El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte II)

   Buena parte de la acusación que la fiscalía de los Estados Unidos formuló contra el mandatario y catorce de sus funcionarios y exfuncionarios, deriva del presunto vínculo surgido entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana desde tiempos de Hugo Chávez.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   La relación entre el gobierno de Venezuela con la el grupo guerrillero y terrorista de las FARC es de vieja data, un hecho que se ha venido denunciando desde la llegada al poder de Hugo Chávez, quien le habría abierto las puertas del país a este y otros grupos insurgentes colombianos hasta la actualidad, como lo demostrarían diversos estudios e investigaciones.

Hugo Chávez se reunió con Iván Márquez en el Palacio de Miraflores en 2008. Iván Márquez aparece en la acusación federal contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios civiles y militares que presuntamente pertenecen al cártel de los Soles.

  Los cargos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra el presidente de la república de Venezuela, Nicolás Maduro y a catorce funcionarios y exfuncionarios venezolanos, el pasado 26 de marzo de 2020, fueron: 

1) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua; 

2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua; 

3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión; y 

4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

"Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años", dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman[1].

  Esta no es una conclusión exclusiva de la fiscalía de los Estados Unidos, pues en ello coinciden muchos analistas y estudios formuladas por diversas instituciones.

  El propio Hugo Chávez admitió su simpatía por el movimiento guerrillero colombiano al que defendió a capa y espada, al extremo de llegar a exigir a los países que ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueran calificados como "terroristas" sino como "fuerzas insurgentes", una solicitud encendió las alarmas especialmente en Colombia a cuyo presidente para la época, Álvaro Uribe, se dirigió directamente:  "Señor presidente de Colombia [Alvaro Uribe], quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas (…) Las FARC y el ELN no son ningún cuerpo terrorista, son verdaderos ejércitos [...] que ocupan espacio en Colombia”.

  Chávez afirmó que su gobierno reconocía a esos grupos "como fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado"[2].

 Una simpatía que era mutua y que se manifestó en el pesar expresado por los guerrilleros de las FARC ante el fallecimiento del presidente venezolano: "Con profundo dolor la Delegación de Paz de las FARC-EP, se une al duelo de los bolivarianos de Venezuela y del mundo ante la noticia descorazonadora, triste, del fallecimiento del Comandante Presidente, Hugo Chávez"[3].

  Pero la afinidad entre Chávez y posteriormente su sucesor Nicolás Maduro, no se quedó en lo afectivo e ideológico, sino que fue mucho más allá pues el gobierno colombiano aseguró en 2010 que “al menos cinco jefes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentran en territorio de Venezuela”.

   La denuncia la formuló la administración de Uribe a través de un comunicado de la presidencia emitido a poco tiempo de entregar el bastón de mando a Juan Manuel Santos, quien para el momento ya era presidente electo.

  El secretario de prensa de la presidencia colombiana, César Velásquez, precisó que el gobierno colombiano "tiene evidencias que acreditan la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de algunos cabecillas del grupo terrorista de las FARC, entre ellos el conocido como 'Iván Márquez'; Rodrigo Granda, alias 'Ricardo'; Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko'; y Germán Briceño, alias 'Grannobles', así como de Carlos Marín Guarín, alias 'Pablito', y otros integrantes del grupo terrorista ELN"[4].

  Por su parte, el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime) aseguró en uno de sus informes que “Venezuela es una base de operaciones fundamental para las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante el conflicto colombiano, el país brindó a los guerrilleros corredores de narcotráfico claves y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas, realizar adiestramiento militar y reabastecer su arsenal de guerra. Tras el Acuerdo de Paz en Colombia, Venezuela sigue cumpliendo ese rol para las mafias conformadas por desertores del proceso de paz, a quienes ofrece un salvavidas económico y refugio para reagruparse y reconsolidar sus fuerzas”[5].

  Refiere este informe que el hecho de que, durante la presidencia de Chávez, persistieran las denuncias acerca de los vínculos entre la guerrilla y altos mandos del gobierno y la cúpula militar venezolana, una relación que quedaría evidenciada con el hallazgo de los archivos en la computadora del comandante de las FARC, alias “Raúl Reyes” quien murió donde se describía un supuesto encuentro entre Chávez y el jefe guerrillero en el año 2000.

  La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios altos funcionarios de las fuerzas de seguridad por su presunta ayuda a las FARC en el trasiego de cocaína; entre ellos se contó el último ministro de defensa general Henry de Jesús Rangel Silva. Se pensó que una oscura facción del ejército, denominada el Cartel de los Soles tenía vínculos con la guerrilla y que intercambiaba cargamentos de cocaína por armas. Archivos recuperados del computador.

Guerrilleros a la batuta

  Hugo Carvajal sigue dando sustento a las acusaciones de la fiscalía de EE. UU. en cada una de sus declaraciones públicas, entre ellas, una entrevista concedida a la periodista Ibéyise Pacheco para el Diario Las Américas en octubre de 2019.

