunal luego trasladó la sede del arbitraje a Brasil para "salvaguardar tanto la neutralidad como la integridad del arbitraje".

  Advierte finalmente la sentencia que habiéndose hecho todas estas consideraciones, determinó que la decisión del tribunal "extrae su esencia" de la acuerdo y no "ignoró manifiestamente el acuerdo de las partes o la ley al mover el arbitraje a Brasil y, por tanto, concluyó que el tribunal de distrito ejecutó correctamente el laudo arbitral.













[1] Venezuela Política. “Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO”. 8 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/huntington-ingalls-quiere-cobrar-su.html


  

jueves, 8 de abril de 2021

Interamerican Consulting brega para que el tribunal no acepte declaraciones formuladas por David Rivera a la prensa

   La empresa demandada por la filial de PDVSA busca evitar por todos los medios posibles que las declaraciones de su propietario, sean utilizadas en el curso del proceso judicial que se dirime en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Por Maibort Petit

   Las declaraciones que David Rivera haya hecho a la prensa no deben ser utilizadas en el proceso judicial que PDV USA Inc. sigue en contra de la empresa propiedad del excongresista de los Estados Unidos, Interamerican Consulting.
  Tal requerimiento es formulado por la propia compañía demandada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde tiene lugar el procedimiento judicial.

   PDV USA reclama el incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que, supuestamente, nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa.

La moción

   Interamerican Consulting Inc. presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York un memorándum de respuesta en apoyo adicional de su Moción de Huelga, de conformidad con Fed. R. Civ. Pág. 12 (f), que forma parte de la Demanda Enmendada en la que se profieren ataques de carácter ad hominem, sin fundamento que sugieren una conducta delictiva de un ciudadano estadounidense que no es parte del caso.

  Sostiene la demandada que afirmaciones sin fundamento que sugieran una conducta criminal de una no parte, son irrelevantes para el caso, por lo que deben ser rechazadas.

  En su escrito, la demandada refiere que PDV USA Inc. no considera el hecho de que David Rivera no es parte en el caso y por eso se sustenta en una suposición tácita y sin fundamento, de que cuando Rivera supuestamente hizo ciertas declaraciones reportadas en artículos noticiosos, lo hizo como representante de Interamerican con respecto a los temas de este caso. Indica que, en lugar de contextualizar su posición, el demandante alega selectivamente citas de artículos que no se han proporcionado textualmente o en su totalidad para la revisión del Tribunal.
   Recuerda que la ley es clara en el sentido de que una parte no puede presumir, sin más, de que una persona está haciendo declaraciones en una capacidad particular (como director o funcionario de una empresa). La jurisprudencia señala que las declaraciones hechas por alguien en calidad de representante sindical en lugar de como empleado, son sólo rumores y las que no se hagan por un oficial son de oídas y desagradables.

   Subraya que PDV USA no alega que Rivera hizo las supuestas declaraciones a título oficial para Interamerican y apunta que este (Rivera) tiene muchas funcione como hombre de negocios y ex-legislador. Precisa que el demandante no ha aclarado el contexto de las supuestas declaraciones hechas en los artículos de prensa y no está claro en qué calidad de qué Rivera supuestamente hizo las declaraciones, como tampoco se aclara el contexto de las mismas. En tal sentido, refiere que al demandante no aclarar esta incertidumbre para sugerir un delito criminal, solo por esta razón, deben ser descartadas.

  Advierte que la demandada que los alegatos que consisten en artículos de noticias fuera de contexto que pretenden documentar citas de Rivera, lo cual no sirve para respaldar un elemento en cualquier reclamo.

   En segundo lugar, refiere el escrito de Interamerican Consulting que PDV USA declara erróneamente la prueba 12 (f) de prejuicio y agrega que, además, que la moción debe ser denegada porque la demandada “no estableció 'prejuicio'".

 Precisa que la jurisprudencia utilizada por PDV USA para sustentarse, no aplica, toda vez que no requiere que el demandante establezca el prejuicio existente, solo la posibilidad de un perjuicio futuro.

  Indica que “atrozmente”, el PDV USA afirma que "en la medida en que Interamerican o el Sr. Rivera están preocupados por la mala prensa, no tienen a nadie a quien culpar más que al Sr. Rivera". En este sentido, sostienen que este es un ejercicio de culpabilización de la víctima por parte de una entidad que representa a una empresa venezolana sancionada por Estados Unidos, que nuevamente pierde el sentido. Agregan que las supuestas declaraciones de David Rivera a la prensa a título personal, incluso si fueron proporcionadas de manera precisa y completa al Tribunal, están más allá del ámbito de relevancia para el propio caso del demandante. “Son simplemente un complemento destinado a acosar e intimidar a una persona privada, presumiblemente como un medio para obtener alguna ventaja. En resumen, el Demandante no puede colocar tales declaraciones de oídas fuera de contexto en un archivo público e hipotetizar sobre su significado sugiriendo irregularidades en detrimento de un ciudadano privado y un no participante. Tales acusaciones deben ser rechazadas”.

