viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.





Socio de Tarek El Aissami dio positivo en COVID-19 en una cárcel de Nueva York

Por Maibort Petit

   La defensa de Michols Orsini Quintero, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, dijo al juez del Distrito Sur de Nueva York, que su cliente dió positivo en un examen de COVID-19 que le practicaron en la Centro Correccional Metropolitano (MCC), y por esa razón no pudo estar presente en la conferencia por video que se realizó por su caso.

  La abogada Sabrina P. Shroff pidió al juez, Alvin K. Hellerstein, que excluyera el tiempo que transcurre desde el 27 de julio en adelante del que establece la Ley de Juicio Rápido. 

  Sostuvo que la exclusión de ese tiempo permitirá a la defensa y al gobierno discutir  los elementos del caso antes del juicio.

  El magistrado, luego de un encuentro ocurrido el el 3 de agosto con las partes, fijó una audiencia antes del juicio para el 9 de septiembre 2020, para discutir los detalles necesarios del proceso. 


  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aárea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien piloteó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países. 

   En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios,  Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a  El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

   Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

  La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

   La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

  El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

  El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

    El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.



Estos son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por el Reino Unido

  Inglaterra actualizó su lista. Con la adición de once funcionarios ahora el número se eleva a 36.

Por Maibort Petit

   El pasado 4 de agosto de 2020 la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Her Majesty´s Treasury (El Tesoro de su Majestad), instancia gubernamental encargada del desarrollo y ejecución de la política fiscal y económica del gobierno británico, actualizó la lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados con la congelación de activos.


  En junio pasado, el secretario de asuntos exteriores de la Mancomunidad de Gran Bretaña informó que esa nación acataba las sanciones propuestas por la Unión Europea en contra de la administración de Maduro y sumó a once miembros del gobierno venezolano que elevan a 36 el total de sancionados.

Los 36 sancionados

José Antonio Benavides Torres, nacido el 13 de junio de 1961.Exjefe del gobierno del Distrito Capital hasta enero de 2018. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 2017. Responsable de la vigilancia que GNB ejerció sobre las manifestaciones civiles y por abogar para que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre civiles.

Freddy Alirio Bernal Rosales, nacido el 16 de junio de 1962 en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. Jefe del Centro Nacional de Control del CLAP; protector del Estado de Táchira; Comisionado General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Responsable de influir en los nombramientos de jueces y fiscales; de socavar la democracia mediante la manipulación de la distribución del CLAP entre los votantes; detenciones arbitrarias del SEBIN.

Néstor Nepalí Blanco Hurtado, nacido el 26 de junio de 1982. C.I. Nº V-15.222.057. Mayor en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Opera junto a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde diciembre de 2017. Responsable de tortura, uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos en instalaciones de DGCIM.

Rafael Ramón Blanco Marrero, nacido el 28 de febrero de 1968. C.I. Nº V-6250588. Subdirector de la DGCIM desde diciembre de 2018 y encargado de la División General del Ejército Nacional Bolivariano desde el 5 de julio de 2019. Responsable de la tortura, uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Dinorah Joselin Bustamante Puerta, nacida el 14 de enero de 1975. C.I. Nº V-10.002.096 Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia, con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Diosdado Cabello Rondón, nacido el 15 de abril de 1963. Presidente de la Asamblea Constituyente; Primer Vicepresidente del PSUV. Ha utilizado los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios y a la sociedad civil.

Carlos Alberto Calderón Chirinos, C.I. Nº V-10.352.300. Titular de la oficina superior SEBIN. Participó y fue responsable de actos de tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de los detenidos en El Helicoide.

Tania Valentina Díaz González, nacida el 18 de junio de 1963 en Caracas. C.I. Nº V-6.432.672. Primera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida desde el 4 de enero de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria.

Franklyn Leonardo Duarte, nacido el 15 de mayo de 1977. C.I. Nº V-3.304.045. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente el 5 de enero de 2020, mientras era bloqueada la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah, nacido el 12 de noviembre de 1974. Vicepresidente de Economía; ministro de Industria y Producción Nacional. Exvicepresidente de Venezuela con supervisión del SEBIN. Responsable de detenciones arbitrarias, investigaciones por motivos políticos, tratos inhumanos y degradantes, tortura y la prohibición de manifestaciones públicas. Encabezó el "comando anti-golpe" del presidente Maduro, que se ha dirigido a la sociedad civil y la oposición democrática.