  El exdirector de inteligencia aseguró que Colombia se quedó corta en sus cálculos sobre la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, estimada por la administración neogranadina en 30 por ciento. “Fueron muy conservadores. En Venezuela hay más. Casi todos los jefes del ELN y de la disidencia de las FARC están en territorio venezolano. Y dónde están los jefes, están los demás. La precisión de su ubicación la conoce el alto mando militar. No es un secreto. Por eso no hay excusas para que los guerrilleros estén dirigiendo hasta los operativos de seguridad internos. Son extranjeros que hacen vida en el país y controlan territorios. En lo personal no los veo produciendo droga, pero sí cobrando impuesto por el paso, haciendo transacciones, ayudando en seguridad, de eso no tengo duda. La guerrilla obtiene además ingresos por contrabando, extorsión y cuanto delito se les ocurra. No hay excusa para que la guerrilla esté ahora en Venezuela”.

  Esto, según Carvajal, es del pleno conocimiento ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “a quien le gusta el dinero y solo le interesa estar bien en el poder. Su gracia es mantener a la Fuerza Armada corrompida al servicio de Maduro, quien a su vez está al servicio de Cuba (…) Todo arrancó en el 2007, cuando comenzaron a pasarse grupos completos hacia el lado de Venezuela. Me llegaban los reportes y lo confirmé. Tengo las fotos de un poco de gente que mandé a detener”[6].

Inundar de droga a EE. UU.

 El fiscal del Distrito Sur de Nueva York,  Geoffrey Berman aseguró al momento de la acusación contra Nicolás Maduro y sus supuestos aliado, que las presuntas actividades de narcotráfico de estos altos funcionarios estaban dirigida a la afectación de los Estados Unidos.

“El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible sólo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación formal no era la política o el servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico”, expresó Berman.

  Una afirmación semejante se conoció en septiembre de 2019, cuando la Audiencia Nacional de España debatía la extradición de quien igualmente forma parte de los exfuncionarios acusados con Maduro, a saber, el ex-general Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, quien estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

  En aquel momento se filtró a la prensa el informe que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) remitió a la justicia española, donde se detallaba una reunión que tuvo lugar en 2005 en la residencia presidencial venezolana y en la que el finado mandatario ordenó "combatir a EE. UU. inundándolo de cocaína".  

  Este dato de la DEA se sustentaba en el testimonio de uno de los asistentes a la cita, a quien se identifica como "testigo uno", al que describen como "un ex juez que se desempeñó en un tribunal de Venezuela a partir de aproximadamente 2005".

  La nota de El Mundo refiere que “Ese mismo año, siempre según el relato que ha prestado a las autoridades estadounidenses, se celebró la mencionada reunión ‘en la casa del entonces presidente Chávez’. A la misma acudieron, además de Carvajal y del propio comandante, "el general Henry de Jesús Rangel Silva, entonces jefe de una agencia de Inteligencia venezolana conocida como DISIP; Diosdado Cabello, en ese momento gobernador de Miranda; y Tareck El Aissami, entonces miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela (…) La DEA explica que ‘durante la reunión Chávez instó al grupo, en sustancia y en parte, a promover objetivos políticos, incluido el de combatir a Estados Unidos inundando el país con cocaína’. De esta forma, la Agencia Antidroga americana añade que ‘Chávez les ordenó’, a renglón seguido, ‘coordinarse’ con la guerrilla colombiana de las FARC para consumar el plan”.

  Las reuniones, según el testigo de la DEA se celebraban mensualmente para dar cuenta de los avances del plan. En uno de los encuentros en casa del vicepresidente para el momento, José Vicente Rangel, intervino Diosdado Cabello para describir “describió las rutas terrestres y marítimas de tráfico de drogas a través de Venezuela y Carvajal indicó que la cocaína sería suministrada por guerrillas colombianas, es decir, las FARC"[7].

Esta historia continuará....

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[2] La Nación. “Chávez: las FARC ‘no son terroristas’". 12 de enero de 2008. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/chavez-las-farc-no-son-terroristas-nid978386

[3] Infobae. “La íntima relación de las FARC con Hugo Chávez”. 5 de marzo de 2013. https://www.infobae.com/2013/03/06/1067599-la-intima-relacion-las-farc-hugo-chavez/

[4] BBC Mundo. “Colombia: ‘Jefes guerrilleros están en Venezuela’". 16 de julio de 2010. https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/07/100715_colombia_venezuela_guerrilleros_lr

[5] Insigth Crime. “FARC en Venezuela”. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/farc-en-venezuela/

[6] Diario Las Américas. “Hugo "El Pollo" Carvajal: "Toda Venezuela es ruta del narcotráfico". 16 de octubre de 2019. https://www.diariolasamericas.com/hugo-el-pollo-carvajal-toda-venezuela-es-ruta-del-narcotrafico-n4186210

[7] El Mundo. “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. 13 de septiembre de 2019. https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/13/5d7a8785fdddff20468b458a.html

Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Una orden de la juez Superior de Nueva York, Coleen McMahon, obligó a que la lectura de cargos contra el general venezolano, Cliver Alcalá Cordones, acusado de delitos de narcoterrorismo, se realizara vía telefónica este lunes, ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison. McMahon estableció que todos los procedimientos en las cortes sean a través de teleconferencias debido a la pandemia de coronavirus.

