miércoles, 2 de diciembre de 2020

Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos

   Sus cuentas en Miami recibieron USD 160 millones que la fiscalía sostiene son el producto de negocios irregulares mantenidos con empresas mixtas de PDVSA.

Por Maibort Petit

   Mientras las autoridades de los Estados Unido dirigen todos sus esfuerzos para confiscar dinero proveniente de negociaciones irregulares depositados en cuentas de Miami, los protagonistas de las tramas de corrupción se defienden y aseguran que sus fondos no son el producto de corrupción que quisieran lavar en el sistema bancario norteamericano, sino de negocios legítimos entablados con Petróleos de Venezuela S.A.

   Es el caso del empresario ítalo-venezolano, Natalino D'Amato — quien se encuentra en Venezuela— y a través de su abogado, David O. Markus, aseguró ser inocente y agregó que luchará ante las autoridades federales de los Estados Unidos para demostrar la legitimidad de sus fondos y sus negociaciones. El representante legal también negó que su cliente se encuentre cooperando con la fiscalía.

“Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”, aseguró Markus[1].

  D'Amato fue acusado de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan, luego de una investigación llevada a cabo por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina local del IRS-CI en Miami; el abogado litigante, Alexander Kramer, de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Entretanto, la Fiscal Federal Auxiliar, Adrienne E. Rosen, maneja lo concerniente al decomiso de activos.

  La acusación del gobierno refiere que entre 2013 y 2017, D'Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar el producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

   El acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

  Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Éstas compañía poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida.

  Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.

 La acusación sostiene que Natalino D’Amato habría ofrecido y pagado sobornos a numerosos funcionarios de las referidas empresas mixtas, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios de estas. En concreto, según la acusación, las empresas controladas del acusado recibieron aproximadamente USD 160 millones en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. D’Amato supuestamente destinó una parte de esos fondos para pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  El proceso iniciado por la fiscalía, igualmente procura la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente USD 45 millones.

Las transferencias

  La acusación contra Natalino D'Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.

  En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.

  En mayo de 2015, Natalino D'Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.

  Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D'Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al Funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D'Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, D'Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en Mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.

  Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D'Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D'Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.

  Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D'Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporativas controladas por el Funcionario Venezolano 4.

 Entre agosto de 2017 y octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 5.

Lavado internacional de instrumentos monetarios

  Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D'Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.       Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D'Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.

  El 1 de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

  El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

Lavado de dinero

  Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D'Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:

  El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.

  El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.

  El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.

Participar en transacciones con propiedad derivada del delito

  El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D'Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:

  El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.

   EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de julio de 2017, D'Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.

Los decomisos

   En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D'Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.

  La fiscalía contabiliza hasta el momento, USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp, en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.

  Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D'Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055;  USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D'Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.

REFERENCIAS

[1] MSN de la original publicada en El Nuevo Herald. “EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami”. 1 de diciembre de 2020. https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/eeuu-intensifica-esfuerzos-contra-venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-miami/ar-BB1bwWxg


Guillermo Salas: Resolución de las elecciones de EE. UU. en las cortes podría poner en evidencia las trampas del sistema de votación venezolano

Por Maibort Petit

  Los tribunales pueden ser el escenario donde — sin ser catalogadas como teorías conspirativas y sin el veto de los medios de comunicación— se conozca en toda su dimensión la perversidad del sufragio automatizado.

  Las denuncias de fraude electoral en los Estados Unidos por parte del equipo del presidente Donald Trump que terminen en la Corte, permitirían que salieran a la luz las vulnerabilidades y trampas del sistema electrónico de votación implementado en Venezuela a través de la empresa Smartmatic, toda vez que él mismo ha sido acusado por importantes voceros de la campaña del mandatario norteamericano, como la causa de que en estos momentos se le tenga como el perdedor de la contienda.

  Específicamente, Rudy Giuliani y Sidney Powell, han hecho referencia a la utilización de software electoral diseñado por la empresa vinculada al chavismo en los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre.

“No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani, mientras que Powell aseguró tener evidencias de que el fraude electoral implementado en Estados Unidos tiene su origen en Venezuela[1].

  Muchas voces se han levantado en Estados Unidos para refutar esto, incluso desde el seno del propio Partido Republicano, queriendo descalificar las denuncias al calificarlas como meras teorías conspirativas.

  Pero apelar a catalogar las irregularidades denunciadas como teorías conspirativas es, al mismo tiempo, parte de la estrategia implementada a la hora de llevar a cabo un fraude electoral, advierte Guillermo Salas, fundador de la organización de contraloría electoral Esdata, un experto con larga trayectoria explicando lo que es un fraude electoral desde el punto de vista de la ciencia.

  Salas refiere que en el caso venezolano toda persona que atacara al sistema electrónico de votación impuesto por Jorge Rodríguez cuando presidía el Consejo Nacional Electoral (CNE) era catalogado de antipatriota o de divisor de la oposición, entre otras cosas.

   La sacralización del sistema electoral venezolano se convirtió, pues, en tema vetado aun entre el círculo opositor, toda vez que las referencias a su vulnerabilidad pasaban a considerarse obstruccionistas de cualquier posibilidad de entendimiento o de resolución a la crisis política imperante en el país.

  Salas subraya que todo fraude electoral de cierta envergadura lleva asociada una conspiración, la cual se puede inferir, incluso, a través de un método matemático planteado en 2007 por uno de los grupos matemáticos más importantes del mundo, Wolfram Research.

Las denuncias de Salazar

   Hay que recordar que en Estados Unidos las referencias a las irregularidades del sistema electoral venezolano no son un tema reciente, toda vez que el exjefe de seguridad del finado expresidente Hugo Chávez y luego de Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, presentó una declaración jurada en la que habló, de acuerdo a lo que se sabe de ella pues se encuentra sellada en la actualidad, de la supuesta existencia de un sistema de control que permitía monitorear los resultados e interactuar con las máquinas de votación en tiempo real.
 
  Esta declaración jurada de Salazar, podría conocerse más profundidad en el proceso judicial que se iniciaría en caso de prosperar las denuncias de la campaña de Donald Trump ante la corte.

  “Creo que, en estos momentos, cuando se lleve a cabo en la corte de justicia de los Estados Unidos todo lo relativo al supuesto fraude cometido contra Donald Trump, permitirá también destapar el caso de Smartmatic en Venezuela. Se va a saber mucho de lo que pasó en el referendo y que continuó pasando para tapar todas las evidencias de fraude, lo cual fue asqueroso”, alerta Salas.

