3/3 CHINA'S NEOCOLONIAL CONQUEST, THE MANDATE OF HEAVEN

FACTORES QUE LLEVAN AL FRACASO DE LA AGENDA GLOBALISTA

Fiscalía pide a la Corte rechazar pedido de los medios de abrir los registros de contactos previos del gobierno con Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

  El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a enemigos de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   La Fiscal por el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, rechazar dos solicitudes presentadas por miembros de los medios de comunicación para abrir registros relacionados con el contacto previo de Víctor Mones Coro con el gobierno de los Estados Unidos.

   Mones Coro fue sentenciado el pasado 17 de marzo del año en curso a pagar 55 meses de prisión en razón de su conexión con un plan destinado a facilitar y proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a Samark José López Bello, exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo y su supuesto testaferro, respectivamente. Igualmente, fue condenado a pagar USD 250.000 en multas y se someterá a dos años de libertad supervisada como parte de la sentencia. La prestación de este servicio por parte de Mones Coro a El Aissami Maddah y López Bello, constituyen una violación a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de acuerdo a los establecido en la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros[1].

   El 26 de noviembre de 2019, Víctor Mones Coro se declaró culpable culpable de violar las sanciones de la Ley Kingpin contra el ministro y ex-vicepresidente venezolano[2].

   Durante distintas etapas del proceso judicial de Mones Coro, incluso luego de dictada la sentencia, las partes presentaron comunicaciones selladas o redactadas en las que se discutían detalles relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los Estados Unidos.

   Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, la defensa presentó un aviso en el expediente con respecto a dos presentaciones selladas presentadas anteriormente.

  En la misma fecha, por lo que la fiscalía presume un esfuerzo coordinado, Matthew Russell Lee de Inner City Press, a través de un correo electrónico solicitó la apertura de varios documentos sellados, entre ellos, los mismos documentos a los que se hace referencia el abogado defensor. Luego, el 2 de abril de 2021, la defensa se unió a la solicitud de Inner City Press.

   Entretanto, Brian Barrett de Associated Press, en una carta fechada el 5 de abril de 2021, le pidió a la Corte intervenir y abrir documentos relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los EE. UU., incluidos los que formaron parte de la transcripción de la sentencia.

La ley aplicable

   Refiere la solicitud de la fiscal Strauss que, si bien la Corte Suprema ha reconocido el derecho consuetudinario de acceso público a los documentos judiciales, esto aplica de acuerdo a dos factores, a saber, que (a) "la función del material en cuestión en el ejercicio del poder judicial del artículo III" y (b) "el valor resultante de dicha información para quienes supervisan los tribunales federales".

   Advierte que , luego de determinar el peso otorgado al presunto derecho de acceso, el derecho consuetudinario se equilibra con los intereses compensatorios que favorecen las restricciones de acceso. “El hecho de que un documento sea un expediente judicial no significa que no se pueda restringir el acceso al mismo”, de acuerdo a lo que dicta la jurisprudencia.

  Recordó que el Segundo Circuito ha reconocido que ciertas categorías de factores compensatorios deben equilibrarse con la presunción de acceso, lo cual incluye el peligro de afectar la eficiencia judicial o de aplicación de la ley y la necesidad de proteger los intereses de la privacidad.

   Respecto al presunto derecho de acceso que otorga la Primera Enmienda, la fiscalía del distrito Sur de Nueva York advierte que este puede ser superado por "hallazgos específicos y en el expediente de que el sellado es necesario para preservar valores más altos" y cuando el "orden de sellado se adapta estrictamente para lograr ese objetivo", tal como lo ha establecido la jurisprudencia.

Las razones de la Fiscalía

  La Fiscalía del distrito Sur de Nueva York considera que, por las razones ya articuladas por la Corte, y debido a los fuertes intereses gubernamentales que privan en contra de la apertura, las solicitudes deben ser denegadas.

  Refiere como lo han establecido otras decisiones judiciales, que “La transparencia a veces debe ceder a un interés más convincente” y “Es obvio e indiscutible que ningún interés gubernamental es más convincente que la seguridad de la nación”.

 Recuerda que los materiales sellados y redactados constituyen información altamente sensible que podría conducir a la divulgación no autorizada de información clasificada.

  Audrey Strauss advierte al juez Hellerstein que, si bien no existen dudas en este litigio de que las solicitudes de apertura de los medios de comunicación se presentan de buena fe y con un propósito válido, el acceso no se limitaría al personal de dichos medios.