Alexis Enrique Escalona Marrero, nacido el 12 de octubre de 1962. Jefe a cargo de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo (ONDOFT). Comandante Nacional del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre 2014 y 2017. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza, maltrato de detenidos y represión de la sociedad civil.

Rafael Antonio Franco Quintero, nacido el 14 de octubre de 1973. C.I. Nº V-11.311.672. Agente del SEBIN. Jefe de Investigaciones en la DGCIM entre al menos 2017 y diciembre de 2018. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en instalaciones de la DGCIM. Responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Gustavo Enrique González López, nacido el 2 de noviembre de 1960. Jefe del SEBIN, reelegido el 30 de abril de 2019.  Fue asesor de seguridad e inteligencia de la oficina del presidente del 8 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019. Jefe de SEBIN hasta octubre de 2018. Responsable de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y represión de la sociedad civil.

Alexander Enrique Granko Arteaga, nacido el 15 de marzo de 1981. C.I. Nº V-14.970.215. Jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) del DGCIM. Cometió violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza que causó la muerte, lesiones y el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Directamente involucrado en la represión de la sociedad civil. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Hannover Esteban Guerrero Mijares, nacido el 14 de enero de 1971. Jefe de Investigaciones en el DGCIM, al menos desde abril de 2019 hasta agosto de 2019. Supervisó las instalaciones de DGCIM en Boleíta. Cometió graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Katherine Nayarith Harrington Padrón, nacida el 5 de diciembre de 1971. Fiscal General Adjunto desde julio de 2017 hasta octubre de 2018. Su nombramiento lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en violación de la Constitución pues correspondía a la AN. Inició enjuiciamientos por motivos políticos y no investigó las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

Iván Hernández Dala, nacido el 18 de mayo de 1966. Jefe del DGCIM desde enero de 2014; jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015.  Responsable del uso excesivo de la fuerza y los malos tratos a los detenidos.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández, nacida el 11 de marzo de 1952. Exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Facilitó el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, nacido el 18 de abril de 1963 en Caracas.  C.I. Nº V-7.659.695. Contralor General desde el 23 de octubre de 2018; exvicepresidente primero y segundo de la ANC no reconocida. Firmante de la "ley contra el odio", justifica la destitución del gobernador de la oposición elegido legalmente y prohíbe a Juan Guaidó postularse para cualquier cargo público.

Elías José Jaua Milano, nacido el 16 de diciembre de 1969. Exministro del Poder Popular para la Educación; expresidente de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Lideró el establecimiento de la ANC ilegítima.

Tibisay Lucena Ramírez, nacida el 26 de abril de 1959. Expresidenta del CNE. No pudo garantizar que el CNE siguiera siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana. Facilitó el establecimiento de la ANC y la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018 a través de elecciones presidenciales que no fueron libres ni justas.

Jorge Elieser Márquez Monsalve, nacido el 20 de febrero de 1971 en Caracas. C.I. Nº V-8714253. Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) desde el 7 de agosto de 2017. Limitó severamente los derechos del pueblo venezolano a la libertad de prensa, libertad de expresión e información. Usó los poderes especiales de CONATEL para silenciar las críticas y los disidentes del régimen al bloquear, filtrar y obstruir los sitios web de Internet y al revocar las licencias existentes para estaciones de radio y televisión y negarse a otorgar nuevas licencias.

Juan José Mendoza Jover, nacido el 11 de marzo de 1969 en Trujillo.  C.I. Nº V-9.499.372. Segundo vicepresidente del TSJ; presidente de la Cámara Constitucional del TSJ desde el 24 de febrero de 2017. Sus acciones han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso mediante una serie de sentencias judiciales que han limitado o socavado los poderes constitucionales de la AN elegida democráticamente.

Karin Mora Salcedo, C.I. Nº V-8.608.523. Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la AN y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Maikel José Moreno Pérez, nacido el 12 de diciembre de 1965. Presidente del TSJ. Exvicepresidente del TSJ. Responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la AN.

Xavier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del CNE. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Gregorio Noriega Figueroa, nacido el 21 de febrero de 1969. C.I. Nº V-8.348.784. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente. Miembro de la AN. Organizó su elección como segundo vicepresidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y sin que se alcanzara el quórum.