    La audiencia, acordada el domingo 30 de marzo, a Cliver Alcalá Cordones se le leyeron los cargos. El acusado firmó un formulario de renuncia de la acusación por separado, se declaró no culpable y se dijo una nueva conferencia para el 26 de junio.

 Con este procedimiento, se dio inicio al proceso para que su abogado defensor, Adam Kaufman y los fiscales federales inicien las conversaciones para llegar a un acuerdo de negociación de los cargos. 

   El militar venezolano dijo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia de Estados Unidos. 

   Estos son los cargos en el expediente de Alcalá Cordones:

1)  Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua; 

2) Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

3) Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión; y 


4) Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

  Cuando los acusados por delitos de narcotráfico aceptan colaborar con la fiscalía se procede con la lectura y declaración, para luego continuar con las discusiones que conlleven a la aceptación de al menos un cargo, y la negociación por beneficios de los otros. Por lo general, la defensa negocia los cargos más graves que conllevan a condenas más severas y aceptan responsabilidad por los cargos menores que le garantizan a los demandados un menor tiempo tras las rejas. 

  En la conferencia telefónica del 30 de marzo, estuvo el fiscal Matthew LaRoche en representación de la fiscalía. Los abogados defensor, Anthony Capozzolo y Adam Kaufman. 

  En el acta dada a conocer por la corte se señala que el acusado renunció al informe previo al juicio y a la presentación rápida, se declaró no culpable de los cargos. 

  La orden de realizar todas los procedimientos de la corte por teléfono tiene vigencia hasta el 1 de junio de 2020. 

  El pasado 26 de marzo, el fiscal general de EEUU, William Barr acusó al militar  de 60 años de ser miembro del cartel de los soles desde 1999, y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura

  Alcalá Cordones se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas diciendo que quería colaborar con la fiscalía estadounidense. El viernes 27 de marzo, fue trasladado a Nueva York por agentes de la DEA.

  La pandemia de coronavirus ha dificultado el ingreso de nuevos procesados al Centro Correccional Metropolitano de Manhattan debido a que hay casos positivos en la población penal.

   Este caso está asignado al juez Alvin K. Hellerstein.

Fiscales de Nueva York se oponen rotundamente a que el cómplice de Tareck El Aissami salga en libertad bajo fianza bajo el argumento del coronavirus

   En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso a la solicitud  de libertad bajo fianza presentada ante el tribunal por los abogados de uno de los cómplices del vicepresidente de Economía e Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, quien está a la espera de ser sentenciado, luego de declararse culpable. Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años, y pidió que lo dejaran salir de la cárcel debido, entre otros argumentos, a su temor al contagio de coronavirus.

  La defensa de Víctor Mones Coro presentó el 25 de marzo de 2020  una petición ante la corte donde pide que se le permita abandonar la prisión ante los posibles riesgos de COVID-19.

  Los fiscales neoyorquinos sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país. 

  Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos. 

   Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala". 

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos". 

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación, razón por la cual, el juez debe rechazar la petición.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado. 

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación 

   Entre 2017 y marzo de 2019,  Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin. 

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida,  que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados. 

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr. 

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas. 

  Moros Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley. 

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente,  utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales. 

   El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación. 

   Moros Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano. 

   El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable  y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

   Moros Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

   Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales "como mínimo, unos increíbles $ 6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

   La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa". 

   De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían. 

   Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente. 

   Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España  y su hermana reside en las Islas Canarias españolas. 

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos. 

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho,  actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela. 

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo  a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

   La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Moros Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado,  Es dueño de un avión privado  y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados. 

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

  Estas circunstancias únicas requieren un encarcelamiento continuo en este caso. 

  Los fiscales sostiene que Moros Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión. 

  En el documento de moción, donde la fiscalía rechaza la petición, se señala que las condiciones del Centro Correccional Metropolitano (MCC), el acusado tiene acceso a sus abogados y que si bien la situación de COVID-19 ha requerido cambios temporales en el prisión en relación con las interacciones abogado-cliente, MCC está trabajando de manera constante y rápida para presentar alternativas a las reuniones en persona. 

  El abogado defensor se comunicó recientemente con el acusado por teléfono, y el Gobierno entiende que se atenderán las futuras solicitudes de llamadas telefónicas del defensor.

  El abogado defensor tiene la capacidad de comunicarse con el acusado por correo electrónico. Además, el MCC está trabajando para establecer capacidades de videoconferencia a partir de la próxima semana, a las cuales el acusado tendrá acceso. 