“Los adversarios de nuestro país también tendrían acceso, y las divulgaciones podrían aumentar los riesgos que ya enfrenta el personal del gobierno de EE. UU. debido a que cada una de las consideraciones anteriores podría causar un perjuicio grave al gobierno”.

   Por ello, la fiscalía recordó a la Corte que ese despacho proporcionó a los abogados defensores cierta información sobre el entendimiento mutuo de que las referencias a esta información se eliminarían en todas las presentaciones posteriores y, en ese momento, la defensa no manifestó ninguna objeción al respecto.

   Finalizó su solicitud la fiscal Strauss subrayando que las órdenes de sellado de la Corte, hasta la fecha han sido plenamente justificadas —de hecho, necesarias— y por estas consideraciones y no deben ser perturbadas.

[1] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[2] Department of Justice. “Florida Man Pleads Guilty To Violating Kingpin Act Sanctions Against Venezuelan Minister And Former Vice President”. 26 de noviembre de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-pleads-guilty-violating-kingpin-act-sanctions-against-venezuelan-minister

Hombre que demandó a CITGO por negligencia pidió traslado de su causa a Tribunal de Distrito de Massachusetts

  Exige una indemnización de USD 326.000 por daños que estima sufrió, al caerse en las instalaciones de la filial de PDVSA, como consecuencia de la falta de mantenimiento de la edificación.

Por Maibort Petit

  Un hombre que en septiembre de 2017 sufrió una caída de las instalaciones de CITGO Petroleum Corporation y demandó por negligencia a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos, exigiendo por ello una indemnización de USD 326.000 más intereses y gastos, pidió al trasladar su causa al Tribunal del Distrito de Massachusetts.

  Por ante la secretaría del Tribunal del Distrito de Massachusetts, Luis Rivera, el demandante, por intermedio de la firma de abogados Manatt, Phelps & Phillips LLP, solicitó el traslado a esa instancia judicial de la causa que mantiene contra CITGO Petroleum Corporation en el Tribunal Superior de Massachusetts, Condado de Norfolk.

  Rivera presentó su queja contra la filial de PDVSA en Estados Unidos, el 21 de septiembre de 2020, ante la Oficina del secretario de la referida instancia en el Condado de Norfolk, Massachusetts.

  Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, Rivera notificó del reclamo a CITGO por medio de sus abogados, presentando citación, demanda y otros documentos, a saber, la primera serie de interrogatorios del demandante al demandado, CITGO Petroleum Corporation; la primera solicitud de presentación de documentos del demandante al demandado; el aviso del demandante de tomar declaración al demandado, y la portada de la acción civil.

  Se le refería que, de acuerdo a las disposiciones generales de las leyes de Massachusetts, esta correspondencia se consideraba como suficiente medio de notificación y se otorgaban 20 días para responder.

 Todas estas notificaciones a CITGO, igualmente se adjuntaron al aviso de remoción que se presenta ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, de conformidad con 28 U.S.C. § 1446 (b), puesto que fue presentada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del proceso a CITGO, y dentro de un año del comienzo de la acción.

  Se refiere que el pedido de remoción está sujeta a lo establecido en 28 U.S.C. § 1441 ya que existe jurisdicción sobre diversidad de conformidad con 28 U.S.C. § 1332, que establece la jurisdicción original en el Tribunal de Distrito de todas las acciones civiles entre ciudadanos de diferentes Estados donde el asunto en controversia exceda la suma o valor de USD 75.000, sin incluir intereses y costos.

  Del mismo modo, se apela a la jurisprudencia, Grupo Dataflux v. Atlas Global Group LP, para dirimir lo relativo a la diversidad de ciudadanía y se deja sentado que el demandante era en el momento en que se presentó su acción —y sigue siendo— un ciudadano de la mancomunidad de Massachusetts. En este sentido se apunta que en la primera oración de la Demanda se hace mención a Luis Rivera como "una persona que reside en 142 Sarah Sherman Road, Rochester, Condado de Plymouth, Massachusetts".

  Entretanto, CITGO solicitó a la Corte tomar conocimiento judicial del informe de búsqueda de nombre comercial de la Secretaría de Estado de Massachusetts presentado con el Aviso de remoción el cual refiere que para el momento de la acción del demandante, era y sigue siendo, una corporación extranjera; así como también el informe de Detalles de la Entidad de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Delaware presentado con este Aviso de Remoción, en el que se indica que para el momento de presentarse la acción del demandante —y todavía es— una corporación organizada bajo las leyes del Estado de Delaware.

