miércoles, 27 de mayo de 2020

Trinidad y Tobago niega haber violado el TIAR tras visita de Delcy Rodríguez a la isla, reafirma que el gobierno sigue apoyando a Maduro


   De acuerdo a una nota publicada por el portal Trinidad Express, el Ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago y de la CARICOM, Dennis Moses, respondió a los Estados Unidos que su país reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y no a Juan Guaidó, y que no está obligado a cumplir con la resolución de restricción de viaje contra el vicepresidente venezolano Delcy Rodríguez que impone el Tratado de Río.
Dennis Moses




 El portal reseña que el 18 de mayo, el embajador de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph Mondello, emitió una declaración sin precedentes que revela que, en una conversación el 6 de mayo con el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, se expresó su preocupación ante el ministro sobre la coherencia de la visita de Rodríguez a Puerto España, debido a las obligaciones que el Tratado de Río impone a los países miembros, entre los cuales está Trinidad y Tobago. 

  El Embajador señaló que el Artículo 20 del Tratado de Río deja en claro "inequívocamente" que todas las medidas impuestas por el Órgano de Consulta, como las restricciones de viaje a la Sra. Rodríguez, son vinculantes para todas las partes del tratado, independientemente de si votaron a favor o no por tales medidas

  Después de esta declaración, el miércoles pasado un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el primer ministro, el Dr. Keith Rowley, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young y Moses, tuvieron una discusión con Mondello.

 El portal Trinidad Express fue informado de que fue una teleconferencia. 

  Asimismo reseña que en la sesión del Senado de este martes, la senadora de la oposición, Anita Haynes, presentó una moción que exige al Gobierno responder las preguntas por su incumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 73 años, también conocido como el Tratado de Río, teniendo como base la declaración del embajador estadounidense.

  Moses dijo que Trinidad y Tobago no está obligado por el Tratado de Río y cuestionó aún más la "distorsión" del Tratado.

 "Señora Presidenta, la distorsión del Tratado de Río, un pacto colectivo de autodefensa para tratar los asuntos internos de Venezuela sin preocupación o solicitud de ese país es cuestionable y no se ajusta bien a los propósitos previstos con el Tratado. De hecho, el Tratado de Río no informa, explícitamente, que ninguna de sus disposiciones que se interpretarán como un menoscabo de los derechos y obligaciones de las altas partes contratantes en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Trinidad y Tobago toma la posición de que no está obligado, por estas decisiones recientes del TIAR que incluye las restricciones de viaje impuestas por el Vicepresidente de Venezuela ", dijo Moses.

  Dijo que Trinidad y Tobago dejó en claro su posición ante la Organización de Estados Americanos (OEA) desde junio de 2019 en la 49a sesión de la asamblea general de la OEA en Columbia.

  "Trinidad y Tobago se reservó su derecho a no estar obligado por la resolución AG / CG / document7 / 17, adoptada en la reunión sobre la situación de Venezuela y por cualquier decisión tomada por la OEA, que se basa principalmente en un cierre o de cualquier otra manera implica la participación de los representantes del señor Juan Guaidó supuestamente sentados como representantes permanentes de la República Bolivariana de Venezuela ", dijo.

  Moses sostuvo que el Ministro de Relaciones Exteriores representó a Trinidad y Tobago en la reunión del Tratado de Río el 23 de septiembre de 2019.

  En esa reunión se adoptó la resolución que fue revisada posteriormente para incluir la reserva de Trinidad y Tobago.

   El alto funcionario comentó que durante la votación sobre la resolución que Trinidad y Tobago se abstuvo, Uruguay votó en contra y Cuba estuvo ausente.

  Moses señaló que 16 Estados miembros votaron a favor de la resolución que invoca las disposiciones del Tratado de Río y sentó las bases para tomar medidas punitivas contra Venezuela.

   Estos 16 Estados miembros incluyen Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y las naciones europeas.

"Una vez más, Trinidad y Tobago reafirmó que se reserva el derecho de no estar obligado por ninguna decisión adoptada en esta resolución en la 30ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que actúan como órgano consultivo en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que implica la participación de los representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela supuestamente sentados como representantes permanentes de la República Bolivariana de Venezuela, o reconocer esta resolución como no válida o considerarse obligada por las disposiciones aprobadas en dicha fecha del 23 de septiembre de 2019, "dijo Moses.

  Moses acotó que Trinidad y Tobago fue invitado a participar en otra reunión del Tratado de Río en Colombia el 3 de diciembre de 2019, pero optó por no asistir.

 "El propósito de la reunión era tomar medidas punitivas contra Venezuela. Trinidad y Tobago decidió no participar en la reunión", dijo.

  "Las decisiones del Tratado de Río en esa reunión incluyeron restricciones de viaje impuestas contra el vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez", agregó.

 Moses agregó que, a pesar de las dificultades dentro de Venezuela, Trinidad y Tobago se encuentra en "terreno firme" para estar en armonía con la posición de las Naciones Unidas y la posición declarada de Caricom al reconocer al Gobierno liderado por Maduro como el Gobierno legítimo de Venezuela.

"Dada nuestra comprensión de la Carta de las Naciones Unidas, Trinidad y Tobago no reconoce a Juan Guaidó como el Presidente de Venezuela. Por el contrario, irá en contra de las posiciones declaradas de Caricom y las Naciones Unidas", dijo.

  Moses afirmó que el Primer Ministro Dr. Keith Rowley, como parte de una delegación de Caricom de Primeros Ministros, visitó los Estados Unidos y participó en conversaciones con el secretario general de las Naciones Unidas el 28 de enero de 2019.

"El secretario general confirmó que el Gobierno dirigido por el presidente Nicolás Maduro sigue siendo el único gobierno legítimo reconocido y asentado en las Naciones Unidas", añadió.

  Dijo que Rowley también participó en otra reunión en Uruguay en febrero de 2019, que se convocó para tratar los problemas internos de Venezuela.

   Moses afirmó que estas iniciativas eran parte de la respuesta de Caricom frente a la realidad entonces aumentada de que "se estaban intentando intervenir militarmente en Venezuela e instalar un nuevo Gobierno".

  Manifestó que la posición declarada de Trinidad y Tobago y Caricom era y sigue siendo que la situación dentro de Venezuela debe resolverse mediante el diálogo entre las partes contendientes y no mediante la intervención externa de terceros.

  Aseguró que Caricom también ofreció sus oficinas para reunir a las partes para tratar el problema.