  Estas medidas, dicen los fiscales,  son apropiadas para proteger la salud de los reclusos y el personal al tiempo que equilibran las necesidades de los acusados ​​para comunicarse con un abogado. 

  Dado el mandato casi universalmente aceptado de la comunidad médica de que las reuniones en persona deben evitarse para todos, ya sea que estén encarcelados o no, el acceso del acusado a llamadas legales y correo electrónico es claramente una alternativa adecuada a las reuniones presenciales durante la duración del peligro más grave planteado por COVID-19.

   Además, gran parte del argumento del acusado con respecto a los desafíos de prepararse para su sentencia se basa en la falta de voluntad del acusado de aplazar la fecha de la sentencia. 

   El Gobierno entiende que el acusado está ansioso por proceder a la sentencia, y el Gobierno está dispuesto a proceder a la sentencia tan pronto como la próxima semana si el Tribunal lo desea. Pero el acusado no puede quejarse de que no puede cumplir con las expectativas de tiempo de su sentencia mientras se opone simultáneamente a la flexibilización de esos plazos. 

  Un breve aplazamiento de la fecha de la sentencia permitiría al abogado tiempo adicional para mantener llamadas y videoconferencias con el acusado, o tal vez para reunirse en persona cada vez que los protocolos COVID-19 puedan ser relajados de manera segura. 

   Dado que el acusado enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión, un aplazamiento de algunas semanas no es irrazonable, y es una solución infinitamente más adecuada para abordar las preocupaciones del acusado de lo que es liberación de la custodia dado el riesgo de fuga que plantea.

  Por su parte, la Oficina de Prisiones  ha informado al Gobierno que está preparado para manejar los riesgos planteados por COVID-19, al igual que con otras enfermedades infecciosas y otras condiciones médicas. Desde al menos octubre de 2012, BOP ha implementado un Plan de influenza pandémica. 

Ni Maduro ni Guaidó: Un Consejo de Estado para servir a la transición que conlleve a elecciones libres y justas

  El representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams escribió un artículo en el Wall Street Journal donde propone la creación de un Consejo de Estado para hacerle frente a la crisis humanitaria que tiende agravarse como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ver original aquí.

Acá les dejo el artículo de Abrams:

  A medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo, es fácil olvidar el sufrimiento del pueblo venezolano a manos del régimen de Nicolás Maduro. La administración Trump no lo ha hecho. Hoy anunciamos un Marco de Transición Democrática para ayudar a los venezolanos a escapar de la crisis nacional que la caída de los precios del petróleo y el coronavirus han profundizado.

  Presentamos este marco como un camino para que Venezuela emerja de años de represión y conflicto político. Propone que tanto Maduro, el ex presidente que se ha aferrado al poder, como Juan Guaidó, el presidente interino, se hagan a un lado para que los miembros electos de la Asamblea Nacional de ambos lados puedan crear un Consejo de Estado para servir como la transición de gobierno que celebraría elecciones presidenciales libres y justas. En las negociaciones del año pasado, el equipo que representaba al Sr. Guaidó y la Asamblea Nacional propusieron este camino hacia la restauración de la democracia.

La democracia no se trata solo de elecciones. Un Consejo Nacional Electoral nuevo, equilibrado e independiente también es crítico, y una Corte Suprema independiente debe reemplazar al actual, que no es más que un brazo del régimen de Maduro. Una democracia vibrante también exige medios libres e independientes con el fin de la censura generalizada del régimen.

Estados Unidos no apoya a ningún partido político en particular en Venezuela. Apoyamos el retorno a la democracia y creemos que todos los partidos, incluido el partido del régimen, el PSUV, deberían poder competir en igualdad de condiciones en elecciones libres y justas. Esto significa el fin de los enjuiciamientos injustos que han dejado a decenas de miembros del Parlamento en el exilio, cuatro en prisión y muchos más excluidos de postularse para un cargo, incluido el Sr. Guaidó, que continuaría como presidente de la Asamblea Nacional hasta nuevo parlamentario y elecciones presidenciales. Estados Unidos reconocerá los resultados de una elección libre y justa, sin importar qué partido gane; a lo que nos oponemos es al abuso del poder del estado que le permite a una de las partes gobernar indefinidamente.

Para el régimen de Maduro, los profundos recortes en los ingresos debido a la caída de los precios del petróleo agravan la crisis de un sistema médico que llevó al colapso lento durante dos décadas. La presión de Estados Unidos no ha impedido que los alimentos o las medicinas lleguen a los venezolanos. El propósito de las sanciones es privar al régimen de los ingresos que utiliza para la represión, o robar a través de la gran corrupción, y obligar al régimen a aceptar las elecciones presidenciales. Maduro nunca ha negociado de buena fe sobre ese tema central. Las elecciones a la Asamblea Nacional por sí solas no constituyen una solución política.