  Las denuncias de Leamsy Salazar fueron recogidas en el libro “Boomerang Chávez: los fraudes que llevaron al colapso a Venezuela”, del periodista español Emili Blasco que en una de sus partes señala que “Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Eso ocurría en el marco de un proceso completamente electrónico, como es habitual en Venezuela, y con la complicidad de quien debía ser su árbitro, el Centro Nacional Electoral (CNE). Gran parte de la trampa se gestionó desde Cuba”.

El fraude es comprobable en una corte

 Guillermo Salas asegura que el fraude electoral cometido electrónicamente es perfectamente comprobable y, de hecho, las pruebas estadísticas son válidas en los tribunales estadounidenses.

  Citó el caso de un recurso introducido hace pocos años ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, en el que aun cuando ninguno de los magistrados era proclive a la tesis del fraude electoral, luego de escuchar toda la exposición sin que existiera el bloqueo de los medios de comunicación donde el asunto es vetado, concluyeron con la prohibición del voto electrónico y exigieron que se auditara el registro electoral y se impusieran una serie de condiciones para que pueda haber unas elecciones transparentes en el país.

  Luego de comentar que ningún medio de comunicación nacional comentó esta decisión —dado el veto señalado—, algunos de los magistrados se pronunciaron por la necesidad de procesar el caso penalmente.

  Con relación al caso estadounidense, Salas apunta que los juicios se deciden por el número de indicios, sobre los cuales el jurado se pronuncia acerca de si el imputado es culpable o inocente. Por lo tanto, habrá que esperar para ver si en este, la evidencia delata al cuestionado sistema electoral venezolano.

REFERENCIA

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

Smartmatic, la empresa electoral que carga con el lastre de su relación con el chavismo

   Un largo historial de acusaciones en su contra ponen en tela de juicio cualquier proceso electoral en sus manos.

Por Maibort Petit

    Desde que el equipo legal que asesora la campaña de Donald Trump aseguró que el voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, fue pirateado y se cambiaron las boletas correspondientes al actual mandatario para su adversario Joe Biden, el nombre de la empresa Smartmatic ha comenzado a resonar nuevamente como supuesta responsable del fraude acusado Rudy Giuliani.

  El abogado personal de Trump, sugirió que la presunta manipulación del voto habría sido responsabilidad de “una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro (…) No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani.

   A las acusaciones de Giuliani se suma Sidney Powell, quien dijo tener evidencia de que el supuesto fraude “vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Cuba y de China, que tiene importantes intereses en Venezuela”[1].

   Los señalamientos alcanzan igualmente a Dominion Voting System, una empresa canadiense supuestamente ligada a compañía que impuso el voto automatizado en Venezuela.

   El propio Donald Trump aseguró que 2,7 millones de votos a su favor fueron “eliminados” por el sistema de votación electrónica, acusaciones que apuntan directamente a Dominion Voting System, compañía de la que en 2019 se la reportó desde la Secretaría de Estado en Texas, como llena de vulnerabilidades.

   Smartmatic niega las acusaciones en su contra, al asegurar que, en los comicios en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan o Carolina del Norte, entidades en las que la campaña de Donald Trump cuestionó o impugnó los resultados electorales, hayan usado tecnología de su propiedad.

   Igualmente, Dominion desestimó los señalamientos y se remitió a las conclusiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), instancias adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que aseguró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista técnico[2].

  Smartmatic sostiene que nunca ha proporcionado a Dominion Voting Systems ningún software, hardware u otra tecnología y que más bien son competidores en el mercado.

  Documentos oficiales refieren que la única relación existente entre Smartmatic y Dominion se remonta al año 2010 cuando la segunda licenció a la primera para usar escáneres ópticos en una elección de Filipinas. Una información que niega la afirmación del equipo de Trump que aseguró que aun cuando Dominion es una empresa canadiense, el software que utiliza es propiedad de Smartmatic. La advertencia de la campaña del actual presidente estadounidense se debe a que Dominion participó en las elecciones en 28 estados[3].

Smartmatic según ella misma

  Según la página web de Smartmatic, esta empresa fundada en el estado de la Florida en el año 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate, está enfilada a “crear tecnologías de votación más seguras, accesibles y fáciles de usar, diseñadas para salvaguardar el proceso de principio a fin”, al tiempo que asegura que es “la compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo”, habiendo “diseñado e implementado con éxito tecnología de votación segura para comisiones electorales en los cinco continentes en 25 países”.

   Refiere que es un proveedor aprobado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al tiempo que es miembro fundador del Subsector de Infraestructura Electoral del Departamento de Seguridad Nacional y agrega que no se basa en ninguna aplicación única para garantizar la integridad de las elecciones. “Utilizamos múltiples capas de protección, medidas de seguridad y mecanismos de control en todos nuestros sistemas de votación. Nuestra tecnología protege los votos en cada paso, desde la recopilación de datos a prueba de manipulaciones hasta el cifrado de extremo a extremo y los registros completamente auditables”[4].

   En la actualidad la compañía está en manos de Mugica y Piñate, siendo que el 83 por ciento de las acciones del capital se propiedad de sus familias, 10 por viento es de los empleados y el restante 7 por ciento, a otros inversores. Smartmatic niega ser una empresa venezolana.

   Lo cierto es que esta empresa que en el momento de su fundación funcionó en la casa de los padres de Mugica, en Boca Ratón, luego de encargarse del referendo revocatorio convocado en Venezuela para consultar a la población si quería terminar el mandato del finado expresidente, Hugo Chávez, la empresa comenzó un proceso de expansión, siete meses después habría comprado una de las empresas más grandes en los Estados Unidos encargada del conteo de votos, a saber, Sequoia Voting System firma que mantuvo bajo su dominio en 2007 cuando la vendió. A la versión de que Sequoia se convirtió en Dominion Voting System y esta sostiene que en 2010 compró "ciertos activos" a Sequoia. Después, Smartmatic comenzó a operar por Latinoamérica, habiéndose encargado de procesos electorales.

  La vertiginosa expansión de Smartmatic a partir de su participación en el referendo venezolano y también fue comentada por la Embajada de de los Estados Unidos en Venezuela, tal como reveló un cable de la instancia diplomática fechado en julio de 2006, divulgado por WikiLeaks, el cual advertía que la empresa “pasó de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004” y remataba diciendo que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados“.

   En 2017, Smartmatic denunció, luego de haber participado en las elecciones para la Asamblea nacional Constituyente, que la presidenta para entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, supuestamente había manipulado el boletín de participación de los comicios[5].