  Esto último también puede certificarse mediante la Declaración de Holly Chastain Nini ("Declaración de Nini"), Consejera Administrativa de CITGO, presentada con este Aviso de Remoción como Anexo D, confirma que CITGO era en el momento en que se presentó la acción del demandante, y todavía es, una corporación organizada bajo las leyes del estado de Delaware.

  La Declaración Nini confirma que CITGO Petroleum Corporation estaba en el momento en que se presentó la acción del demandante, y aún está, incorporada bajo las leyes del Estado de Delaware con sede principal en Houston, Texas.

  Luis Rivera sostiene que mientras se encontraba en las instalaciones de CITGO, “se le hizo caer al suelo” por lo que “sufrió graves lesiones personales, entre ellas, dolores y sufrimientos; que ha incurrido y continúa incurriendo en gastos por su atención y tratamiento médico, que ha sufrido —y sigue sufriendo— una pérdida de ingresos y/o capacidad de ingresos; y que ha sufrido —y sigue sufriendo— un deterioro de su capacidad para disfrutar de la vida y realizar sus actividades habituales”.

  La demanda de Rivera contra CITGO alega negligencia en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasionó que el 24 de septiembre de 2017, el demandante sufriera una caída que le ocasionó severas lesiones personales.

  Luis Rivera exige ante el tribunal ser resarcido por los daños, monto al que deben sumarse intereses, costas y honorarios razonables de abogados.

  La portada de la demanda civil presentada en los informes de acción de la corte estatal alega daños detallados por un monto de USD 326.000.

 

Juez del caso Crystallex designó a un maestro especial para proceder con la venta de acciones de CITGO

Por Maibort Petit 

   El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, quien está al frente del pleito legal entre Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, designó a un abogado Roberto Pincus como maestro especial para que se encargue del proceso de venta de las acciones de CITGO para que la minera canadiense pueda cobrar la deuda de $1.200 millones de dólares más intereses por concepto de la expropiación de sus activos por parte del fallecido presidente, Hugo Chávez. 

  Pincus trabajó para el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y fue el custodio de TransPerfect Global Inc. El experimentando abogado será el encargado de vender las acciones que PDVSA tiene en PDV Holdings Inc. para satisfacer la deuda de Crystallex que fue aprobada por el Tribunal Internacional de Arreglos y Controversias en un fallo de 2016.

  La Corte de Delaware, donde se dirime este caso, consideró que PDVSA es el alter ego de Venezuela y por tanto de PDV Holdings.

 El juez Stark cumplió con una solicitud que Crystallex hizo en septiembre de 2020 y aprobó la venta de acciones de PDV Holdings justo antes de mediados de enero de 2021. PDV Holdings es la empresa matriz de la refinería CITGO Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

  Con la acción del juez Stark, Crystallex quiere hacer cumplir un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares contra Venezuela, luego de una disputa de una década sobre la nacionalización de Venezuela en 2008 de su mina de oro en el estado suroriental de Bolívar. El monto se compone de $ 1.2 mil millones, más $ 200 millones de intereses otorgados por un tribunal de arbitraje del CIADI en 2016.

  En su decisión, Stark nombró a Pincus como maestro especial para supervisar la venta, incluidos los requisitos mínimos de publicidad, exigiendo depósitos sustanciales de buena fe de los postores y solo vendiendo tantas acciones como sea necesario para satisfacer los juicios.

  El juez también rechazó una propuesta de que solo la petrolera nacional venezolana PDV podría administrar la venta, y consideró que cualquier conocimiento único pertinente a la venta debe obtenerse y utilizarse independientemente de la administración de PDV.

"Habiendo hecho que Crystallex emprenda una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su fallo, el tribunal no permitirá que un deudor del fallo sumamente recalcitrante lleve a cabo su propio proceso de venta sobre la objeción de su acreedor fallido repetidamente victorioso", Stark escribió en su decisión.

  A pesar de fallar a favor de Crystallex, Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Todas las partes están de acuerdo en que, según la ley y la política actuales, una venta de acciones de PDV Holding no se puede completar sin una licencia específica Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez. "Pero todos los pasos preparatorios que se pueden tomar sin dicha licencia pueden y deben tomarse".

