jueves, 5 de diciembre de 2019

Comisión de Contraloría de la AN dio "cartas de buena conducta" a Alejandro Ceballos Jiménez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por  los diputados  Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría

  Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018 se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.

   Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.


Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado



   El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde  de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en  250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.

  Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.

  El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.

    A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como "Acapulco Venezolano". 

    El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado "La Gran Barcelona". En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.

   El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que "sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la  IMPROCEDENCIA  del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso". 

  El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que "la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares". Al respecto señaló que ese ente parlamentario "no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como  la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado". 
El caso de los 500 millones de $ de la CVG

    Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que  Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela),  Leopoldo Alejandro Betancourt López.


  Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.

Una nota del portal Principas24.com hace referencia a que supuestamente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos  de otros países para que conllevara a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos  Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Morán y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y  legitimación de capitales, entre otros.
   El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis  e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.

   Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.

  Pérez declaró que la Asamblea Nacional "solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad" del caso. 

 El diputado dijo que "el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea". 

  Recordó que "la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional".

 Asimismo, dijo que "la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control". 

  Pérez sostuvo que "el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno".

  Explicó el parlamentario que "la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano".

   Argumentó que "debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente". 

Caso "Acapulco Venezolano"

  En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.

   En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.

  El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.

    Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martinez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».

Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Finanzas

  En la página web de  sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas  con la siguiente información:

A Manera de Aclaratoria

  El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.

   En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:

1 - Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.

2 - Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.

3 - Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.

En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Ver la original aquí.


    Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.

   Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.

   El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe  completo aquí.




Juicio a implicados en el caso Solid Show concluye el 15 de diciembre

 Por Maibort Petit
@maibortpetit  

    Erica Maraver C., abogada defensora de los implicados en el caso Solid Show informó que para el 15 de diciembre del presente año 2019, se estima que concluya el juicio, al tiempo que se mostró confiada de que sus representados quedarán en libertad plena por falta de evidencias, después de haberse evacuado más de cien órganos de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público que no lograron demostrar su culpabilidad.

   Igualmente dio a conocer que el caso se reactivó en República Dominicana el pasado 9 de noviembre cuando se dio continuidad al proceso judicial de los cinco venezolanos implicados, quienes han permanecido sin audiencia por más de cuatro años, entretanto los verdaderos culpables fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía.

  Maraver ha venido denunciando la comisión de una serie de irregularidades que han tenido lugar en el proceso judicial, tales como retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados bajo su defensa[1]. La abogada considera como un hecho insólito que a estas personas, militares de oficio, se les haya concedido el beneficio de libertad condición con régimen de presentación cada 30 días. Aseguró que el Ministerio Público ha demostrado su incompetencia la cual ha sido dada a conocer por la prensa dominicana.

  Los medios de comunicación de República Dominicana informaron que el Ministerio Público de Santo Domingo Este alertó a distintos organismos de inteligencia, militares, policiales y migratorios, a objeto de que se activaran en la búsqueda y captura del ex-teniente coronel de la Policía Nacional y el ex segundo teniente del ejército, Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, respectivamente, señalados de presuntamente integrar una red de narcotráfico internacional.

   Lluberes Sánchez y Pérez Vásquez fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía al ser tenidos ambos como presuntos integrantes de la estructura criminal responsable de la operación de narcotráfico de la que se ha hecho referencia y tuvo lugar en marzo de 2015 en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

   Los dos imputados no comparecieron en la audiencia del pasado 9 de noviembre, pese a que fueron debidamente citados por el Ministerio Público, aseguró esa institución que solicitó ante el Tribunal Colegiado de Santo Domingo, la declaratoria de prófugos en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal dominicano. La petición fue acogida por el juez a cargo de la causa[2].

  El 10 de abril de 2015 a Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de presión, pero la medida les fue cambiada por presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida, a solicitud de sus abogados.

   Sin embargo, el abogado defensor de estos hombres, Manuel Soto Lara, negó que los oficiales se encuentren prófugos pues, sencillamente, no fueron citados a la audiencia del 15 de noviembre como asegura el Ministerio Público y, por tanto, no se encuentran evadidos.

   “Mientras los dueños de esa droga andan en libertad por ahí, a los que de manera indirecta le están granjeando la impunidad, sobre lo cual también hay que hacer una investigación profunda para que los reales dueños de esa droga aparezcan”, dijo el abogado[3].

Así fueron los hechos

  En el Aeropuerto Internacional de las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana aterrizó el 17 de marzo de 2015 la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, proveniente de Venezuela en la cual las autoridades decomisaron nueve maletas que contenían 454 kilos de cocaínas contenidos en 450 paquetes. La avioneta había despegado del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

  En Venezuela, en la misma fecha, el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Ambos fueron detenidos en la terminal aérea mirandina, junto a Joseph Viera Betancourt, quien era empleado de seguridad de la empresa ASEG. Después fue detenido en el estado Lara, por orden del Ministerio Público, el sargento segundo de apellido Junior Valera Arango, señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

   Las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir. Se solicitó al Tribunal 5° de Control de Miranda admitir la acusación, así como el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

  Por este caso se imputó también a Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show, quien fue aprehendido el 30 de marzo de 2015 en Caracas. Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras. Los dos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

  Igualmente han sido detenidos por este caso, Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa), a quienes se les acusa de legitimación de capitales.

  A estas nueve personas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

  Entretanto, en República Dominicana fueron detenidos los venezolanos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz. Tanto Medina Torrealba, como  Houtman aseguraron a Venezuela Política declaraciones grabadas, que se encuentran secuestrados en República Dominicana y sin haber sido interrogados, que han recibido amenazas de muerte, mientras que los verdaderos culpables, unos militares dominicanos se encuentran en libertad[4].