¿La mano de Soros?

   Los señalamientos acusan la mano de George Soros estaría detrás de todas estas irregularidades, al afirmarse que Dominion fue comprada por Staple Street Capital, que cuenta entre sus directorio  con William Earl Kennard, ex-embajador del gobierno de Barack Obama en la Unión Europea.

  Se declara [sin evidencia] que Lord Mark Malloch-Brown segunda voz de mando de la empresa especulativa Quantum Funds, propiedad de George Soros, es "padrino" de Smartmatic. Malloch-Brown preside la empresa holding SGO Corporation Ltd, presuntamente matriz operativa de Smartmatic.

 Según Giuliani, Soros y los Clinton estarían detrás del fraude cibernético, una afirmación que le valió la arremetida de todos los medios de comunicación adscritos a George Soros y a su conglomerado Project Syndicate que califica las denuncias como "teorías de la conspiración" sin fundamento.

  Desde el portal The Nation de Pakistán se dice que "el presidente de la firma del software para las votaciones ligado a Soros se encuentra en el equipo de transición de Biden": a saber, el almirante retirado, Peter Neffenger, a quien califica de ser el “mandamás de Smartmatic en EEUU”[6].

  Hay quienes van más allá y sostienen que Soros es propietario de Smartmatic desde 2014, lo cual se habría dado, como se dijo líneas arriba, a través de Mark Malloch-Brown, quien se asociaría a Antonio Mugica y conformaron la organización llamada SGO Corporation Ltd.

  Malloch-Brown es periodista que se inició en The Economist, fue funcionario de carrera de las Naciones Unidas desde al menos 1979, suponiéndose que su trabajo con los refugiados habría sido lo que lo vinculó a Soros con motivo del conflicto en los Balcanes.

  Fue administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde allí se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana cuando se promovía la realización del referendo revocatorio.

  Se dejado ver que el despliegue de Smartmatic coincide con la contratación de Malloch-Brown, luego de que la empresa registrada en la Florida consiguiera el contrato de la automatización del referendo revocatorio y que “el impulso de la firma como solución electoral haya venido de Malloch Brown y de Soros. Para esto fue muy conveniente posicionar la idea de que Smartmatic era una creación del chavismo”[7].

CITAS

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

[2] Telemundo. “Smartmatic, Hugo Chávez y un supuesto fraude: empresas rechazan acusaciones de la campaña de Trump”. 23 de noviembre del 2020. https://www.telemundoutah.com/noticias/decision/elecciones-estados-unidos-acusaciones-fraude-de-trump-smartmatic-hugo-chavez-venezuela/2036757/

[3] El Diario. “¿Dominion, empresa que gestiona el software en el conteo de votos de EE UU, es propiedad de Smartmatic?”. 13 de noviembre de 2020. https://eldiario.com/2020/11/13/dominion-votos-eeuu-smartmatic/

[4] SmarTmatic. https://www.smartmatic.com/es/

[5] BBC Mundo. “Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. 2 de agosto de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[6] Mundo. “Protestas en Filadelfia tras las elecciones presidenciales en EEUU ¿Existió fraude de los "algoritmos de Soros" en las elecciones de EEUU?”. 20 de noviembre de 2020. https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011201093564491-existio-fraude-de-los-algoritmos-de-soros-en-las-elecciones-de-eeuu/

[7] AlbaSuiza. “Smartmatic Es Propiedad De George Soros (Oficialmente) Desde 2014”. 4 de agosto de 2017. http://www.albasuiza.org/es/2017/08/smartmatic-es-propiedad-de-george-soros-oficialmente-desde-2014/

lunes, 30 de noviembre de 2020

PDV USA arremete contra el excongresista David Rivera, lo acusa de hacer declaraciones falsas sobre el uso de los fondos que dijo le habría 'entregado a la oposición venezolana'

 Por Maibort Petit

   El juez de Distrito, John G. Köeltl aprobó a los abogados de la consultora Interamerican Inc, propiedad del excongresista, David Rivera más tiempo para responder a la demanda enmendada por los abogados de PDV USA que busca la devolución de $15 millones pagados por CITGO en base a un contrato de servicios de consultoría a favor de PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, que  según los papeles de la corte no se cumplió.

  La solicitud hecha por los abogados de Rivera, del escritorio jurídico Hecht Partners LLC, fue aprobada por el juez de Nueva York, permitiendo que la defensa presente la respuesta a la demanda de  PD  USA del 4 al 18 de diciembre de 2020. 

  En el calendario se advierte que los acusadores pueden responder a la defensa hasta el 25 de enero de 2021 y a su vez los representantes de Rivera podrán dar respuesta hasta el 18 de febrero de 2021.

  Los abogados de PDV USA, Inc del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, decidieron introducir una demanda enmendada donde se alega que la empresa Interamerican Consulting Inc. no cumplió con lo establecido en el contrato fechado el 21 de marzo de 2017.

  De acuerdo a la demanda, PDV USA e Interamerican celebraron un acuerdo de consultoría en virtud del cual la firma de David Rivera recibiría $ 50 millones [en seis cuotas] durante un período de tres meses para proporcionar supuestos "servicios de consultoría estratégica" para la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, SA. 

   PDVSA está controlada por el régimen de Nicolás Maduro. 

  PDV USA recibió instrucciones de PDVSA, a través de su empresa PDV Holding, Inc. para celebrar el contrato con el supuesto propósito de mejorar la "reputación y posición a largo plazo" de PDVSA en los Estados Unidos.

  En enero de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino de ese país, y al mismo tiempo designó a PDVSA como “Nacional Especialmente Designado” con quien ninguna persona estadounidense puede hacer negocios sin una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

  El Gobierno de Guaidó, a su vez, nombró una Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA para supervisar las operaciones estadounidenses de las subsidiarias de PDVSA con sede en Estados Unidos, incluida PDV USA. 

  En agosto de 2019, la Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que, según la ley estadounidense, los nombramientos de Guaidó para la Junta Ad Hoc de PDVSA eran presuntamente válidos.

  En virtud del Acuerdo de 2017, se suponía que Interamerican desarrollaría e implementaría durante un período de tres meses un plan estratégico para mejorar la reputación de PDVSA y su posición entre los formuladores de políticas, los líderes de opinión, los funcionarios públicos y las partes interesadas específicas y establecer relaciones con ellos.