  En una decisión anterior, Stark dijo que había considerado las sanciones que EE. UU. impuso contra PDVSA, y lo que representan en lo que respecta a la política venezolana. 

   En particular, afirmó que evaluó una carta que fue enviada por Elliott Abrams, el entonces representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al Fiscal General y al Departamento de Justicia. En la misiva, Abrams declaró que Crystallex no puede vender las acciones sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Y que aprobar la venta de acciones dañaría la política exterior de EE. UU. Y los intereses de seguridad nacional en Venezuela y dañaría el apoyo diplomático otorgado por la administración del expresidente Donald Trump  al gobierno interino venezolano liderado por el líder opositor Juan Guaidó.

Liquidación de AllBank Corp. revela cómo Víctor Vargas habría establecido una estructura fraudulenta en Panamá que involucra hasta a nobles españoles

  El banquero venezolano hacía rotar las reservas en más de cinco países, afectando los intereses de miles de ahorristas.

Por Maibort Petit

   Transcurrido poco más de un año de la liquidación forzada de Allbank Corp. ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se dan a conocer nuevos detalles acerca de la situación de entidad financiera perteneciente al Grupo BOD del banquero venezolanos, Víctor Vargas Irausquín, entre ellos, que la estructura bancaria estaba montada en más de cinco países que se rotaban reservas bancarias como un mecanismo para evadir a el monitoreo de sus operaciones que afectaban a miles de ahorristas privados.

  Ante el organismo panameño han llegado cientos de reclamos de clientes de AllBank por renovaciones de plazos fijos no autorizados, reestructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, lo cual revelaba la existencia de problemas de solvencia vigentes desde 2018, es decir, a solamente siete años de su apertura en la nación centroamericana.

   Las novedades del caso revelan, como señala una nota del portal El Capital Financiero, el asunto salpica hasta a la realeza española, toda vez que la Fiscalía Adjunto Sección de Atención Primaria Segunda Subregional de Panamá admitió una querella penal interpuesta por Abdel Almengor por presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida agravada contra Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón, entre otros representantes del AllBank. El último es hijo que Alfonso Borbón, duque de Cádiz en España, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco.

  Había encontrado el liquidador del banco, Rafael Moscarella Valladares, una serie de irregularidades que lo llevaron a presentar una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá en contra de Vargas Irausquin y de los gerentes ejecutivos del banco al presumirse la comisión del ilícito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros.

  El liquidador Moscarella advirtió la existencia de suficientes elementos de opacidad que sustentan la liquidación forzada del AllBank, entre ellos los reclamos que desde octubre de 2018 algunos clientes del banco por renovaciones de plazos fijos no autorizados, así como por órdenes de pago por montos importantes que no eran atendidas, lo cual revelaba un grave indicio de liquidez.

  Además de Vargas Irausquín y Luis Alfonso de Borbón Martínez, la acción penal incluye a toda la Junta Directiva de Allbank, a saber, Raúl Blatar Estevez, Jeffrey Poyo, Karla Mola González, Amalita Frías, Santos Ramos y Domingo Infante.

   Refiere la nota de El Capital Financiero que Luis Alfonso de Borbón Martínez no se encuentra por casualidad entre los integrantes de la directiva de AllBank Corp., toda vez que este está casado con la venezolana, María Margarita Vargas Santaella, hija de Víctor Vargas Irausquin.

  Ahora le corresponderá al noble español, responder ante la justicia panameña por los señalamientos que en la citada querella penal lo involucran como directivo de la entidad que habría afectado a Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval, las cuales reclaman perjuicios que superan los USD 30 millones, a causa de los supuestos manejos irregulares de AllBank.

  Refiere la reseña periodística que en agosto de 2019, el representante de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval solicitó a AllBank que le transfiriera fondos de cuenta a cuenta, “el cierre de la cuenta, la devolución de los fondos mediante cheque de gerencia, así como la explicación del motivo del no pago de cheque de su cuenta por $80,000, sin mediar explicación, así como la disposición irregular de fondos de sus cuentas”.

   También solicitaron que se le corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A, en virtud de que reflejaba un monto inferior a los USD 7 millones que poseía. Ninguno de los requerimientos fue satisfecho por la entidad bancaria.