"Los estados de Trinidad y Tobago y Caricom tienen interés en mantener el Caricom como una zona de paz dadas las consecuencias potencialmente catastróficas del conflicto armado en la vecina Venezuela", dijo.

Críticas de Haynes:

Por su parte, la senadora de la oposición, Anita Haynes, presentó la moción pidiendo al Gobierno que explicara su desprecio por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 73 años, también conocido como el "Tratado de Río", cuando facilitó la visita de Rodríguez.

"Esta Administración, por sus acciones voluntarias e imprudentes, ha puesto en peligro las relaciones exteriores y diplomáticas de Trinidad y Tobago con aliados clave", dijo.

 Haynes también hizo referencia a una nota diplomática enviada por la Embajada de los Estados Unidos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago el 16 de diciembre de 2019.

  La senadora comentó que la nota decía: "La embajada de los Estados Unidos de América tiene el honor de informar al Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre la resolución adoptada por el órgano de consulta en la reunión del  TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), que impone restricciones de viaje a 29 personas asociadas con el antiguo régimen de Maduro.

  La Embajada de los Estados Unidos de América tiene el honor de destacar que según el artículo 20 del Tratado Interamericano de Asistencia recíproca, la resolución es vinculante para todas las partes en dicho Tratado ".

  Haynes dijo "simple y llanamente" al permitir que Delcy Rodríguez ingrese a T&T el 27 de marzo, tres meses completos después de la votación para prohibir su viaje y después de que la Embajada de los Estados Unidos le recordó al gobierno que estaba prohibida, -T & T violó el artículo 20 del TIAR.

  Haynes dijo que aún está por verse cómo los miembros del Tratado de Río responderán a las acciones groseras de T&T la próxima vez que se reúnan.

"Esta es una sorprendente omisión de nuestras obligaciones internacionales, o es un fracaso monumental del Gobierno. De cualquier manera, alguien debe ser responsable de poner en peligro la seguridad y la estabilidad del pueblo de Trinidad y Tobago de esta manera impactante", dijo.

  Haynes señaló además que la Embajada de los Estados Unidos confirmó que Rodríguez está sujeto a sanciones de viaje que son vinculantes para todas las partes del Tratado de Río.

  La senadora dijo que Trinidad y Tobago es parte del tratado, por lo tanto, las acciones de la Administración Rowley el 27 de marzo de 2020, para otorgar una exención para que Rodríguez no solo aterrice en Trinidad, sino también para facilitar una reunión con el Primer Ministro y los miembros principales del Gabinete , "es una grave violación de nuestras obligaciones internacionales".

 "El Gobierno debe ser consciente de que, a pesar de su defensa rutinaria de que la ONU reconoce al régimen de Maduro, esto no anula ningún tratado que tengamos con nuestros aliados internacionales ni niega ninguna acción que viole estos tratados", dijo.

Esta nota fue publicada por Trinidad Express, haga click para leer  el artículo original.

martes, 26 de mayo de 2020

CITGO demandó a José Manuel González Testino y a una de sus [muchas] empresas que recibió contratos fraudulentos de la filial de PDVSA en EE. UU.

   La querella por incumplimiento de contrato, fraude y demandas civiles en virtud de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO)  surge de una conspiración de soborno ilegal y otros actos criminales perpetrados por González Testino, otras personas, PLS y otras entidades bajo el control y la propiedad indirecta del demandado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  CITGO informó que demandó al contratista José Manuel González Testino y a su empresa  Petroleum Logistic Services Corp, por haber obsequiado [sobornado] a los funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos con regalos, joyas, obras de arte, viajes y hasta un apartamento a cambio de recibir contratos fraudulentos con sobreprecios por más de $ 20 millones, en una trama de corrupción que ocurrió entre 2014 y 2018.
   CITGO emitió un comunicado este martes a las 8:20PM, firmado por el CEO de la corporación Carlos Jordá y la presidenta de la Junta Directiva, Luisa Palacios, en el cual informó que interpuso una demanda contra el contratista José Manuel González Testino, quien actualmente está siendo procesado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por otro caso de corrupción y lavado de dinero, y por el cual será sentenciado en agosto de 2020. Ver detalles aquí.
   Llama la atención que la demanda contra González Testino es sólamente contra la empresa Petroleum Logistics Services Corp.. Los récords internos muestran que el acusado consiguió contratos millonarios con otras de las empresas que tenían registradas en CITGO y por los cuales pagó sobornos a funcionarios de CITGO, algunos de los cuales aún permanecen trabajando en la corporación con sede en Houston, Texas.

  El comunicado de CITGO del 26 de mayo de 2020,  informa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado investigando a la filial de PDVSA en Estados Unidos por más de una década. 

  José Manuel González Testino ha recibido contratos en CITGO para varias de sus empresas, entre las que se destacan, [además de Petroleum Logistics Service USA, Inc.], Drill Corp, Stand Industries, Lexington Tech, EcoWire, Petequip y SGL Technic. 

  Documentos en poder de Venezuela Política reflejan que durante las gestiones de Glenn Hilman y José Luis Zambrano (bajo arresto en Caracas por cargos de corrupción) se le asignaron contratos corruptos a las empresas de José Manuel González Testino, principalmente las anteriormente mencionadas: Drill Corp, Stand Industries, Lexington Tech International, LLC, EcoWire, Petroleum Equipment Petequip, Corp. y SGL Technic por más de 70 millones de dólares. 

   En la demanda civil interpuesta por CITGO en Houston aparece involucrado un funcionario (E) que de acuerdo a la descripción fue un alto ejecutivo de CITGO entre los años que duró la conspiración y que era el encargado de velar por el cumplimiento de los procedimientos en la petrolera.  Según la querella, ese funcionario habría recibido los sobornos de José Manuel González Testino, entre los cuales se destacan obras de arte, viajes en avión privado, y hasta un inmueble en la ciudad de Houston. 

  Una fuente citada por AP dice que el funcionario sería José Pereira arrestado en Caracas desde 2017, por acusaciones relacionadas con otro caso de corrupción relacionado con un plan que no se ejecutó para lograr un refinanciamiento de CITGO por unos  $ 4 mil millones en bonos que ofrecían una participación del 50% en la compañía como garantía. Otra fuente consultada dijo que el funcionario que vivió en Galleria no era José Pereira sino Nelson Martínez aunque sostuvo que Pereira era una pieza clave de Martínez.