  Entre otras cosas, a cambio de $ 50 millones, el Acuerdo requería que Interamerican entregaría al menos siete informes quincenales detallando el trabajo realizado durante el período relevante y un informe final que incluiría recomendaciones para el seguimiento de las estrategias implementadas. En cambio, Interamerican proporcionó solo dos informes, con un total de no más de cinco páginas, muchas de las cuales están duplicadas. "Estos informes se refieren genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican a los participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron ni a quién".

   La demanda dice que Interamerican no prestó servicios en virtud del Acuerdo y, ciertamente, no prestó el nivel de servicios que se podría esperar razonablemente por una tarifa de aproximadamente $ 17 millones por mes. "Esto fue confirmado por el presidente de la firma, el excongresista estadounidense David Rivera, luego de que se presentó esta demanda". 

   El documento de la corte dice que según Rivera, en declaraciones que hizo a la prensa poco tiempo después de la presentación de esta demanda, Interamerican nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del Acuerdo, sino que los fondos que se pagaron “fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017". 

   La afirmación de Rivera parece ser que el régimen de Maduro, que controlaba PDVSA en ese momento, acordó canalizar decenas de millones de dólares para financiar las protestas organizadas por sus adversarios políticos. "Esta afirmación desafía la credulidad y PDV USA no ha podido localizar ninguna evidencia, de ningún tipo, que la respalde", sostiene la demanda.

  La acusación sostiene que "las afirmaciones de Rivera en 2020 con respecto al propósito del Acuerdo son totalmente inconsistentes con los dos informes de progreso de Interamerican, que contienen numerosas declaraciones sobre un proyecto de consultoría para PDV USA en beneficio de PDVSA". 

 Dice la demanda que "los reclamos de 2020 dejan claro que Interamerican representó falsamente y garantizó en la Sección 7 del Acuerdo que ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las regulaciones aplicables de control de divisas, leyes o regulaciones fiscales u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción".

  La demanda advierte que de acuerdo a lo que dice Rivera se puede concluir que: "Interamerican no proporcionó, y nunca tuvo la intención de proporcionar, los servicios de consultoría que contrató con PDV USA en el Acuerdo".

  Asegura la demanda que "PDV USA resultó perjudicado por el incumplimiento del Acuerdo por parte del Demandado". 

  Asimismo, sostiene que PDV USA pagó las primeras tres facturas emitidas por Interamerican, "un total de $ 15 millones, pero no recibió los servicios requeridos y no ha recibido evidencia de que se haya prestado algún servicio en nombre de PDV USA o PDVSA".

  A pesar de su incumplimiento del Acuerdo, el Demandado insiste en que PDV USA le debe los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato de $ 50 millones.

 Igualmente, Interamerican se comprometió explícitamente en la Sección 10 del contrato, a indemnizar a PDV USA por y contra cualquier incumplimiento del Acuerdo perpetrado por Interamerican, incluyendo el pago de cualquier gasto, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de los derechos de PDV USA bajo el documento.

  Explica que PDV USA inició esta acción para recuperar los $ 15 millones (más intereses) que ya pagó a Rivera, por una declaración de que PDV USA no le debe a Interamerican los $ 35 millones restantes contemplados en el contrato, y para recuperar cualquier otro daño compensatorio. Además Rivera deberá pagar "una cantidad que se abordará en el juicio, así como todos los gastos, costas judiciales y honorarios de abogados asociados con el cumplimiento de sus derechos contractuales".

  Alternativamente, en la medida en que las declaraciones de  Rivera en 2020 a la prensa sean verdaderas y el dinero pagado a Interamerican haya sido pagado por orden de PDVSA para un propósito distinto a los servicios de consultoría que se establecen en el contrato, entonces no existe ningún contrato ejecutable y se debería exigir a Interamerican que devuelva los $ 15 millones que se le pagó bajo la doctrina del enriquecimiento injusto y PDV USA debería tener derecho a una declaración de que no le debe a Interamerican ningún pago adicional en relación con el Acuerdo.

   Interamerican es una empresa que funciona desde la casa de Rivera, ubicada en 10925 N.W. 43rd Lane, Miami, Florida, 33178. Interamerican y tiene dos empleados: Rivera, quien se desempeña como presidente y agente registrador; y (2) Diana Rivera McKenzie (hermana de Rivera), que es la vicepresidenta.

 La demanda incluye el contrato firmado entre PDV USA e Interamerican. 

 En los documentos presentados por los demandantes, aparece un acuerdo que fue firmado por Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado como el “representante autorizado” de PDV USA. González fue quien recibió  los dos informes de progreso que fueron producidos por Interamerican.

  El Anexo B del Acuerdo establece un calendario de pagos, según el cual PDV USA pagaría a Interamerican un total de $ 50 millones. 

  Según el calendario, PDV USA debía pagar a Interamerican una “Cuota de pago inicial” de $ 5 millones el 21 de marzo de 2017. A partir del 4 de abril de 2017, se pagarían otros 20 millones de dólares en "cuotas de pago consecutivas" de $ 5 millones cada dos semanas y que se cancelara una "cuota de pago final" de $ 25 millones antes del 15 de junio de 2017. 

 La demanda dice que, sin embargo, el contrato sólo requería que PDV USA pagara a Interamerican como compensación por la "finalización" de los servicios a "entera satisfacción" de PDV USA. 

 "Interamerican representó y garantizó a PDV USA que “ninguna parte de ningún pago a [Interamerican] por PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, comisión ilícita, reembolso, contribución política ilegal o en violación de las divisas aplicables controlar las regulaciones, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción". 

 Finalmente, Interamerican representó y garantizó a PDV USA en el Acuerdo que "en relación con la prestación de los Servicios, [Interamerican] y su Personal [no violarían] ninguna ley o reglamento aplicable de ninguna jurisdicción". 

 Interamerican también prometió en el Acuerdo que "cumplirá con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas federales, estatales y locales". 

"Interamerican no cumplió con el acuerdo", acota la demanda y sostiene que la consultora de David Rivera no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo. En resumen, Interamerican no brindó servicios a PDV USA.

  "Interamerican no entregó los siete informes quincenales “detallando las actividades que ha realizado” durante el período de dos semanas aplicable y el informe final “integrando todo el producto de trabajo incluyendo recomendaciones para el monitoreo y seguimiento de las estrategias implementadas ”, como lo requiere el Anexo A. 

 En cambio, Rivera presentó solo dos informes en total: (1) un informe “quincenal” el 1 de mayo de 2017, casi un mes después de que el primer informe debía presentarse el 4 de abril de 2017; y (2) un informe "final" el 31 de diciembre de 2017, más de seis meses después de la fecha de terminación del Acuerdo el 21 de junio de 2017. Estos informes no fueron presentados a PDV USA, sino al Sr. Pío González, empleado de PDVSA.