Los militares desempeñarán un papel esencial para lograr un cambio pacífico y dar forma al futuro de Venezuela. Los soldados venezolanos, junto con los agentes de policía, sufren como los civiles; apenas pueden permitirse alimentar a sus familias y no pueden pagar la atención médica o los medicamentos. Venezuela enfrenta un gran desafío de seguridad por parte de narcotraficantes, grupos terroristas y bandas criminales, y necesita fuerzas de seguridad mejor pagadas, capacitadas y equipadas para asegurar las fronteras de la nación y mantener la paz. Los militares y la policía deben abandonar el papel que el régimen de Maduro les ha forjado: llevar a cabo la represión del pueblo venezolano. Los militares también deben unirse para expulsar a los agentes de inteligencia cubanos que los espían a ellos y a todos los ciudadanos y sirven como el verdadero escudo del régimen. El apoyo de las fuerzas armadas al Marco de Transición Democrática sería un paso clave en esta dirección.

Las elecciones presidenciales libres y justas son el camino para salir de la crisis de Venezuela. Debido a que no se puede confiar en el Sr. Maduro para organizarlos, establecer el Consejo de Estado es un paso esencial. Estamos preparados para trabajar con todos los venezolanos y con otras naciones y levantar las sanciones cuando se cumplan las condiciones necesarias. El Marco de Transición Democrática allana el mejor camino hacia la restauración de la democracia a través de la participación justa de todas las partes y el fin de la brutalidad, la represión y la agitación política que han marcado el pasado reciente de Venezuela.

Hasta que se logre ese objetivo, nuestra presión se fortalecerá. Esperamos con ansias el día en que se celebren elecciones, se establezca un nuevo gobierno democrático y se puedan levantar las sanciones. Esperamos restaurar las que alguna vez fueron relaciones cercanas entre Venezuela y los Estados Unidos, para ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos desplazados por la crisis a regresar a su querido país, y para ver a los niños de Venezuela compartir nuevamente la generosidad natural de su país.

* Elliot Abrams es representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La Corte Suprema de EE.UU. dictamina que CITGO es responsable del derrame de petróleo en 2004

  La decisión del Supremo es un duro golpe para CITGO que deberá pagar  $180 millones para la recuperación y compensación de los costos, más intereses. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  De acuerdo a un dictamen de la Corte de Suprema de Justicia de los Estados Unidos dado a conocer este lunes, CITGO es responsable de un derrame de petróleo que ocurrió en 2004 en el río Delaware, y debe pagar los costos de limpieza del área.

  En 2004, un petrolero fletado por CITGO Asphalt Refining Company y otras empresas, golpeó un ancla que, meses antes, había perdido una embarcación que estaba trabajando para el gobierno en el dragado del canal de navegación en el río Delaware, lo que llevó a la liberación de 264,000 galones de crudo pesado, según documentos judiciales.

  En ese momento, Frescati Shipping Company, propietaria de la embarcación, y los Estados Unidos juntos pagaron un total de $ 133 millones para limpiar el derrame de las aguas del río.

  Este lunes, el tribunal dictaminó  con 7 votos a favor y 2 en contra que CITGO y las otras empresas, son responsables de los costos de limpieza.

  La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Sonia Sotomayor, dijo que una cláusula de "litera segura" en el contrato de fletamento del buque debe interpretarse como una garantía de seguridad, lo que significa que le correspondía a CITGO y a otros asegurarse de que el petrolero atracara con seguridad.

  Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en desacuerdo con la mayoría que adoptó la decisión. Thomas argumentó en la opinión disidente que el texto de la cláusula de seguridad del contrato no incluye una garantía de seguridad.

  Thomas sostuvo que existe la necesidad de más información sobre si el estándar de la industria establece dicha garantía.

CITGO decepcionado

  El presidente y gerente general de CITGO, Carlos Jordá, expresó  a su decepción con el fallo, pero dijo que la compañía acataría la decisión del tribunal.

 "Aunque obviamente tenemos opiniones diferentes sobre los méritos de nuestro caso, respetamos la interpretación de la Corte y finalmente podemos cerrar este capítulo sobre el caso Athos", dijo Jordá en un comunicado, refiriéndose al barco Athos I.

   Vale destacar que este caso fue gerenciado por los abogados internos y externos de CITGO, entre ellos Judith Colberth.

  Durante más de 14 años Judith Colberth y el abogado externo de CITGO, Nate Eimer, del escritorio jurídico Erimer Stahl law firm llevaron este caso ante los tribunales.  

 "A lo largo de este período, Colberth autorizó más de $ 45 millones en pagos de honorarios de abogados externos para defender a CITGO en este caso que terminó sin éxito en la Corte Suprema esta semana que se pronunció en contra de CITGO", señaló una fuente interna que pidió mantenerse en el anonimato debido al  constante acoso laboral que sufre el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  Otra fuente consultada, dijo que aunado a los millonarios costos de abogados, CITGO debe ahora pagar tras la decisión del Supremo $180 millones para la recuperación y compensación de los costos más intereses. 