  Por último, la demandada Interamerican Consulting alega que las declaraciones de prensa extrajudiciales son inadmisibles.

  Al argumento de PDV USA de que bajo Fed. R. Evid. 801 (d) (2) (D), las declaraciones deben ser admisibles como hechas "por el agente o empleado de la parte sobre un asunto dentro del alcance de esa relación", no aplica, toda vez que no hay nada que sugiera que David Rivera hizo estas supuestas declaraciones "dentro del alcance" de su cargo en Interamerican.

  Advierten que los orígenes turbios de las supuestas declaraciones y su cuestionable confiabilidad las convierte en el tipo de evidencia que la regla de los rumores exige excluir.

 “El demandante no puede insertar descaradamente declaraciones poco confiables cargadas de insinuaciones de dudosa admisibilidad en sus alegatos y cruzar los dedos de que el descubrimiento proporcionará algún tipo de rescate”, advierte.

  Precisa que PDV USA asume sin respaldo que las declaraciones en la prensa se pueden descubrir y olvida que, según la ley de Nueva York, los periodistas están protegidos de las solicitudes de descubrimiento, incluso cuando se encuentran fuera de Nueva York, porque los privilegios se determinan "de acuerdo con la ley estatal".

  Cita la Ley de Derechos Civiles § 79-h que requiere que cuando una parte establezca mediante un “claro y específico” que demuestre que la información buscada es (i) altamente material y relevante; (ii) “crítico o necesario” para el mantenimiento de un reclamo, defensa o prueba de un material de emisión al mismo; y (iii) no se puede obtener de ninguna fuente alternativa.

  Finalmente, el escrito de Interamerican Consulting indica que PDV USA hace la desconcertante afirmación de que "las cuestiones probatorias deben evitarse en una etapa tan preliminar del procedimiento".

  En tal sentido, acota que la cuestión de la admisibilidad es fundamental y uno de los tres aspectos de una moción según la Regla 12 (f).

“Aplazar la pregunta de admisibilidad hasta el descubrimiento pondría el carro delante del caballo en el contexto de una moción de la Regla 12 (f)”, refiere y advierte que la jurisprudencia argumentada por el demandante en este sentido no aplica en absoluto.

  En tal sentido, Interamerican Consulting Inc. solicitó al tribunal le conceda la moción para desestimar ciertas alegaciones de la Demanda interpuesta en su contra por PDV USA Inc.


 

lunes, 5 de abril de 2021

Falta de respuesta de Venezuela acrecienta las exigencias de los tenedores de bonos en los tribunales de Estados Unidos

 Dos demandas enmendadas han sido presentadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por Altana Credit Opportunities Fund SPC, exigiendo un juicio sumario, pago de capital, intereses y daños y perjuicios.

Por Maibort Petit

   Los bonos emitidos por Venezuela siguen generando controversias que se dirimen en las cortes internacionales, principalmente, las de Estados Unidos. La administración de Nicolás Maduro pareciera haber instrumentado como estrategia la falta de respuestas a estas acciones judiciales y, entretanto, las condiciones y exigencias de los acreedores se hacen más leoninas.

  Es el caso de la demanda interpuesta por de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato[1] y que el gobierno venezolano pretende ignorar[2].

  En esta nueva entrega damos a conocer como Altana ha incrementado sus exigencias en dos demandas enmendadas que a presentado ante el tribunal en exigencia del pago, tanto del capital, como de los intereses de los intereses vencidos que están en sus manos, además de daños y perjuicios.

La demanda enmendada

  El 5 de noviembre de 2020, los abogados de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la Demanda Enmendada contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato surgido de la falta de pago de capital, intereses o ambos por parte de la demandada de una serie de bonos adquiridos por los demandantes.

  En esta ocasión, los demandantes acotaron que Venezuela desde octubre de 2017 no realizó los pagos de intereses a que estaba obligada semestralmente en la medida en que se cumplía su vencimiento, incluso a través de la aceleración.

  Igualmente, apuntaron que la corte en razón de esto, tal como ha procedido en casos relacionados, debe denegar la moción de suspensión de Venezuela y conceder la moción de los demandantes de juicio sumario sobre reclamos por incumplimiento de contrato.