  Los informes no totalizaron más de cinco páginas (en conjunto), muchas de las cuales fueron duplicadas y no describieron ningún trabajo significativo realizado en nombre de PDV USA o PDVSA ni proporcionaron evidencia de que el trabajo se realizó realmente. 

  La demanda sostiene que los reportes no muestran que Interamerican prestó los servicios para los cuales fue contratado, tampoco respaldan las afirmaciones de David Rivera en 2020 sobre el propósito del Acuerdo. "Nada en ningún informe afirma, o sugiere remotamente, que el dinero entregado a Interamerican se esté utilizando con el propósito de hacer contribuciones políticas a figuras o líderes de la oposición en Venezuela. PDV USA tampoco tiene conocimiento de ninguna comunicación enviada, enviada o copiada a algún representante de PDV USA que sugiera que los pagos a Interamerican fueron contemplados para tal fin".

  La demanda sostiene que Interamerican tampoco proporcionó “documentación de respaldo” y “detalles adecuados y completos de los Servicios prestados” con cada factura presentada a PDV USA, como lo requiere. De hecho, sostiene que, Interamerican no proporcionó documentación de respaldo ni detalle alguno con las facturas enviadas para el pago.

 "Como resultado de estas múltiples fallas, Interamerican no realizó ningún servicio" a la entera satisfacción de PDV USA". Agrega que  "PDV USA nunca expresó su satisfacción con los servicios brindados por Interamerican y no está satisfecho con los servicios de la consultora".

  Asegura que "Interamerican no prestó ninguno de los servicios que contrató para realizar, y mucho menos a satisfacción de PDV USA"

Por otro lado, la demanda sostiene que "El dinero que Interamerican recibió, en virtud del Acuerdo, se utilizó para otros fines, luego la consultora también violó sus declaraciones y garantías en virtud de la Sección 7 del contrato dice que que “ninguna parte de ningún pago a CONSULTOR por parte de PDV USA de conformidad con este Acuerdo se utilizará como soborno, , reembolso, contribución política ilegal o en violación de regulaciones de control de divisas, leyes o regulaciones tributarias u otras leyes o regulaciones de cualquier jurisdicción ".

PDV USA pagó a Interamerican por servicios que nunca se prestaron y por ello PDV USA se negó a pagar las tres últimas facturas interamericanas que presentó Rivera, que ascendieron a $ 35 millones.

A pesar de su incumplimiento del acuerdo, Interamerican insiste en que PDV USA debe el saldo del acuerdo y solicitó repetidamente el pago de las facturas pendientes en varios momentos hasta 2019, incluidos el 11 de septiembre de 2018, el 18 de diciembre de 2018 y el 4 de febrero de 2019.

  Hasta el momento, Interamerican continúa afirmando que PDV USA es responsable ante Interamerican por el saldo de $ 35 millones en virtud del Acuerdo. 

  PDV USA no ha asignado el acuerdo porque Interamerican se negó a dar su consentimiento para la asignación

  Sostiene que el 5 de octubre de 2017, a la luz del hecho de que la Demandada no había realizado, y no contemplaba realizar, ningún servicio en nombre de PDV USA y PDVSA solicitaron conjuntamente el consentimiento de la Demandada para ceder el Acuerdo de PDV USA a PDVSA. 

  Con ese fin, PDV USA y PDVSA firmaron un “Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción del‘ Acuerdo de consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017. 

   Interamerican fue identificada como una tercera parte del Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción a los efectos de otorgar el consentimiento a sus términos, que las partes acordaron constituir una novación o liberación para PDV USA, y se proporcionó un bloque de firma para el consentimiento de Interamerican. Pero la consultora se negó aprobar al Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción y nunca lo firmó. 

  En consecuencia, el Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción nunca se ejecutó en su totalidad. Se adjunta como Anexo 2 una copia fiel y correcta del Acuerdo de consentimiento de cesión y asunción.

   Hasta que se presentó esta demanda, la posición del Demandado también ha sido que nunca se efectuó ninguna cesión y ha seguido exigiendo el pago del Demandante. 

  Un correo electrónico del 4 de febrero de 2019 de David Rivera deja esto en claro:

"Como usted sabe, Interamerican Consulting nunca estuvo de acuerdo ni consintió en ninguna cesión del contrato de PDV USA a PDVSA. De hecho, cualquier sugerencia de reasignación del contrato fue rechazada específicamente en dos ocasiones. Nuestro asesor legal ha revisado este asunto en profundidad, incluido el papel documentado de los abogados y funcionarios corporativos de CITGO, y ha concluido de manera indiscutible y categórica que cualquier asignación de PDV USA a PDVSA fue una decisión unilateral arreglada entre PDV USA y PDVSA y, bajo el de la ley de contratos de Nueva York que rige el contrato de consultoría, de ninguna manera exime a PDV USA de sus obligaciones contractuales con Interamerican Consulting".

   "Después de que se presentó esta demanda, Interamerican admitió que nunca tuvo la intención de prestar servicios en virtud del acuerdo y afirma que el acuerdo es una farsa", dice el documento.

 Añade que luego de la presentación de esta demanda, el Presidente de Interamerican realizó varias declaraciones a la prensa sobre esta demanda y el Acuerdo de las partes.

   Rivera respondió, “pregunten a los chicos de CITGO 6”, una referencia a los ejecutivos de CITGO Petroleum Corporation detenidos por el régimen de Maduro. “Manejaron toda esa operación, incluido todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana. . . Eso es todo lo que sé."

    Rivera también le dijo al Miami Herald: "Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo". (MIAMI HERALD, 14 de mayo de 2020).

 Según información y creencia, estas declaraciones son falsas. PDV USA no pudo encontrar evidencia que respalde estas afirmaciones. La transferencia de fondos de PDV USA fue directamente a una cuenta bancaria controlada por Interamerican. Desafía la credulidad afirmar que PDVSA, que en obligaciones en virtud del Acuerdo".

 La demanda sostiene que el tiempo que PDVSA estuvo controlada por el régimen de Maduro, ordenó a sus subsidiarias estadounidenses que contrataran a Interamerican para canalizar millones de dólares a los adversarios políticos del régimen.