  Se aprehendió también a los dos pilotos venezolanos, Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34), así como tres pasajeros, a saber, José Manuel Houtmam, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín; así como cinco militares dominicanos.

  Para el mes de octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a 17 años de prisión después de admitir su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Citas

[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

[2] You Tube. “Ex teniente coronel de la Policía Nacional y un ex segundo teniente del Ejército, profugos por droga”. https://www.youtube.com/watch?v=gGUKtT59kq4&feature=youtu.be

[3] You Tube. “Abogado niega oficiales vinculados a supuesta red de narcotráfico estén prófugos”. 25 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_v0x6owurPQ&feature=youtu.be

[4] Venezuela Política. “Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados”. 18 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/habla-el-piloto-del-caso-solid-show-y.html

martes, 3 de diciembre de 2019

PDVSA-GAS: Estas son las irregularidades cometidas por Wenceslao Madail en la Planta Santa Rosa

   La advertencia de los inspectores del despacho de esa instancia del Poder Ejecutivo fue recogida en un informe elaborado por la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   Los inspectores del Ministerio del Trabajo en Anaco advirtieron acerca de las irregularidades cometidas por quien fuera gerente del Distrito Anaco de PDVSA Gas, Wenceslao Madail, en el proceso de contratación de los trabajadores por cuadrillas que se desempeñaron en las fases en que se desarrolló el proyecto de desmantelamiento de la planta Santa Rosa como paso previo a la construcción del Centro Operativo homónimo que formaba parte del Proyecto Gas Anaco.
  Tal advertencia se observa en el contenido de un informe elaborado por la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela División Oriente, relativo al análisis del caso en el cual un grupo de extrabajadores que se desempeñaron en la modalidad de cuadrillas en la fase I de la Etapa I del citado proyecto, estaban reclamando una serie de reivindicaciones laborales y el reenganche dentro de la estatal, aun cuando su relación contractual era con las empresas contratistas y no con PDVSA y a que se trataba de un contrato para una obra determinada.

   El desmantelamiento de la Planta Santa Rosa en el Distrito Gas Anaco tuvo sus implicaciones jurídicas derivadas de la posición, denuncias y protestas desarrolladas por los trabajadores de las cuadrillas que fueron contratados para llevar a cabo los trabajos, tal como lo explicamos en nuestra entrega anterior.

   El informe emanado de la Consultoría Jurídica de la División Oriente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) explica los motivos que llevaron a la estatal petrolera a recurrir a la modalidad de contratación por cuadrillas en la Fase I, Etapa I y II del proyecto previo al desmantelamiento en general de la planta.

  El reporte refiere que con el objetivo de llevar a cabo las dos primeras fases del desmantelamiento de la planta, PDVSA procedió a contrata varias empresas que emplearon a unas 480 personas, las cuales se comprometieron a laborar por un período de tres meses para dar oportunidad a otros desempleados de desempeñarse en las tareas que comprendían las restantes fases del proyecto. La pretensión de la petrolera —explican los abogados—era tratar de ser equitativos en la distribución de los empleos.

   Sin embargo, sucedió que culminado el lapso acordado, los trabajadores se negaron a cumplir el acuerdo e impidieron el paso de las maquinarias necesarias para la continuidad de la obra. Entre las medidas adoptadas para solventar la situación se pagó de un bono transaccional, lo cual permitió que algunos de ellos aceptaran y se retiraran, mientras que otro grupo quedó laborando.

  Una serie de dificultades técnicas obligaron a prorrogar la ejecución de la obra en varias oportunidades, por lo que se procedió a contratar a nuevos trabajadores en razón de los compromisos adquiridos por la petrolera con los desempleados de la zona quienes —apuntan los abogados—“defendieron a la industria durante el paro”.

   PDVSA resolvió culminar la obra para el 28 de septiembre de 2004.

   El informe refiere que se realizaron varias reuniones conjuntas con el Ministerio del Trabajo, con los contratistas y con los trabajadores, habiéndose ofrecido a estos últimos el pago de un bono transaccional con el objetivo de que desistieran del reclamo de una presunta continuidad laboral. Los trabajadores acordaron recibir el citado bono conjuntamente con sus prestaciones, con lo que aceptaron la extinción de la relación de trabajo.   
    Luego de esto, los trabajadores, aupados por el Coordinador de la Inspectoría del Trabajo de la zona, José Gregorio Villarroel, exigieron ser atendidos por el Gerente de Distrito ante quien, en reunión colectiva, afirmaron haber sido engañados y exigieron el reenganche a sus puestos de trabajo, así como el pago proporcional del bono.

    En razón de que el Gerente de Distrito se negó a cumplir tal exigencia,  los trabajadores se trasladaron al Palacio de Miraflores para elevar ante esa instancia del Poder Público Nacional sus exigencias.

   El emisario de los trabajadores, Ramón Moreno, medió entre PDVSA y los trabajadores exigiendo el cumplimiento de los derechos a que efectivamente tuvieran en el caso.

   El informe indica que ese despacho procedió a realizar un análisis jurídico de la situación que concluyó que al no haberse iniciado un procedimiento de reenganche de acuerdo con lo establecido en la ley, habría sido ilegal ordenar el mismo por haberse generado de un acto administrativo viciado de nulidad absoluta.