  Esta demanda enmendada agrega que el 6 de diciembre de 2018, un grupo de acreedores que posee un 25 por ciento o más en el monto capital pendiente agregado de los bonos 9.375% 2034 aceleró a esos bonos, lo que representa la cantidad inmediata y pagadera la cantidad total de todo el capital no remunerado y interesar. Según los términos de los bonos, el interés del cupón continúa acumulando si ha pasado o no su fecha de vencimiento.

  La querella enmendada sostiene que el incumplimiento de pago de Venezuela del capital, el interés, o ambos, actualmente debido a los bonos ha continuado durante más de 30 días. Como resultado, existe un evento de predeterminado bajo los términos de los bonos.

  Se indicaba que el 8 de octubre, 2020, según lo modificado el 5 de noviembre de 2020, los demandantes enviaron a Venezuela, a través de avisos escritos a los respectivos agentes fiscales identificados en los bonos, una demanda de pago de la parte vencida y el capital impago y los intereses.

  En esa misma fecha, igualmente según lo modificado el 5 de noviembre de 2020, los demandantes también remitieron a Venezuela la misma demanda, a los representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó.

  Advertía la demanda enmendada que los demandantes habían cumplido todas sus obligaciones en virtud de las FAAS o los bonos emitidos de él y señalaron que, como los beneficiarios de un interés en cada uno de los bonos, reclamaban pago por daños que, en ningún caso, podían ser menores que los pagos de intereses y reembolso de capital.

 En razón de que Venezuela continuaba dejando de pagar semestralmente los intereses o el capital de los bonos después de la presentación de esta queja, el reclamo de los demandantes por daños también incluía los pagos perdidos.

  Exigieron que Venezuela pagara todos los gastos razonables y documentados de los demandantes, incluidos los honorarios de abogados y costos judiciales, incurridos en cualquier "investigación razonable de cualquier Evento de Incumplimiento o la ejecución de los Valores”, por lo que, además de los daños anteriores, Venezuela adeuda los costos y honorarios de abogados para preparar y entablar la acción.

La segunda demanda enmendada

  Del 12 de enero de 2021, los abogados de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, presentaron al tribunal la Segunda Demanda Enmendada.

  Refiere Altana en esta segunda demanda enmendada que el 6 de diciembre de 2018, un grupo de acreedores que poseían el 25% del monto total de capital pendiente de los Bonos 2034 al 9.375%, aceleró dichos bonos, una situación que dio vencimiento inmediato y pagadero al monto total de todo el capital impago e intereses.

   Precisa que, de acuerdo a los términos de los Bonos, los intereses de los cupones continúan devengándose independientemente de que haya transcurrido, o no, su fecha de vencimiento.

   Señalan que la falta de pago de capital, intereses, o ambos, por parte de Venezuela ha continuado durante más de 30 días, por lo que claramente existe un evento de incumplimiento bajo los términos pactados.

  Reseña que el 8 de octubre de 2020, según la demanda enmendada del 5 de noviembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, Altana envió a Venezuela a través de una notificación escrita dirigida a los respectivos agentes fiscales identificados en los Bonos, una demanda de pago del capital vencido y no pagado, así como de sus intereses.

  En la misma fecha, 8 de octubre de 2020, según la demanda enmendada el 5 de noviembre de 2020 y el 12 de enero de 2021, Altana también envió a Venezuela la misma demanda, tanto a representantes de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó.

  Señalan que Altana ha cumplido con todas las obligaciones que pudieran tener bajo las FAA o cualquier Bono emitido en virtud de las mismas y que como beneficiarios finales de una participación en el capital de cada uno de los Bonos, tienen reclamaciones por daños y perjuicios que, en ningún caso podrán ser inferiores a los pagos de intereses y el reembolso del capital exigidos contractualmente.

  Advierten que en el caso de Venezuela continúe sin realizar los pagos de intereses semestrales requeridos o los pagos de capital después de la presentación de esta demanda, las reclamaciones por daños también abarcarán los pagos atrasados.

  Para los demandantes, es fundamental que Venezuela pague todos los gastos exigidos por Altana, incluidos los honorarios razonables de abogados y costos judiciales, incurridos aquellos relacionados con cualquier "investigación razonable de cualquier Evento de Incumplimiento o la ejecución de los Valores", por lo que, en consecuencia, además de los daños anteriores, Venezuela adeuda los costos y honorarios de abogados para preparar y entablar esta acción.


[1] Venezuela Política. “Altana Credit Opportunities Fund SPC: Otro acreedor que se enfrenta a Venezuela en las cortes por incumplimiento en el pago de los Bonos”. 2 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/altana-credit-opportunities-fund-spc.html


[2] Venezuela Política. “Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York”. 5 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/venezuela-insiste-en-no-darse-por.html