Sandra Oblitas Ruzza, nacida el 7 de junio de 1969. Exvicepresidente del CNE; expresidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Adelino Ornelas Fereira, nacido el 14 de diciembre de 1964 en Caracas. C.I. Nº V-7.087.964. Secretario General del Consejo Nacional de Defensa desde el 26 de julio de 2019. Excomandante de la Región de Defensa Estratégica Integral de la Capital Nacional (REDI Capital); exjefe de Gabinete y exsegundo al mando del Comando Operativo y Estratégico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela (CEOFANB). Ha apoyado y facilitado acciones y políticas del Gobierno de Venezuela. Responsable de obstruir la provisión de ayuda humanitaria y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios.

Luis Eduardo Parra Rivero, nacido el 7 de julio de 1978. C.I. Nº V-14.211.633. Presidente de la AN, elegido ilegítimamente. Organizó su elección como presidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y no se llegó a un quórum.

Gladys Del Valle Requena, nacida el 9 de septiembre de 1952 en Puerto Santo, Sucre. C.I. Nº V-4.114.842. Segundo vicepresidente de la ANC no reconocida, desde el 26 de octubre de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la AN de su inmunidad parlamentaria.

Néstor Luis Reverol Torres, nacido el 28 de octubre de 1964. Ministro de Interior, Justicia y Paz desde 2016; vicepresidente de Obras y Servicios Públicos y Secretario Ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico desde abril de 2019. Excomandante General de la GNB. Responsable de la tortura de presos políticos y represión de manifestaciones políticas.

Sergio José Rivero Marcano, nacido el 8 de noviembre de 1964. Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas; Comandante general de la GNB hasta el 16 de enero de 2018. Responsable del uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez, nacida el 18 de mayo de 1969. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Expresidente de la ANC  ilegítima y exmiembro de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Usurpó los poderes de la AN y los usó para atacar a la oposición y evitar que participaran en el proceso político.

Tarek William Saab Halabi, nacido el 10 de septiembre de 1963 en El Tigre, estado Anzoátegui. Fiscal General de Venezuela designado por la ANC. Anteriormente Defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano. Acciones de apoyo público contra opositores del gobierno de Venezuela y la retirada de competencias de la Asamblea Nacional.

Jesús Rafael Suárez Chourio, nacido el 19 de julio de 1962. Comandante en Jefe del Ejército; Jefe del Estado Mayor General al Comandante en Jefe; excomandante General del Ejército; excomandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable del uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos. Apuntó a la oposición democrática y apoyó el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.


 

Conozca los aspectos claves del caso de extradición de Álex Saab

   Desde su arresto en la República de Cabo Verde, se inició el proceso de extradición, a cuyos puntos fundamentales hacemos referencia en esta entrega.

Por Maibort Petit

  Luego de que el Tribunal de que el Tribunal de Apelación de la República de Cabo Verde aprobara la extradición a los Estados Unidos del empresario barranquillero, Álex Saab, crece la expectativa acerca de cuáles serán los próximos acontecimientos.


  He aquí los aspectos claves delo que ha sido el proceso hasta la fecha.


1) La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos

  El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Álex Nain Saab Moran por orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen se beneficien significativamente de importación y distribución de alimentos en Venezuela. La administración estadunidense señaló a Saab de beneficiarse de contratos sobrevalorados, entre los que se incluye el programa de subsidio de alimentos denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab actuó con su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.

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   El colombiano, según el Tesoro de EE. UU. se valió para cumplir su cometido, de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de su familia, para lavar provenientes de la corrupción en todo el mundo[1].

  Saab y Pulido fueron acusados formalmente por la fiscalía estadounidense, por sus supuestos roles en el lavado de dinero producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

     La fiscalía anunció que Álex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados de ocho cargos de lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida. La querella sostiene que el empresario pagó sobornos a funcionarios venezolanos y canalizó más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero como parte de los sobornos pagados a funcionarios del régimen de Maduro relacionados con el programa de alimentos CLAP[2].