La advertencia

    Las exigencias de los trabajadores encontraron eco y respaldo en las autoridades del Ministerio del Trabajo, quienes en conjunto formularon una serie de planteamientos y reclamos que el informe de la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente recogió en el informe que aquí presentamos.

   Tanto el Ministerio del Trabajo como los trabajadores puntualizaron que la obra no había culminado y que PDVSA recurría a formas fraudulentas de contratación a través de contratistas.

    El Gerente del Distrito Anaco, Wenceslao Madail, cometió —a juicio del despacho del Trabajo— una serie de irregularidades en su gestión y, especialmente, en lo atinente a este caso.
    Refiere el informe de la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente que con la exposición buscaban describir los motivos por los cuales la petrolera recurrió a la modalidad de contratación con cuadrillas en la Fase I, Etapa I y II del Proyecto Previo al Desmantelamiento en General de la Planta Santa Rosa.

     Se recordó que la obra se llevó planificó y comenzó a ejecutarse con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la Gerencia del Proyecto Gas Anaco que se había propuesto mejorar la producción de gas para la fecha para elevarla a 1.700 MMPCNGD y 35 MBD de crudo liviano en el Distrito Anaco, de modo de poder satisfacer la demanda del mercado interno y de Plantas de Extracción de LGN en un horizonte de 20 años. Subrayaron que para cumplir con este cometido era imprescindible ejecutar actividades previas de desmantelamiento general de desconexión, aislamiento de líneas de drenaje, despresurización de equipos y reubicación de líneas de servicio existentes en el complejo Santa Rosa para proceder a la construcción del Centro Operativo de dicho campo.

    Enumeraron las actividades a acometer en las distintas áreas del Complejo Santa Rosa que era necesario ejecutar y que, a saber eran: Desincorporación de líneas en operación, desconexión, aislamiento de líneas de drenajes; despresurización de equipos y reubicación de líneas enterradas de servicios existentes; desconexión, drenado y despresurización de equipos fuera de servicio establecido en esta etapa; desconexión y despresurización de equipos mayores como tanques y recipientes de procesos; desmantelamiento de naves compresoras del área de cíclica estabilización, la cual comprende remoción de estructura metálica  y desacople de motocompresores; y el desmantelamiento del pipe rack existente en las áreas comprendidas en Planta cíclica  y estabilización.
    El informe muestra algunas fotografías del estado del proceso de desmontaje de la Planta Cíclica que ejecutaron las cuadrillas. Se indica que las fundaciones de la misma eran de concreto y, por tanto, debían ser removidas con maquinarias.
    Se explicaba en el informe que para iniciarla Fase II del proyecto —desmantelamiento de los equipos de producción y servicios— era necesario valerse de maquinaria pesada.
    Se estableció una comparación de los rendimientos de algunas de las actividades de la obra, bien realizadas manualmente, bien llevadas a cabo por medio de maquinaria, para demostrar la efectividad de ejecutarlas de la segunda manera.

La posición jurídica

   El informe de la Consultoría Jurídica de PDVSA División Oriente concluye advirtiendo, en primer lugar, que la fase de la obra para la cual fueron contratados quienes reclamaban el reenganche, había terminado. Estas personas habían sido contratadas para ejecutar una serie de trabajos correspondientes a una de las fases de la obra, la cual llegó a su fin. Por tanto, aseguraron los abogados, el alegato de que PDVSA había incurrido en un despido masivo carecía de todo sustento legal y constituía —a su manera de ver— un absurdo.

    Los abogados aseguraron que una contratista cometió un error en los contratos, pero ello no era imputable a PDVSA, por lo cual, el error no engendraba derecho. Se trataba de contratos para una obra determinada y, de acuerdo con la ley, no era la Inamovilidad Laboral.

   Recalcaron que era completamente falso que PDVSA realizara pagos directos a los reclamantes.

   Explicaron que se realizaron tres tipos de pago de bonos que atendían a las circunstancias particulares de cada caso o dependían del tiempo laborado. Así, a quienes ingresaron el 3 de diciembre y egresaron en junio, se les canceló Bs. 2.800.000; a quienes ingresaron el 15 de septiembre de 2003 y egresaron en junio, se les canceló Bs. 3.500.000.

  El segundo tipo equivalente a Bs. 3.291.000 se le canceló a quienes ingresaron en septiembre 2003 y egresaron en septiembre de 2004.

   El tercer tipo, igual al pago que hubieran percibido por trabajar durante tres meses. Esto se canceló a quienes ingresaron el 11 de agosto de 2004 y egresaron el 15 de septiembre de 2004.
   Los abogados enfatizaron en que los patronos de los trabajadores eran las empresas contratistas y no PDVSA.

  Refirieron que para la nueva fase del desmantelamiento el requerimiento  de personal obrero estaba en el orden de 25 personas.

  Advirtieron que era inviable sustituir la maquinaria por personal obrero como alternativa. Actuar de esa manera habría comprometido seriamente el  Proyecto de Gas Anaco.

   Para finalizar, los abogados de la Consultoría Jurídica de PDVSA Oriente alertaron que era sumamente peligroso el precedente que se buscaba crear en este caso al pretender generar una inamovilidad absoluta que es contraria a la ley y a la jurisprudencia reiterada y pacífica de los tribunales.     