   La querella penal señala que lo ocurrido constituye una negación a “que su propietario disponga de sus fondos, provocándose con ello una afectación en el giro de sus actividades empresariales, y de desarrollo comercial, sin explicación alguna por parte del custodio de estos dineros”[1].

  El diario Panamá América también da cuenta del hecho y recuerda que, además de AllBank Corp., Víctor Vargas abrió en octubre de 2011 en la nación centroamericana, la casa de valores Plus Capital Market, al tiempo que compró los derechos de un edificio al cual le daría el nombre de Torre AllBank, con el objetivo de revestir su inversión de gran prestigio.

   Pero estas operaciones, supuestamente, carecían de la transparencia debida, toda vez que el grupo financiero de Vargas Irausquín las coordinaba de tal manera que pudiera jugar con las reservas, como lo señaló el informe de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

  La nota periodística de Panamá América “explica que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra”.

   El resto de la estructura se encontraba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, así como en República Dominicana con el Banco América (también intervenido) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (igualmente bajo intervención).

  La nota de Panamá América refiere que AllBank manejaba en Panamá USD 175 millones, de los cuales USD 100.7 millones son de particulares que tenían USD 38.1 millones en depósitos a la vista y USD 51.7 millones en plazos fijos. Esta información difiere de los datos manejados por Venezuela Política que el 15 de diciembre de 2019 dio a conocer los detalles de la Resolución de Intervención en razón que de estábamos en poder del documento emanado de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El documento en cuestión revelaba que los administradores interinos del banco establecieron que el Allbank Corp mantenía “USD 177.9 millones en depósitos de clientes, de los cuales USD 63.3 millones corresponden a depósitos a la vista, USD 82.9 millones eran depósitos a plazo, USD 31.7 millones correspondían a depósitos de ahorros corrientes y USD 15 mil a depósitos de ahorro de navidad”.

   Agregaba el documento que dimos en conocer en aquel entonces que “la mayor proporción del activo estaba en colocaciones e inversiones que totalizaban USD 141.5 millones de los cuales, USD 107.3 millones correspondían a títulos valores que estaban en custodia en bancos y empresas relacionadas al grupo económico, USD 34.2 millones del total de inversiones estaban en colocaciones, de los cuales USD 12.7 millones eran depósitos a plazo fijo, (USD 10.7 millones se encontraban en bancos relacionados al grupo económico) y el resto, USD 21.5 millones en colocaciones a la vista, de los cuales USD 16.2 millones estaban colocados en bancos y empresas del mismo grupo económico”.

   La SBP determinó que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank se encontraban en el Banco Orinoco de Curazao, entidad intervenida, como ya lo hemos referido, desde septiembre de 2019.

La decisión de liquidar el AllBank

  El 8 de noviembre de 2019, el Superintendente de Bancos de la República de Panamá, Ricardo G. Fernández, decidió, luego de conocer el informe presentado por el Administrador Interino en el que se revelaba la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo de la institución, la liquidación forzosa de Allbank Corp, entidad perteneciente al Grupo BOD que dirige Víctor Vargas.

  La entidad había llegado a manejar más de USD 180 millones en activos líquidos y USD 175 millones en depósitos.

  La referida superintendencia tomó la resolución para proteger los intereses de los depositantes que pudieran verse afectados por la intervención del Banco del Orinoco NV en Curazao, entidad beneficiaria de su único accionista, Allbank Corp.

  Los detalles de la Resolución SBP-0205-2019 emanada de la autoridad panameña, los dimos a conocer en Venezuela Política[2], la cual indicaba que el Allbank Corp es una sociedad anónima organizada y constituida de acuerdo a lo establecido en las leyes panameñas, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), ficha número 724912, documento Redi Nº 1913669, actualizada a folio de igual número, la cual cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante resolución S.B.P. Nº 131-2011 de fecha 24 de octubre de 2011.

   Informamos en este entonces que en una decisión previa adoptada a través de la resolución SBP-0169-2019 del 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Banco de Panamá tomó el control administrativo y operativo del Allbank Corp luego de que el tribunal de Primera Instancia de Curazao adoptara el 5 de septiembre de 2019 una "medida de emergencia" para el Banco del Orinoco N.V., “beneficiario principal a quien, a su vez, es el único accionista de Allbank Corp. Los efectos directos de esta medida establecían que ‘(…) el Banco del Orinoco no podrá ser obligado a cumplir sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos’".