   Venezuela Política publicó en octubre de 2019 un informe que fue entregado a las autoridades de CITGO designadas por el presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó en que se describieron las prácticas corruptas de José Manuel González Testino para obtener contratos con sobreprecio en CITGO.

    La exvicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, denunció las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas por la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante la nueva presidenta de la junta directiva ad hoc de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían, entre ellos un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, cuando este ocupó la presidencia de la empresa. 

   El 3 de mayo de 2019, Marisol Gómez de Vergara remitió un correo electrónico a Luisa Palacios, presidenta de la junta directiva de CITGO, en el que hacía referencia a un caso de retaliación en su contra. La comunicación se emitió con copia a Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta y Andrés Padilla, también integrantes de la directiva de la empresa. Se exceptuó a Rick Esser.

    Marisol Gómez denunció a varias personas, entre quienes destaca,  John Pereira —hijo de José Pereira— quien fue trasladado desde PDVSA-Oriente a la Gerencia de adquisiciones de CITGO Aruba, sin que su hoja de vida exhibiera experiencia alguna ni conocimientos en materia de compras. De este modo, la alta gerencia ignoró a otros candidatos con vasta experiencia en el campo de adquisiciones. En tal sentido, Gómez expuso en su informe que por su objeción recibió varias acciones en represalia de parte de José Pereira.

    Rubén González —pariente de Nelson Martínez— también formó parte de la lista de ingresos irregulares a CITGO aupados desde la alta gerencia de la empresa. En este caso, el familiar de Martínez fue contratado sin que mediara para ello el proceso formal de reclutamiento y contratación. Esta persona, de acuerdo a la versión de Marisol Gómez, está involucrada en supuestos casos de corrupción y fraude liderados por su hermano José Manuel González Testino y Nelson Martínez en PDVAL, Corpoelec y otros entes del gobierno venezolano. El informe refiere que Rubén González influyó en las transacciones de adquisición de CITGO con ISG Global, Petroleum Logistics, Rexel y otras empresas fantasmas propiedad de Manuel González Testino y Tulio Farías.



   Las empresas de José Manuel González Testinos fueron bloqueadas en 2016 como resultado de una investigación en la que se determinó que los contratos habían sido entregados de manera fraudulenta. No obstante, después de Junio 2017, José Pereira, Jennifer Moos y otros funcionarios que formaban parte del entramado de corrupción, desbloqueron las entidades el acusado.

   Dos fuentes internas de CITGO dijeron a Venezuela Política, bajo compromiso de anonimato por temor a represalias, que en 2017 Glenn Hilman y José Luis Zambrano asignaron más de 70 millones en contratos adicionales a José Manuel González Testino.

    Como se informó más adelante, Luisa Palacios, Carlos Jordá y el resto de los nuevos directivos de CITGO conocían desde el inicio de su gestión[hace más de 15 meses] las irregularidades cometidas en la corporación con varios contratistas y funcionarios de la corporación. 

   La base a la demanda anunciada hoy por CITGO contra González Testino, junto a la realizó en contra del excongresista de la Florida, David Rivera, [y otras que no se han hecho], forma parte de las auditorías e investigaciones que se hicieron en CITGO desde el 2014 al 2017 y que fueron entregadas a la actual directiva a principios de 2019.

  De acuerdo a la normativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando una empresa investigada por violación de la Ley de Prácticas Corruptas y otras leyes federales, realiza demandas de este tipo, en aras de mejorar su conducta, son consideradas por los jueces al momento de calcular las penalidades que se imponen a las corporaciones luego que concluyan las investigaciones federales y se determina la responsabilidad corporativa en casos relacionados con fraude, corrupción, etc.


Empresas que recibieron contratos con sobreprecios de CITGO

  Petroleum Logistics Service USA, Inc. es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 20 de diciembre de 02016,  en la dirección 1519 NW 82ND Avenue, Doral, FL, 33126. Aparece como presidente y agente registrador, Javier Aurrecoechea.

  Lexington Tech International, LLC es una empresa activa registrada en Delaware el 16 de septiembre de 2013. En los récords aparece la siguiente dirección:3411 Silverside RD #104 Rodney Building, Wilmington, New Castle, DE, 19810. El agente registrador es otra empresa de nombre Corporate Creations Network Inc. Asimismo, Lexington Tech International, LLC está registrada en Houston,  el 8 de noviembre de 2013, con la dirección fiscal en 11530 Legend Manor Dr., Houston, Texas, 77082. La agente es Deborah Kwon.

   Petroleum Equipment Petequip, Corp.  es una empresa registrada en  Panamá el 8 de agosto de 2014, en el Distrito de Panamá. Las siguientes personas aparecen entre los directivos de la firma: Alba Daniza (tesorero); Gabriel Martínez (Presidente, Secretario y Suscriptor); Keila Castro(Suscriptor) y Xcynthian Alona Araya Tejada  (Apoderada). Escobar, Della, Togna, Icaza & Jurado es el agente registrador.

CITAS

1) http://eltiempolatino.com/news/2019/oct/29/informe-revela-presuntas-practicas-fraudulentas-y-/

2) https://apnews.com/bc0e245e0d74ff3ae90bf6f477491017

3) https://www.venezuelapolitica.info/tag/jose-manuel-gonzalez-testino/

4) https://www.maibortpetit.info/2019/10/informe-de-gerencia-revela-presuntas.html


Empresarios vinculados al chavismo y a Evo Morales se presentan como 'simpatizantes' de la oposición en Bolivia y Venezuela

    Ignacio Bedoya y Leonor Montiel, un matrimonio relacionado al empresario Carlos Gill, Evo Morales y el chavismo, ahora se desmarca del socialismo del siglo XXI y se presentan como opositores. La relación de la pareja con exmandatario boliviano, Gill y el chavismo está ampliamente documentada.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  En la trama de corrupción supuestamente encabezada por el venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, denunciada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz Antelo, el nombre de Leonor Montiel Parra adquiere significación toda vez que formaría parte del grupo de personas que integran el círculo de acción del empresario, bien por sus vinculaciones económicas como políticas. Montiel Parra es esposa de Ricardo Ignacio Bedoya, expresidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB), miembro del directorio de Ferroviaria Oriental y líder de dos proyectos inmobiliarios en los que participa el Grupo Carlos Gill Ramírez bajo la empresa OCM Trading tiene significativa participación.