  Según informantes internos, "Judith Colberth, durante muchos años, ha contratado abogados externos sin pasar por el debido proceso de selección de dichos profesionales y sin monitorear detalladamente el trabajo y las horas cargadas por los representantes legales externos, y sin supervisión de este departamento por parte de la gerencia".

Reportes internos

  Desde febrero 2019, la falta de controles en el Departamento de Legal de CITGO, fue reportada a Luisa Palacios y a los miembros de la nueva junta directiva, pero hasta ahora no se han tomado medidas correctivas, ni se han hechos observaciones de ninguna naturaleza. 

  Las fuentes consultadas para esta nota resaltan que "durante las administraciones chavista hasta la actual, los abogados internos de CITGO han apoyado presuntamente a la gerencias corruptas en la corporación". Asimismo, supuestamente "se han prestado para ser parte en la conspiración para la entrega de contratos fraudulentos que han sido objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte I)

  Investigaciones y evidencias sirven de base a la acusación formulada por fiscalía de los Estados Unidos contra el mandatario venezolano y parte de su equipo de gobierno.

Por Maibort Petit

@maibortpetit 

  La acusación formulada por el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, de ningún modo se pueden considerar como arbitraria o inconsistente, pues detrás de ella hay años de investigación, a los que se suman diversos informes y estudios que comprueban que el gobierno venezolano ha devenido en una organización criminal.

  Los delitos por los cuales acusaron al presidente de la república de Venezuela, Nicolás Maduro y a catorce funcionario y exfuncionarios venezolanos, el pasado 26 de marzo de 2020 son los siguientes: 

1)  Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua; 

2) Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

3) Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión; y 

4) Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

Los acusados

   Junto a Maduro han sido acusados también el vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

  Una acusación de reemplazo que dio a conocer la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), incorporó a los siguientes funcionarios:

1) Diosdado Cabello Rondón, de 56 años de edad, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; 

2) Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, de 59 años, exdirector de inteligencia militar; 

3) Cliver Antonio Alcalá Cordones, de 58 años, ex-general de la Fuerza Armada; 

4) Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", de 64 años, miembro máximo órgano de dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a saber, la Secretaría de la FARC; y

5) Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo del grupo guerrillero terrorista.

La base de la acusación

   Sostiene la acusación que el régimen venezolano, ahora en manos de Nicolás Maduro Moros, se encuentra “plagado de criminalidad y corrupción", según lo refirió el fiscal General Barr, quien agregó expuso que, por más de dos décadas, el mandatario y varios de sus colegas de alto rango “supuestamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses”.

  Una sospecha que coincide con lo afirmado por el periodista y experto y experto estadounidense en temas de seguridad nacional, Douglas Farah, quien luego de investigar por más de cinco años en once países junto a Caitlyn Yates, investigadora de la Universidad de Texas, presentó en abril de 2019 el informe denominado “La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”.

En ese informe se concluye que Nicolás Maduro —y previamente Hugo Chávez— convirtieron a Venezuela en una “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana [que] es una estructura única, construida con la participación directa del Estado, actuando en forma criminal y operando a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales. 

 La investigación señala que "esta acción criminal cuenta con apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza democrática y las alianzas de los Estados Unidos en el hemisferio occidental".

  De acuerdo a este estudio, después de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió la herencia del finado mandatario en 2013 y, desde entonces, la red criminal se extiende “a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros”.

   En Venezuela, los efectos de esta empresa criminal llevaron a que la economía venezolana se contrajese en más de un 50 por ciento, mientras que por lo menos 10,5 por ciento de la población venezolana tiene que vivir como refugiada. Una situación que impone enormes costos a los vecinos regionales de Venezuela

  Farah y Yates refieren que las actividades desarrolladas por el régimen venezolano, las cuales se traducen en lavado ilícito de dinero, “socava el estado de derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas. Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen”.

  Concluyeron que "La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada"[1].

  Con Farah coincide Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS por sus siglas en inglés) y autor del capítulo “Tendencias del crimen organizado en Venezuela” en el libro Reconceptualizando la seguridad en las Américas en el siglo XXI, quien agrega, con base a un conjunto de investigaciones, que en Venezuela, con el apoyo del gobierno cubano, opera un canal criminal-terrorista dirigido a encauzar fondos y drogas desde América Latina hacia el Medio Oriente, a cambio de resguardo a combatientes extranjeros y terroristas islámicos[2].

  Estudios del Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insight Crime), lo han llevado a afirmar que la corrupción y el débil estado de derecho convirtieron a Venezuela en un país clave para el tránsito de grandes cargamentos de drogas desde Colombia hacia estados Unidos y Europa, lo cual se acentuó en la primera década del siglo XXI, cuando la a Fuerza Armada pasó a tener un especial protagonismo en el narcotráfico, al haber conformado el “Cartel de los Soles“[3].

  En tal sentido, el objetivo de la acción judicial emprendida contra Maduro y el resto de funcionarios señalados, apunta a la necesidad de “erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales", sentenció el fiscal William Barr[4].