   En la medida en que Interamerican utilizó los fondos que recibió de PDV USA en virtud del Acuerdo "con el propósito de financiar la oposición política del Régimen de Maduro", eso probaría que Interamerican no hizo ni tuvo la intención de realizar los servicios de consultoría estratégica contemplados por el acuerdo.

  La demanda dice que los hechos descritos probarían que los dos informes de progreso presentados por Rivera a PDV USA contenían numerosas declaraciones materiales falsas sobre los supuestos servicios que Rivera afirmó que Interamerican había realizado. 

 "Por ejemplo, si los reclamos de Rivera en 2020 son verdaderos, entonces cada una de las siguientes declaraciones contenidas en los informes de progreso fueron deliberada e intencionalmente falsas cuando se hicieron a PDV USA para respaldar los reclamos de pago de Interamerican".

 Dicen los informes que el 18 de abril de 2017, “El Consultor organizó reuniones para el Cliente con importantes responsables políticos y líderes de opinión en los Estados Unidos como parte de la estrategia para construir relaciones a largo plazo entre las partes interesadas clave del sector público en los Estados Unidos. Estas reuniones permitieron al Cliente proporcionar los puntos de vista y perspectivas del Cliente sobre los eventos actuales en Venezuela y su interpretación en los Estados Unidos, enfocándose en las iniciativas y logros del Cliente ".

 Asimismo, dice que el 16 de mayo de 2017, "El Consultor ha tenido múltiples discusiones con importantes interlocutores asociados con las organizaciones objetivo del sector privado y ha informado a estos interlocutores sobre el deseo y la voluntad del Cliente de buscar la reconciliación y resolución de los problemas pendientes".

  "Sin embargo, desde el principio, Interamerican recibió pagos a los que no tenía derecho legalmente y se enriquecería injustamente si se le permitiera beneficiarse de ellos. Interamerican acordó indemnizar a PDV USA por incumplimiento del acuerdo", dice la demanda.













Esposo de Zoraimy Araujo, procesada por el caso Solid Show, exige restitución de su casa y vehículo, incautados irregularmente

Por Maibort Petit
   Helton Alain Torres Conner, esposo de Zoraimy Araujo, imputada por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso Solid Show, exige la restitución de sus bienes, a saber, un apartamento que es residencia familiar y un vehículo, incautados por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), supuestamente bajo la presunción de que hubiesen sido adquiridos con fondos irregulares.

  Reitera, además, que en el proceso judicial contra su cónyuge —el cual tiene lugar en el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de los Valles del Tuy, Estado Miranda— se siguen cometiendo irregularidades, vicios procesales y demoras sin que, hasta la fecha, las autoridades judiciales resuelvan la situación que mantiene a Zoraimy Araujo desde hace más de 5 años y medio, detenida injustamente, según su punto de vista.

  Refiere Torres Conner que el citado apartamento y vehículo constituyen su patrimonio familiar, en el caso del primero, el legado para su menor hijo, el cual fue adquirido con fondos lícitos como lo demuestra la documentación que a en esta entrega presentamos.

  Explica que el apartamento, adquirido en diciembre de 2007 a través de un crédito hipotecario, se terminó de pagar el 25 de agosto de 2018. Refiere que su esposa figura en el mismo porque como matrimonio adquirieron la responsabilidad ante el Banco Provincial y no, como pretenden hacer ver los acusadores, con la compra Zoraimy Araujo haya legitimado fondos irregulares. De hecho, indica que aun cuando el apartamento les fue incautado, él continuó cumpliendo con sus obligaciones de pago del crédito hipotecario, así como con la cancelación de las cuotas de condominio.
“El hecho de que mi esposa figure en el documento es porque juntos adquirimos la responsabilidad ante el banco por ser cónyuges, no porque mi esposa haya legítimado ningún dinero para la compra del mismo. Yo he sido quien ha cancelado, casi en su totalidad, ese apartamento que en definitiva le pertenece a mi hijo. Por eso he trabajado y luchado toda mi vida, para brindarle a mi familia estabilidad y seguridad”, expresó Torres Conner en esta mesa de redacción.

  Considera que con la incautación se vulneró su derecho a la propiedad, pues tanto el apartamento como el vehículo, fueron incautados desde el 8 de abril de 2015, sin que se hayan tomado en cuenta las pruebas presentadas para demostrar la compra lícita de dichas propiedades.

  Helton Torres informó que el apartamento fue incautado por el Servicio Nacional de Bienes (SNB), pero ignora el paradero de la camioneta.

El documento de compra

  El 18 de diciembre de 2007, Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, representaron a Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, titular de la Cédula de Identidad número V-3.672.223, con el número de Registro de Información Fiscal (RIF) V-03672223-8, en la venta que este último hizo a Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad V-12.918.030 y V-13.993.226, de un inmueble de su propiedad distinguido con las siglas C-07-A, situado en el Piso 7 de la Torre “C” del conjunto habitacional denominado “Residencias Bella Vista”, ubicado en la Calle Este del Sector Este de la Urbanización Manzanares, Municipio Baruta del estado Miranda.
El precio de la venta fue de Bs. 425.000.000 que los vendedores declararon recibir a su entera satisfacción.
  El pago, según declaración de Ediverto Eliseo Aguirre Meneses y Amarilys Coromoto Aguirre Meneses, en representación del vendedor Ediverto Eliseo Aguirre Saavedra, declararon aceptar la operación.

  Asimismo, el documento refiere que entre el Banco Provincial S.A. Banco Universal y Helton Alain Torres Conner y Zoraimy Mercedes Araujo Durán, se convino un contrato de préstamo a interés que convirtió a estos dos últimos en deudores hipotecarios, por Bs. 220.000.000.
Los cheques de pago

  El 16 de agosto de 2007, Helton Torres y Zoraimi Araujo Durán, giraron el cheque 00000012, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215, del Banco Provincial, a favor de Ediverto Aguirre Saavedra, por Bs. 57.500.000.
   Hay otro cheque por Bs 45.000.000, número 48067201, de la cuenta de José Serrao en el Banco Mercantil, girado también el 16 de agosto de 2007 a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 45.000.000.

  El 17 de agosto de 2007, se emitió un cheque de gerencia del Banco de Venezuela, identificado con el número 00005814, por Bs. 25.000.000, a favor de Ediverto Aguirre.