  Relaciones y vinculaciones que en realidad, según arrojan averiguaciones del senador Óscar Ortiz, forman parte de un mecanismo —el de la subcontrataciones o las adjudicaciones directas— es utilizado para favorecer siempre a empresarios ligados al MAS y entre quienes destaca Gill Ramírez, quien representa a grandes compañías extranjeras  que suscriben los millonarios contratos con el estado boliviano, que luego retornan al señalado empresario cuando mediante las subcontrataciones se integran empresas nacionales en las que Gill Ramírez declara tener participación.

  Las vinculaciones de Gill Ramírez al MAS en Bolivia y al chavismo en Venezuela quedaron demostradas en la serie de notas que recientemente publicamos en estas páginas, a saber, “Denuncian en Bolivia contrataciones irregulares del empresario venezolano ligado al chavismo, Carlos Gill Ramírez”, “Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez”, “El conglomerado de empresas de Carlos Gill Ramírez que desataron las acusaciones del senador boliviano Óscar Ortiz”, “Las empresas de Carlos Gill Ramírez en Bolivia: Las irregulares negociaciones de Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. (III)”, “Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas”, “Denuncian que en la embajada de Venezuela en Bolivia se mantienen operando personas ligadas a Evo Morales y la corrupción”.

   Pero la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia parece haber marcado el cambio que Bedoya y Montiel exhiben ahora, mostrándose el primero, en Bolivia, como partidario de Carlos Mesa y, en Venezuela, apoyando a Juan Guaidó.

Sobre Leonor Montiel

  Leonor Josefina Montiel Parra es una venezolana casada con Ricardo Ignacio Bedoya, un alto ejecutivo bancario.

  Una consulta realizada ante el registro de Comercio de Bolivia revela que Leonor Josefina Montiel Parra figura como socio capitalista —en sociedad con su esposo— de la empresa Bedmont Investment Funds S.R.L. y como representante legal de Constructora Gómez Núñez S.A.
  Por una modificación parcial de la escritura pública de constitución de la sociedad Bedmont Investment Funds S.R.L. de fecha 13 de junio de 2017, identificada como el Testimonio Instrumento Nº. 1712/2017, conocemos que esta empresa fue inscrita el 15 de abril de 2016 en el Registro de Comercio de Bolivia, mediante Instrumento Público Nº 614/2016 de Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, protocolizada ante la Notaría de Fe Pública Nº 76, de Primera Clase, del Distrito Judicial de Santa Cruz a cargo de Elda A. Richter Colosetti y que también fue inscrita en el Registro de Comercio en FUNDEMPRESA bajo la matrícula Nº. 00348683 de fecha 10 de mayo de 2016 y que posee el número de NIT 313988029[1].

  En la página web de Bedmont Investment Funds S.R.L., Montiel Parra se presenta como “Abogada, Master en Leyes y Diplomacia de Fletcher School of Law and Diplomacy, Massachussets-USA. Más de 20 años en el sector petrolero. Ejerció como Asesora Legal y/o Gerente Legal PDVSA, SINCOR, PETROCEDEÑO, TOTAL E&P Sucursales Bolivia y Venezuela. A lo largo de su carrera ha acumulado más de USD 1.500 MM en emisiones de deuda para financiamiento de actividades petroleras”[2].

 Esta empresa boliviana que se define como especializada en la estructuración, ejecución y administración de proyectos de inversión fue inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 5 de mayo de 2017, tal como lo informa el portal Open Corporates que agrega que el número de registro es el 00348683[3].

  De acuerdo a las investigaciones del senador Oscar Ortiz, hasta el 21 de febrero de 2020, Montiel Parra también figura como representante legal de Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. y como directora titular de la Empresa Ferroviaria Andina. Igualmente, Montiel Parra representaba legalmente a PDVSA en Bolivia.

  El informe de fiscalización del senador[4] cita la página web de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), en la que se informa que Carlos Gill Ramírez fue nombrado presidente del directorio de Ferroviaria Andina el 8 de septiembre de 2015, mientras que como vicepresidente fungía Julio Montes Prado. A su vez, el síndico titular era el exministro de Defensa del expresidente, Evo Morales Ayma, y Walker San Miguel Rodríguez, ex-cónsul boliviano en Chile entre 2010 y 2011. En la nómina de directorios de la empresa para las gestiones 2017, 2018 y 2019 aparecen Carlos Enrique Gill Ramírez con su suplente César Rodríguez Gómez; Mauricio Etienne Solares y su suplente Carlos Jorge Gómez Nuñez; Leonor Montiel Parra; Enrique Abreu Anselmi y Mauricio Costa Du Rels como suplente de Dubraska Elena Inojosa Avellanada.

Las sociedades

  Aunque ya no está disponible la información en la página web, la Memoria y cuenta de Ferroviaria Oriental S.A. para año 2018, Ignacio Bedoya aparecía como director y miembro de la junta directiva. También Leonor Montie habría integrado la directiva de esta compañía en varias oportunidades.

  Sin embargo, la tarjeta de registro de Ferroviaria Oriental S.A. en la página de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), permite comprobar que en directorio figuran, tanto Carlos Gill como Ignacio Bedoya, el primero como director titular y presidente y el segundo como director titular y secretario[5].
  Igualmente, en la empresa Materiales Trading S.R.L. O.C.M. Trading S.R.L., también figuran como socios Carlos Gill y Ricardo Ignacio Bedoya, tal como lo revela una transferencia de cuotas de capital celebrada en diciembre de 2016[6].

  En una nota del portal Economy refiere que Carlos Gill es propietario de siete empresas en Bolivia, afirmación que viene de su propia boca cuando dijo que dichas compañías son Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon), además de un fondo de inversiones en el sector ganadero.

   La reseña indica que “Ignacio Bedoya, expresidente del Banco Nacional de Bolivia (BNB) y secretario del Directorio de Ferroviaria Oriental, es quien lidera en Bolivia dos proyectos inmobiliarios en los que participa el Grupo Carlos Gill Ramírez bajo la empresa OCM Trading. Bedoya dijo que se encarga de hacer la estructuración financiera y de conseguir los fondos a través de la banca nacional y de fondos internacionales que invierten en distintos tipos proyectos”[7].