                       

domingo, 1 de diciembre de 2019

Piden a las autoridades estadounidenses investigar a diputados de la Comisión de Contraloría (AN) que supuestamente exoneraron a Alex Saab

    Los parlamentarios mencionados en las denuncias niegan los señalamientos y aseguran que están dispuestos a someterse al escrutinio público y que, de hallarse alguna irregularidad, están dispuestos asumir su responsabilidad. Luisa Ortega Díaz asegura que no recibió ningún documento donde se absuelve a Saab y ratifica que hay evidencias sobre la corrupción de quien es considerado el testaferro de Maduro. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA también señalado de corrupción es quien prende la mecha del escándalo, mientras que Juan Guaidó promete tomar acciones contundentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Unos documentos dados a conocer por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (señalado por delitos de corrupción en Venezuela) muestran una supuesta exoneración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional al empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, acusado por Estados Unidos se formar parte del entramado conformado por varias empresas que se habrían aprovechado de sus vínculos con Nicolás Maduro para expoliar al Estado venezolano a través de contratos de  importación de alimentos para surtir a los Comités Locales de Abastecimientos (CLAP) con dólares preferenciales. La referida misiva de "exoneración" a favor de Saab está firmada por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga. El presidente del ente contralor parlamentario, Freddy Superlano niega la veracidad de los documentos publicados por el ex zar petrolero venezolano. El hecho ha generado una verdadera tormenta política que incluye anuncios de separación de cargos, dimes y diretes, y hasta una  solicitud de investigación internacional contra los presuntos responsables. He aquí parte de la historia.
  La denuncia inicial  fue hecha por la Fiscal General designada por la Asamblea Nacional desde Bogotá, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria quien sirvió al régimen del fallecido Hugo Chávez desde 2007 hasta 2017— pidió investigar a Alex Nain Saab Morán y las empresas Salva Foods 2015, CA, Group Grand Limited y Asasi Food FZC alegando que había irregularidades en el uso de los fondos entregados por el Estado venezolano para la importación de alimentos y asegurando que Saab Morán actúa como testaferro del Nicolás Maduro Moros.

Los señalamientos contra Saab en la Asamblea Nacional.

  Para el momento que llega la solicitud de investigación al parlamento venezolano el presidente del mismo era Omar Barboza del partido un Nuevo Tiempo. La Comisión Permanente de Contraloría estaba presidida por el diputado Freddy Superlano y como vicepresidente, Conrado Pérez Linares. Ambos se mantuvieron en el cargo hasta el presidente.

  Como ordenan los reglamentos de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de Contraloría realizaron todos los procedimientos pertinentes para hacer la averiguación solicitada por Ortega Díaz. Enviaron citaciones, solicitaron información a las empresas, viajaron a Europa, y en menos de seis meses, el ente parlamentario encargado de  acosar la corrupción dio por concluida la investigación, y acordó exonerar a Carlos Lizcano, y a su presunto socio, Alex Saab Morán de los señalamientos hechos por la fiscalía en exilio. 

  Varios documentos presentados como soporte de una solicitud de investigación contra los diputados envueltos en el escándalo  ante las autoridades estadounidenses muestran que los parlamentarios Conrado Pérez, Richard Arteaga y Freddy Superlano habrían incurrido en irregularidades cuando le otorgaron la supuesta carta de exoneración a Alex Saad y a Carlos Lizcano, quien aparece como propietario de las empresas señaladas de ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero de millones de dólares provenientes del erario público venezolano. 

  Los supuestos documentos de la Comisión de Contraloría que exoneran de los delitos de corrupción a contratistas y empresas —en especial de las empresas que presuntamente sacaron provecho del sistema de control de cambio (Cadivi, Sicad, y otros) para importar comida, y que resultó en un desfalco a la nación—  son usadas por los abogados y firmas de lobby en Estados Unidos para recuperar las visas que han sido canceladas a los individuos acusados de corrupción y lavado de dinero por el gobierno del presidente Donald Trump (las cartas son presentadas como evidencia de la inocencia de los acusados ante el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas), y en  usadas por la defensa en las Cortes federales estadounidenses.

Saad es acusado en EE. UU. por delitos de corrupción y blanqueo

  En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab Morán y a su socio Álvaro Pulido Vargas por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según la acusación, los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela con empresas ligadas a la importación de alimentos para el gobierno.

Citación a Saab Morán para comparecer en la Comisión

    El 11 de julio de 2018, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una citación oficial a Alex Naim Saab Morán, CI. 21-495-350. En la misma se le informa que en la sesión ordinaria del ente parlamentario "se acordó citarlo a comparecer  el 25 de julio de 2018, a las 9:00 A.M. con el objeto de conocer las presuntas irregularidades administrativas cometidas en el otorgamiento de divisas por parte del Estado venezolano para el manejo de los alimentos relacionados con los Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) con la empresa Group Grand Limited y Asasi Food FZC del cual usted posea conocimiento".  

  Dice la citación que el ente parlamentario le garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en el artículo 49.

 Se le advierte que "de no acudir a la comparecencia, sin causa justificada, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los títulos I y II de la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares a la Asamblea Nacional o sus comisiones". 

La carta está firmada por el diputado Conrado Pérez Linares. 
Los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga 

Las copias  fueron certificadas 

  Las copias publicadas por varios medios de comunicación en Venezuela habrían sido supuestamente certificadas por el secretario de la Comisión de Contraloría de la AN, Anderson Abreu Santelis, CI. 17.313.156. En la certificación se informa que Abreu Santelis fue designado el 2 de marzo de 2018 en su cargo y que en base a su responsabilidad y funciones certifica que "la copia de la carta es fiel y exacta  de su original, sus contenidos y firmas fueron suscritos por el presidente y demás miembros de la comisión. La certificación fue firmada el 14 de agosto de 2018". 
La exoneración otorgada a Alex Saab Morán por los diputados

   La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional nombró una la Subcomisión Especial que se  instaló el 27 de junio de 2018, para que investigara a Alex Naim Saab Morán y las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited, a las cuales se le otorgaron recursos para la importación de alimentos en el cual no ingresan al país y no eran entregados, por lo que se presume que causó daño al patrimonio público venezolano. 