  La SBP alertó sus dudas sobre la disponibilidad de los recursos líquidos con que contaba la entidad, la liquidez, el débil gobierno corporativo y gestión de riesgos, la baja calidad de la cartera de préstamos, la deficiente gestión de activos, entre otras falencias.

  El organismo panameño advirtió el alto grado de debilidad en la viabilidad financiera y gestión corporativa de Allbank en razón de la falta de un plan de negocios viable para la sostenibilidad de las operaciones de la institución, así como por sus controles internos no adecuados y las condiciones de la cartera de crédito.

  Por todo ello, la Superintendencia de Bancos decidió tomar el control de Allbank Corp sobre la base de lo establecido en las causales 2 y 4 del artículo 132 de la Ley Bancaria, las cuales estipulan que el banco no puede proseguir operando sin que corran peligro los intereses de los depositantes y sobre el incumplimiento por parte de la institución bancaria de los requisitos exigidos por la SBP de acuerdo al artículo 130 de la misma Ley Bancaria.

La cartera de préstamo neta ascendía a USD 64.6 millones.

  Para el momento de redacción de su informe, los administradores interinos concluyeron que no habían logrado completar el análisis de valor de los activos porque no habían recibido los fondos de la mayoría de las entidades a las que se les había solicitado. Este incumplimiento impedía conocer en detalle los montos de las colocaciones de las realmente se disponía.

  Se desconocía igualmente en aquella fecha, la existencia y valor de cada uno de los títulos valores reportados en la cartera de inversión de aproximadamente USD 107.3 millones. “Se tenía un estimado de lo existente en el Banco del Orinoco y en el Plus Capital Market Inc., pero no había certeza de los títulos valores allí custodiados, lo que impedía conocer fidedignamente la situación financiera del Allbank Corp”.

REFERENCIAS

[1] El Capital Financiero. “La liquidación de AllBank en Panamá toca a la realeza española”. 13 de abril de 2021. https://elcapitalfinanciero.com/la-liquidacion-de-allbank-en-panama-toca-a-la-realeza-espanola/?doing_wp_cron=1618323601.8909530639648437500000

[2] Venezuela Política. “Conozca los detalles de la liquidación forzosa del Allbank Corp ordenada por la Superintendencia de Bancos de Panamá”. 15 de diciembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/12/conozca-los-detalles-de-la-liquidacion.html

Experto: Con el gobierno interino se mantiene el carácter de alter ego de PDVSA respecto a Venezuela

  La llegada de Guaidó al escenario político en 2019 y su lucha contra el régimen de Maduro por el control de PDVSA, no solo mantuvo su condición de alter ego frente a Venezuela, sino que la profundizó aún más, sostiene.

Por Maibort Petit

   No ha habido variación alguna en el carácter de “alter ego” que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mantiene con respecto a Venezuela con el gobierno interino en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, argumento que podría ayudar a reforzar la venta de las acciones de los activos de la república para dar cumplimiento a las obligaciones que no se han pagado.

  El 19 de febrero de 2021, Manuel A. Gómez, profesor de Derecho y Decano Asociado de Estudios de Posgrado y Compromiso Global en la Universidad Internacional de Florida con experiencia en la resolución de disputas transnacionales de derecho internacional y comparado, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en apoyo a la Moción de reparación presentada por Northrop Grumman Ship Systems Inc. en contra del Ministerio de Defensa de Venezuela.

   Refiere Gómez en su declaración que contratado por el abogado de Northrop Grumman Ship Systems Inc., antes conocida como Ingalls Shipbuilding Incorporated y ahora conocido como Huntington Ingalls Incorporated, con el objetivo de analizar ciertos asuntos relacionados con Venezuela en apoyo de una orden judicial de apego fieri facias relacionada con las acciones de PDV Holding Inc. (PDVH), una corporación de Delaware propiedad en su totalidad de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), petrolera estatal y alter ego deudor de Venezuela.

  Explica que se trata de su opinión profesional basada en su conocimiento y familiaridad con el sistema legal venezolano y su realidad política actual; el análisis de los hechos y circunstancias del caso con base en la revisión de una serie de documentos; y en su análisis de las leyes y otras regulaciones, informes gubernamentales, decisiones judiciales, artículos de noticias y publicaciones académicas.