  En un artículo de opinión titulado “Gill no es un gil”, publicado el 13 de enero de 2017, Lupe Cajías afirma que Leonor Montiel Parra de Bedoya es socia de Carlos Gill, al tiempo que hace mención a que esta es “esposa de un alto ejecutivo bancario y representante de Pdvsa (Etienne declaraba hace años que ese banco y el Banco de la Unión lo ayudan en sus millonarias exportaciones)”. Del mismo modo se dice en la nota que “Gill y Montiel Bedoya aparecen como socios de una empresa constructora paraguaya Gómez Núñez, contratada por Thales Air Systems para construir las torres para los radares que el Ministerio de Defensa compró a Francia en 2016”, haciendo mención al hecho de la empresa fue inscrita tan sólo cinco días antes de firmar un contrato por 23 millones de euros[8], operación que detallaremos más adelante.

El modus operandi

   La Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. fue subcontratada el 16 de noviembre de 2016 por la empresa Thales Air Systems encargada de la instalación de unos radares que el Ministerio de Defensa de Bolivia compró a Francia en el citado año. Thales pagó a la constructora USD 24.902.116 por los trabajos de obras civiles que esta última llevaría a cabo en el proceso de instalación.

   Hay que acotar que si bien en comprobable, como lo hemos visto hasta ahora, la vinculación de Leonor Montiel Parra y de su esposo Ignacio Bedoya con el chavismo en Venezuela y con Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, ahora Bedoya se exhibe en su cuenta en la red social Twitter[9] como simpatizante del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de Carlos Mesa en Bolivia, lo que claramente revela un reacomodo de acuerdo a sus intereses.

El informe de Óscar Ortiz

   El informe del senador Ortiz Antelo precisa que el 20 de diciembre de 2016, la Constructora Gómez Núñez S.A. “firmó contrato con su filial en Bolivia, Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. y le autorizó subcontratar a la empresa Constructora Etienne S.A.-Cotienne S.A.

  La Empresa Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. se constituyó en Bolivia el 15 de agosto de 2016 —poco más de cuatro meses antes de la firma del contrato— cuando los miembros de la Sociedad Boliviana de Generación S.A. (BOGEN S.A.) suscribieron la modificación del testimonio de constitución de la empresa por cambio de denominación y objeto social. BOGEN se constituyó en 2009 con un capital de mil bolivianos para dedicarse a las operaciones de la industria eléctrica. Por la modificación, BOGEN S.A. pasó a llamarse Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. (CGN S.A.). Como socios de la empresa figuraban Mauricio Costa du Rels Flores, Karla Wurth Pino Ichazo y Carlos Jorge Gómez Núñez (paraguayo).

   Así tenemos, que la filial boliviana se inscribió 5 días antes de suscribir el millonario contrato, pese a ser una empresa con un capital de apenas mil bolivianos y que no llevó a cabo los trabajos encomendados, sino que subcontrató a Mauricio Etienne (Cottiene S.A.). Esto es, al parecer, una constante, de acuerdo a lo apuntado en el informe de fiscalización de Ortiz Antelo, quien subraya como llamativo que se haya subcontratado a una empresa paraguaya cuya filial boliviana se constituye poco tiempo antes de que el Estado Boliviano firmara contrato con la Empresa Thales Air System S.A.S. para la adquisición de los radares y ésta a la vez contrate a la Constructora Etienne S.A.

  Además, advierte que la adquisición de los radares de última generación de Thales Air Systems S.A.S. es parte de la constante de que un conjunto de empresas sea sucesivamente subcontratado hasta concluir beneficiando a la empresa Cotienne S.A.

   La negociación se concretó el 23 de agosto de 2016, cuando el representante legal de Thales Air System S.A.S., el uruguayo Rubén Rodríguez Lazo, suscribió el contrato para la adquisición de los 13 radares que formarían parte de un sistema integrado civil y militar destinado a la protección de la soberanía aérea y fortalecimiento de la lucha contra ilícitos como el narcotráfico y el contrabando.

  Pero en la visión e investigaciones del senador Ortiz, esta contratación en realidad era el mecanismo —el de la subcontrataciones o las adjudicaciones directas— que favorecen siempre a empresarios ligados al MAS y entre quienes destaca Carlos Gill Ramírez, quien representa a grandes compañías extranjeras  que suscriben los millonarios contratos con el estado boliviano y que luego retornan al señalado empresario  cuando mediante las subcontrataciones  se integran empresas nacionales en las que Gill Ramírez  declara tener participación.

Ferroviaria Andina

  Según a lo que informa la Bolsa de Boliviana de Valores (BBV)[10], al 30 de abril de 2020, la Empresa Ferroviaria Andina S.A., “tiene por objeto principal realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.

  Como accionistas de la empresa figuran Inversiones Bolivian Railways S.A. con 50.0038 por ciento; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 24.9644 por ciento; AFP Previsión BBVA S.A., con 24.9644 por ciento; Otros, con 0.0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa, con 0.0038 por ciento; Víctor Ibáñez Oblitas, con 0.0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0.0008 por ciento; José Cáceres Choque, con 0.0008 por ciento; René Torrico Sempertegui, con 0.0005 por ciento; Augusto Oblitas García, con 0.0005 por ciento; y Anna Monje Estrada, con 0.0005 por ciento.

  El directorio de la compañía lo conforman como directores titulares, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez,  Jorge Mauricio Galindo Canedo y Leonor Montiel Parra.

  Son directores suplentes, José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodríguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo y Carlos Jorge Gómez Núñez.

  Como síndicos aparecen Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pérez; Fernando Palacios es síndico suplente.
   La figuración de Leonor Montiel en el directorio de esta empresa sería en alternancia con la de su esposo, Ricardo Ignacio Bedoya.

    Venezuela Política solicitó una entrevista al empresario Carlos Gill pero respondió que no podía dar declaraciones hasta que no concluyan sus causas legales. Asimismo, intentamos comunicarnos con Leonor Montiel e Ignacio Bedoya, y hasta el cierre de esta nota no logramos establecer contacto ni recibir respuestas. Si algunas de las personas mencionadas en esta nota desea expresar su posición sobre los señalamientos hechos en esta página, les pedimos por favor enviarlos a nuestro correo electrónico con las evidencias si así lo considera conveniente. venezuelapoliticablog@gmail.com

CITA 

[1] Edictos. Testimonio Instrumento Nº 1712/2017. 13 de junio de 2017. https://www.edictos.bo/testimonio-instrumento-no-1712-2017/

[2] Bedmont Investment Funds. http://bif.com.bo/index.php/quienes-somos

[3] Open Corporates. Bedmont Investment Funds S.R.L. https://opencorporates.com/companies/bo/00348683