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2) Acusación en Colombia

  Previo a esto, en su natal Colombia, en mayo de 2019, Álex Saab y varios miembros de su familia son considerados prófugos de la justicia y sobre ellos recaía una circular azul de Interpol. Un juez de Barranquilla les imputó cargos de lavado de activos al supuestamente llevar a cabo operaciones ficticias de comercio exterior de la empresa Shatex, mediante las cuales se blanquearon USD 25.000 millones provenientes de la corrupción en Venezuela[3]. La captura de Saab en septiembre de 2018 se frustró por la delación de la operación por parte de un miembro de la policía colombiana, a saber, Eddie Pinto.

  El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia anunció la expropiación de ocho inmuebles de Saab, valorados en 35 mil millones de pesos, unos USD 9,7 millones, los cuales habrían sido adquiridos con recursos ilícitos[4].

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3) El arresto en Cabo Verde

  Prófugo de la justicia de los EE. UU. —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— el gobierno de Cabo Verde procedió a la captura de Álex Saab cuando el avión en el que volaba —un lujoso Learjet, de matricula venezolana— cubriendo la ruta Venezuela-Rusia-Irán, paró en el país africano a cargar combustible.

   Esto ocurrió el 12 de junio de 2020 sobre la base de una alerta roja de la Interpol en razón de la acusación que el sistema judicial de los Estados Unidos. Ya desde que Saab figuraba en la llamada “Lista Clinton” pesaba sobre él una circular azul que se hizo efectiva en Cabo Verde[5].

4) El apoyo del régimen de Maduro

  Desde el momento mismo de su aprehensión, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ha maniobrado para hacer que Saab sea liberado por parte de las autoridades caboverdianas. 

   En un comunicado, la cancillería de Maduro calificó la detención de arbitraria e irregular, pese a que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de ese organismo de coordinación policial internacional. Se alegó la nacionalidad venezolana de Saab y lo catalogó como “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, [que] se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”[6].

  Entretanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, denunció que Álex Saab no es venezolano como asegura Maduro. Por su parte, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por el presidente encargado Juan Guaidó, advirtió para que sea funcionario diplomático hay procedimientos legales que no se han cumplido[7].

SAAB Y SUS GUISOS: MÁS QUE UN TESTAFERRO | INTELIGENCIA DESDE EEUU | SIN/FILTROS E26


   Ante los traslados de prisiones de que ha sido objeto Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde, el gobierno de Maduro ha reaccionado y exigido explicaciones, además de pedir que se le permita verificar el estado del detenido[8]. También ha alegado que Saab ha sido objeto de maltratos por parte de las autoridades encargadas de su custodia[9].

5) La millonaria defensa de Saab

   Para que lo represente ante las autoridades de Cabo Verde, Álex Saab ha contratado un equipo de abogados de alto target, cuya misión, aparte de liberarlo del arresto, era evitar su extradición a los Estados Unidos.

  Uno de estos abogados es José Manuel Pinto Monteiro, quien entro sus primeras acciones estuvo apelar la detención preventiva de Saab, alegando que la circular roja que sirvió para justificar la detención se emitió un día después de su arresto[10].

   En una carta en la que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, exigió al gobierno de Cabo Verde se respetara la supuesta inmunidad que ostentaría Saab en su carácter de agente del gobierno, reveló el nombre del abogado contratado por esa administración, a saber, Rutsel Silvestre Jacinto Martha, de nacionalidad holandesa, exasesor y director de Asuntos Jurídicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y exfuncionario de la Interpol[11].

SAAB NO ES EL ÚNICO: EL EJE DEL MAL OPERA COMO UNA RED QUE HAY QUE CONOCER | SIN/FILTROS E21


  Luego, Álex Saab contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, quien se encargaría de liderar las denuncias que el empresario presentará ante el tribunal internacional de justicia de La Haya, en razón de la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional de quien se presenta como agente diplomático del régimen de Nicolás Maduro.

  Garzón pedirá una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares[12].

  La defensa de Álex Saab estaría costando USD 65 millones y provendrían de fondos públicos venezolanos, según aseguró uno de los  presidentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín.

  En general, la oposición venezolana asegura una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano.

¿ALÓ, NICO? SAAB SE VA PARA MIAMI (SIN RETORNO) | SIN/FILTROS E15


  Sólo por estudiar la viabilidad del caso antes de asumirlo, el exjuez Baltasar Garzón cobra USD 65.000 y, según versiones, habría recibido un adelanto de USD 4 millones. Se desconoce cuánto facturan el resto de los abogados.