A confesión de partes…

  Lo afirmado por los estudios e investigaciones, así como por los fiscales de los EE. UU. lo sostiene quien es uno de los protagonistas de este caso, a saber, Hugo Carvajal Barrios, exdirector de inteligencia militar, quien en una entrevista concedida a la periodista Ibéyise Pacheco para el Diario Las Américas en octubre de 2019, mientras aguardaba el pronunciamiento de la Audiencia Nacional de España sobre su extradición a los Estados Unidos, formuló importantes declaraciones que comprometen a Nicolás Maduro, a la Fuerza Armada y a miembros del alto gobierno venezolano.

  Conocido como “El Pollo”, el exgeneral afirmó sin ambages que “toda Venezuela es ruta del narcotráfico” y agregó: “La droga la transportan para su exportación por todas las vías del país. Las autoridades deberían y podrían evitar eso, pero hay intereses dentro del Gobierno de Maduro para que eso continúe”.

  Y aunque niega la existencia del “Cartel de los Soles” y cataloga los señalamientos de su existencia como un mito —pues “te puedo asegurar que [ la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB] no está estructurada como un cartel”— sí admite que el narcotráfico a infiltrado a la institución castrense.

  De este modo, Carvajal reconoce que el gobierno y  la Fuerza Armada de la que formó parte, opera el narcotráfico en Venezuela. “La droga la transportan para su exportación por todas las vías del país. Las autoridades deberían y podrían evitar eso, pero hay intereses dentro del Gobierno de Maduro para que eso continúe”.

  Considera que la FANB está en franco deterioro moral, donde “se lucran del tráfico de droga y el Gobierno lo permite, es más lo estimula, aunque no necesariamente la institución opera como una estructura organizada. Repito, toda Venezuela está al servicio del narcotráfico porque la voluntad del Presidente no pasa por evitar la criminalidad. Ninguna exportación de drogas excluye la complicidad de funcionarios del Estado en puertos y aeropuertos. De eso se trata. Es la burocracia del Gobierno al servicio del delito”[5].

CITAS

[1] IBI Consultans. “La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana”. https://www.ibiconsultants.net/_pdf/maduros-last-stand-spanish10640.pdf

[2] Panam Post. “Venezuela se ha ganado sus galones como amenaza a seguridad de EE.UU.”. 6 de abril de 2015. https://es.panampost.com/joseph-humire/2015/03/26/venezuela-se-ha-ganado-sus-galones-como-amenaza-a-seguridad-de-ee-uu/

[3] Insigth Crime. “Perfil de Venezuela”. 7 de diciembre de 2016. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/venezuela/

[4] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[5] Diario Las Américas. “Hugo "El Pollo" Carvajal: "Toda Venezuela es ruta del narcotráfico". 16 de octubre de 2019. https://www.diariolasamericas.com/hugo-el-pollo-carvajal-toda-venezuela-es-ruta-del-narcotrafico-n4186210

Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero

  El Departamento de Justicia norteamericano acusó a Nicolás Maduro Moros y a 14 funcionarios de alto rango del régimen venezolano de haberse asociado con el grupo terrorista de las FARC para usar la cocaína como arma para "inundar" a los Estados Unidos. 

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El Departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves cargos por narcotráfico, terrorismo, corrupción y lavado de dinero contra las principales figuras del régimen de Venezuela, y ofreció una recompensa de USD 15 millones a las personas que ayuden a la captura  y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

  El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Nicolás Maduro. Por esas razones, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. 

  El fiscal Barr dijo que se estima que la organización criminal del cártel de los Soles que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

  Por su parte, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, dijo: “Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada sólo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”. Además, Berman sostuvo que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.

  El fiscal mostró un cuadro donde aparecen dos tipos de recompensas para quienes ayuden a capturar y procesar a los miembros de la empresa criminal. Por la cabeza de Nicolás Maduro se ofrecen USD 15 millones y por las de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tareck El Aissami USD 10 millones por cada uno y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango.

   En el cuadro aparece Nicolás Maduro Moros, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno en primera plana, y posteriormente 11 funcionarios (y exfuncionarios) civiles y militares. 

  Los acusados serán procesados, de llegarse a capturar, en tres distritos: Nueva York; Washington DC y Miami. En la acusación aparecen también dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  "Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela de miles de millones de dólares", dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan. 

  “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal. Como muestran las caricaturas recientes, la corrupción venezolana y el lavado de dinero en el sur de Florida se extienden incluso a los niveles más altos del sistema judicial de Venezuela. En los últimos años, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En el sur de Florida y sus socios federales encargados de hacer cumplir la ley se han unido para presentar docenas de cargos penales contra funcionarios del régimen de alto nivel y conspiradores que resultan en incautaciones de aproximadamente $ 450 millones de dólares ”

  "Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro", dijo el administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. 

 “Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense", sostuvo Dhillon. 

 Aseguró además que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan ".