[4] Ortiz Antelo, Oscar. “Carlos Gill Ramírez: El empresario favorito del MAS”. Informe de fiscalización. http://oscarortiz.com.bo/wp-content/uploads/2019/10/Gill-el-Empresario-favorito-del-MAS-1.pdf

[5] ASFI. Ferroviaria Oriental S.A. Tarjeta de Registro. https://appweb.asfi.gob.bo/Reportes_asp/rmi/tarjeta.asp?c=51808&t=2

[6] Edictos. Testimonio. 28 de diciembre de 2016. https://www.edictos.bo/74587-2/

[7] Economy. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-%20uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-%20us-320-millones

[8] Los Tiempos. Cajías, Lupe, “Gill no es un gil”. 13 de octubre de 2017. https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171013/columna/gill-no-es-gil

[9] Twitter. Ignacio Bedoya. @BedoyaIgnacio. https://twitter.com/BedoyaIgnacio

[10] Bolsa Boliviana de Valores. Empresa Ferroviaria Andina S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/FCA_CAR.pdf

domingo, 24 de mayo de 2020

Ante la Corte de Apelaciones de Atlanta: Abogado David Bois planteó restablecer demanda de PDVSA US Litigation Trust contra transnacionales de petróleo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del  11 ° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso ( PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019. 
  Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que "los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso", cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales.
  
  Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.

  El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con "la intención y con el propósito principal de presentar una demanda".

   El magistrado explica en su decisión que "El propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios", escribió el juez.

   David Bois, [jefe del escritorio que resultaría beneficiado de la demanda por ser parte de PDVSA US Litigation Trust] habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Los detalles

  La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos $10 mil millones por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
  En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

  Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.

   La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.

   Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. 

   La demanda alega que los acusados ​​saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó "sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos".

Lo que dijo David Bois a los jueces

  El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable "para darle transparencia a la demanda" porque había "una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podría ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella".

  Bois explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las  facciones políticas. "Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte".

  Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa. 

  El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que "PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte".

  Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.

  Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. "Si se tiene evidencia competente de que algunas de las firmas es genuinas y legítimas, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación".

  La defensa respondió que "Para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal". Por ende, la defensa argumentó que "el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse".

La conspiración

  La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

 PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

  La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo  cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del “Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU.” del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.

  Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.

  En el documento denominado "Acuerdo del Fideicomiso" dice que dicha figura fue creada “por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA”. Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.

  Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La millonaria aspiración

  Los demandantes aspiraban encauzar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.

  Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos $ 10 mil millones, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

  PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.

  También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Bois terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de  Venezuela.

Intimidación y soborno

  La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

  Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

La operación

 Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

  Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

 Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

  El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

  Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

  Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

  De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Rechazo de la Asamblea Nacional

  La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

  En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

  Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

  El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”.


sábado, 23 de mayo de 2020

Planta de Asfalto Francisco de Miranda: Un claro ejemplo de cómo el chavismo ha anulado a gobernantes opositores

  Un punto de cuenta remitido por el entonces presidente de PDVSA Servicios a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA para la época), dejó sentado que para el chavismo es inadmisible que un gobernante de la oposición pueda mantener el control de activos, por lo que ideó un subterfugio legal para despojarlo del mismo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

   Desde su llegada al poder, Hugo Chávez demostró su intolerancia hacia todo lo que se le enfrentara, contradijera o representara una amenaza a la hegemonía de su pensamiento, ideología. Toda acción distinta a la de sus postulados, simplemente había que eliminarla. Fue así cómo instituyó como política la anulación de los gobernadores, alcaldes o representantes legislativos contrarios al chavismo, a través de la creación de instancias paralelas que terminaban usurpando las gestiones de los dirigentes opositores electos por votación popular. Manipular la norma fue también un mecanismo para cumplir este cometido.

   Tal es el caso que presentamos a continuación, el cual ejemplifica el tipo de prácticas de sabotaje implementadas por el chavismo —y que se mantiene en la gestión de Nicolás Maduro— en contra de la dirigencia de oposición. Se trata de un punto de cuenta firmado por Jesús Figueroa, presidente de PDVSA Servicios para la fecha —2008 y 2009— el cual se envió a la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de arrebatar alguna de las atribuciones de Henrique Capriles como gobernador de Miranda por aquellos años. El la trama tuvo participación estelarísima Diosdado Cabello Rondón, quien para el momento ejercía como ministro de Infraestructura y venía de ser derrotado por Capriles en los comicios regionales. En 2008 se le había dado en comodato el activo a que aquí hacemos referencia, estando al frente de la referida gobernación, pero ahora despojado el oficialismo por la voluntad suprema del pueblo de esa instancia de gobierno, era necesario revertir la acción y dejar a su sucesor sin el control de este importante activo. Sin duda alguna, la venganza perfecta.

  Fue así como a través de un subterfugio legal, se buscó despojar a la gobernación de Miranda en manos de Capriles, de su potestad sobre la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”, en virtud de que había sido entregada en comodato por 30 años a la Corporación de Servicios de la Gobernación del Estado Miranda cuando Cabello estaba a cargo de ese despacho de del Poder Ejecutivo regional.

   El punto de cuenta revela que para la dirigencia chavista resultaba inadmisible que un gobernador de la oposición pudiera manejar tales recursos y por ello, maquinaron y manipularon la norma para traspasar el activo al Ministerio de Infraestructura (MINFRA).

El punto de cuenta

  El 13 de febrero de 2009, desde la Gerencia de Asistencia a la Presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. se remitió al entonces presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, el Punto de Cuenta firmado y aprobado por quien para la fecha fungía como ministro del poder popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

  Copia del punto de cuenta, denominado “Situación actual de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda, estado Miranda” también se envió a Armando Giraud, consultor jurídico, y a José Luis Parada, director ejecutivo de producción.

   En fecha previa, a saber, el 5 de febrero de 2009, Jesús Figueroa había enviado al ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el citado punto de cuenta distinguido con el código GPPG-PS-2009-4.

   Se exponía que el 1º de octubre de 2008 había sido entregada en comodato a PDVSA Servicios S.A. por parte de la Corporación de Servicios y Mantenimiento del estado Miranda S.A., la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”.

  Se informa que desde diciembre de 2008 la milicia bolivariana se encargó de la seguridad de la planta. Igualmente, se indica que Jesús Figueroa y Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos se reunieron con el personal y se dio a conocer que el segundo se encargaría desde ese momento de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.