  Una nota del portal Primer Informe aseguró que parte de los fondos para pagar la defensa de Saab provienen de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “No se sabe si con esos fondos, o con los del régimen, también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar su defensa en Cabo Verde”[13].

6) Las estrategias de la defensa

  El equipo defensor de Saab intentó un “habeas corpus” ante las autoridades judiciales de Cabo Verde que fue negada por el Tribunal Supremo del país africano.

   La decisión que rehusó dejar en libertad al empresario barranquillero se convirtió en el tercer revés sufrido por Saab, luego de su arresto y la confirmación del mismo al no reconocerse la inmunidad diplomática que alegaba el gobierno de Nicolás Maduro[14].

   La defensa de Saab presentó una segunda solicitud de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, alegando que la circular roja que sirvió para detenerlo había sido anulada por la Interpol. A juicio de los expertos, esto ocurrió porque la persona buscada ya había sido capturada[15].

   Como el anterior, el Tribunal Supremo de Cabo Verde no le otorgó el amparo del nuevo 'habeas corpus' a Saab, quien, por tanto, debía seguir tras las rejas en espera de que se decidiera su extradición a Estados Unidos[16].

EL CLAP DEL CHAP0: MEXICO DE AMLO EN LAS GARRAS DEL EJE, AVANZA AL SOClALlSMO | SIN/FILTROS E09


  A la par de tales acciones descritas, la defensa de Álex Saab, recurrentemente ha recurrido a otras estrategias como la de solicitar una valoración médica para probar que no se suicidaría. Igualmente se han denunciado supuestos maltratos y amenazas de muerte. Supuestamente, Saab temía que lo asesinaran y lo presentaran como un suicidio[17].

  Se habló de que Venezuela había ofrecido una recompensa de USD 10 millones para extraer vivo o muerto al colombiano y de que un avión permanecía se mantenía en el aeropuerto de Guinea-Bisáu dejando entrever que se buscaba rescatarlo.

7) Autorizada la extradición

  Luego de que el gobierno de Cabo Verde manifestara su disposición a extraditar a Álex Saab a los Estados Unidos, finalmente, el 31 de julio —aunque se conoció el 3 de agosto de 2020— el Tribunal de Apelación de esa nación le dio el visto bueno a la entrega del barranquillero a las autoridades judiciales estadounidenses.

  Al informar de la decisión, la defensa de Saab dijo en un comunicado que estaban esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer su derecho a la defensa, pero con la decisión de aprobar la extradición se violaron los derechos de su defendido.

8) Los dos recursos que le quedan a la defensa

  Tras la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de aprobar la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos, a la defensa le quedan dos recursos adicionales: 1) Apelar la decisión final de la Corte Suprema y 2) Acudir al Tribunal Constitucional donde los abogados defensores del acusado ya sometieron un recurso previo para pedir su libertad, y que fuera enviado a su domicilio. Esta acción de la defensa no fue considerada por los jueces del Tribunal Constitucional alegando que no habían sido agotadas todas las instancias judiciales antes de llegar a esa corte.





CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. htts://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741  

[2] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[3] El Espectador. “Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo”. 10 de mayo de 2019. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-le-imputo-cargos-a-alex-saab-senalado-contratista-del-chavismo/

[4] El Tiempo. “Fiscalía inició extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab”. 9 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/alex-saab-bienes-a-extincion-de-dominio-por-35-mil-millones-de-pesos-504802

[5] El Tiempo. “Capturan al colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro”. 13 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/capturan-al-colombiano-alex-saab-senalado-testaferro-de-nicolas-maduro-506516

[6] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriotres. “Venezuela denuncia detención arbitraria de Alex Saab en Cabo Verde”. 13 de junio de 2020. http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-detencion-arbitraria-alex-saab-cabo-verde/

[7] Diarios Las Américas. Denuncian que Alex Saab "ni es venezolano ni es agente diplomático del régimen de Maduro". 28 de julio de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/denuncian-que-alex-saab-ni-es-venezolano-ni-es-agente-diplomatico-del-regimen-maduro-n4204034

[8] El Tiempo. “Régimen de Maduro exige a Cabo Verde que le deje ver a Álex Saab”. 5 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-maduro-le-exige-a-cabo-verde-que-se-lo-deje-ver-514540

[9] El Tiempo. “Maduro saca ‘artillería’ para rescate de Álex Saab en Cabo Verde”. 6 de julio de 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-nicolas-maduro-saca-artilleria-para-rescatarlo-de-cabo-verde-514612