   El 17 de diciembre de 2007, Helton Alain Torres Cooner compró un cheque de gerencia del Banco Mercantil, identificado con el número 38089891, a favor de Ediverto Aguirre por Bs. 27.500.000.
   En la misma fecha, 17 de diciembre de 2007, Helton Torres compró otro cheque de gerencia, esta vez del Banco Provincial, identificado con el número 00109459, pagadero a la orden de Ediverto Aguirre, por Bs. 50.000.000.
  Este inmueble, se encuentra actualmente incautado por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

La compra del vehículo

   El 6 de junio de 2013, la empresa mercantil El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. y helton Torres Conner, suscribieron un documento de venta en la que la primera vendió al segundo, una camioneta Pick-Up D/Cabina, marca Chevrolet, modelo Silverado LS 4X, año 2008, color negro, Placa A78BJ0A, por Bs. 350.000 que el comprado declaró recibir a su entera satisfacción.

  Por el documento de protocolización del documento de venta ante ante la Notaría Pública Cuarta del municipio Sucre del estado Miranda, el 11 de junio de 2013, se conoce que el director de la empresa vendedora, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A., es el propio Helton Torres y la abogada que redactó el citado documento fue Zoraimy Araujo.

  El documento de crédito suscrito entre el concesionario Tecniauto C.A. y El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 15 de febrero de 2008, refiere que la segunda, representada por su presidente Helton Torres Conner y vicepresidenta Dorothy Cooner Centeno (esta última sirvió de fiador en la operación), compró a la primera la referida camioneta Silverado por BsF. 112.700,22, de los cuales se pagaron en efectivo BsF. 50.552,22, quedando un saldo de BsF. 62.148 que más intereses sumaban BsF. 101.422,08.

Este saldo se pagaría en 12 cuotas mensuales.

   El 3 de junio de 2013, Helton Torres y Zoraimy Araujo, emitieron el cheque número 00001199, de la cuenta 0108-0228-84-0100036215. Del Banco Provincial, a favor de “El Emporio de las Cajas Fuertes C.A.”, por Bs. 350.000.000.

   El 6 de junio de 2013, Helton Torres Conner declaró bajo juramento el origen y destino lícito del dinero proveniente de sus ahorros para la compra de un vehículo.
 El vehículo en cuestión era camioneta marca Chevrolet, modelo Silverado LS, placa 02SG8K, año 2008, cuyo certificado de origen refiere que este fue asignado al concesionario Tecniauto C.A. que lo vendió a El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. el 14 de enero de 2008.
  En tal sentido, El Emporio de las Cajas Fuertes C.A. obtuvo su Certificado de Registro de Vehículo emitido por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el 18 de marzo de 2009.

Y que el 17 de septiembre de 2013, fue registrado a nombre de Helton Alain Torres Conner.

Aeropuertos regionales se valen de empresas fantasmas para evadir sanciones de EE. UU.

    Un red de compañías registradas en el estado de la Florida y Panamá sirve como mecanismo receptor de los pagos que los terminales aéreos reciben de las aerolíneas.

Por Maibort Petit

   Como un mecanismo para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el Aeropuerto Internacional La Chinita —que sirve a la ciudad de Maracaibo— se vale de una serie de empresas fantasmas registradas en el estado de la Florida, para que las aerolíneas que operan en esa terminal aérea depositen lo correspondiente a impuestos en las cuentas de dichas compañías.
  El fragmento de una carta de la empresa Aeroservices A7 C.A., suscrita por Jesús Guiar Hernández, se giran instrucciones sobre la manera en que se deben realizar los pagos por los servicios de la plataforma SkyFlot, de la cual la compañía se sirve para registrar las operaciones aeroportuarias.

  Aguiar Hernández requiere que el destinatario informe a Aeroservices A7 tan pronto haya efectuado el pago, “por cuanto, de conformidad con las obligaciones contraídas su representada, se procederá a enterar al Poder Ejecutivo del estado Zulia, respecto a las cantidades percibidas a su favor”.

   El pago, en este caso, debía hacer a la cuenta de 898092739203 de Aeroservices A7, en el Bank of America.


   Pero, además de la ya cita Aeroservices A7, otras empresas registradas en el estado de la Florida serían para este fin, tal es el caso de Glufco Investments Corp., ND Consulting Group LLC, Fernaco 2017, Aeroservices A& y SkyFlot.

  También TV Venezuela informó que tal mecanismo evasor es implementado por el Instituto Autónomo del Aeropuerto del Estado Falcón (IAEF), el cual instruyó a las aerolíneas que en él operan pagar los impuestos de salida al exterior en las cuentas de tres empresas de la Florida, a saber, Aeroservices A7, Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC.

   Un correo electrónico de la directora de administración y finanzas del IAEF, Jessenia Medina, informaba a partir de febrero de 2019, dicho organismo contaba con “nuevas coordenadas de pago en el Bank of America”, por lo cual a partir de entonces los pagos correspondientes de impuestos se llevarían a cabo a través de la cuenta 8981 0388 4856 de la referida entidad bancaria estadounidense a nombre de SkyFlot, número AB/Routing 63100277[1].

   La empresa Aeroservices A7 también habría sido utilizada, junto a Avior Airlines C.A., para que el régimen de Nicolás Maduro lleve a cabo operaciones, por ejemplo, de pago de derechos aeroportuarios por cientos de miles de dólares, a Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A. Tales operaciones, según consta en documentos en poder de Venezuela Política publicados el 22 de junio de 2020, se llevan a cabo mediante la cuenta Nº 9146143659 en el Citibank N.A., donde la compañía de Jesús Aguiar recibe los pagos en nombre de BAER.
   Venezuela Política informó en aquel entonces “Aeroservices A7 junto a las empresas Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC, todas registradas en la División de Corporaciones del Estado de La Florida, han sido mencionadas como entes involucrados en operaciones que evaden las sanciones de la OFAC impuestas por la administración del presidente Donald Trump”[2].

Sobre Clufco

   De acuerdo a información suministrada por BeInCrypto, Glufco está asociada con Criptolago, una firma cuyo de la que existen pocos datos y cuyo Registro Único de Información Fiscal (RIF), es gubernamental. Tiene licencia de la el cual aparece en la licencia otorgada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) para comerciar con el Petro, la criptomoneda creada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Refiere BeInCrypto que el desarrollador, Jesús Lara, dijo que el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, es el principal líder tras Criptolago. Recordó que en 2018 la SUNACRIP otorgó a la gobernación del Zulia licencia para minar BTC y PTR.

  Lara, citado por BeInCrypto, indicó que Glufco “es la empresa que se asoció con CRIPTOLAGO para la creación de una pasarela de pago con tarjetas de débito, dicha empresa ‘interesantemente’ se fundó en el mismo mes que CRIPTOLAGO y abrió una filial en Miami, si, el imperio”.