  También en diciembre se sincronizaron esfuerzos entre las gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, la de Contratación, Recursos Humanos y Finanzas, para llevar a cabo una “inspección minuciosa” de la planta con el objetivo de constatar que todos los equipos contemplados en el documento de comodato, se encontraran físicamente en el estacionamiento de la misma. Se propusieron recopilar información sobre los procesos de facturación, pago a proveedores y contratación, los cuales son responsabilidad de PDVSA Servicios

  Luego de exponer estos antecedentes, el punto de cuenta da a conocer la situación a la fecha de su presentación, refiriéndose que el 14 de enero de 2009 tuvo lugar una reunión con el director general de la Corporación de Servicios y la consultora jurídica de la Gobernación de Miranda, donde se informó que, sobre el comodato y el estado de planta, manifestando su desconocimiento sobre el mismo.

  El 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda apoyados por policías de esa entidad y sacaron 6 camiones y un Payloader, los cuales fueron recuperados después. Se especifica que el gerente de operaciones de la Corporación se Servicios, Jesús Novoa, se opuso a la entrega, por lo que hubo que denunciar el hecho ante el CICPC.

  El 17 de enero de 2009, se indica que el gerente de cooperativo de PCP, Rafael Reiter, informó por vía telefónica que se debía entregar formalmente la planta al personal del MINFRA. Diez días después, el 27 de enero, fue cuando el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, designó a Néstor Palma para recibir la planta.

   Palma se comprometió poner la planta en producción para el 2 de febrero de 2020, pero manifestó que PDVSA Servicios debía encargarse de los gastos, tal como venía sucediendo hasta ese entonces. Palma fue advertido por Marcos Reyes de PDVSA Servicios de que, si el MINFRA asumía el control de la planta, también debía asumir los gastos. Palma dijo que debía tratarse el asunto a otro nivel pues no estaba en capacidad de decidir al respecto.

  Jesús Figueroa refiere que el 28 de enero de 2009, Palma se comprometió durante una reunión habida en el MINFRA a revisar un borrador del Acta de Entrega de la planta de Asfalto que se le entregó en ese encuentro.

  Posteriormente, el 3 de febrero de 2009, Palma le informó a Jesús Figueroa que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto no estaba listo y que sería el ministro Diosdado Cabello, quien firmaría el mismo, lo cual, a la fecha de la remisión del punto de cuenta, no había sucedido.

  En tal sentido, sustentados en la cláusula quinta del comodato entre PDVSA Servicios y la Corporación de Servicios y Mantenimiento del Estado Miranda que establece el compromiso del comodatario (PDVSA Servicios) a utilizar los bienes objeto del contrato preferentemente para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula tercera y agrega que “La cesión por parte del comodatario o cualquier otra filial de Petróleos de Venezuela S.A. a terceros, requerirá de la previa autorización del comodante (Gobernación de Miranda)”.

  Resultaba inadmisible para Jesús Figueroa que PDVSA Servicios tuviera que solicitar autorización a la Gobernación de Miranda que para ese momento se encontraba en manos de la oposición, para poder transferir la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda” al MINFRA.

  En el punto de cuenta se propuso, entonces, “negociar y suscribir un acuerdo de servicios con el MIFRA” para que este operara y produjera el asfalto, pero PDVSA Servicios S.A. siguiera manteniendo el control administrativo de la planta de asfalto.

Informe de actividades en la Planta de Asfalto

  Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos de PDVSA Servicios, elaboró el que denominó “Informe de actividades realizadas en la Planta de Asfalto ‘Generalísimo Francisco de Miranda’”, en el expuso la situación de la referida planta en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2008 y el 3 de febrero de 2009.

  El documento da cuenta de una serie de eventos ocurridos en distintas fechas, algunos referidos a procedimientos rutinarios, otros que tenían que ver con deudas con el personal de la planta, la delegación de la seguridad de las instalaciones en la milicia bolivariana, la designación de Marcos Reyes como responsable de la planta, inventarios y revisión de los procesos de facturación, pago de proveedores y contratación que eran responsabilidad de PDVSA Servicios.

  Ante el hecho de que el 13 de enero de 2009, Marcos Reyes recibió la vita del administrador del MINFRA, Héctor Paiva, y de la coordinadora de bienes y raíces, Margarita González, quienes informaron que en el estacionamiento de la planta estaban unos equipos pertenecientes a dicho ministerio, se les demostró con documentos que la Corporación de Servicios de la gobernación de Miranda había cedido en comodato por 30 años tales equipos a PDVSA Servicios. La explicación satisfizo a Paiva y a González.

  El 14 de enero de 2009, el director general de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda, Freddy Álvarez, y la consultora jurídica de la misma, se reunieron con Marco Reyes y se les informó la situación de la planta de asfalto para le fecha, así como del comodato por 30 años firmado el 1 de octubre de 2008 entre dicha Corporación mirandina y PDVSA Servicios. Los representantes de la gobernación de Miranda manifestaron desconocer la firma de dicho comodato y se acordó entregarles una copia del contrato el 19 de enero de 2009. Se indica en el informe que en la misma fecha (14-1-2009), Marcos Reyes acudió a la sede del MINFRA para informar al director general del organismo, acerca de la responsabilidad que había sido transferida a PDVSA Servicios, pero no fue atendido ni ese día ni otra antes de la redacción del informe.

  Se da cuenta de que el 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios del Estado Miranda acompañados por policías de dicha entidad y lograron sacar 6 camiones y un Payloader, los cuales posteriormente fueron recuperados. Igualmente se informa que, durante el proceso de recuperación de los vehículos, se pudo comprobar que en el Campamento Ochoa había otros tres vehículos pertenecientes a la planta de asfalto que, hasta el momento de la redacción del informe no habían podido ser recuperados.

   Desde el 16 de enero de 2009 se asignó un puesto de seguridad de la Guardia Nacional en la planta de asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.

  El 17 de enero de 2009, Marcos Reyes fue informado vía telefónica por Rafael Reiter, gerente de Cooperativo PCP, que debía entregar formalmente la planta de asfalto al personal del MINFRA, lo cual dio a conocer al presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, quien manifestó desconocer tal decisión. Indica que Nelson Palma, director general de vialidad del Ministerio de Infraestructura le dijo que el ministro Diosdado Cabello había instruido que se debía poner en producción la planta para día de transmisión del programa Aló Presidente. Figueroa, posteriormente le refirió a Reyes que Ricardo Coronado le había ordenado hacer entrega de la planta al MINFRA.