  La denuncia de Ortega Díaz señalaba que "Saab Morán es testaferro de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su vez accionista y dueño de las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited" y que Saab Morán habría "desviado divisas otorgadas por el Estado venezolano para la importación de alimentos".

 La referida investigación se le asignó el número de expediente #1714 en la Comisión de Contraloría.

   La resolución dice que en una reunión celebrada el 8 de agosto de 2018 se aprobó el informe de la Subcomisión Especial que investigaba el caso que estuvo presidida por el diputado Conrado Pérez e integrada por Adolfo Superlano y Richard Arteaga. 

  La resolución dice que se determinó que "Alex Saab Morán no es dueño ni accionista, ni director de la empresa Asazi Food FZE y Group Grand Limited, por lo que se comprobó ninguna irregular participación, una vez vistas las actas constitutivas de las empresas".

  Se informó que "la Subcomisión Especial no pudo comprobar que Alex Saab Morán tuviese la condición de testaferro o socio del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en virtud que se no se aportaron prueba fehacientes que demuestren el referido nexo, requisito indispensable para establecer algún tipo de responsabilidad que corresponde a esta Subcomisión".

Una carta dirigida a Salva Foods 2015, CA. 

  En una Resolución de la Subcomisión Especial de Investigación del caso —fechada el 16 de noviembre de 2018— dirigida al presidente de la Empresa Salva Foods 2015, CA., Carlos Rolando Lizcano Manríquez se le notifica que de acuerdo a la visita parlamentaria realizada el 13 de noviembre de 2018, se recibieron los recaudos de la empresa, y que a documentación revierte la denuncia interpuesta en plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría.

  Se informa que "es improcedente continuar llevando adelante la investigación, ya que no se aportó ningún medio de prueba idónea o suficiente, que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidad administrativa en el otorgamiento de contratos  por parte del Estado venezolano a la empresa Salva Foods 2015, CA entre otros fines lícitos o ilícitos, ni conducta funcionarial responsable, o causando daño al patrimonio público del Estado". 

   Por tal motivo — dice la resolución— "consideramos que no es pertinente continuar con la investigación y se somete a plenaria el acuerdo con lo que establece el reglamento de la organización y funcionamiento de la Comisión  Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional". La carta está firmada por el presidente de esa instancia parlamentaria, Freddy Superlano y el vicepresidente Conrado Pérez.

    La denuncia inicial dice que Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Food 2015, C.A.  es socio de Alex Saab y que esa es una de las firmas que maneja la importación de los alimentos y a la que el Estado venezolano  entregó la Concesión de los Abastos Bicentenarios ahora tiendas CLAP.  

Más elementos sobre la denuncia que generó la investigación

  Tal como se dijo al inicio, la denuncia sobre la corrupción de los CLAP y contra el empresario Alex Saab fue realizada por la Fiscal en exilio, Luisa Ortega Díaz, el 26 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá.

 Ortega Díaz sostuvo que "Alex Naim Saab era el dueño de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED que recibieron dinero del Estado venezolano para comprar alimentos que no se entregaron y que el ciudadano en cuestión fungía como testaferro del régimen de Nicolás Maduro".

  Dicha denuncia fue objetada a través de una carta de fecha 01 de agosto de 2018 dirigida a la Fiscal por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga en la que aseguraron que Alex Saab no era testaferro de Maduro, no era accionista, ni director de las empresas Asasi Food FZE  y Group Grand Limited.

  La resolución dice que a Alex Naim Saab Morán no se le comprobó en la presente investigación que hasta la fecha le haya causado como dueño, accionista o director de las empresas mencionadas.












  
   En una carta dirigida a GROUP GRAND LIMITED el 29 de noviembre de 2018 por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga, rectifican que no se continuará con la investigación por considerar que Alex Saab o era testaferro de Maduro y sus empresas no estaban vinculadas a la corrupción.



  La Resolución de la subcomisión especial de investigación, firmada por los diputados Freddy Superlano y el secretario Anderson Santelis en la que se manifiesta que se cierra la investigación contra Alex Saab y las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED.



  El 24 de noviembre de 2019, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien es señalado a su vez por hechos de corrupción en Venezuela, publicó en su cuenta Twitter una copia de los documentos, acusando a la Comisión de Contraloría de la AN de haber absuelto a Alex Saab. "Una prueba más de cómo la oposición burrundanga negocia y favorece a maduro. Que le dirá @jguaido a sus seguidores? Si la misma oposición protege la corruption del madurismo. No lo creen? Aquí está", dijo el exjerarca del régimen venezolano.
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano respondió a través de su cuenta Twitter a los señalamientos de Ramírez, y negó haber solicitado a Luisa Ortega Díaz, que cerrara la investigación contra Alex Nain Saab Morán.

A continuación los tweets publicados por el parlamentario:

"Desde 2015, cuando asumimos las competencias del Poder Legislativo, hemos adelantado investigaciones sobre el desfalco de la Nación, a manos del gobierno usurpador y el anterior. Y tales pruebas y procesos se harán públicos apenas sea pertinente, según el Derecho Internacional".

"Hoy, entre muchos otros casos, tenemos pruebas sobre el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema perverso de control social mediante el cual armaron una red de corrupción que acabó con la producción nacional y dejó al país sin comida".