  Agrega Jesús Lara que Glufco fue fundada “en el mismo mes que el exchange Criptolago y estableció una alianza con este para proveer una pasarela de pago con tarjetas de débito”. BeInCrypto precisa que la sede de Glufco se registra en Miami, pero, según Lara, su dirección está ocupada por ND Consulting Group, la empresa agente que los registró.

  Se advierte además que los grupos de Telegram de Criptolago y de Glufco compartan los mismos administradores[3].

Las empresas

  En Venezuela, Aeroservices A7 C.A. tiene su domicilio fiscal, según refiere el portal Dato Capital, en la Avenida Don Julio Centeno, Residencias Paso Real, Núcleo 2, Torre 11, Apto. 11-42, San Diego, estado Carabobo. Su teléfono es 0241-9909880[4].

  Inter Credit Report informa que Aeroservices A7 es una empresa cuyo estatus actual es activo, registrada en el estado de la Florida, el 3 de abril de 2018, bajo el número G18000042980. La dirección principal de la compañía es 10540 NW 26th St Nº G108, Miami, FL 33172.

  La compañía tiene como agente registrador a la empresa Glufco Investments[5].

  Entretanto, Glufco Investments Corp. es una empresa que, según su página web, está conformada por “un equipo de especialistas en desarrollo tecnológico y soluciones financieras Blockchain. Desarrollamos una plataforma de rápida convertibilidad de tus Glufcos a las principales criptomonedas del mercado internacional. Te ofrecemos un sistema de pagos exclusivos. A través de tu Glufcard, tendrás acceso a una amplia red de puntos de venta en nuestros comercios afiliados”[6].

  El Departamento de Estado de la Florida a través de su portal Sunbiz informa que Glufco Investments Corp. es compañía registrada en esa entidad de los Estados Unidos el 26 de marzo de 2018, bajo el número P18000028716, número FEI/EIN 82-4989817, que en la actualidad se encuentra activa.

  Su dirección es el 10540 NW 26TH #G302, Miami, Fl 33172, la misma de Aeroservices A7, pero diferente suite.

   El agente registrador de Glufco es ND Consulting Group LLC, que reporta la misma dirección.

  En el directorio de Glufco Investments Corp. figura Jesús Antonio Aguiar Hernández como su presidente[7] [8].

  En Venezuela, Glufco está registrada como Glufco Investment C.A., de acuerdo al portal Computrabajo, se trata de una “Empresa de Capital 100% Venezolano, [que] nace como iniciativa de sus socios para brindar soporte en tiempo real, eficaz y de manera inmediata a los requerimientos de la Industria Venezolana (…) Nuestro Objetivo: Ser la primera empresa 100% Nacional en brindar Soluciones Financieras basadas en Tecnología Blockchain a nuestra Industria, aportando valor agregado a la economía de nuestro país”[9].

  A su vez, ND Consulting Group LLC es, según informa en su página web, “una firma de consultoría financiera y de desarrollo inmobiliario multidimensional que asiste a organizaciones privadas y sin fines de lucro en todos los asuntos relacionados con el desarrollo, financiamiento y operaciones de bienes raíces comerciales y multifamiliares”[10].

  Sunbiz informa que ND Consulting Group LLC es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 5 de febrero de 2016, bajo el número L16000025600, número FEI/EIN 81-1564421.

  Su dirección es el 10540 NW 26TH ST, Suite G302, Doral, FL 33172, la misma de Glufco, Aeroservices A7.

   El agente registrador es ND Consulting Group y el directorio está conformado por Carol Domínguez y Wilfredo Noguera, todos con la misma dirección de la empresa[11].

  De SkyFlot su página web dice que es una “empresa de administración de aeropuertos, que brinda soluciones en los procesos aeroportuarios, con una amplia gama de productos y servicios especializados. Se cuenta con el talento humano de gran experticia en el campo profesional aeroportuario, así como, con herramientas tecnológicas de punta que apoyan los sistemas administrativos y operacionales para el sector, con criterio de innovación en el uso de equipos y aplicaciones informáticas, que brindan a nuestros clientes la optimización y simplificación de procesos corporativos o institucionales complejos, garantizando mejores niveles de productividad”[12].

  Sunbiz refiere que SkyFlot Corp. es una empresa activa registrada el 12 de febrero de 2020, en el estado de la Florida bajo el número P20000014689.

  Su dirección es la misma reportada por las anteriores compañía, a saber, 10540 NW 26TH, Suite G302, Miami, FL 33172.

  El agente registrador es ND Consulting Group LLC, la cual está presidida por José Rafael Jiménez Hernández[13].

  En Panamá, SkyFlot S.A. está registrada bajo el número 155689743, desde el 3 de enero de 2020, SkyFlot S.A., cuyo estatus es vigente.

  Jesús Antonio Aguiar Hernández es director, presidente y tesorero; Crisandra María Romero González es directora y secretaria; Hermes Tello Vera y Concepción Corro de Tello son suscriptores. El agente registrador es C. Corro & Abogados[14].

  Inter Credir Report informa que Fernaco 2017 es una empresa activa registrada el 2 de agosto de 2018 en el estado de la Florida, bajo el número G18000042432.

  La dirección principal de Fernaco 2017 es 10540 NW 26TH ST # G108, Miami, FL, 33172. El agente registrado de la empresa es Glofco Investment Corp[15].


Aeroservices A& es, de acuerdo a lo que informa el portal Inter Credit Report, es una empresa activa, registrada el 2 de abril de 2018 en el estado de la Florida, bajo el número G18000042395.

Su dirección es 10540 NW 26TH # G108, Miami, FL, 33172[16].

Venezuela Política intentó comunicarse con las personas mencionadas en esta nota, pero hasta el cierre no logramos comentarios.

CITAS

[1] Facebook. TVV Noticias. 11 de marzo de 2019. https://www.facebook.com/432411953763395/posts/840460852958501/



[2] Venezuela Política. “Propietarios de Avior facilitaron a Bolivariana de Aeropuerto (BAER) operaciones que violan las sanciones de los EE. UU.”. 22 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/propietarios-de-avior-facilitaron.html



[3] BeInCrypto. “Petro: alertas y denuncias sobre las exchanges venezolanas oficiales”. 17 de abril de 2020. https://es.beincrypto.com/petro-preocupaciones-sobre-exchanges-venezolanas-oficiales/
























[10] ND Consulting Group. http://www.ndconsulting.com/















[14] Open Corporates. Skyflot S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/155689743