  Se narra cómo se intentó poner la planta en producción, lo cual se hizo luego de varios intentos infructuosos el día 18 de enero de 2009. Sin embargo, el programa Aló Presidente fue suspendido. La planta fue apagada.

   Luego de narrar una serie de hechos operativos y de diligencias para hacer funcionar la planta de asfalto, el informe Marcos reyes llega a los hechos del 26 de enero de 2009, cuando refiere que el personal de PCP les negó el acceso a la planta de asfalto. Advierte que desde que se encontraba al frente de la planta, ningún funcionario del MINFRA se acercó a las instalaciones ni fue informado acerca de quién sería la persona a la que debía hacer entrega de la empresa. Esto se conoció finalmente el 27 de enero de 2009, cuando Néstor Palma, director general de vialidad del MINFRA, le informó a Reyes que él sería la persona designada por Cabello para recibir la planta. En una reunión sostenida en la sede del MINFRA se acordaron los términos de la entrega. Allí Palma dijo que según se le había informado, PDVSA Servicios asumiría los gastos generados por la planta, a lo que Marcos Reyes advirtió que estos debían correr por cuenta del MINFRA. Palma dijo que esto debía plantearse a otro nivel porque él carecía del nivel de autoridad para decidir al respecto.
   En lo relativo a la deuda con los trabajadores, el 28 de enero de 2009, se acordó que la empresa Pulsar, se encargaría de efectuar el pago del personal el día 30 de enero de 2009. En dicha fecha se pagaron los meses de diciembre 2008 y enero 2009, así como el Bono Vacacional. En una semana se pagaría los Cesta Tickets correspondientes a los mismos meses.

  Por otra parte, Marcos Reyes entregaría a Nelson Palma un borrador del Acta de Entrega de la Planta de Asfalto elaborado por la consultoría jurídica de PDVSA Servicios, a objeto de que lo revisara e hiciera las observaciones pertinentes, de manera de llegar a un acuerdo final satisfactorio para ambas partes.

  El 3 de febrero de 2009, Néstor Palma informó a Marcos Reyes que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto, aún no estaba listo y que, finalmente, sería Diosdado Cabello quien lo firmaría.

El Convenio

 El Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, representado por el ministro de ese despacho, Diosdado Cabello Rondón, y PDVSA Servicios S.A., representada por su presidente para la fecha, Jesús Figueroa, convinieron celebrar un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tenía por objeto “establecer las condiciones generales de coordinación, gestión, supervisión así como la determinación de los lineamientos y parámetros que se deriven de la operatividad de la Planta de Asfalto y demás bienes conexos, ubicada en la Zona Industrial de Santa Lucía, sector Epifanía, Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda, conjuntamente con una flota de unidades, maquinaria pesada y equipos para la producción, transporte y colocación de asfalto, destinados a la ejecución de obras  de  interés social  en  materia de vialidad, las  cuales incluyen Planes de Asfaltado y Planes de Bacheo, que permitirán atender la problemática de deterioro vial que sufren las principales arterias viales, avenidas y calles del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda. La Posesión de la Infraestructura Física y demás bienes muebles e inmuebles integrantes de la Planta de Asfalto, descritos detalladamente en inventario anexo marcado con la letra ‘A‘, y el cual forma parte del presente documento, corresponde actualmente a ‘PDVSA’, de conformidad con documento de Comodato, suscrito entre la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y la sociedad mercantil PDVSA SERVICIOS, S.A., en fecha 01 de octubre de 2008”.

  Destaca en la cláusula segunda del convenio, “La gestión, planificación, desarrollo, supervisión y ejecución de las actividades requeridas para la operatividad de la Planta de Asfalto objeto del presente Convenio, será efectuada de manera coordinada entre ‘El Ministerio’, a través de la Dirección General de Vialidad y ‘PDVSA’; y estará orientada a la búsqueda de la autosustentabilidad de la planta, así como al logro de los fines y objetivos propuestos en beneficio de la comunidad, permitiendo responder a las necesidades prioritarias de las mismas en materia vial, garantizándose  con la activación de la Planta de Asfalto la generación de empleos directos e indirectos permitiendo la reactivación económica de la región y el consecuente desarrollo social, incluyendo además la transferencia parcial a los Consejos Comunales de la zona el manejo, uso y destino de los productos elaborados en la Planta de Asfalto”.

  Entre otros aspectos relativos a la operatividad de la planta de asfalto, en la cláusula quinta quedó establecido que “las obligaciones laborales derivadas de la relación de trabajo con el personal señalado en el anexo B (obreros y empleados) de la planta de Asfalto estarán bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’. En caso de que ‘PDVSA’, requiera para cumplir las actividades del presente Convenio, de personal profesional o técnico, será responsable de los servicios prestados por ellos en su nombre, por lo que corre por su cuenta el pago de los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, Igualmente ‘El Ministerio’ podrá designar el personal profesional, técnico u obrero, que considere necesario para la operatividad de la Planta, asumiendo los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, derivados  de los servicios prestados por ellos en su nombre”.

  Bajo la responsabilidad del MINFRA quedó lo relativo a daños, pérdida o destrucción de las unidades, maquinaria pesada, equipos para la producción de asfalto y bienes o materiales de la planta de asfalto, sin importar cuándo o cómo ocurrió el daño, pérdida o destrucción (Cláusula séptima).

  MINFRA debía tomar todas las previsiones para la seguridad del personal que en cualquier momento se encuentre en los sitios de los trabajos, incluyendo a terceros. También el ministerio debía tomar todas las medidas y precauciones necesarias para la seguridad del personal en las instalaciones de la planta de asfalto, incluyendo el suministro de todo el equipo de protección personal necesario.

  Entretanto, la cláusula novena estipulaba que “Cualquier daño al medio físico ambiental que ‘El Ministerio’ ocasione con el trabajo ejecutado, será de su única y exclusiva responsabilidad; y en consecuencia quedará obligado a recuperar y/o restaurar, a satisfacción de los lineamientos o exigencias que establezca el Ministerio respectivo, el área afectada aplicando las medidas establecidas en la Legislación que rige la materia”.

  La cláusula décima tercera estableció que la seguridad y custodia de la Planta de Asfalto estaría a cargo de la reserva militar, en coordinación con los consejos comunales de la zona, quedando bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’ cualquier erogación derivada de la relación con las partes antes señaladas”.