"Delincuentes como Álex Saab y Álvaro Pulido han sido investigados y denunciados ante cada instancia pertinente. Así se hizo contra Freddy Bernal, por el robo de 1.000.000 de cajas CLAP, y Rafael Ramírez, partícipe de un desfalco de al menos 10 mil millones de dólares en PDVSA".

"Estamos investigando y recabando pruebas sobre cada caso. Así cada una de las denuncias tendrá nombres, apellidos y pruebas que determinarán a los responsables y hacerlos declarar ante la justicia".

¡Vamos a proteger y devolver a Venezuela cada centavo robado por el régimen!

  Voluntad Popular desincorpora los diputados

 El domingo 1° de noviembre, Armando Info publicó un reportaje titulado “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin” donde se revela que un grupo de parlamentarios opositores habrían participado en una trama de corrupción para salvaguardar los intereses de Alex Saab.

A raíz de los señalamientos, Voluntad Popular decidió desincorporar de la Comisión Permanente de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. Superlano había anunciado su separación del cargo para facilitar las investigaciones.

 Voluntad Popular expresó en un comunicado que iniciarán una investigación interna, un proceso disciplinario y que tomarán las medidas pertinentes. 

LEE TAMBI


Un reporte parlamentario sobre los CLAP
  Uno de los documentos que aparece en la denuncia hecha ante autoridades estadounidenses es una presentación de la Comisión de Contraloría presenta una revisión sobre un supuesto esquema de corrupción vinculado a los Comités de Abastecimientos (CLAP) donde se mencionan algunas empresas y personas relacionadas a las mismas. No queda claro si este reporte antes o después de la denuncia de Ortega Díaz.
  El documento, de 25 páginas, cita una comunicación firmada por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la empresa Group Grand Limited donde se señala que dicha corporación está estrechamente vinculada con Nicolás Maduro Moros.

   En informe describe "el esquema de enmascaramiento de varias empresas vinculadas a la firma Group Grand Limited, cuyos propietarios son otras empresas de origen panameño como  Eolo Energies, Inc y Viladrake Internacional Inc".

    En el documento se asegura que la Comisión Permanente de Contraloría estaría realiando las respectivas diligencias en solicitud de información al respecto de estas “empresas” a las autoridades panameñas desde el mes de marzo de 2019.

    La empresa Group Grand Limited se encarga— entre otras firmas— de la venta de alimentos para el programa de los CLAP del gobierno de Nicolás Maduro Moros. "Son productos de procedencia mexicana para su importación y proceso de empaque", acotan.

  La mencionada empresa, Group Grand Limited está vinculada a un sujeto de nombreSantiago Uzcátegui Pinto, cédula de identidad V-17.341.620, dice el documento.

    Hay otras firmas que aparecen relacionadas en ese informe en particular, a saber: Mass Joy Industries LTD., Millon Rice, Mir Importation I Exportatio, FB Foods LLC, S.A., RMJ Inversiones Ramaja Limitada, Modexel Consultores E Servicios, S.A., Agrovarius, S.A., J&B International, Shining Capital Luck Fortune, Max Power Eneering LTD, Sirab Longistic, S.A., Porstar Intertrade Limited, Bamfaster Trading And Consulting LLC. y Agravius, S.A.

   Y varias personas ligadas a las firmas: Samark López Bello, Yousset Abou, Omar Abou, Juan Vicente Roversi, María Ojeda, Hernan Matheua, Rustinko Rodríguez, Esteban Correa, Jose Antonio Achram, Edmundo Rotondaro, Miguel González, Claudio Sira, Rafael Morales y Esteban Correa. 

  En la presentación se señala que "ciudadanos venezolanos, a través de empresas panameñas, adquieren empresas mexicanas con el objetivo de elaborar y envasar alimentos destinados al programa CLAP. Los alimentos en muchas ocasiones se encuentran en condiciones no aptas para el consumo humano".

  Destaca que "las empresas responsables de suministrar los alimentos al programa CLAP adquieren productos lácteos cuya presentación señala ser “Leche en Polvo” y cuyo valor monetario no llega a 0,90$ por kilo, la cual representa un escaso valor nutricional".         

 Esta bebida láctea que esta valorada en menos de 0,90$ por kilo, finalmente es adquirida por el programa CLAP en un costo que varía entre los 5$ y 7$ por kilo, lo que implica una ganancia aproximada de 777%.

 "En el mes de febrero de este año, resultados de pruebas efectuadas por el Instituto de Tecnología de la UCV, confirman que el producto no cumple con la normativa nacional “CONVENIN” para ser considerada como leche en polvo", agregan.

 Las marcas involucradas en la estafa de la Leche son: Rancho Nuevo, McLeche, Kosland, Suprema, KFMilk, VitalMilk, PureMilk, SoyMas.

  "Muchas de estas marcas de Leche no son comerciales en México, por lo que se sospecha que estas empresas fueron creadas por los mismos que manejan los CLAP, con accionistas, apoderados o directores colombianos y venezolanos, involucrados en el programa de alimentos" dice el informe.

  "El capital con el que se financia la compra de alimentos para el programa CLAP es solicitado al FONDEN, S.A. y está aumentando la deuda externa venezolana", añaden.


 "Se estima que mediante este sistema de corrupción se hayan malversado unos 5 mil millones $", dice el reporte.

Piden investigar a diputados que exoneraron a Saab y a Carlos Lizcano


  En una denuncia paralela, entregada a las autoridades de Estados Unidos, se solicita que se investigue a los diputados que participaron en la exoneración de Saab Morán en la Comisión de Contraloría de la AN. 