[10] El Tiempo. “Álex Saab contrata a poderoso abogado para frenar extradición”. 16 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-contrata-a-poderoso-abogado-para-frenar-extradicion-a-ee-uu-507238

[11] El Tiempo. “La carta desesperada del régimen Maduro por liberar a Álex Saab”. 8 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-carta-del-regimen-pidiendo-inmunidad-y-liberacion-515566

[12] El Tiempo. “Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde”. 14 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/baltasar-garzon-quien-es-el-exjuez-que-defendera-a-alex-saab-517882

[13] El Tiempo. “Polémica por pagos de la defensa de Álex Saab con fondos de Venezuela”. 1 de agosto 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/polemica-por-pagos-de-la-defensa-de-alex-saab-con-fondos-de-venezuela-524952

[14] El Tiempo. “Niegan libertad a Álex Saab, se abre paso su entrega a la DEA”. 23 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-sab-cabo-verde-resuelve-habeas-corpus-sobre-libertad-del-testaferro-de-nicolas-maduro-509950

[15] El Tiempo. “Saab presenta segundo habeas corpus para quedar libre en Cabo Verde”. 29 de junio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-defensa-presenta-otro-habeas-corpus-512342

[16] El Tiempo. “Le niegan por segunda vez la libertad a Álex Saab”. 2 de julio 2020. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/le-niegan-por-segunda-vez-la-libertad-a-alex-saab-513570

[17] El Tiempo. “Álex Saab pidió protección porque cree que lo pueden asesinar”. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-pidio-proteccion-porque-cree-que-lo-pueden-asesinar-514280


 


jueves, 6 de agosto de 2020

EE. UU. acusa a exfuncionario de CITGO por lavado de dinero y corrupción

  A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estado Unidos informó que imputó a un ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la compañía de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).


   Según anuncio hecho por el Fiscal General Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia y otros funcionarios, José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, un ciudadano con doble nacionalidad venezolano-estadounidense, fue acusado por su presunto papel en el lavado del producto de un esquema que involucra sobornos para asegurar corruptamente las ventajas comerciales de CITGO y PDVSA. 

  Un gran jurado federal en Houston devolvió la acusación de seis cargos el 16 de julio. Fue revelada hoy en su aparición inicial.

    En el anunció también participó el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick  y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. para Houston.

  De Jongh, quien fuera un oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, está acusado de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero. 

  La acusación formal alega que a partir de 2013 o alrededor de este y hasta al menos 2019, De Jongh acordó aceptar pagos de soborno de empresarios, incluidos José Manuel González Testino, un ciudadano estadounidense y venezolano doble, y Tulio Anibal Farías Pérez , un ciudadano venezolano y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a realizar negocios con CITGO y PDVSA. 

  La querella señala que De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos por participar en el esquema de corrupción. A cambio, supuestamente proporcionó ventajas comerciales inadecuadas a González y Farías para ayudarlos a adquirir contratos de CITGO y PDVSA.

  La acusación formal alega además que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos de González Testino, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

   Los fiscales sostienen que De Jongh  lavó los ingresos del soborno a través de cuentas bancarias de los EE. UU. Y usó la mayoría de los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en  Texas, según los cargos. 

   Supuestamente, De Jongh también recibió obsequios y otras cosas de valor de parte de González, Farías y otros, incluyendo entradas para un Juego de la Serie Mundial 2014, Super Bowl XLIX y un concierto de U2. 

   José Manuel González Testino y Tulio Farías se declaron culpable en relación con el caso

  Con la revelación de la acusación hoy, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el soborno en PDVSA. 

del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Oficina del Fiscal General de Panamá también brindaron asistencia.

 

Nuevas evidencias prueban que exsecretario mexicano, Genaro García Luna participó en una empresa criminal continua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Nuevos elementos presentados por los fiscales de Nueva York apuntan a evidencias que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de México durante el gobierno de Felipe Calderón, Genero García Luna participó abiertamente en una empresa criminal continua, según se desprende de los documentos federales.
   La información relata que dos altos funcionarios de las fuerzas del orden mexicanas, que trabajaron bajo el mando de García Luna, han ofrecido elementos probatorios contra el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y que han sido agregados la acusación que ya cursaba en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

    García Luna es acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa "El Chapo" por ofrecerle protección para los narcotráficantes y la droga en territorio mexicano.