  Seguidamente cita las dos preguntas que le solicitaron responder y que, a saber, son:

a) Si PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela —como determinó esta Corte en agosto de 2018— de manera que los activos de PDVSA en Estados Unidos aún están sujetos al control generalizado de Venezuela.

b) Si las circunstancias del análisis alter ego de la Corte con respecto a PDVSA han cambiado desde la decisión de Estados Unidos en enero de 2019 de trasladar su reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela que encabeza Juan Guaidó en lugar de Nicolás Maduro.

  Aclara que su opinión no está sujeta a ninguna influencia externa, presión o interés en el resultado de ninguna disputa, potencial o presente, entre cualquiera y todas las partes involucradas en el caso. Las consideraciones y conclusiones expresadas en este informe plasman mi opinión profesional sobre materias específicas a las que se refieren.

  En tal sentido refiere, en primer lugar que de acuerdo a su criterio profesional, primero, PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela y sus activos e intereses en los Estados Unidos todavía están sujetos al control generalizado de los líderes políticos de Venezuela; y segundo, las circunstancias consideradas por la Corte para considerar a PDVSA como el alter ego de Venezuela se han acentuado en relación con el amplio control que ejercen los líderes políticos del país desde que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019.

Venezuela y PDVSA como una sola durante las últimas dos décadas

  Recuerda que PDVSA fue creada originalmente en 1975 como un holding estatal para llevar a cabo las políticas gubernamentales en materia de distribución y comercialización de hidrocarburos en Venezuela. Sin embargo, advierte que, a pesar de haber sido constituida como corporación comercial privada sujeta a las leyes y regulaciones aplicables a todas las firmas comerciales, la petrolera está bajo el control y fiscalización del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minería.

   Subrayó que la forma corporativa le dio a PDVSA cierto grado de flexibilidad e independencia operativa, mientras que Venezuela, como único accionista, mantuvo cierto nivel de supervisión. 

  Agregó que siendo los hidrocarburos el principal pilar de la economía venezolana, PDVSA siempre ha tenido una importancia estratégica para el gobierno. Advirtió que, al menos hasta principios de la década de 2000, el nivel de intervención gubernamental en las operaciones de PDVSA se limitó a lo requerido por los diferentes estatutos y regulaciones gubernamentales, siendo mínima la interferencia política en las entidades controladoras.

  En su declaración a la Corte de Delaware, Manuel A. Gómez precisa que 2003 fue el año que se constituyó como el punto de ruptura en la relación entre Venezuela y PDVSA, dando comienzo a una nueva relación entre los dos, caracterizada por la erosión que el primero comenzó a ocasionar en la independencia de PDVSA. Tras una huelga petrolera nacional que paralizó la industria y la economía del país en febrero de dicho año, el gobierno de Hugo Chávez tomó la dramática decisión de despedir sumariamente a unos 18.000 empleados que constituían el 40 por ciento de la fuerza laboral de la empresa.

  Desde entonces, refiere Gómez, PDVSA se convirtió cada vez más en un instrumento político del gobierno chavista y las vacantes dejadas por los despidos fueron llenadas con simpatizantes políticos del partido de Chávez.

  Sostiene que, en términos económicos, PDVSA se convirtió en el principal financiador de programas y actividades gubernamentales que, incluso, en muchos casos son ajenos al negocio de comercialización de hidrocarburos.

   Del mismo modo, indicó que, tal como se reveló más tarde, PDVSA se convirtió en un fondo de sobornos del gobierno chavista para financiar campañas políticas, comprar votos y lograr prominencia geopolítica en todo el mundo a través de una serie de programas sociales denominados Misiones Bolivarianas

  Gómez advierte que el cambio de amplio control gubernamental no se limitó a PDVSA y sus afiliadas, sino a todos los activos, independientemente de si estaban ubicados en el país o en el extranjero.

  Sostiene que la administración de Nicolás Maduro ha seguido tratando abiertamente a PDVSA y sus afiliadas como un apéndice del gobierno venezolano.

  Recuerda que el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, prestó juramento como presidente interino del país ante la crisis constitucional generada por la negativa del presidente Maduro a dimitir a pesar de la expiración de su mandato. Un nombramiento sustentado en una interpretación del artículo 233 de la Constitución. Esto en razón de que las elecciones de 2018 fueron ilegítimas en parte porque los partidos de la oposición fueron descalificados para participar. Estados Unidos fue la primera nación en reconocer a Guaidó como presidente interino y ha prometido apoyar sus esfuerzos para presionar a Maduro para que renuncie, para que se puedan celebrar elecciones libres y justas y el país pueda recuperar su estabilidad institucional.