  Sostiene que hay supuestas evidencias que muestran que Carlos Liscano es presuntamente "el principal testaferro de Alex Saab y fue el encargado de convertir la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión especial de investigación de la Asamblea Nacional en un bufete privado, en el que se entregó al presidente de la comisión, diputado Conrado Pérez la cantidad de 500 mil euros en efectivo que sirvieron a su vez para pagar a varios diputados la cantidad de 10 mil euros mensuales". 

 La denuncia asostiene que el diputado Adolfo Superlano supuestamente se habría "encargado de realizar varios informes que eximían de cualquier acto de corrupción a Carlos Lizcano y Alex Saab. Esta acción fue reforzada con varios viajes que realizaron los parlamentarios a Bulgaria, Suiza, Portugal e Italia en los que le solicitaron a reconocidas entidades bancarias la liberación inmediata del dinero bloqueado de ambos empresarios".

  Dice la denuncia que "el parlamentario Conrado Pérez fue (habría sido) el encargado de desaparecer todas las pruebas de la corrupción de los CLAP, incluyendo cuentas bancarias, exámenes de laboratorio, contratos de Corpove y otras denuncias que fueron realizadas en varias ocasiones por la Fiscal Luisa Ortega Díaz contra Alex Saab".

   La denuncia sostiene que supuestamente "la comisión designada para la investigación de la corrupción de los CLAP, elaboró un informe dirigido a la OFAC, Departamento del Tesoro certificando que el empresario colombiano, Carlos Lizcano no tenía ninguna investigación vigente en la comisión". ***No hay evidencias de esta información en el informe que está en poder de Venezuela Política, así como tampoco de los supuestos pagos en efectivo.

   En las evidencias presentadas en una denuncia ante las autoridades estadounidenses contra los diputados que actuaron en este caso de Saab Morán, se suministra una copia de los boletos de avión de un viaje realizado por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga a París, Francia con el fin de realizar las diligencias pertinentes para la investigación sobre el caso de Alex Saab Morán. El viaje se realizó el 23 de abril de 2019 por la línea aérea Air France.
  Sostiene la denuncia que se debe hacer una investigación que "permita verificar si los diputados actuantes fueron cómplices del daño patrimonial que se le ocasionó a Venezuela".

   Asimismo, solicitan que "el presidente (e) Juan Guaidó nombre una comisión que investigue a los parlamentarios que se prestaron para los presuntos actos de corrupción y demuestren donde están las pruebas que contradicen las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump hacia los corruptos que se beneficiaron con el hambre de los ciudadanos venezolanos”.

  Agrega la denuncia que el presidente (e) Juan Guaidó debe solicitar la destitución de estos diputados, investigarlos y solicitar la cooperación del gobierno de EEUU para actuar de manera inmediata y sancionar a los mencionados parlamentarios que se burlaron del presidente Guaidó y estafaron la nación".

   Sostienen que "para cometer delitos, usaron su investidura como diputados y miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para defender y beneficiar a empresarios corruptos sancionados por legitimación de capitales y corrupción por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.".

  La denuncia involucra a jerarcas de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Se asegura que el mencionado grupo de diputados habría gestionado ante entes del gobierno de Donald Trump y de la Comunidad Europea la exoneración de empresarios que se han enriquecido a la sombra del Estado venezolano, y que han sido acusados y sancionados para que estos fueran sacados de las listas de sanciones.

Guaidó anuncia acciones contra "individualidades" del parlamento

A través de su cuenta Twitter @jguaido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) Juan Guaidó aseguró lo siguiente: “Todo el país debe conocer mi posición en torno a una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”. Y agregó: "No permitiremos que la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir. En horas de la tarde, cuando se normalice la situación del internet en Venezuela, daremos más información sobre el caso y las medidas que he decidido tomar. Información importante. Atentos”.

Guaidó agregó: “Además, anunciaré decisiones y medidas que van directamente contra quienes pretenden jugar con la confianza de nuestro pueblo”, precisó. "No permitiré que la corrupción ponga en riesgo “todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad. Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso”.

Conrado Pérez niega todas las acusaciones 

   En un comunicado enviado por el diputado Conrado Pérez Linares titulado: "Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas", el parlamentario denunció que se ha desatado una campaña de descrédito contra la Comisión Permanente de Contraloría de la AN "interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero".

   Pérez Linares quien habló en su condición de Presidente(e) de la Comisión Permanente de Contraloría, sostiene que su declaración tiene el aval de los diputados: Richard Arteaga, Chain Bucarán, José Brito y Adolfo Superlano.

 Pérez subrayó que "no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción, están formalmente implicados en hechos de corrupción y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como Rafael Ramírez, junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

  Aseguró que "Ramírez y sus tarifados pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones".

  Pérez Linares dijo que "las decisiones legítimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN".

  "Cada una de las actuaciones que hemos realizado han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria", sostuvo.

   Comentó que "su función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión". 

No hay carta de buena conducta a favor de Saab Morán

  En relación a la presunta carta de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

  En referencia a las conclusiones de la investigación sobre Saab Morán, dijo que que el mencionado ciudadano "no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong, por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas".

  Respecto a las presuntas empresas de maletín, Pérez Linares aseguró que "la investigación arroja que la misma cuenta con una sede física y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletín".

  Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos orígenes lícitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Abiertos a una investigación

 El parlamentario dijo que "quienes tengan fundamentos y soportes de lo requeridos por esta Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable".

  Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chantaje". 

"Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria", dijo el diputado. 