     Los delitos de narcotráfico por los que está acusado García Luna se cometieron desde 2006 a 2012.

   De acuerdo a los fiscales federales, en la empresa criminal continua de García Luna participaron Luis Cardenas Palomino y Ramón Pequeno García, ex oficiales de alto rango de la policía mexicana que
trabajaron bajo en mandato de García Luna, "ambos  están acusados de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína".

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  La acusación dice que a cambio de sobornos multimillonarios, los acusados ​​supuestamente permitieron el Cartel de Sinaloa operar con impunidad en México. 

   García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes  federales en Dallas, Texas, y actualmente está pendiente de un juicio en el Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos. 

    Por su lado, Cárdenas Palomino y Pequeño García son actualmente fugitivos de la justicia norteamericana.

    El Fiscal Federal interino del Distrito Este de Nueva York, Seth D. DuCharme, anunció la acusación de reemplazo y señaló que "Como se alega, durante casi dos décadas García Luna traicionó a aquellos a quienes había jurado proteger, aceptando sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar a su empresa criminal ".

  DuCharme. dijo que "Mediante la acusación de reemplazo, García Luna y sus co-conspiradores enfrentarán justicia por delitos relacionados con la importación y la distribución de cantidades masivas de drogas peligrosas a los Estados Unidos ". 

  DuCharme agradeció a las autoridades antidrogas, a las Oficinas de la Administración (DEA) en Nueva York y Houston por su trabajo en el caso.

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  Como se establece en la acusación de reemplazo y otras presentaciones judiciales, desde 2001 hasta 2012, mientras ocupaba altos cargos de aplicación de la ley en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de proporcionando protección para sus actividades de narcotráfico. 

    De 2001 a 2005, García Luna lideró Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Fuerza de Policía Federal de México. 

       Cárdenas Palomino y Pequeño García también fueron funcionarios mexicanos de alto nivel que trabajaron bajo García Luna, durante este tiempo. "Cada uno recibió millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa".

     A cambio del pago de sobornos, entre enero de 2001 y el presente, los acusados ​​abusaron de sus cargos públicos al permitir que el Cartel de Sinaloa obtuviera un paso seguro para sus envíos de drogas, y al proporcionar información sensible de la policía sobre investigaciones sobre ese organización criminal e información sobre carteles de drogas rivales, lo que facilitaba la importación de cantidades de toneladas múltiples de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. 

   Entre 2002 y 2007, García Luna supuestamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50,000 kilos de cocaína. 

     La acusación dice que los acusados ​​colocaron a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cartel de Sinaloa. En al menos dos ocasiones, el Cartel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines con millones de dolares.

  Sí es declarado culpable del cargo de empresa criminal continua, García Luna enfrenta un pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

  Cárdenas Palomino y Pequeno García enfrentan cada uno un
pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

TARECK EL AISSAMI: LOS SECRETOS QUE NO QUIERE QUE SEPAS



miércoles, 5 de agosto de 2020

Juez de Delaware fija audiencia para escuchar argumentos sobre posible venta de CITGO para el 17 de septiembre

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El juez del Delaware, Leonard P. Stark ordenó a las partes del juicio de Crystallex contra la República de Venezuela, preparar los argumentos finales del caso, y fijó una audiencia virtual para el 17 de septiembre de 2020, donde el tribunal escuchará los argumentos relacionados con posibles procedimientos de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, para pagar las deudas pendientes.
  La orden oral del juez dice que la audiencia será a las 9:00 AM y las partes trabajarán con las cámaras para hacer arreglos que permitan que el argumento continúe por teleconferencia, con la oportunidad de que los miembros del público escuchen, sin poder interferir con los procedimientos. 

   El juez informó que había  revisado la carta de las partes del 21 de julio y que a raíz de la información derivada de la Declaración de interés que hicieron los Estados Unidos en el caso se ordenó lo siguiente: 

(i) Crystallex debe presentar un informe, que no exceda 15 páginas (a doble espacio), a más tardar el 14 de agosto; 
(ii) las partes de Venezuela pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 15 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; 
(iii) las partes de ConocoPhillips pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; 
(iv) los Estados Unidos pueden presentar un solo informe de respuesta, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 28 de agosto; y 
(v) Crystallex puede presentar un informe de respuesta única, que no exceda las 10 páginas (a doble espacio), a más tardar el 4 de septiembre. 