  "La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de aplicación de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y libres de corrupción", dijo el Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI Alysa D. Erichs. 

  "El anuncio de hoy destaca el alcance y el compromiso global de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita". 

Los acusados son los siguientes:

En el Distrito Sur de Nueva York (SDNY):

Nicolás Maduro Moros, de 57 años; Diosdado Cabello Rondón, 56, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, 59, ex director de inteligencia militar; Cliver Antonio Alcalá Cordones, 58, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", 64, miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC; y Seuxis Paucis Hernández Solarte, también conocido como "Jesús Santrich", de 53 años, miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. El caso está pendiente ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

  Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango y Hernández Solarte han sido acusados ​​de: 

(1) participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. prisión, 

(2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 

(3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y 

(4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. 

La acusación

  De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación sustituta, otras presentaciones judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales:

  Desde al menos 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes de Cártel de Los Soles. El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. 

  Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados  en la presente conspiración ​​abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. 

  "El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos", dice el documento del gobierno.

  Marín Arango y Hernández Solarte son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. 

  Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de EE. UU. estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. 

  Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

  En su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció múltiples envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

  La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. 

  Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.

Vladimir Padrino López

   Asimismo, el comunicado del Departamento de Justicia refiere una acusación presentada hoy en el Distrito de Columbia que alega que desde marzo de 2014 hasta mayo de 2019, Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, conspiró con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

  Padrino López, quien tiene el rango de General en las fuerzas armadas venezolanas, tenía la autoridad para interceptar aviones—muchos de los cuales están registrados en los Estados Unidos— sospechosos de ser utilizados para traficar drogas desde Venezuela a países de América Central. 

  En numerosas ocasiones, Padrino López ordenó o autorizó al ejército venezolano a obligar a aterrizar o derribar el avión. Sin embargo, Padrino López permitió que otras aeronaves —cuyos coordinadores de narcotráfico le pagaban sobornos—  transitaran con seguridad por el espacio aéreo venezolano.

  Recuerda que el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Padrino López en su Lista de nacionales especialmente designados. De conformidad con la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros, esto significa que sus activos están bloqueados y que a los estadounidenses generalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con Padrino López.

  La Oficina de Distrito de la DEA en Orlando dirigió la investigación, que fue apoyada por el programa de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y la Oficina de Operaciones de Aplicación de la División Criminal. El subjefe interino Charles Miracle y los abogados litigantes Michael Christin y Kirt Marsh de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal están procesando el caso.

Maikel José Moreno Pérez

   Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

  La demanda señala que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de $ 100 millones a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. 

  Del mismo modo, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el despido de dibujos animados o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.

   De acuerdo con la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez le dijo a las autoridades estadounidenses una solicitud de visa donde señalaba que ganaba aproximadamente el equivalente a aproximadamente $ 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. 

  De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran entradas de aproximadamente $ 3 millones en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas.

Tareck Zaidan EL Aissami

  En una acusación sustituta separada revelada por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, se señala que fueron acusados: 

 1) Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, actual el vicepresidente de economía de Venezuela

  2) Joselit Ramírez Camacho, de 33 años, el superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y, 

  3) Samark López Bello, de 45 años, un empresario venezolano, con una serie de delitos relacionados con esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.

  La acusación formal alega que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro después de organizarse elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige Cabello Rondón.

  El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su Programa de recompensas de narcóticos, ofrece una recompensa de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah.

   La Oficina de Campo de Nueva York de HSI realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.

Otras acusaciones separadas

   Luis Motta Domínguez, de 67 años, ex ministro de Energía, fue acusado en el Distrito Sur de Florida por su presunto papel en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con su presunto recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec. a empresas con sede en los Estados Unidos.

Néstor Reverol Torres, 55, ex Director General de La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela y Edylberto José Molina Molina, 57, ex Subdirector de la ONA de Venezuela y actualmente agregado militar de Venezuela a Alemania, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York con la participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.

Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, alias "Mauro" y "Ángel", 47, ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, fue acusado en una tercera acusación en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero. , 2004 y 1 de diciembre de 2009.

Rafael Antonio Villasana Fernández, de 48 años, ex oficial de la Guardia Nacional de Venezuela, fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de diciembre de 2009. Según el tribunal documentos, Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela para su importación final a los Estados Unidos.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, de 52 años, ex viceministro de Energía de Venezuela, fue acusado en una acusación de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas de conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar corruptamente contratos de energía y prioridad de pago en facturas pendientes.

Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51, ex oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado en el Distrito de Arizona de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas. 

  Supuestamente conspiró con otros, incluidos individuos asociados con una compañía de aviación en Arizona, para contrabandear desde Estados Unidos. a los motores de aviones militares T-76 de Venezuela utilizados en los aviones OV-10 Bronco a personas en Venezuela y supuestamente hicieron declaraciones falsas y engañosas en los documentos de control de envío y exportación para ocultar las actividades y transacciones prohibidas de la detección del gobierno de los EE. UU.