   Pero a pesar del repudio por parte de muchos gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales, Maduro y sus funcionarios permanecen en el cargo y en control efectivo del gobierno y el territorio. Guaidó, por su parte, ha hecho designaciones claves —la mayoría de personas que se encuentran fuera de Venezuela— que trabajan ad honorem en áreas críticas como relaciones exteriores, desarrollo económico, reestructuración de deuda, recuperación de activos, representación legal, así como en la gestión de entidades estatales como PDVSA y afiliadas.

  Acota que, durante más de un año, la tensión entre Guaidó y Maduro ha creado un tira y afloja institucional sin precedentes, con dos presidencias, dos legislaturas y dos Cortes Supremas. Ambos han utilizado su influencia política para mantener un amplio control sobre todos los activos extranjeros en poder de las entidades de propiedad de Venezuela, especialmente PDVSA y sus afiliadas y no han tenido reparos en tratar esos activos como propiedad directa de Venezuela.

Se intensifica control político de Venezuela sobre PDVSA

   De acuerdo a Manuel A. Gómez, apunta que uno de los primeros actos oficiales de la Asamblea Nacional, luego de la toma de posesión de Juan Guaidó como presidente interino, fue la emisión de un acto de emergencia, el 5 de febrero de 2019, denominado “Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, conocido como Estatuto de Transición que, en su artículo 34, anuló expresamente el régimen societario ordinario de PDVSA al facultar al presidente interino para designar una Junta Directiva especial que ejerza  sus derechos como accionista de PDV Holding, incluida la selección de los miembros de su junta directiva, de CITGO y otras afiliadas. Este estatuto fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro.

   El desafío legal continuó con una acción presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware por seis exfuncionarios corporativos de PDVSA y entidades relacionadas contra los designados por Guaidó de conformidad con el estatuto de Transición. La Corte tomó como válida la reconstitución del directorio de PDVSA resultante de la decisión de Guaidó y el estatuto.

  Refiere Gómez que en virtud del régimen legal excepcional creado por la Asamblea Nacional a través del estatuto de Transición y otros actos formales, cuya legitimidad ha sido reafirmada ante tribunales extranjeros, el presidente interino Guaidó ha otorgado a sus designados, facultades ilimitadas para ejercer un control considerable sobre PDVSA, PDV Holding y CITGO.

  De hecho, sostiene que Guaidó solo ha podido ejercer su poder y tomar decisiones sobre los activos ubicados en el exterior.

  Cita que el 2 de abril de 2019, la Asamblea Nacional emitió un “Acuerdo para ampliar los poderes conferidos y el número de miembros ad-hoc de PDVSA” que amplió aún más el control de Guaidó sobre PDVSA al permitirle emitir un decreto para ampliar la autoridad del directorio de PDVSA, cualquiera mediante la suspensión de todos los derechos y facultades conferidos a la Asamblea de Accionistas, el directorio y la presidencia de PDVSA y sus afiliadas.

  Estima el experto que el sometimiento de los activos propios de PDVSA al control extraordinario del gobierno interino de Juan Guaidó y su tratamiento como propiedad del Estado venezolano, también se refleja en la limitación impuesta por el artículo 36 del Estatuto de Transición que excluye el uso de cualquier fondo perteneciente a PDVSA o cualquier otra entidad estatal hasta después de que el régimen de Nicolás Maduro ceda el poder.

   Pero además de los actos jurídicos antes mencionados, el gobierno interino de Juan Guaidó ha emitido reiteradas declaraciones públicas en las que asegura que los activos de PDVSA, PDV Holding y CITGO son propiedad de Venezuela y del pueblo venezolano, y que la designación de los miembros del directorio especial de PDVSA y entidades relacionadas y otras medidas tomadas son parte de la estrategia para preservar la propiedad de todos los venezolanos.

  Es así como con base a lo expuesto, Manuel A. Gómez considera que es claro que PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela, de manera que los activos de la estatal petrolera en los Estados Unidos están aún sujetos al control generalizado de Venezuela. Un control que se ha intensificado desde la decisión de los Estados Unidos de reconocer como gobierno legítimo de Venezuela, al que encabeza Juan Guaidó y no el de Nicolás Maduro.