La posible pérdida de CITGO


  Luego que el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos se negara a discutir el recurso interpuesto por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, en mayo de 2020, Stark aprobó continuar con el procedimiento establecido para la venta del principal activo de los venezolanos en exterior, CITGO para cobrarse una deuda que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la minera canadiense Crystallex.

  El juez estadounidense había ordenado en 2019 la venta de las acciones de CITGO y los representantes legales del gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como legítimo, apeló la decisión.

  En noviembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. en Filadelfia confirmó una decisión que permitía a la canadiense Crystallex subastar acciones en CITGO para cobrar una sentencia de $ 1.4 mil millones.

  El presidente de Donald Trump ha tomado varias acciones para salvaguardar a CITGO, tratando de bloquear la intención de los acreedores de Venezuela que buscan cobrar sus deudas, en buena medida para proteger a la administración interina de Juan Guaidó.

  La protección de los activos que establece la orden del gobierno federal obliga a Crystallex a pedir una licencia ante el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para proceder con la venta de CITGO.

  En octubre de 2019, la Corte de Apelaciones del 3er Circuito de Estados Unidos dictaminó que Crystallex International Corp podía avanzar con los esfuerzos para confiscar las acciones de la refinadora de petróleo CITGO.

  La canadiense Crystallex, desaparecida actualmente, había ganado una sentencia de $ 1.4 mil millones como premio por la expropiación de sus activos ejecutada durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La minera también consiguió sentencias judiciales favorables en los Estados Unidos para subastar acciones de CITGO, propiedad del Estado Venezuela, para cobrar la deuda.

  La orden del juez Stark es un elemento definitorio para que los venezolanos pierdan el activo más valioso en el extranjero, CITGO.

  Crystallex está buscando una compensación por la adquisición por parte de Venezuela en 2011 de las operaciones de extracción de oro de la compañía cerca de Las Cristinas. Crystallex ganó en el arbitraje en 2016, y un tribunal federal de apelaciones con sede en Filadelfia dictaminó el año pasado que las acciones podrían ser confiscadas para satisfacer el laudo. El minero de oro aún debe obtener una licencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Antes de que las acciones puedan subastarse.

  Crystallex es el más avanzado de un grupo de acreedores, incluida la compañía petrolera ConocoPhillips, ha estado realizando acciones legales para que el tribunal permita la subasta de las acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de CITGO, para cobrar las deudas

  La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ordena levantar una decisión de un tribunal de segundo circuito que había suspendido temporalmente la venta de acciones de CITGO.

Una historia de accidentes

  En abril de 2016, Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial debido a que en 2008 el fallecido presidente Hugo Chávez retiró las concesiones del yacimiento ‘Las Cristinas’ lo que condujo al reclamo por parte de la minera en el tribunal internacional.

  El juez del primer circuito de la Corte Federal de Delaware, autorizó en agosto de 2018 la incautación de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama el pago de la compensación adeudada por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país suramericano.

  El Tribunal del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia afirmó que el tribunal de primer circuito tiene razón para unir las acciones de Petróleos de Venezuela de su unidad de los Estados Unidos, que es propietaria de CITGO.

   En el escrito del juez Leonard Stark, se sostiene que el tribunal de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando emitió un recurso de anexos sobre las acciones de PDV Holding (propietaria de CITGO) para satisfacer la sentencia de Crystallex contra la República de Venezuela. El magistrado sostiene que las acciones de PDV Holding (CITGO) no son inmunes a la vinculación.

  El pleito entre la transnacional Crystallex International Corp. y los representantes del estado venezolano por el impago de la deuda de más de USD 1.400 millones condujo a que el tribunal de Delaware aprobará, en agosto de 2018, la subastada de las acciones de CITGO para pagar las deudas adquiridas por Venezuela con la canadiense, para lo cual se ordenó a los aguaciles de los Estados Unidos proceder con los trámites para la venta, que posteriormente fue paralizada.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el 24 de agosto de 2018.

  Crystallex había solicitado que el Tribunal ordenara la venta de las acciones lo más rápido posible argumentando que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones fueran vendidas por los alguaciles “al mejor postor” por orden del tribunal.