Ortega Díaz niega haber recibido carta del diputado Pérez

  La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, negó haber recibido una carta firmada por el diputado Conrado Pérez, presidente de la subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la que se absuelve al empresario Alex Saab de su vinculación con la corrupción en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  “(El documento) No ha llegado a mis manos. Si esa carta existe o salió de la AN, yo desconozco eso. Ya nosotros teníamos esa investigación (en contra de Alex Saab). Yo denuncié este caso (la corrupción en la importación de alimentos); si alguien tiene interés en que se esclarezca este hecho soy yo”, dijo en conversación exclusiva con El Pitazo, este jueves 28 de noviembre (1).

   En la nota de El Pitazo se destaca que a pesar que Ortega Díaz desestimó el documento, afirmó que cualquier postura similar a la expuesta en la supuesta carta significa un desprecio hacia los venezolanos. La fiscal cuestionó que Saab sea absuelto de las investigaciones, tal y como quedó por sentado en el documento presuntamente emanado del Poder Legislativo y que hizo público a través de su cuenta en Twitter el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.

Freddy Superlano niega las acusaciones y pide investigación

  En una carta enviada al presidente (e) Juan Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano solicitó que se inicie una investigación desde la plenaria de la Asamblea Nacional "con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios".

  Sustuvo que "en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad". 

  Manifiesta que "en el caso en que no se determine ninguna irregularidad, se comunique públicamente, y quienes han hecho acusaciones generalizadas o infundadas asuman también su responsabilidad".

  Advierte que tiene la absoluta disposición para someterse al escrutinio público. "Soy el principal interesado en que exista transparencia absoluta sobra la gestión de la Comisión de Contraloría y que si existiese alguna irregularidad los responsables asuman lo que corresponda", acota.

  ***En la solicitud de investigación a autoridades estadounidenses aparecen fotografías de un grupo de parlamentarios a Europa. Venezuela Política ha intentado conversar (sin éxito) con los parlamentarios que aparecen en las fotografías para conocer sus comentarios sobre los señalamientos, una vez que se obtengan dichas declaraciones publicaremos las imágenes.

***Igualmente ha llegado a nuestras manos cartas de exoneración a otros empresarios de alimentos que han sido señalados de corrupción vinculados a la estafa del sistema de cambios preferencial (CADIVI). En ese caso hay otros diputados de la Comisión de Contraloría involucrados, pues las cartas de absolución fueron entregadas a los contratistas del régimen de Nicolás Maduro en 2016 y 2017. De hecho, algunas de esas cartas han sido usadas como escudo protector en Estados Unidos por los empresarios involucrados y como evidencia para probar su inocencia ante las autoridades y como argumento para recuperar sus visas canceladas por el gobierno del presidente Donald Trump. Una vez que concluyamos las investigaciones las publicaremos en este mismo portal.


Inclusión de Alex Saab en la OFAC y acusación federal

El 25 de julio de 2019 se reveló una acusación federal contra Alex Saab en el Distrito Sur de la Florida horas después de que la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara al empresario colombiano junto a su socio Álvaro Pulido Vargas por cargos de corrupción vinculados a la explotación del programa de alimentos de Venezuela y la conversión de reservas de oro en divisas.

  "Alex Saab participó con el círculo de Maduro en una red de corrupción de amplia escala que usó insensiblemente para explotar la población hambrienta de Venezuela’’, dijo el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

  La designación de la OFAC incluyó a los hijastros de Maduro Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, a quienes Saab les enviaba dinero para obtener contratos con el gobierno venezolano, afirma el comunicado.

  La acusación en la Florida señala que a partir de 2011, Saab y Pulido se confabularon para lavar dinero producto de un esquema de sobornos entre bancos localizados en Venezuela y Estados Unidos.

  En el documento se afirma que Alex Saab obtuvo contratos relacionados con los Clap, sin licitación y privilegiados a través de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas.




















PRONUNCIAMIENTO

Señala Conrado Pérez Linares: Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas

Como Miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, quiero denunciar ante la opinión pública del país y particularmente del Estado Trujillo, que en contra de ésta instancia parlamentaria se  ha desatado una campaña de descrédito interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero.

El señalamiento lo hizo el Dip. Conrado Pérez Linares en su condición de Presidente(e) para el momento de la Comisión Permanente de Contraloría, quien precisó que su declaración tiene el aval de los Diputados: Richard Arteaga, Chain Bucaran, José Brito y Adolfo Superlano.

En lo que se refiere a nuestra actuación en éste Parlamento y desde ésta Comisión quiero subrayar que " no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción,  están formalmente implicados en hechos de CORRUPCIÓN y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como RAFAEL RAMIREZ,  junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

Ramírez y sus tarifados - advirtió Pérez Linares - pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones.

 APEGADOS A DERECHO. 

-"Queremos manifestar que nuestras decisiones legitimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.
Cada una de las actuaciones que hemos realizado - afirmó el parlamentario - han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria.
En tal sentido, ratificamos que nuestra función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión. 

 NO HAY CARTA DE BUENA CONDUCTA 
En relacion a la presunta carta  de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

Consultado acerca de las conclusiones de la investigación respondió que el ciudadano en cuestión  objeto de la misma, no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong,
 por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas.

Respecto a las presuntas empresas de maletín, el parlamentario aseguró que la investigación arroja que la misma cuenta con una sede fisica y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletin.

Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos origenes licitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

ABIERTOS A CUALQUIER INVESTIGACIÓN

Ahora bien, quien tenga fundamentos y soportes de lo requeridos por está Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable.

Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chanteje". Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria, dijo para finalizar Conrado Pérez Linares